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Sentencia CP-549-17 — Registro 13285

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Homicidio, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Concluye que la doctrina sostiene que es la conducta violatoria del deber de cuidado, género que admite diversas especies, a saber, imprudencia, negligencia, impericia -en el arte o la profesión- e inobservancia de reglamentos o deberes a cargo. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar si el cuadro fáctico del fallo se encuadra o subsume en las normas penales sustantivas de reproche. Asimismo, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “UNICO: En fecha 15 de febrero 2014 entre las tres y cuatro de la tarde, en el parque aventura de la aldea de Zambrano, Francisco Morazán, la señora Yanira Isabel Acosta en compañía de los testigos protegidos Rayo y Chang se encontraba celebrando un cumpleaños, cuando llego el señor Mario Enrique Torres Medina en un vehículo, quien se bajó del mismo, sacó su arma e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno de ellos en la región izquierda de la cabeza de la señora Yanira Isabel Acosta quien fue llevada al hospital escuela para recibir atención médica, falleciendo esta dos meses después de haber sufrido la agresión”, hecho declarados probados que se configura perfectamente en lo que dispone artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente, respecto a la autoría material de un delito de Homicidio Simple, con dolo directo, al considerar que el señor Mario Enrique Torres Medina saco un arma de fuego e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno de ellos en la región izquierda de la cabeza de la señora Yanira Isabel Acosta causándole la muerte dos meses después. La conducta ilícita del acusado se encuadra como una conducta dolosa determinada por la intención o ánimo de querer quitar la vida a una persona determinada. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que la sentencia que se impugna no incurre en infracción de ley penal sustantiva por interpretación errónea del artículo del artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por estar comprendida la pena impuesta dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Penal Vigente (Decreto No. 130-2017), y por no representar un beneficio a favor del señor Mario Enrique Torres Medina respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: I.

Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-549-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Mario Enrique Torres Medina, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de la señora Yanira Isabel Acosta Cálix, a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Mario Enrique Torres Medina, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil al señor Mario Enrique Torres Medina; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: No se declaró el comiso. SON PARTES: El Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Enrique Torres Medina, como parte recurrente; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “UNICO: En fecha 15 de febrero 2014 entre las tres y cuatro de la tarde, en el parque aventura de la aldea de Zambrano, Francisco Morazán, la señora YANIRA ISABEL ACOSTA en compañía de los testigos protegidos RAYO y CHANG se encontraba celebrando un cumpleaños, cuando llego el señor MARIO ENRIQUE TORRES MEDINA en un vehículo, quien se bajó del mismo, sacó su arma e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno de ellos en la región izquierda de la cabeza de la señora YANIRA ISABEL ACOSTA quien fue llevada al hospital escuela para recibir atención médica, falleciendo esta dos meses después de haber sufrido la agresión.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in iudicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: “En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la sala primera por unanimidad de votos, declaro como hecho probado el siguiente 1.- PRIMERO: En fecha 15 de febrero del 2014 entre las tres y cuatro de la tarde, en el parque aventura de la aldea de Zambrano, Francisco Morazán, la señora YANIRA ISABEL ACOSTA en compañía de los testigos RAYO Y CHANG se encontraban celebrando un cumpleaños, cuando llego el señor MARIO ENRIQUE TORRES MEDINA en un vehículo, quien se bajó del mismo saco su arma e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno en la región izquierda de la cabeza de la señora YANIRA ISABEL ACOSTA, quien fue llevada al hospital escuela para recibir asistencia médica, falleciendo dos meses después de haber sufrido la agresión. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creernos. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad., entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39) Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134) Al establecer el A-quo como hecho probado el antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpreto erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, en relación al 13 que establece el dolo y lo han calificado con dolo eventual, cuando decide declarar culpable a mi representado y lo condena por el delito de HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL, por existir un supuesto Dolo eventual y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. - De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipos sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supraindicada páginas 269, 270, 271, 272) Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual.- DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería niatar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc.» DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización.- El sujeto no quiere el resultado, pero «cuenta con él», «admite su producción», «acepta el riesgo». (Ver idem Págs. 272 y 273).» El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Esta defensa tal y como queda plasmado que la ley les da la Facultad de REPRESENTAR, DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad al Ministerio Publico, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Publico debe practicar pruebas de Cargo como de Descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito o falta, pero en este caso no es así ya que en el hecho que perdió la vida la señora YANIRA ISABEL ACOSTA, resulta supuestamente de unos tiros en un parque, razón por la cual nos preguntamos si el Ministerio Publico realizo u ordeno alguna diligencia para la recuperación de la ojiva de la bala que produjo el resultado. Velando por el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales de nuestro Estado de Derecho, como habla el tratadista FRANCESCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la sociedad. El derecho de Punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la autoridad. Cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto, y todas convergentes a la armonía universal. Y el tribunal juzgador solo se remite a decir que los tres imputados fueron coautores de una muerte. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios la Justicia absoluta, y la defensa de los derechos del hombre. La necesidad de la defensa en la causa primera del derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontarnos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Publico pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino que también el de defender, y no seguir permitiendo que nuestros jueces sigan cometiendo atroces errores que terminan de hundir mas en la impunidad los delitos cometidos por otros pero que para que no queden en estadísticas hay que buscar un culpable. El tribunal de sentencia no toma en consideración en primer lugar a las distintas contradicciones que existe entre los Testigos Protegidos y la prueba de la autopsia, decimos esto porque todos los testigos narraron que el disparo esta persona supuestamente lo recibe por la espalda y que supuestamente iban corriendo, pero el médico forense fue claro al establecer que el disparo es de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, entonces estos testigos no estuvieron en el lugar el día en que sucedió el hecho, porque el médico forense reitera al Ministerio Público preguntándole por qué hace esa conclusión, diciendo que por el orificio de entrada, que al costurarle la operación determina, ese objeto de valoración para poder comprobar si esas personas estuvieron o no en el lugar, siendo este el primer elemento. El segundo elemento que es la Testigo Protegido Rayo establece que las jóvenes que llegaron a pedir auxilio y llegaron caminando al lugar a pedir auxilio, pero el Testigo Protegido Chan dice que llegan en el vehículo y se bajan a pedir auxilio, siendo esa la segunda contradicción que nos lleva a determinar que se trata de buscar un culpable de este delito, asimismo dice la Testigo Protegido Rayo que las jóvenes en ese momento se auxiliaron y se fueron cuando supuestamente el joven M. se había ido, pero dice el Testigo Protegido Chan que en ningún momento estas jóvenes se habían ido, sino que ellos ya se estaban alistando para montarse en un taxi e irse y cuando Mario llega supuestamente ahí empieza a disparar al conjunto de personas, este es otro de los elementos que tendrán que ser valorados para poder determinar la credibilidad o no de este testimonio. Ya que la Defensa había hecho con anterioridad la petición para que comprobaran e hicieran un análisis balístico entre lo obtenido de la persona muerta y las pruebas patrones del arma de mi representado que él tenía registrada, pero el médico forense estableció que no lo pudo hacer porque al momento de la operación no sabe de las esquirlas porque nunca existió un orifico de salida, en base a este extremo se comprueba que los elementos que se tenían para comprobar si el disparo fue un disparo directo o como lo manifiesta esta representación es sus conclusiones es que fue un disparo de revote, no tenía ningún tipo de motivo o razón para atentar contra la señora Yanira, si ni la conocía, todos hablan de que los disparos que sucedieron eran a lo loco por una persona que estaba ebria, pero el tribunal establece y da por hecho que el señor MARIO utiliza un arma letal como lo es un arma de fuego .y disparar sin tener precaución o respeto hacia la vida de las personas que están ahí condenándolo por dolo eventual, No debe confundirse la culpa con la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento conceptual de la teoría general y jurídica del delito. En efecto, este se suele definir como una acción típica, antijurídica y culpable. Ahora bien la culpa (al igual que el dolo) tuvieron diferente ubicación según el modelo explicativo de que se trate. Así mientras que para el causalismo (naturalista y normativista) la culpa y el dolo eran formas de culpabilidad, a partir del finalismo no se discute que la culpa y el dolo son elementos del tipo subjetivo. Con esta advertencia, pues, se aventa toda posibilidad de confundir estos conceptos. Estructura Típica: Mucho se ha discutido sobre la estructura típica del homicidio culposo. La cuestión se vuelve más compleja si se toma en consideración que para la construcción teórica de los delitos culposos que se ha hecho en la parte general del Derecho Penal se ha tomado generalmente como base el homicidio imprudente. Así se sigue discutiendo hoy en día si existe un tipo objetivo y un tipo subjetivo; cuál es papel y el encuadre dogmático que corresponde dar al resultado (muerte); cómo se debe vincular la conducta y el resultado para que sea atribuible al sujeto activo; etc. Por nuestra parte analizaremos los elementos exigidos legalmente por el artículo 84 del Código Penal para que se configure la tipicidad (nótese que no distinguiremos un tipo objetivo de otro subjetivo, atento a la gran discusión que hay al respecto), y tan sólo reseñaremos cuestiones cuyo estudio en profundidad compete a la parte general del Derecho Penal. Sujeto Activo En la figura simple, cualquier persona puede ser autor (delicta comunia. En una de las hipótesis del tipo agravado (conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor), sólo podrá ser autor el conductor cíe un vehículo automotor. Sujeto Pasivo: En la figura simple, cualquier persona. En una de las hipótesis del tipo agravado (si fueren más de una las víctimas fatales) el sujeto pasivo deberá estar constituido por, al menos, dos personas, sin limitarse el número máximo. Acción Típica: En la figura simple, la acción típica consistirá en violar el deber cíe cuidado y como consecuencia de ello producir el resultado típico causar la muerte a otro por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo La doctrina ha manifestado variedad de pareceres al momento de sintetizar cuál es el comportamiento típico. Actualmente se sostiene que es la conducta violatoria del deber de cuidado, género que admite diversas especies, a saber, imprudencia, negligencia, impericia -en el arte o la profesión- e inobservancia -de reglamentos o deberes a cargo- En este contexto, tradicionalmente se sostiene que la imprudencia se caracteriza por un exceso en el obrar (precipitación, ligereza, temeridad que hace que el imprudente haga algo que la prudencia no aconseja hacer); la negligencia como un defecto en el obrar (descuido, desatención, falta de preocupación, que hace que el negligente no haga algo que la prudencia aconseja hacer); la impericia en el arte o profesional (figura conocida como “culpa profesional”) como la inhabilidad o inidoneidad en el obrar en virtud de no respetar la lex artis; la inobservancia de reglamentos, como la infracción a toda actividad reglada; y la inobservancia de deberes de cuidado como todo comportamiento contraventor de las reglas generales de la debida atención 3. Sin embargo esta clásica caracterización se encuentra lejos de ser compartida doctrinariamente, toda vez que no existe acuerdo sobre la reconducción de las “especies” legales. Cierta doctrina da importancia a la separación de cada una de estas “especies”. En tal sentido, Terragni afirma que “la negligencia no guarda otra relación con la imprudencia más que aquella que hace a ambas maneras de infringir el deber de cuidado”4, y más adelante sostiene “queda claro que la inobservancia de los reglamentos no debe ser metida en el mismo saco para que se mezcle con la imprudencia, la negligencia y la impericia”5 . Por su parte, Donna enseña que “puede afirmarse que tanto la impericia como la inobservancia de los reglamentos nos son más que casos de negligencia e imprudencia, siendo que para algunos autores como Malamud Goti todos pueden reconducirse a la imprudencia”6.” Fundamentación Recurso de Casación de Infracción de ley por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen El sentenciador incurre en infracción de ley por interpretación errónea del artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente. La sentencia recurrida dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaro como hecho probado el siguiente: “Único: En fecha 15 de febrero del 2014 entre las tres y cuatro de la tarde, en el parque aventura de la aldea de Zambrano, Francisco Morazán, la señora Yanira Isabel Acosta en compañía de los testigos Rayo Y Chang se encontraban celebrando un cumpleaños, cuando llego el señor Mario Enrique Torres Medina en un vehículo, quien se bajó del mismo saco su arma e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno en la región izquierda de la cabeza de la señora Yanira Isabel Acosta, quien fue llevada al hospital escuela para recibir asistencia médica, falleciendo dos meses después de haber sufrido la agresión.” Es evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpreto erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 116, relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, en relación al 13 que establece el dolo y lo han calificado con dolo eventual, cuando decide declarar culpable al señor Mario Enrique Torres Medina, y lo condena por el delito de Homicidio con Dolo Eventual, situación que no logro probar el ente acusador. El A-quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. En este caso en el hecho se dice que perdió la vida la señora Yanira Isabel Acosta, resulta supuestamente de unos tiros en un parque, razón por la se pregunta el recurrente si el Ministerio Publico ordeno diligencia alguna para la recuperación de la ojiva de la bala que produjo el resultado. El tribunal juzgador solo se limita a decir que los tres imputados fueron coautores de una muerte, pero no toma en consideración en primer lugar, las distintas contradicciones que existe entre los testigos protegidos y la prueba de la autopsia. elementos que tendrán que ser valorados para poder determinar la credibilidad de los testigos de cargo. Ya que la Defensa pidió que se hicieran un análisis balístico entre lo obtenido de la persona muerta y las pruebas patrones del arma del acusado que él tenía registrada, pero el médico forense estableció que no lo pudo hacer porque al momento de la operación no sabe de las esquirlas porque nunca existió un orifico de salida, en base a este extremo se comprueba que los elementos que se tenían para comprobar si el disparo fue un disparo directo o como lo manifiesta la Defensa. La doctrina ha manifestado variedad de pareceres al momento de sintetizar cuál es el comportamiento típico. Actualmente se sostiene que es la conducta violatoria del deber de cuidado, género que admite diversas especies, a saber, imprudencia, negligencia, impericia -en el arte o la profesión- e inobservancia de reglamentos o deberes a cargo. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpreto erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 116, relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, en relación al 13 que establece el dolo y lo han calificado con dolo eventual, cuando decide declarar culpable al señor Mario Enrique Torres Medina, y lo condena por el delito de Homicidio con Dolo Eventual, situación que no logro probar el ente acusador. El A-quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. En este caso en el hecho se dice que perdió la vida la señora Yanira Isabel Acosta, resulta supuestamente de unos tiros en un parque, razón por la se pregunta el recurrente si el Ministerio Publico ordeno diligencia alguna para la recuperación de la ojiva de la bala que produjo el resultado. El tribunal juzgador solo se limita a decir que los tres imputados fueron coautores de una muerte, pero no toma en consideración en primer lugar, las distintas contradicciones que existe entre los testigos protegidos y la prueba de la autopsia. elementos que tendrán que ser valorados para poder determinar la credibilidad de los testigos de cargo. De la Procedencia Recurso. El Recurso No es de Recibo. El censor aprecia que el fallo que se impugna incurre en infracción de ley por interpretación errónea del artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente. Considera que en la fundamentación jurídica el Tribunal de sentencia interpreto erróneamente el artículo 116, relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, en relación al 13 que establece el dolo y lo han calificado con dolo eventual. Al declarar culpable al señor Mario Enrique Torres Medina, por el delito de Homicidio con Dolo Eventual, situación que no logro probar el ente acusador. En este caso el tribunal juzgador no toma en consideración las contradicciones que existen entre los testigos protegidos y la prueba de la autopsia. La Defensa pidió que se hicieran un análisis balístico entre lo obtenido de la persona muerta y las pruebas patrones del arma del acusado que él tenía registrada, pero el médico forense estableció que no lo pudo hacer porque al momento de la operación no sabe de las esquirlas porque nunca existió un orifico de salida, en base a este extremo se comprueba que los elementos que se tenían para comprobar si el disparo fue un disparo directo o como lo manifiesta la Defensa. Concluye que la doctrina sostiene que es la conducta violatoria del deber de cuidado, género que admite diversas especies, a saber, imprudencia, negligencia, impericia -en el arte o la profesión- e inobservancia de reglamentos o deberes a cargo. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar si el cuadro fáctico del fallo se encuadra o subsume en las normas penales sustantivas de reproche. Asimismo, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “UNICO: En fecha 15 de febrero 2014 entre las tres y cuatro de la tarde, en el parque aventura de la aldea de Zambrano, Francisco Morazán, la señora Yanira Isabel Acosta en compañía de los testigos protegidos Rayo y Chang se encontraba celebrando un cumpleaños, cuando llego el señor Mario Enrique Torres Medina en un vehículo, quien se bajó del mismo, sacó su arma e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno de ellos en la región izquierda de la cabeza de la señora Yanira Isabel Acosta quien fue llevada al hospital escuela para recibir atención médica, falleciendo esta dos meses después de haber sufrido la agresión”, hecho declarados probados que se configura perfectamente en lo que dispone artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente, respecto a la autoría material de un delito de Homicidio Simple, con dolo directo, al considerar que el señor Mario Enrique Torres Medina saco un arma de fuego e hizo varios disparos con dirección al lugar donde se encontraba el grupo de personas, impactándole uno de ellos en la región izquierda de la cabeza de la señora Yanira Isabel Acosta causándole la muerte dos meses después. La conducta ilícita del acusado se encuadra como una conducta dolosa determinada por la intención o ánimo de querer quitar la vida a una persona determinada. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que la sentencia que se impugna no incurre en infracción de ley penal sustantiva por interpretación errónea del artículo del artículo 116, relacionado con el 32 y 13 del Código Penal Vigente DECISIÓN, la Sala declara No Ha Lugar el motivo Único de casación de infracción de ley sustancia invocado por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Enrique Torres Medina. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Mario Enrique Torres Medina, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Mario Enrique Torres Medina, la pena de Quince años de reclusión, como autor del delito de Homicidio en perjuicio de la señora Yanira Isabel Acosta Cálix, y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni comiso alguno por el delito cometido. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Mario Enrique Torres Medina como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 15 a 20 años (Artículo 192). Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por estar comprendida la pena impuesta dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Penal Vigente (Decreto No. 130-2017), y por no representar un beneficio a favor del señor Mario Enrique Torres Medina respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustancia invocado por Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Enrique Torres Medina, en la causa en que se le condenó como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de la señora Yanira Isabel Acosta Cálix, a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017; Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se condenó al señor Mario Enrique Torres Medina, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de la señora Yanira Isabel Acosta Cálix, a la pena de quince años de reclusión y se le imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se declara la responsabilidad civil, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, ni declaración de comiso; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-549-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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