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Sentencia CP-619-19 — Registro 17403

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...EL RECURSO NO ES DE RECIBO. motivo de casación de infracción de ley por incorrecta aplicación del artículo 14 del Código Penal, que textualmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal". El impetrante argumenta que el Tribunal de sentencia afirma en los Fundamentos Jurídicos, numeral tercero: “ …Estas acciones ejecutadas por los imputados se subsumen en el numeral l) del artículo 349 del Código Penal pues las mismas constituyen un evidente incumplimiento de los mandados judiciales (sentencia definitiva del 27 de marzo del 2007 y comunicación del ll de abril del 2008), las que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, como comisionados de CONATEL, emitieron intentando, en todo momento, obstaculizar los efectos y consecuencias de las decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de una forma encubierta y dotándola de apariencia de legalidad, lo cual fue claramente advertida y reprochada tanto por el Tribunal de Segunda Instancia como por el Tribunal de Casación.” Y en el hecho Probado Noveno de la sentencia impetrada, en la parte conducente dice: “…en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la Sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo.” Afirma que el tribunal de sentencia, no es contundente para afirmar la consumación del delito de abuso de autoridad, dado que el objetivo perseguida por los imputados según el tribunal de sentencia era no cumplir con lo ordenado en la sentencia, lo que no es correcto, pues un error material en la sentencia, corregido posteriormente por el juez sentenciador, sirvió de fundamento para la denegatoria provisional de la ejecutoria de dicha sentencia, siendo posteriormente cumplida, otorgando los títulos habilitantes ordenados con las correcciones del caso, por lo que los hechos probados son subsumibles en la figura o tipo de tentativa de abuso de autoridad. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. El cuadro factico del fallo declara terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando número 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo”: Los hechos declarados probados por el juzgador de instancia se encuadran perfectamente en lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal que literalmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal" en relación al tipo penal de Abuso de Autoridad , tipificado y sancionado en el numeral 1, del artículo 349 del Código Penal que dice: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. Lo anterior, en virtud que exige para su consumación que el sujeto activo haya en este caso, incumplido como ocurre en el caso de autos, la sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que el acusado señor Edwin Torres, en su condición de Comisionado Propietario de CONATEL ha cometido el delito consumado de Abuso de Autoridad, por el que se le condena. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma en violación de las máximas de la experiencia, en virtud que las sentencias deben tener vida por si solas, no tiene que recurrirse al juicio o expediente para ejecutarlas o entenderlas y deben de ser redactadas de tal forma que una persona de cultura media pueda entenderlas. El recurrente alega que los juzgadores toman como ciertas las afirmaciones realizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que los imputados manifiestan al devolver la comunicación de ejecución que existe un error en la sentencia, pero que no pueden variarla o corregirla, dándole cumplimiento, el Juez Contencioso Administrativo les contesta que la sentencia puede estar mala en la parte resolutoria, pero que en el expediente está la solicitud, y que pudieron adecuarla a la misma, no siendo en consecuencia el error cometido al dictar la esencial. Y que las sentencias se cumplen, tal como son dictadas, teniendo sustentación propia no requiriendo leer o consultar el expediente para conocer su alcance, tal como lo expreso el Juez de lo Contencioso Administrativo y es aceptado por el tribunal sentenciador. Esta Sala Considera que los acusados Rasel Antonio Tomé Flores, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz, reunidos como Comisionados de CONATEL al momento de haber recibido la sentencia firme dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo con un error material en la parte dispositiva del fallo, sabían que ya habían asignado el ancho de frecuencia de canal 12 es de 204-210 MHZ a otra sociedad mercantil, por lo que no a pesar del error material no se procedió a cumplir la sentencia a favor de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. para el otorgamiento del título habilitante conforme a los requisitos técnicos especificados. Esta Sala considera que aún y cuando en materia penal rige el principio de literalidad de la sentencia firme en parte dispositiva, también es cierto que los Comisionados de CONATEL sabían que en el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo habían sido dictadas sentencias declarando el derecho a favor de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. en el fin de obtener licencia para operar el Canal 12 de radiodifusión por televisión, por lo que una vez corregido el error material los Comisionados de Conatel, debían sin más trámite otorgar la Licencia para operar Canal 12, y ajustar los parámetros técnicos y legales a la frecuencia 204-210 MHZ. Por lo anterior, esta Sala que, en el presente caso, al dictar la sentencia recurrida el Tribunal de sentencia no incurre en la violación a las reglas de la experiencia en la valoración de la prueba, debiendo desestimar el segundo motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Rasel Antonio Tome Flores, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años; al señor Gustavo Adolfo Lara López, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años; y al señor Edwin Torres Cruz, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años.- Se condenó a los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, a las penas accesorias de interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; se declaró la responsabilidad civil de los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz; y, no se procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 499 el delito de Abuso de Autoridad, se penaliza con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años, el funcionario o empleado público que ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Se niegue abiertamente a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular de los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, por el delito de Abuso de Autoridad el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. .."

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Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el recurso de casación con registro número SP-619-2019 que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente Sentencia en los Recursos de Casación SP-619-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Rasel Antonio Tome Flores, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años.- Segundo: Condenó al señor Gustavo Adolfo Lara López, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años.- Tercero: Condenó al señor Edwin Torres Cruz, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años.- Cuarto: Condenó a los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, a las penas accesorias de interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Darwin Lindolfo Garcia y Mario Hernán Sorto Deras, en su condición de Defensores Privados del señor Rasel Antonio Tomé Flores, el Abogado Héctor Efraín Fortín Pavón, Defensor Privado del señor Edwin Torres Cruz, como partes recurrentes; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando numero 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo.” III. RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes Abogados Darwin Lindolfo Garcia y Mario Hernán Sorto Deras, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE DEFENSA. PRECEPTO AUTORIZANTE: 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El artículo 82 de nuestra Constitución literalmente dice: " El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la república tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señales las leyes" Actuando en causa propia nuestro cliente el Abogado Rasel Tome propuso medios de prueba útiles, pertinentes y fueron inadmitidos por el Tribunal de Sentencia, entre los cuales mencionamos medios de prueba , los que nosotros en base al principio de comunidad de la Prueba hicimos nuestros, los medios de prueba propuestos y rechazados literalmente dicen: MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO TESTIFICAL: A los ciudadanos JAVIER HERNANDEZ FLORES, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica, ADAN ELVIR GERZHOFER Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio, DANERY ANTONIO MEDAL, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12, DIANA MAOMAR DE ASFURA, ELIAS ASFURA, de la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L, DAVID MATAMOROS BATSON, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad ELDI S DE R.L., MANUEL GAMERO(QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad ELDI S DE R.L. el Tribunal de Sentencia no admitió ninguno de los testigos propuestos, tampoco admitieron el medio de prueba NUMERO DOS INSPECCION: 1) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el número 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. contra La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a fin de comprobar los siguientes extremos: a) Que la demanda fue admitida sin suspensión del acto reclamado; b) Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejecuto la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, mediante la cual se le otorga el permiso para que preste el servicio de radiodifusión de televisión en canal 12 a la sociedad Mercantil ELDI S DE R.L.; 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Honduras estos medios de prueba no fueron admitidos, violentándose el derecho de defensa de los imputados, al extremo que si hacemos el ejercicio de la Inclusión hipotética, al tomar como cierta la pretensión probatoria, HUBIERA CAMBIADO COMPLETAMENTE EL HECHO HISTORICO JUZGADO, pues el juzgador hubiera percibido por sus propios sentidos los objetos de prueba pretendidos con los medios de prueba denegados., llegando a la conclusión que la conducta realizada por los imputados, no es reprochable penalmente, violentándose el derecho de defensa y la presunción de inocencia que establece la Norma Constitucional por la inadmisión de la prueba antes mencionada. PETICION: Por lo expuesto pido, admitir a trámite el presente motivo de casación por violación de Precepto Constitucional, y proceder a casar la sentencia absolviendo a nuestro poderdante del delito acusado. Continúa manifestando los Recurrentes en su Recurso de Casación por Infracción de Ley “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación Indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 360 del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto sustantivo penal que se considera, ha sido infringido por aplicación indebida textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: Numeral 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; Articulo 32 del Código Penal: "Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella ". El artículo 360 del Código procesal, penal, nos explica que habrá a lugar al recurso de casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador; este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal, necesaria para la aplicación de la misma ley penal; partiendo de este postulado de la norma adjetiva penal, desarrollaremos en este apartado, como el tribunal sentenciador infringiendo la norma mediante un razonamiento falaz no obstante que en los hechos resultantes del proceso, no se demostró que los actos realizados por nuestro representado reúnan los presupuestos de la norma penal, la infringen al aplicarle la misma, distorsionando y forzando los hechos; ya que no se cumplieron la totalidad de los requisitos que conforman los elementos del delito "Abuso de autoridad" por el que se acusaba a nuestro representado. Pues bien, debemos recordar que cada delito, cuenta con una serie de elementos básicos, tales elementos deben concurrir en su totalidad para que se pueda calificar que existió la conducta acusada, si solo faltare uno de tales elementos el Delito no existiría; uno de tales elementos es La Tipicidad, según SANTIAGO MIR PUIG (quien a la Tipicidad la denomina como "El Tipo", y le agrega si es doloso, o imprudente dependiendo de las figuras que se estén estudiando), El Tipo, y en específico el que es Doloso por acción, nos presenta dos partes a analizar, si queremos establecer que ha existido un Tipo Penal, estas son la parte Objetiva y la parte subjetiva del Tipo penal; esta última entraña el mismísimo dolo, pero lo primero que debemos analizar es si existe la parte objetiva del Tipo; lo cual nos lo define el Doctor Ibérico, en su obra "DERECHO PENAL, PARTE GENERAL", 6ta. Edición, páginas 234 y 235, las cuales en su parte conducente dicen: "………..Aunque lo característico del Tipo doloso es el dolo, que integra necesariamente su parte subjetiva, conviene a efectos analíticos empezar por su parte objetiva, puesto que esta encierra el objeto que ha de ser abarcado por el dolo. Por otra parte, antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo es preciso saber si efectivamente se ha realizado. ………..La parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso: p. ej. Los actos externos necesarios para “matar” a otro. Cada tipo de delito doloso describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la Parte Especial del Derecho Penal. Sin embargo, todo tipo doloso requiere ciertos requisitos mínimos en la conducta externa, que deben estudiarse en la teoría general del tipo doloso _ y que en buena parte son comunes a todo tipo objetivo, también a los de los delitos imprudentes_- Así como se verá, para la tipicidad objetiva de una conducta no basta que la misma resulte (ex post) encajar en la descripción literal del tipo, sino que es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal: cfr. Supra, Lec. 6, IV 2B). En los delitos de resultado _ a diferencia de lo que ocurre en los delitos de mera actividad (pero ver infra, 1, 4 ) _ no es infrecuente que el resultado no fuera objetivamente previsible ex ante atendida la falta de peligrosidad objetiva de la conducta. Por otra parte, en estos delitos también puede ser dudoso si el resultado ha sido causado por la conducta peligrosa en condiciones en que pueda imputarse objetivamente dicha conducta. Como elementos generales de la parte objetiva del tipo _ exigibles no solo para los tipos dolosos, sino también para los imprudentes, aunque tal vez con un contenido algo diferente_ hay que señalar, Por tanto: 1.) un hecho que encaje en la descripción literal del tipo imputable a una conducta peligrosa ex ante; 2.) En los tipos que exigen la producción de un resultado separado, ello supone que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta peligrosa ……."; luego de la lectura de tales conceptos doctrinarios, podernos analizar, que para que se presente la parte objetiva del Tipo, es necesario que se pueda achacar, la literalidad de una Norma Penal, a determinada acción humana, desde un punto de vista ceñido exclusivamente a las pretensiones de la parte Acusadora el señalamiento de quien realiza los actos externos propios de una acción tendente a realizar actos de ''Negarse a dar el cumplimiento a la Sentencia", En el caso que nos ocupa en el debate oral se arribó la documentación correspondiente a los actos realizadas por La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL con respecto a la demanda interpuesta por la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. Y que consiste que al recibir para ejecución La Sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil siete, se procedió en tiempo y forma a celebrar sesión por los Comisionados de CONATEL, siendo nuestro cliente su Presidente en ese momento, la cual se encuentra en el acta Numero 590 sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS122/08 en la que se establece "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo………misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Resuelve:. Primero: Deje sin valor ni efecto ..................................... Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC"……. La imputación que hace el Ministerio Publico contra nuestro cliente es que se negó a cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la que se ordenó otorgar el canal de televisión 12 a la Sociedad Mercantil ELDIS S DE R.L. pero como quedo establecido de manera objetiva a nivel de certeza absoluta, nuestro cliente en su condición de Presidente de CONATEL convoco y Presidio una sesión extraordinaria en fecha ocho de abril del 2008 acta 590 Resolución AS1122/08 (ver folios 75 al 85) en la que se cumplió taxativamente el fallo de la sentencia recibida y se devolvió en tiempo y forma al Juzgado, esto nos deja como consecuencia que el Ministerio Publico no acredito la existencia de uno de los elementos del delito, la Cual es la Tipicidad; en este caso la Parte Objetiva del tipo. En el caso que nos ocupa Señores Magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia llamo su atención a lo que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa establece en la hoy impugnada Sentencia en los hechos probados en el numeral sexto que textualmente dice: " .... el día martes uno de abril de 2018 la Sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los Señores RASEL ANTONIO TOME FLORES, GUSTAVO ADOLFO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la Sentencia, advirtiendo por parte del Presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la Empresa Mercantil ELDL S. DE R.L. el título habilitante consistente en la Licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión para canal doce (J 2) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 1VFHZ por lo que estimaron que la Sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaba las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la Sociedad Mercantil ELDL S. DE R.L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 1vfHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 1vfHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. " El Tribunal de Sentencia acepta como un hecho irrefutable que está plenamente acreditado tanto en el acta de la Sesión extraordinaria realizada por la CONATEL que Presidia nuestro representado RASEL ANTONIO TOME FLORES, como en la resolución AS122/08 en la que se establece "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ............ misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; que se cumplió con la sentencia, en atención al artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su párrafo primero textualmente dice : "Luego que sea firme la sentencia, el Tribunal, dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes, ordenara su ejecución por medio del órgano correspondiente, al cual se le librara comunicación para que adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo….” esto es lo que cumplió nuestro cliente la Ley, por lo tanto no se daría la parte Objetiva del Tipo penal de Abuso de Autoridad, el cual recordamos que textualmente dice: Numeral 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales, al no cumplirse con la parte objetiva, no podría sostenerse la existencia del Tipo Penal específicamente acusado; con ello no existiría entonces la comprobación de la Tipicidad. Honorables Magistrados queremos detenemos para establecer con claridad cómo se continua infringiendo la norma jurídica sustantiva por parte del Tribunal de Sentencia, es en el momento en que realizan la valoración Ex post (sentencia de fecha 20 de junio del 2019), y al constituir la tipicidad un elemento esencial para configurar el delito, es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal, y en el caso que hoy nos ocupa nuestro patrocinado en su condición de Presidente CONATEL como funcionario público estaba sujeto al mandato de la Constitución de la República Artículo 323 "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito". Los actos que le correspondían realizar se encuentran ordenados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Capítulo Tercero Ejecución de la Sentencia Articulo 95, 96, citado en el párrafo anterior, que como se ha relacionado nuestro cliente procedió a su fiel cumplimiento, es así que al recibir la Comunicación Judicial para la ejecución de la Sentencia, procedió a realizar la sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS 122/08 en la que se establece "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo……misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Resuelve:. Primero: Deje sin valor ni efecto…… Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, Permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC. Esta actuación realizada por nuestro cliente en pleno cumplimiento de la ley, el Tribunal de Sentencia haciendo interpretaciones extensivas infringiendo la norma sustantiva y el Principio de legalidad en el derecho penal NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE PREVIA LEGE(No hay delito ni pena sin ley 'previa), establecido en el precepto 1 del Código Penal vigente en los hechos declarados probados en donde tiene como probados., los Comisionados antedichos. decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia, realiza el siguiente agregado extensivo "aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año había otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia.". Estos aspectos que relacionan el Tribunal Sentenciador NO forman parte del presupuesto del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, objeto del presente juicio, es una aplicación falaz que se aparta de los elementos del tipo y realiza sus propias conjeturas y valoraciones subjetivas exógenas al tipo penal, indebidamente aplican normas jurídicas condenando a nuestro cliente por hechos totalmente atípicos porque ejecuto la sentencia cumpliendo las declaraciones contenidas en el fallo de la misma. Es decir, entonces que no se dan los presupuestos del tipo penal y el Tribunal de Sentencia aplico indebidamente el Articulo 349 numeral 1) del Código Penal el cual es el que nos describe la literalidad del delito en discusión; por ello consideramos que este motivo de Casación es de recibo, y en su oportunidad debe la Corte Suprema de Justicia declarar con lugar la Casación por Infracción de Ley, y proceder a casar la sentencia absolviendo a nuestro poderdante del delito acusado.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación Indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 360 del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPLICACION DEL MOTIVO: Preceptos sustantivo penal que se considera, ha sido infringido por aplicación indebida textualmente dice: "Artículo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: Numeral 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; Articulo 32 del Código Penal: "Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella ". La Norma sustantiva antes mencionada debe ser considerada en consonancia a los principios que conforman el derecho penal y en este sentido el principio de lesividad que se encuentra plasmado en el Articulo 2-c "No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal." El artículo 360 del Código procesal, penal, nos explica que habrá a lugar al recurso de casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal, necesaria para la aplicación de la misma ley penal; partiendo de este postulado de la norma adjetiva penal, desarrollaremos en este apartado, como el tribunal sentenciador infringiendo la norma mediante un razonamiento falaz no obstante que en los hechos resultantes del proceso, no se pudo demostrar que nuestro representado haya cumplido con la taxatividad de la norma penal y teniendo una norma penal vigente artículo 2-c que establece el principio de lesividad, infringe esta norma al no valorar objetivamente que NO hubo lesión de bien jurídico; ya que no se cumplieron la totalidad de los requisitos que conforman los elementos del delito "Abuso de autoridad" por el que se acusa a nuestro representado. Continuando en esa senda de interpretaciones extensivas separadas del Tipo Penal de ABUSO DE AUTORIDAD nos encontramos con lo establecido en el último hecho declarado por el Tribunal de Sentencia como supuestamente probado, NOVENO: "Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al Señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contenciosos Administrativo comunico judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la Sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los Señores RAS EL ANTONIO TOMÉ FLORES, GUSTAVO ADOLFO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan inserción a dicha comunicación, " El Tribunal soslaya referirse a las inserciones establecidas en la comunicación que se devuelve al juzgado en fecha 18 de abril del año 2008 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en la que nuestro cliente en su condición de Presidente de CONATEL en la sesión realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contesta en tiempo y forma la comunicación, relacionando que ante la insinuación del Juzgador de que CONATEL incurra en el delito de modificar una sentencia, se encuentran como funcionarios públicos sometidos a la ley y que habiendo ordenado escuchar las opiniones técnicas de la Dirección Legal, en su respuesta establece los fundamentos legales entre estos lo que manda el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo textualmente dice: "Las partes podrán solicitar la aclaración o adición de las sentencias en los términos previstos en la legislación procesal civil." Y seguidamente en cuanto a la aclaración de la sentencia cita el artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes (que se encontraba en vigencia en el momento en que se recibió la comunicación) "Tampoco podrán los jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación. En cumplimiento de esas disposiciones legales vigentes actuó nuestro cliente, Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal de Honduras, queremos indicar que el Tribunal de Sentencia quebranta la norma jurídica sustantiva en el momento en que realizan la valoración Ex post (La Sentencia impugnada de fecha 20 de junio del 2019), Y al constituir la tipicidad un elemento esencial para configurar el delito, es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal, y en el caso que hoy nos ocupa nuestro patrocinado en su condición de Presidente CONATEL como funcionario público estaba sujeto al mandato de la Constitución de la República Artículo 323 "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito". Cuando reciben la comunicación judicial y en el cuerpo de la misma reciben la insinuación de incurrir en el delito de modificar la sentencia, es cuando nuestro patrocinado de forma colegiada con los demás Comisionados después de recibir la opinión de la Dirección legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, quienes le informan que conforme a la legislación vigente no tiene facultades para modificar una sentencia firma pasada en autoridad de cosa juzgada, procede a cumplimentar la comunicación en tiempo con las inserciones legales correspondientes, es decir que el Tribunal de Sentencia estaba obligado a realizar un proceso intelectual de analizar los actos realizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en el momento de recibir la comunicación, al realizar la sesión y pronunciarse mediante una resolución con inserciones en las que se desarrollan los fundamentos de hecho y derecho sustentado por los Comisionados ahora acusados para pronunciarse en ese sentido, y al encontrar que los realizaron en fundamento de las normas legales antes citadas Constitución de la República, Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimientos Comunes y Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, estaba obligado indudablemente el Tribunal de Sentencia a arribar a la conclusión que los actos realizados por nuestro patrocinado estaban amparados en una interpretación de las normas jurídicas en consecuencia la voluntad y el conocimiento pleno en que ellos actuaron en la sesión realizada en CONA TEL era en el marco de sus atribuciones, y en el asunto de la interpretación de la ley, esto per se NO origina un hecho criminal, lo que surge es un conflicto en la interpretación de la ley, los que se resuelve en las sociedades republicanas sustentadas en la división de funciones del Estado en el Poder Judicial, y así sucedió en el presente caso que fue en Sentencia de fecha 12 de marzo del 2009 emitida por la Corte Suprema de Justicia que interpreto que en el conflicto entre la Empresa Mercantil ELDI, S. DE R.L., la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Sociedad Mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A., Que la solución en ese conflicto de la interpretación de leyes entre el Poder Ejecutivo y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo es que se dejara en operación el canal 12 otorgado a la empresa ELDI S DE R.L. que ostento la titularidad de la licencia y posteriormente vendió, quiero llamar la atención a los Magistrados del Tribunal Supremos que estando en curso la discusión en los ámbitos jurisdiccionales (SENTENCIA 12 DE MARZO DE 2009) sin respetar los principios del derecho penal el Ministerio Publico presento Requerimiento fiscal el 09/03/2009 a las 15:35 P.M. Contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y en el debate de juicio oral y público la parte acusadora no acredito la existencia de uno de los elementos del delito, porque como se ha explicado prolijamente a la empresa ELDI S DE R.L, se le otorgó la licencia para canal de televisión 12, en consecuencia no hay Tipicidad; en este caso la Parte Objetiva del tipo, y tampoco por supuesto la parte Subjetiva del tipo, es decir la actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, nunca pudieron probar que nuestro cliente haya lesionado o perjudicado a la Sociedad ELDI S DE R.L que como se informó obtuvo el canal y posteriormente lo vendió al contrario obtuvo provecho económico, y mucho menos a la Administración Pública, precisamente sus actuaciones eran sustentando en la responsabilidad como funcionario público Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es claro que la comunicación se cumplimentó sin ningún ánimo doloso de querer lesionar la administración pública, lo que existió fue un conflicto en la interpretación de la ley que se discutió y se resolvió en el Poder Judicial. Es oportuno acudir a los antecedentes que la Corte Suprema de Justicia ha establecido con respecto a la aplicación del derecho penal en un Estado de Derecho, recordemos que el control penal no es posible utilizarlo por el Estado frente a todas las situaciones dejaría ser Estado de Derecho para convertirse en un Estado Policía, según el principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir, el principio de subsidiariedad del derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del derecho penal constituye una exigencia relacionada con lo anterior y ambos postulados conforman el principio de intervención mínima, la intervención del Derecho Penal en consecuencia el derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves ( carácter fragmentario), y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona ( Natural Subsidiaria), (véase además las sentencias de amparo sentencia de amparo penal 625-15 de fecha 08 de diciembre del 2011, 929-2011 Y 51 -12 en fecha dos de junio del 2016, 384-11 del 25 de febrero del 2014, 0263-15 de fecha 30 de septiembre del 2015). Es importante destacar que en el caso que nos ocupa mediante el presente recurso hemos desarrollado plenamente los fundamentos de la norma sustantiva penal infringidos por interpretación y aplicación errónea por el Tribunal de Sentencia ya que NO se cumplieron los presupuestos del Tipo penal de abuso de autoridad como se ha demostrado plenamente y se infringe por inobservancia e inaplicación del artículo 2-c ''No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.” Este es un precepto de ineludible cumplimiento por los jueces en materia penal, el Tribunal de Sentencia NO lo aplico, es importante relacionar algunos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de fecha de 26 de agosto de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 56-2005. "El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de ultima ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública, ". (véase además las sentencias de casación penal 393-2009 de fecha 16 de agosto del 2009, 276-2008 en fecha nueve de junio del 20 11, 56-2005 de 9 de septiembre del 2010). En el presente caso Nuestro cliente actuando como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, realizo las actuaciones cumpliendo las solemnidades legales, en una sesión de forma colegiada, escuchando la opinión de la Dirección Legal se pronunciaron y contestaron con las formalidades en el tiempo la comunicación judicial, es claro que la misma no fue ejecutada subjetivamente con el ánimo doloso de querer lesionar la administración pública, en este caso el normal desempeño de la administración de justicia, más bien dicha conducta se manifiesta con claridad de que actúan con una rigurosidad legal, sustentado en la literalidad de las normas jurídicas citadas Ley de lo Contencioso Administrativo y Código de Procedimientos Comunes, en consecuencia no se aprecia la voluntad realizadora del tipo objetivo y con ello la configuración del DOLO como actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, Los aspectos que relacionan el Tribunal Sentenciador NO forman parte del presupuesto del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, objeto del presente juicio, es una aplicación falaz que se aparta de los elementos del tipo y realiza sus propias conjeturas y valoraciones subjetivas exógenas al tipo penal, indebidamente aplican normas jurídicas condenando a nuestro cliente por hechos totalmente atípicos porque ejecuto la sentencia cumpliendo las declaraciones contenidas en el fallo de la misma. Es decir, entonces que no se dan los presupuestos del tipo penal y el Tribunal de Sentencia aplico indebidamente el Articulo 349 numeral 1) del Código Penal, el cual es el que nos describe la literalidad del delito en discusión; por ello consideramos que este motivo de Casación es de recibo, y en su oportunidad debe la Corte Suprema de Justicia declarar con lugar la Casación por Infracción de Ley, y proceder a casar la sentencia absolviendo a nuestro poderdante del delito acusado.” Sigue manifestando los Recurrentes en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: La declaración de hechos Probados en base a medios probatorios no incorporados legalmente a juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 N° 2) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este Motivo se cita como Infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta, Numeral 1); el cual nos dice: "……..1) Declaración de Hechos probados. En Párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". Los hechos probados, deben desarrollar el proceso intelectual del razonamiento efectuado por el Tribunal Sentenciador, en el cual no hay espacio para la dudas sobre lo que pretenden decir los hechos probados, estos deben efectuarse sobre la base del análisis y valoración de las diligencias probatorias, evacuadas en juicio, los hechos probados deben de darnos una visión lo más clara posible de lo que el Tribunal considero que fue lo acontecido, en el caso que nos ocupa pedimos la atención de Vosotros Señores Magistrados de la Sala de lo Penal en el acta debate o juicio oral y público se encuentra que el Ministerio Publico al inicio del debate oral introduce como incidente un elemento probatorio simulado que no tiene vinculación con los hechos que motivaron el presente proceso penal y que consistente en una Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en donde se hace constar que el Estado de Honduras fue condenado a pagarle la cantidad de lempiras 16,498,498.58 lps a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. faltando a la verdad el Ministerio Publico de manera oral expresa que este pago nace por el no cumplimiento de la sentencia, tuvo perjuicios al Estado por la cantidad antes mencionado, queremos hacer énfasis que en el momento procesal oportuno la defensa rechazo ese medio de prueba porque el referido documento NO corresponde a los hechos controvertidos en el presente proceso que nunca hubo daños y perjuicios que el juzgado de lo Contencioso administrativo en la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete (Ver folio 20-36) relacionada en el hecho sexto y transcrito la copia del fallo en la sentencia impugnada en el acápite 1-4.- Copia del fallo emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de marzo del 2007. FOLIO 698-705. En el fallo textualmente en el numeral "TERCERO: Sin lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios planteada por la parte demandante, por no haber acreditado en juicio la naturaleza y cuantía de los daños. "Que no habían causado ningún perjuicio que nuestro cliente había cumplido lo ordenado en el fallo de la sentencia, la defensa le recordó al Tribunal de Sentencia que la defensa había propuesto como medio de prueba una inspección en las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para que pudieran corroborar el expediente, con los correspondiente opiniones de la Dirección Legal, que no se había ocasionado ningún perjuicio económico que toda esa documentación se encontraba en el archivo de esa institución y que para acceder a la misma se necesita mandato judicial, y que el Tribunal no había admitido ese medio de prueba, también se le señalo a los agentes del ministerio publico que estaban obligados a respetar el principio de lealtad con la justicia y que estaban presentando una prueba falsa, al Tribunal de Sentencia, que esa prueba falsa violentaría el debido proceso el contradictorio entre las partes, porque NO se había sometido a las reglas del proceso penal, que la defensa suplicaba al Tribunal que NO se admitiera la misma y que si el Tribunal considera de utilidad para los [mes del proceso que ordenara una inspección en las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, desafortunadamente el Tribunal declaro sin lugar la oposición, y también se negó a desarrollar la inspección y ordeno la admisión de la constancia emitida por el jefe de contabilidad de CONATEL, desde ese momento el Tribunal de Sentencia contamino el debate oral porque conscientemente violentaron el artículo 311 del Código Procesal Penal. Lecturas autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el secretario: 1) .... 2) .... 3) .... .4) ..... 5) ..... 6) .... Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura. La constancia admitida por el Tribunal de Sentencia NO se encuentra como los documentos establecidos por el Código procesal penal que puedan ser introducidas como lecturas autorizadas, al haber dejado en indefensión a nuestro cliente ya NO tenía ninguna oportunidad de tener un juicio justo, un debido proceso ya el Tribunal Sentenciador ya había prejuzgado su culpabilidad, el fallo estaba predeterminado de antemano; ya que si se solo se consideran validos los elementos de los hechos, que van en contra de un procesado; la lógica conclusión será una sentencia Condenatoria; por tal razón el Código procesal penal, ordena, que sean coherentes, claros y precisos. La Sentencia recurrida, presenta unos hechos probados, que no están de acuerdo a la norma procesal penal. Señores Magistrados de la Sala de lo Penal, como vosotros podéis comprender al dejar a nuestro cliente en un estado de indefensión por no permitirse la contradicción con el elemento probatorio falso alejado de los hechos del presente proceso presentado por el Ministerio Publico, la defensa sosteniendo los principios constitucionales en la audiencia de individualización de la pena aclaró plenamente que la Constancia presentada con deslealtad a la justicia por el Ministerio Publico se origina de hechos relacionados con otra demanda promovida por la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L para la nulidad parcial de un acto administrativo, para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y pago de daños y perjuicios presentada ante el Juzgado en fecha 17 de diciembre del 2010, sobre hechos sucedidos en los meses de enero a noviembre del año del 2010 en la ciudad de San Pedro Sula, con lo cual quedo claramente demostrado que NO tenía ninguna relación con los hechos que motivan el presente proceso penal, pero ya el efecto del prejuzgamiento por el Tribunal Sentenciador ya había sido ejecutado se habían pronunciado declarando una culpabilidad bajo el supuesto que nuestro cliente con los otros Comisionados de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL le habían ocasionado una afectación económica cuantificada en millones al Estado de Honduras, lo que es falso y fue totalmente desvirtuado completamente pero ya NO había posibilidad de que el Tribunal prejuzgador retirara su veredicto, y lo único que pudieron hacer es establecer en el acápite intitulado FUNDAMENTOS JURIDICOS….. SEPTIMO: párrafo final "Con la copia de la sentencia incorporada como prueba en esta segunda fase de la audiencia del debate, se ha demostrado que el pago realizado por CONATEL a la sociedad Mercantil ELDI S DE RL por daños y perjuicios no se derivó de las acciones que ejecutaron los acusados en su condición de Comisionados de CONATEL", por lo que en ese concepto no causo daño patrimonial al Estado tal como lo sostuvo el Ministerio Publico, " de por lo que sustentado en los análisis hechos en este acápite, consideramos que este motivo de Casación es de recibo, y en su oportunidad debe la Corte Suprema de Justicia declarar con lugar la Casación por Quebrantamiento de forma, en consecuencia debe concedérsenos el recurso de casación por el presente motivo, anular la sentencia dictada, y ordenar que con un Tribunal distinto se vuelva a reproducir un nuevo Juicio Oral y Público en la presente causa. Es oportuno relacionar que en el acta del debate se encuentra que la resolución en que admitieron violentando el código de procedimientos penales la Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL para lectura autorizada fue impugnada con el recurso de reposición y quedo la persistencia en acta, que se anunció la presentación del recurso de casación como remedio procesal a esa violación.” “SEGUNDO MOTIVO: No haber Observado el tribunal sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 N° 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo, se cita como infringido, el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual dice: "Valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.", así mismo los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal, remarcan este mandato, al mencionar en su contenido, que las pruebas que sirven de fundamento a la sentencia deben ser evaluadas conforme a la Sana critica. Aquí debemos citar al ilustre Jurista JOSE I. CAFERATA NORES, en su obra "LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL", ediciones depalma Buenos Aires Argentina, pagina 45, que nos explica en qué consiste la sana critica: "El sistema de libre convicción o Sana Critica, establece la mas plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones a que se llegue, sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye; teniendo un límite infranqueable: El respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento Humano, se caracteriza este sistema por la posibilidad que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia convicción de la prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica…… principios de Psicología y la experiencia común, …La otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o sea, la obligación impuesta a los jueces de proporcionar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlos." Así entonces, debemos señalar las razones que consideramos, por las que no se aplico la Sana critica en la valoración conjunta de la prueba, por parte del tribunal sentenciador. Las pruebas en general, en todo proceso, deben contar con la debida credibilidad; el hecho de la presentación de un documento pretendiendo probar alguna circunstancia en especifico no es suficiente para que ya se encuentra acreditado, se debe establecer el nexo lógico con los demás elementos probatorios para arribar a una conclusión, en el caso que nos ocupa se encuentran como documentos públicos que constituyo prueba en común, que nuestro cliente en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, al recibir la comunicación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, convoco a una sesión de la que se levanto el acta Numero 590 sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS 122/08 en la que se establece "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo……misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Resuelve:. Primero: Deje sin valor ni efecto……………Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, Permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC, y también se encuentra como prueba en común la comunicación que se devuelve al juzgado en fecha 18 de abril del año 2008 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en la que nuestro cliente en su condición de Presidente de CONATEL en la sesión realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contesta en tiempo y forma la comunicación, relacionando(Inserciones) que ante la insinuación del Juzgador de que CONATEL incurra en el delito de modificar una sentencia, se encuentran como funcionarios públicos sometidos a la ley y que habiendo ordenado escuchar las opiniones técnicas de la Dirección Legal, en su respuesta establece los fundamentos legales entre estos lo que manda el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo textualmente dice: "Las partes podrán solicitar la aclaración o adición de las sentencias en los términos previstos en la legislación procesal civil." Y seguidamente en cuanto a la aclaración de la sentencia cita el artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes (que se encontraba en vigencia en el momento en. que se recibió la comunicación) "Tampoco podrán los jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del dia hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación. Sobre estos medios probatorios el Tribunal Sentenciador NO se pronuncio porque para ellos las actuaciones realizadas por los ahora encausados en su condición de Comisionados de CONATEL constituyen un hecho criminal. La defensa de nuestro patrocinado oferto los elementos probatorios que considero oportunos para que el Tribunal de Sentencia lograra tener de forma plena, completa todos los aspectos relacionados con los hechos que motivaron el presente juicio y propuso MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO TESTIFICAL: A los ciudadanos JA VIER HERNANDEZ FLORES, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica, ADAN EL VIR GERZHOFER Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio, DANERY ANTONIO MEDAL, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12, DIANA MAOMAR DE ASFURA, ELIAS ASFURA, de la Sociedad Mercantil ELDI S DE RL, DAVID MATAMOROS BATSON, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad ELDI S DE RL., MANUEL GAMERO(QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad ELDI S DE RL. el Tribunal de Sentencia no admitió ninguno de los testigos propuestos, tampoco admitieron el medio de prueba NUMERO DOS INSPECCION: 1) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el numero 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil ELDI S DE RL. contra La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONA TEL, a [m de comprobar los siguientes extremos: a) Que la demanda fue admitida sin suspensión del acto reclamado; b) Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejecuto la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, mediante la cual se le otorga el permiso para que preste el servicio de radiodifusión de televisión en canal 12 a la sociedad Mercantil EL DI S DE RL.; 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE RL. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Honduras, la pregunta de inmediato es porque los Jueces del Tribunal de Sentencia NO admitieron ningún medio de prueba que demostrara todos los aspectos relacionados a los hechos que motivan el juicio y al conflicto suscitado por la interpretación de leyes y la resolución acatada por mandato del Poder Judicial, para arribar a la conclusión que por el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo es que opera canal 12 de la Sociedad Mercantil ELDIS S DE R.L la cual no tuvo ninguna lesión o daño a bien jurídico alguno por las actuaciones realizadas por nuestro cliente, lamentablemente para el sistema de justicia en general y en particular para nuestro cliente ya había un prejuicio un prejuzgamiento, no podemos soslayar toda la carga mediática a que ha estado sometido por más de 10 años nuestro cliente. Es propicio mencionar que nuestro cliente es un abogado con amplia experiencia en el ejercicio de la profesión, se ha desempeño como funcionario judicial, Juez en varias ciudades del país, y conoce la fuerza ejecutoria de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada por eso su pronunciamiento quedo establecido en el acta de ejecución de la sentencia yen las inserciones de la comunicación devuelta al juzgado de su procedencia, su voluntad expresa de actuar conforme a la ley lo deja plasmado en la transcripción de los fundamentos legales de la opinión de la Dirección legal de la institución que presidia, aspectos que NO fueron considerados por el Tribunal Sentenciador, en franca vulneración a las reglas de la sana critica, por el contrario la jurisdicción de lo contencioso administrativo no descarto de plano los aspectos y fundamentos legales que plasmaron en los documentos públicos emitidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y se le dio curso a la litis, sustentada en un conflicto de interpretación de leyes entre la administración pública Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se aclaró por la Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha 12 de marzo del 2009 que interpreto que en el conflicto entre la Empresa Mercantil ELDI, S. DE R.L., la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Sociedad Mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A., finalizo mediante la sentencia de amparo que resolvió dejar en operación el canal 12 otorgado a la empresa ELDI S DE R.L. otorgado por sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Por las razones expuestas en este motivo de Casación, consideramos que el mismo es de recibo, y debe ser otorgada la Casación, anular la sentencia y en su oportunidad, con un Tribunal distinto al que conoció la causa realizar un nuevo debate. La NO utilización de la sana Crítica en la Valoración de las pruebas se hizo en el momento mismo de la emisión de la presente sentencia, es por ello que no se pudo utilizar ningún medio de impugnación, más que el que ahora estamos oponiendo por medio de este escrito.”El Recurrente Abogado Héctor Efraín Fortín Pavón, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE DEFENSA. PRECEPTO AUTORIZANTE: 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El artículo 82 de nuestra Constitución literalmente dice: “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señales las leyes” Al Abogado Rasel Tome le fueron inadmitidos los siguientes medios de prueba, los que nosotros en base al principio de comunidad de la Prueba hicimos nuestros, los medios de prueba propuestos y rechazados literalmente dicen: MEDIO DE PRUEBA “NUMERO DOS INSPECCIÓN: l) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2)… 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12.”.- Estos medios de prueba no fueron admitidos, violentándose el derecho de defensa de los imputados, al extremo que si hacemos el ejercicio de la Inclusión hipotética, al tomar como cierta la pretensión probatoria, HUBIERA CAMBIADO COMPLETAMENTE EL HECHO HISTORICO JUZGADO, pues el juzgador hubiera percibido por sus propios sentidos los objetos de prueba pretendidos con los medios de prueba denegados., llegando a la conclusión que la conducta realizada por los imputados, no es reprochable penalmente, no pudiendo demostrar su inocencia por la inadmisión de la prueba antes mencionada. PETICION: Por lo expuesto pido, admitir a trámite el presente motivo de casación por violación de Precepto Constitucional, darle el trámite correspondiente y oportunamente dictar sentencia declarando con lugar el recurso, dictando la sentencia que en derecho corresponda.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley: “II.- INTERPOSICION DE DOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA.. CONSIDERACIONES COMUNES, A LOS RECURSO DE INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA: “El concepto de ley sustantiva comprende no solo las normas incriminadoras, sino también las que establecen circunstancias, agravantes, calificantes, atenuantes o relativas a la penas o efectos penales; en suma, todas las cuestiones relativas a la configuración jurídica de los hechos de la causa, comprendidas en los conceptos de calificación, definición o subsunción legal…” (DE LA RUA FERNANDO.- LA CASACION PENAL.- Ediciones De Palma, Buenos Aires, Argentina, año 2000, p 46). PRIMER MOTIVO: POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: articulo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: INCORRECTA APLICACIÓN DEL ARTICULO 14 DEL CODIGO PENAL. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.- El artículo 14 del Código Penal, literalmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal". El Tribunal de sentencia afirma que todas las resoluciones dictadas por los acusados iban encaminadas a no cumplir la sentencia afirmando en los FUNDAMENTOS JURIDICOS, en el numeral “TERCERO, …, Estas acciones ejecutadas por los imputados se subsumen en el numeral l) del artículo 349 del Código Penal pues las mismas constituyen un evidente incumplimiento de los mandados judiciales (sentencia definitiva del 27 de marzo del 2007 y comunicación del ll de abril del 2008), las que los señores RASEL ANTONIO TOME FLORES, GUSTAVO ADOLFO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, como comisionados de CONATEL, emitieron intentando (letra aumentada, subrayada y negrita, es nuestra), en todo momento, obstaculizar los efectos y consecuencias de las decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de una forma encubierta y dotándola de apariencia de legalidad, lo cual fue claramente advertida y reprochada tanto por el Tribunal de Segunda Instancia como por el Tribunal de Casación.”.- Asimismo en el hecho PROBADO NOVENO de la sentencia impetrada, en la parte conducente dice: “…en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la Sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo.”.- Afirmamos que las actuaciones tenidas como hechos probados, aunadas a la fundamentación jurídica, expuesta por el tribunal de sentencia, no es contundente para afirmar la consumación del delito de abuso de autoridad, dado que el objetivo perseguida por los imputados según el tribunal de sentencia era no cumplir con lo ordenado en la sentencia, lo que no es correcto, pues un error material en la sentencia y el que fue corregido posteriormente por el juez sentenciador, sirvió de fundamento para la denegatoria provisional de la ejecutoria de dicha sentencia, siendo posteriormente cumplida, otorgando los títulos habilitantes ordenados con las correcciones del caso. APLICACIÓN PRETENDIDA: que se apliquen los artículos 15 y 16 del Código Penal, por considerar que los hechos probados son subsumibles en la figura o tipo de TENTATIVA DE ABUSO DE AUTORIDAD, pues independientemente que es un delito de actividad persigue un objetivo el que no se dio. El artículo 15 del Código Penal establece el grado de Ejecución de tentativa y literalmente dice: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. En este caso según los hechos probados declarados por el tribunal de sentencia, los acusados realizaron los actos necesarios que estuvieron a su alcance para impedir el resultado o cumplimento de la sentencia, dictando resoluciones no conformes a derecho, abusando de las atribuciones de su cargo.- El objetivo perseguido por los imputado según la sentencia recurrida es negarse a dar el debido cumplimiento a una sentencia y comunicación dictadas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en esta ultima el juez corrige un error cometido en la sentencia, específicamente en la parte resolutoria en el mandamiento, al hacer una mala descripción de la frecuencia otorgada y al final se corrige el error en los títulos habilitantes otorgados. El artículo 16 del Código Procesal Penal, literalmente dice: “Si la tentativa se efectuare con medio inadecuados o sobre objetos impropios, podrá atenuarse la pena o declararse no punible el hecho, según la peligrosidad revelada por su autor” .- Nuestro Código en este artículo establece la tentativa Inidónea o delito imposible.- Los imputados siempre entendieron la firmeza de la sentencia, lo que no entendieron o entendieron, fue el error en la parte dispositiva de la sentencia en cuanto que existía un error en la descripción de la frecuencia a otorgar, siendo lo lógico en estos casos pedir aclaración no suplir la voluntad del juez, como se pretende en la sentencia impetrada.- Los imputados sabían que la sentencia estaba firme y que su ejecución era imperativa, siendo inidóneos en caso de que se tengan por ciertos los hechos descritos en la sentencia, conducentes a evitar que esta se cumpliera, Honorables Magistrados hicieran lo que hicieran los imputados la sentencia la tenían que cumplir, tal como aconteció al final, otorgando los títulos habilitantes ordenados en la sentencia dictada en lo contencioso administrativo a favor de ELDI. S de R.L. PETICION: Pido admitir el presente motivo, darle el trámite correspondiente, declarándolo con lugar, procediendo a anular la sentencia y dictar la sentencia aplicando la figura de la tentativa y siendo esta inidónea, proceda a absolver a los imputados por no existir delito.” “SEGUNDO MOTIVO: POR INFRACCION DE LEY FALTA DE TIPIFICACION LEGAL. Precepto autorizante artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO.- El hecho probado sexto de la sentencia literalmente dice: SEXTO: “Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho,…, en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la Sentencia, advirtiendo por parte del Presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la Empresa Mercantil ELDI, S. DE R.L. el título habilitante consistente en la Licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la Sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaba las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la Sociedad Mercantil ELDI, S. DE R.L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia.” Los imputados como lo dice el hecho probado, cumplieron con lo ordenado en la sentencia, advirtiendo el error, pero así la cumplieron, otorgando los títulos habilitantes ordenados y posteriormente los corrigieron una vez corregida la sentencia. ¿Puede una persona requerida para que cumpla una sentencia, cambiarla o enmendarla? Si fuere positiva la respuesta, ¿entonces para qué existe la corrección y ampliación de las sentencias? y ¿la exclusividad de la función jurisdiccional.? Si fuere negativa la respuesta, DEBE DE CUMPLIRLA TAL COMO LO DICE EN SU PARTE DISPOSITIVA.- SI EL DISPOSITIVO ESTA MALO NO PUEDE CAMBIARLO, PUES ENTONCES SERIA PROCESADO POR ABUSO DE AUTORIDAD DE OTRO NUMERAL. En nuestro sistema procesal, una sentencia no se puede cambiar, puede ser corregida o ampliado, pero jamás cambiada, ¿Quién la corrige o amplia?, el juez que la dicto ninguna otra persona, el que lo haga comete delito, el juez no puede cambiarla, pero sí: “…aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación.” La sentencia fue cumplida tal como fue dictada, existían errores fueron corregidos mediante un recurso, igual los títulos habilitantes con las frecuencias ordenadas en el recurso de casación y amparo según la sentencia dictada. Tampoco puede tipificarse el delito en el hecho de haber otorgado la frecuencia antes de haberse dictada el recurso de casación, pues no existía al respecto ninguna prohibición, según constancia extendida por la Corte de Apelaciones. - NO ESTANDO LA SENTENCIA FIRME EN AQUEL MOMENTO. La hipótesis del articulo 349 No1, del Código Penal, no se tipifica dado que en todos los momentos se cumplió con la sentencia, con el error y corregido el error, NO EXISTIENDO DELITO, sino una racional discrepancia por el error contenido en la parte resolutoria de la sentencia.

La Honorable Corte Suprema de Honduras por medio de la sala penal, en un recurso de casación por el delito de Abuso de Autoridad ha dicho el art 410 del código penal español, (que sanciona una conducta muy similar a la descrita en el artículo 349 No. 1) del código penal hondureño) al castigar el comportamiento de los funcionarios o empleados públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. El autor antes referido añade que, sin embargo, en otros ordenamientos que están construidos más al servicio de los ciudadanos que al de la misma Administración, sí se contempla un tipo autónomo de re tardo, es el caso del artículo 328. 1 del Código Rocco en Italia que preceptuaba lo siguiente: “El funcionario o encargado de un servicio público que indebidamente deniega, omite o retarda un acto de oficio o del servicio será castigado con la pena de reclusión de hasta un año o multa de hasta cuatrocientos mil liras”, precepto que posteriormente ha sido modificado en los siguientes términos: “Fuera de los casos previstos en el primer párrafo de éste artículo, el funcionario o encargado de un servicio público que en el plazo de treinta días desde que fuera requerido para ello, no realice el acto sin haber expuesto lo pertinente sobre las razones del retardo, será castigado con la pena de reclusión de hasta un año o multa de hasta dos millones de liras. El requerimeinto deberá haber sido efectuado por escrito, comenzando a transcurrir el término de treinta días desde el momento de la recepción del requerimiento”. Sobre el problema del retardo, ALVAREZ GARCIA sigue explicando que éste se verifica cuando el funcionario público no realiza el acto debido en el plazo prescrito (cuando hay señalado un término o con la celeridad que exige un correcto funcionamiento de la Administración... (casación Penal 11.-2015. Sentencia del 12 de enero de 2016). Concordante con esta jurisprudencia la mencionada por el tribunal de sentencia en el hecho segundo cuando literalmente dice: “…; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (crf. CREUS, CARLOS; Derecho penal- parte especial... ) Honorables Magistrados, la sentencia dictada contenía un error, material según el juez, extremo no pacifico pues consideramos que la sentencia es un reflejo de lo acontecido en el juicio con una decisión ante las posiciones contrapuestas, ¿QUE ACONTECE CUANDO ESTE REFLEJO ES ENPAÑADO POR UNA INCONSISTENCIA EN LA PARTE RESOLUTIVA?, problema resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante los recursos correspondientes.- UNA VES FIRME LA SENTENCIA Y CORREJIDO EL ERROR FUE EJECUTADA, TAL COMO QUERIA EL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, A PESAR DE NO HABER SIDO CLARO, CONCISO Y CONCRETO EN SU SENTENCIA COMO LO MANDA LA LEY, no teniendo los actos juzgados reproche penal. PETICION. Pido admitir el presente motivo, darle el trámite correspondiente, declarándolo con lugar, procediendo a anular la sentencia y dictar la sentencia declarando la atipicidad del hecho histórico juzgado y dictar una sentencia absolutoria a favor de los imputados.” Sigue manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “III.- MOTIVOS DE CASACION: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Para los efectos de estos motivos, se cita como infringido, el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual dice: "Valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.", así mismo los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal, remarcan este mandato, al mencionar en su contenido, que las pruebas que sirven de fundamento a la sentencia deben ser evaluadas conforme a la Sana critica. PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- VIOLACION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, A LAS REGLAS DE LA LOGICA AL VIOLENTAR EL PRINCIPIO DE DERIVACION O RAZON SUFICIENTE.. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 NO 3), del Código Procesal Penal DESARROLLO DEL MOTIVO. "En el proceso penal no puede tenerse algún hecho por cierto como un artículo de fe, sino que por el contrario toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada.- Los hechos probados deben tener sustento probatorio siempre.- La afirmación de culpabilidad o inocencia, debe estar respaldada por elementos de prueba por imperativo constitucional." (FRANCISCO DALL'ANESE.- TEMAS DE CASA CION PENAL.- Edic Editores. Ira Ed. San Jose Costa. Rica 1991.p 35) La sentencia impugnada tergiversa en la fundamentación fáctica narrada, el hecho histórico investigado (ver pps 54, 55 y subsiguientes), específicamente en el desarrollo cronológico de los mismos: afirma en la sentencia impugnada en su fundamentación jurídica que los comisionados al emitir la resolución AS 122/08 de fecha 8 de abril del 2008, incumplieron la sentencia, cuando en realidad más bien la cumplieron al otorgar los títulos habilitantes tal como lo mandaba la parte resolutoria de la sentencia, en donde el juez cometió un error al determinar las frecuencia, en fecha ll de abril del mismo año CONATEL, devuelve la comunicación y en la misma fecha el Juzgado de lo Contencioso administrativo dicta resolución dando un plazo de cinco días a dicha Institución para que cumpla con la sentencia con carácter de firme, las partes involucradas interponen una serie de recursos los que son declarados sin lugar, procediendo CONATEL, por intermedio de sus comisionados a enmendar los errores de los títulos habilitantes extendiéndolos tal como los manda la sentencia enmendada, a todo esto, de hecho el canal está funcionando.- VIOLACION AL PRINCIPIO DE DERIVACION O RAZON SUFICIENTE.- El juzgador afirma que la sentencia fue incumplida en base a todos los documentos y actuaciones judiciales realizadas por las partes en aras de sus intereses, una para que se ejecutara y la otra aduciendo no ser ejecutable, interposición de recursos etc, el plazo de cinco días concedido por el Juez de lo Contencioso Administrativo para que se ejecutara la sentencia, ¿ desde cuando empezaron a correr? , ¿Cuándo se vencieron? , ¿cumplió CONATEL, con la sentencia? ¿estaban vencidos los cinco días cuando CONATEL cumple con la sentencia?, ¿se interrumpieron los términos por la interposición de los diversos recursos?, al hacer estas preguntas el Juzgador deberá contestarlas basándose en la prueba aportada, derivando de ella los hechos que le contesten las preguntas anteriormente formuladas.- Al revisar la fundamentación no existe ningún documento que nos diga si existió incumplimiento de plazo de parte de CONATEL, no pudiendo al momento de VALORAR LA PRUEBA derivar en forma razonable y coherente dicha afirmación, conformándose más bien en hacer una serie de elucubraciones mentales, con las que trata de justificar la falta de voluntad de parte de CONATEL, de cumplir con la sentencia, cuando lo que existe en dicho expediente es una interpretación errónea de unas de las partes de determinadas leyes, conjeturando más bien el dolo de los imputados a partir de estas, lo que es improcedente.- NO PUDIENDO DERIVAR DE NINGUNO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA DICTAR LA SENTENCIA DE PARTE DE CONATEL, violando el consecuencia las reglas de la Lógica, ESPEFICAMENTE EL PRINCIPIO DE DERIVACION O RAZON SUFICIENTE, LOS JUZGADORES AL HACER SUYOS LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA DICTÁR SENTENCIA CONDENATORIA EN PENAL, no existiendo ningún elemento probatorio del cual se pueda derivar de forma certera el incumplimiento de la sentencia. PETICION: Pido admitir el presente motivo, darle el trámite correspondiente, declarándolo con lugar, procediendo a decretar la nulidad de la sentencia por no estar dictada conforme a derecho, ordenando que se celebre otro debate con jueces diferentes a los que la dictaron.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, VIOLACION A LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA. - LAS SENTENCIAS DEBEN TENER VIDA POR SI SOLAS, NO TIENE QUE RECURRIRSE AL JUICIO O EXPEDIENTE PARA EJECUTARLAS O ENTENDERLAS Y DEBEN DE SER REDACTADAS DE TAL FORMA QUE UNA PERSONA DE CULTURA MEDIA PUEDA ENTENDERLAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 No 3, del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia impetrado en el hecho OCTAVO DICE y en LA VALORACION DE LA PRUEBA, pagina 39 en lo conducente dice: Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la Sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia intima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones entendemos lo manifestado, pero debe exteriorizarlo, no quedándose con los argumentos en mente, pues para poder atacarlos en cualquier recurso necesitamos conocerlos. Los juzgadores toman como ciertas las afirmaciones realizadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que los imputados le manifiestan al devolver la comunicación de ejecución que existe un error en la sentencia, pero que no pueden variarla o corregirla, dándole cumplimiento, el juez contencioso administrativo les contesta que la sentencia puede estar mala en la parte resolutoria, pero que en el expediente está la solicitud, y que pudieron adecuarla a la misma, no siendo en consecuencia el error cometido al dictar la esencial.- Las sentencias se cumplen, tal como son dictadas, teniendo sustentación propia no requiriendo leer o consultar el expediente para conocer su alcance, tal como lo expreso el JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y es aceptado por el tribunal sentenciador.- Creemos que tales afirmaciones pueden ser validas legalmente por estar avaladas por resoluciones judiciales, PERO EN MATERIA PENAL, en base al principio de CONTRADICCION QUE RIGE, el contradictorio y las máximas de la experiencia que fueron violadas, deben ser analizadas y no ser validas per se , por ser erróneas e ilógicas, no pudiendo servir como fundamento factico para dictar una sentencia condenatoria, pues un error en materia civil o contencioso administrativa, no puede ser avalado por la jurisdicción penal, donde todo puede ser debatido salvo las presunciones legales ya establecidas por la ley, pues penalmente no se persiguen interese políticos ni económicos sino privar de los bienes más valiosos que tiene el hombre, SU LIBERTAD, SU HONOR y HONESTIDAD, debiendo provocar la prueba debidamente analizada la certeza, pero no violando las reglas de la sana critica, específicamente las máximas de la experiencia este caso la de que LAS SENTENCIAS DEBEN TENER VIDA POR SI SOLAS, NO TIENE QUE RECURRIRSE AL JUICIO O EXPEDIENTE PARA EJECUTARLAS O ENTENDERLAS Y DEBEN DE SER REDACTADAS DE TAL FORMA QUE UNA PERSONA DE CULTURA MEDIA PUEDA ENTENDERLAS.- Al tomar los juzgadores toda la prueba presentada como cierta, existe contradicción pues en los documentos judiciales y administrativos que ellos tienen como ciertos, son contradictorios, basta ver las resoluciones dictadas por CONATEL y el Juez de lo Contencioso, para entender las posiciones contrapuestas.- EN CONSECUENCIA AL HACER SUYAS TODA LA PRUEBA QUE SUSTENTA LA SENTENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, los juzgadores violan la máxima de la experiencia invocada, dado que en materia penal están vigentes principios diferentes a los de materia administrativa, buscando los primeros la protección de los derechos fundamentales de los imputados, en este caso su libertad. PETICION: Pido admitir el presente motivo, darle el trámite correspondiente, declarándolo con lugar, procediendo a decretar la nulidad de la sentencia por no estar dictada conforme a derecho, ordenando que se celebre otro debate con jueces diferentes a los que la dictaron”. IV. Fundamentación. Motivos de casación interpuesto por los Abogados Darwin Lindolfo Garcia y Mario Hernán Sorto Deras, en su condición de Defensores Privados del señor Rasel Antonio Tomé Flores. Motivo Único: Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de Derecho de Defensa. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al Artículo 82 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Resumen. El Abogado Rasel Antonio Tome Flores propuso medios de prueba útiles, pertinentes que fueron inadmitidos por el Tribunal de Sentencia, entre los cuales mencionamos medios de prueba propuestos y rechazados literalmente dicen: I) Medio de Prueba Numero Uno Testifical: De los ciudadanos: 1) Javier Hernández Flores, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica; 2) Adán Elvir Gerzhofer Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio; 3) Danery Antonio Medal, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12; 4) Diana Maomar de Asfura; 5) Elías Asfura, de la Sociedad Mercantil Eldi S De R.L; 6) David Matamoros Batson, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad Eldi S De R.L., 7) Manuel Gamero (QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad Eldi S De R.L. el Tribunal de Sentencia no admitió ninguno de los testigos propuestos; II) Tampoco admitieron el medio de prueba Numero dos. Inspección: 1) En la instalación de Canal 12 de la Empresa Eldi S De R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el número 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil Eldi S De R.L. contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a fin de comprobar los siguientes extremos: a) Que la demanda fue admitida sin suspensión del acto reclamado; b) Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejecuto la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, mediante la cual se le otorga el permiso para que preste el servicio de radiodifusión de televisión en canal 12 a la sociedad Mercantil Eldi S De R.L.; y, III) En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil Eldi S De R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12. Medios de prueba que no fueron admitidos, violentándose el derecho de defensa de los imputados. Al hacer el ejercicio de la Inclusión hipotética, al tomar como cierta la pretensión probatoria, hubiera cambiado completamente el hecho histórico juzgado, pues hubiera llegado a la conclusión que la conducta realizada por los imputados, no es reprochable penalmente. Concepto General del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Del derecho de defensa deriva del derecho de contradicción o audiencia, de igualdad de armas procesales, derecho a proponer pruebas, formular alegatos y de impugnar resoluciones, derecho a que el juicio se desarrolle en un plano de igualdad frente al poder punitivo del Estado. En este caso el recurrente considera infringidos el derecho de defensa, en virtud que al acusado Rasel Antonio Tomé Flores le fueron inadmitidos por el Tribunal de Sentencia, medios de prueba que estima útiles, necesarios y pertinentes siguientes: I) Medio de Prueba Numero Uno Testifical: De los ciudadanos: 1) Javier Hernández Flores, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica; 2) Adán Elvir Gerzhofer Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio; 3) Danery Antonio Medal, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12; 4) Diana Maomar de Asfura; 5) Elías Asfura, de la Sociedad Mercantil Eldi S De R.L; 6) David Matamoros Batson, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad Eldi S De R.L., 7) Manuel Gamero (QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad Eldi S De R.L. el Tribunal de Sentencia no admitió ninguno de los testigos propuestos; II) Tampoco admitieron el medio de prueba Numero dos inspección: 1) En la instalación de Canal 12 de la Empresa Eldi S De R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el número 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil Eldi S De R.L. contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a fin de comprobar los siguientes extremos: a) Que la demanda fue admitida sin suspensión del acto reclamado; b) Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejecuto la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, mediante la cual se le otorga el permiso para que preste el servicio de radiodifusión de televisión en canal 12 a la sociedad Mercantil Eldi S De R.L.; y, III) En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil Eldi S De R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12.- Medios de prueba que no fueron admitidos, violentándose con ello el derecho de defensa de los imputados. Esta Sala al analizar los antecedentes del caso, encuentra que los medios de prueba las razones vertidas por el tribunal de instancia para rechazar los medios de prueba testifical e inspecciones preinsertos y relacionados, son perfectamente válidas, legales y pertinentes en virtud que con ellas el acusado prende acreditar razones técnicas y legales por las que no se dio efectivo cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de marzo de 2007, en la que ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) conceder a la Empresa Eldi S De R.L, los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. Esta Sala considera que el acusado Rasel Antonio Tomé Flores, y los demás integrantes de este órgano colegiado, desconocen el contenido del fallo manifestando en dicha inserción a la comunicación librada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que “lo ordenado en el numeral 2 del ordinal segundo en cuanto a la Red de enlace de Microondas en la Banda 4.4-4-9 GHZ es de imposible ejecución, en virtud de no existir disponibilidad del espectro radioeléctrico en dicha banda, por estar asignadas todas las frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la Sociedad Eldi, S. de R.L. y el que se encuentra totalmente saturado”. Esta Sala deduce que el acusado señor Rasel Antonio Tomé Flores, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) nunca tuvo la intención de cumplir con la sentencia al haber adjudicado con anterioridad la Banda 4.4-4-9 GHZ del espectro radioeléctrico a una empresa distinta a la Sociedad Eldi, S. de R.L. En este caso, el acusado ha estado representado por su Abogado Defensor Privado, en igualdad de condiciones que el Fiscal del Ministerio Público, ha tenido derecho a presentar incidentes, medios de pruebas útiles, pertinentes, alegaciones y presentación de recursos, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa del señor Rasel Antonio Tomé Flores consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Recurso de Casación de infracción de ley, por aplicación Indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen. Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 349, numeral 1 del Código Penal, que textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. El artículo 32 del Código Penal: "Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” En los hechos del proceso, no se demostró que los actos realizados por el señor Rasel Antonio Tomé Flores reúnan los presupuestos de la norma penal. El Juzgador infringe la norma al aplicarla, distorsionando y forzando los hechos, porque no se cumplieron la totalidad de los requisitos que conforman los elementos del delito de "Abuso de autoridad", elementos que deben concurrir en su totalidad para que se pueda calificar que existió la conducta acusada. Si solo faltare uno de tales elementos el delito este no existiría. Para que se presente la parte objetiva del tipo es necesario que se pueda achacar, la literalidad de una norma penal, a determinada acción humana, desde un punto de vista ceñido a las pretensiones de la parte acusadora, como es el señalamiento de realizar el acusado actos externos propios de ''negarse a dar el cumplimiento a la sentencia". En el debate oral se presentó la documentación correspondiente a los actos realizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, con respecto a la demanda interpuesta por la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. Refiere que al haber sido recibida la sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil siete, se procedió en tiempo y forma a celebrar sesión por los Comisionados de CONATEL, siendo el acusado Rasel Antonio Tomé Flores su Presidente, la cual se encuentra en el Acta No.590, sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS122/08” en la que se establece: "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo………misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Resuelve:. Primero: Deje sin valor ni efecto .................Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC"……. La imputación que hace el Ministerio Publico contra el acusado Rasel Antonio Tome Flores es que se negó a cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la que se ordenó otorgar el canal de televisión 12 a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. pero como quedo establecido de manera objetiva a nivel de certeza absoluta, el señor Rasel Antonio Tome Flores, en su condición de Presidente de CONATEL convocó y presidio la sesión extraordinaria de fecha ocho de abril del 2008, Acta 590 Resolución AS1122/08 (folios 75 al 85) en la que se cumplió taxativamente el fallo de la sentencia recibida y se devolvió en tiempo y forma al Juzgado, por lo que el Ministerio Publico no acredito la existencia de uno de los elementos del delito, cual es la Tipicidad. Los Señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, en su condición de Comisionados de CONATEL en la sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la Sentencia, advierten por parte del Presidente de CONATEL que el fallo tiene un error material por cuando ordenaba a otorgar a la Empresa Mercantil ELDI S. DE R.L. el título habilitante o Licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF, canal 12 opera en la frecuencia 204-210 1VFHZ por lo que estimaron que la Sentencia adolecía de aplicabilidad. Se les envió el expediente administrativo donde constaba las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la Sociedad Mercantil ELDI S. DE R.L., los Comisionados decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia. En el acta de la Sesión extraordinaria realizada por la CONATEL que presidia por el acusado Rasel Antonio Tome Flores, en resolución AS122/08 se establece: "vista para su cumplimiento la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ............ misma que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; que se cumplió con la sentencia, en atención al artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su párrafo primero textualmente dice : "Luego que sea firme la sentencia, el Tribunal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, ordenara su ejecución por medio del órgano correspondiente, al cual se le librara comunicación para que adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo….” En el caso que nos ocupa el acusado Rasel Antonio Tomé Flores en su condición de Presidente CONATEL, como funcionario público estaba sujeto al mandato de la Constitución de la República, artículo 323 que literalmente dice: "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito". Los actos que le correspondían realizar se encuentran ordenados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, capítulo tercero, Ejecución de la Sentencia, articulo 95, 96, por lo que el acusado procedió al fiel cumplimiento de la sentencia. El Juzgador hace el siguiente agregado extensivo siguiente: "aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año había otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia". Aspectos que no forman parte del presupuesto del tipo penal de Abuso de Autoridad, objeto del presente juicio, esta es una aplicación que se aparta de los elementos del tipo, al ser conjeturas y valoraciones subjetivas exógenas al tipo penal, que indebidamente fueron aplicadas a las normas jurídicas por las que se ha condenado al señor Rasel Antonio Tomé Flores, hechos atípicos, dado que ejecutó la sentencia cumpliendo las declaraciones contenidas en el fallo, por lo que no se dan los presupuestos del tipo penal del Articulo 349 numeral 1) del Código Penal. Concepto General del Recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto Especifico. El acusado Rasel Antonio Tomé Flores cumplió la Ley, por lo que no se da la parte objetiva del tipo penal de Abuso de Autoridad, que textualmente dice: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales. Al no cumplirse con la parte objetiva, no podría sostenerse la existencia del tipo penal el acusado. De la Procedencia Recurso. el Recurso No es de Recibo. El motivo de casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 349, numeral 1 del Código Penal, que textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. El cuadro factico del fallo declara terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando numero 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo”, se encuadran perfectamente en lo dispuesto en el artículo 349, numeral 1 del Código Penal, que textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”, que exige para su consumación que el sujeto activo haya en este caso, cumplido plenamente con todo el contenido de la sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pus aunque CONATEL decide extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, por lo que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal y misma frecuencia. Y en virtud que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital, se opone a lo que establece la sentencia, y a lo pedido en vía administrativa, o sea dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ, por lo que CONATEL incumplió el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia.” Por todo lo anterior, esta Sala concluye que el acusado señor Rasel Antonio Tome Flores, en su condición de Comisionado Presidente de CONATEL ha realizado todos los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación legal del delito de Abuso de Autoridad. Recurso de Casación de infracción de ley, por aplicación Indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen. Infracción de Ley por aplicación Indebida del artículo 349 numeral 1 del Código Penal. El principio de lesividad se encuentra plasmado en el Articulo 2-C y ordena que: "No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal." No obstante que, en los hechos del proceso, no se pudo demostrar que el acusado Rasel Antonio Tomé Flores, Presidente de CONATEL haya incurrido en la norma penal, el artículo 2-C establece el principio de lesividad, norma que el tribunal de juicio infringe al no valorar objetivamente que no hubo lesión de bien jurídico. No se cumple la totalidad de los requisitos que conforman los elementos del delito "Abuso de autoridad" de que se le acusa. El Tribunal no aprecia las inserciones establecidas en la comunicación que se devuelve al juzgado en fecha 18 de abril del año 2008 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en que el acusado en su condición de Presidente de CONATEL, en la sesión realizada por la CONATEL contesta en tiempo y forma la comunicación, relacionando que ante la insinuación del Juzgador de que CONATEL incurra en el delito de modificar una sentencia, se encuentran como funcionarios públicos sometidos a la ley y que habiendo ordenado escuchar las opiniones técnicas de la Dirección Legal, y establece los fundamentos legales entre estos el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo textualmente dice: "Las partes podrán solicitar la aclaración o adición de las sentencias en los términos previstos en la legislación procesal civil." Y, en cuanto a la aclaración de la sentencia cita el artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes vigencia en el momento en que se recibió la comunicación, que dice "Tampoco podrán los jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación.” CONATEL en forma colegiada luego de recibir la opinión de la Dirección legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, informa que conforme a la legislación vigente no tiene facultades para modificar una sentencia firma pasada en autoridad de cosa juzgada, procede a cumplimentar la comunicación en tiempo con las inserciones legales correspondientes, en el sentido que el Tribunal de Sentencia estaba obligado a analizar los actos realizados por CONATEL, en el momento de recibir la comunicación, realizar la sesión y pronunciarse en resolución con inserciones del caso, en que desarrolla los fundamentos de hecho y derecho para pronunciarse en ese sentido, realizados con fundamento en la Constitución de la República, Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimientos Comunes y Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, por lo que estaba obligado el Tribunal de Sentencia a concluir que los actos realizados por el acusado estaban amparados en una interpretación de las normas jurídicas, por lo que en la sesión realizada en CONATEL sus miembros actuaron era en el marco de sus atribuciones lo que no origina un hecho criminal, por lo que aun estando en curso en el ámbito jurisdiccional la sentencia de 12 de marzo de 2009 el derecho penal el Ministerio Publico presento Requerimiento fiscal contra CONATEL, y en el debate de juicio oral y público la parte acusadora no acredito la existencia de uno de los elementos del delito, porque CONATEL resolvió otorgar a la empresa ELDI S DE R.L, la licencia para canal de televisión 12, por lo que no hay Tipicidad en la parte objetiva del tipo, tampoco por supuesto la parte subjetiva del tipo, pues no fue probado que el acusado haya lesionado o perjudicado a la Sociedad ELDI S DE R.L que si obtuvo el canal y posteriormente lo vendió al contrario obtuvo provecho económico, y mucho menos a la Administración Pública. Sus actuaciones estaban sustentadas en la responsabilidad como funcionario público Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en cumplimiento de la comunicación sin ánimo doloso de querer lesionar la administración pública por lo que no se configura dolo en la actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, Los aspectos que relacionan el Tribunal Sentenciador NO forman parte del presupuesto del tipo penal de Abuso de Autoridad. Concepto General del Recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto Especifico. El acusado Rasel Antonio Tomé Flores, Presidente de CONATEL no comete el delito de Abuso de Autoridad, tipificado en el artículo 349 numeral 1 del Código Penal, debido a que el tribunal de juicio no valora objetivamente que no hubo lesión alguna a bien jurídico, de conformidad a lo que dispone el artículo 2-C del Código Penal que establece el principio de lesividad. No hay Tipicidad en la parte objetiva ni subjetiva del tipo penal de Abuso de Autoridad, pues no fue probado que el acusado haya lesionado o perjudicado a la Sociedad ELDI S. DE R.L empresa que obtuvo el canal y posteriormente lo vendió, por el contrario, obtuvo provecho económico, y tampoco se ha perjudicado a la Administración Pública. Las actuaciones del acusado estaban sustentadas en la responsabilidad que corresponde como funcionario público Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quien actúa en cumplimiento de la comunicación, sin ánimo doloso de lesionar a la administración pública, por lo que no se configura dolo en la actitud subjetiva de decidir y seleccionar medios para la ejecución de una acción, por lo que los aspectos que relaciona el Tribunal Sentenciador no forma parte del presupuesto del tipo penal de Abuso de Autoridad. De la Procedencia Recurso. El recurso no es de recibo. El motivo de casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 349, numeral 1 del Código Penal, que textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. El cuadro factico del fallo declara terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando numero 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo”. Los Hechos declarados probados por el Juzgador se encuadran perfectamente en lo dispuesto en el artículo 349, numeral 1 del Código Penal, que textualmente dice: "Articulo 349.- Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”, que exige para su consumación que el sujeto activo haya en este caso, cumplido plenamente todo el contenido de la sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues aunque CONATEL decide extender el Título habilitante a favor de la Empresa ELDI, S. DE R.L., el acusado Rasel Antonio Tome Flores, Presidente de CONATEL, y otros comisionados sabían que el Canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión en la frecuencia 206-210 MHz, dado que en fecha 15 de febrero de ese año ya la Junta Directiva de Conatel había otorgado licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHZ a una persona jurídica distinta, por lo que no podían operar dos personas jurídicas en el mismo canal y frecuencia. Y en virtud que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital, se opone a lo que establece la sentencia, y a lo pedido en vía administrativa, o sea dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ, por lo que CONATEL incumplió el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia.” Esta Sala concluye que el incumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al asignar la Licencia para operar al Canal 12 a la empresa ELDI S. de R.L. en una frecuencia y rango de banda distinto a lo ordenada en dicha sentencia judicial, causa efectiva lesión al bien jurídico de una sana y recta Administración Pública, por lo que el acusado Rasel Antonio Tome Flores, en su condición de Comisionado Presidente de CONATEL ha ejecutado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. La declaración de hechos Probados está en base a medios probatorios no incorporados legalmente a juicio. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen. Hechos probados en base a medios probatorios no incorporados legalmente a juicio. Los hechos probados deben efectuarse sobre la base del análisis y valoración de las diligencias probatorias, evacuadas en juicio, deben de dar una visión lo más clara posible de lo que el Tribunal considera que ha acontecido. En el acta debate o juicio oral y público se constata que el Ministerio Publico al inicio del debate oral introduce como incidente un elemento probatorio simulado que no tiene vinculación con los hechos que motivaron el presente proceso penal, que consiste en la Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en que se hace constar que el Estado de Honduras fue condenado a pagarle L. 16,498,498.58 a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L.- Falta a la verdad el Ministerio Publico, y de manera oral expresa que este pago de perjuicios al Estado por la cantidad antes mencionado nace por el incumplimiento de la sentencia. En el momento procesal oportuno la defensa rechazo este medio de prueba porque dicha constancia no corresponde a los hechos controvertidos en el presente proceso, pues nunca hubo daños y perjuicios en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete (Ver folio 20-36), relacionada en el hecho sexto, de la sentencia impugnada. Los agentes del Ministerio Público estaban obligados a respetar el principio de lealtad con la justicia ya que estaban presentando una prueba falsa al Tribunal de Sentencia, con la que se violentaría el debido proceso, el contradictorio entre las partes, por lo que la defensa pidió al Tribunal que no se admitiera, y si la consideraba de utilidad ordenara una inspección en las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. El Tribunal declaro sin lugar la oposición, se negó a practicar la inspección y ordeno la admisión de la constancia emitida por el Jefe de contabilidad de CONATEL, por lo que desde ese momento el Tribunal de Sentencia contamino el debate oral, y conscientemente violentó el artículo 311 del Código Procesal Penal. Lecturas autorizadas. El tribunal de sentencia deja al acusado Rasel Antonio Tome Flores en estado de indefensión por no permitirle contradicción con el elemento probatorio falso, alejado de los hechos del proceso presentado por el Ministerio Publico, por lo que la defensa en la audiencia de individualización de la pena aclaró que la constancia presentada con deslealtad a la justicia por el Ministerio Publico se origina en hechos relacionados con otra demanda promovida por la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L para la nulidad parcial de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y pago de daños y perjuicios presentada ante el Juzgado en fecha 17 de diciembre del 2010, sobre hechos sucedidos en los meses de enero a noviembre del año del 2010 en la ciudad de San Pedro Sula, con lo cual quedo claramente demostrado que no tenía ninguna relación con los hechos que motivan el presente proceso penal. Concepto General del Recurso. “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se bese en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo; o b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. a) Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción del precepto constitucional, específicamente cuando se invoque la conculcación de la presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral. b) Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y en otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[2] Concepto específico: Los hechos probados del juicio se elaboran en base a medios probatorios no incorporados legalmente a juicio. El Ministerio Publico al inicio del debate oral introduce como incidente un elemento probatorio simulado consistente en la Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en que se hace constar que el Estado de Honduras fue condenado a pagarle L. 16,498,498.58 a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L., pero nunca hubo daños y perjuicios en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, relacionada en el hecho sexto, de la sentencia impugnada. El Tribunal declaro sin lugar la oposición, se negó a practicar la inspección y ordeno la admisión de la constancia emitida por el Jefe de contabilidad de CONATEL, por lo que desde ese momento el Tribunal de Sentencia contamino el debate oral, y conscientemente violentó el artículo 311 del Código Procesal Penal. Lecturas autorizadas. Quedo claramente demostrado que la Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no tenía ninguna relación con los hechos que motivan el presente proceso penal. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que el medio de prueba consistente la Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), introducida por el Ministerio Publico al inicio del juicio como incidente, en que se hace constar que el Estado de Honduras fue condenado a pagar L.16,498,498.58 a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L., pero nunca hubo daños y perjuicios en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, relacionada en el hecho sexto, de la sentencia impugnada; asimismo alega que el Tribunal declara sin lugar la oposición, al negarse a practicar una inspección a CONATEL y ordeno la admisión de la constancia en mención, por lo que considera que el tribunal violentó el artículo 311 del Código Procesal Penal, de las lecturas autorizadas, por no tener dicha constancia ninguna relación con los hechos que motivan este proceso. Esta Sala considera que, los hechos declarados probados por el tribunal son intangibles e inalterables en casación, por lo que no procede atacar el cuadro fáctico en forma directa. El ataque recursivo va dirigido concretamente a la elaboración del cuadro fáctico de la sentencia recurrida a consecuencia de la admisión en fase incidental del medio de prueba documental denominado “Constancia emitida por el Jefe de Contabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)”, al Ministerio Publico que hace constar que el Estado de Honduras fue condenado a pagar L.16,498,498.58 a la Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L., y con ella haber formado el conocimiento del caso. Esta Sala considera que en su momento el Tribunal de juicio declara la pertinencia y utilidad del medio de prueba documental de reproche, estimando que tiene relación directa o indirecta con el objeto principal del proceso, por lo que al haber sido admitido y valorado por el tribunal para con ella formar su convicción judicial junto al resto de prueba, el tribunal no ha infringido norma procesal alguna, todo ello con fundamente en lo dispuesto en el artículo 311.4 del Código Procesal Penal, que faculta al órgano jurisdiccional a su incorporación por lectura autorizada, por lo que en este caso la sentencia impugna no adolece del defecto o vicio de forma que invalide la sentencia, por tratarse de un medio probatorio legalmente incorporado al juicio. Recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Segundo Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. Resumen. No haber observado el tribunal sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica, debido a que por el hecho de la presentación de un documento pretendiendo probar alguna circunstancia en específico no es suficiente para que ya se encuentra acreditado, se debe establecer el nexo lógico con los demás elementos probatorios para arribar a una conclusión. En el caso que nos ocupa se encuentran documentos públicos que constituyen prueba en común. El señor Rasel Antonio Tomé Flores, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, al recibir la comunicación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, convoco a una sesión de la que se levantó el acta Numero 590 sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS 122/08 en la que se establece: “…………Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, Permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC”. También se encuentra como prueba en común la comunicación que se devuelve al juzgado en fecha 18 de abril del año 2008 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en la que el acusado en su condición indicada, en la sesión realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contesta en tiempo y forma la comunicación, estableciendo en las inserciones de dicha comunicación. En cuanto a la aclaración de la sentencia cita el artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes (que se encontraba en vigencia en el momento en. que se recibió la comunicación) "Tampoco podrán los jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas, pero si aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación.” Sobre estos medios probatorios el Tribunal Sentenciador no se pronunció porque para ellos las actuaciones realizadas por los encausados en su condición de Comisionados de CONATEL constituyen un hecho criminal. La Defensa de del señor Rasel Antonio Tome Flores, en su condición indicada ofertó los elementos probatorios que considero oportunos para que el Tribunal de Sentencia lograra tener de forma plena, completa todos los aspectos relacionados con los hechos que motivaron el presente juicio y propuso MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO TESTIFICAL: A los ciudadanos JAVIER HERNANDEZ FLORES, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica, ADAN ELVIR GERZHOFER Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio, DANERY ANTONIO MEDAL, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12, DIANA MAOMAR DE ASFURA, ELIAS ASFURA, de la Sociedad Mercantil ELDI S DE RL, DAVID MATAMOROS BATSON, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad ELDI S DE RL., MANUEL GAMERO (QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad ELDI S DE RL. Pero el Tribunal de Sentencia no admitió ninguno de los testigos propuestos, tampoco admitieron el medio de prueba NUMERO DOS INSPECCION: 1) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el número 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil ELDI S DE RL. contra La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a fin de comprobar los siguientes extremos: a) Que la demanda fue admitida sin suspensión del acto reclamado; b) Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejecuto la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, mediante la cual se le otorga el permiso para que preste el servicio de radiodifusión de televisión en canal 12 a la sociedad Mercantil EL DI S DE RL.; 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE RL. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Honduras. En su pronunciamiento quedo establecido en el acta de ejecución de la sentencia y en las inserciones de la comunicación devuelta al juzgado de su procedencia, su voluntad expresa de actuar conforme a la ley lo deja plasmado en la transcripción de los fundamentos legales de la opinión de la Dirección legal de la institución que presidia, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal Sentenciador, en franca vulneración a las reglas de la sana critica. Concepto General. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es este último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 2 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Art. 363 4) “El tenor literal de este precepto es el siguiente: Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales. Tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en casos de condena. En este artículo se incorporan una serie de motivos que dan lugar a casar la sentencia recurrida, cuando se constate la existencia de determinados vicios formales cometidos por omisión en su parte resolutiva. En estos motivos de casación se ataca directamente el fallo, por lo que se presupone que la parte recurrente acepta la declaración de hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia. Las omisiones han de tener cierta entidad y afectar a elementos esenciales de la parte dispositiva. La entidad de la omisión ha de comportar su imposibilidad de subsanación y que el vicio procesal, por su importancia, no pueda ser sanado de oficio por el cauce habilitado en el art. 345 CPP, pues el error material no tiene acceso a la casación al existir otros remedios procesales más simples para rectificarlo. Parece que se trata de un precepto de carecer abierto y no taxativo, pues enuncia alguno de los elementos esenciales del fallo de un modo descriptivo, al utilizar la expresión tales como, lo que induce a pensar que tendrá cabida en la omisión de cualesquiera de los elementos que son consustanciales a la parte resolutiva y que se detallan en la regla quinta del art. 338 CPP, incluida la falta de pronunciamiento en materia de costas. Quedan descartadas expresamente para dar pie al recurso de errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o medidas de seguridad, por tratase de defectos no esenciales, según indica en el art. 370 CPP. Uno de los elementos esenciales de la parte resolutiva de la sentencia es el pronunciamiento concreto por parte del tribunal respecto a las pretensiones deducidas por las partes. Si en la sentencia se omite dar repuesta alguna de las cuestiones debatidas en el juicio que hayan de ser resueltas en el fallo, la resolución incurre en lo que la doctrina denomina incongruencia omisiva o fallo corto, que es distinta a la incongruencia común regulada en el numeral 6), como luego veremos. Para amparar un motivo de esta naturaleza por incongruencia omisiva, la jurisprudencia española ha exigido que se den los requisitos siguientes: Que no se haya resuelto una cuestión jurídica o pretensión de carácter sustantivo, pues en otro caso tendrá encaje en el numeral l) del art. 362 CPP; b) Que las pretensiones omitidas en el fallo hayan sido deducidas en tiempo y forma y con las formalidades legales, y; c) Que la pretensión no se resulta de forma explícita ni implícita, entendiéndose que se produce la desestimación implícita cuando la decisión adoptada por el tribunal a quo sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte y la excluya.”[3] De la Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: -Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; -Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; - Derecho a la Tutela Cautelar; y -Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo de casación por quebrantamiento de forma en no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las regías de la sana critica. El recurrente alega que el tribunal no ha observado en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica, en este caso, documentos públicos que constituyen prueba en común, tal como el acta Numero 590 sesión extraordinaria de fecha ocho de abril de 2008, en donde se emitió la "Resolución AS 122/08 en la que se establece: “…………Segundo: Por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, misma que adquirió el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; Otorgar a favor de la empresa ELDI S DE R.L. sujeto a los términos y condiciones previstas en la presente resolución, Permiso para que preste el servicio de Radiodifusión de televisión en el canal 12 de televisión en VHF en el formato NTSC”; la comunicación que se devuelve al juzgado en fecha 18 de abril del año 2008 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en la que el acusado en su condición indicada, en la sesión realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contesta en tiempo y forma la comunicación, estableciendo en las inserciones de dicha comunicación; la aclaración de la sentencia cita el artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes. Medios probatorios el Tribunal Sentenciador no se pronunció. Argumenta que la Defensa del señor Rasel Antonio Tome Flores, en su condición indicada propuso los medios de prueba siguientes: Medio De Prueba Numero Uno Testifical: de los ciudadanos Javier Hernández Flores, Funcionario de CONATEL Director del Espectro radioeléctrico que emitió la opinión técnica, Adán Elvir Gerzhofer Director legal quien emitió la opinión jurídica, ambos dictámenes son el fundamento de las resoluciones emitidas por CONATEL y que motivan el presente juicio, Danery Antonio Medal, Juez que emitió la sentencia otorgando el canal 12, Diana Maomar De Asfura, Elías Asfura, de la Sociedad Mercantil Eldi S De R L., David Matamoros Batson, en su condición de Ex Comisionado Presidente de CONATEL que emitió la resolución denegando la solicitud de canal 12 de televisión en formato analógico NTSC presentado por la Sociedad Eldi S De R L., Manuel Gamero (QDDG) quien era el representante de la Empresa Televisora de Honduras que estaba en conflicto con la Sociedad Eldi S de R L que el Tribunal de Sentencia no admitió. Tampoco admitió el medio de prueba Numero Dos Inspección: 1) En las instalación de Canal 12 de la Empresa Eldi S De R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2) En el archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sita en el edificio del Palacio de Justicia a efecto de realizar el reconocimiento de la demanda registrada bajo el número 307-06 promovida por la Sociedad Mercantil Eldi S De R L.. contra La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL; 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal Sentenciador, en franca vulneración a las reglas de la sana critica. Esta Sala considera que el recurso infringe el Principio de Debida Técnica recursiva, del que se desprenden los requisitos formales para la exposición de los recursos, vigente en el ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, de los requisitos obligatorios o de rigor del recurso extraordinario de casación, que manda: “El recurrente deberá de indicar separadamente cada motivo y tratándose de casación en la forma, deberá también de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos del reclamo que se haya realizado en su oportunidad para subsanarlos”. Sin embargo, en este caso, se limita a hacer alegaciones propias de instancia y omite en forma absoluta señalar la regla o reglas de la sana critica de la Lógica, Psicología o de la Experiencia que estima infringidas por el tribunal sentenciador en la valoración de la prueba admitida, y sobre los motivos del juzgador para inadmitir prueba, argumento que no procede en este tipo de motivo de forma, defectos en la técnica recursiva del recurrente que no procede subsanar o enmendar de oficio, por lo que desestima el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma alegado por el recurrente. Motivos de casación interpuesto por el Abogado Héctor Efraín Fortín Pavón, en su condición de Apoderado Defensor Privado del acusado señor Edwin Torres. Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de Derecho de Defensa, Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al Artículo 82 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Resumen. Casación por violación del Precepto Constitucional del Derecho de Defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República que literalmente dice: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señales las leyes.” Alude a que al Abogado Rasel Tome le fueron inadmitidos los medios de prueba, que en base al principio de comunidad de la prueba hicimos suyos, medios de prueba propuestos y rechazados siguientes: Medio De Prueba “Numero Dos Inspección: l) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2)… 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12.”.- Medios de prueba que no fueron admitidos, violentándose el derecho de defensa de los imputados, al extremo que si hacemos el ejercicio de la inclusión hipotética, y tomar como cierta la pretensión probatoria, hubiera cambiado completamente el hecho histórico juzgado, pues el juzgador hubiera percibido por sus propios sentidos los objetos de prueba pretendidos con los medios de prueba denegados, llegando a la conclusión que la conducta realizada por los imputados, no es reprochable penalmente, no pudiendo demostrar su inocencia por la inadmisión de la prueba antes mencionada. Concepto General del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[4] Concepto Especifico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Del derecho de defensa deriva del derecho de contradicción o audiencia, de igualdad de armas procesales, derecho a proponer pruebas, formular alegatos y de impugnar resoluciones, derecho a que el juicio se desarrolle en un plano de igualdad frente al poder punitivo del Estado. En este caso el recurrente considera infringidos el derecho de defensa, en virtud que al Abogado Rasel Tome le fueron inadmitidos los medios de prueba, que en base al principio de comunidad de la prueba hicimos suyos, medios de prueba propuestos y rechazados siguientes: Medio De Prueba “Numero Dos Inspección: l) En las instalación de Canal 12 de la Empresa ELDI S DE R.L. para constatar que el mismo estaba en operación con el título habilitante consistente en licencia de canal de televisión otorgada por CONATEL en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 2)… 3) Inspección en La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para comprobar en el expediente que tiene registrado el operador Sociedad Mercantil ELDI S DE R.L. las actuaciones realizadas con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, corroborando que mediante el cumplimiento de la misma se encuentra en operación el canal de televisión 12.”.- Medios de prueba que no fueron admitidos, violentándose el derecho de defensa de los imputados, al extremo que si hacemos el ejercicio de la inclusión hipotética, y tomar como cierta la pretensión probatoria, hubiera cambiado completamente el hecho histórico juzgado, pues el juzgador hubiera percibido por sus propios sentidos los objetos de prueba pretendidos con los medios de prueba denegados, llegando a la conclusión que la conducta realizada por los imputados, no es reprochable penalmente, no pudiendo demostrar su inocencia por la inadmisión de la prueba antes mencionada. Esta Sala al analizar los antecedentes del caso, encuentra que los medios de prueba las razones vertidas por el tribunal de instancia para rechazar los medios de prueba testifical e inspecciones preinsertos y relacionados, son válidas, legales y pertinentes en virtud que con ellas los acusados en su condición de miembros de CONATEL pretende acreditar razones técnicas y legales por las que no se dio efectivo cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de marzo de 2007, en la que ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) conceder a la Empresa Eldi S De R.L, los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. Esta Sala considera que el acusado Rasel Antonio Tomé Flores, como los demás integrantes de CONATEL, entre ellos el Señor Edwin Torres, desconocen el contenido del fallo manifestando en dicha inserción a la comunicación librada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que “lo ordenado en el numeral 2 del ordinal segundo en cuanto a la Red de enlace de Microondas en la Banda 4.4-4-9 GHZ es de imposible ejecución, en virtud de no existir disponibilidad del espectro radioeléctrico en dicha banda, por estar asignadas todas las frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la Sociedad Eldi, S. de R.L. y el que se encuentra totalmente saturado”. Esta Sala deduce que el acusado Edwin Torres, en su condición de miembro propietario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no tuvo la intención de cumplir con la sentencia al haber adjudicado con anterioridad la Banda 4.4-4-9 GHZ del espectro radioeléctrico a una empresa distinta a la Sociedad Eldi, S. de R.L. En este caso, el acusado Edwin Torres ha estado representado por su Abogado Defensor Privado, en igualdad de condiciones que el Fiscal del Ministerio Público, ha tenido derecho a presentar incidentes, medios de pruebas útiles, pertinentes, alegaciones y presentación de recursos, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Recurso de Casación de infracción de ley, por incorrecta aplicación de artículo 14 del Código Penal. Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 14 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen. Aplicación incorrecta del artículo 14 del Código Penal, que literalmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal". El Tribunal de sentencia afirma que todas las resoluciones dictadas por los acusados iban encaminadas a no cumplir la sentencia, y afirma en los Fundamentos Jurídicos, numeral tercero: “ …Estas acciones ejecutadas por los imputados se subsumen en el numeral l) del artículo 349 del Código Penal pues las mismas constituyen un evidente incumplimiento de los mandados judiciales (sentencia definitiva del 27 de marzo del 2007 y comunicación del ll de abril del 2008), las que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, como comisionados de CONATEL, emitieron intentando, en todo momento, obstaculizar los efectos y consecuencias de las decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de una forma encubierta y dotándola de apariencia de legalidad, lo cual fue claramente advertida y reprochada tanto por el Tribunal de Segunda Instancia como por el Tribunal de Casación.”. En el hecho Probado Noveno de la sentencia impetrada, en la parte conducente dice: “…en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la Sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo.” Afirma que las actuaciones tenidas como hechos probados, aunadas a la fundamentación jurídica, expuesta por el tribunal de sentencia, no es contundente para afirmar la consumación del delito de abuso de autoridad, dado que el objetivo perseguida por los imputados según el tribunal de sentencia era no cumplir con lo ordenado en la sentencia, lo que no es correcto, pues un error material en la sentencia, corregido posteriormente por el juez sentenciador, sirvió de fundamento para la denegatoria provisional de la ejecutoria de dicha sentencia, siendo posteriormente cumplida, otorgando los títulos habilitantes ordenados con las correcciones del caso. Por lo anterior, los hechos probados son subsumibles en la figura o tipo de tentativa de abuso de autoridad, pues independientemente que es un delito de actividad persigue un objetivo el que no se dio. El artículo 15 del Código Penal establece el grado de Ejecución de tentativa y literalmente dice: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Lo anterior a consecuencia de error en la parte dispositiva de la sentencia, en la descripción de la frecuencia a otorgar, que como es lógico da lugar a pedir aclaración y no a suplir la voluntad del juez, como pretendía la sentencia impetrada. Concepto General del Recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto Especifico. Las actuaciones tenidas como hechos probados, aunadas a la fundamentación jurídica, expuesta por el tribunal de sentencia, no es contundente para afirmar la consumación del delito de abuso de autoridad, dado que el objetivo perseguida por los imputados según el tribunal de sentencia era no cumplir con lo ordenado en la sentencia, lo que no es correcto, pues un error material en la sentencia, corregido posteriormente por el juez sentenciador, sirvió de fundamento para la denegatoria provisional de la ejecutoria de dicha sentencia, siendo posteriormente cumplida, otorgando los títulos habilitantes ordenados con las correcciones del caso. El artículo 15 del Código Penal establece el grado de Ejecución de tentativa y literalmente dice: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. De la Procedencia Recurso. el Recurso No es de Recibo. motivo de casación de infracción de ley por incorrecta aplicación del artículo 14 del Código Penal, que textualmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal". El impetrante argumenta que el Tribunal de sentencia afirma en los Fundamentos Jurídicos, numeral tercero: “ …Estas acciones ejecutadas por los imputados se subsumen en el numeral l) del artículo 349 del Código Penal pues las mismas constituyen un evidente incumplimiento de los mandados judiciales (sentencia definitiva del 27 de marzo del 2007 y comunicación del ll de abril del 2008), las que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, como comisionados de CONATEL, emitieron intentando, en todo momento, obstaculizar los efectos y consecuencias de las decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de una forma encubierta y dotándola de apariencia de legalidad, lo cual fue claramente advertida y reprochada tanto por el Tribunal de Segunda Instancia como por el Tribunal de Casación.” Y en el hecho Probado Noveno de la sentencia impetrada, en la parte conducente dice: “…en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la Sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo.” Afirma que el tribunal de sentencia, no es contundente para afirmar la consumación del delito de abuso de autoridad, dado que el objetivo perseguida por los imputados según el tribunal de sentencia era no cumplir con lo ordenado en la sentencia, lo que no es correcto, pues un error material en la sentencia, corregido posteriormente por el juez sentenciador, sirvió de fundamento para la denegatoria provisional de la ejecutoria de dicha sentencia, siendo posteriormente cumplida, otorgando los títulos habilitantes ordenados con las correcciones del caso, por lo que los hechos probados son subsumibles en la figura o tipo de tentativa de abuso de autoridad. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. El cuadro factico del fallo declara terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando número 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo”: Los hechos declarados probados por el juzgador de instancia se encuadran perfectamente en lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal que literalmente dice: “El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal" en relación al tipo penal de Abuso de Autoridad , tipificado y sancionado en el numeral 1, del artículo 349 del Código Penal que dice: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. Lo anterior, en virtud que exige para su consumación que el sujeto activo haya en este caso, incumplido como ocurre en el caso de autos, la sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que el acusado señor Edwin Torres, en su condición de Comisionado Propietario de CONATEL ha cometido el delito consumado de Abuso de Autoridad, por el que se le condena. Recurso de Casación de infracción de ley, por Falta de tipificación legal. Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de tipificación legal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen. El hecho probado sexto de la sentencia literalmente dice: SEXTO: “Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho,…, en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la Sentencia, advirtiendo por parte del Presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la Empresa Mercantil ELDI, S. DE R.L. el título habilitante consistente en la Licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la Sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaba las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la Sociedad Mercantil ELDI, S. DE R.L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia.” Los imputados cumplieron con lo ordenado en la sentencia, advirtiendo el error, pero así la cumplieron, otorgando los títulos habilitantes ordenados y posteriormente los corrigieron una vez corregida la sentencia. debe de cumplirla tal como lo dice en su parte dispositiva. Si el dispositivo de la sentencia esta malo no puede cambiarlo, pues entonces seria procesado por abuso de autoridad de otro numeral. En nuestro sistema procesal, una sentencia no se puede cambiar, puede ser corregida o ampliada, pero no cambiada, La corrige o amplia el juez que la dicto ninguna otra persona, el que lo haga comete delito, el juez no puede cambiarla, pero sí: “…aclarar algún concepto obscuro o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación.” La sentencia fue cumplida tal como fue dictada, existían errores fueron corregidos mediante un recurso, igual los títulos habilitantes con las frecuencias ordenadas en el recurso de casación y amparo según la sentencia dictada. Tampoco puede tipificarse el delito en el hecho de haber otorgado la frecuencia antes de haberse dictada el recurso de casación, pues no existía al respecto ninguna prohibición, según constancia extendida por la Corte de Apelaciones, no estando la sentencia firme en aquel momento. Concluye que la hipótesis del articulo 349 No1, del Código Penal, no se tipifica dado que en todos los momentos se cumplió con la sentencia, con el error y corregido el error, no existiendo delito. Concepto General del Recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto Especifico. No puede tipificarse el delito de Abuso de Autoridad por haber otorgado la frecuencia antes de haberse dictada el recurso de casación, por no haber al respecto ninguna prohibición, según constancia extendida por la Corte de Apelaciones, y por no estar firme la sentencia en aquel momento. La hipótesis del articulo 349 No1, del Código Penal, no se tipifica dado que se cumplió con la sentencia con el error y corregido este por lo que no existe delito. De la Procedencia Recurso. el Recurso No es de Recibo. El motivo de casación de infracción de ley es interpuesto por considerar que no se puede tipificar el hecho probado en el delito de Abuso de Autoridad por haber sido otorgada la frecuencia antes de haber sido dictado el recurso de casación, al no haber ninguna prohibición según constancia extendida por la Corte de Apelaciones, y no estar firme la sentencia en aquel momento por lo que la hipótesis del articulo 349 No1, del Código Penal, no se tipifica dado que se cumplió con la sentencia con el error y corregido este por lo que no existe delito. Argumenta el recurrente que el hecho probado sexto de la sentencia literalmente dice: SEXTO: “Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho,…, en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la Sentencia, advirtiendo por parte del Presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la Empresa Mercantil ELDI, S. DE R.L. el título habilitante consistente en la Licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la Sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaba las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la Sociedad Mercantil ELDI, S. DE R.L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el título habilitante con las características que establecía el fallo de la Sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, y además sabían que en fecha quince de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia.” Asegura que los imputados cumplieron con lo ordenado en la sentencia, advirtiendo el error, pero así la cumplieron, otorgando los títulos habilitantes ordenados y que posteriormente los corrigieron una vez corregida la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. El cuadro factico del fallo declara terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz a partir de dos de febrero de dos mil seis, se desempeñaron como Comisionados la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fungiendo el señor Tome Flores como Comisionado presidente y los señores Lara López y Torres Cruz como Comisionados propietarios. SEGUNDO: En su condición indicada en de fecha 10 de Mayo del 2006 dictaron Resolución AS/350/06, en la que resolvieron declarar sin lugar el Recurso de Reposición, interpuesto por la sociedad mercantil ELDI, S. DE R. L., a través de su apoderada legal interpuesto contra la Resolución número AS576/05 emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la que se le denegó la licencia para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión de Televisión, mediante la asignación del Canal 12 de Televisión. Recurso que fue denegado por estimar que el mismo no estaba ajustado a derecho, siendo improcedente, motivando su resolución en que la planificación de canales de televisión contenida en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias no consideraba la planificación de los canales adyacentes por la probabilidad de interferencia, y que CONATEL mediante la Resolución número NR031/05 del veinticuatro de octubre del dos mil cinco declaró bajo reserva los canales adyacentes para la implementación de los planes de la televisión digital en el país y además que el precedente de asignación de canal 6 como un canal adyacente fue únicamente el cumplimiento a una sentencia judicial. TERCERO: La empresa mercantil ELDI S. de R. L. promovió en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo una demanda ordinaria contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su Presidente, Rasel Antonio Tome, para la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, se ordenara el otorgamiento de la licencia para instalar, operar, y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal 12 y asignación de frecuencias en la banda 4.4-05 GHZ, en dicha demanda el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, considerando que la normativa contenida en la resolución NR031/05 de fecha 24 de octubre de 2005 no era aplicable al caso por ser su emisión posterior a la solicitud de la sociedad mercantil ELDI, S DE R L. y en que no existía un impedimento técnico determinante para el funcionamiento de los canales adyacentes, entre ellos el canal 12, en el fallo declaró procedente la acción incoada por el apoderado legal de la empresa mercantil ELDI S. DE R. L., anuló la resolución número AS350/06 de fecha 10 de mayo del 2006, y ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, proceder a otorgar a la empresa mercantil ELDI S. de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, así como la operación de Red de enlaces de Microondas en la banda de 4.4i 4,9 GHz para enlazar todas las estaciones de la Red, y un enlace de retorno entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, ordenó la devolución del expediente administrativo a CONATEL. CUARTO: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de su apoderado legal interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso administrativo; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha trece de junio de dos mil siete declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al considerar que fue plenamente acreditado en juicio la viabilidad de los canales adyacentes, por lo que no eran válidas las consideraciones técnicas de CONATEL. QUINTO: No obstante que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, tenían conocimiento que las pretenciosas deducidas en la instancia jurisdiccional por la sociedad mercantil ELDI, S.R.L, le habían sido declaradas con lugar tanto por el Juzgado de Letras como por la Corte de Apelaciones ambos de lo Contencioso Administrativo, de lo que además fueron informados a través de una oposición presentada por el apoderado legal de dicha persona jurídica, en Resolución AS/057/08 de fecha 15 de febrero del 2008, otorgaron a favor de la sociedad mercantil EMPRESA TELEVISORA DE HONDURAS. S.A. permiso para instalar, operar y prestar el Servicio de Radiodifusión por Televisión bajo el formato ATSC, de canal 12, en la frecuencia de operación 204 al 210 MHz. Considerando en su resolución que la solicitud de permiso y licencia para la asignación del canal 12 de televisión a ELDI S.DE.R.L., se encontraba en litigio en los Tribunales de la Republica y no haberse declarado sentencia firme sobre la demanda, y que en la Constancia emitida por el Secretario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el seis de agosto de dos mil siete se establece que no se ordenó suspensión alguna para que CONATEL se abstuviera de seguir conociendo de trámites de obtención. SEXTO: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete quedó firme en virtud de que el Recurso de Casación interpuesto por CONATEL contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo. En tal virtud, el día martes uno de abril de 2018 la sentencia dictada por el Juez Letras junto con el expediente administrativo fue enviado a CONATEL, por lo que los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL realizaron una sesión extraordinaria para decidir sobre la ejecución de la sentencia, advirtiendo por parte del presidente de CONATEL que el fallo tenía un error material por cuando ordenaba a otorgar a la empresa mercantil ELDI Si de R. L. el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar Y prestar el servicio de radiodifusión de televisión para canal doce (12) en la banda VHF, en frecuencia 206-210 MHz, y conforme las disposiciones nacionales como internacionales, en la banda 3 de VHF canal 12 opera en la frecuencia 204-210 MHz por lo que estimaron que la sentencia adolecía de aplicabilidad, y aun cuando, también se les envió el expediente administrativo donde constaban las condiciones técnicas en que fue solicitado dicho permiso por la sociedad mercantil ELDI Si de R. L., los Comisionados antedichos, decidieron extender el Título habilitante con las características que establecía el fallo de la sentencia, aun cuando conocían que en la frecuencia 206-210 MHz, canal 12 no podría operar y prestar el servicio de radiodifusión de televisión, y además sabían que en fecha 15 de febrero de ese año habían otorgado a otra persona jurídica licencia para operar canal 12 en la frecuencia 204-210 MHz, y que no podían operar dos personas jurídicas distintas con el mismo canal en la misma frecuencia. SEPTIMO: Con fecha 08 de abril del 2008 los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL emitieron Resolución AS 122/08 en la que exponen que por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según sentencia emitida en fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, resuelven otorgar a favor de la empresa ELDI, S DE R.L, Permiso para que preste el Servicio de Radiodifusión de Televisión en el Canal 12 de Televisión en VHF en el formato NTSC, frecuencia de operación 206 a 210 MHz en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Danlí y Choluteca. A su vez informan a la empresa ELDI S DE R L que la banda de 4.4 a 4.9 GHz está ampliamente utilizada por muchos operadores previamente autorizados, por lo que no se puede recomendar ninguna porción libre en esa banda para poder asignar los enlaces solicitados; y que una alternativa es que hicieran una propuesta de utilización de un enlace satelital. Recomendaciones que estimaron válidas y necesarias para el caso de los enlaces de retorno de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. OCTAVO: Ante la Resolución dictada por los Comisionados de CONATEL antedichos, el apoderado Legal de la sociedad mercantil ELDI S. DE .R. L. compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a denunciar el incumplimiento por CONATEL de la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil siete, por lo que el Abogado Danery Antonio Medal Raudales, en su condición de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha once de Abril del dos milocha, dictó un auto en el que señala que la frecuencia de operación 206 a 210 MHz consignada en el fallo, es un error material, pues muy claramente en su considerando número 4) de la sentencia hizo alusión a la frecuencia 204-210 que es la correcta, por haberlo determinado el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en fecha 11 de febrero de 1999 y que el espíritu del mandato contenido en la sentencia que confiere el derecho a la empresa ELDI S. de R.L a operar el canal 12 de televisión, no se encuentra alejado de la pretensión que esta empresa elevó en vía administrativa a CONATEL para que se le otorgara el permiso de operación, de dicho canal en la banda o frecuencia 204-210 MHz. Asimismo, indicó el Juez de Letras que la frecuencia de microondas para enlazar todas las estaciones fue otorgada en la banda de rango 17,715 MHz, se hizo una propuesta en la banda 17 GHz o en la banda satelital; cuando lo que establece la sentencia, y de conformidad a lo pedido en vía administrativa, es dentro de la banda 4.4-4.9 GHZ por CONATEL estaba incumpliendo con el mandato expreso contenido en el numeral 2) de la sentencia. Explicando el Juez de Letras en dicho auto que la sentencia estimatoria del Recurso Contencioso Administrativo, como era el caso, no es más que la correspondencia íntima de ésta con cada una de las peticiones y ruegos que hizo el Administrado y que derivaron en la ilegal denegatoria de tales pretensiones; y tomando en cuenta que es de orden técnico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía avocarse al expediente administrativo que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa, específicamente al escrito de solicitud para la operación del canal 12 de televisión que en su momento le hiciere la empresa mercantil ELDI S. de R. L. con el objeto que le autorizara los títulos habilitantes respectivos. El Juez de Letras consideró en dicho auto que, CONATEL como parte obligada a ello, al emitir la resolución AS122/08 de fecha 8 de abril de 2008, aun no se había cumplido en su totalidad lo ordenado por la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, por lo que se le concedió el plazo de cinco días hábiles contados al siguiente día del recibo de la comunicación correspondiente para que procediera a darle estricto cumplimiento al espíritu y alcance de la sentencia que le obliga a concederle a la empresa ELDI S. de R. L. los títulos habilitantes para operar el canal 12 de televisión. NOVENO: Mediante comunicación librada el día once de abril de dos mil ocho al señor Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo comunicó judicialmente lo contenido en el auto de dos mil once, en el que ordena a CONATEL que en el plazo de cinco días hábiles proceda a darle estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007. Contrario a lo ordenado por el juzgador, los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, emiten lo que denominan INSERCIÓN a dicha Comunicación, en la que insisten en desconocer lo ordenado por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo exponiendo que por orden de ese Juzgado otorgaron el Permiso que faculta a la sociedad mercantil ELDI, S. DE R.L. prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión y su Licencia asociada que le autoriza el uso del espectro radio eléctrico en el canal específico y literal ordenado por ese Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo: Canal doce (12), en la banda VHF, frecuencia 206-210 MHz, y que lo ordenado en el número 2 del Ordinal Segundo del mismo fallo, en cuanto a la Red de Enlaces de Microondas en la banda de 4.4-4.9 GHz, era de imposible ejecución en virtud de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico en dicha banda por estar asignadas todas la frecuencias radioeléctricas que la conforman en los trayectos de interés de la sociedad mercantil ELDI, S.DE R.L y el que se encuentra totalmente saturado. Expresándole al Juez de Letras los en ese entonces Comisionados, que emitió una sentencia que contiene un fallo con DECLARACIONES DE IMPOSIBLE EJECUCIÓN, lo que no puede ser subsanado por CONATEL por estar fuera de su competencia, y que en ninguna disposición vigente se establece la obligatoriedad de dar lo que técnicamente no es factible. Los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, también le exponen al Juez de Letras, que con su indicación para que se avoquen al expediente administrativo a efecto de darle cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, los estaba incitando para que cometieran el delito de modificar dicha sentencia, a sabiendas ese Juzgador, que lo que se debe cumplir CONATEL son las DECLARACIONES del fallo. Los Comisionados le indican al Juez los términos en que a su entender debió dictar el fallo, estimando que era la única forma de exigir a CONATEL que para darle cumplimiento a una sentencia se avocara al expediente que contiene las diligencias efectuadas en sede administrativa; asimismo estiman que el Juez de Letras al dictar el auto de once de abril de dos mil ocho está haciendo una aclaración de sentencia y le indican cual es el procedimiento que debió seguir para ello, señalando que dicho auto constituye un abuso de poder del Juez y también un incumplimiento a sus deberes; con ello los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz en su condición de Comisionados de CONATEL, se rehusaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, en los mismos términos en que fue dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo”. Esta Sala estima que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia se encuadran perfectamente en lo dispuesto en el tipo penal de Abuso de Autoridad, tipificado y sancionado en el numeral 1, del artículo 349 del Código Penal que dice: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. Lo anterior, en virtud que exige para su consumación que el sujeto activo en este caso el acusado señor Edwin Torres, haya incumplido como ocurre en el caso de autos, la sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo. Por todo lo anterior, esta Sala declara no ha lugar el segundo motivo de casación de infracción de ley invocado por el recurrente. Recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. Resumen. Violación a las reglas de la sana critica de la lógica al violentar el principio de derivación o razón suficiente. La sentencia impugnada tergiversa en la fundamentación fáctica narrada, el hecho histórico investigado, específicamente en el desarrollo cronológico, pues afirma en su fundamentación jurídica que los comisionados al emitir la resolución AS 122/08 de fecha 8 de abril del 2008, incumplieron la sentencia, cuando en realidad la cumplieron al otorgar los títulos habilitantes, tal como lo mandaba la parte resolutoria de la sentencia, donde el Juez comete un error al determinar las frecuencia. En fecha ll de abril del mismo año CONATEL, devuelve la comunicación y en la misma fecha el Juzgado de lo Contencioso administrativo dicta resolución dando un plazo de cinco días a dicha Institución para que cumpla con la sentencia con carácter de firme, las partes involucradas interponen una serie de recursos los que son declarados sin lugar, procediendo CONATEL, por intermedio de sus comisionados a enmendar los errores de los títulos habilitantes extendiéndolos tal como los manda la sentencia enmendada, a todo esto, de hecho el canal está funcionando, por lo que hay violación al principio de derivación o razón suficiente. Al revisar la fundamentación no existe ningún documento que diga que si existió incumplimiento de plazo de parte de CONATEL, no pudiendo al momento de valorar la prueba derivar en forma razonable y coherente dicha afirmación, conformándose una serie de elucubraciones mentales, con las que trata de justificar la falta de voluntad de parte de CONATEL, de cumplir con la sentencia. Concepto General. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es este último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 2 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: c. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: iv. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” v. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. vi. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. d. La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Art. 363 4) “El tenor literal de este precepto es el siguiente: Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales. Tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en casos de condena. En este artículo se incorporan una serie de motivos que dan lugar a casar la sentencia recurrida, cuando se constate la existencia de determinados vicios formales cometidos por omisión en su parte resolutiva. En estos motivos de casación se ataca directamente el fallo, por lo que se presupone que la parte recurrente acepta la declaración de hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia. Las omisiones han de tener cierta entidad y afectar a elementos esenciales de la parte dispositiva. La entidad de la omisión ha de comportar su imposibilidad de subsanación y que el vicio procesal, por su importancia, no pueda ser sanado de oficio por el cauce habilitado en el art. 345 CPP, pues el error material no tiene acceso a la casación al existir otros remedios procesales más simples para rectificarlo. Parece que se trata de un precepto de carecer abierto y no taxativo, pues enuncia alguno de los elementos esenciales del fallo de un modo descriptivo, al utilizar la expresión tales como, lo que induce a pensar que tendrá cabida en la omisión de cualesquiera de los elementos que son consustanciales a la parte resolutiva y que se detallan en la regla quinta del art. 338 CPP, incluida la falta de pronunciamiento en materia de costas. Quedan descartadas expresamente para dar pie al recurso de errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o medidas de seguridad, por tratase de defectos no esenciales, según indica en el art. 370 CPP. Uno de los elementos esenciales de la parte resolutiva de la sentencia es el pronunciamiento concreto por parte del tribunal respecto a las pretensiones deducidas por las partes. Si en la sentencia se omite dar repuesta alguna de las cuestiones debatidas en el juicio que hayan de ser resueltas en el fallo, la resolución incurre en lo que la doctrina denomina incongruencia omisiva o fallo corto, que es distinta a la incongruencia común regulada en el numeral 6), como luego veremos. Para amparar un motivo de esta naturaleza por incongruencia omisiva, la jurisprudencia española ha exigido que se den los requisitos siguientes: Que no se haya resuelto una cuestión jurídica o pretensión de carácter sustantivo, pues en otro caso tendrá encaje en el numeral l) del art. 362 CPP; b) Que las pretensiones omitidas en el fallo hayan sido deducidas en tiempo y forma y con las formalidades legales, y; c) Que la pretensión no se resulta de forma explícita ni implícita, entendiéndose que se produce la desestimación implícita cuando la decisión adoptada por el tribunal a quo sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte y la excluya.”[5] Concepto especifico. No se puede derivar de ningún elemento probatorio incorporado el incumplimiento del plazo para cumplir la sentencia de parte de CONATEL, por lo que se han violado las reglas de la lógica, espeficamente el principio de derivación o razón suficiente, pues los juzgadores hacen suyos los argumentos esgrimidos por el Juez de lo contencioso administrativo para dictar la sentencia condenatoria en penal, sin existir ningún elemento probatorio del cual se pueda derivarse de forma certera el incumplimiento de la sentencia. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo de casación por quebrantamiento de forma en no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las regías de la sana critica. El recurrente alega que no se puede derivar de ningún elemento probatorio incorporado el incumplimiento del plazo para cumplir la sentencia de parte de CONATEL, por lo que se han violado las reglas de la lógica, espeficamente el principio de derivación o razón suficiente, pues los juzgadores hacen suyos los argumentos esgrimidos por el Juez de lo contencioso administrativo para dictar sentencia condenatoria en penal, sin existir ningún elemento probatorio del cual se pueda derivarse de forma certera el incumplimiento de la sentencia. Esta Sala Considera que en la valoración conjunta del Tribunal referente a la prueba de cargo consistente en Certificación de acta número 590 se acredita que los acusados Rasel Antonio Tomé Flores, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz, reunidos como Comisionados de CONATEL tomaron la decisión de no dar el debido cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo; y en resolución No. AS122/08 en que se afirma que la frecuencia consignada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo se trata de un error material del fallo, pues el ancho de frecuencia de canal 12 es de 204-210 MHZ ya que en la sentencia se accedió totalmente a la pretensiones de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. les devolvió el expediente administrativo con el propósito que otorgaran el título habilitante con los mismos requisitos técnicos, negándose a cumplir con lo ordenado en la sentencia firme. Los Comisionados de CONATEL sabían que en el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo habían sido dictadas sentencias declarando el derecho a favor de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. en el fin de obtener licencia para operar el Canal 12 de radiodifusión por televisión, por lo que la admisión de la sentencia sin suspensión del acto reclama era una fase del proceso precluida, por lo que no podían conceder Licencia para operar Canal 12 en esa misma frecuencia a otra sociedad mercantil, por ser el espectro radioeléctrico un recurso escaso. Esta Sala observa que, en base a lo anterior, se establece que, de los medios de prueba de cargo antes relacionados, se deriva el incumplimiento del plazo concedido a los acusados señores Rasel Antonio Tomé Flores, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz, en su condición de Comisionados de CONATEL, para dar efectivo cumplimiento a una sentencia firme dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, por lo que se esta Sala concluye que al dictar la sentencia recurrida el Tribunal de sentencia no incurre en la valoración de la prueba en violación a las reglas de la lógica, en el principio de derivación o razón suficiente, por lo que el motivo de casación es desestimado. Recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las máximas de la Experiencia. Segundo Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En que en la valoración de la prueba no se observaron las máximas de la experiencia. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. Resumen. Violación a las máximas de la Experiencia. Los juzgadores toman como ciertas las afirmaciones realizadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que los imputados le manifiestan al devolver la comunicación de ejecución que existe un error en la sentencia, pero que no pueden variarla o corregirla, dándole cumplimiento, el Juez Contencioso Administrativo les contesta que la sentencia puede estar mala en la parte resolutoria, pero que en el expediente está la solicitud, y que pudieron adecuarla a la misma, no siendo en consecuencia el error cometido al dictar la esencial. Las sentencias se cumplen, tal como son dictadas, teniendo sustentación propia no requiriendo leer o consultar el expediente para conocer su alcance, tal como lo expreso el Juez de lo Contencioso Administrativo y es aceptado por el tribunal sentenciador. Tales afirmaciones pueden ser validas legalmente por estar avaladas por resoluciones judiciales, pero en materia penal, en base al principio de contradicción que rige, el contradictorio y las máximas de la experiencia que en este caso fueron violadas, en virtud que las sentencias deben tener vida por si solas, no tiene que recurrirse al juicio o expediente para ejecutarlas o entenderlas y deben de ser redactadas de tal forma que una persona de cultura media pueda entenderlas. Al hacer suyas toda la prueba que sustenta la sentencia contencioso administrativa, los juzgadores violan la máxima de la experiencia invocada, dado que en materia penal están vigentes principios diferentes a los de materia administrativa, buscando los primeros la protección de los derechos fundamentales de los imputados, en este caso su libertad. Concepto General. Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. Concepto especifico. Las máximas de la experiencia que en este caso fueron violadas, en virtud que las sentencias deben tener vida por si solas, no tiene que recurrirse al juicio o expediente para ejecutarlas o entenderlas y deben de ser redactadas de tal forma que una persona de cultura media pueda entenderlas. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma en violación de las máximas de la experiencia, en virtud que las sentencias deben tener vida por si solas, no tiene que recurrirse al juicio o expediente para ejecutarlas o entenderlas y deben de ser redactadas de tal forma que una persona de cultura media pueda entenderlas. El recurrente alega que los juzgadores toman como ciertas las afirmaciones realizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que los imputados manifiestan al devolver la comunicación de ejecución que existe un error en la sentencia, pero que no pueden variarla o corregirla, dándole cumplimiento, el Juez Contencioso Administrativo les contesta que la sentencia puede estar mala en la parte resolutoria, pero que en el expediente está la solicitud, y que pudieron adecuarla a la misma, no siendo en consecuencia el error cometido al dictar la esencial. Y que las sentencias se cumplen, tal como son dictadas, teniendo sustentación propia no requiriendo leer o consultar el expediente para conocer su alcance, tal como lo expreso el Juez de lo Contencioso Administrativo y es aceptado por el tribunal sentenciador. Esta Sala Considera que los acusados Rasel Antonio Tomé Flores, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz, reunidos como Comisionados de CONATEL al momento de haber recibido la sentencia firme dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo con un error material en la parte dispositiva del fallo, sabían que ya habían asignado el ancho de frecuencia de canal 12 es de 204-210 MHZ a otra sociedad mercantil, por lo que no a pesar del error material no se procedió a cumplir la sentencia a favor de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. para el otorgamiento del título habilitante conforme a los requisitos técnicos especificados. Esta Sala considera que aún y cuando en materia penal rige el principio de literalidad de la sentencia firme en parte dispositiva, también es cierto que los Comisionados de CONATEL sabían que en el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo habían sido dictadas sentencias declarando el derecho a favor de la Sociedad Mercantil ELDI S. de R.L. en el fin de obtener licencia para operar el Canal 12 de radiodifusión por televisión, por lo que una vez corregido el error material los Comisionados de Conatel, debían sin más trámite otorgar la Licencia para operar Canal 12, y ajustar los parámetros técnicos y legales a la frecuencia 204-210 MHZ. Por lo anterior, esta Sala que, en el presente caso, al dictar la sentencia recurrida el Tribunal de sentencia no incurre en la violación a las reglas de la experiencia en la valoración de la prueba, debiendo desestimar el segundo motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Rasel Antonio Tome Flores, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años; al señor Gustavo Adolfo Lara López, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años; y al señor Edwin Torres Cruz, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión, y de inhabilitación especial durante seis años.- Se condenó a los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, a las penas accesorias de interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; se declaró la responsabilidad civil de los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz; y, no se procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 499 el delito de Abuso de Autoridad, se penaliza con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años, el funcionario o empleado público que ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Se niegue abiertamente a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular de los señores Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, por el delito de Abuso de Autoridad el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. V. Decisión. Respecto al recurso de casación de infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y de Quebrantamiento de Forma, presentados por los Abogados Darwin Lindolfo Garcia y Mario Hernán Sorto Deras, en su condición de Defensores Privados del señor Rasel Antonio Tomé Flores, declara: No ha lugar, el recurso de casación por violación de Precepto Constitucional, en su único motivo; No ha lugar, el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos; y, No ha lugar, el recurso de casación de Quebrantamiento de forma, en sus dos motivos; Y respecto al recurso de casación de infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y de Quebrantamiento de Forma, presentados por el Abogado Héctor Efraín Fortín Pavón, Defensor Privado del señor Edwin Torres Cruz, declara: 1) No ha lugar, el recurso de casación por violación de Precepto Constitucional, en su único motivo; 2) No ha lugar, el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos; y, 3) No ha lugar, el recurso de casación de Quebrantamiento de forma, en sus dos motivos; VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 499 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Violación de Precepto Constitucional, en su único motivo, el recurso de casación por Infracción de Ley en sus dos motivos; y, el recurso de casación de Quebrantamiento de forma, en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados Darwin Lindolfo Garcia y Mario Hernán Sorto Deras, en su condición de Defensores Privados del señor Rasel Antonio Tomé Flores; Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Violación de Precepto Constitucional, en su único motivo, el recurso de casación por Infracción de Ley en sus dos motivos; y, el recurso de casación de Quebrantamiento de forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Héctor Efraín Fortín Pavón, Defensor Privado del señor Edwin Torres Cruz; Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Rasel Antonio Tome Flores, Gustavo Adolfo Lara López y Edwin Torres Cruz, por el delito de Abuso de Autoridad, en virtud que el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que el Código Penal 144-83; fallo que por el efecto extensivo favorece a pesar de no haber recurrido la sentencia en casación, también al señor Gustavo Adolfo Lara López. En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos al acusado Rasel Antonio Tome Flores como autor del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de Inhabilitación Especial para empleo o cargo público de 3 años; 2) Que debemos condenar y condenamos al acusado señor Gustavo Adolfo Lara López como autor del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de Inhabilitación Especial para empleo o cargo público de 3 años; y, 3) Que debemos condenar y condenamos al acusado Edwin Torres Cruz como autor del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de Inhabilitación Especial para empleo o cargo público de 3 años. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. firma y sello. maria del carmen godoy. receptora adscrita. sala de lo penal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el recurso de casación SP-619-2019

JOSÉ RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[2] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 119 y 120.,

[3] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano” Los Recursos. Autores: Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Página 123.

[4] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[5] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano” Los Recursos. Autores: Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Página 123.