Sentencia CP-55-18 — Registro 13092
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de violación especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del primer motivo. EL PRIMER MOTIVO ES DE RECIBO. Según la denuncia de la recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente los medios de prueba periciales siguientes: i. Dictamen de evaluación física realizado por el Doctor Aníbal Maldonado, a la menor Y. O. G. M.; y, ii. Dictamen de Evaluación Psicológica realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González, a la menor Y. O. G. M.. La pericia de evaluación física fue excluida por el sentenciador por considerar que debió realizarse con control jurisdiccional y con presencia de la defensa conforme establece el artículo 277 del Código Procesal Penal; contrario a ello, el Ministerio Público arguye que la pericia fue realizada en la etapa preparatoria en fase de investigación, en donde solo se contaba con la denuncia del hecho criminal y una mera sospecha respecto a la participación del acusado, lo que debía ser corroborado a través de la realización de la evaluación física, además, arguye que sus diligencias investigativas se encuentran amparadas en los artículos 272 y 273 del Código Procesal Penal. Entretanto, la pericia de evaluación psicológica fue excluida por el sentenciador por considerar que se realizó sin haber sido notificada la defensa sobre el día y la hora en la cual se llevaría a cabo dicha pericia, lo que a su parecer conlleva una infracción al debido proceso y a la igualdad de armas procesales. Como argumento de contrario, expone el ente acusador que la pericia de evaluación psicológica fue propuesta con control jurisdiccional sin que fuese objeto de censura alguna por parte de la defensa, siendo hasta etapa incidental del debate cuando alega su ilicitud en donde ya se había subsanado el supuesto acto viciado de conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal. Considera la parte recurrente que los medios de prueba anteriormente mencionados y excluidos son de valor decisivo, pues de haber sido apreciados cambia indefectiblemente la decisión judicial y da lugar a un fallo de condena. Expuesto lo anterior, corresponde a la Sala de lo Penal determinar si la realización del Dictamen de Evaluación Física realizado por el Doctor Aníbal Maldonado a la menor Y. O. G. M., se encontraba dentro de los presupuestos de legalidad exigidos en la normativa procesal; o si, por el contrario, su realización conllevó una actuación procesal irregular que acarrea como consecuencia su exclusión del acervo probatorio. Tarea que no termina ahí, pues también es necesario analizar si de conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal, las partes tuvieron por subsanado, en su caso, la existencia del vicio, al no reclamar oportunamente la declaración de nulidad de la actuación procedimental viciada, y también si este medio de prueba es de carácter decisivo. Igual análisis corresponde con el Dictamen de Evaluación Psicológica realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González, a la menor Y. O. G. M., en el cual se determinará si la realización del mismo se hizo en violación a las normas esenciales de procedimiento, y si el acto fue tácita o expresamente consentido por las partes y si es de carácter decisivo para la emisión del fallo. Al remitirnos al acumulado judicial, se constata que en fecha 11 de enero de 2011, se presentó requerimiento fiscal en contra del señor Eric Enoc García Rodríguez, por suponerlo responsable a título de autor, del delito de violación especial, en perjuicio de Y. O. G. M.. A la presentación del requerimiento fiscal fue acompañado el Dictamen Médico realizado por el Doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega, practicado a la menor Y. O. G. M., en el cual determinó como conclusiones las siguientes: 1. El himen de la evaluada presenta rupturas antiguas en la posición 5 y 6 según las manecillas del reloj; 2. No hay lesiones paragenitales; 3. Queda pendiente examen de laboratorio; 4. Presenta dos cicatrices en la región maxilar inferior. El Dictamen de Evaluación Física relacionado fue realizado en fecha 5 de enero de 2011, es decir, seis días antes de la presentación del requerimiento fiscal, durante la etapa investigativa del proceso, erigiéndose dicho dictamen como Prueba Pre Constituida, entendiéndose como tal aquella que se origina previo al proceso penal, por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; esta prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional, y es de manera ulterior, posterior a la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella, teniendo la tarea de verificar su licitud (respeto de garantías constitucionales), legalidad (respeto a las normas de procedimiento de su producción y registro) y confiabilidad (valoración conforme a las reglas de la sana crítica respecto al thema probandi). En este sentido, se logra determinar que no existe la obligatoriedad de control jurisdiccional y participación de la defensa que exige el Tribunal de Sentencia para la realización del dictamen que es prueba pre constituida, pues el mismo fue elaborado en la etapa de investigación del proceso en donde el ente acusador realizaba diligencias investigativas con el fin de corroborar la veracidad de la denuncia interpuesta. Tampoco la realización de la pericia conllevaba una vulneración de derechos fundamentales del acusado garantizados en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales. El artículo 273 del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la medicina forense, sin necesitar autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. Además de lo anterior, se identifica que el sentenciador de instancia para excluir el medio de prueba en cuestión, hace alusión en su motivación a los artículos 246 y 277 del Código Procesal Penal, los cuales refieren a las pericias realizadas en la etapa de investigación y las pruebas anticipadas, no siendo éste el supuesto de hecho que nos ocupa en virtud que según el acta de audiencia de proposición de prueba (f. 131), el medio de prueba pericial iba a ser acompañado de ratificación en juicio por el Doctor Ramón Aníbal Maldonado. Finalmente, es necesario poner de relieve que la defensa tuvo conocimiento en la etapa preparatoria del proceso de la realización de la pericia de evaluación física que se realizó sin control jurisdiccional. Ello se determina a partir del acta de audiencia inicial (f. 30) de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, en donde la agente fiscal del Ministerio Público, propuso como medio de prueba el Dictamen Médico practicado a la ofendida, el cual no fue objetado por parte de la defensa, quien de manera expresa manifestó que únicamente objetaba que la declaración de la ofendida sea tomada en Cámara Gessel. Igual ocurre cuando nos remitirnos al acta de la Audiencia de Proposición de Pruebas (f. 131v), en donde nuevamente el ente fiscal propuso como medio de prueba pericial el Dictamen Médico practicado a la ofendida, sin que hubiese reparo alguno de la defensa quien manifestó de manera expresa no tener objeciones a su incorporación. En este sentido, establece el artículo 167 del Código Procesal Penal las oportunidades procesales que tienen las partes para solicitar la nulidad de un acto procedimental viciado. Específicamente, el numeral primero de dicho precepto establece que los actos en los cuales concurra causal de nulidad serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en la primera audiencia de la etapa preparatoria del proceso, cuando el acto de nulidad ha sido llevado a cabo durante dicha etapa. No se desprende del acumulado judicial que haya existido reclamo de nulidad alguno por la defensa técnica del señor Eric Enoc García Rodríguez, por la realización de la pericia llevada a cabo en la etapa investigativa, lo que, en todo caso, tendría por subsanado el supuesto acto viciado -que no existe- de conformidad al artículo 170 del Código Procesal Penal. En relación al Dictamen de Psicología realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González a la menor Y. O. G. M., se constata en la foliada judicial que el Ministerio Público solicitó la juramentación del perito en fecha 25 de mayo de 2017 (f. 85), fecha posterior a la celebración de la audiencia inicial y previo a celebrarse la audiencia preliminar. El perito fue juramentado en fecha 29 de mayo de 2017 (f. 94), y emitió su dictamen en fecha 14 de junio de 2017 (f. 98). Posteriormente, en fecha 31 de julio de 2017, se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar (f. 106), sin que conste en acta oposición o reclamo alguno de parte de la defensa por la realización de dicho dictamen que se realizó sin haber sido notificado. En este sentido, establece el artículo 167 del Código Procesal Penal las oportunidades procesales que tienen las partes para solicitar la nulidad de los actos que se consideren viciados, a partir del numeral 2 de dicho precepto, se patenta la oportunidad que tenía el reclamante de denunciar la causa de nulidad antes del auto de apertura a juicio oral. Tampoco consta que la defensa haya hecho uso del término de cinco días para examinar las diligencias (f. 125), para formular su denuncia de nulidad, o bien, solicitar su inadmisión como medio de prueba en la audiencia de proposición de pruebas. Por el contrario, manifestó no tener objeción alguna con la incorporación de dicho dictamen (f. 131v), siendo hasta en etapa de incidentes del juicio oral y público en donde denuncia su ilicitud. En este sentido, se determina por esta superioridad que la defensa tuvo conocimiento en la etapa intermedia del proceso sobre la realización de la pericia de evaluación psicológica que se realizó sin haber sido puesto en conocimiento, no formulando protesta de nulidad en ese momento procesal ni tampoco en la Audiencia de Proposición de Pruebas (f. 131v), en donde no tuvo reparo alguno para su incorporación. Lo anterior conlleva a tener por subsanado de manera tácita o implícita el supuesto acto viciado de conformidad al artículo 170 del Código Procesal Penal. Se concluye en definitiva por la Sala de lo Penal, que la resolución de exclusión de los medios de prueba denominados Dictamen de Evaluación Psicológica Forense y Dictamen Médico, los cuales son de carácter decisivo según el método de inclusión hipotética, pues al ser agregado a la ecuación valorativa, se afecta el pronunciamiento de absolución, se ha dictado sin observar las normas reguladoras del proceso, cometiendo el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, un vicio in procedendo que acarrea como consecuencia la nulidad de la sentencia y del debate que la pronunció, así como la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado, ello en atención a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de marzo del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 55-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Eri Enoc García Rodríguez, del delito de violación especial por el que fue acusado en perjuicio de Y. O. G. M.. Segundo: Sin costas procesales. Tercero: No procede el comiso. Cuarto: Sin responsabilidad civil. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Sugeil Vega Montoya, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, fiscal del Ministerio Público, como recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO: En fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dos, el Registrador Civil Municipal extendió certificación de nacimiento número 00149, que pertenece a Y. O. G. M., quien nació en fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en el municipio de San Rafael, departamento de Lempira.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Sugeil Vega Montoya, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO PRIMERO: “Exclusión de Pruebas de Valor Decisivo” PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo…” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Esta representante de la sociedad estima, que las apreciaciones que ha efectuado el Tribunal respecto del dictamen de Evaluación Física y de Evaluación Psicológica realizados a la menor ofendida, que lo han llevado a la exclusión de esta probanza científica relevante, por cuanto vincula al acusado con los hechos que se le atribuyen, por considerarla ilícita resultan totalmente desacertadas, por las razones que se exponen a continuación: 1.- Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó pruebas de VALOR DECISIVO, consistente en el dictamen de evaluación física de la ofendida, pericia realizada por el doctor Aníbal Maldonado; donde se estableció que la misma presenta ruptura antigua de himen y que resulta coherente con el relato de abuso sexual que refiere ha sido objeto, de parte del acusado, que es su padre; pues considera el ente jurisdiccional, que se trata de prueba ilícita que carece de eficacia, al haber vulnerado garantías constitucionales, como el Derecho de Defensa, habida cuenta de la forma como se efectuó dicha probanza, ya que estima, que respetando el principio de igualdad, el apoderado defensor del imputado, debió haber estado presente en la práctica de esta diligencia de manera, que el Ministerio Público devenía en la obligación de evacuar esta pericia, bajo los requisitos de la prueba anticipada. Resulta evidente, que el juzgador al anular en la fase de incidentes, el dictamen físico de la ofendida, que ya había sido admitido en el momento procesal oportuno, por calificarlo de ilícito y que constituye una probanza de valor decisivo, incurre en una errónea decisión que obstruyó a este acusador la posibilidad de acreditar su acusación y representar adecuadamente los derechos de la menor víctima Y. O. G., en vista que no ha tenido presente el Tribunal al momento de resolver la nulidad planteada por la defensa, que la pericia es realizada en la etapa preparatoria de la investigación, donde como bien indica el propio defensor, sólo se tenía una denuncia del hecho criminal y una mera sospecha, respecto a la participación del acusado, que justamente debía ser corroborada a través de la realización de la evaluación física a la ofendida, por lo que era materialmente imposible notificar a la parte defensora sobre la práctica de una diligencia investigativa que no había arrojado resultados que individualizaran al enjuiciado como agresor sexual de la menor Y. O. G. M., siendo precisamente esta una de las funciones principales del ente acusador, el realizar todas las diligencias investigativas en esta etapa preliminar; informe pericial, que sería ratificado en el debate por el doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega, conforme lo establece el artículo 326 del Código Procesal Penal[1], con el cual se acreditaría que la menor Y. O. G., presentaba rupturas antiguas en la posición 5 y 6 según las manecillas del reloj; siendo este, el momento procesal, en el que el apoderado defensor puede realizar al experto las preguntas que considera oportunas y efectuar los cuestionamientos correspondientes a su pericia, es decir, que aquí se cumple la igualdad de intervención de las partes en el juicio. Debemos reiterar, que el Tribunal al momento de emitir su veredicto en la etapa de incidentes, desestimó el supra indicado dictamen bajo los supuestos siguientes: “que dicha pericia de evaluación clínica debió ser realizada bajo el control jurisdiccional por el hecho que había una denuncia contra el actual imputado Eric Enoc García, por lo que para que la pericia produjera los efectos necesarios en el debate, era necesario que se hiciera bajo las reglas de la prueba anticipada y con control jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 277 del CPP. Consecuentemente, el juzgado debió nombrar un defensor público para controlar el acto, por lo que al carecer de dicho control se violentan los principios de igualdad y el defensa” (página 11 acta de debate). Aseveración que a criterio del Ministerio Público resulta desacertada, por las siguientes circunstancias: Primero: La práctica de la pericia realizada en la etapa preparatoria, fue legalmente ordenada por el Ministerio Público conforme las facultades otorgadas en los artículos 272 y 273 de la normativa adjetiva penal, para el esclarecimiento de la verdad, y dentro de esas facultades se encuentra la práctica de pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense, actividades que no necesitan autorización judicial, siempre y cuando no afecten un derecho garantizado por la Constitución, de ahí que si estamos ante una denuncia en la que se registran datos con apariencia de delito, a partir de ese momento se pone en marcha la investigación para que tome cuerpo el proceso penal, cuando surge la noticia de un hecho criminal, por regla general, se sabe muy poco del hecho y de sus circunstancias, lo que hace evidente la necesidad de investigar con el fin de reconstruirlo hasta donde sea posible, para examinar si se trata de un hecho delictivo o no y si se dan los supuestos para la aplicación de la ley penal a un determinado sujeto, siendo estas diligencias pertinentes a esta etapa del proceso (etapa preparatoria) como es la identificación del sospechoso, así como la obtención de testimonios, inspecciones, pericias, pertinentes para descubrir la verdad, y en el caso bajo examen, una diligencia necesaria, es la evaluación clínica de la menor, quien ha comparecido ante el Ministerio Público denunciando un supuesto hecho criminal, de ahí que la pericia efectuada por el médico forense es tendiente a obtener evidencias que puedan enmarcarse en un delito, por lo que dicha diligencia de investigación es propia de las facultades delegadas al Ministerio Público y de fin una forma violentan el derecho a la defensa del acusado, al no estar presente en la realización de la experticia. Segundo: Resulta inaceptable que el juzgador emita una resolución bajo estos parámetros legales, desconociendo la función del Ministerio Público en la etapa preparatoria, tomando como fundamento el artículo 246 del Código Procesal Penal, el cual se advierte la obligatoriedad al Ministerio Público de realizar pericias bajo el control jurisdiccional mediante el anticipo de prueba, cuando esta las realiza en la etapa de la investigación preliminar, sin embargo de la lectura del artículo citado se desprende, que si el ente acusador pretende ofertar estas pericias en el debate, las mismas únicamente podrán ingresar si fueron realizadas observando las reglas de la prueba anticipada, es decir, tiene esta exigencia que alude el Tribunal, cundo se trate de “incorporaciones por lectura al debate”, no siendo el caso que nos ocupa, puesto que los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público en la etapa respectiva, fueron ofrecidos para que el perito forense doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega, compareciera al debate y ratificara el informe rendido en la etapa preparatoria; de modo, que el Ministerio Público no hizo mención de ninguno de los enunciados del artículo 311 del Código Procesal Penal para incluir el medio de prueba denominado Dictamen Médico de la menor Y. O. G. M., por ello , la probanza es totalmente lícita y merece ser objeto de valoración de parte del Tribunal de Sentencia, y no de una exclusión arbitraria, a pesar de constituir una prueba de naturaleza decisiva en la decisión del juicio. Respecto a esta temática, la Honorable Sala de lo Penal ha establecido: “Esta Sala de lo Penal quiere dejar nota que no puede catalogarse a un medio de prueba como fallo de credibilidad, como consecuencia de no haber intervenido en su producción el órgano Jurisdiccional competente, tal es el caso de la Prueba Pre Constituida, entendida como tal como aquella que se origina previo al proceso penal, por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; este tipo de prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional, y es de manera ulterior, posterior a la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella, teniendo la tarea de verificar su licitud (Respeto a Garantías Constitucionales), legalidad (Respeto a las Normas de Procedimiento de su Producción y Registro) y confiabilidad (Valoración conforme a las reglas de la Sana Critica respecto al Thema Probandi); es ejemplo de prueba pre constituida, los actos de investigación realizados por 1a policía, que normalmente se documentan en acta. Sentencia 320-13[2]. 2.- También el juzgador EXCLUYÓ DE VALORACION, a través del incidente de nulidad, declarado con lugar al apoderado defensor del imputado, el medio de prueba pericial, consistente en el dictamen Psicológico realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González a la menor Y. O. G. M., porque aduce la defensa, que no le fue notificado el día y la hora en la cual se realizaría la pericia en cuestión, a efecto de estar presente en la misma, considerando la defensa que no se respetaron las reglas del debido proceso y respeto a la igualdad de armas. El Tribunal ha excluido esta prueba de valor decisivo, donde se establece que la ofendida presenta síntomas de un estrés postraumático y una personalidad con un conflicto sexual, junto a miedo o evitación del ambiente, con niveles de ansiedad grave y depresión moderada, que remite justamente a una evaluación psiquiátrica, que si fue valorada por el ente jurisdiccional, donde se concluye, que la ofendida presenta un trastorno de estrés postraumático, secundario al evento estresante vivido (violación) y que complementa la pericia psicológica, que este Tribunal infundadamente ha descartado de la masa probatoria y que resulta de relevancia para vincular al imputado con el delito que se le atribuye, amparado en que como arguye el apoderado defensor del acusado, tal probanza se ha practicado con vulneración al Derecho de Defensa, al llevarse a cabo sin la intervención de ambas partes procesales. Para que se dé una efectiva indefensión para el acusado, por la ausencia de notificación del día y la hora para la evaluación psicológica de la menor ofendida, es indispensable que su apoderado desconociera la pericia a realizar, situación que no ocurrió, puesto que ya estaba la misma bajo el control jurisdiccional y ya se había juramentado al experto, siendo justamente en esa audiencia, donde la defensa podía solicitar lo pertinente, respecto a recusaciones, nombramiento de consultor, y no lo hizo; de manera, que el hecho de no haberse notificado del día en que se llevaría a cabo la evaluación psicológica de la menor víctima, no genera obligatoriamente la nulidad de la misma; por cuanto, si bien es cierto, una vez investido judicialmente el perito deberá indicar la fecha y hora en que realizará la pericia, partiendo que se trata de una prueba que requiere del conocimiento de un experto, la intervención que pretende la normativa penal adjetiva para garantizar el derecho de defensa del acusado, es precisamente como lo hemos indicado, mediante el uso de un consultor, pues carece de utilidad procesal la presencia del imputado o su defensor en la evaluación psicológica de la menor ofendida, en virtud que se debe valorar, que el defensor por sí solo no pude realizar interrogatorios u observaciones en el momento que se realiza la pericia, ya que carece los conocimiento científicos necesarios; a contrario sensu, si el defensor hubiese ofertado en la audiencia de juramentación el nombramiento de un consultor para estar presente en la pericia, y que no se le haya notificado del día y la hora realizarse, sería evidente la vulneración a su derecho de defensa, situación que no ocurrió en el caso en estudio. Es relevante indicar, que la pericia de evaluación Psicológica fue propuesta con control jurisdiccional, posterior a ello, el A quo no sólo Autorizó la evacuación de la misma, sino que desde ese momento fue susceptible de censura por la parte defensora, lo cual no concurrió es así que la prueba en relación comprende total legalidad desde el momento de su propuesta, pues de no haber sido así, la defensa del encausado no hubiese permitido la admisión de la misma en dicha etapa, a sabiendas que le concurría un supuesto vicio de nulidad; es decir que la misma defensa no puede venir a argumentar su ilicitud hasta el momento de la etapa incidental del debate, cuando la prueba fue desde siempre de su conocimiento; ello, porque así lo dispone el artículo 170 del Código Procesal Penal, que establece la “Subsanación del Acto Viciado”: “Sa1vo que se disponga lo contrario, los actos viciado se tendrán por subsanados cuando: 1) Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente la declaración de su nulidad…… 2) Las partes hayan aceptado tácitamente, los efectos del acto viciado... 3), 4) ... .” No obstante, a lo anterior, sostenemos que de manera alguna a la prueba desestimada le concurra algún vicio de nulidad. Fundamentado en los argumentos supra desarrollados, es innegable que las pericias física y psicológica, realizada a la menor ofendida, por el doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega y el Licenciado Jhonatan Antonio González, respectivamente y que ha sido excluida indebidamente por el Tribunal sentenciador del acervo probatorio, a pesar de ser relevantes y decisivas para establecer la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, debió ser valorada al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que la vuelven una prueba válida, cuya estimación hubiese conducido a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de VIOLACION ESPECIAL.” “SEGUNDO MOTIVO: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Cuerpo Adjetivo Penal, prevé en su sección cuarta, textualmente lo siguiente: “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su carácter exclusivo de carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. Al examinar la sentencia de mérito y dar lectura a lo que el a-quo tituló bajo la denominación de “hechos probados”, se hace patente que en ésa sección se expuso lo que a continuación se detalla: UNICO: “En fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dos, el Registrador Civil Municipal, extendió certificación de nacimiento número 00149, que pertenece a Y. O. G. M., quien nació en fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en el municipio de San Rafael, departamento Lempira” En el citado relato fáctico, el Juzgador realmente no determinó cuál había sido la dinámica de los hechos, pues aunque se trate de un fallo absolutorio, indiscutiblemente su Juicio fáctico debe de recaer en aspectos que llegaron a convencer al a-quo de que ciertamente se produjeron en el tiempo y en el espacio, ello derivado de la evacuación de las pruebas desarrolladas en el acto del debate, así por ejemplo tal apartado puede estar conformado con la alusión respecto a la forma en que se dio inicio al proceso (fecha de requerimiento fiscal, datos básicos del mismo) u otras formas tales como describir los acontecimientos que se produjeron, si penalmente éstos se consideran relevantes o no, e inclusive, en la primera hipótesis, quién o quiénes fueron los perpetradores de los mismos.- Pero según lo plasmado en el parágrafo precitado, se evidencia con absoluta claridad que el Tribunal se limitó a hacer alusión a la inscripción de la menor ofendida en el Registro Civil Municipal del Municipio de San Rafael, departamento de Lempira, sin realizar un detalle de los hechos que ha tenido como probados, a pesar, que en el fallo cuestionado, ha efectuado una valoración descriptiva e intelectiva de la declaración de la menor Y. O. G. M., incorporada mediante lectura, bajo los parámetros de prueba anticipada, testimonio que a criterio de los juzgadores le merece credibilidad; asimismo, el juzgador valora el Dictamen Pericial de Psiquiatría Forense número 20117-0501-02101232, elaborado y ratificado en el debate por el doctor Alfredo Leonardo Sosa Velásquez, prueba legalmente incorporada a la vista pública, a la cual el juzgador le da valía probatoria, por tanto el vicio se pronuncie cuando el mismo da como hecho probado una actuación procesal, omitiendo el resto de la probanza considerada. Entonces, aunque existan unos hechos probados nominales, materialmente no es sí, ya que al final en este punto angular del fallo, no logramos determinar qué es lo que el ente jurisdiccional apreció como comprobado en juicio. La normativa procesal penal establece, que uno de los pilares de la sentencia radica precisamente en la correcta aplicación de derecho, circunstancia que debe hacerse partiendo de la valoración de la prueba evacuada en el debate con las cuales el Juzgador da por acreditado un hecho, de ahí que “los jueces no tienen más facultades que aplicar la ley al caso concreto, debiendo hacerlo dentro de los parámetros señalados en la misma, hacerlo de otra manera implicaría sembrar la incertidumbre e inseguridad jurídica basada en subjetividades o realidades apreciadas por el juzgador de manera intuitiva, no científica ni uniforme, situación improcedente en un Estado de Derecho”[3]. La Sala Penal en el fallo No.375-09 respecto a este vicio procesal ha determinado: “Es criterio de esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal”. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la fiscal del Ministerio Público. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 170, 246, 272, 273 y 277 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en el proceso. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: dar el curso legal correspondiente al presente recurso. Al inicio de la explicación del primer motivo, la censora del fallo elabora una breve explicación de lo que consiste el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo, apoyando dicha explicación en la sentencia dictada por esta Sala de lo Penal en fecha 27 de enero de 2011, en el expediente SP 322-2009. Luego de ello, arguye que en el presente caso se excluyó indebidamente los medios de prueba siguientes: i. Dictamen de evaluación física realizado por el Doctor Aníbal Maldonado, a la menor Y. O. G. M.; y, ii. Dictamen pericial de Psicología realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González, a la menor Y. O. G. M.. Ambos medios de prueba los considera de valor decisivo según el método de inclusión mental hipotética, arguyendo que de haber sido valorados por el juzgador se hubiese llegado a un fallo de condena. En relación al dictamen de evaluación física, expresa que es evidente que el juzgador al anular en la fase de incidentes de juicio el dictamen que previamente había sido admitido en audiencia de proposición de pruebas, constituye un vicio de exclusión de prueba de valor decisivo, ya que el juzgador consideró que la pericia debió realizarse con control jurisdiccional conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal; sin embargo, la pericia fue realizada en la etapa preparatoria en fase de investigación, en donde solo se contaba con la denuncia del hecho criminal y una mera sospecha respecto a la participación del acusado, lo que justamente debía ser corroborado a través de la realización de la evaluación física, lo que imposibilitaba materialmente notificar a la parte defensora sobre la practica de la diligencia investigativa que no había arrojado resultados que individualizaran al enjuiciado como agresor de la menor Y. O. G. M., siendo precisamente una de las funciones del ente acusador realizar las diligencias investigativas que considere pertinentes de conformidad con los artículos 272 y 273 del Código Procesal Penal; asimismo, dicho informe pericial sería ratificado en debate por el Doctor Ramón Aníbal, conforme establece al artículo 326 del mismo texto legal. Seguidamente, respecto al dictamen pericial psicológico, expresa que el sentenciador lo excluyó por considerar que se realizó sin haber notificado a la defensa del acusado el día y la hora en la cual se realizaría la pericia en cuestión a efecto de estar presente en la misma, y considera que no se respetó el debido proceso y la igualdad de armas procesales. Sin embargo, indica la recurrente que la pericia de evaluación psicológica fue propuesta con control jurisdiccional sin que fuese objeto de censura alguna por la defensa, siendo hasta etapa incidental del debate cuando alega su ilicitud, donde ya se había subsanado el supuesto acto viciado de conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal. De la exclusión y falta de consideración de prueba con valor decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la en el artículo 199 del Código Procesal Penal. Seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Artículo 333 del Código Procesal Penal); y, finalmente, como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, se explica su diferencia a continuación: a.Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba; es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo es de recibo. Según la denuncia de la recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente los medios de prueba periciales siguientes: i. Dictamen de evaluación física realizado por el Doctor Aníbal Maldonado, a la menor Y. O. G. M.; y, ii. Dictamen de Evaluación Psicológica realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González, a la menor Y. O. G. M.. La pericia de evaluación física fue excluida por el sentenciador por considerar que debió realizarse con control jurisdiccional y con presencia de la defensa conforme establece el artículo 277 del Código Procesal Penal; contrario a ello, el Ministerio Público arguye que la pericia fue realizada en la etapa preparatoria en fase de investigación, en donde solo se contaba con la denuncia del hecho criminal y una mera sospecha respecto a la participación del acusado, lo que debía ser corroborado a través de la realización de la evaluación física, además, arguye que sus diligencias investigativas se encuentran amparadas en los artículos 272 y 273 del Código Procesal Penal. Entretanto, la pericia de evaluación psicológica fue excluida por el sentenciador por considerar que se realizó sin haber sido notificada la defensa sobre el día y la hora en la cual se llevaría a cabo dicha pericia, lo que a su parecer conlleva una infracción al debido proceso y a la igualdad de armas procesales. Como argumento de contrario, expone el ente acusador que la pericia de evaluación psicológica fue propuesta con control jurisdiccional sin que fuese objeto de censura alguna por parte de la defensa, siendo hasta etapa incidental del debate cuando alega su ilicitud en donde ya se había subsanado el supuesto acto viciado de conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal. Considera la parte recurrente que los medios de prueba anteriormente mencionados y excluidos son de valor decisivo, pues de haber sido apreciados cambia indefectiblemente la decisión judicial y da lugar a un fallo de condena. Expuesto lo anterior, corresponde a la Sala de lo Penal determinar si la realización del Dictamen de Evaluación Física realizado por el Doctor Aníbal Maldonado a la menor Y. O. G. M., se encontraba dentro de los presupuestos de legalidad exigidos en la normativa procesal; o si, por el contrario, su realización conllevó una actuación procesal irregular que acarrea como consecuencia su exclusión del acervo probatorio. Tarea que no termina ahí, pues también es necesario analizar si de conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal, las partes tuvieron por subsanado, en su caso, la existencia del vicio, al no reclamar oportunamente la declaración de nulidad de la actuación procedimental viciada, y también si este medio de prueba es de carácter decisivo. Igual análisis corresponde con el Dictamen de Evaluación Psicológica realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González, a la menor Y. O. G. M., en el cual se determinará si la realización del mismo se hizo en violación a las normas esenciales de procedimiento, y si el acto fue tácita o expresamente consentido por las partes y si es de carácter decisivo para la emisión del fallo. Al remitirnos al acumulado judicial, se constata que en fecha 11 de enero de 2011, se presentó requerimiento fiscal en contra del señor Eric Enoc García Rodríguez, por suponerlo responsable a título de autor, del delito de violación especial, en perjuicio de Y. O. G. M.. A la presentación del requerimiento fiscal fue acompañado el Dictamen Médico realizado por el Doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega, practicado a la menor Y. O. G. M., en el cual determinó como conclusiones las siguientes: 1. El himen de la evaluada presenta rupturas antiguas en la posición 5 y 6 según las manecillas del reloj; 2. No hay lesiones paragenitales; 3. Queda pendiente examen de laboratorio; 4. Presenta dos cicatrices en la región maxilar inferior. El Dictamen de Evaluación Física relacionado fue realizado en fecha 5 de enero de 2011, es decir, seis días antes de la presentación del requerimiento fiscal, durante la etapa investigativa del proceso, erigiéndose dicho dictamen como Prueba Pre Constituida, entendiéndose como tal aquella que se origina previo al proceso penal, por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; esta prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional, y es de manera ulterior, posterior a la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella, teniendo la tarea de verificar su licitud (respeto de garantías constitucionales), legalidad (respeto a las normas de procedimiento de su producción y registro) y confiabilidad (valoración conforme a las reglas de la sana crítica respecto al thema probandi). En este sentido, se logra determinar que no existe la obligatoriedad de control jurisdiccional y participación de la defensa que exige el Tribunal de Sentencia para la realización del dictamen que es prueba pre constituida, pues el mismo fue elaborado en la etapa de investigación del proceso en donde el ente acusador realizaba diligencias investigativas con el fin de corroborar la veracidad de la denuncia interpuesta. Tampoco la realización de la pericia conllevaba una vulneración de derechos fundamentales del acusado garantizados en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales. El artículo 273 del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la medicina forense, sin necesitar autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. Además de lo anterior, se identifica que el sentenciador de instancia para excluir el medio de prueba en cuestión, hace alusión en su motivación a los artículos 246 y 277 del Código Procesal Penal, los cuales refieren a las pericias realizadas en la etapa de investigación y las pruebas anticipadas, no siendo éste el supuesto de hecho que nos ocupa en virtud que según el acta de audiencia de proposición de prueba (f. 131), el medio de prueba pericial iba a ser acompañado de ratificación en juicio por el Doctor Ramón Aníbal Maldonado. Finalmente, es necesario poner de relieve que la defensa tuvo conocimiento en la etapa preparatoria del proceso de la realización de la pericia de evaluación física que se realizó sin control jurisdiccional. Ello se determina a partir del acta de audiencia inicial (f. 30) de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, en donde la agente fiscal del Ministerio Público, propuso como medio de prueba el Dictamen Médico practicado a la ofendida, el cual no fue objetado por parte de la defensa, quien de manera expresa manifestó que únicamente objetaba que la declaración de la ofendida sea tomada en Cámara Gessel. Igual ocurre cuando nos remitirnos al acta de la Audiencia de Proposición de Pruebas (f. 131v), en donde nuevamente el ente fiscal propuso como medio de prueba pericial el Dictamen Médico practicado a la ofendida, sin que hubiese reparo alguno de la defensa quien manifestó de manera expresa no tener objeciones a su incorporación. En este sentido, establece el artículo 167 del Código Procesal Penal las oportunidades procesales que tienen las partes para solicitar la nulidad de un acto procedimental viciado. Específicamente, el numeral primero de dicho precepto establece que los actos en los cuales concurra causal de nulidad serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en la primera audiencia de la etapa preparatoria del proceso, cuando el acto de nulidad ha sido llevado a cabo durante dicha etapa. No se desprende del acumulado judicial que haya existido reclamo de nulidad alguno por la defensa técnica del señor Eric Enoc García Rodríguez, por la realización de la pericia llevada a cabo en la etapa investigativa, lo que, en todo caso, tendría por subsanado el supuesto acto viciado -que no existe- de conformidad al artículo 170 del Código Procesal Penal. En relación al Dictamen de Psicología realizado por el Licenciado Jonathan Antonio González a la menor Y. O. G. M., se constata en la foliada judicial que el Ministerio Público solicitó la juramentación del perito en fecha 25 de mayo de 2017 (f. 85), fecha posterior a la celebración de la audiencia inicial y previo a celebrarse la audiencia preliminar. El perito fue juramentado en fecha 29 de mayo de 2017 (f. 94), y emitió su dictamen en fecha 14 de junio de 2017 (f. 98). Posteriormente, en fecha 31 de julio de 2017, se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar (f. 106), sin que conste en acta oposición o reclamo alguno de parte de la defensa por la realización de dicho dictamen que se realizó sin haber sido notificado. En este sentido, establece el artículo 167 del Código Procesal Penal las oportunidades procesales que tienen las partes para solicitar la nulidad de los actos que se consideren viciados, a partir del numeral 2 de dicho precepto, se patenta la oportunidad que tenía el reclamante de denunciar la causa de nulidad antes del auto de apertura a juicio oral. Tampoco consta que la defensa haya hecho uso del término de cinco días para examinar las diligencias (f. 125), para formular su denuncia de nulidad, o bien, solicitar su inadmisión como medio de prueba en la audiencia de proposición de pruebas. Por el contrario, manifestó no tener objeción alguna con la incorporación de dicho dictamen (f. 131v), siendo hasta en etapa de incidentes del juicio oral y público en donde denuncia su ilicitud. En este sentido, se determina por esta superioridad que la defensa tuvo conocimiento en la etapa intermedia del proceso sobre la realización de la pericia de evaluación psicológica que se realizó sin haber sido puesto en conocimiento, no formulando protesta de nulidad en ese momento procesal ni tampoco en la Audiencia de Proposición de Pruebas (f. 131v), en donde no tuvo reparo alguno para su incorporación. Lo anterior conlleva a tener por subsanado de manera tácita o implícita el supuesto acto viciado de conformidad al artículo 170 del Código Procesal Penal. Se concluye en definitiva por la Sala de lo Penal, que la resolución de exclusión de los medios de prueba denominados Dictamen de Evaluación Psicológica Forense y Dictamen Médico, los cuales son de carácter decisivo según el método de inclusión hipotética, pues al ser agregado a la ecuación valorativa, se afecta el pronunciamiento de absolución, se ha dictado sin observar las normas reguladoras del proceso, cometiendo el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, un vicio in procedendo que acarrea como consecuencia la nulidad de la sentencia y del debate que la pronunció, así como la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado, ello en atención a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la fiscal del Ministerio Público. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: dar el curso legal correspondiente al presente recurso. Arguye la fiscal del Ministerio Público que el juzgador de instancia en el acápite de los hechos probados no determinó cuál fue la dinámica de los hechos. Únicamente se limitó a hacer alusión a la inscripción de la menor ofendida en el Registro Civil Municipal del Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira, sin realizar un detalle de los hechos que ha tenido como probados, a pesar de que en el fallo cuestionado se efectuó una valoración descriptiva e intelectiva de la declaración de la menor Y, G, M,. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es objeto de pronunciamiento. Al haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, y por los efectos jurídicos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio y pronunciamiento del segundo motivo de casación. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, interpuesto por la Abogada Sugeil Vega Montoya, fiscal del Ministerio Público; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-55-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Artículo 326, del Código Procesal Penal el cual establece que “Una vez identificados, los peritos serán juramentados y advertidos de las consecuencias legales de sus actos, si faltan a la verdad. Rendirán sus dictámenes en forma verbal y mientras cumple sus funciones, podrán consultar documentos de cualquier clase. Si el dictamen pericial se ha rendido por escrito, se leerá durante la audiencia, a efecto de su ratificación y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de este artículo.”
[2] En relación, SP-235-13 que prescribe: Antes del requerimiento Fiscal, el Ministerio Público es el amo de la investigación”
[3] Sentencia de fecha 28 de mayo de 2004. Ex CP 1891-03