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Sentencia CP-550-18 — Registro 14256

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Facilitación Intencional del Medio de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la recurrente a acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito, el Tribunal de Sentencia declaró como probado que en fecha 5 de octubre de 2016, sin determinarse la hora de ese día, Nery Emerson Deras Díaz se encontraba en la vía pública en el municipio de El Porvenir, Atlántida, momento en que, sin motivo legal previo, fue retenido y sometido a un registro personal y de sus pertenencias por los miembros de la Policía Preventiva; para los señores jueces tal detención y registro fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento no se acreditó el motivo legal para la detención del Señor Nery Emerson Deras Díaz. En cuanto a la detención realizada al señor Nery Emerson Deras Díaz, en la que el tribunal a quo declaró ilegal ya que no existió motivo legal por el cual los agentes dieron detención al imputado, el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal faculta a la policía para detener a cualquier persona aún sin orden judicial, en aquellos casos en que existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona detenida y que ésta pueda ocultarse o darse a la fuga, esta prerrogativa de los entes de investigación permite que se detenga a aquellos ciudadanos aún y cuando no se cuente con una orden extendida por autoridad competente; en el caso de autos, el imputado fue requerido por los entes policiales, una vez requerido se procedió al registro personal encontrándosele en una mochila color rosado que andaba en la espalda trece envoltorios de supuesta droga (marihuana). Para esta Sala de lo Penal los señores jueces de sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Nery Emerson Deras Díaz, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él, mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; por ello al parecerle sospechoso y de manera preventiva, estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro. La recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro se hizo producto de un patrullaje que se realizó en el barrio nuevo, de El Porvenir, cuando se requirió al señor Nery Emerson Deras Díaz. 3. El señor Nery Emerson Deras Díaz, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del señor Deras Díaz; Tras el registro personal y al habérsele encontrado al señor Deras Díaz, en posición de un objeto de tenencia ilícita (trece envoltorios de supuesta droga (marihuana), los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 5. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores jueces de sentencia, al señalar que el acta de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro Personal de fecha 05 de octubre de 2016 (F04); ii.- Acta de detención del 05 de octubre de 2016 (F05); iii.- Un (1) Acta de decomiso de una mochila, color rosada, conteniendo en su interior trece (13) envoltorios transparentes, conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana (F11); iv.- Dictamen de toxicología 20165-0501-0506-6288 (F31); y v.- Evidencia física. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; la exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. Razones por las cuales es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-550-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes diciembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-550-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Nery Emerson Deras Díaz, del delito de Facilitación Intencional del Medio de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público.- Tercero: Se ordenó la destrucción de una bolsa plástica transparente que contiene en su interior una mochila color rosado, la cual contiene en su interior 13 bolsas plásticas transparentes que contiene hierba seca marihuana con un peso de 66.2 gramos, que se encuentra en poder del Ministerio Público de La Ceiba. SON PARTES: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Arnaldo Alcides García y Mario Reiniery Amador Espinal en su condición de defensores públicos del señor Nery Emerson Deras Díaz, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal a partir de la valoración armónica y pormenorizada de la prueba practicada en el debate declara como probados los hechos que a continuación se detallan: Único: En fecha 5 de octubre del año 2016, sin determinarse a que hora de ese día, Nery Emerson Deras Díaz se encontraba en la vía pública en el municipio de El Provenir, Atlántida, momento en que, sin motivo legal previo, fue retenido y sometido a un registro personal y de sus pertenencias por los miembros de la Policía Preventiva.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Lourdes Iveth Rivas, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: "...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo..." posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acto de detención del acusado realizada por los policías Nerys Armando Gonzales Núñez, y Santos Ismael Linares, el acta de registro personal y la evidencia incautada, pues considera que "los policías que retuvieron y registraron al acusado, manifestaron que se le vio sospechoso, pero objetivamente no se acreditó ninguna conducta sospechosa relacionado con algún ilícito, porque no era visible que el acusado portaba algún objeto ilícito ex ante el registro personal, no tenían una denuncia previa por acciones ilícitas realizadas por éste, ni fue sorprendido en comisión flagrante de delito o falta, y el aspecto referido por los policías respecto al comportamiento sospechoso es un aspecto subjetivo, no corroborado con elementos objetivos, pues los policías solo mencionaron que el acusado se trató de esconderse al ver la policía; pero éste último punto fue refutado por el acusado, quien indicó a diferencia de los referido por los policías, que él ese día se conducía en una bicicleta venia de su trabajo y al llegar a la calle, se encontró con un vehículo donde iban los policías, por lo que se desvió para no chocar con estos. El registro y la detención del acusado fue ilegal porque, si bien los policías intentaron justificar su actuar en el hecho, que se le notó sospechoso (quiso correr, quiso esconderse), lo cual reiteramos no se acreditó; además, de haber intentado correr o ocultarse no era suficiente, pues tampoco los policías siguieron el procedimiento que manda la ley para registrar a una persona, es decir, debieron requerirlo, indicarle la sospecha que había en su contra y preguntarle si quería hacerse acompañar de alguna persona de su confianza o de un abogado defensor, una vez cumplido lo anterior debían pedirle al acusado entregar cualquier objeto ilícito que tenía en su poder y solo sí aquel no accedía proceder a registrarlo, lo anterior no sucedió en este caso…" y es precisamente que bajo el argumento transcrito anteriormente es que excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan de dicha detención, lo referido por los policías, respecto a que el acusado llevaba droga, el acta de decomiso de 13 bolsas plásticas transparentes conteniendo marihuana, El Dictamen Toxicológico elaborado por la Dra. Kristell Millian, la evidencia (66.2gramos de droga marihuana), en virtud que el juzgador es del criterio, que la probanza supraindicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, garantías que constituyen también el Debido Proceso. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1) Que se desprende de las deposiciones de los policías que participaron en la detención del acusado, que, si bien efectuaron un registro personal, no se trató de zonas íntimas, que afecten el pudor del mismo, sino que llevaba una mochila en su espalda, y dentro de la cual se encontró hierba seca marihuana. 2) El policía Nerys Armando Gonzales Núñez, refirió en su declaración que”… el 5 de octubre día miércoles se hizo detención en el porvenir, Barrio Nuevo, estábamos realizando patrullaje cuando se requirió al ciudadano Nery Deras y se le decomisó una mochila color rosado que andaba en la espalda en la que andaba trece envoltorios de supuesta droga...” 3) El Policía Santos Ismael Linares, manifestó lo siguiente:”…el 5 de octubre de 2016 estábamos realizando patrullaje en Barrio Nueva, municipio de El Porvenir, cuando en eso encontramos un joven sospechoso que portaba en su espalda una mochila, color rosado, lo cual las registramos y en su interior encontramos supuesta marihuana, por lo que lo remitimos al Centro Integrado..." Nos preguntamos cómo es posible que los Jueces de Sentencia establezcan que no se acreditó objetivamente la conducta sospechosa del acusado, que manifestaron los agentes de policía y que los obligó a que practicarle el registro al señor Nery Emerson Deras Díaz, si éste estaba llevando consigo dentro de una mochila droga (marihuana) lo cual es prohibido y penado por la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo que representa es un peligro en contra de La Salud de la Población del Estado de Honduras, puesto que el delito de Tráfico de Drogas es un delito de peligro abstracto, y de ejecución inmediata mientras dure la comisión del mismo, o sea mientras el sospechoso esté llevando consigo este alucinógeno, por lo que estará en flagrante comisión del delito; por otra parte, la actuación de la policía en este tipo de diligencias debe ser rápida, ya que se corre el riesgo de que la persona pueda salir huyendo a sabiendas de que está cometiendo un ilícito penal. En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento policial, se vio en la oportunidad de mostrar o exhibir lo que lleva consigo y proceder a la entrega voluntaria de la droga, cuando fue informado de que se le iba a practicar un registro, desde el momento que no lo hizo, generó un comportamiento sospechoso, quedando desde ese instante facultada la autoridad policial para intervenir, a través del registro personal, como así lo hizo; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas vinculadas con la detención, que merecen absoluta valía probatoria al tratarse de prueba lícita. (Acta de Decomiso y el Dictamen Toxicológico realizado a la droga decomisada). 3) Es importante señalar, que la Policía Preventiva posee entre otras, la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso subjudice, requirió al acusado para efectuarle un registro, pues como ha indicado los testigos de cargo, el imputado llevaba consigo una mochila en su espalda y se transportaba a bordo de una bicicleta, desconociendo en un principio que era lo que contenía la misma, y de acuerdo a las máximas de la experiencia podemos concluir que dentro de la mochilas se pueden ocultar muchas evidencias o instrumentos para delinquir, por ejemplo, armas de fuego en sus diversas modalidades, drogas, como en el presente caso, por ende los agentes de policía actuaron amparados en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 32 numeral 5) de la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y de Policía Nacional de Honduras, sin lesionar garantías constitucionales, pues reiteramos, se indicó inicialmente al acusado que se le iba a efectuar registro y no se realizó en zonas intimas de su cuerpo, como arguye el Tribunal, con lo cual pudiera vulnerarse el Derecho a la intimidad y 4) La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto, así lo ha dejado establecido la Sala de lo Penal, al haberse pronunciado de la manera siguiente:"[1] Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, las Actas de: Inspección ocular de la Policía Nacional (folio No. 24), Acta de Decomiso de los monitores plasma, -folio No. 26-, y el Acta de Decomiso de la Pistola de Impacto -folio No. 27- constituyen lo que la legislación procesal penal nacional denomina "Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito", es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso... Esta Sala estima que con la práctica de las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausada B. L. P., en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y de del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto…” (lo entrelineado es nuestro) En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la detención del acusado se encuentra apegada a la ley, pues atendiendo su conducta dio motivos para sospechar que estaba perpetrando un delito, ya que ante el requerimiento policial no hizo entrega de la droga que llevaba escondida dentro de la mochila, omisión que en todo momento colocó en riesgo la salud de la Población, aunado al hecho, que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo del imputado, sino que consistió en lo que comúnmente se conoce como cacheo; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan de esta detención son licitas, es decir el acta de decomiso de la droga incautada y el Dictamen Toxicológico, que determinan la droga decomisada efectivamente es marihuana y que la cantidad de 66.2 gramos, cantidad que no es compatible para el consumo personal inmediato, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, y que de aceptar lo estipulado por el Tribunal de Sentencia sobre los registros practicados, se estaría abriendo una brecha enorme que contribuiría a la IMPUNIDAD e iría en detrimento absoluto de lo que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRNSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS. Es importante establecer también que la Honorable Sala de lo Penal, en la comisión de esta clase de delitos y por ende sobre los registros personales, ha establecido lo siguiente: "[2]La Recurrente afirma que el medio de prueba consistente en el registro de la persona imputada y la incautación de la droga decomisada es de carácter ilícito, criterio que no comparte este Tribunal de Casación debido a que no fue habido dicho medio de prueba como consecuencia de un acto contrario a la ley y que implicara la violación a un derecho fundamental o de un derecho humano de una persona(s), por el contrario, según se relata en la sentencia, las actas de decomisos o secuestro y de registro personal están suscritas por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aceptadas y suscritas por el propio Imputado, determinándose asimismo en la Sentencia-lo cual constituye razón suficiente... No se debe olvidar que los miembros de la Seguridad Privada de dicho lugar, llamaron a La Policía Nacional quienes se agenciaron de la evidencia, que más tarde se constituyó como prueba, por diligencias que no están reñidas con la ley, mucho menos que significaran afectación de derechos de persona alguna, entonces la obtención de este medio de prueba no constituyen prueba ilícita" De los fallos citados anteriormente se desprende que no existe vicio que pueda dar lugar a la exclusión de prueba de valor decisivo, como erróneamente lo aprecio el Juzgador, pues su decisión está basada en apreciaciones subjetivas. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Haber excluido prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: que se declare ha lugar. Establece la recurrente que al examinar la sentencia censurada, se concluye que el tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo, consistente en el acta de detención del acusado Nery Emerson Deras Díaz, el acta de registro personal, el acta de decomiso de 13 bolsas plásticas transparentes conteniendo marihuana, el dictamen toxicológico, la evidencia (66.2 gramos de droga marihuana), ya que el tribunal sentenciador consideró que el registro y la detención del acusado fue ilegal ya que los policías intentaron justificar su actuar en el hecho de que se le notó sospechoso, lo que no se acreditó o de intentar correr u ocultarse, además los policías no siguieron el procedimiento que manda la ley para registrar a una persona, es decir, debieron requerirlo, indicarle la sospecha que había en su contra y preguntarle si quería hacerse acompañar de alguna persona de su confianza o de un abogado defensor, una vez cumplido lo anterior debían pedirle al acusado entregar cualquier objeto ilícito que tuviera en su poder y solo si aquel no accedía, proceder a registrarlo, lo cual no sucedió así. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con valor decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio, que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor, como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) Registro personal o cacheo; 2) Registro corporal. 1) Registro Personal, procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la práctica del registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; **.- El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido. 2) Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales íntimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la recurrente a acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito, el Tribunal de Sentencia declaró como probado que en fecha 5 de octubre de 2016, sin determinarse la hora de ese día, Nery Emerson Deras Díaz se encontraba en la vía pública en el municipio de El Porvenir, Atlántida, momento en que, sin motivo legal previo, fue retenido y sometido a un registro personal y de sus pertenencias por los miembros de la Policía Preventiva; para los señores jueces tal detención y registro fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento no se acreditó el motivo legal para la detención del Señor Nery Emerson Deras Díaz. En cuanto a la detención realizada al señor Nery Emerson Deras Díaz, en la que el tribunal a quo declaró ilegal ya que no existió motivo legal por el cual los agentes dieron detención al imputado, el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal faculta a la policía para detener a cualquier persona aún sin orden judicial, en aquellos casos en que existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona detenida y que ésta pueda ocultarse o darse a la fuga, esta prerrogativa de los entes de investigación permite que se detenga a aquellos ciudadanos aún y cuando no se cuente con una orden extendida por autoridad competente; en el caso de autos, el imputado fue requerido por los entes policiales, una vez requerido se procedió al registro personal encontrándosele en una mochila color rosado que andaba en la espalda trece envoltorios de supuesta droga (marihuana). Para esta Sala de lo Penal los señores jueces de sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Nery Emerson Deras Díaz, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él, mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; por ello al parecerle sospechoso y de manera preventiva, estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro. La recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro se hizo producto de un patrullaje que se realizó en el barrio nuevo, de El Porvenir, cuando se requirió al señor Nery Emerson Deras Díaz. 3. El señor Nery Emerson Deras Díaz, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del señor Deras Díaz; Tras el registro personal y al habérsele encontrado al señor Deras Díaz, en posición de un objeto de tenencia ilícita (trece envoltorios de supuesta droga (marihuana), los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 5. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores jueces de sentencia, al señalar que el acta de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro Personal de fecha 05 de octubre de 2016 (F04); ii.- Acta de detención del 05 de octubre de 2016 (F05); iii.- Un (1) Acta de decomiso de una mochila, color rosada, conteniendo en su interior trece (13) envoltorios transparentes, conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana (F11); iv.- Dictamen de toxicología 20165-0501-0506-6288 (F31); y v.- Evidencia física. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; la exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. Razones por las cuales es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado. DECISIÓN. Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo interpuesto por la Abogada Lourdes Iveth Rivas, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-550-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia Penal SP 354-2010 de fecha 15-04-13

[2] Sentencia SP-451-2012 de fecha 3-1 1-2014