Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-59-17 — Registro 14464

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Lesiones Culposas (malapraxis médica), resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Los argumentos de la censora no son correctos, pues el tribunal sentenciador en ningún momento excluyó o no consideró la solicitud de rayos X (F67) al que se refiere, pues el mismo fue propuesto como medio de prueba y fue evacuado y sometido a contradictorio de las partes. En la sentencia denunciada, en el apartado de la valoración de la prueba, en el numeral tercero inciso 3.3 el tribunal sentenciador hizo la valoración intelectiva, y además establece las razones que le motivaron para separar del legajo probatorio la pericia a la que se refiere la recurrente, estimando el tribunal que carece de eficacia probatoria. Motivó el Tribuanl recurrido, la solicitud de Rayos X no tuvo control jurisdiccional como manda la norma penal, tomando en cuenta que el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 30 de abril de 2008 y el dictamen fue realizado el 25 de junio de 2008, ante tal situación ya sea el juzgado de instrucción penal o el tribunal de sentencia en su caso, debió nombrar a la perito Iris Hortencia Duron Gradiz para realizar dicha pericia y una vez investida judicialmente proceder a cumplir el encargo, que en el caso que nos ocupa sería el análisis en las radiografías tomadas al menor, concluyendo el sentenciador que tales argumentos vuelven la prueba ilícita.

En la presente causa el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 25 de abril de 2008 (F1-F3), la solicitud de rayos X fue realizada el 24 de junio de 2008 (F67); de lo que se deduce que la parte defensora no tuvo la mínima intervención, no tuvo la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa.

Tal como lo argumentó el juzgador en la valoración probatoria del fallo, el artículo 200 del Código Procesal Penal establece, que carecerán de eficacia probatoria aquellos actos que vulneran garantías procesales establecidos en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.; Concluye esta Corte Suprema, que el Tribunal sentenciador no excluyó indebidamente la solicitud de rayos x que alega la recurrente, pues expresó las razones que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta Corte Suprema comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez dias del mes de mayo del año dos mil veitiuno . La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados propietarios, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ PRESIDENTE, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, EDGARDO CACERES CASTALLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Y Como Magistrados Integrantes: ROXANA MORALES TORO, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES Y DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA. procedieron a emitir El siguiente fallo:

VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma del Delito de LESIONES CULPOSAS en perjuicio de R. C. F. M., formalizado ante la Sala de lo Penal, por la Abogada DIANA ELIZBETH RODRIGUEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Eduardo Jair López y Celeste Aida Cerrato, en su condición de defensores privados del señor José Ramón Andrade Banegas, como parte recurrida: la Abogada DIANA ELIZBETH RODRIGUEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, interpuso el recurso de casacion por quebrantamiento de forma contra la sentencia de fecha cuatro de noviembrte del año dos mil dieciseis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor José Ramón Andrade Banegas, del delito de Lesiones Culposas, en perjuicio del menor R. C. F. M..- Segundo: No procede condenar al Ministerio Público en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.

ANTECEDENTES:

  1. La Honorable Sala de lo Penal en fecha neve de junio de dos mil veinte por mayoria de votos dicto sentencia en relación al Recurso de Casación presentados mediante la cual falló: PRIMERO: Declara NO Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.

  2. Que el Magistrado Jose Olivio Rodriguez Vásquez, al disintir con el voto de la mayoria, emitió su voto particular mediante la cual falló: PRIMERO: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra José Ramón Andrade Banegas a quien se le sigue proceso por el delito de Lesiones Culposas, en perjuicio del menor R. C. F. M.. SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.-

  3. Que por disposición del artículo 316 de la Constitución de la República en donde se establece, entre otros acápites, que cuando las sentencias de las Salas se pronuncien por unanimidad de votos se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas, y cuando no existe unanimidad en la toma de decisión del asunto sometido a su conocimiento los Magistrados que hayan participado en la discusión de la Sala no deben de integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual al haberse emitido un pronunciamiento en la Sala de lo Penal por Mayoría de Votos se remitió al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia el caso sub examini, para que sea este el que resuelva el caso de forma definitiva.-

  4. Que habiéndose recibido las diligencias por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en virtud de no haber existido unanimidad en el presente caso, los Magistrados que integraron dicha sesión fueron del criterio de aprobar por unanimidad de votos las fundamentaciones fácticas y jurídicas en que se sustento el voto emitido por la Mayoría de la Sala de lo Penal, nombrándose al efecto el Magistrado Redactor.-

SON PARTES EN LA UNICA INSTANCIA: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Eduardo Jair López y Celeste Aida Cerrato, en su condición de defensores privados del señor José Ramón Andrade Banegas, como parte recurrida.

HECHOS PROBADOS

Que el Tribunal de Sentencia establecio la senrtencia ahora recurrida como hechos probados los siguentes: “ PRIMERO: El día lunes 14 de abril de 2003, el señor José Ramón Andrade Banegas médico general, se encontraba a cargo de las labores de médico de emergencia en el Hospital Viera de la ciudad de Tegucigalpa, como a eso de las 05:00 de la tarde, llegó el niño R. C. F. M. de siete años de edad acompañado de su madre Aída Floridalma Morales Lamothe, quien le relató que su hijo se había precipitado de un muro de aproximadamente de 2 a 3 metros de altura, recibiendo golpe en la cabeza y en el brazo. SEGUNDO: El doctor Andrade Banegas realizó la revisión médica e indago con la madre del menor, si esté había sufrido vómitos, mareos o nauseas, a lo que la madre respondió que no, posteriormente le realizó un examen neurológico que dio como resultado que el niño F. M. se encontraba lucido, consciente y orientado, procediendo el doctor Andrade Banegas a ordenar la realización de radiografías de cráneo y antebrazo izquierdo, placas que fueron analizadas por el doctor Andrade Banegas, diagnosticando una fractura en el antebrazo izquierdo y no haber evidencia de trauma importante en cráneo, por lo cual decidió llamar al especialista en traumatología. TERCERO: Ese mismo día el especialista en traumatología realizó la revisión física al niño R. C. F. M., asimismo revisó las radiografías y se entrevistó con la madre del menor quien le informó lo acontecido a su hijo, como médico tratante y responsable a partir de ese momento, decidió realizarle un procedimiento con anestesia general para reparar la fractura, el que efectuó ese día en horas de la noche, posteriormente de ser intervenido el menor Fue llevado a la sala de observación donde comenzó a convulsionar, sin embargo a pesar del cuadro presentado fue atendido hasta las 07: 10 de la mañana por el anestesiólogo, quien determinó reportar el caso a la doctora intensivista quien a la vez ordenó se le practicara un examen Cerebral que determinó que el niño R. C. tenía un acumulo de sangre en la parte izquierda del cerebro que le produjo un infarto cerebral. Por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la cabeza para salvar su vida, teniendo como consecuencia lesiones permanentes.”

RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS

Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma La recurrente Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser: DICTAMEN D.M.F. 001 -08 de fecha 15 de febrero del 2008, en el cual el doctor GUSTAVO ADOLFO ROQUE PACHECO PERITO Forense del Ministerio Público en su pericia refirió: Que la madre del menor le manifestó que el 14 de abril de abril del año 2013 cuando disfrutaba de un paseo en la zona del picacho, su hijo sufrió una caída, debido a esto fue llevado al hospital y Clínicas Viera, donde fue revisado por un médico y a través de un examen físico y radiografías, se le diagnostico fractura del brazo y antebrazo izquierdo, fue sometido a la sala de operaciones con el objeto de deducirle dichas fracturas, posterior a la cirugía dicho paciente se encontraba inquietó sin despertar, sudoroso y le manifestaron que era por el efecto de la anestesia, pero el niño nuca despertó, posteriormente a través de tomografías computarizada se le diagnosticó una contusión cerebral, operándolo el día 1 de abril del 2003. El 16 de abril se le ordena nuevamente tomografía en el cual se le diagnostica edema cerebral masivo y un infarto (tejido cerebral muerto) en el lado izquierdo. 24 horas después fue operado nuevamente y actualmente se encuentra en estado vegetativo. CONCLUYENDO SU PERICIA: Que existía evidencia que el paciente, si presenta traumatismo craneoencefálico; que la evaluación clínica y radiológica que inicialmente se le realizo a la paciente, fue superficial, ya que solamente se le diagnóstico fractura del radio izquierdo, ya la fractura de cubito y radio y fractura supracondilea fueron diagnosticadas ya en la sala de operaciones... Los médicos tratantes (médico general, anestesiólogo y ortopeda) que atendieron inicialmente a este paciente no estaban obligados a saberlo, su conducto debió haberlo sido de ínter consulta con un especialista para tal efecto, diligencia que no se llevó a cabo por ninguno de ellos, ya que la identificación del hematoma y la evaluación quirúrgica precoz es muy importante, pudiendo en su defecto da lugar en forma brusca y tras un intervalo lucido variable de la conciencia a una comprensión cerebral y herniación del tallo cerebral. Las secuelas neurológicas y el estado actual que presenta este paciente son consecuencia de no haber identificado oportunamente el hematoma epidural. Refiere además el perito en la AMPLIACION DEL DICTAMEN probanza que el juzgador de igual manera excluyo que: “...Un médico general no está capacitado para realizar lecturas de radiografías cerebrales, pero si puede identificar lesiones traumáticas obvias. El médico general al tener el conocimiento de cómo sucedieron los hechos estaban en la obligación de llamar a un neurólogo, ya que las normas internacionales en relación cuando un niño sufre un traumatismo craneoencefálico, por mínimo que sea, deberá estar en observación por lo menos 24 horas a fin de identificar signos y síntomas provenientes del sistema nervioso central... Las secuelas eran irreversibles …En cuanto a lo que refiere el médico general, No hay evidencia de trauma importante en la cabeza, o sea que dice que hay trauma, la persona que evaluó al paciente es un médico general competente de acuerdo al pensum académico, saber encontrar, saber examinar, saber diferenciar, no se cumple el criterio.., el medico no estaba obligado a saber de radiología o traumatismo cráneo encefálico debió consultar al especialista …Concluyendo: que debido a no hacerse una historia médica completa no se encontró el síntoma principal por el cual fue erróneo el diagnostico, la fractura de la mano no iba a poner en peligro su vida... La organización mundial de la salud dice:” Cuando un niño tenga trauma craneal, no lo despache, el prefijo asintomático, es que en ese momento no hay síntomas”. De igual manera el juzgador excluyo SOLICITUD DE RAYOS X (DICTAMEN PERICIAL) de fecha 24 de junio del 2008, el cual fue ratificado en juicio por parte de la doctora IRIS HORTENCIA DURON GRADIZ, quien es médico radióloga de medicina Forense del Ministerio Público, en dicho dictamen se establece qué recibió radiografías en proyección lateral de cráneo y de antebrazo izquierdo en la que encontró un cráneo de configuración normal con presencia de imagen radio lucidas que era sospechosa de un trauma o lesión ubicada en el lado derecho, de la cabeza, advirtió además en su pericia que la radiología de imagen no es el método para detención de lesiones de cráneo intracraneanos y que lo que corresponde es una tomografía... Relato que al revisar las placas observo un cráneo de configuración normal y una imagen sospechosa de una fractura, por lo que acto seguido se debió ordenar realizar una tomografía de cráneo de parte del médico que lo evaluó para determinar si el trauma era leve, moderado o severo, el no hacerlo corre el riesgo de no detectar algo grave. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró invalida, porque a su criterio esta solicitud de rayos x, propuesta y admitida como dictamen pericial realizado a las radiografías tomadas al menor R. C. F., por la doctora IRIS HORTENSIA DURON GRADIZ, a lo que estableció: “Este Tribunal ha observado que no tuvo control jurisdiccional como manda la norma penal, tomando en cuenta que el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 30 de abril del 2008 y el dictamen fue realizado el 25 de junio del 2008...” es decir estando ya judicializada la causa y se obvió el control jurisdiccional que debe regir en las actuaciones procedimentales, violentando con ellos la garantía del debido proceso y convirtiéndose la pericia en una prueba prohibida, que carece de valor probatorio”. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, en los numerales 3 y 4, legitima al Ministerio Público para realizar pericias en todos los campos de la Medicina Forense; asimismo para adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse y para la realización de esas diligencias, el mismo artículo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el presente caso esta diligencia investigativa no lesiona de ninguna manera el derecho de defensa al acusado, puesto que en el desarrollo del debate pudo cuestionarse su condición profesional en su calidad de perito forense del Ministerio Publico al perito que realizo esta experticia, asimismo pudo ser sometido al contradictorio para desvalorar la pericia ya que este era el momento procesal oportuno para tal efecto, no en la etapa preparatoria donde la función del perito es emitir una opinión atendiendo su especialidad y que será incorporada con conocimiento de las partes en el proceso. Estas pericias fueron realizadas por un Perito Oficial del Ministerio Público, y en ningún momento se violentaron derechos fundamentales al acusado, no se violentaron normas de procedimiento y principios que rigen el proceso como los de Igualdad y Defensa y la parte contraria tenía el momento procesal oportuno para hacer uso del contradictorio en relación a ese medio de prueba. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión esta probanza, diligencia que como ya lo indicamos cumplía con los presupuestos procesales para su admisión, en consecuencia, se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el imputado JOSE RAMON ANDRADE BANEGAS no realizó los procedimiento médicos y manejos adecuados para determinar que el paciente evidenciaba trauma craneoencefálico, pues no llego a tal conclusión en virtud que hizo una evaluación superficial pues como quedó demostrado solo diagnostico una fractura del radio izquierdo pues las otras fracturas que presentaba como ser la fractura de cubito y radio y fractura supracondilea fueron diagnosticada ya en la sala de operaciones, evidenciando una vez más el mal manejo de diagnosticó del paciente, que le produjo a un menor que contaba solamente con siete años en el momento de ocurrencia de los hechos, secuelas neurológicas irreversibles y a consecuencia de no haber identificado oportunamente el hematoma hepidural, por trauma craneoencefálico. Pues el golpe que presentaba en la cabeza para el médico tratante fue de menor importancia. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.

Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:

  1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.

  2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.

  3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;

  4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;

  5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público;

  6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337;

  7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.

Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.

Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.

Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo.

Ø Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.

Ø Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.

Ø Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis.

Ø Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia.

Ø Pretensión: Que se case la sentencia

Establece la recurrente que el tribunal de sentencia excluyo prueba de valor decisivo como ser el Dictamen D.M.F 001-08 de fecha 15 de febrero de 2008 así como la ampliación del Dictamen, realizado por el Dr. Gustavo Adolfo Roque Pacheco; así mismo establece el recurrente que el juzgador excluyó y la considero invalida la solicitud de rayos X (Dictamen Pericial) de fecha 24 de junio de 2008, la cual fue ratificada por Dra. Hortencia Duron Gradiz, quién médico radióloga de Medicina Forense del Ministerio Público, pues esta es perito oficial del Ministerio Público y por ende no necesita autorización judicial.

De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo

Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso.

Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso.

Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo:

a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico.

b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio.

La norma procesal además exige -para la configuración del vicio- que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.

De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo.

Establece la recurrente: 1) Que hubo exclusión de prueba de valor decisivo en cuanto al Dictamen D.M.F 001-08 de fecha 15 de febrero de 2008 así como la ampliación del Dictamen, realizado por el Dr. Gustavo Adolfo Roque Pacheco; 2) Que el juzgador excluyó y consideró invalida la solicitud de rayos X (Dictamen Pericial) de fecha 24 de junio de 2008, la cual fue ratificada por Dra. Hortencia Durón Grádiz, médica radióloga de Medicina Forense del Ministerio Público.

En relación a lo expuesto por la recurrente, resulta importante establecer que ha sido criterio de la Corte Suprema, que el artículo 362.2 del Código Procesal Penal contiene dos supuestos: el primero cuando la sentencia excluye indebidamente una prueba (es decir evidentemente la rechaza sin establecer razones suficientes de esa decisión o la considera ilícita sin serlo), o un segundo supuesto cuando la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). Este supuesto implica la infracción de varios artículos del Código Procesal Penal: I) Del artículo 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción como producto de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II) del artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto, y III) del artículo 338 sección cuarta numeral 2 que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de pronunciarse sobre la fuerza de convicción que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que, si excluye arbitrariamente alguna de ellas o deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, se configuraría precisamente la infracción invocada, ya que, en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servir de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Es de indicar que no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración de la prueba), sino que es necesario que la misma sea de valor decisivo. Ello implica efectuar una operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones podrían haber sido distintas. En el caso que ahora nos ocupa, la Representación del Ministerio Público alega exclusión de valor decisivo del dictamen D.M.F. 001-08 (F19 a F29), realizado en fecha 15 de febrero de 2008, realizado por el Dr. Gustavo Adolfo Roque Pacheco, perito oficial del Ministerio Público, así como la ampliación del mismo. De este modo se impone la necesidad de que esta Corte Suprema verifique, si tal situación se ha presentado respecto a la prueba documental relacionada por el ente acusador, así tenemos que: a folios del 19 al 30 del expediente se encuentra incorporado el Dictamen D.M.F. 001-08; así mismo, también se constata que se encuentra incorporado a la causa, la ampliación de dicho dictamen, visible a folio 31. El dictamen en referencia y su ampliación, fueron propuestos y admitidos como medios de prueba de cargo, de tal suerte que fueron evacuados en el acto del juicio oral y público, siendo ratificados por el doctor Gustavo Adolfo Roque Pacheco, perito oficial asignado al Departamento de Patología Legal y Medicina Forense del Ministerio Público. De acuerdo ha podido constatar este Tribunal Supremo, que referido documento, no fue excluido de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de Sentencia, pues queda consignado en el folio 650, la valoración descriptiva e intelectiva que el A quo realizó sobre los mismos; de acuerdo a lo anterior se hace una exhaustiva descripción del contenido del dictamen incluyendo lo relativo a la revisión realizada en el expediente clínico de la víctima, en el Hospital y Clínicas Viera S.A, para posteriormente a folio 654 vuelto, pronunciarse sobre la valoración que dicho medio de prueba le merece, indicando que concede toda credibilidad al dictamen y su ampliación, en cuanto al análisis del expediente clínico, pues el mismo fue elaborado por un perito oficial que cuenta con la capacidad profesional para practicar este tipo de pericias. Sin embargo al realizar el análisis de la prueba de manera conjunta, confronta el dictamen y su ampliación, con las declaraciones de los doctores Javier Sánchez Midence, neurocirujano pediatra y Elmer Sady Mayes Cisneros, neurocirujano general, ambos propuestos como prueba de descargo, encontrando el sentenciador que los argumentos esgrimidos por el perito Gustavo Adolfo Roque Pacheco, no se encuentran convincentemente fundados, toda vez que el testimonio de los especialistas en neurocirugía, establecen que, en el caso del niño R. C. F. M., de acuerdo al expediente clínico, no resultaba necesaria una interconsulta ya que un (SIC) “chichote” por sí solo, no la hace necesario, estableciendo que al neurólogo se le llama cuando la radiografía muestre un trauma importante como lo es ruptura de piel o que el paciente muestre pérdida de conocimiento, heridas evidentes, alteraciones pupilares, convulsiones o que tenga paralizado algún lado del cuerpo o la cara, criterios que no presentó el paciente, es decir el ofendido. De este modo, el sentenciador no ha excluido indebidamente el dictamen y su ampliación toda vez que ha establecido razones suficientes que motivan su decisión, descartando de ese modo los supuestos de exclusión de prueba, que se han dejado establecido previamente.

En el segundo caso sometido a estudio la recurrente considera que el A quo excluyó indebidamente la solicitud de rayos X (Dictamen Pericial), de fecha 24 de junio de 2008, ratificada por la Doctora Iris Hortencia Durón Grádiz.

Los argumentos de la censora no son correctos, pues el tribunal sentenciador en ningún momento excluyó o no consideró la solicitud de rayos X (F67) al que se refiere, pues el mismo fue propuesto como medio de prueba y fue evacuado y sometido a contradictorio de las partes. En la sentencia denunciada, en el apartado de la valoración de la prueba, en el numeral tercero inciso 3.3 el tribunal sentenciador hizo la valoración intelectiva, y además establece las razones que le motivaron para separar del legajo probatorio la pericia a la que se refiere la recurrente, estimando el tribunal que carece de eficacia probatoria. Motivó el Tribuanl recurrido, la solicitud de Rayos X no tuvo control jurisdiccional como manda la norma penal, tomando en cuenta que el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 30 de abril de 2008 y el dictamen fue realizado el 25 de junio de 2008, ante tal situación ya sea el juzgado de instrucción penal o el tribunal de sentencia en su caso, debió nombrar a la perito Iris Hortencia Duron Gradiz para realizar dicha pericia y una vez investida judicialmente proceder a cumplir el encargo, que en el caso que nos ocupa sería el análisis en las radiografías tomadas al menor, concluyendo el sentenciador que tales argumentos vuelven la prueba ilícita.

En la presente causa el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 25 de abril de 2008 (F1-F3), la solicitud de rayos X fue realizada el 24 de junio de 2008 (F67); de lo que se deduce que la parte defensora no tuvo la mínima intervención, no tuvo la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa.

Tal como lo argumentó el juzgador en la valoración probatoria del fallo, el artículo 200 del Código Procesal Penal establece, que carecerán de eficacia probatoria aquellos actos que vulneran garantías procesales establecidos en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.; Concluye esta Corte Suprema, que el Tribunal sentenciador no excluyó indebidamente la solicitud de rayos x que alega la recurrente, pues expresó las razones que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta Corte Suprema comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación.

POR TANTO. La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 339, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 177 del Código Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

13