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Sentencia CP-577-19 — Registro 15666

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados de los delitos de Asesinato y Abuso de Autoridad, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un examen de juricidad de la plataforma fáctica contenida en la sentencia, contraponiéndola con el fallo mediante el cual se condena a los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, por dos delitos de Asesinato y dos delitos Abuso de Autoridad, todos en concurso real, en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez, Ramón Eduardo Díaz Rodríguez y la Administración Pública respectivamente, determinando que sí se reúnen a cabalidad todos los elementos objetivos, normativos y subjetivos de los tipos penales esgrimidos. Importante es destacar que el delito de Abuso de Autoridad, contemplado en el artículo 349 del Código Penal, es un tipo penal que se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto reprochado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público; además, es un tipo penal de mera actividad, por cuanto su consumación acontece con la acción contraria a la norma, sin importar si existe o no resultado dañoso. Se hace énfasis en que no existen problemas de compatibilidad con el principio de legalidad, cuando tipos penales en blanco (como el delito de abuso de autoridad), pueden ser completados de contenido con preceptos de rango inferior a la ley, ya que se admite que en determinados ámbitos es necesario el recurso de las mismas, más ello para que sea admisible, dependerá de que el reenvío normativo esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza. En este sentido, establecen los hechos probados de la sentencia recurrida, que el día 11 de abril del año 2014 entre la una y treinta a dos de la tarde, en la Colonia Jardines de San José, localizada a inmediaciones de la colonia El Pedregal de Comayagüela, fueron interceptados en el estacionamiento del Supermercado La Despensa Familiar los señores Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez por parte de los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar, Capitán de Defensa Aérea y José Luis Melgar Deras, Subteniente de Inteligencia Militar ambos asignados a la Dirección de Información Estratégica denominada como el C2 quienes se hacían acompañar de otras personas de sexo masculino que cubrían su rostro con pasamontañas, chalecos antibalas y portando armas de fuego, transportándose estos en un vehículo tipo pick up, doble cabina, vidrios polarizados, marca Toyota, tipo Hilux, año 2006, color gris, el cual presentaba unas abolladuras en la parte superior de las Diez y un óvalo en la parte superior trasera del techo de la cabina, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, obligando a abordar a el referido automotor a las personas antes mencionadas, los cuales se retiraron en dicho automotor a la colonia la Vega, La Cañada ingresando al carril del Anillo Periférico y se dirigieron hasta la carretera que conduce a la Aldea La Empedrada, deteniendo su marcha en un área rodeado de maleza localizada a dos kilómetros 2 km. de la aldea de Mateo del Distrito Central. Una vez en el lugar desabordaron el automotor Elmer Eliazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras y otros acompañantes, conminando a Zenia Maritza y Ramón Eduardo Rodríguez, quien ya esposados con un aro de presión, a bajarse del vehículo, procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego tipo fusil Galil, calibre 5.56 x 45/223 registrado con la serie 41162981 propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, en distintas partes del cuerpo a Zenia Maritza y Ramón Eduardo, heridas que les provocaron la muerte de manera inmediata. Destaca la Sala de lo Penal que estas conductas realizadas por los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, infringieron disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, para el caso, la Constitución de la República establece en su artículo que las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. En este mismo término prescriben los artículos 1, 37 y 161 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, al establecer que dicho ente debe velar por el estricto cumplimiento del imperio de la Constitución de la República, así como conservar del orden público, protección a las personas y propiedades, ejecución de resoluciones, mandatos y disposiciones emanadas de autoridad competente. Contrario a lo anteriormente expuesto, se desprende claramente del fáctum de la sentencia que los señores Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, en un claro abuso de las funciones a ellos encomendadas por razón de sus cargos públicos, omitieron el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República y de Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, lo que ocasiona la realización de dos conductas funcionales dolosamente ineficientes y realizan la parte objetiva y subjetiva del delito de Abuso de Autoridad. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se les impuso a los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, las sanciones por cuatro delitos en concurso real, a saber: i. La pena acumulada de 40 años de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por ser autores responsables de dos delitos de asesinato, en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez; y, ii. La pena acumulada de 6 años de reclusión, como autores responsables de dos delitos de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 46 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Según el Código Penal 130-2017 la conducta de asesinato (artículo 193), está sancionada con una pena de veinte a veinticinco años de prisión; entretanto, las de abuso de autoridad (artículo 499.2), contemplan la pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; el cual, de acuerdo al artículo 68 del Código Penal 130-2017, debe calificarse como continuado, debiendo imponerse la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que nos da un nuevo margen abstracto de 3 a 8 años de inhabilitación especial. En concreto, con la nueva normativa sustantiva tenemos un margen abstracto de cuarenta a cincuenta años de prisión e inhabilitación especial de tres a ocho años. Expuesto lo anterior, se concluye que el Código Penal 130-2017 no representa un beneficio para los acusados, ya que tanto éste (artículo 38) como el Código Penal 144-83, establecen un límite objetivo de la pena privativa de la libertad en treinta (30) años, debiendo cumplirse dicho límite objetivo, ergo le favorece entonces el derogado Código Penal, siendo éste el que debe aplicarse al caso concreto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-577-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 577-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los acusados Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, como autores materiales del delito de asesinato, en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez, a sufrir la pena de veinte años de reclusión, por cada muerte. Asimismo, se les condena como autores del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, a sufrir la pena de tres años de reclusión, en concurso real. Penas que deberán cumplir en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Declaró civilmente responsables a los acusados Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, de la indemnización de perjuicios a favor de los familiares y dependientes económicos de Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez y la Administración Pública. Tercero: No se ordenó el comiso del arma de fuego y del vehículo Toyota, doble cabina, año 2006, color silver gris, por ser propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Cuarto: Absolvió a los señores Juan Carlos Paz Tavabora y Walter Noé Serrano Valdez, por el delito de asesinato y abuso de autoridad en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez, Ramón Eduardo Díaz y la Administración Pública. Quinto: No procede la condena en costas a los acusados Elmer Eleazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras, Juan Carlos Tavabora y Walter Noé Serrano Valdez. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, en su condición de defensora privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras. Son partes en única instancia: la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, defensora privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, como recurrente; y, la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Los Integrantes de este Tribunal de Sentencia, como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica y en congruencia con hechos y circunstancias descritas en la formalización de acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio, dan por acreditados los siguientes hechos: PRIMERO: Que el día 11 de abril del año 2014 entre la una y treinta a dos de la tarde, en la Colonia Jardines de San José, localizada a inmediaciones de la colonia El Pedregal de Comayagüela, fueron interceptados en el estacionamiento del Supermercado de La Despensa Familiar los señores Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez por parte de los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar, Capitán de Defensa Aérea y José Luis Melgar Deras, Subteniente de Inteligencia Militar ambos asignados a la Dirección de Información Estratégica denominada como el C2 quienes se hacían acompañar de otras personas de sexo masculino que cubrían su rostro con pasamontañas, chalecos antibalas y portando armas de fuego, transportándose estos en un vehículo tipo pick up, doble cabina, vidrios polarizados, marca Toyota, tipo Hilux, año 2006, color gris, el cual presentaba una abolladuras en la parte superior de las Diez y un ovalo en la parte superior trasera del techo de la cabina, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, obligando a abordar a el referido automotor a las personas antes mencionadas los cuales se retiraron en dicho automotor a la colonia la Vega, La Cañada ingresando al carril del Anillo Periférico y se dirigieron hasta la carretera que conduce a la Aldea La Empedrada, deteniendo su marcha en un área rodeado de maleza localizada a dos kilómetros 2 km. De la aldea de Mateo del Distrito Central. SEGUNDO:Una vez en el lugar desabordaron el automotor Elmer Eliazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras y otros acompañantes, conminando a Zenia Maritza y Ramón Eduardo Rodríguez, quien ya esposados con un aro de presión, a bajarse del vehículo, procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego tipo fusil Galil, calibre 5.56 x 45/223 registrado con la serie 41162981 propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, en distintas partes del cuerpo a Zenia Maritza y Ramón Eduardo, heridas que les provocaron la muerte de manera inmediata.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, defensora privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “DEL RECURSO DE INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE SE INTERPONE. ÚNICO MOTIVO: POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA. - Precepto autorizante: Artículo 361 del CPP, en relación con el artículo 89 Constitucional, 2 del Código Procesal Penal, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Exposición del motivo invocado El derecho fundamental que ha sido gravemente infringido en la sentencia que se recurre se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además de constituir un pilar fundamental de la Constitución de la República (Art. 89), que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP). Este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas contundentes obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Conocido es que la sentencia penal de condena debe basarse por regla general en prueba directa, pues esta no genera dudas al momento de establecer la responsabilidad penal de una persona que es imputada de un delito durante el juicio oral y público. No obstante, por regla de excepción la doctrina ha establecido la posibilidad de enervar el estado de inocencia de un justiciable a través de Prueba Indiciaria, criterio, que si bien ha sido aceptado por la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, la misma se ha ocupado del tema explicando las exigencias ineludibles que debe tener en cuenta el juzgador al momento de emitir un fallo condenatorio con prueba indiciaria, así las características que le pueden llegar a dar legitimidad han sido explicadas, entre otras, en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2004, en el expediente No. CP. 922-04, estableciéndose lo siguiente: "Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. En ese sentido, de manera general cuatro son los requisitos que se exigen al respecto: a) Los indicios han de estar plenamente probados, b) Pluralidad de indicios, c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, y d) Motivación en la sentencia[1]. Dicho lo anterior, la labor de la Sala radica en determinar si la prueba aportada en juicio cumple con los requisitos para considerarla como indiciaria, o por el contrario solo lleva a meras sospechas que por sí solas no pueden enervar la presunción de inocencia. Para dicho control, sobre la base del primer requisito referido a establecer si los indicios están plenamente probados, es necesario: 1) explicar cuáles son los indicios encontrados, y 2) establecer de que prueba específicamente surgen cada uno de ellos[2], al no caber la construcción de certezas sobre la base de simples probabilidades. En el presente caso, una revisión de la sentencia recurrida fácilmente nos informa que los juzgadores no explican cuáles son los indicios probados o encontrados, solamente hacen referencia en los Fundamentos Jurídicos de la sentencia a doctrina sobre la prueba indiciaria, es más al inicio del párrafo tercero página 145 de la sentencia dicen: “…en el presente juicio se han desarrollado una serie de indicios y pruebas, al enlazar los hechos con los medios de prueba evacuados se logra determinar”…, pero no concluye en nada, sino que hacen referencia a una doctrina sobre los indicios. Renglones más adelante, pero sin decir nada, retoman el tema: “elementos que en el presente caso son varios. Están relacionados unos con otros homogéneos, independientes…” para luego aludir al único indicio delimitado por el tribunal, sobre el hallazgo de elementos pilosos de una de las víctimas en el vehículo Toyota, color silver asignado al C2. Luego continua con una idea incongruente: “con las armas registradas a esa unidad militar. Específicamente con un fusil registrado con la serie 41162981…”. Sobre la base de las ideas anteriores, vemos que el Tribunal de Sentencia no delimita ni hace una exposición detallada y clara de cuales constituyen la pluralidad de los indicios probados en juicio, siendo más importante aún de que prueba se deriva cada uno de ellos, resultado evidente, que al único indicio que determinan, de forma arbitraria le otorgan un valor probatorio de certeza[3] que no tiene; dado que, en la pericia de Biología Forense realizada por el señor SAULO ROMERO (inicia en pág. 115 y ss.), este fue claro al establecer en la página 122 renglón 14 y ss. de arriba hacia abajo: “nosotros no hablamos de pertenencia, hablamos de similitud entre un elemento piloso”… “yo puedo tener la certeza de decir que ese elemento piloso es suyo cuando yo se lo arranco”…, de lo expresado por el mismo perito se pone en evidencia, que la conclusión del tribunal carece de razón suficiente para determinar la certeza, que es inexistente y solo constituye una mera posibilidad o una “similitud” según sus palabras, siendo evidente que no se puede considerar de esa forma un indicio que solo es plausible con una prueba de ADN. En ese sentido, el tribunal pretende darle al elemento piloso recolectado valor y credibilidad de certeza para condenar cuando el mismo perito se lo niega, vulnerando gravemente el estado de inocencia de nuestros representados. Nótese que el vehículo donde se encuentran los elementos pilosos en referencia es decomisado el 1 de julio del 2014, fecha en la cual también se realiza la recolección de indicios donde se encuentran los elementos pilosos; es decir 80 días después de los hechos que ocurrieron el 11 de abril del 2014. Distinto sería si se tratase de un vehículo sobre el cual se hubiesen realizado las diligencias investigativas de manera inmediata al hecho sucedido, pero no 80 días después; siendo lógico suponer que muchas personas hicieron uso de ese vehículo. Tanto tiempo después no puede existir ninguna certeza como bien lo explica el perito, si acaso similitud, que no alcanza ni puede ser considerado como un indicio contundente para sostener una condena. AL respecto la doctrina ilustra con claridad, no es posible condenar con un solo indicio aunque este existiese plenamente (lo cual no ocurre en el caso subjudice de acuerdo a lo supra señalado); “en esta materia los indicios deben ser siempre varios y suficientes, es decir, adecuados para demostrar el hecho que interesa[4]”. La sentencia que se recurre no permite dilucidar cuál es el iter lógico utilizado, es decir no se puede determinar el proceso deductivo que siguieron para establecer el proceso de inferencia (inductivo), que une el indicio (hecho base) con el hecho presunto. En consecuencia, el tribunal erróneamente arriba a la conclusión (sin determinarlo taxativamente de esa manera) “que tales acciones son constitutivas del delito de Asesinato”[5]; sin embargo, reiteramos no explica (no motiva) a qué acciones se refiere, constituyendo un grave vicio que vulnera el principio de inocencia al condenar sin prueba mínima suficiente, que justifique el fallo condenatorio que se emitió y que además limita la misma interposición del recurso que se presenta al no describir los indicios acreditados, pero que pone en evidencia la insuficiencia probatoria necesaria para condenar. En adición de todo lo anterior, como la Honorable Sala Penal podrá observar, en el presente caso se condenó a los señores ELMER ELEAZAR MEJIA AGUILAR Y JOSE LUIS MELGAR DERAS, por el hecho de que un fusil dio positivo en una comparación balística como el arma con la cual se le quito la vida a los hoy fallecidos, y en un libro de control de entradas y salidas del armamento militar de Dirección de Contra inteligencia Militar C2 aparece el nombre de ellos, el primero que lo retiro y el segundo que lo devolvió, fusil decomisado meses después en dicha dirección. Para ello el tribunal en la valoración conjunta de la prueba (pág. 143), aplica como regla para condenar: “que ambos tuvieron acceso material al arma”, sin embargo, no puede existir tal certeza sobre el acceso a la referida arma; pues además del desorden (falta de manejo administrativo claro) en que se llevaban los libros, extremo sobre la cual son contestes WILMER JAVIER MATAMOROS GALINDO y HENRY HUMBERTO GOMEZ APLICANO encargados del manejo de tales libros, no existe prueba contundente, que informe certeza positiva que ellos accedieron el día de los hechos a las armas. Nótese que en el caso ELMER ELEAZAR MEJIA AGUILAR, no aparece una firma en el espacio correspondiente (recibido), y en el caso de JOSE LUIS MELGAR DERAS aparece una firma en el espacio de su nombre (entrega); no obstante, ello, no se puede concluir que es su firma, pues el ente encargado de acreditar que él efectivamente regreso dicho fusil no presentó ninguna prueba de tal hecho (ejem, documentológica de comparación de firmas). Al respecto, la doctrina ilustra diciendo sobre los indicios, el hecho “indiciario” no debe ser relacionado con otro hecho que no sea el “indicado”: es lo que se llama “univocidad” del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se llama indicio anfibológico. Solo el unívoco podrá producir certeza para condenar, el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado[6]. No se puede soslayar como lo hace la sentencia recurrida, que en esa comparación balística existen suficientes dudas sobre el manejo de las evidencias que sirvieron como elementos de comparación, en especial la bala recolectada en la autopsia por el Dr. RAFAEL ALFREDO GUERERO, ¿quién manifestó tenía estrías ese proyectil? si tenía, ¿tenía deformidades ese proyectil? ¿Si tenía, usted lo describió en su protocolo? No. Pero al momento de la evacuación de esa bala como evidencia, es decir, en el momento determinante del proceso, la misma (sorprendentemente) no tenía deformidades, estaba casi intacta como lo describió contradictoriamente el mismo doctor; siendo evidente que la misma tampoco puede constituir un indicio unívoco valido para desvirtuar la inocencia de los acusados, pues, carece de contundencia probatoria. Al respecto, como bien lo ha estimado la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, a pesar de existir fuertes sospechas sobre la culpabilidad de un imputado, ello no es suficiente para enervar el estado de inocencia cuando existe una duda razonable a su favor. En el caso bajo examen existe tal duda, además de ello es evidente que la prueba de cargo que ni siquiera son “indicios unívocos”, no alcanzan certeza a los cuales se les pueda dar esa categoría, siendo insuficientes para condenar; la sentencia condenatoria solo puede darse cuando exista prueba producida regularmente, que determine con claridad la culpabilidad de los acusados; también se debe señalar que coexisten otras posibilidades sobre el supuesto acceso material a dicho fusil por parte de los imputados, como ser la inscripción deliberada de sus nombres o la confusión negligente de nombres por los encargados del registro de los libros, que no se puede cargar en perjuicio a los acusados, sino que al ser evidente desde el momento mismo que el órgano fiscal realiza la investigación y se da cuenta de ello, debió constatar su existencia a través de otros medios, lo cual es evidente que no existen al no ser allegados al proceso. Derivado de lo anterior, no se logra probar la participación de los imputados en los hechos, siendo palmario que el tribunal recurrido los condeno siendo inocentes, imponiendo una sentencia por sospechas en vulneración del mandato constitucional que se invoca como infringido. Por todo lo anterior, la Honorable Sala de lo Penal de la CSJ deberá declarar Con Lugar el presente motivo de casación, revocar el fallo condenatorio emitido por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y dictar un nuevo fallo mediante la cual se absuelva de toda responsabilidad a los acusados, al haber sido condenados con ausencia de prueba mínima suficiente que desvirtuara su estado de inocencia, el cual debe ser mantenido incólume ante la falta de prueba mínima de cargo suficiente; pues como bien ha señalado la jurisprudencia de la Corte IDH: “La presunción de inocencia implica que el acusado no debe mostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa”, en el mismo sentido ha sostenido, “que la presunción de inocencia exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla[7]. DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA QUE SE INTERPONE PRIMER MOTIVO: NO HABERSE OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3) en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Como ya se adelantaba CLAUS ROXIN[8] “el acusado tiene que ser protegido de las falsas apreciaciones del juez en la formación de su convicción”, exigiéndose en ese sentido como prisma a seguir que tales apreciaciones guarden la racionalidad en su construcción. Este aspecto, condicionado obviamente por la inmediación, que permite determinar la existencia de prueba de cargo válida para quebrantar el estado de inocencia del encartado; cuya presencia, está limitada a la percepción que se tenga de la evacuada en el juicio oral y la motivación de la interpretación que tuvo lugar en juicio. Sumado a lo anterior, tal ejercicio jurisdiccional debe respetar los principios de la recta razón (normas de la lógica), los principios de la experiencia común y de los conocimientos científicos, en las deducciones que el tribunal de sentencia realice a partir de la prueba de cargo y descargo. En síntesis, se exige que: “las conclusiones de los jueces sean fruto razonado de las pruebas en que se apoya”[9]. Tal como lo exige el artículo 202 del Código Procesal Penal al decir: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en el mismo sentido el artículo 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba. En el presente caso el vicio denunciado ocurre cuando los juzgadores en el fallo recurrido en casación no ajustaron sus razonamientos al momento de valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la lógica, la psicológica y la experiencia común. En general se exige que las conclusiones de los juzgadores deben tener coherencia entre sí y debe ser razonable la derivación que se hace de la valoración de cada medio de prueba del cual debe proceder la conclusión que se externa. Específicamente y como se expondrá a continuación el tribunal vulnera en la valoración de la prueba las leyes fundamentales de la coherencia, derivación, el principio de razón suficiente, tercero excluido y contradicción, así como las máximas de la experiencia. El tribunal de manera exigua valora la declaración de los testigos protegidos BMR y BMY, quienes hacen un relato que ante las máximas de la experiencia común resulta inverosímil, al referir el primero como habrían sido detenidas las victimas por personas que portaban armas y pasamontañas a quienes en ningún momento pueden identificar como los acusados; lo sorprendente resulta cuando describen que el padre de las victimas procedió a darle persecución a los supuestos captores en un bus rapidito en una zona ( la vega, la peña) que sé conoce es de mucho tráfico, reconociendo: “Que era de poca velocidad y nunca los pudieron alcanzar, de ahí no le pudimos dar percance”; el testigo BYM describe que uno de los varones (captores) andaba un arma fea un “revolver tipo 45 un poco feísima”, escenario que, no parece adecuado a las máximas de la experiencia, que un testigo de un hecho de esa naturaleza trate de percibir el mínimo detalle de sujetos que andan armados, pero aceptando que puede ser así, nos lleva al razonamiento lógico que no se trata entonces por el tipo de arma descrita, de los acusados, quienes son efectivos militares y deberían portar otro tipo de armas. Además, ninguno de los dos testigos los puede identificar en su relato, derivando conclusiones erróneas el tribunal como se explica más adelante, de igual forma resulta inverosímil cuando el testigo BMR padre de las victimas al interrogatorio de la parte acusadora relata que cuando él se dirige al taxi donde andan los captores “pero la sorpresa mía es que miro, abre el vidrio el motorista del taxi que va al lado del pasajero y en el volante esta un señor encapuchado y en la parte de atrás esta otro señor encapuchado vestido de la misma manera”, relatando que después dejan abandonado el taxi; es evidente, que el relato descrito carece de lógica y sentido común, pues todo lo contrario lo lógico correspondería asumir que si unos sujetos se trasportan encapuchados en un vehículo de cualquier tipo porque van en la comisión de un ilícito y si se acerca una persona de esa manera no van a bajar el vidrio para exponerse sino todo lo contrario, eso no va suceder, además que no relata el testigo si pregunto algo o que le manifestaron, lo cual resultaría alejado de las máximas de la experiencia. El tribunal hace una valoración errónea de estos medios de prueba y es evidente les reconoce un valor de credibilidad que no pueden tener por su mismo relato y tampoco es corroborado como lo dice en su valoración con otros medios de prueba. En ese sentido, el video recolectado, así como el recurso de exhibición personal interpuesto por el padre de las victimas después que estos desaparecieron, del cual más bien se manifiesta contradicciones evidentes en cuanto a la descripción del vehículo referido, lo cual es obviado por el tribunal en su valoración en contravención de las reglas de la sana crítica. De igual forma, el tribunal al momento de valorar las declaraciones de los testigos BMR y BMY, es evidente, no se ajusta a las reglas de la psicología[10], vulnerando también la regla lógica de no contradicción. Pues, no es razonable pretender que los testigos ante un momento de nerviosismo pudieran apreciar detalles tan específicos del vehículo en el cual eran trasladados, como las referidas abolladuras. El tribunal no aprecia acertadamente, que el testigo BMR insistía en reiteradas ocasiones, aun en respuestas que no venían al caso en la frase: “3.0 gris con dos abolladuras en la parte de atrás”, siendo evidente de acuerdo con las normas de la psicología la derivación de una inseguridad del testigo en su relato. Además, tales dichos, son falaces frente a la misma prueba de cargo del MP en lo relativo a los videos de cuidad inteligente, porque este informa de aspectos totalmente contrarios a lo explicado por los testigos; sin embargo, el tribunal deriva en conclusiones que no emanan de la prueba evacuada. En ese orden de ideas el testigo BMR relaciono similar circunstancia del testigo BMY quien declaro al interrogatorio de la defensa: “¿En ese trayecto a qué distancia se mantiene el taxi de esa 3.0 de la que usted habla? En el trayecto del camino yo voy siguiendo al taxi y la 3.0 va atrás ¿La 3.0 va atrás del taxi? Atrás del bus ejecutivo en el que voy yo…”. Sin embargo, en el video presentado, nunca se observa que el vehículo 3.0 exhibido en el mismo vaya precedido en su marcha de ningún bus ejecutivo, muchos menos el taxi que refiere este testigo. Sobre este aspecto el tribunal no explica tampoco cuál fue su razonamiento sobre tal contradicción de trascendental importancia en el relato del hecho por los referidos testigos; siendo evidente que, no existe de parte del tribunal un juicio de razonabilidad adecuado de los referidos testigos al carecer estos de datos objetivos de credibilidad en su declaración. Al revisar la valoración conjunta de los libros de salida y de entrada de las armas de la Dirección de Contra inteligencia Militar C2, evidentemente, se vulnera el principio de razón suficiente, que exige para que todo juicio sea realmente verdadero debe tener necesariamente una razón suficiente que justifique lo que se afirma o niega; pues el tribunal arriba a la conclusión que el día 11 de abril del año 2014 el Capitán ELMER ELIAZAR MEJIA retiro un fusil con serie 41162981, siendo entregado de regreso el mismo día en horas de la tarde el mismo fusil por el soldado José Luis Melgar Deras. Una revisión de tal conclusión nos informa, que la misma no es coherente ni es verdadera, pues coexisten otras posibilidades derivadas de tales pruebas, manejo negligente, deliberada intención de culparlos y no existe certeza de lo afirmado. Al respecto, el testigo WILMER JAVIER MATAMOROS GALINDO encargado de llevar el registro en el libro de entradas indicado señalo a preguntas del MP: ¿Cuál es la razón entonces de consignar el nombre de Elmer Eliazar en este libro? R/ fue un error porque si usted observa él no la firma y si no la firma es que no la recibió, ¿la firma que aparece en el entregado en los renglones 1, 2 y 3 la reconoce? Esa es mi firma; explicando el testigo en reiteradas ocasiones que tenían un mal procedimiento para entregar y recibir armas, en el cual a veces mandaban a traer armas y no necesariamente era la persona que era, sin constatar que esas armas eran entregadas a la persona consignada en el libro (página 55-56 de la sentencia). Resultando, claro que no se puede afirmar, ni se puede concluir de manera certera, que el Capitán ELMER ELIAZAR MEJIA retiro un fusil con serie 41162981, pues no aparece firmado por su persona de recibido del arma como correspondería. De manera arbitraria y antojadiza los juzgadores omiten razonamiento alguno al respecto, es más en la parte final de la valoración conjunta, tal como la Sala podrá apreciar, el tribunal falta a la verdad de los hechos afirmando que este documento no fue cuestionado comprometiendo gravemente su imparcialidad con esta afirmación. En conclusión, no existe certeza de quien sacó el arma, lo que se acredita es únicamente la salida de la misma. Contrario a lo anterior, si es razonable y coherente deducir que los referidos libros (registro de salida y entradas) eran mal manejados, lo cual le resta la credibilidad probatoria que el tribunal erróneamente aduce; aunado a que las máximas de la experiencia indican que se trata de una institución que por su propia naturaleza es fácil entender existen a diario diversas salidas y entradas de armas a distintos efectivos. En ese contexto, al existir un mal manejo del respectivo registro y control, como contundentemente lo afirmaron WILMER JAVIER MATAMOROS GALINDO y HENRY HUMBERTO GOMEZ APLICANO, quienes eran los que registraban las novedades en los libros de entrada y salida de armas de la dirección de Contra Inteligencia Militar; consecuentemente, resulta claro que la valoración del tribunal es errónea y la misma no da certeza de si fue el acusado Mejía quien la retiro o no, y si fue el acusado Deras quien la entrego, pues en el mismo vicio incurren en la valoración del libro de entradas, al concluir: “Siendo entregado de regreso el mismo día en horas de la tarde el mismo fusil por el soldado José Luis Melgar Deras”. Sobre ello, claro está que el Principio de Derivación exige que la valoración de la prueba debe sustentarse en inferencias razonables, ante lo cual, la deducción del tribunal no es razonable puesto que en el libro señalado aparece un nombre y una firma, pero no se realizó ningún dictamen para determinar científicamente que esa firma corresponde al señor MELGAR DERAS. En las circunstancias de mal procedimiento en el manejo de este libro, donde no se tiene la certeza de la persona que se le entrega y la hora en que se devolvió el arma, no es razonable derivar la conclusión arribada por el tribunal, ya que es claro que cualquier otra persona pudo devolver dicha arma y firmar. Nótese en ese sentido que a preguntas del MP sobre quien devolvió el arma el señor HENRY HUMBERTO GOMEZ APLICANO esgrimió ¿Qué persona? No sé no me acuerdo ¿pero si puede ver la firma? Puedo ver la firma, pero no sé de quién es, ¿qué persona entrego estas armas que usted establece? No recuerdo la persona que las entrego; es decir, no existe certeza de quien regreso el arma, lo que se acredita es únicamente la entrega en el almacén respectivo. Evidentemente no existía un procedimiento veraz y claro, lo cual veda el razonamiento al cual erróneamente arriba el tribunal; debiendo haber concluido que existía un libro de salida y de entrada donde se consignaba la entrega de dicho fusil y la devolución del mismo, sin que se pudiera establecer que efectivamente las personas enunciadas fueron quienes retiraron y devolvieron dicha arma de fuego. De igual manera, no existe razonamiento lógico del Tribunal cuando dota de certeza a un medio de prueba del cual no se puede concluir tal valor, pues en la valoración de la prueba referente al dictamen de Biología Forense 2014-0801-0503-5436 ratificado por el perito SAULO ROMERO, el tribunal concluye “también cuatro de ellos pertenecen al señor RAMON EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ”, lo que sin duda a criterio del tribunal acredita el traslado de dicha persona en el vehículo Toyota, placas PBM8745”. Es importante destacar que tal conclusión es subjetiva y arbitraria, reiteradamente el perito esgrimió: “nosotros solo determinamos si es similar, si es concluyente o diferente” … “nosotros no hablamos de pertenencia…” yo puedo tener certeza de decir que ese elemento piloso es suyo cuando yo se lo arranco…” (ver su declaración pág. 122 de la sentencia renglón 9 y ss. de arriba hacia abajo); aclarando renglones atrás que similitud no es lo mismo que igual. Sobre ello, ENRIQUE BACIGALUPO[11] ilustra: “de peritos que carecen de seguridad sobre sus conclusiones no se puede extraer seguridad”. Claramente, el tribunal ha vulnerado la regla lógica de derivación, cuando la conclusión sobre dicho medio de prueba debió referir a la similitud de los elementos pilosos objeto de estudio. En adición a lo anterior, los juzgadores debieron apreciar que es contrario a la experiencia común que los elementos pilosos encontrados en el vehículo supra referido se localizan diseminados en los cuatro cuadrantes en los cuales dividió el perito el vehículo decomisado, es decir, en todos los asientos, tal cual si fueron colocados o la persona a la cual pertenecen fricciono su cabeza en todos los asientos o se sentó en todos ellos. Destacándose, la falta de certeza y el mal manejo sobre quien los levanto, lo cual le resta credibilidad a la pericia, pues en el acta de inspección ocular número 1046-2014 (pág. 48 renglón 13 de arriba hacia abajo, SERGIO CASTILLO refirió: “finalizando la inspección al exterior del vehículo procede a realizar peritaje al interior la doctora de Biología”; no obstante, ello, quien aparece ratificando el dictamen durante el juicio fue el perito SAULO ROMERO, a pesar de que este a pregunta del MP sobre quien levanto estos elementos pilosos contesto: “esos son levantados del vehículo por el Licenciado de Medicina Forense y por inspecciones oculares”. Además, otros peritos presentes al momento de la inspección específicamente la Técnico Yesenia Delgado (ver pág. 50) quien dice no recuerda que se encontró en vehículo, al mismo tiempo no se describe en Acta De Inspección Del Vehículo, tales hallazgos; es decir el hallazgo de tales elementos piloso no es reforzado por personas diferentes las cuales estaban presentes en el lugar, como lo indicarían las máximas de la experiencia. El Tribunal sentenciador incurre en un yerro abismal al extraer conclusiones sobre extremos no evacuados en el medio de Prueba de Documentología Forense N. 2014-0801-0504-8359, vulnerando con ello La Derivación y las reglas del debido proceso, entre ellas el principio de contradicción. Sobre este cuestionamiento es importante revisar que tal medio de prueba tiene por objeto, determinar si el renglón 9 del adverso del folio 59 del libro de novedades de la posta del departamento de Contrainteligencia militar C2, presenta tachadura y sustitución de datos; dando como resultado la pericia que las letras salió fue sustituido por la palabra entro. No obstante, lo anterior, al valorar dicho medio de prueba en el acápite valoración de la prueba (pág. 127 de la sentencia) el tribunal concluye que: “donde de forma maliciosa se pretendió borrar la palabra salió, colocándole corrector a la palabra entro con el objeto de ocultar la salida del vehículo marca Toyota…”. Cuando únicamente, de conformidad al propósito probatorio del MP debió concluir que en dicho libro se constató que a la palabra salió se le coloco corrector color blanco y sobre ello se escribió la palabra entro”; pues el libro de novedades no fue evacuado como medio de prueba evidencia. Siendo indudable que la sentencia le da una valoración que no tiene, es decir le da una relevancia alejada de la oferta probatoria, vulnerando a todas luces las reglas de la sana crítica, pues no puede hacer valoración alguna ajustada a dichas reglas de algo que se excede valorando y que no fue evacuado en ese sentido. Resulta también contrario a la recta razón, la valoración que el tribunal realiza sobre el ANALIS TELEFONICO 0801-2016UDA00132, en la valoración conjunta de la prueba (pág. 133 y 134) donde dicen: “realizaron el mismo recorrido que hicieron las víctimas”, razonamiento alejado de la verdad y sin derivación suficiente, puesto que el mismo perito explica:” no necesariamente es que ellos agarraron ese trayecto, sino que solamente lo que se figura, el google lo que me dice es esta antena, luego capta esta antena, pero no quiere decir que agarraron ese trayecto” (pág. 130 renglones 26 y ss.); de lo cual se destaca, que con dicho medio de prueba no puede verse que hicieron estas personas. En ese sentido tal conclusión no deriva de ninguna prueba, más aun cuando el teléfono 99870671 de JOSE MELGAR a la 13:30:33 es captado por la antena del aeropuerto (pág. 130 renglón 4), en tanto a las 13:38:21 el número 8750-8488 del señor ELMER ELIAZAR MEJIA fue captado por la antena de las torres (pág. 129 renglón 4); ambos lugares diferentes y distantes del SITIO donde fueron privadas de su libertad las victimas a la 13.32 de ese día 11 de abril del 2014 en La colonia Jardines de San José, a inmediaciones de la Colonia el Pedregal en Comayagüela. En adición a lo anterior, en la valoración conjunta de la prueba (pág.138) el tribunal sin ningún medio de prueba del cual derivar tal información arriba equívocamente a la conclusión, que las antenas que se activaron respecto del teléfono del señor RAMON DIAZ, calpules, cañada, generación, las tapias están ubicadas en el trayecto de la detención hasta el lugar donde fallecieron los ahora occisos. Es preciso acotar que como explico dicho perito HILDA LETICIA CASTRO cada antena tiene un rango de 1 km y una celda entre 300 a 400 mts; por lo cual nunca se acredito que los ahora imputados anduvieran juntos. Sobre este aspecto, los testigos de cargo BMR y BMY refieren que los hechores de tal acto abordaron un solo vehículo, después de impactar el taxi donde se conducían dos de ellos, contra un bus; es decir, por un lado, no se acredita que andaban juntos y, por otro, los testigos en su versión dan entender que sí. Consecuentemente, si andaban juntos porque se llamaban frecuentemente y más aún porque esas llamadas no fueron captadas por la misma antena como resultaría de un razonamiento lógico. Resulta contrario a la lógica, suponer que una bala impactada en un cuerpo duro (hueso) no sufra deformidades, lo cual es reconocido por el medico que realizo la AUTOPSIA AT663-14, quien recolecto en el cuerpo del señor RAMON DIAZ RODRIGUEZ una bala, que posteriormente se aduce fue disparada con un fusil decomisado en las instalaciones del C2. En ese sentido, a preguntas de la defensa el Dr. RAFAEL ALFREDO GUERERO: ¿manifestó tenía estrías ese proyectil? si tenía, ¿tenía deformidades ese proyectil? ¿Si tenía, usted lo describió en su protocolo? No. (lo dicho por el perito es claro la bala tenía deformación no estaba intacta) Sin embargo, el manejo de la evidencia deja serias dudas sobre si esa bala fue la misma comparada por los peritos MARLON GONZALES y JIMMY BENDECK. ¿Nótese que ese elemento de prueba estuvo 12 días en un refrigerador de la morgue, ninguno de los peritos que la tuvo en su poder la describe en sus protocolos o en sus dictámenes, verbigracia, JOSE ESPINO perito balístico del MP “porque no describe los casquillos usted en el material recibido? Porque yo no lo recibí (pág. 94 renglón 9 y ss. arriba hacia abajo). En adición a los razonamientos citados, fueron manejados en “prestamos internos” no documentados adecuadamente por los peritos y como la Sala podrá observar, además analizadas en tiempos (expeditos) por los peritos, para el caso JIMMY BENDECK en referencia al préstamo de evidencias al señor ESPINO manifiesta: “el mismo catorce de julio se la preste a la 1:33 y el me la entrego a mí a las 3 pm” (pág. 85 primeros renglones). Termino de tiempo, en el cual analizo el señor ESPINO 11 armas de fuego de las cuales extrajo 4 elementos comparativos sumando 44, más siete elementos de comparación de la escena y uno de la autopsia (página 91 infine y 93 ab initio). Resulta, particularmente llamativo y no puede soslayarse en el presente caso al objetarse la valoración probatoria por vulneración de las reglas de la sana crítica, que aunando a lo antes señalado en el referido peritaje balístico exista una ausencia de álbumes fotográficos, lo cual curiosamente no ocurre en los demás medios de prueba, no obstante que, sorprendentemente se UTILIZO EL INSOLITO ARGUMENTO DE “falta de recursos”, pero curiosamente en el mismo caso en otros peritajes presentados como podrá observarse hay abundante material fotográfico (hasta 36 en la inspección de vehículo, 90 en video) mostrando así ese “manejo diferente” de ese medio probatorio por parte del ente acusador; limitando además gravemente la labor defensiva de los consultores técnicos, pues no se puede apreciar si los peritos observaron adecuadamente los indicios; más aún cuando como regla de valoración positiva al momento de valoración del álbum fotográfico de la escena (ver pág. 43), los jueces resaltan que los indicios fueron fijados a través del correspondiente álbum fotográfico con 40 fotografías, que ilustran los cuerpos y los indicios levantados. No obstante, ello, la falta de fotografías por parte de los peritos de balística no permitió ilustrar al tribunal y a las partes sobre sus dichos. Estos aspectos cobran relevancia al momento de evacuar la evidencia física consistente en: “un sobre de manila debidamente embalado y sellado que contienen una bala de aparente núcleo de plomo y revestimiento de cobre, ilegible, punta aguda, estriada la derecha”; pues esta (la evacuada como prueba) no presenta deformidades como tenía la encontrada en el cuerpo del occiso, extremo referido por el medico autopsiante a preguntas realizadas durante el juicio. Con ello se vulnera además la Regla de identidad, donde A solo es A y no puede ser B. Es innegable que, en la valoración conjunta de la prueba (pág. 80 ultimo renglón) el tribunal nuevamente vulnera las reglas de la sana crítica, ya que no dice nada, deja sin claridad y con ausencia de razonamiento la valoración, al dejar inconclusa sus ideas; limitando también de manera drástica el derecho mismo a recurrir el fallo nuestro recurso al decir: “acreditándose además que la bala recuperada del cuerpo de la víctima Ramón Eduardo Díaz Rodríguez, recibió siete heridas, según autopsia…”. Por ende, el tribunal no externo sus razonamientos sobre esta situación trascendental respecto a la bala supra señalada. Asimismo, el tribunal en un claro desconocimiento de lo que la valoración de la prueba consiste dice que: “los dictámenes AT-664-2014 Y AT 663-2014 se consideran válidos, aun siendo puestos en duda mediante la intervención en el proceso de consultores...” y esgrimen que “le otorgan credibilidad por ser peritos oficiales por labor encomendada a su cargo sin ningún interés”; vulnerando de manera notoria la sana crítica en la valoración pericial, específicamente en la Razón Suficiente; en este aspecto, además que no da mayor razonamiento incurre en el error de decir que les da credibilidad en razón del cargo, cuando la credibilidad debe ser otorgada por la capacidad profesional y por la certeza de la pericia método utilizado (experticia y experiencia del perito), valorando alejado de las reglas de la sana crítica el medio de prueba, al no existir razonamientos lógicos de ninguna forma al darle un valor precisamente sin justificación alguna en perjuicio de la defensa.Se afirma que la derivación es una exigencia de La Razón Suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de lo Penal[12]. En ese contexto, cuando se realiza la valoración conjunta (pág. 144) los juzgadores en la fase descriptiva del medio de prueba comparación balística realizada por el perito oficial JOSE ESPINO, con la autopsia del señor Ramón Eduardo Rodríguez, señalan: “el dictamen 5489-15 dio como resultado que la aguja percutora del bloque de cierre, eyector…”. La precariedad de la sentencia informa fácilmente que no explica cuál es la razón suficiente de la cual se derive la conclusión a la cual arriban seguidamente al dejar sentado: “demostrándose de manera fehaciente que el instrumento utilizado para quitarles la vida fue el fusil…”. Destaco que en la valoración conjunta de la prueba (pág. 105 últimos tres renglones) para el tribunal quedo claro únicamente “que no existe duda alguna sobre el buen funcionamiento de las armas de fuego tipo fusil 556…”; entonces nos preguntamos de donde deriva posteriormente que esa arma de fuego disparo la bala encontrada en la autopsia del señor Ramón Eduardo Rodríguez, si nunca describió ese resultado; es decir, no describen lo que las pericias demuestran. Como bien se ha explicado por la Sala de lo Penal[13], la Coherencia manda la aplicación del Principio de Contradicción, el cual nos dice que una persona o cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, es decir, el Tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Este principio es vulnerado por los sentenciadores en la valoración conjunta de la prueba (pág. 144), cuando estiman: “evidencia evacuada en el presente juicio, que había sido retirado en horas de la mañana por las personas antes mencionadas” … refiriéndose a que los imputados habían retirado el fusil serie 4116622981; sin embargo en la valoración conjunta a la prueba libros de control de entrada y salida (pág. 59) da por acreditado que solo uno de ellos la retiro: “el día 11 de abril del año 2014 el capitán Elmer Eliazar Mejía retiro fusil con serie 41162981”. Evidenciándose aún más dicha vulneración, cuando en la valoración conjunta de la prueba (pág. 60) los juzgadores dan por acreditado: “...página 13 aparece que recibe el señor José Luis Melgar Deras con dos fusiles y dos cargadores, uno con serie 41162987 y otro con serie 41162987 retirado en fecha 11 de abril del 2014”. Por otro lado, el Tribunal de forma subjetiva y sin prueba alguna que lo avale, arriba a la conclusión en los hechos probados, que los hoy imputados dispararon en forma individual y alterna contra los ahora occisos. Ello vulnera la regla lógica de Derivación, pues cada conclusión afirmada a negada debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, o como bien lo ha explicado la Sala de lo Penal [14]: “El principio de Derivación conforme al cual cada hecho probado ha de partir o tener como base inferencias debidamente acreditadas”. Además, su regla de razón suficiente exige que “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas”. No existe ninguna prueba que afirme o haga presumir tal conclusión, lo cual refleja la arbitrariedad de la sentencia hoy recurrida; con lo cual se construyó un hecho probado como conclusión sin que exista prueba del que se desprenda. Sumado a ello, es contrario a todo razonamiento humano que el tribunal de por acreditado que el fusil con serie 41162987, sirvió para quitarle la vida a los Señores ZENIA MARITZA Y RAMON EDUARDO; pero en el hecho probado segundo, estiman que este único fusil fue disparado por los dos imputados, lo cual resulta lesivo al razonamiento de un hombre medio, pues tal acción solo requeriría de una sola persona para ser materializada. Por último, el tribunal infringe el Principio de Tercero Excluido por el que dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa, por lo que la otra es necesariamente verdadera. En este contexto los jueces aducen que ambos imputados dispararon contra las víctimas por ende se colige fácilmente una autoría material, pero sorprendentemente también aducen que son considerados coautores por cuanto existe una repartición de funciones entre Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras (pág. 145 infine y 146 ab initio). No podemos soslayar, que se vulnero el principio de Contradicción pues en el acta de levantamiento el tiempo de muerte se fijó en 12 a 16 horas y el levantamiento se dio el 12 de abril del 2014 siendo las tres de la tarde o sea el medico ubica la muerte entre las 3 AM del 12-4-14 hasta las 11 PM del 11-4-14. En tanto el medico autopsiante el cual realizo la necropsia a las 7:00 PM del 12-4-14 fue categórico a preguntas del Ministerio público: “el tiempo de la muerte no puede pasar de un día” es decir no puede ser antes de las 7:00 PM del 11-4-14; explicando ese rango en la “no presencia de signos de putrefacción como es la descomposición que se presenta después de 24 horas sobre todo en temperaturas calidad que era una fecha más o menos de semana santa” (pág. 65), lo cual resulta contradictorio y un razonamiento sin coherencia, pues en la valoración conjunta de la prueba (pág. 143) los jueces relacionan en referencia al fusil con el cual supuestamente se les quitó la vida: “fue entregado el mismo día en horas de la tarde por el señor Luis Melgar Deras”, especificando en la valoración conjunta de la prueba la hora de regreso (página (144) donde los juzgadores dan por acreditado la presencia de los imputados en la unidad militar a la 4: 30 PM “... tal como quedo registrado en fecha 11 de abril del 2014, a las 16:30 tal y como se consignó bajo tachadura que entro Elmer Eliazar Mejía y José Luis Melgar Deras, Walter Noé Serrano y José Paz Tabora a la unidad de inteligencia militar.…”. Entonces, si el arma se entregó en horas de la tarde del 11-4-14 y la muerte de la víctima no pudo ser antes de la siete de la noche del 11-4-14; así las cosas, siguiendo la valoración del tribunal encontramos otro elemento de incertidumbre, pues cuando pudieron ocurrir las muertes, ellos ya habrían ingresado a la unidad de inteligencia militar consecuentemente ya habían devuelto las armas; sin embargo, a tal hecho el tribunal no dio una respuesta completa vulnerando nuevamente las reglas de la sana crítica. En la valoración conjunta de la prueba (ver pág. 141) los togados arriban a la conclusión de que la muerte de ZENIA DIAZ y RAMON DIAZ, se convirtió en una ejecución extrajudicial; extremo contrario a las máximas de la experiencia y el sentido común, pues el perito Rafael Díaz (Guerrero) manifestó que en sus ropas no se encontraron residuos de pólvora, igual que el disparo de las manos fue de larga distancia, si los tenían atados con aros de presión resulta ilógico dispararles de larga distancia (ver pág. 66). Además, las máximas de la experiencia nos indican que los hoy imputados tienen conocimientos en armas largas (fusil) y saben que estos eyectan los casquillos, por ende, no es congruente asumir con la recta razón que, si ellos les hubieran quitado la vida, iban a dejar siete casquillos en la escena de los hechos en la cual supuestamente ellos estarían solos con las víctimas. Cabe desatacar, que la ropa de las víctimas no tenía sangre situación contraria también a las máximas de la experiencia, pues en este tipo de heridas necesariamente debe existir flujo de sangre la cual se aloja en las ropas y en el suelo donde yace la victima; sorprendentemente sobre este particular dicho perito manifestó al solicitársele explicación al respecto, contesto: “no sé honestamente”. Al igual resulta ilógico pensar, que los imputados o cualquier persona si tenía la intención de privar de la vida a las víctimas, no le iban a quitar su teléfono para apagarlo y desde el momento que supuestamente los detienen. En conclusión, es manifiesto que la sentencia recurrida quebranta las reglas de la sana crítica, la lógica, la psicológica y la experiencia común, específicamente vulnera en la valoración de la prueba las leyes fundamentales de la coherencia, derivación, el principio de razón suficiente, tercero excluido y contradicción, pues de los elementos de prueba presentados no pueden derivarse razonable y de manera coherente las conclusiones de los juzgadores, por las razones que se han expuesto, siendo procedente se decrete la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “SEGUNDO MOTIVO: CLARA MOTIVACIÓN FÁCTICA O JURIDICA INSUFICIENTE. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación con el 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba, numeral 3 de la fundamentación jurídica y 141 del Código Procesal Penal. Concurre tanto falta de motivación fáctica como falta de motivación jurídica, ambos vicios se interponen en el mismo motivo por estar vinculados. Exposición del motivo invocado La sentencia recurrida evidencia en el apartado de valoración de la prueba (motivación fáctica insuficiente) que, no permite deducir razonablemente cual ha sido el proceso de valoración del Tribunal para perfeccionar sus conclusiones, pues en la valoración de los cuestionamientos hechos por la defensa a varios medios de prueba de cargo, los juzgadores hicieron un examen limitado al razonar su decisión, resultando imposible así develar con claridad cuáles son los razonamientos coherentes utilizados en la valoración de la prueba. La falencia procesal del Tribunal sentenciador trasgrede las reglas del debido proceso que establece la Constitución de la República, al contravenir la disposición más democrática del proceso penal que se consigna en el artículo 141 del Código Procesal Penal- la obligatoriedad de motivación de las resoluciones judiciales- , que en sus Párrafos segundo y tercero establece: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva”. “La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. Tal como la Sala de lo Penal podrá observar, existe una relación concadena de respuestas que, sobre el tiempo de muerte de las víctimas, a las cuales el tribunal no le otorga un raciocinio suficiente. En el apartado valoración acta de levantamiento (pág. 42-43) los juzgadores manifiestan que “aun y cuando la defensa cuestiono que no fue realizado bajo el marco de legalidad, no existe prueba de igual o mayor categoría que diga lo contrario”; cuando tales cuestionamientos surgen de la misma prueba, obsérvese que en dicha acta el tiempo de muerte se fija en 12 a 16 horas y el levantamiento se dio el 12 de abril del 2014 siendo las tres de la tarde o sea el medico ubica la muerte entre las 3 AM del 12-4-14 hasta previo las 11 PM del 11-4-14. En tanto el medico autopsiante el cual realizo la necropsia a las 7:00 PM del 12-4-14 fue categórico a preguntas del Ministerio Público: “el tiempo de la muerte no puede pasar de un día” es decir no puede ser antes de las 7:00 PM del 11-4-14; explicando ese rango en la “no presencia de signos de putrefacción como es la descomposición que se presenta después de 24 horas sobre todo en temperaturas calidad que era una fecha más o menos de semana santa” (pág. 65). No obstante, lo anterior, los juzgadores a priori otorgan un valor superior a dicho medio de prueba, sin explicar porque no son válidos los cuestionamientos a un acto puramente personal que refleja el parecer de un profesional o técnico, como lo es una pericia. Ello fácilmente se refleja en la valoración conjunta de la prueba, en la cual el tribunal mismo se deslegitima en el rol que se le asigna en la valoración motivada y racional de los medios de prueba (pág. 80), donde adelantan “los dictámenes se consideran validos…”, y posteriormente se limitan a referir sin respuesta alguna “…aun siendo puestos en duda mediante la intervención en el proceso de consultores técnicos…”; además que no da un completo razonamiento, es decir, es insuficiente e inconcluso el razonamiento sin constituir una inferencia lógica que permita explicitar algo; incurriendo a la vez en el desliz de expresar únicamente - sin motivar- que les da credibilidad a los peritos en razón del cargo que desempeñan, cuando la valoración y la certeza que se le debe dar razonadamente a un medio de prueba pericial debe ser por la capacidad profesional y por la certeza obtenida de la pericia (experticia y experiencia del perito), lo cual no razona el tribunal, causando además un grave perjuicio a los principios básicos del proceso de contradicción e inmediación de la prueba al quedarse sujeta a una decisión judicial final ceñida a lo más íntimo y profundo de la conciencia de los jueces. Sumado a lo anterior, el tribunal reconoce la existencia de unos aros de presión en las victimas, sin embargo, el MP no logro dar explicación de su paradero, siendo evidente, que existió un mal manejo de la evidencia, tampoco se acredito que los acusados tuvieran acceso alguno a los aros de presión en sus unidades en las cuales no se registran ese tipo de aparatos, aspecto sobre el cual debía pronunciarse el tribunal; Los razonamientos, que se reclaman eran determinantes para conocer el iter lógico seguido para fijar la hora de muerte de los hoy occisos, lo cual debieron realizar los peritos del Ministerio Público, pues el tribunal en la valoración conjunta de la prueba (pág. 143) relacionan en referencia al fusil con el cual supuestamente se les quitó la vida: “fue entregado el mismo día en horas de la tarde por el señor Luis Melgar Deras”; lo anterior, es relacionado en la siguiente página (144) donde los juzgadores dan por acreditado tal hecho y exponen:”... tal como quedo registrado en fecha 11 de abril del 2014, a las 16:30 tal y como se consignó bajo tachadura que entro Elmer Eliazar Mejía y José Luis Melgar Deras, Walter Noé Serrano y José Paz Tabora a la unidad de inteligencia militar.… Y si el arma se entregó en horas de la tarde del 11-4-14 y la muerte de la víctima no pudo ser antes de la siete de la noche del 11-4-14, entonces encontramos otro elemento de duda razonable pues cuando pudieron ocurrir las muertes, ellos ya habían devuelto las armas; sin embargo, a tal hecho el tribunal no dio una respuesta completa a pesar de dar como Hecho Probado, que la muerte ocurrió momentos después de las 1: 30 o 2 de la tarde. El vicio grave que se acusa- de motivación fáctica insuficiente- ocurre justamente cuando los jueces garantes de las reglas del debido proceso, omiten el contenido del artículo 141 en relación al artículo 338 de las reglas para la redacción de la sentencia, pues describen los medios de prueba, pero no consignan clara y de manera suficiente al momento de la valoración el proceso intelectivo seguido, quedando ese proceso de valoración de la prueba lejos de lo que establece la regla cuarta de la redacción de la sentencia, sin justificación y sin poderse deducir siquiera los razonamientos utilizados para sus conclusiones, que es lo mismo como cuando en la valoración de la prueba sólo se dice que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión. Al respecto, la Corte IDH, ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, también ha dicho que, “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada a la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas[15]”. La falta de exteriorización razonada de la sentencia recurrida, también se pone en evidencia en la valoración conjunta de los libros salida y de entrada de las armas de la Dirección de Contra inteligencia Militar C2 (pág. 59), sin explicar por qué el tribunal dice: “este tribunal les da valor probatorio, ya que no encuentra porque dudar” sin explicar entonces que valor probatorio tiene para ellos o porque no tiene ninguno, la trascendental información brindada por el señor WILMER JAVIER MATAMOROS GALINDO encargado de llevar el registro en el libro de entradas indicado señalo a preguntas del MP. ¿Cuál es la razón entonces de consignar el nombre de Elmer Eliazar en este libro? R/ fue un error porque si usted observa él no la firma y si no la firma es que no la recibió, ¿la firma que aparece en el entregado en los renglones 1, 2 y 3 la reconoce? Esa es mi firma; explicando este señor y HENRY HUMBERTO GOMEZ APLICANO, en reiteradas ocasiones que tenían un mal procedimiento, en el cual a veces mandaban a traer armas y no necesariamente era la persona que era, sin constatar que esas armas eran entregadas a la persona consignada en el libro. Es decir, no refiere nada sobre la duda razonable, que los imputados no fueron quienes retiraron y regresaron la supuesta arma homicida. Otro aspecto importante, es que en la valoración conjunta de la prueba (pág. 80 ultimo renglón) el tribunal nuevamente es insuficiente en sus razonamientos, pues, no dice nada por haber dejado incompleta una idea limitando drásticamente nuestro recurso, al decir: “acreditándose además que la bala recuperada del cuerpo de la víctima Ramón Eduardo Díaz Rodríguez, recibió siete heridas, según autopsia…”. Por ende, nos queda a deber sus razonamientos sobre esta situación trascendental respecto a la bala donde el medico que la extrajo explico que la misma tenía deformidades y al evacuarse la bala como evidencia física, el mismo manifestó que la saco casi intacta, ya al verla evacuada en juicio la cual no presentaba deformidades, palmaria contradicción que, el tribunal vulnerando las reglas del debido proceso (motivación) prefirió ser omiso y no razonar sobre la misma causando un grave perjuicio a la correcta administración de justicia en detrimento del derecho de defensa, ya que es evidente que las expresiones de valoración del tribunal no alcanzan a tener una motivación minina suficiente para justificar de manera coherente y lógica la validez de los mismos; situación que sucede también en la valoración conjunta de los peritajes balísticos (pág.104). De igual manera el tribunal no cumple con su deber legal y convencional de motivar, al valorar la prueba presentada por la defensa del recurso de exhibición personal presentado un día después del hecho por el señor José Ramón Díaz ante el Juzgado de letras Penal de Tegucigalpa; del cual se desprenden inconsistencias con la propia declaración que rindió como testigo protegido (BMR), en la cual relata que lo llamo un amigo para decirle que a sus hijos lo tenían detenido personas encapuchadas con chalecos antibalas sin ninguna característica y vestidos de civil; pero en el habeas corpus que presentada seguidamente después del hecho describe que fueron cuatro policías encapuchados con chalecos identificados (DDIC), y tal como se deja constancia en el interrogatorio efectuado por la defensa queda establecida una discrepancia con el color del vehículo, que él describió de manera inmediata después de supuestamente haberles dado seguimiento, a la pregunta de la defensa de ¿puede describir aquí delante del Honorable Tribunal que color de vehículo usted expreso en el habeas corpus? La respuesta dada es “No me acuerdo”, siendo evidente, que es una respuesta omisiva a propósito, pues es difícil asumir que el padre de las víctimas que hace un relato asombroso de persecución a los captores de ellos no recuerde cual era el color del vehículo que describió en el habeas corpus casi de manera inmediata después del hecho, ante tan evidente contradicción que le resta la credibilidad al testigo. Una vez más, de manera sorprendente el tribunal en la valoración (pág. 142) vulnera la motivación, pues no le da ningún valor ni positivo ni negativo, ya que simplemente se limita a decir:” Que viene a reafirmar lo dicho por los testigos protegidos BMY y BMR por lo que el tribunal le da valor probatorio”. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha señalado que hay motivación insuficiente cuando en la sentencia: “Se obvia un análisis crítico de las pruebas, o cuando por ejemplo el juzgador hace una cansina reiteración de lo que los testigos dijeron y pericias demuestran, sin que haga una verdadera valoración de los contenidos, o cuando se pretende llenar con una fraseología hueca la carencia de ese análisis crítico, por ejemplo cuando se expresa que la prueba testifical es clara, coherente y convincente y queda en la subjetividad del juzgador, establecer el porqué de esos criterios[16]”. En cuanto a la insuficiente motivación jurídica, en la sentencia recurrida, resulta claro de la lectura de la misma en su apartado de fundamentación jurídica, no es suficiente, pues los juzgadores no desarrollaron con claridad cuáles son los indicios probados o encontrados, solamente hacen referencia a doctrina sobre la prueba indiciaria, es más al inicio del párrafo tercero pagina 145 de la sentencia dicen: “en el presente juicio se han desarrollado una serie de indicios y pruebas, al enlazar los hechos con los medios de prueba evacuados se logra determinar que doctrinariamente el indicio…”, pero no concluye en nada. Renglones más adelante, pero sin decir nada, retoman el tema: “elementos que en el presente caso son varios. Están relacionados unos con otros homogéneos, independientes…” (sin decir cuales son) para luego aludir al único indicio delimitado por el tribunal, sobre el hallazgo de elementos pilosos de una de las víctimas en el vehículo Toyota, color silver asignados al C2. (lo cual no se acredito pues se trata de elementos que son similares con los de la víctima no de la víctima) Luego continua con una idea incongruente: “con las armas registradas a esa unidad militar. Específicamente con un fusil registrado con la serie 41162981…”. Resultando las conclusiones de los juzgadores sin la suficiente claridad para poder entender el contenido real de las pruebas evacuadas en el debate, pues, puede observarse que el Tribunal de Sentencia no delimita, ni hace una exposición detallada de cuales constituyen la pluralidad de los indicios probados en juicio y más importante aún de que prueba se deriva cada uno de ellos, es más, el único indicio que determinan, de forma arbitraria le otorgan un valor probatorio de certeza que no tiene; dado que, en la pericia de Biología Forense realizada por SAULO ROMERO (inicia en pág. 115 y ss.), este fue claro al establecer en la página 122 renglón 14 y ss. de arriba hacia abajo: “nosotros no hablamos de pertenencia, hablamos de similitud entre un elemento piloso”… “yo puedo tener la certeza de decir que ese elemento piloso es suyo cuando yo se lo arranco”…, por lo cual tal conclusión carece certeza que solo es plausible con una prueba de ADN. El vicio invocado es tan grave, que resulta imposible cuestionar a los juzgadores sobre el nexo causal o lógico que siguieron, al dejar en su mente también ese proceso de inferencia (inductivo) que une el indicio (hecho base) con el hecho presunto. A consecuencia de lo anterior, el tribunal erróneamente arriba a la conclusión (sin determinarlo taxativamente de esa manera) “que tales acciones son constitutivas del delito de Asesinato”[17]; sin embargo, reiteramos no explica a qué acciones se refiere, como podrá constatar la Sala de lo Penal. En síntesis, la sentencia recurrida no explica la relación de causalidad o nexo causal entre los hechos imputados y las acciones u omisiones de los imputados, que nos prueben directa o indirectamente que ellos cometieron los delitos por los cuales se le acusa. Por otra parte, los juzgadores estiman lo siguiente respecto de la autoría atribuida a los imputados: “son considerados coautores por cuanto existe una repartición de funciones entre Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras y otras personas” (pág. 145 infine y 146 ab initio). Sin embargo, no explican totalmente cual es esa repartición de funciones o división de trabajo, es decir que hizo cada uno de ellos para lograr ese (PLAN IMAGINADO) necesario en la dogmática jurídica para considerar coautoría, y sobre la base de tales elementos determinar si los aportes de cada uno de ellos pueden ser considerados esenciales o escasos o por el contario no, para descartar una complicidad simple o un encubrimiento. También en la coautoría es determinante el dominio funcional del hecho por los coautores, nada sobre ello se razona, no obstante, que emiten un fallo condenatorio y más grave aún describe repartición de funciones con “otras personas” de manera imprecisa sin determinar quiénes y que habrían hecho para realizar y contribuir al plan, lo cual resulta una contradicción y absoluta falta de motivación en perjuicio de nuestros representados al emitir una condena sin sustento argumentativo para encuadrar las disposiciones legales que aplica. Por último, sin decir nada ni complementarlo con idea alguna en la valoración conjunta (pág. 145) exponen la siguiente idea aislada: “estas acciones son constitutivas del tipo penal de asesinato en perjuicio de…”, sin embargo no relacionan la muerte de los ahora occisos, la forma de tal muerte, las acciones de los justiciables, quien causo la muerte, el nexo causal de estas acciones con el resultado muerte y por qué esta acciones realizadas pueden calificarse como delito de Homicidio, es decir DARLE MUERTE A UNA PERSONA. Para luego, entrar al análisis si hay circunstancias que lo vuelva un Homicidio Calificado, por ende, Asesinato. En ese sentido, el tribunal analiza la alevosía sin antes explicar porque hay homicidio de conformidad a los elementos del tipo penal y como este es atribuible a los encartados; además dice que concurre alevosía al tratarse de un grupo de personas armadas, cuando en los hechos probados solo describe la participación de los dos acusados que fueron condenados sin determinarse que participación habrían tenido las “otras personas” aludidas que participaron. De igual manera al calificar el delito de abuso de autoridad (numeral sexto de la fundamentación jurídica), una revisión de la motivación presentada denota que es incoherente con la descripción el tipo penal referido, pues además de la desacertada explicación que hacen, no motivan como se cumple en el hecho de supuestamente haber dado muerte a las victimas las hipótesis de: “dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República…” y quien las dicto o ejecuto. Es decir, no aparece motivación clara y precisa, pues asumen por el hecho de que consideran fueron los acusados los que dieron muerte a las víctimas, se cumple necesariamente la parte objetiva y el elementos subjetivo por haber querido dar muerte, y conociendo los acusados lo ilícito de sus acciones (sin describirlas en relación al tipo de abuso de autoridad), diciendo estos actuaron al margen de la ley, “siendo agentes estatales y que utilizaron herramientas logística propiedad de las fuerzas armadas del Estado de Honduras para quitarle la vida de forma extrajudicial a las víctimas”, resultando imprecisa la motivación para encuadrar el delito de abuso de autoridad, cuando además, no existe prueba que acredite que los acusados fueron las mismas personas que participaron en la detención de las víctimas. Las características del relato hecho por los testigos protegidos, así como la imprecisión de los medios de prueba visuales y de quienes se transportaban en el vehículo en el cual supuestamente se trasladó a las víctimas deja en evidencia que no se puede constatar dicho extremo; asimismo por dicha modalidad quedaría desplazado dicho delito por la muerte que erróneamente se califica, que es lo que “indiciariamente”, pero sin suficiente soporte plural y acreditación plena, pretende alcanzar el tribunal en el caso subjudice, como ya se ha referido en otros motivos. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “TERCER MOTIVO: MOTIVACION CONTRADICTORIA. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado El vicio denunciado ocurre cuando los razonamientos del juzgador no mantienen una relación y concordancia vinculado con la coherencia de los razonamientos que deben fundamentar la sentencia. Los juzgadores en la sentencia recurrida de manera sistemática se alejan de la obligación de expresar de forma clara, completa, legitima y sin contradicciones su motivación, incurriendo en otro claro vicio in procedendo, que da lugar a la nulidad de la sentencia al existir contradicción entre los hechos probados y la valoración probatoria, viciando la sentencia al contener argumentos excluyentes, que no permiten tener certeza ni seguridad en la resolución judicial que emitieron. En los hechos probados el tribunal da por acreditado que una vez en el lugar de los hechos al bajarse del vehículo a los ahora fallecidos se les disparo: “procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego…”. Este relato factico de autoría directa es insostenible y contradictorio con la valoración de la prueba realizada por el tribunal donde señalan que los imputados: “son considerados coautores por cuanto existe una repartición de funciones entre Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras” (pág. 145 infine y 146 ab initio). De igual forma, la parte del relato de los hechos probado (segundo) donde se dice: “Una vez en el lugar desabordaron el automotor Elmer Eleazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras, y otros acompañantes conminando a Zenia Maritza y Ramón Eduardo Rodríguez, quien ya esposados con un aro de presión, a bajarse del vehículo procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56 x 45/223, registrado con la serie 41162981”; además de ser contradictoria internamente, pues se explica que estas dos personas hoy imputadas disparan al mismo tiempo una sola arma de fuego, tal afirmación no proviene de ningún medio de prueba, muchos menos de valoración alguna realizada por los jueces sobre determinado medio de prueba. Tampoco proviene de ningún medio de prueba evacuado, que la muerte ocurrió por disparos que las victimas recibieron en forma individual (cada uno) pero también de forma alterna (uno después de otro), con la misma arma, al pretender justificar que los acusados dispararon se contradicen con una suposición imaginaria, diciendo que estos lo hicieron a la vez de manera alterna, lo cual solo resulta una suposición meramente subjetiva y por ende arbitraria del tribunal asumiendo de manera ilógica y en contra de las máximas de la experiencia algo que no fue probado; también es contradictorio cuando consignan que las víctimas estaban esposadas con aros de presión ( los cual no fue evacuado en juicio), lo que se deduce de la prueba evacuada es que las víctimas no estaban esposadas, pues como contesto el perito al interrogatorio efectuado ( ver pág. 65- 66 de la sentencia) los disparo son de larga distancia y la víctima recibió una herida que se denomina de defensa, es decir que la persona interpuso su mano ante el agresor que disparo y por eso se produce esa herida en esa localización, siendo una evidente contradicción, más cuando en la valoración ( pág. 80) el tribunal no dice nada de si estaban esposadas como desaparecieron o quien y en qué momento les quitaron los aros. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LA MAYORÍA DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR, EXCLUYO PRUEBA DE VALOR DECISIVO. Precepto autorizante: el presente motivo de casación es uno de los supuestos contenidos en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Con suma claridad la normativa procesal penal establece, que cuando el tribunal prescinda o excluya una prueba de valor decisivo sin justificación legalmente aceptable, incurre en un vicio in procedendo y el fallo se convierte en arbitrario, por ende, la sentencia es nula. Resulta que la defensa al momento de los incidentes debido a su estrategia probatoria propuso como medio de prueba el documental denominado Acta De Reconocimiento Del Vehículo del once de junio del dos mil catorce, la cual va a ser ratificado por el testigo o por el Agente de Investigación Juan Carlos Cruz, que corre agregado a folio 124,(medio que fue rechazado por la mayoría de miembros del tribunal, responsable del fallo condenatorio); contradictoriamente, el tribunal aduce por un lado que: “si bien es cierto el Agente de Investigación Juan Carlos Cruz consigna las actuaciones que realizo en dicho expediente hay una huella digital que no se configura de quien es, así para la mayoría de este tribunal no está claro quién se hace cargo de dicho documento”. Es decir, por un lado, aduce que el acta la realizo el agente Cruz; por otro, que no tiene claro quien la hizo; mostrando con su conclusión esa errada valoración de que padece toda la sentencia. A pesar del recurso de Reposición interpuesto la mayoría de los togados mantuvo su postura. El yerro señalado lleva a la mayoría del tribunal, hacia una conclusión de inadmitir dicho medio de prueba aduciendo que no tiene utilidad ni pertinencia para las pretensiones por la cual fue propuesta por parte de la defensa; situación apreciada con buen criterio por la Juez Presidente quien disiente, al considerar que esto si tenía relevancia en relación con la estrategia de Defensa que fue planteada por la parte defensora de los acusados; pues se hacía evidente que la defensa demostraría con ese medio de prueba que desde la misma acusación existían evidentes actos contradictorios y de dudosa realización que ponían en evidencia el tipo de investigación realizada, así particularmente lo concerniente al vehículo reconocido con el cual supuestamente se habría cometido el hecho. Como lo explico esta defensa, la relevancia y pertinencia de proponer este documento es porque a un testigo protegido se le mostró el automotor con las siguientes características un vehículo Toyota pickup, 3.0, color gris, doble cabina, vidrios polarizados, el cual lo reconoce en un cien por ciento sobre los hechos ocurridos el día once de abril del dos mil catorce en la Colonia Las Vegas; lo curioso de esta acta, es que se le puso en reconocimiento antes de ser decomisado el vehículo en las instalaciones del C2. Nótese que el vehículo fue decomisado por el MP en fecha 1 de julio del 2014 y el acta que se propuso tiene fecha once de junio del dos mil catorce, entonces se pretendía que el agente explicase cómo fue posible que ese vehículo estaba en las instalaciones de la Fiscalía cuando NI SIQUIERA había sido decomisado. Previo a demostrar el valor decisivo de la prueba, es menester establecer por qué fue errada la inadmisión de tal medio de prueba; en ese sentido, tal medio de prueba fue incorporado a la foliada judicial por el Ministerio Público, elaborado por un agente de investigación que iba estar presente en el juicio, por tanto no interrumpía el desarrollo del mismo, además en el proceso de averiguación de la verdad se encontraba la señalada “contradicción”, aspectos que en suma obligaban a su admisión; sin soslayar el tema utilidad que abordaremos más adelante. Dicho lo anterior, el Valor decisivo de una prueba se efectuará conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba no considerado a la ecuación valorativa, para constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese visto afectado en sus conclusiones, es decir, hubiesen sido distintas. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha dicho, que el principio de “inclusión hipotética”, consiste en agregar in mente el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos[18]. Con el referido medio de prueba excluido indebidamente y no queremos pensar, aunque pareciera fue maliciosamente que se dejó fuera; el tribunal fácilmente hubiera arribado a la conclusión sobre la evidente y lamentable manipulación de la prueba de cargo en la presente causa, incidiendo directamente el referido medio sobre un punto en particular (la identificación del vehículo, por ende el relato que se hace del mismo, que además de manera sorprendente como ya se ha referido supra, difiere con el que denuncio el padre de la víctima en su propio habeas corpus que presento y que luego relata de manera diferente en su declaración); enlazadamente pareciera se tratara de una prefabricación el relato del referido vehículo, tal evidencia de ello, generada a instrucción del mismo ente acusador obligaba al tribunal a razonar sobre la debilidad de la pretensión acusatoria en el presente caso. Al testigo del Ministerio Público, se le pidió identificar un vehículo que no había sido decomisado, como se le mostro físicamente si el vehículo estaba en otro lugar. Fácilmente se arriba a la conclusión de la importancia de tal medio de prueba para la tesis de la defensa, ya que se pretendía evidenciar con las mismas pruebas de la supuesta investigación realizada que no se podía tener en cuenta descripción alguna del vehículo y directamente incidía y debilitaba la errónea credibilidad que el tribunal le ha dado a medios de prueba, verbigracia, que se trata del mismo vehículo utilizado, sobre el quimérico relato descrito por los testigos protegidos, pues como creer en la veracidad de la prueba de cargo con semejante arbitrariedad, rayana inclusive al delito de Falsificación Ideológica de Documentos Públicos. A manera de ejemplo, siendo evidente palmariamente que esa prueba fue ilegal y muestra una manipulación de parte del órgano acusador, como razonablemente no se puede dudar de la veracidad de la prueba de cargo, cuando sumado a ello se presentó una evidencia física (bala) sin deformidades a pesar de haberse recuperado de uno de los occisos una bala con deformidades, como ya se expuso supra en el motivo respectivo. DEL RECURSO POR INFRACCION DE LEY QUE SE INTERPONE EN RELACIÓN CON UNO DE LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA. MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 349 No. 2 del Código Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. Permitiéndose así para una correcta aplicación de la ley que se alcancen a revisar los errores de subsunción que puedan ser cometidos por el juzgador cuando se condena indebidamente en un proceso penal en el cual no se constata la responsabilidad imputada y no se establece en los hechos probados que constituyen el pilar fundamental de la sentencia penal. El error in iudicando en que incurre el tribunal sentenciador se refleja en la redacción de los hechos probados, en los cuales se establece: “ PRIMERO: Que el día 11 de abril del año 2014 entre la 1:30 a 2 de la tarde en la Colonia Jardines de San José localizada a inmediaciones de la colonia El Pedregal de Comayagüela fueron interceptados en el estacionamiento del supermercado de La Despensa Familiar los señores Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez por parte de los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar, Capitán de Defensa Aérea y José Luis Melgar Deras subteniente de Inteligencia Militar ambos asignados a la Dirección de Información Estratégica denominada como el C2 quienes se hacían acompañar de otras personas de sexo masculino que cubrían su rostro con pasamontañas, chalecos antibalas y portando armas de fuego, transportándose estos en un vehículo tipo pick up, doble cabina, vidrios polarizados, marca Toyota, tipo Hilux, año 2006 color gris el cual presentaba abolladuras en la parte superior de las 10 y un ovalo en la parte superior trasera del techo de la cabina propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, obligando a abordar a el referido automotor a las personas antes mencionadas los cuales se retiraron en dicho automotor a la colonia la Vega, La Cañada ingresando al carril del Anillo Periférico y se dirigieron hasta la carretera que conduce a la aldea La Empedrada teniendo su marcha en un área rodeado de maleza localizada a 2 km. De la aldea de Mateo del Distrito Central. SEGUNDO: Una vez en el lugar desabordaron el automotor Elmer Eliazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras y otros acompañantes combinando a Zenia Maritza y Ramón Eduardo Rodríguez quien ya esposados con un aro de presión a bajarse del vehículo, procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego tipo fusil Galil calibre 5.56 x 45/223 registrado con la serie 41162981 propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, en distintas partes del cuerpo a Zenia Maritza y Ramón Eduardo, heridas que les provocaron la muerte de manera inmediata”. El Tribunal de Sentencia además del delito de asesinato condena también aplicando indebidamente a los acusados una norma sustantiva que no se ajusta al cuadro fáctico que se consigna en los hechos probados antes descritos, el artículo 349 No. 2 del Código Penal; que tipifica el delito de Abuso de Autoridad, el cual dice: “Será castigado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1..., 2.- Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. En la sentencia que se recurre, en los hechos tenidos como probados por el tribunal no se refleja de ninguna manera el tipo penal de Abuso de Autoridad, el cual ha sido calificado de manera errónea en perjuicio de los imputados. En ese silogismo constituido por la sentencia, la hipótesis atribuida por el tribunal derivada del artículo 342 numeral 2 del Código Penal la cual radica en: “dictar o ejecutar ordenes, sentencias, providencias resoluciones acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la Republica o las leyes o abstenerse de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Es por ello, que los hechos tenidos como probados deben reflejar la hipótesis que el tribunal seleccione de la misma, para que la conclusión de que los imputados cometieron el delito de Abuso de Autoridad sea válida; sin embargo, debe quedar claro que en dicho artículo subsisten varias sub-hipótesis pues dictar una orden, excluye a ejecutar órdenes y así sucesivamente, además una orden es diferente de una sentencia, providencia o resolución, o en su caso, abstenerse de cumplir lo dispuesto taxativamente o de manera específica en la Constitución de la Republica o las leyes; como la Sala de lo Penal podrá constatar en los dos hechos probados que se relatan no aparecen ninguno de los supuestos objetivos que da lugar a poder calificar el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio del correcto desenvolvimiento de la Administración Pública. De igual forma, ni en la misma fundamentación jurídica de la sentencia se encuentra encuadre alguno con el referido tipo penal de Abuso de Autoridad, así puede verse en el numeral SEXTO el tribunal como una regla de consecuencias necesarias, estima que al ser encontrados culpables los imputados (en referencia al inexistente delito de Asesinato) y…“siendo que los mismos son miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras y en franco abuso de su cargo, encuadran dicha acción en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD”. De suerte, que para el Tribunal toda acción cometida en el ejercicio del cargo además del delito precedente (asesinato en el sub examine), constituye perse Abuso de Autoridad; por ende, sin aceptar la culpabilidad de los encartados, pero siguiendo el ilógico razonamiento del tribunal al cometerse dicho Asesinato (que no aparece de la valoración probatoria) por sí mismo constituye ese actuar otro delito sancionado en el artículo 342 numeral 2 del Código Penal, constituyendo dicha conclusión un exceso que pone de manifiesto el desconocimiento jurídico del tribunal y la aplicación indebida de la norma que se relaciona, resultando evidente que el tribunal no opta de manera racional para decir por qué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual de los supuestos del referido delito de Abuso de Autoridad. El tribunal reafirma la errónea idea que hemos cuestionado, al momento de analizar dicho elemento objetivo acápite b) (ver pág. 151 de la sentencia) donde dicen: “elemento que se acredito al haberles quitado la vida a los señores ZENIA MARITZA DIAZ RODRIGUEZ y RAMON EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ; ya que la persona es el fin supremo de la sociedad”. Reconociendo, además, que no es necesario la concurrencia de todos los elementos rectores para configurarse dicho delito, sino que bastara uno de ellos; sin embargo, como hemos referido no señalan (porque es una actividad imposible) cual verbo rector concurre en el presente caso y por qué consideran que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual supuesto del referido artículo sustantivo. El tribunal siguiendo esa línea de pensamiento al analizar el dolo como elemento volitivo del tipo ha descrito lo siguiente: “…siendo agentes estatales y utilizando herramientas y logística propiedad de las Fuerzas Armadas de estado de Honduras…”. Es decir, para el órgano jurisdiccional la utilización de un vehículo estatal en la comisión de los hechos atribuidos a los imputados es apreciada erróneamente como parte de la configuración de un inexistente delito de Abuso de Autoridad, sin explicar de manera alguna como la conducta se adecua al tipo penal y sin que en los hechos probados se constate la descripción exigida por la norma. Como la Honorable Sala de lo Penal podrá apreciar los hechos tenidos como probados por el tribunal, no se subsumen en la conducta típica descrita por el artículo 342.2 del Código Penal, pues no se aprecian en ninguna circunstancia los verbos rectores “dictar”, “ejecutar” o “abstenerse”, muchos menos se derivan de los mismos, que se trate de una resolución, orden, sentencia, etc. Consecuentemente, es procedente sea declarado con lugar el motivo por infracción de ley presentado, dictando un fallo absolutorio a favor de los imputados quienes han sido condenados arbitrariamente por este delito.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[19] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debenunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 89 de la Constitución de la República, 2 del Código Procesal Penal y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Concepto de la infracción: vulneración al principio de inocencia. Pretensión: absolver de responsabilidad penal a los acusados. La censora del fallo inicia la exposición de su recurso dando una explicación de en lo que consiste el derecho al estado de inocencia y los requisitos para ser enervado a través de prueba indiciaria. Luego de esto, arguye que en el presente caso la sentencia recurrida no explica cuáles son los indicios probados y qué se concluye de ellos, solamente hacen referencia en los fundamentos jurídicos de la sentencia pero no concluyen nada. Denuncia que el sentenciador le otorga un valor probatorio de certeza al peritaje de biología forense realizado por el señor Saulo Romero, cuando dicha conclusión carece de razón suficiente para determinar certeza, ya que el dictamen habla de similitud más no de pertenencia, además de que la pericia se realizó 80 días posterior a los hechos. Además de ello, arguye que el sentenciador colige que ambos tuvieron acceso al arma que dio positivo en la comparación balística, pero no puede existir tal certeza debido al desorden que llevaban en la Dirección de Contra Inteligencia Militar C2. Finalmente, también denuncia que a partir de la comparación balística se pueden deducir serias dudas sobre el manejo de las evidencias que sirvieron como elementos de comparación, en especial, la bala recolectada en la autopsia por el Dr. Rafael Alfredo Guerrero, razón por la cual tampoco puede constituir un indicio unívoco. Por todo lo anterior, concluye que no se logra probar la participación de los imputados en los hechos por lo que se les condenó, siendo inocentes. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces, que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana…”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debemostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].” Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia, según las reglas de la sana crítica; así pues, en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle, tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él, del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Así las cosas, luego de analizado el recurso interpuesto se observa por esta superioridad, que la censora del fallo denuncia la infracción del estado de inocencia en tres de sus vertientes: debida motivación, debido razonamiento probatorio y suficiencia de carga probatoria. En relación al primer aspecto, de la debida motivación, la Sala de lo Penal deberá hacer un examen para determinar si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. Es oportuno hacer énfasis en el requisito de motivación de las resoluciones judiciales, pues en ésta se encuentra el conocimiento lógico-jurídico que conduce al fallo y el control en la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios fácticos y jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; pero el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener en la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella, y, en segundo lugar, una fundamentación en derecho, bien entendido que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que es necesario examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido -o no- este requisito de las resoluciones judiciales. También se hace énfasis en la mayor necesidad de exigencia de motivación judicial en los casos en el que el fundamento del fallo condenatorio provenga de prueba indiciaria, pues en ésta se requiere -por parte de los juzgadores- un ejercicio intelectivo que permita identificar cuál es el hecho indiciario o indicio y qué es lo que se da por cierto con éste, luego desarrollar el razonamiento deductivo para finalmente hacer la afirmación del hecho indicado.(En este sentido, véase la sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en expediente SP194-2009). En el caso presente, la censora del fallo aduce que el sentenciador no establece cuáles son los indicios probados que sirvieron de base para el fallo de condena y qué es lo que se deduce de ellos. Sin embargo, al analizar el fallo interpuesto, se hace patente que el sentenciador procedió con rigor analítico a motivar intelectivamente su juicio de credibilidad sobre cada uno de los medios de prueba que sustentaron su fallo de condena, tanto de forma individual como de forma conjunta, satisfaciendo con ello la exigencia de los artículos 141 y 202 del Código Procesal Penal. Para el caso, véase a folio 1346 en donde el sentenciador establece que al hacer un análisis de los medios de prueba, llegan a la conclusión de que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público, como ser el libro de control de salidas y entradas de armas de la bodega del C2 que para tal efecto lleva el departamento de Inteligencia Militar, permitió establecer que el fusil que disparó los 7 casquillos que fueron encontrados en la escena del crimen y los fragmentos de bala recuperados en la autopsia número 663-2014 que corresponde al señor Ramón Eduardo Rodríguez, fueron disparados por el arma de fuego tipo fusil marca IWI, modelo Galil AC21, calibre 5.56 x 45mm/2.23 con la serie 41162981 que fue retirado ese mismo día 11 de abril de 2014, de la bodega de armas de inteligencia militar C2 por parte del señor Elmer Eliazar Mejía y fue entregado ese mismo día en horas de la tarde por el señor José Luis Melgar Deras a la referida bodega, que dio lugar a corroborar que fueron estas dos personas que tuvieron acceso material al arma con la cual se quitó la vida a las víctimas, durante estos los mantuvieron en su custodia. Asimismo, establece que con el informe de vaciado telefónico y análisis de registro de llamadas, reveló que los teléfonos pertenecientes a los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, se comunicaron entre sí y a su vez realizaron el mismo recorrido que hicieron las víctimas en un periodo aproximado de 16 ocasiones. Así como que, según el dictamen de autopsias 663-14 y la comparación balística 41162981, dieron como resultado que el instrumento utilizado para quitarles la vida fue el fusil 4116622981, y que el automotor descrito por los testigos BMR y BMY corresponde al vehículo identificado con el video de la ciudad inteligente puesto a disposición del tribunal de sentencia como evidencia, del cual se desprende el dictamen forense 2014-08010508 que permitió individualizar el vehículo marca Toyota Hilux, color gris silver, tipo pick up, doble cabina, vidrios poralizados y el cual presentaba abolladuras en la parte superior de las vías, vehículo propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, institución para la cual laboraban los acusados. Como puede observarse, esta cadena de razonamientos obedece a un análisis conjunto de la prueba evacuada en juicio, explicando el sentenciador motivadamente cuáles son los hechos base (premisa mayor), su posterior inferencia deductiva (premisa menor) y cómo a través de ésta se llega al conocimiento de un hecho antes desconocido (conclusión de culpabilidad). Se ha dicho anteriormente que no debe confundirse la suficiencia de motivación con la exigencia de un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener en la cuestión que se decide, pues no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial. ergo, se concluye por esta superioridad, que el sentenciador de instancia ha expuesto suficientemente cuáles han sido los criterios fácticos y jurídicos esenciales en los que funda su decisión de condena, cumpliendo así con el requisito de motivación de las resoluciones judiciales que exige el artículo 141 del Código Procesal Penal y del cual la recurrente denuncia como infringida. Ahora bien, en lo que respecta al debido razonamiento probatorio, la censora del fallo cuestiona que el sentenciador no tiene razón suficiente para concluir que los acusados tuvieron acceso a las armas de la bodega del C2, ello porque se acreditó a través de la prueba de descargo, que en dicha bodega existía un desorden administrativo, lo que hace que coexistan otras posibilidades y no la certeza de que los acusados tuvieron acceso al arma con la cual se les quitó la vida a las víctimas. Sin embargo, observa esta superioridad que los argumentos recursivos expuestos por la defensa para sustentar su razonamiento, obedecen a un criterio particular y subjetivo, pues procede a hacer apreciaciones de cómo -a su parecer- debió ser valorada la prueba documental y testifical, y cuáles son las conclusiones que desde su particular visión arrojan dichos medios de prueba. Bien lo ha dicho la impetrante, que cuando se alega la infracción al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, por esta razón no se puede sustituir la valoración imparcial y objetiva del tribunal de instancia, por la particular y subjetiva elaborada por la parte recurrente. Finalmente, otro argumento de reproche consiste en denunciar que no existe prueba suficiente para acreditar la culpabilidad de los acusados en los hechos que se le imputan, siendo tarea de este alto tribunal verificar que, efectivamente, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho. Así pues, se desprende del acumulado judicial que ha existido suficiencia probatoria para acreditar el juicio de culpabilidad de los acusados, prueba que acredita no sólo su participación, sino también la existencia de una alevosía proditoria, pues los hechores idearon una forma cobarde de ejecución que permitiese minimizar los riesgos de una posible defensa y además asegurar, en una alta probabilidad, el resultado ante la seguridad que los medios y forma elegidos les proporcionaron; así entonces se llevó a cabo la reunión de varias personas, todas ellas armadas, quienes privaron de su libertad a los ofendidos y los trasladaron a un lugar solitario en donde dispararon en contra de su integridad física; conducta realizada en un momento que era imprevisible para las víctimas representarse alguna clase de peligro para sus vidas; y todavía más, los ejecutores decidieron vestirse con pasamontañas con el fin de no ser reconocidos por ninguna persona. Asimismo, se desprende una circunstancia de premeditación, pues la dinámica del hecho refleja la exigencia de un alto grado de planificación para los ejecutores, respecto a recabar la información de la hora y por donde los ofendidos transitarían en el vehículo, planificación en cuanto a la hora en que se reunirían en el lugar, las armas que utilizarían y hasta la vestimenta; ergo el hecho no fue resultado de una decisión inmediata surgida por las circunstancias del momento, sino una decisión largamente contemplada, que dio lugar a un razonamiento de la forma ideal de llevar a cabo el delito y de una situación psicológica de frialdad de ánimo para ejecutarlo tal como se había representado. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: no haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: decretar la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. La censora del fallo cuestiona el juicio de credibilidad otorgado a los testigos de cargo BMR y BMY, en razón de las contradicciones de sus testimonios para con la prueba documental y pericial consistente en los videos de ciudad inteligente. Asimismo, arguye, que no se determinó en juicio que haya sido el capitán Elmer Eliazar Mejía quien retiró un fusil con serie 41162981, pues no aparece firmado de recibido como correspondería, así como que no se puede determinar que el soldado José Luis Melgar Deras, haya sido quien entregó el fusil, pues según el principio de derivación, exige que la valoración de la prueba debe sustentarse en inferencias razonables, ante lo cual, considera que la deducción del tribunal no es razonable ya que en el libro señalado aparece un nombre y una firma, pero no se realizó dictamen para determinar científicamente que esa firma corresponde al señor Melgar Deras. Cuestiona también la valoración esgrimida por el tribunal sentenciador cuando dota de certeza al dictamen de biología forense 2014-0801-0503-5436 ratificado por el perito Saulo Romero, en el cual se concluye que cuatro elementos pilosos encontrados en el vehículo pertenecen al señor Ramón Eduardo Díaz, y resalta que el mismo perito concluyó que eran similares más no habló de pertenencia, y aclara que similitud no es lo mismo que igual. Adicionalmente, considera que es contrario a la experiencia que dichos elementos pilosos se encontraran en los cuatro cuadrantes del vehículo decomisado. Arguye también la infracción a la regla lógica de derivación ya que según la prueba pericial de análisis telefónicos, al momento en que los ofendidos fueron privados de su libertad, los acusados se encontraba uno en el aeropuerto y otro en colonia Las Torres, lugares muy distantes de la colonia San José, a inmediaciones de la Colonia el Pedregal de Comayagüela. Finalmente, arguye que es contrario a la lógica y la experiencia concluir por el sentenciador, que ambos acusados dispararon una misma arma en forma individual y alterna, sin tener ningún medio de prueba del cual pueda extraer dicho razonamiento, quebrantando con ello el principio de razón suficiente. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; acontrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. Visto y analizado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada, la Sala de lo Penal identifica que sus argumentos obedecen a una visión aislada del acumulado probatorio, contrario a la apreciación conjunta y armónica que se debe realizar por imperativo legal del artículo 202 del Código Procesal Penal. Se cuestiona, por la parte recurrente, el juicio de credibilidad que el sentenciador ha dado a los testigos protegidos BMR y BMY, aduciendo que éstos se contradicen en su relato interno y para con la demás prueba documental y pericial. Sin embargo, para el sentenciador estos testimonios resultaron corroborados con los videos recolectados del circuito de ciudad inteligente, no solamente en relación a las características individualizantes del vehículo del cual sustrajeron a los ofendidos, sino también en relación al operativo encontrado en el anillo periférico y la ruta que siguieron los acusados junto con los ofendidos en el trayecto hasta la aldea Mateo en donde finalmente les quitaron la vida. Se destaca que los cuestionamientos que arguye la recurrente de dichos testimonios, el primero en relación al testigo BMY, del cual denuncia que en audiencia de la etapa preparatoria expresó que estaba a tres cuadras y luego en juicio oral y público manifestó que se encontraba a escasos metros; y, en segundo lugar, que el testigo BMR presentó un hábeas corpus detallando que el vehículo del cual sustrajeron a las víctimas era color blanco o champagne, y en la audiencia de juicio oral y público expresó que era color plateado; se considera por esta Sala de lo Penal que estas contradicciones no tienen la entidad suficiente para invalidar el juicio de credibilidad que ha dado el sentenciador a los testimonios, ya que los razonamientos intelectivos de instancia derivan de los propios testimonios y no alcanza conclusiones más allá de su contenido. Es verdad que se suscitan las contradicciones denunciadas en sus relatos, más éstos testimonios al ser corroborados para el sentenciador con la apabullante prueba de cargo, generaron el grado de certeza necesario para dotar de veracidad el juicio de credibilidad. Seguidamente, otro argumento de reproche es que no hay razón suficiente para concluir que efectivamente tanto el señor Elmer Eliazar Mejía como José Luis Melgar Deras, retiraron y entregaron respectivamente las armas de la bodega del departamento de Contrainteligencia Militar C2, pues se aduce que del primero no obra su firma, y del segundo no se acreditó que la firma estampada en su nombre era suya y considera que existía un descontrol en dichos registros; es de resaltar que estos argumentos obedecen a una visión aislada de la prueba presentada en juicio, debiendo recordársele a la recurrente que en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Se acreditó en instancia que los acusados tuvieron acceso a las armas decomisadas, no solamente con el libro de control de entrada de armas, sino también con toda la prueba de cargo evacuada en juicio, a saber: actas de levantamiento de cadáver, dictámenes biológicos, dictámenes balísticos y pericia de los videos forenses, entre otros; todos ellos apreciados por el sentenciador tanto de forma individual como de forma conjunta, que llevan a la consecuencia lógica de que los acusados tuvieron o detentaron las armas con las cuales se llevó a cabo la acción delictiva. Finalmente, con relación a los cuestionamientos realizados al dictamen de biología forense 2014-0801-0503-5436, se identifica que los mismos son falaces para sustentar un juicio de veracidad, pues al argüir que cómo es posible que cuatro meses después se encontraran elementos pilosos en el vehículo decomisado cuando los automóviles de los hombres siempre están limpios, así como que es imposible que se encontraran dichos elementos en los cuatro cuadrantes del carro; se identifica que en el reclamo presente, no hay una segregación de premisas y su posterior conclusión, tampoco se explica y comprueba porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, sino que lo que se hace es demeritar los razonamientos judiciales a través de apreciaciones generalizadas que carecen de todo sustento razonable. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal, se ha pronunciado en el sentido de que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Finalmente, tampoco asiste mérito en los cuestionamientos realizados a la prueba de los análisis telefónicos, del cual aduce que los mismos ubican en diferentes lugares a los encausados y estos en relación a las víctimas, aspecto que fue analizado por la perito Hilda Leticia Castro y posteriormente valorado por el sentenciador, del cual concluye que las conclusiones de dicha pericia derivan de la información geo referencial proporcionada por las empresas Tigo y Claro, a través de las antenas que se activaron en las diferentes zonas por donde transitaron los acusados junto con las víctimas, y si bien se entiende la activación de diferentes celdas, ello no obsta para no ubicarlos en el mismo lugar. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: la motivación fáctica o jurídica es insuficiente. Acciones de saneamiento: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: decretar la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Arguye la censora del fallo, que el Tribunal de Sentencia le otorga pleno valor probatorio a las actas de levantamiento de cadáver sin haber hecho un razonamiento suficiente de los cuestionamientos que surgen de la misma prueba, pues según dichas actas la muerte de los ofendidos se fija entre 12 a 16 horas siendo el margen de tiempo de muerte de 11pm del 11 de abril del 2014 a 3 am del 12 del mismo mes y año; sin embargo, el médico autopsiante que realizó la necropsia fija el tiempo de muerte que no puede pasar de 24 horas, fijando el margen de tiempo de muerte hasta las 7 pm del 11 de abril de 2014. Seguidamente, arguye que se da por acreditado, según el libro de registro del C2, que se entregaron las armas por parte del señor José Luis Melgar Deras a las 4:30 pm del 11 de abril de 2014, y cuestiona que cómo es posible que se entregaron las armas homicidas a esa hora y la muerte de los ofendidos sucedió no antes de las 7 pm, según la prueba pericial de autopsia o a las 11 pm según las actas de levantamiento de cadáver. También arguye que el sentenciador reconoce la existencia de unos aros de presión, sin embargo, el Ministerio Público no logró dar explicación de su paradero, siendo evidente el mal manejo de la evidencia. Así como que el tribunal sentenciador les otorga pleno valor probatorio a los testigos protegidos BMR y BMY, sin considerar las contradicciones puestas de manifiesto en sus testimonios para con la demás prueba pericial y documental. Considera que el vicio grave de motivación insuficiente ocurre cuando los jueces omiten realizar el contenido del artículo 141 del Código Procesal Penal, pues no consignan, de manera clara y suficiente al momento de la valoración de la prueba, la justificación de sus razonamientos. Finalmente, arguye que el sentenciador no motivó suficientemente la fundamentación jurídica en relación al delito de abuso de autoridad, pues se limita a decir que al haber dado muerte a las víctimas configura dicho delito porque actuaron al margen de la ley. De la motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es motivación y de ello poder deducir, cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación, la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el cual en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos, como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por qué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado, que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legítima y respetuosa de la sana crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal; así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la sana crítica está asociada con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado, es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. De la prueba indiciaria El convencimiento judicial debe extraerse del conjunto de medios de prueba que las partes presenten en la audiencia de debate; para los juzgadores es tarea hacer un análisis de dicha prueba, si bien libre de cualquier tasación, está sujeta a las reglas del correcto entendimiento humano, pues no se trata de una facultad omnímoda de valoración sin sujeción a requisitos de ningún tipo; en otras palabras, no se trata de una valoración arbitraria (dejada al arbitrio de los juzgadores), sino de una valoración razonada, justificada, ajustada a esas reglas que aglutinamos como normas de la sana crítica racional para un correcto entendimiento y sujeta a un control recursivo respecto a su construcción y no en cuanto a su justicia. Es de considerar lo que normalmente llamamos plena prueba, no es más que convencimiento pleno, que es cuando el juzgador tiene la certeza de que los hechos ocurrieron de una forma determinada y no de otra; el convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria, más no mediante prueba circunstancial: 1. La prueba directa es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe ser valorado (positiva o negativamente); 2. Prueba indirecta o indiciaria es un hecho, el cual fuese desconocido de no por ser la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar, después de ser deducida lógicamente de un hecho conocido, a través de prueba que ha logrado convencimiento pleno. La prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). Entre más sea el número de prueba indiciaria (concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), mejor será para lograr pasar de la probabilidad a la certeza, es decir, a un estado de convencimiento pleno; 3. Prueba circunstancial es el hecho o conjunto de hechos que contingentemente muestran una posible realidad sin excluir otras, es decir, tales hechos encuentran explicación en múltiples escenarios posibles sin que ninguno de ellos se anteponga o pueda excluir a los otros; a la prueba circunstancial la componen el indicio contingente y el indicio anfibológico. Cuando es posible la representación de diversas realidades antagónicas, derivadas de un mismo acervo probatorio, se produce un estado mental intermedio conocido como duda. Las reglas de la sana crítica o del recto entendimiento humano alcanzan a la prueba indiciaria, misma que constituye un proceso de razonamiento válido para sustentar una sentencia definitiva, sea ésta de carácter condenatoria o absolutoria; la prueba indiciaria no es la legalización de la intuición o de la sospecha, son procesos de razonamientos objetivos y demostrables, que arrojan verdad sobre los hechos y su virtualidad está demostrada en el derecho penal; es importante apuntar que la conclusión llegada a través de prueba indiciaria no puede contravenir la conclusión a la que sea posible llegar con prueba directa respecto a los mismos hechos (Probatio vincit praesumptionem). Conforme al Diccionario Enciclopédico Océano (Diccionario Enciclopédico Océano, CD 2003), la palabra indicio tiene su origen de la palabra latina Indicium, lo cual es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, lo que no se aleja mucho del dado por el Diccionario Jurídico Espasa, (Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe S.A., 2003. pág. 821) al conceptualizar como indicio en el derecho procesal: es el hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido que es el jurídicamente relevante. El Abogado Ponce Alvarado, en su Libro La Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio, conceptualiza indicio como “…el hecho debidamente probado que iluminado por el argumento probatorio nos muestra otro hecho.”. (La Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio. José Alfredo Ponce. Impresos Rápidos Ariel, Honduras. 2005. Pág. 35); el indicio sigue señalando, citando a Francesco Carnelutti, se construye de tres elementos: hecho indicador, método indo-deductivo y las reglas de la experiencia, y hecho indicado; elementos que también recoge la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal (Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito. Marco Conceptual. Pág. 2.). Entonces, es prueba indiciaria el proceso intelectivo que se realiza en la fase de valoración probatoria, el que teniendo como base un indicio, autoriza a los juzgadores a dar por cierto, hechos a partir de deducciones comprobables por nexos causales o lógicos. La prueba indiciaria de la que se habla en materia penal es lo que en materia procesal civil se le conoce como presunción judicial (Artículo 478 del Código Procesal Civil). La prueba indiciaria tiene como requisitos, en cuanto a su construcción: 1. El indicio: es un hecho plenamente probado por cualquier medio directo, que sirva de base para la inferencia; puede ser singular o plural, es decir puede ser un único hecho o un conjunto de hechos, siempre que exista convencimiento en cuanto a su existencia y certeza en cuanto a la información que proporcionan. El indicio no puede ser producto de prueba indirecta o circunstancial; 2. Razonamiento deductivo: el indicio debe autorizar, respetando las reglas de la sana crítica, la afirmación de otro hecho que solo es posible derivar de aquel; es el proceso lógico desarrollado por los juzgadores. La prueba indiciaria requiere de un proceso deductivo que una el indicio al hecho que se necesita probar, guardando una relación directa, sin que exista entre el indicio y el resultado otra presunción, siendo tal hecho una conclusión resultado de una deducción y no de una mera suposición, es decir, que sea una inferencia correcta y no arbitraria. Todo lo anterior permite diferenciar la prueba indiciaria de meras suposiciones, que la autorizan para ser prueba fundante de una sentencia condenatoria. 3. Hecho indicado: es el hecho nuevo antes no conocido, inferido del indicio. El hecho indicado es una afirmación que hacen los juzgadores de un hecho relevante a la imputación y esclarecedora, y del cual no existe prueba directa que le contraríe. El Reglamento para el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Constitutivo de Delito, clasifica los indicios en: 1. Necesarios: como el hecho que de manera infalible e inequívoca demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado. 2. Contingentes: como aquel que se da cuando producido un hecho, puede tener varias causas o una causa producir distintos efectos. Subdivide los indicios contingentes en graves y leves. Al respecto Dellepiane (Antonio Dellepiane. Nueva Teoría de la Prueba. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1989.) nombra a los primeros (indicios necesarios) como indicios seguros e infalibles, en cuanto llevan a conclusiones ciertas, indubitables, en donde la relación que une el hecho indicador o indicio, con el indicado desconocido constituye una ley constante, general, inflexible; en cuanto a los segundos (indicios contingentes), los define como aquellos mediante a los cuales se llegan a conclusiones más o menos probables, en donde la relación entre el hecho indicador y el indicado está constituida por una Ley de carácter relativa, contingente, que sufre excepciones. De Diego Diez (Alfredo de Diego Diez. Código Procesal Comentado de Honduras. Pág. 560) en el derecho penal sustantivo, clasifica los indicios en: 1. Indicios de capacidad física: como los que permiten acreditar las condiciones y características físicas de la persona, partiendo de otros hechos; 2. Indicios relativos al móvil: como los que permiten identificar la persona autora del delito partiendo de la motivación; 3. Indicios de oportunidad: como los que permiten determinar la presencia del imputado en el lugar, día y hora de los hechos partiendo de hechos probados; 4. Indicios de manifestación: como los que permiten determinar las actividades preparatorias del autor para llevar a cabo el delito o las manifestaciones posteriores a su ejecución, por medio de otros hechos probados. Respecto al tiempo de su producción en relación al hecho juzgado, esta Sala de lo Penal ha clasificado los indicios en: anteriores, concomitantes o posteriores (Al respecto, ver la sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en expediente SP194-2009); atendiendo su naturaleza: tiempo, oportunidad, móvil, conocimiento, etc.; y atendiendo su fuerza acreditativa: necesarios o contingentes. Para la validez de la prueba indiciaria, ésta debe ser respetuosa de los principios que regulan la actividad probatoria, a saber: 1. Licitud: el indicio generador no debe guardar conflicto con derechos fundamentales o con los derechos humanos; 2. Principio de inocencia: La prueba indiciaria debe ser suficiente (sola o en conjunta con prueba directa), a modo que permita quebrantar el estado material de inocencia del acusado; y 3. Indubio pro reo: la prueba indiciaria debe generar certeza respecto al hecho delictivo y sobre la participación del acusado en él, más allá de cualquier duda razonable. En cuanto a la valoración, es importante entender que la construcción de la prueba indiciaria es en sí, un proceso valorativo, por ende debe estar sujeta a las normas de la sana crítica y el recto entendimiento humano; el Tribunal Supremo Español en sentencia del 5 de marzo del 1992, señala que “…la mal llamada prueba indirecta, circunstancial o derivada de indicios no es un medio autónomo de prueba, sino un método para valorar la prueba existente y que de manera directa se proyecta sobre otros hechos distintos al que se trata de probar. De un lado el hecho de que ha de deducirse la presunción ha de estar completamente acreditado y, de otro, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.”. (Citado por Luis Alfredo de Diego Diez, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Medios de Prueba. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001). Ahora bien, el pronunciamiento condenatorio debe ser la conclusión de la prueba indiciaria, apreciable tanto por su número como por sobre todo por su fuerza, construidas a partir de indicios independientes que confluyan en el resultado condenatorio. La cadena de prueba indiciaria debe ser afín, articulada y converger en un mismo hecho cierto e inequívoco, y si bien es deseable que sea producto de múltiple prueba indiciaria, ello no debe ser considerada una exigencia tasada. La fuerza probatoria del indicio, señala Cafferata Nores (citado por Manuel Estrella Ruiz, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Valoración de la Prueba; Presunción de Inocencia; Indubio Pro Reo. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001) reside en el grado de necesidad de la relación que revela, entre un hecho conocido (el indiciario) psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (indicado) cuya existencia se pretende demostrar; señala Estrella Ruiz (Manuel Estrella Ruiz, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Valoración de la Prueba; Presunción de Inocencia; Indubio Pro Reo. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001) que esa relación existente entre el hecho conocido (indiciario) y el desconocido (indicado) debe ser necesaria, inmediata, concluyente y directa, de tal manera que no se le relacione con otro hecho diferente al desconocido (univocidad del indicio), por ello si esa relación varía y se puede explicar a través de otros hechos, entonces no existe el vínculo necesario para formar la convicción necesaria y llegar a la inferencia que se requiere (anfibología del indicio). La ineludible obligación del tribunal de sentencia de motivar la sentencia, se acrecienta tratándose de una sentencia condenatoria basada en prueba indiciaria; los juzgadores deberán identificar cual es el hecho indiciario o indicio y que se da por cierto con éste, luego desarrollar el razonamiento deductivo y finalmente hacer la afirmación del hecho indicado. Esta Sala de lo Penal ha señalado que: “sí existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar, cuáles son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios…”. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en expediente SP194-2009). En caso de existir pluralidad de prueba indiciaria, el Tribunal de Sentencia deberá desarrollar tal proceso por cada uno de ellos, para luego hacer una valoración conjunta de todos ellos que revelen el iter formativo de la convicción De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. Como se ha explicado en la respuesta dada en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el requisito de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener en la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella, y, en segundo lugar, una fundamentación en derecho, bien entendido que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que es necesario examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido -o no- este requisito de las resoluciones judiciales. Esta necesidad de motivación suficiente de las resoluciones judiciales se intensifica en los casos en que el fundamento de un fallo condenatorio provenga de prueba indiciaria, pues en ésta se requiere, por parte de los juzgadores, un ejercicio intelectivo que permita identificar cuál es el hecho indiciario o indicio y qué se da por cierto con éste, luego desarrollar el razonamiento deductivo para finalmente hacer la afirmación del hecho indicado.(En este sentido, véase la sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en expediente SP194-2009). Al examinar la sentencia impugnada se evidencia que el tribunal de sentencia funda su decisión de condena en prueba indiciaria, la que la doctrina científica ha venido definiendo como la que se dirige a mostrar unos hechos, indicios, que no son constitutivos de delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participación de los acusados por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar. Sobre este aspecto, la Sala de lo Penal destaca que durante el debate, la defensa privada puso de manifiesto una contradicción en el relato del testigo protegido BMY, ya que en la audiencia inicial declaró que al momento en que los señores Zenia Maritza y Ramón Eduardo, fueron requeridos por hombres encapuchados, él se encontraba a tres cuadras de distancia (f. 36 renglón 34 y 35) y al ser interrogado en juicio manifestó que se encontraba a escasos metros (f. 1202). Otro tanto igual ocurre con relación a la contradicción surgida entre la declaración del testigo protegido BMR y la prueba documental consistente en el recurso de hábeas corpus presentado por dicho testigo, pues la defensa privada en fase de conclusiones (f. 1248v) manifestó la discrepancia en relación a las características del vehículo del cual sustrajeron de su libertad a los señores Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez, diciendo primeramente en el hábeas corpus que el vehículo era color blanco o champagne, entretanto, en su declaración testifical rendida en juicio oral y público, declaró que era color gris. Frente a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye, que las circunstancias puestas de manifiesto por el recurrente, efectivamente no fueron objeto de razonamiento por parte del sentenciador, más esta omisión no constituye una insuficiencia que tenga la entidad como para cambiar la decisión a tomar, pues aún y cuando la defensa fue reiterativa en cuestionar estos elementos y otros, tales como el mal manejo de los indicios recolectados en la escena del crimen y la discrepancia en relación al tiempo de muerte de las víctimas, según las actas de levantamiento de cadáver con los dictámenes de autopsias, y de estos en relación con el libro de control de devolución de las armas por parte de los acusados en la Dirección de Contra Inteligencia Militar, se recuerda por esta superioridad que la motivación judicial tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de ésta, que el juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una manera determinada. Para que ésta se considere suficiente, el tribunal tiene que explicitar no solo en lo referente a la calificación jurídica central o nuclear a que se contraiga el objeto del proceso, sino también en relación a cualquier punto jurídico objeto del debate y de las peticiones de las partes, siempre que sea relevante para la decisión a tomar. En el caso presente, el sentenciador ha explicado suficientemente el juicio histórico y la fundamentación jurídica con reforzada técnica narrativa, un hilo lógico de los indicios sobre los que se funda su decisión, explicando el alcance que a su parecer tiene cada medio de prueba evacuado en sesión de juicio de manera particular y en su conjunto, bastaría remitirse a folio 1346 para ver la suficiencia de la motivación fáctica y el análisis de los medios de prueba, por medio del cual llegan a la conclusión de que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público reveló que en fecha 11 de abril de 2014, los acusados hicieron uso del arma de fuego tipo fusil marca IWI, modelo Galil AC21, calibre 5.56 x 45mm/2.23 con la serie 41162981, para quitarle la vida a las víctimas. Conclusión que corroboró con prueba documental y pericial, además con el informe de vaciado telefónico y análisis de registro de llamadas el cual le acreditó el recorrido que hicieron los acusados junto a las víctimas, así como que el vehículo automotor marca Toyota Hilux, color gris silver, tipo pick up, doble cabina, vidrios poralizados y el cual presentaba abolladuras en la parte superior de las vías, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras; fue el utilizado para trasladar a las víctimas hasta la aldea Mateo en donde finalmente les quitaron su vida. Se reitera que tal como se ha expuesto en la respuesta dada al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la anterior cadena de razonamientos obedece a un análisis conjunto de la prueba evacuada en juicio, explicando el sentenciador motivadamente cuales son los hechos base (premisa mayor), su posterior inferencia deductiva (premisa menor) y cómo, a través de ésta, se llega al conocimiento de un hecho antes desconocido (conclusión de culpabilidad). Tampoco existe en la sentencia recurrida el vicio de insuficiencia de motivación jurídica, pues el sentenciador explica suficientemente a folio 1350, la concurrencia de los elementos normativos y subjetivos para la apreciación del tipo penal de abuso de autoridad, explicando el incumplimiento que ha existido por parte de los acusados en su condición de funcionarios públicos, para llevar a buen término las obligaciones que a ellos han sido encomendadas en razón de su cargo. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: motivación contradictoria. Acciones de saneamiento: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: decretar la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Expresa la censora del fallo que el vicio denunciado ocurre cuando los razonamientos del juzgador no mantienen una relación y concordancia vinculados con la coherencia de los razonamientos que deben fundamentar la sentencia. Para el caso, explican que según los hechos probados de la sentencia, el señor Elmer Eliazar y José Luis, procedieron a dispararles a las víctimas en forma individual y alterna con el arma de fuego, lo que refleja claramente una autoría material directa, sin embargo el sentenciador los calificó como coautores por considerar que existió una repartición de funciones. También arguye que esta posición del sentenciador es insostenible según la prueba evacuada en juicio y que obedece más a una apreciación subjetiva. Concepto de motivación contradictoria La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guardar coherencia entre cada parte y éstas con el todo. Las sentencias deben contar con la cualidad de logicidad, de modo que deben contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La sentencia, para que se revista de validez, debe contener una adecuada y suficiente motivación, la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación, los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el órgano sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación, que el legislador determinó en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada, como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales; así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una Motivación Contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares, como la construcción de los hechos declarados probados (Artículo 362.1 del Código Procesal Penal) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Artículo 362.3 del Código Procesal Penal), igualmente es exigido -como requisito general- en la construcción de la sentencia, pues ésta, como un todo único, debe contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, o como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe ser esencial, es así que se trata de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuál de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del tercer motivo. El tercer motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal estima conveniente recordar que este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la jurídica, entendiéndose por la primera, que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2 de la sección cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto de juicio. La motivación jurídica, es aquella que partiendo de los hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican el porqué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que eximen la responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que agravan o atenúan, y las relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica es exigida en el numeral tres, sección cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal. (En este sentido, véase sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 19 de septiembre de 2012, en el expediente SP 30-2010). Sobre el vicio de motivación contradictoria, tal y como se ha venido refiriendo, ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica. En el presente caso, la censora del fallo reclama que según el hecho probado de la sentencia el sentenciador califica la participación de los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, como autores materiales del hecho criminoso, sin embargo, en la valoración de la prueba los considera como coautores por cuanto existió una repartición de funciones. En relación a esta apreciación, es importante -en principio- resaltar que la misma no existe, y si existiera tampoco sería esencial, pues no se trataría de manifestaciones que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, es decir, no dejan un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. No obstante ello, se hace la siguiente consideración: en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio, en el tema de los participes se estudia al cómplice, al cómplice necesario y al inductor. En el Código Penal 144-83 se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: el autor inmediato o material, la co autoría, autoría sucesiva, la autoría mediata por fuerza en el instrumento (No incluye la autoría mediata por error del instrumento), el inductor y el cómplice necesario; y, son cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultáneo con éste. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre éstas, está la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sentencia de la Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17 de enero de 2013). Esta Teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sentencias de la Sala de lo Penal en el expediente SP 376-09 del 11 de abril de 2011, en el expediente SP 057-2010 del 11 de abril de 2012, y en el expediente SP 349-09 del 17 de enero 2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): 1. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; 2. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; 3. Dominio de la voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la coautoría se presenta cuando dos o más personas, con base en un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; ejemplo: varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y, coautoría por co-dominio funcional del hecho o división tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tienen como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Recíproca. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal del expediente SP 069-2009 de fecha 10 de junio de 2010). En el caso actual y concreto, se ha explicado que la coautoría es un tipo de autoría, los cuales llevan aparejada una misma sanción punitiva, y en el caso presente, se ha acreditado que ambos acusados realizaron de manera completa la acción de dar muerte a dos personas de manera alevosa y premeditada en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado, realizaron la totalidad de la acción delictiva. Por ello se concluye que no existe contradicción entre los diferentes apartados que componen la sentencia, pues ésta guarda coherencia y concordancia de la fundamentación fáctica de la sentencia con su fundamentación probatoria, no existiendo la contradicción denunciada por la recurrente. El motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Cuarto motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: el Tribunal Sentenciador excluyó prueba de valor decisivo. Acciones de saneamiento: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: decretar la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Expresa la recurrente que al momento de los incidentes, la defensa propuso como medio de prueba el documento denominado acta de reconocimiento de vehículo de fecha 11 de junio de 2014, la cual iba a ser ratificada por el agente de investigación Juan Carlos Cruz, dicho medio de prueba fue rechazado por la mayoría del Tribunal de Sentencia por considerar que no está claro quién elaboró dicho documento. Además, consideró el Tribunal de Sentencia que el medio de prueba no tiene utilidad y pertinencia para las pretensiones de la defensa, situación apreciada por la juez disidente quien consideró que sí tenía pertinencia, ya que, según el acta de reconocimiento del vehículo, se le mostró a un testigo protegido el automotor con las siguientes características: un vehículo Toyota, Pick Up, 3.0, color gris, doble cabina, vidrios poralizados, el cual el testigo reconoce en un cien por ciento. Resalta que el vehículo fue decomisado hasta el 1 de julio de 2014, entonces con dicho medio de prueba se pretendía que el agente explicase cómo fue posible que ese vehículo estaba en las instalaciones de la fiscalía (en fecha 11 de junio de 2014) cuando ni siquiera estaba decomisado, ya que el decomiso se realizó posterior al acta de reconocimiento (1 de julio de 2014). El agente llamado a ratificar dicha acta estaba presente en juicio, por lo tanto no interrumpiría el desarrollo del mismo. Considera que conforme al método de inclusión hipotética dicho medio de prueba reviste especial importancia, ya que hubiese demostrado la evidente y lamentable manipulación de la prueba de cargo en la causa. De la exclusión y falta de consideración de prueba con valor decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio, que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Artículo 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Artículo 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Artículo 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Artículo 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Artículo 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Artículo 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración; de este modo: 1. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando, a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la proposición de prueba en la etapa incidental en la audiencia de debate Señala el artículo 320 del Código Procesal Penal que, a petición de cualquiera de las partes, el Tribunal de Sentencia abrirá un espacio para la formulación de cuestiones incidentales, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces. Además. agrega en su segundo párrafo, que las partes también podrán proponer nuevos medios de prueba que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. Específicamente, respecto a la admisión de medios de prueba en la etapa incidental en la audiencia de debate, esta Sala de lo Penal ha fijado doctrina legal, contenida en la sentencia del 22 de septiembre del 2011 en el expediente SP 390-2009, sentencia del 16 de agosto del 2012 en el expediente SP 163-2010, sentencia de fecha 08 de noviembre del 2012 en el expediente SP 323-2010 y sentencia del 24 de enero del 2013 en el expediente SP 360-2010, señalando que “… si bien existe una norma que establece la posibilidad de presentar prueba en cualquier etapa del proceso, ello debe entenderse que es sin perjuicio de contravenir otros derechos de las partes en el proceso, por lo que para ello habrá que observar las formalidades que la ley establece, en otras palabras cada etapa, contempla su momento procesal o formalidades para posibilitar la presentación de pruebas, así tenemos la prueba anticipada, la audiencia inicial, la audiencia de proposición de pruebas, las diligencias para mejor proveer, etc… todo ello con el propósito de que las partes puedan intervenir en igualdad de condiciones y con conocimiento previo suficiente como para contrarrestar lo que la otra parte pretende con determinado medio probatorio; por ello el momento procesal por excelencia para garantizar la igualdad procesal es la audiencia de proposición de pruebas en la cual las partes dan a conocer los medios de prueba con que cuentan para establecer sus pretensiones en juicio, marchando a partir de ese momento con conocimiento recíproco de la pretensiones probatorias mutuas garantizando con ello el derecho de defensa para ambas partes, en ese orden de ideas constituye un contrasentido que se interprete que la intención del artículo 320 del Código Procesal Penal sea admitir cualquier medio de prueba con la única condición de que se trate de prueba nueva y que no suspenda el debate, pues se correría el riesgo de que las partes abusen de esta posibilidad proponiendo solo una prueba en la audiencia probatoria y pretendan introducir el resto de la prueba al amparo del artículo 320 ya citado, bajo el argumento que es prueba nueva y que no suspenderá el debate, lo que si ocasionaría graves violaciones al derecho de defensa. En este orden de ideas la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado y ha dejado establecido que cuando se trate de proponer un medio de prueba de conformidad con el artículo supra citado, tiene que haberse fundado en un hecho no conocido al momento de la proposición de las pruebas y previo a la celebración del debate, circunstancia que no concurrió en el presente caso concreto. El derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso de defenderse de los cargos, de demostrar su versión de los hechos, de acceder a las pruebas de cargo, el derecho a proponer y evacuar prueba en los momentos procesales oportunos, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna, lo cual no aconteció en el caso subjudice, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.”. Tal doctrina legal permite lograr un equilibrio entre el debido proceso y el derecho de defensa, de modo que las partes puedan tener la oportunidad de proponer nueva prueba en defensa de sus intereses al abrigo del artículo 320 del Código Procesal Penal, pero también que dicha potestad no implique violación del derecho de defensa de la contraparte, al verse sorprendida de un medio de prueba que le era desconocido y contra el cual no tuvo la oportunidad de prepararse; el admitir la posibilidad de que la prueba pueda proponerse en etapa de incidentes, sin mayor exigencia de que la misma no implique suspensión de la audiencia de debate, es decir sin la exigencia de que sea vinculada a hechos nuevos o de nuevo conocimiento, abre una puerta que lejos de garantizar los derechos de las partes, representaría una ventaja procesal para quien emplee tales métodos, siempre en detrimento de los principios que el Código Procesal garantiza a la parte que legalmente exhibió sus pretensiones probatorias en la audiencia de proposición de pruebas, fomentando con ello la institucionalización de formas procesales que pueden permeabilizar la deslealtad o premiar la improvisación. De la procedencia del cuarto motivo. El cuarto motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal deviene a dar una respuesta al cuarto motivo de casación por quebrantamiento de forma, siempre articulada con los principios del debido proceso y del derecho de defensa, por ello e independientemente del acierto o desacierto en el criterio jurídico seguido por el Tribunal de Sentencia para denegar la admisión del medio de prueba referido, es de considerar que previo a todo, el órgano jurisdiccional debió establecer si la defensa satisfizo los presupuestos para poder proponer un nuevo medio de prueba en la etapa de incidentes de la audiencia de debate; consideremos entonces que conforme a la doctrina legal, líneas atrás explicada, el juicio de admisibilidad de los medios de prueba en esa etapa, no solo depende de que sea lícito y objetivamente confiable o que supere los criterios de utilidad, idoneidad y proporcionalidad, sino que además pretenda acreditar un hecho nuevo o un hecho de nuevo conocimiento, pues de lo contrario equivaldría a obtener, aun cuando fuese sin dolo, una ventaja injusta frente a la contraparte, la que nunca tuvo oportunidad de conocer de previo dicha prueba. En el caso presente, tras la proposición del medio de prueba documental consistente en acta de reconocimiento de vehículo de fecha 11 de junio de 2014, el Tribunal de Sentencia lo rechazó por considerar que no está claro quién elaboró dicho documento, además, consideró que el medio de prueba no tiene utilidad y pertinencia para las pretensiones de la defensa. La Sala de lo Penal, sin que tome partido respecto a la legalidad de la documentación, resalta que los medios probatorios con que cuenta la defensa los debe ofertar en la correspondiente audiencia de proposición de pruebas, cumpliendo con el principio de igualdad de armas de cara al debate, en el cual -solo por causa excepcional- podrá proponer medios de prueba cuando estos se basen en hechos nuevos o de nuevo conocimiento, lo que en todo caso deberá acreditar. En atención a esta circunstancia, se puede colegir sin género de dudas, que no hay vicio de exclusión de medio de prueba, pues la petente tuvo la oportunidad de proponer todos sus medios de prueba en la audiencia correspondiente (Artículo 317 Código Procesal Penal), más en lugar de ello hace una propuesta sorpresiva en la audiencia de debate que no satisfizo las exigencias del artículo 320 del Código Procesal Penal, así pues y por el contrario, de haberse admitido su pretensión sin cumplir con tales exigencias, se hubiese traducido en la violación al derecho de defensa de la contraparte. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 349.2 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida. Pretensión: dictar un fallo absolutorio por los delitos de abuso de autoridad. La censora del fallo inicia citando los hechos probados de la sentencia para luego argüir que de los mismos no se configura el tipo penal de abuso de autoridad, ya que no se derivan ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 349.2 del Código Penal, no se desprende que los acusados dictaron o ejecutaron órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las leyes, o se abstuvieron de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Delito de abuso de Autoridad[20] “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la Administración Pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el Derecho Penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública.” (Véase la sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el expediente SP 56-2005 del 26 de agosto del 2009). El delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal en el que se describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido, es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de CARRARA, para quien ese término contempla -en sí mismo- dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos “sentido ontológico” y al otro “sentido jurídico”. “En sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico se abusa de una cosa, aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” ( vid. CARRARA, FRANCESCO; Programa de Derecho Criminal-Parte Especial, volumen V, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medio. En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios” (ob. cit. pp. 58/59). A idéntica conclusión arriba SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud” (Vid. Derecho penal argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2, Astrea, 5° edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, 1996, p. 260)”.“En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO A.: Delitos contra la Administración Pública, Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. A su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “En palabras de Soler, “…en ningún caso se castigará la buena fe” (ob. cit., p. 140)”. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un examen de juricidad de la plataforma fáctica contenida en la sentencia, contraponiéndola con el fallo mediante el cual se condena a los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, por dos delitos de Asesinato y dos delitos Abuso de Autoridad, todos en concurso real, en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez, Ramón Eduardo Díaz Rodríguez y la Administración Pública respectivamente, determinando que sí se reúnen a cabalidad todos los elementos objetivos, normativos y subjetivos de los tipos penales esgrimidos. Importante es destacar que el delito de Abuso de Autoridad, contemplado en el artículo 349 del Código Penal, es un tipo penal que se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto reprochado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público; además, es un tipo penal de mera actividad, por cuanto su consumación acontece con la acción contraria a la norma, sin importar si existe o no resultado dañoso. Se hace énfasis en que no existen problemas de compatibilidad con el principio de legalidad, cuando tipos penales en blanco (como el delito de abuso de autoridad), pueden ser completados de contenido con preceptos de rango inferior a la ley, ya que se admite que en determinados ámbitos es necesario el recurso de las mismas, más ello para que sea admisible, dependerá de que el reenvío normativo esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza. En este sentido, establecen los hechos probados de la sentencia recurrida, que el día 11 de abril del año 2014 entre la una y treinta a dos de la tarde, en la Colonia Jardines de San José, localizada a inmediaciones de la colonia El Pedregal de Comayagüela, fueron interceptados en el estacionamiento del Supermercado La Despensa Familiar los señores Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez por parte de los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar, Capitán de Defensa Aérea y José Luis Melgar Deras, Subteniente de Inteligencia Militar ambos asignados a la Dirección de Información Estratégica denominada como el C2 quienes se hacían acompañar de otras personas de sexo masculino que cubrían su rostro con pasamontañas, chalecos antibalas y portando armas de fuego, transportándose estos en un vehículo tipo pick up, doble cabina, vidrios polarizados, marca Toyota, tipo Hilux, año 2006, color gris, el cual presentaba unas abolladuras en la parte superior de las Diez y un óvalo en la parte superior trasera del techo de la cabina, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, obligando a abordar a el referido automotor a las personas antes mencionadas, los cuales se retiraron en dicho automotor a la colonia la Vega, La Cañada ingresando al carril del Anillo Periférico y se dirigieron hasta la carretera que conduce a la Aldea La Empedrada, deteniendo su marcha en un área rodeado de maleza localizada a dos kilómetros 2 km. de la aldea de Mateo del Distrito Central. Una vez en el lugar desabordaron el automotor Elmer Eliazar Mejía Aguilar, José Luis Melgar Deras y otros acompañantes, conminando a Zenia Maritza y Ramón Eduardo Rodríguez, quien ya esposados con un aro de presión, a bajarse del vehículo, procediendo Elmer Eliazar y José Luis a dispararles en forma individual y alterna con el arma de fuego tipo fusil Galil, calibre 5.56 x 45/223 registrado con la serie 41162981 propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, en distintas partes del cuerpo a Zenia Maritza y Ramón Eduardo, heridas que les provocaron la muerte de manera inmediata. Destaca la Sala de lo Penal que estas conductas realizadas por los señores Elmer Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, infringieron disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, para el caso, la Constitución de la República establece en su artículo que las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. En este mismo término prescriben los artículos 1, 37 y 161 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, al establecer que dicho ente debe velar por el estricto cumplimiento del imperio de la Constitución de la República, así como conservar del orden público, protección a las personas y propiedades, ejecución de resoluciones, mandatos y disposiciones emanadas de autoridad competente. Contrario a lo anteriormente expuesto, se desprende claramente del fáctum de la sentencia que los señores Eliazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, en un claro abuso de las funciones a ellos encomendadas por razón de sus cargos públicos, omitieron el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República y de Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, lo que ocasiona la realización de dos conductas funcionales dolosamente ineficientes y realizan la parte objetiva y subjetiva del delito de Abuso de Autoridad. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus cuatro motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva ninguna dificultad. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones establecidas en la norma anterior, por lo que el juez deberá determinar cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, debe tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial tomada, en la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación debe realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación debe realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se debe realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso, las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real, son: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante esta única instancia, escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Josué Efraín Castro Coello que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio, tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se les impuso a los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, las sanciones por cuatro delitos en concurso real, a saber: i. La pena acumulada de 40 años de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por ser autores responsables de dos delitos de asesinato, en perjuicio de Zenia Maritza Díaz Rodríguez y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez; y, ii. La pena acumulada de 6 años de reclusión, como autores responsables de dos delitos de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 46 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Según el Código Penal 130-2017 la conducta de asesinato (artículo 193), está sancionada con una pena de veinte a veinticinco años de prisión; entretanto, las de abuso de autoridad (artículo 499.2), contemplan la pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; el cual, de acuerdo al artículo 68 del Código Penal 130-2017, debe calificarse como continuado, debiendo imponerse la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que nos da un nuevo margen abstracto de 3 a 8 años de inhabilitación especial. En concreto, con la nueva normativa sustantiva tenemos un margen abstracto de cuarenta a cincuenta años de prisión e inhabilitación especial de tres a ocho años. Expuesto lo anterior, se concluye que el Código Penal 130-2017 no representa un beneficio para los acusados, ya que tanto éste (artículo 38) como el Código Penal 144-83, establecen un límite objetivo de la pena privativa de la libertad en treinta (30) años, debiendo cumplirse dicho límite objetivo, ergo le favorece entonces el derogado Código Penal, siendo éste el que debe aplicarse al caso concreto. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus cuatro motivos, interpuesto por la defensa privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras; 3) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de los señores Elmer Eleazar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras; 4) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. 5) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. – Firmas y Sello. - Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. - Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE. Receptora Adscrita. Secretara General Corte Suprema de Justicia..”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-577-2019.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO

SALA DE LO PENAL

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[1] En el mismo sentido sentencias SP-260-05 del 30 de agosto del 2006, CP-03-2011 de fecha veinticinco del mes de abril del año dos mil trece, CP136-14 20 del 20 de mayo del 2016.

[2] Así lo establece la Casación Penal S. P. No.03-2011, pág. 11: “Conforme los requisitos arriba señalados debemos determinar si los indicios están plenamente probados, situación que no lo fundó así el Tribunal de Sentencia, ya que si bien, en el apartado antes referido trata de explicar cuáles son los indicios encontrados, omite establecer de que prueba específicamente surgen los mismos, pues para determinar si en efecto los indicios están debidamente acreditados se deben establecer los medios de prueba en los que se sustentan. Para el caso el primer indicio que el A-quo considera, es el hecho de que el acusado F. E. es la única persona que acompañaba a la víctima durante se suscitaron los hechos, esto es extraído de la declaración de la señora M. R. Z. (F 102 V y 103)”.

[3] Si no se logra llegar a la certeza corresponderá la absolución, no solo frente a la duda en sentido estricto, sino también cuando haya probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado. Véase Cafferata Nores, José, La Prueba en el Proceso Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág. 14.

[4] Arroyo, José Manuel y Rodríguez Campos, Alexander, Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal, Editorial Jurídica Continental, San José Costa Rica, 2008, Pág. 127.

[5] Ver en la sentencia recurrida página 145 renglones 7 y 8 de arriba abajo.

[6] Véase Cafferata Nores, José, La Prueba en el Proceso Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág. 192-195.

[7] Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay sentencia 31 de agosto de 2004; Caso Cantoral Vs. Perú sentencia 18 de agosto de 2000, párrafo 119.

[8] Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, tomo I, 2 Ed, Ed. Civitas, Td. de Diego- Manuel Luzón Peña y otros, pág. 140.

[9] Véase, FontánBalestra, Carlos “Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Parte General, Segunda Edición, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 310.

[10] Las reglas de la psicología como bien ha explicado la Sala de lo Penal pueden indicarle al juez cuando un testigo está mintiendo o callando la verdad de los hechos, violándose dicha regla cuando el juez no se percata ni valora en toda su dimensión psicológica las diversas reacciones y emociones mostradas por el testigo. Sentencia de casación penal No. 347-2008 de fecha 27 de octubre de 2009.

[11] Bacigalupo, Enrique, La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios, Ed. Ad-hoc, 2 ed. 1994, pág. 29.

[12]Sentencia S.P. 184-13 de fecha 15 de junio del 2016.

[13] Sentencia en la S.P. 121-11, de fecha 25 de abril del 2013.

[14] Sentencia 131-2009 de fecha 11 de abril del 2012.

[15] Caso Aptz Barbera y Otros Vs. Venezuela, Sentencia de 05 de agosto de 2008, párrafo 77; en el mismo sentido Caso Chaparro Álvarez y lapo Iñiguez Vs. Ecuador Sentencia de 21 de noviembre de 2007.

[16] Sentencia S.P. No. 385-2009, del 11 de mayo de 2001, la negrita es agregada.

[17] Ver en la sentencia recurrida página 145 renglones 7 y 8 de arriba abajo.

[18] Sentencia S.P. 32-2010, de fecha 15 de abril de 2013.

[19] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[20] Vid Sentencia de Casación Penal SP 334-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 14 de septiembre de 2011.