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Sentencia CP-70-18 — Registro 12430

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Robo Simple, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se debe pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Ministerio Público ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que, aunque viciosos, no fueron del interés de la recurrente. La recurrente, inicia el libelo haciendo una relación del contenido de los únicos cuatro medios de prueba que fueron presentados en la audiencia de debate: dos declaraciones testificales, una de ellas introducida por lectura, un dictamen pericial sobre un reconocimiento a un teléfono celular y un medio de prueba documental consistente en un acta de registro personal que fue practicado al acusado. Seguidamente, cita una sentencia emitida por este ad-quem, referente a un recurso de casación que resuelve una denuncia de indebida exclusión de medio de prueba de valor decisivo, el cual no tiene relación con el motivo que la recurrente ha planteado, por lo que dicha cita resulta irrelevante para resolver el presente caso. Luego de ello, la recurrente indica que el a-quo consideró a la prueba testifical como su objetivo, pero líneas más adelantes cuestiona que no se haya dado crédito a lo señalado por dichos testigos, lo que constituye una contradicción en el argumento recursivo, en especial porque la declaración de la señora Nancy Tatiana Ortiz, fue valorada negativamente por falta de corroboración probatoria, entretanto la declaración del señor José Carlos Hernández y el dictamen pericial no fueron valorados ni positiva ni negativamente, sino que fueron excluidos al haber sido considerados por el Tribunal de Sentencia como ilícitos, por lo que es un error de la recurrente denunciar valoración violatoria a las reglas de la sana crítica hecha a dos medios de prueba que estrictamente carecen de valoración intelectiva. Por otra parte, son abundantes los alegatos del Ministerio Público de que la prueba fue mal valorada, aun cuando es creíble, coherente y suficiente para emitir una sentencia condenatoria, siendo esto lo que identifica como violación a la regla lógica de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar el porqué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación, resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente, el Ministerio Público se aleja de lo anterior (y como en muchos otros recursos), expone que la violación del principio lógico es como consecuencia de que la carga probatoria es suficiente para emitir una sentencia condenatoria en contra del acusado Carlos Alberto Meza Suazo por el delito de Robo en perjuicio de la señora Nancy Tatiana Ortiz Banegas, procediendo a exponer sus propias consideraciones de la prueba y las conclusiones a las que hay que arribar a partir de ésta. Así, en el libelo la recurrente señala: “… el tribunal no puede desconocer que los elementos probatorios incorporados constituyen indicios suficientes para dictar un fallo condenatorio…”, “… al realizar un análisis de la prueba en su conjunto podemos apreciar que el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria…”, “… el Ministerio Público no comparte ya que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas…”, “… al ser analizados de manera conjunta, nos lleva a la conclusión irrefutable que el hoy acusado es el autor de los hechos…”. etc.; Como se puede ver, el recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el Ministerio Público, fueron acreditados con la prueba evacuada y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación con la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La recurrente en su libelo indica que “… el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de considerar la actitud probatoria del contenido de las probanzas...”, cuando su trabajo debería ser precisamente ese: señalar en el recurso las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. De este modo la sentencia impugnada debe ser declarada firme, no porque haya superado un examen de legalidad, sino porque el recurso planteado para ello, irrespetó la naturaleza de la única instancia casacional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP- 070-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Carlos Alberto Meza Suazo, del delito de Robo Simple, en perjuicio de la señora Nancy Tatiana Ortiz Banegas; Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Carlos Alberto Meza Suazo, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Único: Carlos Alberto Meza Suazo, fue sometido a proceso penal por suponerle responsable de un delito de robo en perjuicio de Nancy Tatiana Ortiz Banegas, cuya audiencia de debate se celebró en fechas 12 y 29 de septiembre de 2017. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, inobservando al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; efectuaremos un análisis de los medios de prueba allegados legalmente al juicio, los cuales se detalla a continuación: Prueba Testifical: Nancy Tatiana Ortiz Banegas (ofendida), quien durante su declaración manifestó que fue al Registro Nacional de las Personas a sacar una partida de nacimiento al bajar del carro mi otra compañera miró pasar los dos muchachos... y uno de ellos tomó mi cartera y con mis documentos personales y a mi otra compañera la asaltó la otra persona y se llevó su cartera, después el individuo me tomó el celular... y yo le dije a mi compañera que los siguiéramos, el que tomo mies cosas se metió en un solar baldío o no sé, y luego seguimos al otro el saltó un portón en lo que lo íbamos siguiendo había un soldado y estos comunicaron a los demás, en el solar baldío dijeron que había entrado uno.... cuando de repente una patrulla llegó con el asalto... .eso fue un martes de octubre, a mi compañera y a mí nos asaltaron con una pistola y otra con navaja....” José Carlos Hernández (Policía Preventivo), compareció a ratificar el contenido del Acta de decomiso, al ser interrogado por el Fiscal manifestó que estaba realizando un patrullaje de rutina en el sector del Centro, recibió un mensaje vía radio, que se hicieran presentes al sector del Barrio Imán ya que en ese sector había ocurrido un asalto, se desplazó en una motorizada, dos personas del sexo femenino que les hicieron señal de parada, y les manifestaron que habían sido objeto de asalto, que los hechores se dieron a la fuga por un solar baldío, por lo que de inmediato procedieron a realizar búsqueda, encontrando en la parte trasera del Hotel Florencia un ciudadano de raza de color al cual le dieron detención encontrándole en su poder una cartera conteniendo un teléfono celular y en ese momento la ofendida confirmó que la persona detenida fue una de las personas que las asaltó, razón por la cual procedieron a su detención; agregó que se le decomisó la cartera conteniendo un teléfono celular y lentes, además el Testigo mostró a las partes el lugar donde se registró su firma en el acta que ratifica. Prueba Pericial Acta de Peritaje ratificada por Edwin Javier Finley, practicado al celular marca BLU modelo estudio color rosado. Prueba Documental: Acta de registro personal, en donde se le incautó una cartera, un teléfono celular y unos lentes, ratificado por José Carlos Hernández (Policía Preventivo), El Juzgador en la valoración de la prueba, expresa lo siguiente: “en el caso en cuestión, respecto a aquella evidencia el cuestionamiento versa sobre la ocupación conservación, manejo, traslado, peritación, presentación y examen en la audiencia de juicio de la misma, porque no se observaron las medidas necesarias para la autenticidad del indicio, por cuanto a la persona que la recolectó no se le puso a la vista la evidencia debidamente embalada y con el documento de garantía de autenticidad.....” Con referencia a la motivación antes descrita, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en cuanto a la Garantía de Autenticad de la forma siguiente: “Acontece fractura de la cadena de custodia cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que corresponderá al Tribunal de Sentencia valorar conforme a las reglas de la sana crítica como ello repercute en el valor que merece la evidencia o el medio de prueba de que aquella se derive, dependiendo el nivel de gravedad o incidencia de la ruptura, la etapa en que ésta se dio y la información que al respecto aporten el resto de los medios de prueba vinculados.- Retornando al caso de mérito y considerando lo analizado, la respuesta a la pregunta planteada inicialmente es negativa, un medio de prueba, llámese pieza de convicción o cualquiera que se derive de su análisis como el resultado de las pruebas periciales, no carecen de valor ipso iure, por la ruptura de la cadena de custodia o por el hecho de que no se presente ésta, tal situación deberá valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, de tal manera que el Juzgador determinará si la falencia comprometió o no la autenticidad o la confiabilidad de la sana crítica, de tal manera que el Juzgador determinará si la falencia comprometió o no la autenticidad o la confiabilidad del medio de prueba. En el caso bajo examen los Juzgadores señalan indebidamente que el medio de prueba Pericial Toxicológico no ha resultado valorado por la falta de la cadena de custodia, sin que esta conclusión sea producto de una valoración integral y armónica del resto del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.- Ahora corresponde determinar si el medio de prueba indebidamente excluido es de aquellos que son de valor decisivo, es decir aquellos cuya aportación puedan incidir positiva o negativamente en las pretensiones de cualquiera de las partes. En el presente caso nos encontramos ante un Examen Toxicológico cuyo objeto es una sustancia y cuya valoración decide la suerte de la acción penal al poder confirmar o descartar sí se trata de una droga ilícita, el que, sumado al resto de la prueba, conforme a una valoración conjunta permitiría establecer si esta sustancia fue o no fue la que se le decomisó al acusado lo que podría haber conducido a que el Tribunal adoptara una decisión final diferente. De ahí que sin prejuzgar en modo alguno en torno a la culpabilidad del imputado M. A. C. R[1]” (lo resultado es nuestro). De manera que en el caso de mérito los Sentenciadores no se valoraron conforme a la reglas de la sana crítica la confiabilidad de la evidencia. De la supra indicada motivación, se desprende que el Tribunal a pesar de considerar objetivas las declaraciones de los testigos de cargo, señala que el ente acusador no presentó evidencia suficiente para acreditar el delito alegado; pero esta valoración por parte del juzgador se encuentra totalmente alejada de las reglas de la sana crítica, pues al efectuar la referida consideración, prácticamente desconoce el contenido de estos testimonios, ya que por un lado, la víctima es clara al describir cómo ocurrieron los hechos, además ha sido contundente en identificar a Carlos Alberto Meza Suazo como su atacante, dejando sin lugar a dudas, que éste participó como uno de los autores de los hechos por los cuales fue sometido a juicio; además que dicha deposición es corroborada por José Carlos Hernández (Policía Preventivo), quien si bien no presenció los hechos de forma directa, fue la persona que practicó el registro correspondiente, decomisó los objetos hurtados y dio detención al imputado, además el Acta de Peritaje del teléfono celular practicado por Edwin Javier Finley con el que acredita la existencia del teléfono; por lo que no resulta congruente que el órgano jurisdiccional le reste valor probatorio a estos medios de prueba, los cuales al ser analizados en su conjunto claramente evidencia una vulneración a las reglas de sana crítica, en específico a la ley derivación. Si bien es cierto, no se incorporaron al juicio los objetos decomisados al imputado, se acreditó en el juicio que se decomisó al acusado las pertenencias de la ofendida, el tribunal no puede desconocer que los elementos probatorios incorporados, constituyen indicios suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de Carlos Alberto Meza quien fue identificado claramente por la ofendida y por el Policía que lo capturó y decomisó los objetos que le fueron desapoderados a la ofendida. Por otra parte, es relevancia resaltar que, no se incorporó prueba al proceso que logre desvirtuar la tesis acusatoria. Al respecto en el Manual Teórico- Práctico de Derecho Procesal Penal de Honduras, en su página 468 cita a Ricardo Pérez, quien interpreta que el juez: “...al valorar las pruebas debe sujetarse a criterios de pensamientos racionales, juicioso, como corresponde a una persona culturalmente formada. Y debe saber expresar la utilización de esos criterio en la sentencia, porque la sana crítica los jueces no tienen que darla por supuesta, sino que tienen que demostrarla en cada sentencia que dicten; es decir, que el juzgador deberá valorar ineludiblemente las pruebas de acuerdo con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y de la experiencia....”. Y al realizar un análisis de la prueba en conjunto podemos apreciar que el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba de forma individual, arribando a la conclusión de que el imputado no participó en el hechos, y por lo tanto ha absuelto de responsabilidad al encausado, conclusiones que el Ministerio Público no comparte, ya que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas, existiendo jurisprudencia al respecto que señala que la declaración de la víctima valorada en conjunto con otra prueba que constituyen elementos suficientes para destruir la presunción de inocencia del encausado. En ese orden de posiciones estimamos que el Tribunal vulneró el principio de la razón suficiente, en el postulado de la derivación, en el cual induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga); por lo que el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de considerar la actitud probatoria del contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo, ya que el testimonio de la víctima es congruente, preciso y claro; además esta prueba fue sustentada y corroborada por el dicho del Policía y la prueba documental, las cuales, al ser analizados de manera conjunta, nos lleva a la conclusión irrefutable que el hoy encausado es el autor de los hechos por los cuales fue sometido a juzgamiento, es decir, es el responsable de haber cometido el delito de Robo en perjuicio de Nancy Tatiana Ortiz Banegas. En consecuencia, el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la sana crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que, una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación, integrado por el Principio de razón suficiente; Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo al estar contenido el vicio en la sentencia definitiva; Pretensión: Se case la sentencia. El Ministerio Público impugna la sentencia vía recurso de casación por quebrantamiento de forma, señalando como vicio, la violación de las reglas de la sana crítica, en específico el principio lógico de derivación por falta de razón suficiente. Explica la recurrente que el a-quo, a pesar de considerar objetivas las declaraciones de los testigos de cargo, no se presentó evidencia para acreditar el delito; relaciona que la recurrente fue clara al describir los hechos, identificando al acusado como su atacante; declaración que fue corroborada por el señor José Carlos Hernández, quien fue el agente de policía que practicó el registro al acusado, decomisándole “los objetos hurtados” y dio detención al acusado, además de contarse con el dictamen pericial rendido por el señor Edwin Javier Finley, con el que se acreditó la existencia de un teléfono celular perteneciente a la ofendida. Indica la recurrente que no resulta congruente que el órgano jurisdiccional les reste valor probatorio a estos medios de prueba, los cuales al ser analizados en su conjunto claramente evidencian una vulneración a las reglas de la sana crítica, en específico al principio de derivación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Los referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - El recurso no es de recibo.- Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se debe pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Ministerio Público ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que, aunque viciosos, no fueron del interés de la recurrente. La recurrente, inicia el libelo haciendo una relación del contenido de los únicos cuatro medios de prueba que fueron presentados en la audiencia de debate: dos declaraciones testificales, una de ellas introducida por lectura, un dictamen pericial sobre un reconocimiento a un teléfono celular y un medio de prueba documental consistente en un acta de registro personal que fue practicado al acusado. Seguidamente, cita una sentencia emitida por este ad-quem, referente a un recurso de casación que resuelve una denuncia de indebida exclusión de medio de prueba de valor decisivo, el cual no tiene relación con el motivo que la recurrente ha planteado, por lo que dicha cita resulta irrelevante para resolver el presente caso. Luego de ello, la recurrente indica que el a-quo consideró a la prueba testifical como su objetivo, pero líneas más adelantes cuestiona que no se haya dado crédito a lo señalado por dichos testigos, lo que constituye una contradicción en el argumento recursivo, en especial porque la declaración de la señora Nancy Tatiana Ortiz, fue valorada negativamente por falta de corroboración probatoria, entretanto la declaración del señor José Carlos Hernández y el dictamen pericial no fueron valorados ni positiva ni negativamente, sino que fueron excluidos al haber sido considerados por el Tribunal de Sentencia como ilícitos, por lo que es un error de la recurrente denunciar valoración violatoria a las reglas de la sana crítica hecha a dos medios de prueba que estrictamente carecen de valoración intelectiva. Por otra parte, son abundantes los alegatos del Ministerio Público de que la prueba fue mal valorada, aun cuando es creíble, coherente y suficiente para emitir una sentencia condenatoria, siendo esto lo que identifica como violación a la regla lógica de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar el porqué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación, resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente, el Ministerio Público se aleja de lo anterior (y como en muchos otros recursos), expone que la violación del principio lógico es como consecuencia de que la carga probatoria es suficiente para emitir una sentencia condenatoria en contra del acusado Carlos Alberto Meza Suazo por el delito de Robo en perjuicio de la señora Nancy Tatiana Ortiz Banegas, procediendo a exponer sus propias consideraciones de la prueba y las conclusiones a las que hay que arribar a partir de ésta. Así, en el libelo la recurrente señala: “… el tribunal no puede desconocer que los elementos probatorios incorporados constituyen indicios suficientes para dictar un fallo condenatorio…”, “… al realizar un análisis de la prueba en su conjunto podemos apreciar que el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria…”, “… el Ministerio Público no comparte ya que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas…”, “… al ser analizados de manera conjunta, nos lleva a la conclusión irrefutable que el hoy acusado es el autor de los hechos…”. etc.; Como se puede ver, el recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el Ministerio Público, fueron acreditados con la prueba evacuada y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación con la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La recurrente en su libelo indica que “… el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de considerar la actitud probatoria del contenido de las probanzas...”, cuando su trabajo debería ser precisamente ese: señalar en el recurso las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. De este modo la sentencia impugnada debe ser declarada firme, no porque haya superado un examen de legalidad, sino porque el recurso planteado para ello, irrespetó la naturaleza de la única instancia casacional. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara firme la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (f. 149), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiuno de junio del año dos mil veintiunos. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-70-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de casación Penal con No. SP-58-2011.