Sentencia CP-57-18 — Registro 13093
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado como autor del delito de Posesión de Droga en su modalidad de Facilitación de Medios de Transporte, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal de manera previa considera importante hacer la distinción entre Actos de investigación y Actos de prueba, entendido el primero como aquellos que tienen como objeto la búsqueda de fuentes de información[2] que servirán en la búsqueda de la verdad que se pretende esclarecer; y los segundos, los relativos a la ‘prueba judicial’ propiamente dicha. Es importante tener claro el concepto de prueba, entendida en sentido amplio como lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, a partir de sus distintas nociones, tanto vista como objeto, órgano, medio y elemento de prueba, tal como lo ha manejado la doctrina[3]. Así, constituye objeto de prueba, aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba[4]. Órgano de prueba, el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso[5]. Medio de prueba, el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso[6]. Y elemento de prueba, o prueba propiamente dicha, “todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva[7] De lo anterior se desprende que el tribunal debe examinar la admisibilidad de la prueba y determinar cuál se recibirá, tomando en cuenta su pertinencia y utilidad en relación con el objeto del juicio, para lo cual debe valorar su incidencia, en cuanto con ella se pretende demostrar un hecho de importancia para la decisión (averiguación de la verdad sobre el hecho atribuido), así como también determinar su utilidad, que como autoridad judicial está en el deber de incorporar al proceso para su debida valoración. Si la prueba tiene la trascendencia para demostrar algún hecho de importancia para la decisión, el Tribunal de Sentencia está en el deber de recibirla, lo que significa que en caso de duda deberá estarse ante un criterio amplio que considere la prueba pertinente, pues ello es lo que justifica la existencia del derecho de defensa para todas las partes en el proceso de hacerse oír por el juez y de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo[8]. Así las cosas, en el caso sometido a examen, el medio de prueba es la pericia o el dictamen; la prueba pericial es el resultado obtenido del dictamen y su explicación por el perito, más el órgano de prueba es el perito, por lo que el Tribunal de Sentencia puede y debe admitir su realización si reúne los requisitos de admisibilidad: idoneidad, pertinencia, utilidad y proporcionalidad (artículo 199 del Código Procesal Penal). Al hacerse necesaria la práctica de una pericia, el artículo 242 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal de Sentencia competente podrá designar al perito, quien una vez nombrado procederá a cumplir del encargo recibido. Al haber rechazado el Tribunal de Sentencia la solicitud del Ministerio Público de admitir la realización de las pericias toxicológica y balística, ocasionó con ello una real y efectiva situación de indefensión material para el Ministerio Público, impidiéndole articular una defensa adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso. Es de recordar que los órganos judiciales han de velar por evitar la indefensión de las partes en el proceso penal, de lo cual deriva la necesidad de que las partes cuenten con los medios de ataque y defensa en idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efecto de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las excepciones que puedan establecerse en fase de investigación por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, el valor constitucional de la justicia. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el Tribunal de Sentencia no tiene impeditivo legal para proceder a la designación de los peritos que han sido propuestos por el ente acusador, quienes deberán rendir su dictamen antes de la vista pública para garantizar el real y efectivo interrogatorio de las partes. Al no haberse admitido la proposición de la realización de los dictámenes periciales y no haber designado los peritos para tal efecto, ocasionó con ello una situación de real y efectiva indefensión que infringió la garantía del derecho a la defensa que tiene el Ministerio Público. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 57-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Antonio Paz, por suponérsele responsable penalmente a título de autor del delito de Posesión de Droga en su modalidad de Facilitación de Medios de Transporte, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió al señor Antonio Paz, por suponérsele responsable penalmente a título de autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior de la Población del Estado de Honduras. Tercero: Sin costas procesales. Cuarto: Se ordenó el comiso de la evidencia y destrucción de la misma, consistente en treinta paquetes de hierba seca supuesta marihuana. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Karla Carolina Barralaga Pereira, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Ela Abadeza Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, defensores públicos del señor Antonio Paz, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: UNO.- En la aldea el Pinalito Las Mesas en el municipio de Gracias, Lempira, el día veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, miembros de la policía preventiva de esta ciudad se encontraban en ese sector dándole cumplimiento a una denuncia, donde de manera sorpresiva encontraron al señor ANTONIO PAZ quien llevaba en su espalda una caja de cartón conteniendo en su interior treinta y un envoltorios de hierba seca que por sus características correspondía a una supuesta marihuana. DOS. - En el mismo operativo antes apuntado al momento de ser detenido el señor ANTONIO PAZ se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Smith & Wesson, con serie V72910c, con cacha de caucho color negra, supuestamente funcionable.” Recurso de Casación. Motivos y argumentos La parte recurrente, la Abogada Karla Carolina Barralaga Pereira, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 242 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el Articulo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste, que bajo la óptica legal se encuentra vulnerado en el caso subjudice, cuando en audiencia de proposición de pruebas le fue negada al representante de la sociedad la práctica de prueba consistente en la Pericia Toxicológica y Balística, sin motivar el Tribunal de Sentencia tal denegatoria. El quebrantamiento a la garantía supra descrita, lleva como consecuencia lógica, la vulneración al Derecho de Defensa, pues al inadmitirse los medios de prueba antes relacionados, se causó perjuicio a la sociedad, infringiendo el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal” cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto, si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la práctica de las pericias propuestas; en el caso que nos ocupa, los Sentenciadores en la audiencia respectiva se limitaron a manifestar que no admite las diligencias investigativas que se están solicitando como ser la prueba pericial número uno y dos, esta audiencia es de proposición de prueba, no de diligencias de investigación, dejando en total indefensión al Ministerio Público, pues dichas pericias son determinantes para que el representante de la sociedad pueda acreditar los elementos de los tipos penales por los cuales formuló la imputación; es así, que con esta decisión, el Tribunal incumplió 1 preceptuado en el artículo 242 del Código Procesal que establece: “El tribunal de Sentencia competente… cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionará los peritos, su número será determinado según la complejidad de las cuestiones por plantear, para lo cual deberá considerar las sugerencias del Ministerio Público y las partes....”; decisión ilegal, que ha derivado en la absolución del acusado, justamente por insuficiencia probatoria. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso subjudice el Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos de los ilícitos de POSESIÓN DE DROGA EN LA MODALIDAD DE FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL, para acreditar la configuración de dichos ilícitos se requería la práctica de las pericias solicitadas y denegadas por el mencionado Tribunal, debido a que estos dictámenes resultan útiles y pertinentes para las pretensiones de la acusación a efecto de acreditar que la hierba decomisada era marihuana y que el arma decomisada estaba en buen estado de funcionamiento; sin embargo, al no permitírsele al ente acusador hacer uso de los medios de prueba relacionados con los delitos objeto del proceso, sin motivación alguna, en virtud que no puede considerarse como tal la siguiente: “no comparte el criterio de la fiscal, porque debió hacerse en etapa preparatoria y no en esta etapa, en otras ocasiones se ha ordenado la práctica ya que son fiscales nuevos y desconocen cómo funciona el Tribunal, pero no es que la normativa lo permita”. Entonces, ¿Este Tribunal tiene un procedimiento especial de funcionamiento al que debe acoplarse el Ministerio Público y no el vigente en la normativa penal adjetiva? La mencionada actuación jurisdiccional genera una violación al Debido Proceso, y consecuentemente al Derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En la presente causa, se está violentando el Derecho de Defensa que asiste al Ministerio Público, al no permitir la práctica de las pericias, a pesar que el artículo 242 del Código Procesal Penal obliga al Tribunal de sentencia a la designación de peritos, cuando es requerido por las partes; En ese sentido es importante mencionar, que el artículo 82 de la Constitución de la República y 4 del Código Procesal Penal, cuando consagran el Derecho de Defensa no lo limitan únicamente a las personas sometidas a proceso, por el contrario, este derecho le corresponde tanto al Imputado y a su Defensor, como a la víctima y al Ministerio Público y/o Acusador Privado; al vedársele al Ministerio Público la posibilidad de contar con la prueba que sustente su pretensión, el defensor de la sociedad quedó en clara desventaja en relación a la contraparte; de igual forma, no tuvo la oportunidad ante la inadmisión de la práctica de los medios probatorios que estos ingresaran a la valoración intelectiva de los sentenciadores para arribar a un fallo de culpabilidad, tal como lo establece el artículo 338 del Código Procesal Penal, decisión que ha causado perjuicio y que reiteramos, se ve reflejada en la sentencia absolutoria. En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: violación al derecho defensa y al debido proceso. * Pretensión: resolver conforme a ley. La censora del fallo arguye que el sentenciador de instancia ha dejado en indefensión al Ministerio Público al denegar la admisión de la realización de las pericias Toxicológica y Balística. Estima que, al inadmitir los medios de prueba antes relacionados se infringe el artículo 82 de la Constitución de la República, por cuanto le fue denegado el derecho a intervenir probatoriamente en el proceso penal, pruebas que son determinantes para acreditar los elementos de los tipos penales por los cuales se formuló la imputación; es así que considera incumplido lo preceptuado en el artículo 242 del Código Procesal Penal, el cual obliga al Tribunal de Sentencia a designar peritos para la realización de las pericias. Concluye que la realización de los dictámenes resulta útil y pertinente para la pretensión de la acusación a efecto de acreditar que la hierba decomisada era marihuana y que el arma decomisada se encontraba en buen estado de funcionamiento; sin embargo, al no permitírsele al ente acusador hacer uso de los medios de prueba relacionados con los delitos objetos del proceso, se ocasiona la violación al derecho de defensa que asiste al Ministerio Público. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir, cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación, nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa: el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos, dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y la obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal de manera previa considera importante hacer la distinción entre Actos de investigación y Actos de prueba, entendido el primero como aquellos que tienen como objeto la búsqueda de fuentes de información[2] que servirán en la búsqueda de la verdad que se pretende esclarecer; y los segundos, los relativos a la ‘prueba judicial’ propiamente dicha. Es importante tener claro el concepto de prueba, entendida en sentido amplio como lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, a partir de sus distintas nociones, tanto vista como objeto, órgano, medio y elemento de prueba, tal como lo ha manejado la doctrina[3]. Así, constituye objeto de prueba, aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba[4]. Órgano de prueba, el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso[5]. Medio de prueba, el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso[6]. Y elemento de prueba, o prueba propiamente dicha, “todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva[7] De lo anterior se desprende que el tribunal debe examinar la admisibilidad de la prueba y determinar cuál se recibirá, tomando en cuenta su pertinencia y utilidad en relación con el objeto del juicio, para lo cual debe valorar su incidencia, en cuanto con ella se pretende demostrar un hecho de importancia para la decisión (averiguación de la verdad sobre el hecho atribuido), así como también determinar su utilidad, que como autoridad judicial está en el deber de incorporar al proceso para su debida valoración. Si la prueba tiene la trascendencia para demostrar algún hecho de importancia para la decisión, el Tribunal de Sentencia está en el deber de recibirla, lo que significa que en caso de duda deberá estarse ante un criterio amplio que considere la prueba pertinente, pues ello es lo que justifica la existencia del derecho de defensa para todas las partes en el proceso de hacerse oír por el juez y de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo[8]. Así las cosas, en el caso sometido a examen, el medio de prueba es la pericia o el dictamen; la prueba pericial es el resultado obtenido del dictamen y su explicación por el perito, más el órgano de prueba es el perito, por lo que el Tribunal de Sentencia puede y debe admitir su realización si reúne los requisitos de admisibilidad: idoneidad, pertinencia, utilidad y proporcionalidad (artículo 199 del Código Procesal Penal). Al hacerse necesaria la práctica de una pericia, el artículo 242 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal de Sentencia competente podrá designar al perito, quien una vez nombrado procederá a cumplir del encargo recibido. Al haber rechazado el Tribunal de Sentencia la solicitud del Ministerio Público de admitir la realización de las pericias toxicológica y balística, ocasionó con ello una real y efectiva situación de indefensión material para el Ministerio Público, impidiéndole articular una defensa adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso. Es de recordar que los órganos judiciales han de velar por evitar la indefensión de las partes en el proceso penal, de lo cual deriva la necesidad de que las partes cuenten con los medios de ataque y defensa en idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efecto de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las excepciones que puedan establecerse en fase de investigación por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, el valor constitucional de la justicia. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el Tribunal de Sentencia no tiene impeditivo legal para proceder a la designación de los peritos que han sido propuestos por el ente acusador, quienes deberán rendir su dictamen antes de la vista pública para garantizar el real y efectivo interrogatorio de las partes. Al no haberse admitido la proposición de la realización de los dictámenes periciales y no haber designado los peritos para tal efecto, ocasionó con ello una situación de real y efectiva indefensión que infringió la garantía del derecho a la defensa que tiene el Ministerio Público. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. José Olivio Rodríguez Vásquez magistrado coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-57-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Moreno Catena, Víctor, y otros; “Introducción al Derecho Procesal”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.
[3] Cafferata Nores, José I., La prueba…, pp. 14 y ss.
[4] Ibidem., p. 22.
[5] Ibidem., p. 20.
[6] Ibidem., p. 21.
[7] Ibidem., p. 14. Cfr. también: Vélez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, Tomos I, Lerner, Córdova, 3ª Edición, 1ª Reimpresión, 1981, p. 341 y ss.
[8] Llobet, p.656, 1998.