Sentencia CP-68-18 — Registro 14718
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En el presente caso alega la impetrante, que en la sentencia recurrida existe un vicio grave en el apartado de la valoración fáctica, al no valorar el sentenciador el material probatorio deficiente del ente acusador, específicamente en los siguientes medios de prueba: La declaración de la ofendida R. F. M. R.. La declaración del testigo Joseph Agustín Matamoros Reyes, El dictamen médico pericial emitido por la doctora Celeste Posadas, La evaluación psicológica emitida por la licenciada Janeth Rodríguez. Al respecto, la Sala no encuentra razón en el alegato de la recurrente, ya que, al analizar la sentencia en la valoración de la prueba, en la página 71 vuelto de la pieza de autos, expresa con claridad el sentenciador lo siguiente: “Que el dictamen se hizo en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, transcurriendo únicamente dos días entre la evaluación y la última relación que R. sostuvo con Fernando, en otras palabras y para efectos de la presente sentencia, R. contaba con doce años diez meses de edad, lo cual se corrobora fácilmente con la certificación del acta de nacimiento de la ofendida. En referencia al dictamen Psicológico realizado por la Licenciada Gloria Rodríguez a la joven R. M., el mismo ha sido de gran utilidad para este Tribunal para con ello establecer el grado intelectual bajo el cual se haya comprendida la menor. En relación a las declaraciones de la víctima y del testigo antes mencionados, en la página 72 vuelto de la foliada judicial, el juzgador esbozó lo siguiente: “Con las declaraciones de R. F. M., quien es la víctima en el presente proceso, y Joseph Agustín Matamoros, este Tribunal tiene por acreditada la comisión de un hecho tipificado como delito y al mismo tiempo quien es el autor de ese delito, en este caso el señor Julio Fernando Martínez Pineda, lo cual se concluye de lo depuesto por ambos testigos quienes han sido creíbles, contestes y con testimonios que se relacionan entre si, no dejando con ello duda de la comisión de un hecho punible y del autor del mismo. Este Tribuna estima que con la declaración de la menor R. F. M., se confirmó que mantuvo relaciones sexuales vía vaginal con el imputado, Fernando Martínez, quien en mas de una ocasión llevó a R. hasta su casa de habitación en donde después de desnudarla procedía a introducir su pene en la vagina de la menor; en juicio oral se apreció la forma tan clara y precisa que la menor relataba los hechos, en donde se observo además el grado incluso de ingenuidad con el cual ella procedía a obedecer lo que le decía Fernando, para llevarla hasta sus aposentos, en donde mantenían las relaciones sexuales, lo que se debió quizás al retraso mental leve que mantiene la menor, según el dictamen Psicológico hecho por la licenciada Gloria Rodríguez… Sobre lo relatado por el señor Joseph Agustín Matamoros, padre de R., este con su declaración únicamente establece los motivos por los cuales procedió a interponer la denuncia, y es que, si bien no le constan personalmente los hechos, ya que nunca entró a la habitación donde su hija y Fernando tuvieron relaciones , si relató la forma en que Fernando llegó a su casa de habitación a hablar con él sobre su hija…” Claramente en el caso examiné, el A-Quo externa suficiente motivación lógica para poder identificar con la prueba de cargo al acusado como el autor del delito de Violación Especial, y que a dicha conclusión le precede un razonamiento y valoración de la cual resulta coherente dicha conclusión, de igual forma el Tribunal, en consecuencia de lo anterior, expresa que es procedente declarar Sin Lugar el recurso presentado por la defensa en su primer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de libre convicción o sana crítica racional, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En el presente caso el alegato de la recurrente no es de recibo, pues no establece de manera precisa cuales son las reglas de la sana crítica que dice haber violado el Tribunal sentenciador y en qué puntos considera no se observaron dichas reglas, sino que únicamente se circunscribe a realizar alegatos de instancia y por el contrario, esta Sala de casación si advierte que no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto. En el caso del señor Julio Fernando Martínez Pineda, conforme a los hechos probados, actuó como autor de un delito de Violación Especial, por lo que se le impuso una pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Violación (Art. 249), cuya pena es de 9 a 13 años de prisión, con una agravante específica, por la condición del sujeto pasivo, pues la víctima es especialmente vulnerable por su escaso desarrollo intelectual (Art. 255 numeral 3), debiéndose aumentar la pena anterior en 1/3, quedando la pena de 13 años a 17 años cuatro meses un día, de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Julio Fernando Martínez Pineda, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 a 17 años, cuatro meses un día de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 68-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP-68-2018, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Julio Fernando Martínez Pineda, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor R. F. M. R., a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Julio Fernando Martínez Pineda, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure al condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Julio Fernando Martínez Pineda; Cuarto: Ordenó mantener la medida de prisión preventiva impuesta al señor Julio Fernando Martínez Pineda, hasta que el fallo adquiera carácter de firme; Quinto: Exoneró del pago de costas procesales y personales al señor Julio Fernando Martínez Pineda. Son Partes: La Abogada Yessenia Suyapa Ramos García, en su condición de defensora privada del señor Julio Fernando Martínez Pineda, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Este Tribunal después de analizados y valorados los medios probatorios evacuados por las partes procesales durante el debate declara probado: Primero.- La joven R. F. M. R., en ocasiones cuando se dirigía a comprar tortillas, era alcanzada por Julio Fernando Martínez Pineda, quien la metía a través de una encajonada a un cuarto de puerta blanca en el cual vivía, en donde Fernando desnudaba a R. y le introducía su pene en la vagina, situación que sucedió al menos en tres ocasiones durante el año 2014. Segundo: El dictamen médico realizado a la menor, concluyó lo siguiente: Área Genital: himen orificio único con ruptura antigua (mayor de 10 días) a las siete horas según manecillas del reloj. Vulva: normal. Periné Corto, en donde no hay evidencias de lesiones para genitales, ni extra genitales.- Al mismo tiempo, el informe psicológico hecho a R. M., por personal de “Teletón”, concluyó que la menor presenta retardo mental leve. Con la partida de nacimiento número 1709-2001-01038 se acreditó que R. M. era menor de catorce (14) años de edad en el año 2014.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Yessenia Suyapa Ramos García, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal, EXPLICACION DEL MOTIVO UNICO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la Sentencia de vicios establece “articulo 202 las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, de acuerdo a este artículo, nuestro sistema procesal incorporado a través del Código Procesal Penal, donde se determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador al momento de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán de ser apreciada en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la sana critica, en el caso que nos ocupa el sentenciados al momento de dictar sentencia condenatoria en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, respecto al imputado el señor Julio Fernando Martínez Pineda, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana critica; transgrediendo la Ley de la derivación, como uno de los integrantes de la sana critica, así como de las máximas de la experiencia, tal como se demuestra a continuación manifestó la ofendida R. F. M. R., en la audiencia de Juicio oral y Público, manifestó que los hechos ocurrieron en el año dos mil uno, tal y como consta en el acta de debate, asimismo mencionó que la violó en tres ocasiones en el cuarto de Fernando, y que Fernando le metía el pene, que Fernando pasaba por su casa de habitación y que el imputado nunca le dijo nada, pero más sin embargo la ofendida siempre iba a comprar tortillas a la casa de Fernando.- Por su parte el señor Josep Agustín Matamoros Reyes, quien es el padre de la menor ofendida manifestó, que los hechos que fueron a finales del año dos mil doce, y que el mismo imputado el señor Fernando le había dicho que había abusado de su hija R., y que la esposa del imputado Kelyn había llegado a decirle a su casa lo que estaba sucediendo entre R. F. con su esposo Fernando, asimismo manifestó que su hija le dijo que Fernando no la había abusado sexualmente, y después dijo que si que Fernando le había metido el pene, además manifestó que Fernando vive en una casita de tablas y que todos viven en esa casita, pero que la casa le pertenece a doña Francisca abuela de Fernando, asimismo manifestó que Fernando le había enviado dos papelitos una vez detenido del Centro penal expresándole que se quería casar con la hija de él; El Dictamen de Evaluación clínica como física de la menor, emitido y ratificado por la Doctora Celeste Nazaret Pozadas Espinosa, y que los hechos se los contó de manera textual la ofendida sin ayuda de sus padres, que la primera relación fue en noviembre del año dos mil trece, y la última relación fue el 27 de abril del año dos mil catorce, y la evaluación clínica manifiesta que fue el 29 de abril del mismo año.- y del la evaluación Psicológica emitida por la Licenciada Janeth Rodríguez, donde manifiesta que la niña R. F. M. R., presentó dificultades en lectoescritura, asimismo la prueba de inteligencia a ella practicada, en nivel escolar WISC-R, la diagnostica con retardo Mental Leve, y que la mayorías de las áreas están por debajo de un niño de su misma edad, y obtuvo los siguientes resultados de la evaluación CI Verbal=75.- CI Ejecución=58.- CI Tota1=65, que la ubica en ese tipo de retardo mental leve. EXPOSICION DEL MOTIVO AUTORIZANTE DE CASACION. I Por Quebrantamiento de forma: I PRIMER MOTIVO: “Motivación fáctica omisiva de la Sentencia Impugnada” el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 363 numeral 3, del Código Procesal Penal, EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender por motivación en la Sentencia en un proceso penal, según el artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, la falta de motivación se designa como la ausencia de una exposición de los motivos que justifican la convicción del Juez en cuanto al hecho y las razones de derecho, observándose el primero como vicio en el presente proceso, procedo a explicar en que consiste la motivación fáctica omisiva, entendiéndose que se produce este supuesto, cuando no se consignen las razones que lo lleven a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos, los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas que en que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas. En virtud de lo anterior, se determina que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observase en todo fallo, el cual se produjo en el apartado en la valoración fáctica de la misma, al no valorar el Juzgador el material probatorio deficiente del ente acusador, específicamente en las declaraciones de la ofendida R. F. M. R., Josep Agustín Matamoros. Reyes, del dictamen médico pericial emitido por la Doctora Celeste Posadas y de la evaluación Psicológica emitida por la Licenciada Janeth Rodríguez, por ende no realizó el proceso intelectivo de valoración sobre las afirmaciones y negaciones que se admitan en el fallo, en razón de lo anterior resulta imposible realizar un efectivo y completo control de la fundamentación fáctica del fallo, considerando que la misma debe ser producto de una necesaria valoración conjunta y armónica de toda prueba producida en el debate.” “II SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica, PRECEPTO AUTORIZANTE; el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso, establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal, según el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal; Este sistema de valoración que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento o no de un hecho, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa contiene otro vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica al observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados; por ende se consideramos las violaciones siguientes: primero compareció a estrados al Debate Licenciada en Psicología Gloria Janeth Rodríguez, quien manifestó que la niña R. F. M. R., presentó dificultades en lectoescritura, asimismo la prueba de inteligencia a ella practicada, en nivel escolar WISC-R, la diagnostica con retardo Mental Leve, y que la mayorías de las áreas están por debajo de un niño de su misma edad, y obtuvo los siguientes resultados de la evaluación CI Verbal=75.- CI Ejecución=58.- CI Total=65, que la ubica en ese tipo de retardo mental leve, asimismo manifestó la Licenciada en Psicología, que estas personas con este tipo de padecer pueden ser fácilmente manipuladas, el Juzgador en su valoración únicamente manifestó que hay un retardo mental leve y que estas personas son fácilmente manipulables, lo cual apreció este Tribunal en la deposición de la menor en juicio oral y público, se pregunta esta representación, ¿De que forma aprecio el Juzgador si no hay otra argumentación más en su sentencia, como concadenar este aspecto en su valoración y hacerlo aterrizar en el caso concreto? No existe es por ello que se mira un vació en la valoración de dicho medio probatorio; Seguidamente compareció a estrados la Perito Forense Doctora Celeste Posadas, quien manifestó en la evaluación clínica y física, que hubo dos relaciones sexuales, una en el mes de noviembre del año dos mil trece, y la ultima el veintisiete de abril del año dos mil catorce, manifestando la ofendida en la audiencia de Debate que fueron tres veces las que tuvo relaciones con el ahora imputado, y el en su evaluación clínica manifestó que fueron dos veces, por lo que el Juez Sentenciador, omite en considerar y valorar lo narrado por la victima con la evaluación Clínica, por lo que sin lugar a dudas entra en contradicción dicho dictamen médico con lo narrado por la victima; Seguidamente se presenta a estrados el padre de la ofendida el señor Josep Agustín Matamoros Reyes, quien manifestó que los hechos ocurrieron en el me a finales del año dos mil doce, contradiciendo lo encontrado en el dictamen medico emitido por la Perito del Ministerio Público, Doctora Celeste posadas, quien manifestó que los hechos ocurrieron uno en noviembre del año dos mil trece y uno en abril del año dos mil catorce, contradiciéndose este extremo; esta representación se pregunta porque el Juez omitió confrontar en la sentencia su valoración con respecto a este punto, que es trascendental en este tipo de delitos, porque recordemos que en los delitos de abuso sexual es dificil que existan testigos presénciales, pero influye mucho las fechas en que sucedieron los acontecimientos, omitiendo el Juez Sentenciador a todas luces este extremo tan relevante en su valoración en base a la sana critica y a las máximas de la experiencia, recordando además que la declaración de Femando el no se encontraba en el país a finales del año dos mil doce, ya que en ese momento estaba emprendiendo un viaje a Estados Unidos de América asimismo es de hacer mención que el señor Joseph Matamoros manifiesta que la esposa del ahora imputado de nombre Kelyn, le contó que su hija R. F. tenia una relación con su esposo, y que además el mismo Julio Femando Matamoros le confesó que había tenido relaciones con la menor ofendida, si revisamos la valoración en ese sentido con respecto a dicha declaración, en ningún momento el Juez tomó en consideración este punto, y nos preguntamos, será posible que si una persona comete un delito se lo va a confesar a quien lo puede procesar es ilógico, es más la esposa de nombre Kelyn a sabiendas de las consecuencias que esto podría traerle a su esposo Femando, va a ir a donde el padre de la menor a decirle que su esposo tuvo relaciones con su hija, esto es inconcebible que uno mismo se quiera poner en una situación legal compleja, por lo tanto el Juez omitió considerar y por lo menos hacer una relación con respecto a lo manifestado para sustentar su sentencia, lo cual no aconteció, seguidamente el mismo señor contestó en las preguntas que le hizo el Tribunal, que el señor Femando estando recluido le mandó dos veces notas, donde le decía que se quería casar con su hija, se pregunta esta Defensa porque estas notas no fueron presentadas por el fiscal del Ministerio Público como medio probatorio, para que fueran periciadas por un perito de Caligrafía del Ministerio Público, y comparar la letra de las notas con la letra del imputado Julio Femando Martínez, y así amarrar para salir de dudas y darle mayor sustento al caso y asegurar el resultado, el Juez Sentenciador dejo de darle valoración a todo lo antes señalado por esta Defensa Técnica, y finalmente tenemos la declaración de la menor ofendida la joven R. F. M. R., la ofendida manifiesta que el imputado vive un cuartito pequeño, y que cuando iba a pasar por el boquetillo Femando la metía a la Fuerza a su cuarto, esta representación se pregunta como el Juez Sentenciador manifiesta en su valoración que esas relaciones sexuales mantenidas entre Femando y R. no eran mediando violencia e intimidación, pero esta valoración se contradice con lo manifestado por la menor R. F. M. R., donde ella si dice que era introducida a la fuerza, si utilizamos la lógica, la sana critica y las máximas de la experiencia nos daremos cuenta que cuando una persona habita en una casa de tablas, es posible que todo los actos realizados por la fuerza se hubiesen escuchado por la esposa del imputado quien no hubiera permitido dicha relación, así como la madre o el hermano del imputado quienes viven en el mismo hogar, en donde la misma ofendida manifestó que ella pedía auxilio y nadie la escuchó, si es una casa de madera cualquier persona la hubiese escuchado ya que era una casa habitada por varias personas asimismo la ofendida declaró en el Debate que fueron tres veces en las que Femando abusó sexualmente de ella, entrando en contradicción con el dictamen médico ya que ella misma le relató a la perito forense que únicamente fueron dos veces la relaciones sexuales manifestando con exactitud que la primer ves fue en noviembre del año dos mil trece, y la segunda vez el veintisiete de abril del año dos mil catorce, esta representación observa claramente la omisión de dejar de valorar prueba evacuada durante el debate y ponerla en un verdadero análisis para llegar a una sentencia apegada a derecho. Por todas estas apreciaciones legales y tratándose de una sentencia condenatoria, consideramos que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, debió absolver a mi representado de toda responsabilidad por la carencia de prueba y la falta de aplicación de las máximas de la experiencia, la sana critica y la verdadera valoración de la prueba de manera conjunta omitiendo información directa en la audiencia de Juicio Oral y Público.”. FUNDAMENTACIÓN. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Motivación Fáctica Omisiva. Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. Pretensión: No determinada por el recurrente. Explicó el censor que la sentencia que se cuestiona por medio de esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la motivación que debe observarse en todo fallo, la cual se produjo en el apartado de la valoración fáctica, al no valorar el material probatorio deficiente del ente acusador, específicamente en las declaraciones de la ofendida R. F. M. R., Josep Agustín Matamoros Reyes, del dictamen médico pericial emitido por la doctora Celeste Posadas y de la evaluación Psicológica emitida por la Licenciada Janeth Rodríguez, el Tribunal sentenciador no realizó el proceso intelectivo de valoración sobre las afirmaciones y negaciones que se admiten en el fallo, por lo que a su criterio, resulta imposible realizar un efectivo y completo control de la fundamentación fáctica del fallo, considerando que la misma debe ser producto de una necesaria valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida en el debate. de la motivación de las sentencias. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal se hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional, recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica.[1]Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal; así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han formulado las partes. Con lo expresado, es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: a. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. b. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta cuando los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar sus decisiones, no siendo posible con la lectura de la sentencia retomar los pasos seguidos por los juzgadores para develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito sin expresar las razones de dicha conclusión o, cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; la insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. de la procedencia del primer motivo. el motivo no es de recibo. En el presente caso alega la impetrante, que en la sentencia recurrida existe un vicio grave en el apartado de la valoración fáctica, al no valorar el sentenciador el material probatorio deficiente del ente acusador, específicamente en los siguientes medios de prueba: La declaración de la ofendida R. F. M. R.. La declaración del testigo Joseph Agustín Matamoros Reyes, El dictamen médico pericial emitido por la doctora Celeste Posadas, La evaluación psicológica emitida por la licenciada Janeth Rodríguez. Al respecto, la Sala no encuentra razón en el alegato de la recurrente, ya que, al analizar la sentencia en la valoración de la prueba, en la página 71 vuelto de la pieza de autos, expresa con claridad el sentenciador lo siguiente: “Que el dictamen se hizo en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, transcurriendo únicamente dos días entre la evaluación y la última relación que R. sostuvo con Fernando, en otras palabras y para efectos de la presente sentencia, R. contaba con doce años diez meses de edad, lo cual se corrobora fácilmente con la certificación del acta de nacimiento de la ofendida. En referencia al dictamen Psicológico realizado por la Licenciada Gloria Rodríguez a la joven R. M., el mismo ha sido de gran utilidad para este Tribunal para con ello establecer el grado intelectual bajo el cual se haya comprendida la menor. En relación a las declaraciones de la víctima y del testigo antes mencionados, en la página 72 vuelto de la foliada judicial, el juzgador esbozó lo siguiente: “Con las declaraciones de R. F. M., quien es la víctima en el presente proceso, y Joseph Agustín Matamoros, este Tribunal tiene por acreditada la comisión de un hecho tipificado como delito y al mismo tiempo quien es el autor de ese delito, en este caso el señor Julio Fernando Martínez Pineda, lo cual se concluye de lo depuesto por ambos testigos quienes han sido creíbles, contestes y con testimonios que se relacionan entre si, no dejando con ello duda de la comisión de un hecho punible y del autor del mismo. Este Tribuna estima que con la declaración de la menor R. F. M., se confirmó que mantuvo relaciones sexuales vía vaginal con el imputado, Fernando Martínez, quien en mas de una ocasión llevó a R. hasta su casa de habitación en donde después de desnudarla procedía a introducir su pene en la vagina de la menor; en juicio oral se apreció la forma tan clara y precisa que la menor relataba los hechos, en donde se observo además el grado incluso de ingenuidad con el cual ella procedía a obedecer lo que le decía Fernando, para llevarla hasta sus aposentos, en donde mantenían las relaciones sexuales, lo que se debió quizás al retraso mental leve que mantiene la menor, según el dictamen Psicológico hecho por la licenciada Gloria Rodríguez… Sobre lo relatado por el señor Joseph Agustín Matamoros, padre de R., este con su declaración únicamente establece los motivos por los cuales procedió a interponer la denuncia, y es que, si bien no le constan personalmente los hechos, ya que nunca entró a la habitación donde su hija y Fernando tuvieron relaciones , si relató la forma en que Fernando llegó a su casa de habitación a hablar con él sobre su hija…” Claramente en el caso examiné, el A-Quo externa suficiente motivación lógica para poder identificar con la prueba de cargo al acusado como el autor del delito de Violación Especial, y que a dicha conclusión le precede un razonamiento y valoración de la cual resulta coherente dicha conclusión, de igual forma el Tribunal, en consecuencia de lo anterior, expresa que es procedente declarar Sin Lugar el recurso presentado por la defensa en su primer motivo. Segundo Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículos 202, 338 numeral 2 de la regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Críica. Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. Pretensión: Se declare con lugar el recurso de casación y se ordene repetir el juicio con jueces diferentes a los que tuvieron conocimiento y participación del presente juicio. Explicó el censor que, la sentencia dictada por el Tribunal recurrido, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica, por las consideraciones siguientes: Con relación al dictamen Psicológico elaborado por la Licenciada Gloria Janeth Rodríguez, el juzgador en su valoración únicamente manifestó que hay un retardo mental leve y que estas personas son fácilmente manipulables, lo cual apreció el Tribunal en la deposición de la menor en juicio oral y público, pero no hay otra argumentación en la sentencia para concatenar este aspecto en su valoración. En relación al dictamen pericial emitido por la doctora Celeste Posadas, se establece que hubo dos relaciones sexuales, una en el mes de noviembre de dos mil trece y la última el veintisiete de abril de dos mil catorce, pero no considera la declaración de la víctima en la audiencia de debate, donde manifestó que fueron tres veces que tuvo relaciones sexuales con el ahora imputado. La declaración del padre de la ofendida el señor Joseph Agustín Matamoros, quien manifestó que los hechos ocurrieron a finales del año dos mil doce, contradiciendo el dictamen anterior que establece que los hechos acaecieron en noviembre del año dos mil trece y el otro en abril de dos mil catorce. También en su declaración, el testigo señor Joseph Agustín Matamoros, manifestó que la esposa del ahora imputado, de nombre Kelyn, le contó que su hija R., tenía una relación con su esposo, lo que le resulta ilógico, pues una persona que comete un delito no se lo va a contar a quien puede procesarlo penalmente. Que la ofendida manifestó que el imputado vive en un cuartito pequeño, y que cuando iba a pasar por el boquetillo Fernando (el acusado), la metía a fuerza a su cuarto, lo que si es analizado conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, nos daremos cuenta que cuando una persona habita en una casa de tablas, es posible que todos los actos realizados por la fuerza se hubiesen escuchado por la esposa, la madre o el hermano del imputado, quienes no hubiesen permitido tal acción. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. De las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido; antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. Por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (en ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[2]. De la Procedencia del Segundo Motivo. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de libre convicción o sana crítica racional, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En el presente caso el alegato de la recurrente no es de recibo, pues no establece de manera precisa cuales son las reglas de la sana crítica que dice haber violado el Tribunal sentenciador y en qué puntos considera no se observaron dichas reglas, sino que únicamente se circunscribe a realizar alegatos de instancia y por el contrario, esta Sala de casación si advierte que no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En el caso del señor Julio Fernando Martínez Pineda, conforme a los hechos probados, actuó como autor de un delito de Violación Especial, por lo que se le impuso una pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Violación (Art. 249), cuya pena es de 9 a 13 años de prisión, con una agravante específica, por la condición del sujeto pasivo, pues la víctima es especialmente vulnerable por su escaso desarrollo intelectual (Art. 255 numeral 3), debiéndose aumentar la pena anterior en 1/3, quedando la pena de 13 años a 17 años cuatro meses un día, de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Julio Fernando Martínez Pineda, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 a 17 años, cuatro meses un día de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos interpuesto por la Abogada Yessenia Suyapa Ramos García, en su condición de apoderada defensora del señor Julio Fernando Martínez Pineda, contra la sentencia emitida en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, Segundo: Declara la NO PROCEDENCIA de aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, por medio de la cual condenó al señor Julio Fernando Martínez Pineda, como autor responsable penalmente de un delito de Violación Especial, en perjuicio de una menor de edad, a la pena de quince años de reclusión. Y Manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 68-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 266-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril de 2013.
[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012