Sentencia CP-74-18 — Registro 17595
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso No es de RECIBO. - El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se construye a partir de la premisa mayor y premisa menor y que se dice necesaria, en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Pública se aleja de lo anterior y expone su criterio personal de cual fue la intención del caso Meller Armando Corrales Bonilla, con su actuar (disparar un arma de fuego en contra del Señor Carlos Leonardo Escoto), valorando que no se debió considerar la existencia de un animo de matar sino un ánimo de lesionar.- Es entonces el recurso contiene apreciaciones personales de los hechos y no un análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa Pública en su escrito de interposición erra en el desarrollo cuando solicita la recalificación de los hechos a partir de sus apreciaciones subjetivas, indicando que el acusado debe de ser condenado por un delito de lesiones y, como consecuencia de ello, la pena que ha impuesto el tribunal de sentencia debe de ser modificada para hacerla acorde al delito recalificado; con ello la recurrente transmuta el recurso, pasando de un recurso por forma a un recurso por fondo. Finalmente es importante registrar de nueva cuenta lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana crítica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana crítica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los tribunales de primera instancia (y en los procesos de flagrancia y procesos abreviados, de los tribunales de segunda instancia); el recurso de casación no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyó su decisión y constatar si ésta ofende a las reglas de la sana crítica, de modo que el tribunal de casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su justicia..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...""El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: ""Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que ""la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado"", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.
Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.
B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Meller Armando Corrales Bonilla que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, es correcto señalar que se ha impuesto al señor Meller Armando Corrales Bonilla, como autor directo de un delito de Homicidio tentado, en perjuicio del señor Carlos Leonardo Escoto las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 10 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario, exageración de costas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: i.- Pena principal de 15 a 20 años de prisión (Art. 192), misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de una tentativa inacabada, por lo que la pena será de 10 a 15 años de prisión (Art. 62 NCP); ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al Señor Meller Armando Corrales en base al Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación."..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-074-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Meller Armando Corrales Bonilla, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Carlos Leonardo Escoto Velásquez, a la pena de diez años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Meller Armando Corrales Bonilla, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Meller Armando Corrales Bonilla; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio para el señor Meller Armando Corrales Bonilla. Son partes en única instancia: Los abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del señor Meller Armando Corrales Bonilla, como parte recurrente y la abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia único: En fecha siete (7) de Agosto del año Dos Mil Cuatro (2004), entre cuatro y treinta a cinco de la tarde, el señor: Meller Armando Corrales Bonilla, que fungía como guardia de seguridad, para la Empresa Químicas Dinant, se encontraba frente a una pulpería de la Colonia Hato de Enmedio, de la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, dando resguardo a un vehículo repartidor de productos churros “Yumies”, para lo cual portaba un arma de fuego, tipo escopeta, marca Maderick, modelo 8, calibre 12 Gaugel, serie MV80007G, cuando pasaron frente a él, los jóvenes: Carlos Leonardo Escoto Velásquez y Rubén Escoto Puerto, quienes al haber transitado como tres metros, se regresaron en dirección hacia donde estaba el señor Meller Armando Corrales Bonilla, momento en el cual éste acciona su arma y le dispara al joven Carlos Leonardo Escoto, en dirección a la cabeza, disparo que le ocasionó herida en región temporal parietal izquierda, (huesos del cráneo), con equimosis en región supra e infraorbitaria izquierda que produjo Trauma cráneo encefálico abierto con hematoma subdural agudo (acumulo de sangre en capas que envuelven el cerebro), vecinos que observaban el hecho tiraron piedras al señor Meller y un policía que estaba en el lugar de inmediato intervino y le quitó el arma al señor Meller, lo que evitó que este siguiera disparando, el herido fue trasladado al Hospital Escuela, en donde de inmediato dado la gravedad de la herida que presentaba, le practicaron intervención quirúrgica.- La herida que recibió Carlos Leonardo Escoto, lo puso en peligro de muerte. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo único: Infracción por haberse violentado las Reglas de la Sana Critica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación está comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código de Procesal Penal. Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en que consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica así: Conforme al artículo 202 el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo, debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio, luego de esta fundamentación probatoria descriptiva el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porqué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de Las Reglas de la Sana Crítica. Por eso como lo ha reconocido una Jurista costarricense, donde debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia. La psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las Reglas de la psicología se relacionan con los conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las Reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. En el caso de autos el Tribunal sentenciador estableció como Único Hecho Probado el siguiente: único: En fecha siete (7) de agosto del año dos mil cuatro (2004), entre cuatro y treinta a cinco de la tarde, el señor Meller Armando Corrales Bonilla, que fungía como guardia de seguridad, para la Empresa Químicas Dinant, se encontraba frente a una pulpería de la Colonia Hato de En medio, de la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, dando resguardo a un vehículo repartidor de productos churros “Yumies”, para lo cual portaba un arma de fuego tipo escopeta, marca Maderick, Modelo 8, calibre 12 Gaugel serie MV80007G, cuando pasaron frente a él, los jóvenes Carlos Leonardo Escoto Velásquez y Rubén Escoto Puerto, quienes al haber transitado como tres metros, se regresaron en dirección hacia donde estaba el señor Meller Armando Corrales Bonilla, momento en el cual éste acciona su arma y le dispara al joven Carlos Leonardo Escoto, en dirección a la cabeza, disparo que le ocasionó herida en la región temporo parietal izquierda, (huesos del cráneo), con equimosis en región supra e infraorbitaria izquierda que produjo Trauma cráneo encefálico abierto con hematoma subdural agudo (acumulo de sangre en capas que envuelven el cerebro), vecinos que observaban el hecho tiraron piedras al señor Meller y un policía que estaba en el lugar de inmediato intervino y le quito el arma al señor Meller, lo que evito que este siguiera disparando, el herido fue trasladado al Hospital Escuela en donde de inmediato dado la gravedad de la herida que presentaba le practicaron intervención quirúrgica. La herida que recibió Carlos Leonardo Escoto, lo puso en peligro de muerte. Concepto De La Infracción Primero: El presente vicio se produce porque el juzgador califica que contra el señor Carlos Leonardo Escoto se produjo un delito de “Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa” refiriéndonos primeramente en el caso de mérito a la conducta de la “Tentativa de Homicidio” atribuida al imputado señor Meller Armando Corrales, considerando que para que se produzca una tentativa de un determinado delito es preciso que el sujeto activo realice actos inequívocos de su ejecución y que no logre su propósito por causas ajenas a su voluntad, y en el presente caso el hecho probado único su descripción no se deriva de prueba alguna de cargo, en virtud que el imputado tuvo la indiscutible oportunidad si él hubiera querido de quitarle la vida al señor Carlos Leonardo Escoto, tomándose en cuenta si esa hubiera sido su intención, sin embargo, no lo hizo a pesar de que nada ni nadie le impedía consumar ese hecho, en vista que la policía llego tiempo después del hecho tal como lo manifiestan los testigos de cargo en sus declaraciones, evidenciándose de dicha conducta que el imputado nunca tuvo la intención de quitarle la vida a dicho señor, es por ello que, al calificar la acción desplegada por el imputado como constitutiva de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del señor Carlos Leonardo escoto, sin que de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos aparezca causa alguna distinta de la voluntad del imputado, que le hubieren impedido consumar el hecho, siendo así consideramos que el Tribunal Sentenciador infringió las Reglas de la Sana Critica Transgrediendo la ley de derivación como uno de los integrantes de la sana critica, así como las máximas de la experiencia. Segundo: Desconocemos el hecho de cómo pudo haber llegado el Tribunal Sentenciador al manifestar en el único hecho probado que: “...........vecinos que observaban el hecho tiraron piedras al señor Meller y un policía que estaba en el lugar de inmediato intervino y le quito el arma al señor Meller, lo que evitó que este siguiera disparando..........”, lo anterior lo manifestamos en vista que el testigo Franklin Júnior Ayestas Amador en su declaración rendida en audiencia inicial manifestó entre otras cosas “.......que el compañero de Carlos salió corriendo, que el acusado se puso nerviosos y luego llego la policía.......”, es decir que el policía no estaba en el lugar del hecho como erróneamente lo quiere hacer ver el Tribunal en su único hecho probado. Por otro lado, el tribunal en su único hecho probado manifestó entre otras cosas que: “.....quienes, al haber transitado como tres metros, se regresaron en dirección hacia donde estaba el señor Meller Armando Corrales Bonilla, momento en el cual este acciona su arma y le dispara al joven Carlos Leonardo Escoto..........” Aseveración esta que concuerda con la declaración del imputado Meller Armando Corrales Bonilla quien entre otras cosas manifestó: “.............que el que pasó frente a él quedo viendo a su persona y a su arma que caminaron como un metro y oyó que uno de ellos dijo: “quitémosle el arma al guardia”, que siguieron caminando 3 o 4 metros, dan la vuelta y regresan hacia donde estaba él, pero que antes les hizo señal de parada y no hicieron caso...........” Situación está que se contradice con lo manifestado con los testigos de cargo que manifestaron en sus declaraciones que el disparo fue por detrás o sea por la espalda; apreciándose en el único hecho probado por una parte que el tribunal llego a la conclusión que el ofendido Carlos Leonardo Escoto junto a su compañero se regresaron en dirección hacia donde estaba el imputado, situación esta como se dijo antes concuerda con lo manifestado por el imputado y por ende ser cierta la versión de Meller Armando Corrales de haberle hecho un disparo de advertencia al momento en que este se le abalanzaba de frente hiriéndolo en su cabeza y no por la espalda como falsamente lo declararon los testigos de cargo, en vista que el ofendido quedo boca arriba y la herida fue tangencial misma que es corroborada con el dictamen pericial y que fuera aclarado por la consultora técnica propuesta por la defensa pública Doctora Lucy Marder; siendo esta defensa del criterio que la intención de mi representado era únicamente de detener el mal accionar del ofendido Carlos Leonardo Escoto de querer despojarlo de su arma de trabajo (escopeta marca Maderick, modelo 8, calibre 12 Gaugel) y no de quitarle la vida como se quiere hacer ver, cosa que logra produciéndole una lesión que lo incapacita por un período de treinta y cinco días a partir del día de los hechos y siendo que aun cuando el hecho probado en relación a las heridas sufridas por el señor Carlos Leonardo Escoto son constitutivas del delito de “lesiones” contenidas en el Artículo 135.3 del Código Penal, el Tribunal juzgador infringe las Reglas de la Sana Critica al dejar de aplicar dicha norma al referido hecho probado. Tercero: Honorables Magistrados en el caso concreto resulta que la regla de la experiencia común ha sido la más inobservada, siendo en esencia sobre esta inobservancia a donde se dirige el ataque al fallo en vista que esta regla al estar constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última al exigir al juzgador razonamientos congruentes, verdaderos y suficientes para fundamentar el fallo, ha resultado que en el caso de mérito la sentencia no está provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, en vista que la conclusión a que llegó el tribunal de sentencias para condenar al imputado no proviene de elementos suficientes y no resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, resultando que nuestro representado ese día del hecho trabajaba como Guardia de Seguridad de un carro repartidor de churros yumies, es decir resguardando bienes ajenos y también su vida, aun cuando el ofendido se disponía a arrebatarle su arma de trabajo y venía sobre él, le hace un disparo al aire de advertencia que por estar ya muy cerca de él le roza la cabeza, que si lo hubiera hecho directo la lesión hubiera sido mayor, por lo que considera esta defensa que se cometió un delito de Lesiones Graves, siendo así el Ministerio Público no pudo probar en juicio ningún delito contra la vida. De lo antes dicho es que solicito se case la sentencia impugnada, dictando en su lugar la que en derecho corresponda, calificando por una parte que la agresión sufrida por el señor Carlos Leonardo Escoto es constitutiva de un delito de “lesiones Graves” contenida en el Artículo 135.3 del Código Penal y consecuentemente adecuar la nueva pena al referido delito.- y por otro lado el hecho de no existir prueba alguna que acreditara el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa por parte de mi defendido contra el señor Carlos Leonardo Escoto. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Yerro. Siendo que el hierro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex ante. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación; y Violación a las máximas de la experiencia; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por la recurrente; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia definitiva; y Pretensión: Se recalifique el delito de Homicidio tentado al delito de lesiones graves, condenando al Señor Meller Armando Corrales Bonilla, a la pena a este último delito. La Defensa Pública, después de desarrollar teóricamente las reglas de la sana critica, expone que el acusado tuvo la oportunidad de quitarle la vida al Señor Carlos Leonardo Escoto, si esa hubiese sido su intención, pero que no lo hizo, aun cuando nada ni nadie le impedía realizar tal conducta; reflexiona que el acusado no tenía la intención de procurar la muerte del ofendido, sino solo de lesionarlo, lo que hace que la decisión tomada por el tribunal de sentencia sea violatoria a la regla lógica de derivación y de las máximas de la experiencia. Especifica que el delito cometido por el acusado, al haber provocado en el ofendido una incapacidad por 35 días, es el de lesiones graves, tipificadas en el artículo 135.3 del Código Penal, insistiendo que el haber dejado de aplicar dicha norma provocó una violación a las reglas de la sana critica. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - El recurso No es de RECIBO. - El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se construye a partir de la premisa mayor y premisa menor y que se dice necesaria, en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Pública se aleja de lo anterior y expone su criterio personal de cual fue la intención del caso Meller Armando Corrales Bonilla, con su actuar (disparar un arma de fuego en contra del Señor Carlos Leonardo Escoto), valorando que no se debió considerar la existencia de un animo de matar sino un ánimo de lesionar.- Es entonces el recurso contiene apreciaciones personales de los hechos y no un análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa Pública en su escrito de interposición erra en el desarrollo cuando solicita la recalificación de los hechos a partir de sus apreciaciones subjetivas, indicando que el acusado debe de ser condenado por un delito de lesiones y, como consecuencia de ello, la pena que ha impuesto el tribunal de sentencia debe de ser modificada para hacerla acorde al delito recalificado; con ello la recurrente transmuta el recurso, pasando de un recurso por forma a un recurso por fondo. Finalmente es importante registrar de nueva cuenta lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana crítica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana crítica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los tribunales de primera instancia (y en los procesos de flagrancia y procesos abreviados, de los tribunales de segunda instancia); el recurso de casación no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyó su decisión y constatar si ésta ofende a las reglas de la sana crítica, de modo que el tribunal de casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su justicia. Decisión: Desestimar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.
Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.
B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Meller Armando Corrales Bonilla que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, es correcto señalar que se ha impuesto al señor Meller Armando Corrales Bonilla, como autor directo de un delito de Homicidio tentado, en perjuicio del señor Carlos Leonardo Escoto las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 10 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario, exageración de costas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: i.- Pena principal de 15 a 20 años de prisión (Art. 192), misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de una tentativa inacabada, por lo que la pena será de 10 a 15 años de prisión (Art. 62 NCP); ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al Señor Meller Armando Corrales en base al Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Meller Armando Corrales Bonilla.- Como consecuencia de lo anterior beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (335), dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-074-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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