Sentencia CP-63-19 — Registro 14717
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de extorsión, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."AMBOS MOTIVOS NO SON DE RECIBO. En el primer motivo el recurrente cuestiona la aplicación del delito de extorsión consumado, pues considera que al acusado se le captura inmediatamente después de recibir el dinero y que dicha acción no puso en peligro ningún bien jurídico protegido por la ley. En el segundo motivo la censora argumenta que lo declarado probado no es un delito consumado sino uno tentado; para fundamentar tal argumento indica que no se identifica el elemento subjetivo requerido. Es claro que el argumento no tiene relación con el fundamento, pues el primero atañe al Iter Criminis entretanto el segundo a la tipicidad; entiéndase que la ausencia de elemento subjetivo (dolo, en este caso), descarta la existencia de tipicidad y con ella, la existencia de delito; entretanto la progresión del delito, desde el inicio de ejecución hasta su agotamiento el elemento subjetivo es el mismo (dolo), pues el mismo conocimiento y voluntad tiene el sujeto activo cuando inicia su actuar, también cuando no puede conseguir la consumación (tentativa) o cuando lo logra y agota el delito. El Recurso de Casación, en ninguno de sus dos motivos, es procedente; el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de extorsión que hemos estudiado, en su versión consumada, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia es consecuente al Principio de Legalidad. Revelan los hechos que en el 20 de julio de 2016 a las 7:30 de la noche, se encontraba el testigo protegido R-198 en su casa de habitación, cuando recibió una llamada telefónica del celular 96692576 propiedad del señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda, quien le manifestó que lo conocía a él y a su familia, que debía pagar la cantidad de veinte mil lempiras el sábado 23 de julio de 2016 y de no hacerlo lo mataría a él y a su familia. El testigo protegido R-198 colgó la llamada y recibió en lo sucesivo varias llamadas y mensajes de texto del mismo número en las cuales le amenazaba y le advertía que no era broma; por lo que el testigo protegido decidió interponer la denuncia a la Fuerza Nacional Antiextorsión. El sábado 23 de julio de 2016 a las dos de la tarde, el testigo protegido R-198 recibió una llamada del señor Jenrry Neptaly Garcia quien le dijo que tenía una hora para entregar el dinero y lo citó a las 4 de la tarde en la gasolinera American de la colonia Felipe Zelaya, le dijo que el dinero debía ser entregado en una bolsa negra. El testigo acudió a la Fuerza Nacional Antiextorsión donde agentes de esa unidad procedieron a seriar dos billetes de cien lempiras y montaron un operativo de vigilancia. El testigo protegido R-198 recibió una llamada del acusado en la que le indicó que se trasladara a la calle principal de la colonia Felipe Zelaya, justo atrás de la gasolinera American y que en la calle del desvío lo esperaba en una motocicleta, por lo que el testigo al llegar al lugar vio a una persona en una motocicleta roja estacionada y procedió a entregarle la bolsa negra, retirándose ambos del lugar. A pocos metros agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión detuvieron la motocicleta y requirieron al señor Jenrry Neptaly Garcia quien portaba un celular con chip numero 96692576 y un paquete conteniendo el dinero previamente seriado. El relato en su conjunto, satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión: i. La conducta criminosa, que es obligar al testigo protegido R-198 a entregar una cantidad de dinero, efectivamente aconteció y en la cantidad exigido por el acusado. ii. La modalidad criminosa que es la intimidación hecha al testigo protegido R-198 de causarle un mal a él y a su familia, en caso de no acatar la orden de entregar la cantidad de dinero; amenazas que por su naturaleza tenían apariencia de verdad y posible y que consecuentemente fue suficiente para causar la intimidación; iii. El ánimo de lucro perseguido por el acusado, al ser el acto exigido el traspaso de dominio de dinero, provocando daño al patrimonio de la víctima y el consecuente incremento injusto e ilegal en el patrimonio del destinatario del dinero. El tipo penal indica que el sujeto activo debe actuar con el fin de obtener un beneficio de carácter económico, es decir que el legislador reprocha la finalidad de la conducta y no el resultado de lucro, es así que no se exige que tal fin sea logrado. Para efectos de consumación, demanda el legislador que el sujeto pasivo sea obligado a realizar cualquiera de los tres supuestos descritos, siendo uno de ellos “hacer o dejar de hacer una cosa”, que es lo que precisamente describe el hecho probado, el testigo protegido R-198 ante la intimidación recibida (amenaza de muerte) se vio obligado a entregar una cantidad de dinero al acusado Jenrry Neptaly Garcia, materializándose el verbo rector del tipo, por decirlo en otra manera el testigo protegido R-198 fue obligado a entregar una cantidad de dinero. El delito es consumado, pues el acusado logró obligar al ofendido a entregar el dinero, desde el momento en que el ofendido entregó el dinero, ya no tiene disposición sobre ese bien, por tanto se consumó la acción del acusado al solicitar la entrega del dinero. Por lo explicado, es legalmente acertada la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Jenrry Neptaly Garcia Miranda por la conducta realizada, sin consideración a la figura de la tentativa regulada en el artículo 15, esto porque el delito cometido es el de extorsión consumado, por tanto, no existe vicio alguno que merezca reproche casacional.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. Se presentó por parte de la defensa privada del señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda, escrito complementario solicitando que, en base al principio de retroactividad se aplicara el nuevo Código Penal por considerarlo más favorable a su representado, pues la nueva legislación penal establece una pena para el delito de extorsión de 10 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa; considera el peticionante que su representado ya tiene 4 años y 4 meses de estar en prisión preventiva y tomando en cuenta que la sentencia impuesta está en suspenso por estar pendiente el fallo de casación y al aplicarle la ley más favorable, ya puede gozar de la libertad condicional por vía de excepción estipulada en el artículo 82 del Código Penal vigente. En lo referente al delito de extorsión afirma el reclamante que su representado fue capturado solo y el nuevo Código Penal en su artículo 136 establece el concepto de grupo delictivo y se refiere que son 3 personas, de lo que se deduce que la acción de éste es menor como para poder aplicar este elemento gravoso para determinar penas mas altas. Por su parte, la representación del Ministerio Público afirmó que la norma penal invocada por el recurrente sanciona la conducta delictiva de extorsión con una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 500 a 1000 días, pero conforme el artículo 621 del nuevo Código Penal en el cual se regula que: “No procede la revisión de la condena, sin embargo, en aquellos supuestos en los que la pena concreta impuesta pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente código, aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga exceda a éste”. Concluye el ente acusador, que en el caso del acusado la condena impuesta es de 15 años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, por lo que se encuentra dentro del marco penal de la pena prevista en la nueva normativa, por lo que, bajo estos parámetros no procede la revisión de la condena ni la aplicación de la retroactividad de ley. D. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, el Juzgador aplicando el Código Penal decreto 144-83, impuso al señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda por las acciones delictivas acusadas una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos, constituyendo un delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido R-198. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de extorsión se penaliza de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de 500 a 1000 salarios mínimos. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda se le impuso una pena de 15 años, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal ..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 63-2019, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días de noviembre de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 63-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Jenrry Neptaly García Miranda, como autor, del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido con Clave R-198, a la pena de quince de años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos mensuales, la cual deberá ser enterada en el Banco Central de Honduras o en la institución financiera autorizada para tal fin. Segundo: Condenó al señor Jenrry Neptaly García Miranda, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Jenrry Neptaly García Miranda. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se ordenó el comiso del teléfono celular marca BLU, color blanco, junto con una tarjeta simcard y dos billetes de cien lempiras con las series CB6868399 y CA1085954, que fueron puestos a disposición del Tribunal. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, la Abogada Karla Corina Mejia en su condición de defensora pública. son partes en la única instancia: El Abogado Julio Cesar Villalobos Velásquez, en su condición de defensor privado del señor Jenrry Neptaly García Miranda, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados. “PRIMERO: El veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), a las siete y treinta de la noche, se encontraba el Testigo Protegido R-198, en su casa de habitación ubicada en San Pedro Sula, Cortés, cuando recibió una llamada telefónica del celular 96692576, propiedad del señor JENRRY NEPTALY GARCIA MIRANDA, quien le manifestó que lo conocía a él y su familia, que debía pagar la cantidad de veinte mil lempiras ( Lps, 20.000.00) el sábado 23 de Julio del año 2016 y que de no hacerlo, lo mataría a él y su familia, el Testigo Protegido R-198 colgó la llamada y recibió en lo sucesivo varias llamadas y mensajes de texto del mismo número, en las cuales lo amenazaban con hacerle daño y le advertían que no era broma, que debía pagar la cantidad exigida. Debido a lo anterior, el decidió denunciar estos hechos ante la Fuerza Nacional Antiextorsión. SEGUNDO: El sábado veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciséis (2016), a las dos de la tarde con cuarenta minutos, el Testigo Protegido R-198, recibió una llamada del señor JENRRY NEPTALY GARCIA, quien le preguntó si ya tenía el dinero, contestándole que aún no lo tenía listo, por lo que el acusado le manifestó que tenía una hora para conseguirlo y lo citó en la gasolinera American de la Colonia Felipe Zelaya a las cuatro de la tarde, el acusado llamó nuevamente al Testigo Protegido R-198 y le manifestó que el dinero debía ser entregado en una bolsa negra.- Inmediatamente el Testigo Protegido acudió a la Fuerza Nacional Antiextorsión, donde agentes de esa unidad, procedieron a seriar dos billetes de cien lempiras y montaron un operativo de vigilancia en las cercanías de la Gasolinera American, Colonia Felipe Zelaya. Seguidamente, el Testigo Protegido con clave R-198, recibió llamada del acusado, en la que le indicaba que se trasladará a la calle principal de la Colonia Felipe Zelaya, justo atrás de la Gasolinera American y que en la calle de tierra del desvío lo esperaría en una motocicleta; por lo que el Testigo Protegido con clave R-198 acudió a dicho lugar donde vio a una persona en una motocicleta roja estacionada y procedió a entregarle la bolsa negra conteniendo el dinero seriado, retirándose ambos del lugar. A pocos metros, Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, detuvieron la motocicleta y requirieron al señor JENRRY NEPTALY GARCIA MIRANDA, quien portaba el celular maraca BLU, con chip 96692576 y un paquete conteniendo el dinero previamente seriado.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. Recurso de Casación por Infracción de Ley. “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el articulo 222 del Código Penal. SEGUNDO MOTIVO. Haber incurrido los juzgadores en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 222 en relación al articulo 15 del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE. Los motivos enunciados se encuentran establecidos en el articulo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 222 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “PRIMERO: El veinte de julio de dos mil dos mil dieciséis (2016), a las siete y treinta de la noche, se encontraba el Testigo Protegido R-198, en su casa de habitación ubicada en San Pedro Sula, Cortés, cuando recibió una llamada telefónica del celular 96692576, propiedad del señor JENRRY NEPTALY GARCIA MIRANDA, quien le manifestó que lo conocía a él y su familia, que debía pagar la cantidad de veinte mil lempiras ( Lps, 20.000.00) el sábado 23 de Julio del año 2016 y que de no hacerlo, lo mataría a él y su familia, el Testigo Protegido R-198 colgó la llamada y recibió en lo sucesivo varias llamadas y mensajes de texto del mismo número, en las cuales lo amenazaban con hacerle daño y le advertían que no era broma, que debía pagar la cantidad exigida. Debido a lo anterior, el decidió denunciar estos hechos ante la Fuerza Nacional Antiextorsión. SEGUNDO: El sábado veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciséis (2016), a las dos de la tarde con cuarenta minutos, el Testigo Protegido R-198, recibió una llamada del señor JENRRY NEPTALY GARCIA, quien le preguntó si ya tenía el dinero, contestándole que aún no lo tenía listo, por lo que el acusado le manifestó que tenía una hora para conseguirlo y lo citó en la gasolinera American de la Colonia Felipe Zelaya a las cuatro de la tarde, el acusado llamó nuevamente al Testigo Protegido R-198 y le manifestó que el dinero debía ser entregado en una bolsa negra.- Inmediatamente el Testigo Protegido acudió a la Fuerza Nacional Antiextorsión, donde agentes de esa unidad, procedieron a seriar dos billetes de cien lempiras y montaron un operativo de vigilancia en las cercanías de la Gasolinera American, Colonia Felipe Zelaya. Seguidamente, el Testigo Protegido con clave R-198, recibió llamada del acusado, en la que le indicaba que se trasladará a la calle principal de la Colonia Felipe Zelaya, justo atrás de la Gasolinera American y que en la calle de tierra del desvío lo esperaría en una motocicleta; por lo que el Testigo Protegido con clave R-198 acudió a dicho lugar donde vio a una persona en una motocicleta roja estacionada y procedió a entregarle la bolsa negra conteniendo el dinero seriado, retirándose ambos del lugar. A pocos metros, Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, detuvieron la motocicleta y requirieron al señor JENRRY NEPTALY GARCIA MIRANDA, quien portaba el celular maraca BLU, con chip 96692576 y un paquete conteniendo el dinero previamente seriado. Con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por un supuesto delito extorsión consumada, pues en los hechos probados no existen elementos los subjetivos que puedan subsumirse en una acción u omisión lesione o ponga en peligro efectivo un bien jurídicamente protegido por la ley penal. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del articulo 222 del Código Penal.” “EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “questio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris” . En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el delito por el cual mi representada ha sido injustamente condenado, Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación del articulo previamente señalado en la exposición de los motivos de casación. EXPLICACION DEL SEGUNDO VICIO. FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 222 RELACIONADO CON EL 15 DEL CODIGO PENAL. Los hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del delito de EXTORCION en perjuicio de Testigo Protegido R-198, según lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configuran el delito de Extorción, pues en él no se le atribuye al imputado el apoderamiento de bienes propiedad del ofendido, por la intervención de los agentes anti-extorción al ser capturado en la entrega contralada que se montó en concierto con el ofendido por la denuncia interpuesta. - Es importante acotar que este delito no es de mera actividad sino de resultado, lo cual viene determinado por el ánimo de lucro y que se requiere obtener para si o cualquier organización el dinero, bienes o servicios.- En ese sentido haber interrumpido esa consumación o ese aprovechamiento de dinero en la entrega controlada por los Agentes anti-extorción hace que el delito quede en su grado de ejecución de tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, en este orden de ideas la interposición de la denuncia y el operativo montado en la entrega controlada son aspectos que se salen del conocimiento y del control de mi representado, no dependen de él, por lo cual se convierte en una trampa puesta por el supuesto ofendido. INTERPRETACION PRETENDIDA Con este segundo motivo de casación pretendo que, al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado que, se someta a control de logicidad de la Honorable Sal Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el recurso de mérito, dictando una sentencia condenatoria para el señor JENRRY NEPTALI GARCIA MIRANDA, por el delito de EXTORCIÓN en su grado de ejecución de TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO R-198, conforme a nuestro derecho penal vigente.” Fundamentación. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizado por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el Derecho Penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al Derecho Penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad, concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En vista de que el recurrente ha señalado dos motivos de casación por infracción de ley, los cuales guardan estrecha relación entre sí, pues se refiere a la subsunción de normas penales sustantivas dentro de la fundamentación fáctica, esta Sala de Casación para guardar la logicidad de la sentencia penal, resolverá ambos motivos en un mismo apartado. Primer Motivo. Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 222 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de extorsión. Pretensión: que se declare con lugar el presente motivo de casación. Explicó la recurrente que conforme a la redacción de hechos probados el juzgador ha incurrido en error al condenar al imputado por un delito consumado de extorsión, pues en los hechos no existen elementos subjetivos que puedan subsumirse en una acción que lesione o ponga en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. Segundo Motivo. Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 222 en relación al 15 ambos del Código Penal. Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de extorsión en grado de ejecución de tentativa. Pretensión: que se declare con lugar el presente motivo de casación. Explicó la recurrente que conforme al análisis los hechos declarados probados, fácilmente puede apreciarse que no concurre el elemento subjetivo que configura el delito de extorsión, pues en él no se le atribuye al imputado el apoderamiento de bienes de propiedad del ofendido por la intervención de los agentes anti extorsión, al ser capturado en la entrega controlada. Del Tipo Penal de Extorsión. A partir de 1984, año en que entró en vigencia el actual Código Penal, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, haciendo reformas a su tipificación en tres ocasiones con la anterior codificación, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017 y ahora con el Código Penal 130-2017. Fueron las tipificaciones del delito de Extorsión con el Código Penal 144-83: 1. Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 en fecha 12 de marzo de 1984 y vigente el 12 de marzo de 1985; 2. Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; 3. Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; y 4. Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 el 27 de febrero de 2017, y vigente a partir de dicha fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para el 20 de julio de 2016, que es el ámbito temporal fijado en el factum, era el contenido en el Decreto Legislativo 100-2014, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La pena de reclusión anterior será incrementada en un tercio (1/3) cuando la víctima sea un Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad y Diputados del Congreso nacional y cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad. El Delito de extorsión es de orden público y el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.”. Elementos del delito de Extorsión del Decreto 100-2014. Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos (Código Penal 144-83), siendo éstos: 1. Elementos Objetivos: a. Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a quien, determinando así que podía cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realizara el acto de violencia o intimidación. b. Sujeto Pasivo era designado por el legislador como persona natural o jurídica, lo que implica que podía ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. c. Objeto material del delito, era el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo pretendía apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad: todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso era obligar. El legislador consideraba consumado el delito desde que el sujeto activo obligaba al sujeto pasivo a realizar cualquiera de las tres conductas que describía el tipo, siempre que cualquiera de ellas hubiese tenido como fin que el sujeto activo lograra un beneficio económico injusto, aun cuando esto no se lograse materializar; siendo estas conductas: a) Hacer o dejar de hacer alguna cosa, con independencia de si se tratase de un acto lícito o ilícito; b) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y c) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste que, la conducta que pretendía conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo debía ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distinguía el delito de extorsión del delito de coacciones. e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio estafa definida por la violencia o la intimidación: a) La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obligaba a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente debía darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podían darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia para conseguir el beneficio patrimonial era ejercida en el mismo momento. b) La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; era necesario que la intimidación fuese de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre promedio) le provocase la consecuencia descrita, ergo la amenaza debía tener apariencia de grave y verdadera; considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no debía esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza hubiese tenido la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pudiesen mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debía -como mínimo- ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima hubiese tenido cualidades que le hagan invulnerable. c) La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar. El destinatario del hecho amenazante podía ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces era posible amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debía ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permitían prever situaciones en donde quien hacía la exigencia era un funcionario público, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. f. Punibilidad: El delito de extorsión estaba conminado con dos penas principales: i) Una pena de prisión de 15 a 20 años. ii) Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tenía margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de extorsión, además debía imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que debía de cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la consecuencia penal de comiso cuando fuese procedente. Las penas principales se incrementaban en un tercio (1/3) a razón de la cualificación del sujeto pasivo; disponía el legislador que dicho incremento se haría efectivo cuando la víctima del delito de extorsión hubiese sido: “Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad, Diputados del Congreso Nacional y Cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad” Señalaba la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”. 2. Elemento Subjetivo. Como elemento subjetivo el tipo penal de Extorsión requería de dolo: Conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho animo se materializara para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado ya, la conducta ejercida por el sujeto activo debía buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realizaba o no la conducta exigida. De la Tentativa. El iter criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes, de los que son relevantes para el Derecho Penal. El iter criminis se divide en tres fases: 1) Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá de si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa: conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo: debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, se refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito; para ello, en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito, partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, lo que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final, la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: 1) El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada). 2) El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidónea). 3) El Sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada). La tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución, y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante de un peligro para el bien jurídico protegido. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del Primer y Segundo Motivo. Ambos motivos no son de Recibo. En el primer motivo el recurrente cuestiona la aplicación del delito de extorsión consumado, pues considera que al acusado se le captura inmediatamente después de recibir el dinero y que dicha acción no puso en peligro ningún bien jurídico protegido por la ley. En el segundo motivo la censora argumenta que lo declarado probado no es un delito consumado sino uno tentado; para fundamentar tal argumento indica que no se identifica el elemento subjetivo requerido. Es claro que el argumento no tiene relación con el fundamento, pues el primero atañe al Iter Criminis entretanto el segundo a la tipicidad; entiéndase que la ausencia de elemento subjetivo (dolo, en este caso), descarta la existencia de tipicidad y con ella, la existencia de delito; entretanto la progresión del delito, desde el inicio de ejecución hasta su agotamiento el elemento subjetivo es el mismo (dolo), pues el mismo conocimiento y voluntad tiene el sujeto activo cuando inicia su actuar, también cuando no puede conseguir la consumación (tentativa) o cuando lo logra y agota el delito. El Recurso de Casación, en ninguno de sus dos motivos, es procedente; el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de extorsión que hemos estudiado, en su versión consumada, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia es consecuente al Principio de Legalidad. Revelan los hechos que en el 20 de julio de 2016 a las 7:30 de la noche, se encontraba el testigo protegido R-198 en su casa de habitación, cuando recibió una llamada telefónica del celular 96692576 propiedad del señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda, quien le manifestó que lo conocía a él y a su familia, que debía pagar la cantidad de veinte mil lempiras el sábado 23 de julio de 2016 y de no hacerlo lo mataría a él y a su familia. El testigo protegido R-198 colgó la llamada y recibió en lo sucesivo varias llamadas y mensajes de texto del mismo número en las cuales le amenazaba y le advertía que no era broma; por lo que el testigo protegido decidió interponer la denuncia a la Fuerza Nacional Antiextorsión. El sábado 23 de julio de 2016 a las dos de la tarde, el testigo protegido R-198 recibió una llamada del señor Jenrry Neptaly Garcia quien le dijo que tenía una hora para entregar el dinero y lo citó a las 4 de la tarde en la gasolinera American de la colonia Felipe Zelaya, le dijo que el dinero debía ser entregado en una bolsa negra. El testigo acudió a la Fuerza Nacional Antiextorsión donde agentes de esa unidad procedieron a seriar dos billetes de cien lempiras y montaron un operativo de vigilancia. El testigo protegido R-198 recibió una llamada del acusado en la que le indicó que se trasladara a la calle principal de la colonia Felipe Zelaya, justo atrás de la gasolinera American y que en la calle del desvío lo esperaba en una motocicleta, por lo que el testigo al llegar al lugar vio a una persona en una motocicleta roja estacionada y procedió a entregarle la bolsa negra, retirándose ambos del lugar. A pocos metros agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión detuvieron la motocicleta y requirieron al señor Jenrry Neptaly Garcia quien portaba un celular con chip numero 96692576 y un paquete conteniendo el dinero previamente seriado. El relato en su conjunto, satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión: i. La conducta criminosa, que es obligar al testigo protegido R-198 a entregar una cantidad de dinero, efectivamente aconteció y en la cantidad exigido por el acusado. ii. La modalidad criminosa que es la intimidación hecha al testigo protegido R-198 de causarle un mal a él y a su familia, en caso de no acatar la orden de entregar la cantidad de dinero; amenazas que por su naturaleza tenían apariencia de verdad y posible y que consecuentemente fue suficiente para causar la intimidación; iii. El ánimo de lucro perseguido por el acusado, al ser el acto exigido el traspaso de dominio de dinero, provocando daño al patrimonio de la víctima y el consecuente incremento injusto e ilegal en el patrimonio del destinatario del dinero. El tipo penal indica que el sujeto activo debe actuar con el fin de obtener un beneficio de carácter económico, es decir que el legislador reprocha la finalidad de la conducta y no el resultado de lucro, es así que no se exige que tal fin sea logrado. Para efectos de consumación, demanda el legislador que el sujeto pasivo sea obligado a realizar cualquiera de los tres supuestos descritos, siendo uno de ellos “hacer o dejar de hacer una cosa”, que es lo que precisamente describe el hecho probado, el testigo protegido R-198 ante la intimidación recibida (amenaza de muerte) se vio obligado a entregar una cantidad de dinero al acusado Jenrry Neptaly Garcia, materializándose el verbo rector del tipo, por decirlo en otra manera el testigo protegido R-198 fue obligado a entregar una cantidad de dinero. El delito es consumado, pues el acusado logró obligar al ofendido a entregar el dinero, desde el momento en que el ofendido entregó el dinero, ya no tiene disposición sobre ese bien, por tanto se consumó la acción del acusado al solicitar la entrega del dinero. Por lo explicado, es legalmente acertada la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Jenrry Neptaly Garcia Miranda por la conducta realizada, sin consideración a la figura de la tentativa regulada en el artículo 15, esto porque el delito cometido es el de extorsión consumado, por tanto, no existe vicio alguno que merezca reproche casacional. Decisión: Se desestima el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. Se presentó por parte de la defensa privada del señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda, escrito complementario solicitando que, en base al principio de retroactividad se aplicara el nuevo Código Penal por considerarlo más favorable a su representado, pues la nueva legislación penal establece una pena para el delito de extorsión de 10 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa; considera el peticionante que su representado ya tiene 4 años y 4 meses de estar en prisión preventiva y tomando en cuenta que la sentencia impuesta está en suspenso por estar pendiente el fallo de casación y al aplicarle la ley más favorable, ya puede gozar de la libertad condicional por vía de excepción estipulada en el artículo 82 del Código Penal vigente. En lo referente al delito de extorsión afirma el reclamante que su representado fue capturado solo y el nuevo Código Penal en su artículo 136 establece el concepto de grupo delictivo y se refiere que son 3 personas, de lo que se deduce que la acción de éste es menor como para poder aplicar este elemento gravoso para determinar penas mas altas. Por su parte, la representación del Ministerio Público afirmó que la norma penal invocada por el recurrente sanciona la conducta delictiva de extorsión con una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 500 a 1000 días, pero conforme el artículo 621 del nuevo Código Penal en el cual se regula que: “No procede la revisión de la condena, sin embargo, en aquellos supuestos en los que la pena concreta impuesta pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente código, aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga exceda a éste”. Concluye el ente acusador, que en el caso del acusado la condena impuesta es de 15 años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, por lo que se encuentra dentro del marco penal de la pena prevista en la nueva normativa, por lo que, bajo estos parámetros no procede la revisión de la condena ni la aplicación de la retroactividad de ley. D. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, el Juzgador aplicando el Código Penal decreto 144-83, impuso al señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda por las acciones delictivas acusadas una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos, constituyendo un delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido R-198. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de extorsión se penaliza de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de 500 a 1000 salarios mínimos. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda se le impuso una pena de 15 años, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615, 616, 621, 624 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por la Abogada Karla Corina Mejía, en su condición de defensora pública del señor Jenrry Neptaly Garcia Miranda a quien se le condenó por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido R-198. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 63-2019.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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