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Sentencia CP-551-17 — Registro 14737

Resumen

Se declara con lugar el rceurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, contra la sentencia de primer instancia que la condena por el delito de Secuestro Agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al valorar los siguientes medios de prueba lo que declara la testigo señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado los testigos policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, propuestos por el Ministerio Público, así como por lo declarado por la propia acusada Rosa María Castillo, en la audiencia de juicio oral y público, corroborado por los testigos de descargo señoras Hilda Rosa Aguilar Garcíay Ligia Mayela Guzmán. Esta Sala observa que, en el presente caso, la testigo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, rendida en audiencia inicial e incorporada mediante lectura, declara que pagó rescate por la liberación de su hijo, pero no puede decir el monto de pagado, hecho que el tribunal no declara probado. La misma testigo declara que el teléfono de su hijo secuestrado tenía un sistema de localización, y que por las llamadas que le hizo el negociador “Alfa” fue que la policía ubicó la vivienda donde estaba su hijo secuestrado, pero que el negociador “Alfa” hacia las llamadas la llamaba desde el interior de la Penitenciaria Nacional de Tamara. Esta Sala considera que lo declarado por la testigo de cargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, es contradictorio, y a la vez no encaja con lo declarado en juicio por los testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, quienes fueron los agentes que practicaron la vigilancia y participaron en el operativo de allanamiento, pues ellos no mencionan nada respecto a cómo localizan la casa donde estaba secuestrado el menor, y lo único que manifiestan es que el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, a cargo de la Policía Antisecuestro de San Pedro Sula, recibió información anónima acerca del lugar donde los secuestradores mantenían secuestrado al menor D. A., y que a consecuencia de ello, su jefe les había ordenado que el día 28 de marzo 2013 llevaran a cabo una vigilancia del lugar, la que duró solo unos veinte minutos, y después el operativo de ingreso a la casa de la señora Rosa María Castillo, lugar en que encuentran cautivo al menor. Por su parte, la imputada Rosa María Castillo, como acto de defensa material, declara que luego del ingreso de las personas extrañas armadas a su casa junto con el niño un día antes del allanamiento o sea el 27 de marzo de 2013, pide a su nuera Ligia Guzmán que denuncie el hecho a la policía, producto de lo cual encuentran al menor en su casa. Para el tribunal el testimonio de Rosa María Castillo no es creíble, y viola la máxima de la experiencia de que los secuestradores aseguran la custodia del secuestrado para no arriesgar el beneficio económico, pero en este caso, el secuestro fracasó al ser rescata el menor por la policía. Esta Sala considera que la máxima de la experiencia no aplica al presente cao, por haber prueba de descargo consistente en las declaraciones de las testigos señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, con las que se logra corroborar la versión de la acusada Rosa María Castillo, acerca que el niño secuestrado estuvo en su casa desde solo dos días antes del allanamiento del 28 de marzo 2013, y que personas armadas que ingresa a su casa de habitación, le piden que les colabore bajo de hacerle algo a ella y a su menor hija, para obligarla a mantener en una de sus habitaciones al niño secuestrado D. A., bajo la historia de que el niño estaba enfermo y que lo tenía allí para llevarlo a un hospital, personas armadas que le dicen que día antes ellos le habían matado a su marido Cristian Suarez, y ahora eran los que bajo coacción mantenía secuestrado al niño en su casa. Es en este contexto, que la acusada Rosa Maria Castillo pide ayuda a su nuera la testigo Ligia Mayela Guzmán, quien aprovecha el momento en que llevar un vaso de agua al niño secuestrado, entra al cuarto y le pide al menor el número de teléfono celular de su mamá, testigo que momentos después se comunica con la señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, y es gracias a la información que la testigo Ligia proporciona a la madre del menor que al día siguiente 28 de marzo de 2013, la policía antisecuestro al mando del Comisionado Carlos Zavala Velásquez, practica el operativo de allanamiento con que se logra ubicar la casa y se rescata al niño D. A.; 3) Acta de registro personal y Acta de decomiso que concuerdan con lo declarado por la acusada Rosa María Castillo en relación a que decomisaron teléfonos a ella y a los otros dos imputados, aparatos que no arrojan información en contra de la acusada. Todo lo anterior, acredita que la acusado Rosa Maria Castillo, también fue víctima de los secuestradores del niño D. A., y ella es quien gestiona la liberación del menor secuestrado pues actúa bajo amenazada de hacerle daño a ella o su menor hija que se encuentra retenida sin poder salir de su casa, por parte de personas armadas que dicen haberle matado a su marido Cristian días atrás. Por lo que concluye que, en el presente caso el juzgador, incurre en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al otorgar credibilidad a la prueba de cargo, la cual es insuficiente para concluir con certeza sobre la participación de la acusada Rosa María Castillo en los hechos ilícitos de que se le acusa, y al restar credibilidad a la prueba de descargo, las declaraciones de las testigos Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, que corroboran la declaración de la acusada Rosa Maria Castillo, rendida durante la audiencia de juicio. Esta Sala considera que la declaración de los Testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, confirman que es a consecuencia de una información anónima obtenida el 27 de marzo de 2013 por el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, se logra ubicar el lugar donde los secuestradores privan de la libertad al menor D. A., que coincide con la versión de las testigos de descargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, de las que se deriva que la acusada Rosa María Castillo, ese mismo día 27 de marzo de 2013 pide a su nuera a denunciar el caso, la que declara que se logra comunicar desde su celular con la madre del niño secuestrado, y es por esa razón que la Policía rescata al menor. En este caso, la motivación de la sentencia no respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, y debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia, deben estar constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas. Respecto a violación de las máximas de la experiencia esta Sala considera que, la Fiscalía devenía en el deber de investigar con igual celo la prueba de cargo como de descargo, y si bien la declaración de la Señora Rosa Maria Castillo, es un medio de defensa material, debía haber investigado también la versión de la acusada, dado que de las prueba de testigos de descargo se deduce claramente que la acusada Rosa María Castillo, fue objeto de amenazas contra su vida y la vida de su menor hija por los secuestradores del niño D. A., quien le dijeron que le habían matado a su esposo, y quienes bajo coacción utilizan su vivienda para mantener secuestrado al menor, y que es gracias a su intervención, y por medio de su nuera es que el menor es rescatado por la policía. Por lo anterior esta Sala concluye que el A quo ha incurrido en defectos en la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, por lo que declara procedente el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los  señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, la pena de 22 años de reclusión, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, y como penas accesorias las de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que de la condena principal, responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, como personas responsables del delito de Secuestro Agravado, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condenan (Art.239 y 240.3 y 4) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a pesar de no encontrarse comprendida la pena impuesta de 22 años de reclusión dentro de los parámetros de la pena que habría debido cumplir, en virtud que también se le impondría a los acusados como la pena principal la de prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, por lo que no representa un beneficio a favor de los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-551-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, a la pena de veintidós años de reclusión; Segundo: Condenó a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: El Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO, En fecha 20 de marzo del 2013, a eso de las tres de la tarde el menor C. A. A., en ese entonces de 14 años de edad, mientras se conducía por un sector de San Pedro Sula, fue interceptado por unos individuos no identificados, quienes posteriormente lo trasladaron a una vivienda ubicada en la colonia Felipe Zelaya, 7 y 8 avenida, segunda calle, en la que habitaba la señora Rosa María Castillo, donde lo introdujeron a una de las habitaciones y lo dejaron bajo el cuidado y vigilancia de la señora Rosa María Castillo, Nolvia Suyapa Meléndez y Héctor Wilfredo Cruz, lugar donde permaneció atado de manos y con una venda en los ojos. SEGUNDO: Durante ese tiempo, la señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor C. D. A., recibió llamadas de una persona que se identificó con el seudónimo de ALFA, en la que este le exigía la cantidad de 10 millones de Lempiras a cambio de la liberación de su hijo y durante todo el tiempo del cautiverio del menor se mantuvo entre la señora Aguilar y el sujeto identificado como ALFA negociaciones sobre el monto del pago para el rescate menor. TERCERO: En fecha 28 de marzo del mismo año, la policía realizó un allanamiento en la casa de la señora Rosa María Castillo, ubicada en la colonia Felipe Zelaya, 7 y 8 avenida, segunda calle a raíz de que habían recibido información anónima de que en dicha vivienda se encontraba cautivo el menor C. D. A., procediendo la Policía Antisecuestro a ingresar a la vivienda, en cuyo interior se encontró en una habitación al menor C. D. A., quien tenía los ojos vendados y se encontraba vigilado en ese momento por el señor Héctor Wilfredo Cruz Trejo, mientras que en otra habitación de la casa se encontró a la señora Nolvia Suyapa Meléndez, Rosa María Castillo Flores y una menor de edad; procediendo en ese momento la policía a rescatar al menor C. D. A., quien para ese momento tenía 8 días de estar cautivo, asimismo procedió a la detención de los señores Nolvia Suyapa Meléndez, Rosa María Castillo Flores y Héctor Wilfredo Cruz Trejo.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “MOTIVO UNICO. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- La Sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La Sentencia carece de motivaciones fácticas simplemente porque al evacuarse la prueba tuvo ante si TRES HIPOTESIS sobre cómo ocurrieron los hechos y el Tribunal omite esta circunstancia, sin emitir una valoración o sea sin explicar porque existen dos hipótesis acusatorias, veamos: Para considerar las dos hipótesis el impetrante toma como base; Los hechos declarados probados y el resultado de las prueba ejecutadas durante el juicio oral Hipótesis número uno: según la madre del ofendido se pagó rescate, el niño tenía un teléfono que permitió la ubicación del niño, el negociador estaba en Tamara. Hipótesis numero dos: según la policía, no se pagó rescate, a investigación de la policía y las vigilancias posibilitaron el rescate del niño, el niño estuvo en el mismo lugar los 8 días que duro el secuestro. Hipótesis número tres: según el testimonio de Rosa María Castillo, Era a través de su nuera fue quien aviso a la policía donde tenían al niño secuestrado, a ella la obligaron (amenazando a sus hijos y reteniéndole a su niña de 3 años) y el niño solo estuvo en su casa los últimos 2 días del secuestro. Empezamos con la declaración de la madre del menor secuestrado 1.- en la página 11 de la sentencia atinente a la valoración de la prueba en el numeral 3.1 se describe la declaración de la señora DELIA LIZETH AGUILAR, misma que se introdujo al debate por lectura, esta señora expuso algunos temas que el tribunal no considero: a.- Declaró que pago por el secuestro b.- Declaro que la persona que la llamaba para pedir el rescate, la llamaba desde la cárcel de Tamara. c.- Declaro que el celular que andaba su hijo, tenía instalado un sistema de localización d.- Declaro que la misma banda que secuestró a su hijo había secuestrado a otra señora llamada Leonor Gonzales. e.- Declaro que no sabe si lo tuvieron en el mismo lugar. f.- Declaro que ella trabaja con las fuerzas armadas, lo que se deduce de su testimonio cuando expreso, “yo estaba en la fuerza Naval”. Al respecto debo exponer que siendo que el tribunal le da credibilidad a su testimonio, es inexplicable y por tanto carente de fundamentación que en el hecho declarado probado el tribunal, no declara probado que se pagó rescate, ni siquiera hace pronunciamiento sobre este tema, noten los honorables magistrados que el tribunal dice que por las llamadas del negociador DENOMINADO ALFA, FUE QUE SE UBICO LA VIVIENDA DONDE ESTABA EL NIÑO, pero la señora declaro totalmente diferente, ella dice que el negociador estaba en Tamara!!!, es decir la declaración de la madre del menor es más coherente con la declaración de Rosa María Castillo quien declaro que fue ella, a través de su nuera que aviso a la policía donde tenían al niño secuestrado, desde una noche antes del operativo. En relación a lo expresado por la señora Delia Lizeth Aguilar, de que el teléfono que portaba el niño secuestrado tenía instalado un sistema de localización, esto tampoco encaja con la historia que relatan los policías que comparecieron como testigos del ministerio publico, si la localización del lugar donde tenían al niño se hubiese realizado por el sistema del teléfono del niño, ¿porque tardaron 8 días en llegar?... Respuesta lógica: Porque al niño lo tuvieron los primeros 6 días en otro lugar y probablemente lo tuvieron que mover de emergencia, eso explicaría de modo diferente la hipótesis del tribunal, el tribunal ha dicho que el testimonio de Rosa María Castillo, no es creíble porque las máximas de la experiencia dicen que la custodia del secuestrado se determina de forma previa, para no arriesgar el beneficio económico que reporta este tipo de delitos, no olvidemos que este secuestro fracaso, pues el menor fue rescatado por la policía, eso es un indicador de que el plan de los secuestradores no se cumplió, otra vez resulta que las incoherencias en la sentencia suceden porque no se le da credibilidad al testimonio de mi cliente. La única explicación razonable aquí es que Rosa Maria Castillo dijo la verdad, ella mando a su nuera a avisar a la policía y fue solo por eso que la policía ubico el lugar donde estaba secuestrado el niño. Rosa Maria castillo en su declaración dijo varias veces que esos datos estaban en los teléfonos decomisados... HONORABLES MAGISTRADOS ES VERDADERAMENTE SOSPECHOSO QUE EL MINISTERIO PUBLICO EN ESTE CASO NO HAYA HECHO UN VACIADO TELEFONICO DE LOS TELEFONOS DECOMISADOS, NO HAYA HECHO UNA PERICIA PARA DETERMINAR LA HUBICACION DEL TELEFONO DEL NEGOCIADOR “ALFA” Y NO HAYA HECHO UNA PERICIA DEL TELEFONO DEL NIÑO SECUESTRADO A FIN DE DETERMINAR LOS LUGARES DONDE ESTUVO CAUTIVO¡!!. También es inexplicable que no se haya enjuiciado al el negociador “ALFA”, la señora dijo que ya habían determinado donde estaba.- SEGUNDO.- OTRO ELEMENTO CONTRADICTORIO en la sentencia es el siguiente, en la sentencia se expresa que el testimonio de Rosa Maria Castillo, no ha sido respaldado por ningún otro medio de prueba, se evacuo como medio de prueba el testimonio de Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, al ser sometidas al interrogatorio de las partes declararon de forma fluida, sin evasivas y sus dichos fueron claramente coincidentes con el testimonio de mi representada, respecto a que el niño estuvo allí dos días y que fue la nuera de Rosa la que además de llamar para denunciar el secuestro, fue llamada por la policía para que fuera a colaborar con la ubicación del lugar, además estos testimonios se enlazan con los testimonios de la policía en el sentido de que NO HUBIERON VIGILANCIAS, simplemente llegaron al lugar esperaron 20 minutos y al corroborar la información dada por la nuera de Rosa María Castillo, entraron a liberar al niño secuestrado.- Otro elemento que se enlaza con el testimonio de Rosa María Castillo es la evacuación como medios de prueba de Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso a Rosa María Castillo descritas en la sentencia en página 14, Evidencias que se describen en la página 15 como numerales 2.6, 2.7 y 2.8, en el sentido de que efectivamente se decomisaron teléfonos tanto a mi representada como a los otros imputados, los cuales NO SE PERICIARON, para ocultar la verdad al tribunal y hacer aparecer a los policías como héroes... cuando más bien parecen encubridores. En todo caso, es evidente que respecto a Rosa María Castillo mintieron pues relatan haberla capturado en un cuarto de la casa, cuando lo lógico es la historia de que ella al llegar la policía acudiera para tratar de rescatar a su niña que estaba en poder de los secuestradores para obligarla a tener al niño secuestrado. Otra vez pregunto ¿Por qué en este caso no se periciaron los teléfonos?... R/. Para justificar la captura de mi representada y no hacer una investigación completa, en otras palabras: para no buscar la verdad de los hechos.- Honorables magistrados ninguno de los datos que describe Rosa María Castillo, fue descartado por ser falso Finalmente expongo que si el único testimonio que se refiere al lugar donde estuvo secuestrado el menor es el de la mama y esta dice que no sabe dónde estuvo, ¿en qué prueba se fundamenta el tribunal sentenciador para determinar que el niño estuvo en la casa donde habitaba rosa castillo los 8 días que duro el secuestro? Aquí claramente se advierte la falta de fundamentación fáctica de la sentencia. Es simple el tribunal se lo invento!!! Todos estas incoherencias en la sentencia, demuestran que mi representada dijo la verdad, que ella fue quien colaboro de forma determinante en la liberación del menor secuestrado y que en el hecho actúo con una causa de justificación, amenazada con hacerle daño a su hija que también estaba secuestrada. Cualquier madre haría lo que ella hizo, para proteger a sus hijos, por eso es injusto que el tribunal la haya condenado, con el testimonio incoherente de los policías, de la razón por la que la madre del niño no dijo la verdad sobre la colaboración de Rosa Castillo y su nuera, solo opino que actuó de manera injusta posiblemente por el dolor de haber tenido a su hijo secuestrado, no pudimos definir este tema porque convenientemente la fiscalía no la llevo a declarar al juicio y el tribunal valoro el contenido de un papel.- Evidentemente esta sentencia es contradictoria y carece de fundamentación fáctica, lo cual es un vicio que se reclama como quebrantamiento de forma. TERCERO.- A Lo anterior debemos agregar que en la sentencia no se utiliza correctamente las reglas lógicas y en general el sistema de sana critica racional, en este caso reclamamos la no utilización de la Regla Lógico de RAZON SUFICIENTE, de forma sencilla esta regla se explica con varios teorema, yo prefiero el más sencillo según el cual “nada es por nada, todo es por algo” es decir todas las cosas tienen una explicación racional que las hace ser como son, pues bien acudimos a revisar el testimonio de los policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, ambos declararon ser parte de los equipos policiales que allanaron la casa donde fue encontrado el niño (páginas 8 y 9 de la sentencia) el Primero declara como fue el procedimiento, noten que no declara que el participo en el procedimiento, dice que se procedió a hacer vigilancias, pero al interrogarlo admite que NO SE HICIERON VIGILANCIAS, porque miente sobre esto? Ya en la página 9 cuando le preguntan qué diligencia investigativas realizo, empieza a explicar al tribunal cómo funciona el proceso investigativo, NO DICE QUE HIZO EL, ni siquiera coincide con el otro testigo respeto a cuantos participan en el operativo ni como entraron a la vivienda, ¿Por qué mentir sobre estos hechos?, este testigo declaro que no conoció que fuente origino la información sobre el lugar donde tenían al niño o sea el no realizó ninguna investigación, no relaciono que mi representada fuera detenida fuera de la casa. ¿El otro testigo Wilmer Alexis Soto Matamoros este primero dice que hicieron vigilancias y luego se contradice veamos un párrafo de su testimonio “Antes de esa fecha que diligencias realizo? Solo vigilancias, ¿en qué fechas? No recuerdo exactamente, ¿Cuándo comenzaron esas vigilancias?, entre el 20 y 28.” renglón 9, página 10 de arriba hacia abajo, más abajo dice que no recuerda cuando hicieron las vigilancias, luego en la página 11, renglón 9 de arriba hacia abajo declara “solo el 28 hicimos vigilancia” ¿Por qué miente?, este dice que una persona llego a dejar comida y se fue olímpicamente, a nadie se le ocurrió detenerlo para indagar su relación con el secuestro... es lógico eso?, la policía está vigilando un lugar donde creen que esta una persona secuestrada, una persona llega dejar comida a la casa que vigilan y a nadie se le ocurre que es una fuente de información sobre el secuestro????, o es otra mentira, como opero la lógica respecto a estos testimonios evidentemente absurdos? Conforme lo indica el principio de razón suficiente, y considerando el testimonio de mi representada, estos testigos policías mienten en su declaración para no admitir que fue Rosa Maria Castillo a través de su nuera la que les dio la información que permitió el la liberación del secuestrado, así mismo que no se realizó ninguna investigación del caso y que deliberadamente no se extrajo la información de los teléfonos decomisados para ocultar la verdad de los hechos al tribunal y de esa forma : ocultar a otros autores o en el menor de los casos, hacer aparecer el desenlace como un acto heroico de la policía… En cualquiera de los casos esas mentiras permitieron condenar a una persona inocente en este caso la señora Rosa María Castillo. Al utilizar el principio lógico de razón suficiente, considerando la forma reticente y dubitativa que declaran los policías, la declaración de la madre del menor y la falta de pericias de los teléfonos decomisados y los utilizados por la familia del secuestrado en relación con la declaración que hace Rosa María Castillo y las otras testigos de la defensa, es correcto por derivación concluir que mi representada dijo la verdad y que actuó cubierta por una CAUSA DE JUSTIFICACION. EN DERECHO Y EN JUSTICIA DEBIO SER ABSUELTA POR EL HONORABLE TRIBUNAL DE SENTENCIA Con todo respeto solicitamos que la honorable corte case la presente sentencia ordenando el reenvió para realizar este juicio con un tribunal imparcial que valore correctamente la prueba. Finalmente, expongo que el vicio que origina esta injusticia es que el tribunal valora los medios de prueba en forma separada, se arriba a una conclusión equivocada por la no valoración en su conjunto de los medios de prueba, al tomar los testimonios absurdos de los policías, la falta de pericia, la falta de investigación, la inexistencia de vigilancias y el testimonio de la señora madre del menor y contrastar esto con el testimonio de mi dienta y las otras dos testigos, claramente se advierte que la hipótesis del ministerio público en relación a rosa castillo, es incoherente y falsa además de constituir una gran injusticia. Sucedió aquí que como podrán ver honorables magistrados el tribunal solo valora los elementos que pueden inculpar a la imputada Y NO VALORA los elementos contradictorios, por tanto ola sentencia adolece de una valoración de forma conjunta de la prueba y de una valoración imparcial conforme a las reglas de la sana critica racional razón por la cual la sentencia debe casarse, anulándola y ordenar el reenvió a de de que otro tribunal haga el juicio y la prueba deba ser valorado conforme a sistema de sana critica racional. EL RECLAMO. - Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO. - Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representada, ya que si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen En la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Al evacuarse la declaración de la madre del menor secuestrado la señora Delia Lizeth Aguilar, declaró que pagó por el secuestro, el tribunal le da credibilidad a su testimonio, pero no declara probado que se pagó rescate. El tribunal dice que por las llamadas del negociador denominado Alfa, fue que se ubicó la vivienda donde estaba el niño, sin embargo, la madre del niño secuestrado declaro que el negociador estaba en la Penitenciaria de Tamara. La declaración de la madre del menor es más coherente con la declaración de la acusada Rosa María Castillo quien declara que fue ella, a través de su nuera quien aviso a la policía para informar donde tenían al niño secuestrado, desde una noche antes del operativo de Allanamiento. La testigo Delia Lizeth Aguilar, también dijo que el teléfono que portaba el niño secuestrado tenía un sistema de localización, esto ello no encaja con la versión de los policías testigos del Ministerio Público, pues no explica porque entonces tardaron ocho días en llegar a rescatar al niño secuestrado, ello se explica porque al niño lo tuvieron los primeros seis días en otro lugar y probablemente lo tuvieron que mover al domicilio de la acusada Rosa Maria Castillo, lo que es diferente a la hipótesis del tribunal. Para el tribunal el testimonio de Rosa María Castillo no es creíble pero las máximas de la experiencia dicen que los secuestradores aseguran la custodia del secuestrado para no arriesgar el beneficio económico que reporta este tipo de delitos, pero el secuestro fracaso y el menor fue rescatado por la policía, el plan de los secuestradores no se cumplió. La sentencia incurre en incoherencias al no dar credibilidad al testimonio de Rosa Maria Castillo, quien dijo la verdad, pues declara que ella mando a su nuera a avisar a la policía y por eso fue que la policía ubico el lugar donde estaba secuestrado el niño. La señora Rosa Maria castillo dijo que esos datos estaban en los teléfonos decomisados, pero el Ministerio Público no hizo el vaciado telefónico de los aparatos decomisados, pericia útil para ubicar la posición del negociador “Alfa”, tampoco hizo el variado del teléfono del niño secuestrado para determinar los lugares donde estuvo en cautivo y no se enjuició al negociador “Alfa”, a pesar que Rosa Maria Castillo declaró que ya habían determinado donde estaba. La sentencia expresa que el testimonio de la señora Rosa Maria Castillo, no es creíble dado que ha sido respaldado por ningún otro medio de prueba, sin embargo en juicio se evacuo prueba de descargo de las declaraciones de las señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, que son coincidentes con lo dicho por Rosa María Castillo, acerca de que el niño secuestrado estuvo en su casa dos días y que la nuera de Rosa fue quien denuncia a la policía el secuestro y que ella colabora con la policía para ubicar el lugar. De los testimonios de los policías se infiere que no hicieron vigilancias, y que simplemente llegaron al lugar esperaron 20 minutos y al corroborar la información dada la nuera de la acusada Rosa María Castillo, entraron a liberar al niño secuestrado. El testimonio de Rosa María Castillo se enlaza con los medios de prueba de: acta de registro personal y acta de decomiso a Rosa María Castillo descritas en la sentencia, pues efectivamente se decomisaron teléfonos a Rosa Maria Castillo como a los otros imputados, los cuales no se fueron preciadas. Respecto a Rosa María Castillo los policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, mintieron al relatar haberla capturado en un cuarto de la casa, cuando lo lógico es la historia de ella, que al llegar la policía ella tratara de rescatar a su niña que estaba en poder de los secuestradores para obligarla a tener al niño secuestrado, ninguno de los datos que describe Rosa María Castillo, fue descartados como falsos. La Rosa Maria Castillo dijo la verdad, pues ella colaboro en la liberación del menor secuestrado y que actúo amenazada con hacerle daño a su hija que también estaba secuestrada. La sentencia es contradictoria y no utiliza las reglas lógicas y el sistema de sana critica racional, en la regla lógica de razón suficiente, considerando el testimonio de Rosa Maria Castillo, estos testigos policías mienten en su declaración para no admitir que fue Rosa Maria Castillo a través de su nuera la que les dio la información que permitió en la liberación del secuestrado. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Concepto específico: El Tribunal ha valorado las pruebas sometidas a su conocimiento, violentando con ello las reglas de la sana critica, específicamente a la ley de derivación en su principio de razón suficiente, así como las máximas de la experiencia, ya que no logró establecer descriptiva e intelectivamente de la prueba de descargo la información proporciono para llegar al convencimiento y derivación lógica de la responsabilidad de la señora Rosa María Castillo Flores. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al valorar los siguientes medios de prueba lo que declara la testigo señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado los testigos policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, propuestos por el Ministerio Público, así como por lo declarado por la propia acusada Rosa María Castillo, en la audiencia de juicio oral y público, corroborado por los testigos de descargo señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán. Esta Sala observa que, en el presente caso, la testigo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, rendida en audiencia inicial e incorporada mediante lectura, declara que pagó rescate por la liberación de su hijo, pero no puede decir el monto de pagado, hecho que el tribunal no declara probado. La misma testigo declara que el teléfono de su hijo secuestrado tenía un sistema de localización, y que por las llamadas que le hizo el negociador “Alfa” fue que la policía ubicó la vivienda donde estaba su hijo secuestrado, pero que el negociador “Alfa” hacia las llamadas la llamaba desde el interior de la Penitenciaria Nacional de Tamara. Esta Sala considera que lo declarado por la testigo de cargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, es contradictorio, y a la vez no encaja con lo declarado en juicio por los testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, quienes fueron los agentes que practicaron la vigilancia y participaron en el operativo de allanamiento, pues ellos no mencionan nada respecto a cómo localizan la casa donde estaba secuestrado el menor, y lo único que manifiestan es que el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, a cargo de la Policía Antisecuestro de San Pedro Sula, recibió información anónima acerca del lugar donde los secuestradores mantenían secuestrado al menor D. A., y que a consecuencia de ello, su jefe les había ordenado que el día 28 de marzo 2013 llevaran a cabo una vigilancia del lugar, la que duró solo unos veinte minutos, y después el operativo de ingreso a la casa de la señora Rosa María Castillo, lugar en que encuentran cautivo al menor. Por su parte, la imputada Rosa María Castillo, como acto de defensa material, declara que luego del ingreso de las personas extrañas armadas a su casa junto con el niño un día antes del allanamiento o sea el 27 de marzo de 2013, pide a su nuera Ligia Guzmán que denuncie el hecho a la policía, producto de lo cual encuentran al menor en su casa. Para el tribunal el testimonio de Rosa María Castillo no es creíble, y viola la máxima de la experiencia de que los secuestradores aseguran la custodia del secuestrado para no arriesgar el beneficio económico, pero en este caso, el secuestro fracasó al ser rescata el menor por la policía. Esta Sala considera que la máxima de la experiencia no aplica al presente cao, por haber prueba de descargo consistente en las declaraciones de las testigos señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, con las que se logra corroborar la versión de la acusada Rosa María Castillo, acerca que el niño secuestrado estuvo en su casa desde solo dos días antes del allanamiento del 28 de marzo 2013, y que personas armadas que ingresa a su casa de habitación, le piden que les colabore bajo de hacerle algo a ella y a su menor hija, para obligarla a mantener en una de sus habitaciones al niño secuestrado D. A., bajo la historia de que el niño estaba enfermo y que lo tenía allí para llevarlo a un hospital, personas armadas que le dicen que día antes ellos le habían matado a su marido Cristian Suarez, y ahora eran los que bajo coacción mantenía secuestrado al niño en su casa. Es en este contexto, que la acusada Rosa Maria Castillo pide ayuda a su nuera la testigo Ligia Mayela Guzmán, quien aprovecha el momento en que llevar un vaso de agua al niño secuestrado, entra al cuarto y le pide al menor el número de teléfono celular de su mamá, testigo que momentos después se comunica con la señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, y es gracias a la información que la testigo Ligia proporciona a la madre del menor que al día siguiente 28 de marzo de 2013, la policía antisecuestro al mando del Comisionado Carlos Zavala Velásquez, practica el operativo de allanamiento con que se logra ubicar la casa y se rescata al niño D. A.; 3) Acta de registro personal y Acta de decomiso que concuerdan con lo declarado por la acusada Rosa María Castillo en relación a que decomisaron teléfonos a ella y a los otros dos imputados, aparatos que no arrojan información en contra de la acusada. Todo lo anterior, acredita que la acusado Rosa Maria Castillo, también fue víctima de los secuestradores del niño D. A., y ella es quien gestiona la liberación del menor secuestrado pues actúa bajo amenazada de hacerle daño a ella o su menor hija que se encuentra retenida sin poder salir de su casa, por parte de personas armadas que dicen haberle matado a su marido Cristian días atrás. Por lo que concluye que, en el presente caso el juzgador, incurre en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al otorgar credibilidad a la prueba de cargo, la cual es insuficiente para concluir con certeza sobre la participación de la acusada Rosa María Castillo en los hechos ilícitos de que se le acusa, y al restar credibilidad a la prueba de descargo, las declaraciones de las testigos Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, que corroboran la declaración de la acusada Rosa Maria Castillo, rendida durante la audiencia de juicio. Esta Sala considera que la declaración de los Testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, confirman que es a consecuencia de una información anónima obtenida el 27 de marzo de 2013 por el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, se logra ubicar el lugar donde los secuestradores privan de la libertad al menor D. A., que coincide con la versión de las testigos de descargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, de las que se deriva que la acusada Rosa María Castillo, ese mismo día 27 de marzo de 2013 pide a su nuera a denunciar el caso, la que declara que se logra comunicar desde su celular con la madre del niño secuestrado, y es por esa razón que la Policía rescata al menor. En este caso, la motivación de la sentencia no respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, y debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia, deben estar constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas. Respecto a violación de las máximas de la experiencia esta Sala considera que, la Fiscalía devenía en el deber de investigar con igual celo la prueba de cargo como de descargo, y si bien la declaración de la Señora Rosa Maria Castillo, es un medio de defensa material, debía haber investigado también la versión de la acusada, dado que de las prueba de testigos de descargo se deduce claramente que la acusada Rosa María Castillo, fue objeto de amenazas contra su vida y la vida de su menor hija por los secuestradores del niño D. A., quien le dijeron que le habían matado a su esposo, y quienes bajo coacción utilizan su vivienda para mantener secuestrado al menor, y que es gracias a su intervención, y por medio de su nuera es que el menor es rescatado por la policía. Por lo anterior esta Sala concluye que el A quo ha incurrido en defectos en la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, por lo que declara procedente el motivo de casación invocado por el recurrente. V. DECISIÓN. La Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, la pena de 22 años de reclusión, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, y como penas accesorias las de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que de la condena principal, responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, como personas responsables del delito de Secuestro Agravado, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condenan (Art.239 y 240.3 y 4) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a pesar de no encontrarse comprendida la pena impuesta de 22 años de reclusión dentro de los parámetros de la pena que habría debido cumplir, en virtud que también se le impondría a los acusados como la pena principal la de prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, por lo que no representa un beneficio a favor de los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores; Segundo: Casa y declara la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó a la señora Rosa María Castillo Flores, como autora del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A; Tercero: Mantener incólume e inalterable la sentencia que se impugna dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la parte en que condena a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, a la pena de veintidós años de reclusión, y les impone además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, declaró la responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: : no procede la aplicación retroactiva de la legislación penal por no representar un beneficio a favor de los señor Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo; MANDA: Que el Tribunal Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebre nuevo juicio contra contra la señora Rosa María Castillo Flores, por suponerla coautora del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que parcialmente se anula. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-551-2017.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

MJCZ

“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-551-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, a la pena de veintidós años de reclusión; Segundo: Condenó a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez, Héctor Wilfredo Cruz Trejo y Rosa María Castillo Flores; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: El Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO, En fecha 20 de marzo del 2013, a eso de las tres de la tarde el menor C. A. A., en ese entonces de 14 años de edad, mientras se conducía por un sector de San Pedro Sula, fue interceptado por unos individuos no identificados, quienes posteriormente lo trasladaron a una vivienda ubicada en la colonia Felipe Zelaya, 7 y 8 avenida, segunda calle, en la que habitaba la señora Rosa María Castillo, donde lo introdujeron a una de las habitaciones y lo dejaron bajo el cuidado y vigilancia de la señora Rosa María Castillo, Nolvia Suyapa Meléndez y Héctor Wilfredo Cruz, lugar donde permaneció atado de manos y con una venda en los ojos. SEGUNDO: Durante ese tiempo, la señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor C. D. A., recibió llamadas de una persona que se identificó con el seudónimo de ALFA, en la que este le exigía la cantidad de 10 millones de Lempiras a cambio de la liberación de su hijo y durante todo el tiempo del cautiverio del menor se mantuvo entre la señora Aguilar y el sujeto identificado como ALFA negociaciones sobre el monto del pago para el rescate menor. TERCERO: En fecha 28 de marzo del mismo año, la policía realizó un allanamiento en la casa de la señora Rosa María Castillo, ubicada en la colonia Felipe Zelaya, 7 y 8 avenida, segunda calle a raíz de que habían recibido información anónima de que en dicha vivienda se encontraba cautivo el menor C. D. A., procediendo la Policía Antisecuestro a ingresar a la vivienda, en cuyo interior se encontró en una habitación al menor C. D. A., quien tenía los ojos vendados y se encontraba vigilado en ese momento por el señor Héctor Wilfredo Cruz Trejo, mientras que en otra habitación de la casa se encontró a la señora Nolvia Suyapa Meléndez, Rosa María Castillo Flores y una menor de edad; procediendo en ese momento la policía a rescatar al menor C. D. A., quien para ese momento tenía 8 días de estar cautivo, asimismo procedió a la detención de los señores Nolvia Suyapa Meléndez, Rosa María Castillo Flores y Héctor Wilfredo Cruz Trejo.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “MOTIVO UNICO. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- La Sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 362 numerales 3 y 6 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La Sentencia carece de motivaciones fácticas simplemente porque al evacuarse la prueba tuvo ante si TRES HIPOTESIS sobre cómo ocurrieron los hechos y el Tribunal omite esta circunstancia, sin emitir una valoración o sea sin explicar porque existen dos hipótesis acusatorias, veamos: Para considerar las dos hipótesis el impetrante toma como base; Los hechos declarados probados y el resultado de las prueba ejecutadas durante el juicio oral Hipótesis número uno: según la madre del ofendido se pagó rescate, el niño tenía un teléfono que permitió la ubicación del niño, el negociador estaba en Tamara. Hipótesis numero dos: según la policía, no se pagó rescate, a investigación de la policía y las vigilancias posibilitaron el rescate del niño, el niño estuvo en el mismo lugar los 8 días que duro el secuestro. Hipótesis número tres: según el testimonio de Rosa María Castillo, Era a través de su nuera fue quien aviso a la policía donde tenían al niño secuestrado, a ella la obligaron (amenazando a sus hijos y reteniéndole a su niña de 3 años) y el niño solo estuvo en su casa los últimos 2 días del secuestro. Empezamos con la declaración de la madre del menor secuestrado 1.- en la página 11 de la sentencia atinente a la valoración de la prueba en el numeral 3.1 se describe la declaración de la señora DELIA LIZETH AGUILAR, misma que se introdujo al debate por lectura, esta señora expuso algunos temas que el tribunal no considero: a.- Declaró que pago por el secuestro b.- Declaro que la persona que la llamaba para pedir el rescate, la llamaba desde la cárcel de Tamara. c.- Declaro que el celular que andaba su hijo, tenía instalado un sistema de localización d.- Declaro que la misma banda que secuestró a su hijo había secuestrado a otra señora llamada Leonor Gonzales. e.- Declaro que no sabe si lo tuvieron en el mismo lugar. f.- Declaro que ella trabaja con las fuerzas armadas, lo que se deduce de su testimonio cuando expreso, “yo estaba en la fuerza Naval”. Al respecto debo exponer que siendo que el tribunal le da credibilidad a su testimonio, es inexplicable y por tanto carente de fundamentación que en el hecho declarado probado el tribunal, no declara probado que se pagó rescate, ni siquiera hace pronunciamiento sobre este tema, noten los honorables magistrados que el tribunal dice que por las llamadas del negociador DENOMINADO ALFA, FUE QUE SE UBICO LA VIVIENDA DONDE ESTABA EL NIÑO, pero la señora declaro totalmente diferente, ella dice que el negociador estaba en Tamara!!!, es decir la declaración de la madre del menor es más coherente con la declaración de Rosa María Castillo quien declaro que fue ella, a través de su nuera que aviso a la policía donde tenían al niño secuestrado, desde una noche antes del operativo. En relación a lo expresado por la señora Delia Lizeth Aguilar, de que el teléfono que portaba el niño secuestrado tenía instalado un sistema de localización, esto tampoco encaja con la historia que relatan los policías que comparecieron como testigos del ministerio publico, si la localización del lugar donde tenían al niño se hubiese realizado por el sistema del teléfono del niño, ¿porque tardaron 8 días en llegar?... Respuesta lógica: Porque al niño lo tuvieron los primeros 6 días en otro lugar y probablemente lo tuvieron que mover de emergencia, eso explicaría de modo diferente la hipótesis del tribunal, el tribunal ha dicho que el testimonio de Rosa María Castillo, no es creíble porque las máximas de la experiencia dicen que la custodia del secuestrado se determina de forma previa, para no arriesgar el beneficio económico que reporta este tipo de delitos, no olvidemos que este secuestro fracaso, pues el menor fue rescatado por la policía, eso es un indicador de que el plan de los secuestradores no se cumplió, otra vez resulta que las incoherencias en la sentencia suceden porque no se le da credibilidad al testimonio de mi cliente. La única explicación razonable aquí es que Rosa Maria Castillo dijo la verdad, ella mando a su nuera a avisar a la policía y fue solo por eso que la policía ubico el lugar donde estaba secuestrado el niño. Rosa Maria castillo en su declaración dijo varias veces que esos datos estaban en los teléfonos decomisados... HONORABLES MAGISTRADOS ES VERDADERAMENTE SOSPECHOSO QUE EL MINISTERIO PUBLICO EN ESTE CASO NO HAYA HECHO UN VACIADO TELEFONICO DE LOS TELEFONOS DECOMISADOS, NO HAYA HECHO UNA PERICIA PARA DETERMINAR LA HUBICACION DEL TELEFONO DEL NEGOCIADOR “ALFA” Y NO HAYA HECHO UNA PERICIA DEL TELEFONO DEL NIÑO SECUESTRADO A FIN DE DETERMINAR LOS LUGARES DONDE ESTUVO CAUTIVO¡!!. También es inexplicable que no se haya enjuiciado al el negociador “ALFA”, la señora dijo que ya habían determinado donde estaba.- SEGUNDO.- OTRO ELEMENTO CONTRADICTORIO en la sentencia es el siguiente, en la sentencia se expresa que el testimonio de Rosa Maria Castillo, no ha sido respaldado por ningún otro medio de prueba, se evacuo como medio de prueba el testimonio de Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, al ser sometidas al interrogatorio de las partes declararon de forma fluida, sin evasivas y sus dichos fueron claramente coincidentes con el testimonio de mi representada, respecto a que el niño estuvo allí dos días y que fue la nuera de Rosa la que además de llamar para denunciar el secuestro, fue llamada por la policía para que fuera a colaborar con la ubicación del lugar, además estos testimonios se enlazan con los testimonios de la policía en el sentido de que NO HUBIERON VIGILANCIAS, simplemente llegaron al lugar esperaron 20 minutos y al corroborar la información dada por la nuera de Rosa María Castillo, entraron a liberar al niño secuestrado.- Otro elemento que se enlaza con el testimonio de Rosa María Castillo es la evacuación como medios de prueba de Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso a Rosa María Castillo descritas en la sentencia en página 14, Evidencias que se describen en la página 15 como numerales 2.6, 2.7 y 2.8, en el sentido de que efectivamente se decomisaron teléfonos tanto a mi representada como a los otros imputados, los cuales NO SE PERICIARON, para ocultar la verdad al tribunal y hacer aparecer a los policías como héroes... cuando más bien parecen encubridores. En todo caso, es evidente que respecto a Rosa María Castillo mintieron pues relatan haberla capturado en un cuarto de la casa, cuando lo lógico es la historia de que ella al llegar la policía acudiera para tratar de rescatar a su niña que estaba en poder de los secuestradores para obligarla a tener al niño secuestrado. Otra vez pregunto ¿Por qué en este caso no se periciaron los teléfonos?... R/. Para justificar la captura de mi representada y no hacer una investigación completa, en otras palabras: para no buscar la verdad de los hechos.- Honorables magistrados ninguno de los datos que describe Rosa María Castillo, fue descartado por ser falso Finalmente expongo que si el único testimonio que se refiere al lugar donde estuvo secuestrado el menor es el de la mama y esta dice que no sabe dónde estuvo, ¿en qué prueba se fundamenta el tribunal sentenciador para determinar que el niño estuvo en la casa donde habitaba rosa castillo los 8 días que duro el secuestro? Aquí claramente se advierte la falta de fundamentación fáctica de la sentencia. Es simple el tribunal se lo invento!!! Todos estas incoherencias en la sentencia, demuestran que mi representada dijo la verdad, que ella fue quien colaboro de forma determinante en la liberación del menor secuestrado y que en el hecho actúo con una causa de justificación, amenazada con hacerle daño a su hija que también estaba secuestrada. Cualquier madre haría lo que ella hizo, para proteger a sus hijos, por eso es injusto que el tribunal la haya condenado, con el testimonio incoherente de los policías, de la razón por la que la madre del niño no dijo la verdad sobre la colaboración de Rosa Castillo y su nuera, solo opino que actuó de manera injusta posiblemente por el dolor de haber tenido a su hijo secuestrado, no pudimos definir este tema porque convenientemente la fiscalía no la llevo a declarar al juicio y el tribunal valoro el contenido de un papel.- Evidentemente esta sentencia es contradictoria y carece de fundamentación fáctica, lo cual es un vicio que se reclama como quebrantamiento de forma. TERCERO.- A Lo anterior debemos agregar que en la sentencia no se utiliza correctamente las reglas lógicas y en general el sistema de sana critica racional, en este caso reclamamos la no utilización de la Regla Lógico de RAZON SUFICIENTE, de forma sencilla esta regla se explica con varios teorema, yo prefiero el más sencillo según el cual “nada es por nada, todo es por algo” es decir todas las cosas tienen una explicación racional que las hace ser como son, pues bien acudimos a revisar el testimonio de los policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, ambos declararon ser parte de los equipos policiales que allanaron la casa donde fue encontrado el niño (páginas 8 y 9 de la sentencia) el Primero declara como fue el procedimiento, noten que no declara que el participo en el procedimiento, dice que se procedió a hacer vigilancias, pero al interrogarlo admite que NO SE HICIERON VIGILANCIAS, porque miente sobre esto? Ya en la página 9 cuando le preguntan qué diligencia investigativas realizo, empieza a explicar al tribunal cómo funciona el proceso investigativo, NO DICE QUE HIZO EL, ni siquiera coincide con el otro testigo respeto a cuantos participan en el operativo ni como entraron a la vivienda, ¿Por qué mentir sobre estos hechos?, este testigo declaro que no conoció que fuente origino la información sobre el lugar donde tenían al niño o sea el no realizó ninguna investigación, no relaciono que mi representada fuera detenida fuera de la casa. ¿El otro testigo Wilmer Alexis Soto Matamoros este primero dice que hicieron vigilancias y luego se contradice veamos un párrafo de su testimonio “Antes de esa fecha que diligencias realizo? Solo vigilancias, ¿en qué fechas? No recuerdo exactamente, ¿Cuándo comenzaron esas vigilancias?, entre el 20 y 28.” renglón 9, página 10 de arriba hacia abajo, más abajo dice que no recuerda cuando hicieron las vigilancias, luego en la página 11, renglón 9 de arriba hacia abajo declara “solo el 28 hicimos vigilancia” ¿Por qué miente?, este dice que una persona llego a dejar comida y se fue olímpicamente, a nadie se le ocurrió detenerlo para indagar su relación con el secuestro... es lógico eso?, la policía está vigilando un lugar donde creen que esta una persona secuestrada, una persona llega dejar comida a la casa que vigilan y a nadie se le ocurre que es una fuente de información sobre el secuestro????, o es otra mentira, como opero la lógica respecto a estos testimonios evidentemente absurdos? Conforme lo indica el principio de razón suficiente, y considerando el testimonio de mi representada, estos testigos policías mienten en su declaración para no admitir que fue Rosa Maria Castillo a través de su nuera la que les dio la información que permitió el la liberación del secuestrado, así mismo que no se realizó ninguna investigación del caso y que deliberadamente no se extrajo la información de los teléfonos decomisados para ocultar la verdad de los hechos al tribunal y de esa forma : ocultar a otros autores o en el menor de los casos, hacer aparecer el desenlace como un acto heroico de la policía… En cualquiera de los casos esas mentiras permitieron condenar a una persona inocente en este caso la señora Rosa María Castillo. Al utilizar el principio lógico de razón suficiente, considerando la forma reticente y dubitativa que declaran los policías, la declaración de la madre del menor y la falta de pericias de los teléfonos decomisados y los utilizados por la familia del secuestrado en relación con la declaración que hace Rosa María Castillo y las otras testigos de la defensa, es correcto por derivación concluir que mi representada dijo la verdad y que actuó cubierta por una CAUSA DE JUSTIFICACION. EN DERECHO Y EN JUSTICIA DEBIO SER ABSUELTA POR EL HONORABLE TRIBUNAL DE SENTENCIA Con todo respeto solicitamos que la honorable corte case la presente sentencia ordenando el reenvió para realizar este juicio con un tribunal imparcial que valore correctamente la prueba. Finalmente, expongo que el vicio que origina esta injusticia es que el tribunal valora los medios de prueba en forma separada, se arriba a una conclusión equivocada por la no valoración en su conjunto de los medios de prueba, al tomar los testimonios absurdos de los policías, la falta de pericia, la falta de investigación, la inexistencia de vigilancias y el testimonio de la señora madre del menor y contrastar esto con el testimonio de mi dienta y las otras dos testigos, claramente se advierte que la hipótesis del ministerio público en relación a rosa castillo, es incoherente y falsa además de constituir una gran injusticia. Sucedió aquí que como podrán ver honorables magistrados el tribunal solo valora los elementos que pueden inculpar a la imputada Y NO VALORA los elementos contradictorios, por tanto ola sentencia adolece de una valoración de forma conjunta de la prueba y de una valoración imparcial conforme a las reglas de la sana critica racional razón por la cual la sentencia debe casarse, anulándola y ordenar el reenvió a de de que otro tribunal haga el juicio y la prueba deba ser valorado conforme a sistema de sana critica racional. EL RECLAMO. - Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO. - Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representada, ya que si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen En la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Al evacuarse la declaración de la madre del menor secuestrado la señora Delia Lizeth Aguilar, declaró que pagó por el secuestro, el tribunal le da credibilidad a su testimonio, pero no declara probado que se pagó rescate. El tribunal dice que por las llamadas del negociador denominado Alfa, fue que se ubicó la vivienda donde estaba el niño, sin embargo, la madre del niño secuestrado declaro que el negociador estaba en la Penitenciaria de Tamara. La declaración de la madre del menor es más coherente con la declaración de la acusada Rosa María Castillo quien declara que fue ella, a través de su nuera quien aviso a la policía para informar donde tenían al niño secuestrado, desde una noche antes del operativo de Allanamiento. La testigo Delia Lizeth Aguilar, también dijo que el teléfono que portaba el niño secuestrado tenía un sistema de localización, esto ello no encaja con la versión de los policías testigos del Ministerio Público, pues no explica porque entonces tardaron ocho días en llegar a rescatar al niño secuestrado, ello se explica porque al niño lo tuvieron los primeros seis días en otro lugar y probablemente lo tuvieron que mover al domicilio de la acusada Rosa Maria Castillo, lo que es diferente a la hipótesis del tribunal. Para el tribunal el testimonio de Rosa María Castillo no es creíble pero las máximas de la experiencia dicen que los secuestradores aseguran la custodia del secuestrado para no arriesgar el beneficio económico que reporta este tipo de delitos, pero el secuestro fracaso y el menor fue rescatado por la policía, el plan de los secuestradores no se cumplió. La sentencia incurre en incoherencias al no dar credibilidad al testimonio de Rosa Maria Castillo, quien dijo la verdad, pues declara que ella mando a su nuera a avisar a la policía y por eso fue que la policía ubico el lugar donde estaba secuestrado el niño. La señora Rosa Maria castillo dijo que esos datos estaban en los teléfonos decomisados, pero el Ministerio Público no hizo el vaciado telefónico de los aparatos decomisados, pericia útil para ubicar la posición del negociador “Alfa”, tampoco hizo el variado del teléfono del niño secuestrado para determinar los lugares donde estuvo en cautivo y no se enjuició al negociador “Alfa”, a pesar que Rosa Maria Castillo declaró que ya habían determinado donde estaba. La sentencia expresa que el testimonio de la señora Rosa Maria Castillo, no es creíble dado que ha sido respaldado por ningún otro medio de prueba, sin embargo en juicio se evacuo prueba de descargo de las declaraciones de las señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, que son coincidentes con lo dicho por Rosa María Castillo, acerca de que el niño secuestrado estuvo en su casa dos días y que la nuera de Rosa fue quien denuncia a la policía el secuestro y que ella colabora con la policía para ubicar el lugar. De los testimonios de los policías se infiere que no hicieron vigilancias, y que simplemente llegaron al lugar esperaron 20 minutos y al corroborar la información dada la nuera de la acusada Rosa María Castillo, entraron a liberar al niño secuestrado. El testimonio de Rosa María Castillo se enlaza con los medios de prueba de: acta de registro personal y acta de decomiso a Rosa María Castillo descritas en la sentencia, pues efectivamente se decomisaron teléfonos a Rosa Maria Castillo como a los otros imputados, los cuales no se fueron preciadas. Respecto a Rosa María Castillo los policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, mintieron al relatar haberla capturado en un cuarto de la casa, cuando lo lógico es la historia de ella, que al llegar la policía ella tratara de rescatar a su niña que estaba en poder de los secuestradores para obligarla a tener al niño secuestrado, ninguno de los datos que describe Rosa María Castillo, fue descartados como falsos. La Rosa Maria Castillo dijo la verdad, pues ella colaboro en la liberación del menor secuestrado y que actúo amenazada con hacerle daño a su hija que también estaba secuestrada. La sentencia es contradictoria y no utiliza las reglas lógicas y el sistema de sana critica racional, en la regla lógica de razón suficiente, considerando el testimonio de Rosa Maria Castillo, estos testigos policías mienten en su declaración para no admitir que fue Rosa Maria Castillo a través de su nuera la que les dio la información que permitió en la liberación del secuestrado. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. Concepto específico: El Tribunal ha valorado las pruebas sometidas a su conocimiento, violentando con ello las reglas de la sana critica, específicamente a la ley de derivación en su principio de razón suficiente, así como las máximas de la experiencia, ya que no logró establecer descriptiva e intelectivamente de la prueba de descargo la información proporciono para llegar al convencimiento y derivación lógica de la responsabilidad de la señora Rosa María Castillo Flores. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al valorar los siguientes medios de prueba lo que declara la testigo señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado los testigos policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, propuestos por el Ministerio Público, así como por lo declarado por la propia acusada Rosa María Castillo, en la audiencia de juicio oral y público, corroborado por los testigos de descargo señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán. Esta Sala observa que, en el presente caso, la testigo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, rendida en audiencia inicial e incorporada mediante lectura, declara que pagó rescate por la liberación de su hijo, pero no puede decir el monto de pagado, hecho que el tribunal no declara probado. La misma testigo declara que el teléfono de su hijo secuestrado tenía un sistema de localización, y que por las llamadas que le hizo el negociador “Alfa” fue que la policía ubicó la vivienda donde estaba su hijo secuestrado, pero que el negociador “Alfa” hacia las llamadas la llamaba desde el interior de la Penitenciaria Nacional de Tamara. Esta Sala considera que lo declarado por la testigo de cargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, es contradictorio, y a la vez no encaja con lo declarado en juicio por los testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, quienes fueron los agentes que practicaron la vigilancia y participaron en el operativo de allanamiento, pues ellos no mencionan nada respecto a cómo localizan la casa donde estaba secuestrado el menor, y lo único que manifiestan es que el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, a cargo de la Policía Antisecuestro de San Pedro Sula, recibió información anónima acerca del lugar donde los secuestradores mantenían secuestrado al menor D. A., y que a consecuencia de ello, su jefe les había ordenado que el día 28 de marzo 2013 llevaran a cabo una vigilancia del lugar, la que duró solo unos veinte minutos, y después el operativo de ingreso a la casa de la señora Rosa María Castillo, lugar en que encuentran cautivo al menor. Por su parte, la imputada Rosa María Castillo, como acto de defensa material, declara que luego del ingreso de las personas extrañas armadas a su casa junto con el niño un día antes del allanamiento o sea el 27 de marzo de 2013, pide a su nuera Ligia Guzmán que denuncie el hecho a la policía, producto de lo cual encuentran al menor en su casa. Para el tribunal el testimonio de Rosa María Castillo no es creíble, y viola la máxima de la experiencia de que los secuestradores aseguran la custodia del secuestrado para no arriesgar el beneficio económico, pero en este caso, el secuestro fracasó al ser rescata el menor por la policía. Esta Sala considera que la máxima de la experiencia no aplica al presente cao, por haber prueba de descargo consistente en las declaraciones de las testigos señoras Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, con las que se logra corroborar la versión de la acusada Rosa María Castillo, acerca que el niño secuestrado estuvo en su casa desde solo dos días antes del allanamiento del 28 de marzo 2013, y que personas armadas que ingresa a su casa de habitación, le piden que les colabore bajo de hacerle algo a ella y a su menor hija, para obligarla a mantener en una de sus habitaciones al niño secuestrado D. A., bajo la historia de que el niño estaba enfermo y que lo tenía allí para llevarlo a un hospital, personas armadas que le dicen que día antes ellos le habían matado a su marido Cristian Suarez, y ahora eran los que bajo coacción mantenía secuestrado al niño en su casa. Es en este contexto, que la acusada Rosa Maria Castillo pide ayuda a su nuera la testigo Ligia Mayela Guzmán, quien aprovecha el momento en que llevar un vaso de agua al niño secuestrado, entra al cuarto y le pide al menor el número de teléfono celular de su mamá, testigo que momentos después se comunica con la señora Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, y es gracias a la información que la testigo Ligia proporciona a la madre del menor que al día siguiente 28 de marzo de 2013, la policía antisecuestro al mando del Comisionado Carlos Zavala Velásquez, practica el operativo de allanamiento con que se logra ubicar la casa y se rescata al niño D. A.; 3) Acta de registro personal y Acta de decomiso que concuerdan con lo declarado por la acusada Rosa María Castillo en relación a que decomisaron teléfonos a ella y a los otros dos imputados, aparatos que no arrojan información en contra de la acusada. Todo lo anterior, acredita que la acusado Rosa Maria Castillo, también fue víctima de los secuestradores del niño D. A., y ella es quien gestiona la liberación del menor secuestrado pues actúa bajo amenazada de hacerle daño a ella o su menor hija que se encuentra retenida sin poder salir de su casa, por parte de personas armadas que dicen haberle matado a su marido Cristian días atrás. Por lo que concluye que, en el presente caso el juzgador, incurre en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, y de las máximas de la experiencia, al otorgar credibilidad a la prueba de cargo, la cual es insuficiente para concluir con certeza sobre la participación de la acusada Rosa María Castillo en los hechos ilícitos de que se le acusa, y al restar credibilidad a la prueba de descargo, las declaraciones de las testigos Hilda Rosa Aguilar García y Ligia Mayela Guzmán, que corroboran la declaración de la acusada Rosa Maria Castillo, rendida durante la audiencia de juicio. Esta Sala considera que la declaración de los Testigos de cargo Policías Edil Antonio Torres Vindel y Wilmer Alexis Soto Matamoros, confirman que es a consecuencia de una información anónima obtenida el 27 de marzo de 2013 por el Comisionado Carlos Zavala Velásquez, se logra ubicar el lugar donde los secuestradores privan de la libertad al menor D. A., que coincide con la versión de las testigos de descargo Delia Lizeth Aguilar, madre del menor secuestrado, de las que se deriva que la acusada Rosa María Castillo, ese mismo día 27 de marzo de 2013 pide a su nuera a denunciar el caso, la que declara que se logra comunicar desde su celular con la madre del niño secuestrado, y es por esa razón que la Policía rescata al menor. En este caso, la motivación de la sentencia no respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, y debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia, deben estar constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas. Respecto a violación de las máximas de la experiencia esta Sala considera que, la Fiscalía devenía en el deber de investigar con igual celo la prueba de cargo como de descargo, y si bien la declaración de la Señora Rosa Maria Castillo, es un medio de defensa material, debía haber investigado también la versión de la acusada, dado que de las prueba de testigos de descargo se deduce claramente que la acusada Rosa María Castillo, fue objeto de amenazas contra su vida y la vida de su menor hija por los secuestradores del niño D. A., quien le dijeron que le habían matado a su esposo, y quienes bajo coacción utilizan su vivienda para mantener secuestrado al menor, y que es gracias a su intervención, y por medio de su nuera es que el menor es rescatado por la policía. Por lo anterior esta Sala concluye que el A quo ha incurrido en defectos en la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, por lo que declara procedente el motivo de casación invocado por el recurrente. V. DECISIÓN. La Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, la pena de 22 años de reclusión, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, y como penas accesorias las de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que de la condena principal, responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, como personas responsables del delito de Secuestro Agravado, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condenan (Art.239 y 240.3 y 4) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a pesar de no encontrarse comprendida la pena impuesta de 22 años de reclusión dentro de los parámetros de la pena que habría debido cumplir, en virtud que también se le impondría a los acusados como la pena principal la de prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, por lo que no representa un beneficio a favor de los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado de la señora Rosa María Castillo Flores; Segundo: Casa y declara la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó a la señora Rosa María Castillo Flores, como autora del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A; Tercero: Mantener incólume e inalterable la sentencia que se impugna dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la parte en que condena a los señores Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, a la pena de veintidós años de reclusión, y les impone además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, declaró la responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: : no procede la aplicación retroactiva de la legislación penal por no representar un beneficio a favor de los señor Nolvia Suyapa Meléndez Suárez y Héctor Wilfredo Cruz Trejo; MANDA: Que el Tribunal Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebre nuevo juicio contra contra la señora Rosa María Castillo Flores, por suponerla coautora del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del menor C. D. A. A, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que parcialmente se anula. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-551-2017. .FIRMA Y SELLO.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL

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