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Sentencia CP-547-16 — Registro 12602

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delitos de Asociación ilícita , delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Prohibidas y Almacenamiento de Armas de Fuego Comerciales, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo. Para este Tribunal de alzada el presente motivo de casación no es de recibo ya que, si bien la recurrente alega que en la fecha en que sus representados fueron detenidos se encontraba vigente el decreto número 184-2013 y que durante todo ese tiempo se encontraba despenalizada la conducta por la cual fueron condenados sus representados, es importante tener en consideración que dicha disposición tal y como ha quedado relacionado en la presente resolución, es para que todos aquellos ciudadanos que en su momento tuvieran en su poder un arma de fuego comercial, procedieran a realizar los trámites correspondientes para su registro o para entregar las armas de uso prohibido y en el caso en estudio quedó debidamente probado que los hoy imputados fueron encontrados al realizar la Policía un allanamiento almacenando armas de uso comercial y de uso prohibido, por lo que es evidente que su intención no era la de dar cumplimiento al decreto legislativo supra relacionado en la presente sentencia. Se hizo una relación de distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, advirtiendo que existían contradicciones en las mismas, en cuanto a que en unas resoluciones refiere a que las vedas tiene como finalidad que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que éstas no constituyen una despenalización de delitos, como tampoco tienen por finalidad permitir la impunidad; en otros fallos siempre la Sala Constitucional al referirse al decreto 184-2013, específicamente manifiesta que el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de veda o de gracia; pero no es menos cierto que la misma Sala manifiesta en relación a su segunda postura que claramente entiende que el espíritu de la ley en cuanto al decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere que es una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares. Asimismo, se hizo una relación de dos sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, en relación al decreto 184-2013, en el cual la postura que se mantiene es que la finalidad del legislador, es permitir que toda persona que en su momento tuviera en su poder un arma de fuego comercial, procediera de inmediato a su debida inscripción en el registro correspondiente y a entregar las de uso prohibido para su respectiva destrucción. por lo que, siguiendo ese orden de ideas en relación a los imputados en el presente proceso, no es posible la aplicación del decreto 184-2013, ya que está debidamente acreditado que su intención nunca fue la de dar cumplimiento al dispuesto en el mismo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortiz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, Cesar Noe Canales, Fernando Serrato Mejia, Gary Hainz Ordoñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, las penas de tres años de reclusión, por el delito Almacenamiento de Armas de Fuego Comerciales y de ocho años de reclusión y multa de quince mil lempiras, por por el delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Prohibidas, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (artículo 580), cuya pena es: De 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas o municiones permitidas; o, De 04 a 06 años de prisión y localización permanente de hasta 3 años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Según la declaración de hechos probados, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 580 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, la Tenencia Ilegal de Armas o Municiones Permitidas, con una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años; y, la Tenencia Ilegal de Armas o Municiones Prohibidas, con una pena abstracta de 04 a 06 años de prisión y prisión y localización permanente de hasta 2 años. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a ocho años de prisión, y localización permanente de 4 años. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable asimismo ya no está contemplada la pena de multa, en comparación con las contempladas en la ley vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 547-2016 (B) por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió a los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Condenó a los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, como autores del delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Condenó a los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, como autores del delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, más la multa de quince mil lempiras, a razón de cinco mil por cada una de las armas de fuego prohibidas; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se ordena el comiso. Interpuso recurso de casación la Abogada Obelina Ferrera Alvarenga, en su condición de Defensora Pública de los imputados. SON PARTES: Los abogados Arnaldo Alcides García y Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensor Público de los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes:

Primero: El día viernes veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), a las seis de la mañana, el Juez ejecutor ERLIN JOEL RUIZ NUÑEZ, nombrado por el Juzgado de Letras Penal de esta ciudad de San Pedro Sula, en compañía de miembros de la policía Nacional, ejecuto un allanamiento de morada en una casa de la colonia La Unión, calle 31 y casa número 30 descrita como vivienda construida de concreto pintada de verde, portones de metal color blanco donde se encontraban los señores JOSUE GABRIEL PADILLA JUAREZ, CESAR NOE ORELLANA CANALES y GARY HAINZ ORDOÑEZ MORFIS, donde también se encontró y decomisó una pistola marca HASKELL, modelo JS-45, calibre 45 auto, una pistola marca Walter, modelo PP, calibre 380 auto y en unos cuartos de construcción ubicados en la misma casa encontraron y decomisaron un fusil, marca colt, modelo AR-15 calibre 5.56m.m. Segundo: Estando las autoridades en uno de los cuartos en construcción de la referida vivienda, observaron por un agujeró en el techo a varios sujetos que corrían por los tejados con armas en la manos y que se introdujeron a la casa numero 47 ubicada en el pasaje La Juventud de la misma colonia La Unión, donde habitaba la señora Maria Noemí Henríquez Acevedo quien autorizó a La policía el ingreso y registro de su vivienda, encontrando en dicha casa a los señores ALEX WILFREDO SANTOS ORTIZ, JOSE ANTONIO REYES AMADOR, FERNANDO SERRATO MEJIA y RAUL EDGARDO MARTINEZ LOPEZ, decomisando una pistola marca CEZKA, modelo CZ75 BD, calibre 9mm, una pistola marca Colt, modelo GOVERMENT, calibre 9mm. En el área de lavandería, al interior de un barril de cartón comprimido un fusil modelo AK 47, calibre 7.62x39mm de funcionamiento automático y en la misma área por un fogón una submetralladora marca Port Said, MODELO M/45, calibre 9mm, de funcionamiento automático presentando todas las armas descritas buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y sin que las personas mencionadas contaran con las autorizaciones de la autoridad competente para la portación legal de las armas comerciales, en razón de lo cual fueron detenidos.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos: Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional La recurrente Abogada Orbelina Ferrera Alvarenga, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “I. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO Por violación del artículo 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre de 2013, relacionado a los decretos de prorroga número 63-2015 y 60-2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo enunciado se encuentra estableció en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El precepto constitucional citado como infringido textualmente dice: Artículo 221: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este articulo y ordenarse, en casos especiales otra forma de promulgación:” La Infracción por la cual se ha condenado a mis representandos se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mis representados fueron detenidos en almacenamiento de armas de comerciales y almacenamiento de armas prohibidas; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende; “Establecer a partir de la vigencia del presente decreto durante este termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia.- Decreto que ha sido prorrogado por los decretos 63-2014 y 60-2015 terminado su vigencia el treinta y uno de diciembre del dos mil quince. EXPLICACIÓN DEL VICIO De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia el Articulo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la normas contenidas en los artículos 332-A, y 332B del Código Penal, con fundamento en el principio de Legalidad recogido en el articulo 1 del Código Penal reza: que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a al perpetración de un delito. Por lo cual debió aplicarse la norma prescrita en el articulo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) estaba en plena vigencia al momento de la detención de mis representados para resolver su situación legal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 221 de nuestra Carta Magna, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido el autor Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal parte general en cuanto el carácter constitucional de las garantías nos ilustra “El principio de legalidad es el principal limite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejerció de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga mas allá de lo que le permite la ley”.- En este orden de ideas en el caso que nos ocupa mis representados ALEX WILFREDO SANTOS ORTIZ, JOSE ANTONIO REYS, JOSUE GABRIEL PADILLA JAUREZ, CESAR NOE CANALES, FERNANDO SERRATO MEJIA, GARY HAINZ ORDOÑEZ MORFIS Y RAUL EDGARDO MARTINEZ, son detenidos el veintidós de noviembre en la comisión de la conducta que se encuentra despenalizada temporalmente, por la entrada en vigencia el decreto 184-2013, siendo enjuiciados el veinticinco de septiembre del dos mil quince, dictándose sentencia condenatoria por dicha conducta en veintitrés de noviembre dos mil quince, estando en vigencia la segunda prorroga de dicho decreto el que fue publicado el ocho de septiembre del dos mil quince, bajo el decreto 60-2015, en virtud la despenalización de la conducta por la cual fueron injustamente condenados mis poderdantes estaba en plena vigencia. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para los señores ALEX WILFREDO SANTOS ORTIZ, JOSE ANTONIO REYS, JOSUE GABRIEL PADILLA JAUREZ, CESAR NOE CANALES, FERNANDO SERRATO MEJIA, GARY HAINZ ORDOÑEZ MORFIS Y RAUL EDGARDO MARTINEZ.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 221 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al artículo 221 de la Constitución de la República; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Se dicte fallo absolutorio. El censor específicamente señala que el artículo 2 del Decreto Legislativo, número 183-2014, deja en suspenso la aplicación de las normas contenidas en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, tomando como fundamento el principio de legalidad recogido en el artículo 1 del Código Penal, arguye que el decreto antes mencionado estaba en plena vigencia al momento de la detención de sus representados, por lo que el sentenciador ha irrespetado los derechos, garantías y formalidades establecidas por la Constitución, los pactos internacionales y la ley procesal penal, a favor de sus representados. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. Postura de la Sala de lo Constitucional, en relación a los decretos de Veda o Amnistía Es de mencionar que previo al 09 de agosto de 2017, la Sala de lo Constitucional había estado manteniendo posturas contradictorias de manera intermitente respecto al mismo punto; Así en un total de Cuatro Sentencias (de fecha 30 de septiembre de 2016 en Exp AP-1104-2014, de fecha 19 de octubre de 2016 en Exp AP-0222-2015, de 23 de octubre de 2016 en Exp acumulado AP-0241-2015, AP-351-2015, AP-0365-2015, AP-0370-2015, y de fecha 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1124-2014), señaló que el propósito de los Decretos Legislativos sobre veda es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala explicó que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…” Sin Embargo, en el sentido inverso la misma Sala de lo Constitucional, en las sentencias un total de Doce Sentencias (de fecha 11 de enero de 2016 en Exp 1025-2014, 20 de abril de 2016 en Exp AP-0398-2014, de 22 de noviembre de 2016 en Exp AP-0219-2015, de 22 de noviembre de 2016 en Exp AP-0860-2015, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1279-2014, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1308-2014, 06 sentencias todas de fecha 23 de junio de 2017 en los Exps 1059-2014, 252-2015, 415-2015, 0507-2015, 0874-2015 y 0159-2016, y de 28 de junio de 2017 en Exp 825-2016) asumió la postura contraria, señalando: “Considerando (8): La Sala de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos […]”.- Considerando (9): Igualmente la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la Ley en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro […].”.(lo resaltado es nuestro) (En Exp 0860-2015) Postura de la Sala de lo Penal en relación al decreto 184-2013. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de estudiar y definir los alcances del Decreto No. 184-2013 génesis de dos decretos más (No. 063-2014 y No. 060-2015) emitiendo dos sentencias con pronunciamientos uniformes al respecto: En Sentencia de 02 de noviembre de 2016 en el Exp 370-2014 se indicó: “Durante la vigencia del Decreto 184-2013, se establece un período de veda por el término de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de uso comercial la pueda legalizar, aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Todo ello para que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios. Por tanto, el decreto de veda aludido, no deroga la vigencia del delito de Portación ilegal de armas de tipo comerciales, tipificada en el Art. 332 B del Código Penal, sino que tácitamente lo declara en suspenso, solo para poseedores de buena fe, para que estos procedan a registrarla legalmente, en los casos en que el arma de fuego comercial no haya sido adquirida en La Armería, de la Fuerzas Armadas, sino por compra realizada en forma privada a otro particular. No tiene eficacia legal alguna dicho Decreto de Veda para los casos de posesión de armas comerciales de mala fe o de armas que tengan reporte de robo. Lo anterior, en virtud que el tenedor del arma de fuego con reporte de robo carece de un título legítimo de posesión, no solo de factura de la Armería, tampoco cuenta con el documento de traspaso de dominio respectivo, por lo que, a falta de todo ello, no podría registrar dicha arma bajo ninguna circunstancia.” En Sentencia de fecha 12 días de diciembre de 2016 en el Exp 521-2014: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma temporal pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por la disposición relacionada, disposición cuya finalidad es lograr en primer lugar el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado.”. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para este Tribunal de alzada el presente motivo de casación no es de recibo ya que, si bien la recurrente alega que en la fecha en que sus representados fueron detenidos se encontraba vigente el decreto número 184-2013 y que durante todo ese tiempo se encontraba despenalizada la conducta por la cual fueron condenados sus representados, es importante tener en consideración que dicha disposición tal y como ha quedado relacionado en la presente resolución, es para que todos aquellos ciudadanos que en su momento tuvieran en su poder un arma de fuego comercial, procedieran a realizar los trámites correspondientes para su registro o para entregar las armas de uso prohibido y en el caso en estudio quedó debidamente probado que los hoy imputados fueron encontrados al realizar la Policía un allanamiento almacenando armas de uso comercial y de uso prohibido, por lo que es evidente que su intención no era la de dar cumplimiento al decreto legislativo supra relacionado en la presente sentencia. Se hizo una relación de distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, advirtiendo que existían contradicciones en las mismas, en cuanto a que en unas resoluciones refiere a que las vedas tiene como finalidad que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que éstas no constituyen una despenalización de delitos, como tampoco tienen por finalidad permitir la impunidad; en otros fallos siempre la Sala Constitucional al referirse al decreto 184-2013, específicamente manifiesta que el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de veda o de gracia; pero no es menos cierto que la misma Sala manifiesta en relación a su segunda postura que claramente entiende que el espíritu de la ley en cuanto al decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere que es una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares. Asimismo, se hizo una relación de dos sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, en relación al decreto 184-2013, en el cual la postura que se mantiene es que la finalidad del legislador, es permitir que toda persona que en su momento tuviera en su poder un arma de fuego comercial, procediera de inmediato a su debida inscripción en el registro correspondiente y a entregar las de uso prohibido para su respectiva destrucción. por lo que, siguiendo ese orden de ideas en relación a los imputados en el presente proceso, no es posible la aplicación del decreto 184-2013, ya que está debidamente acreditado que su intención nunca fue la de dar cumplimiento al dispuesto en el mismo. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortiz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, Cesar Noe Canales, Fernando Serrato Mejia, Gary Hainz Ordoñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, las penas de tres años de reclusión, por el delito Almacenamiento de Armas de Fuego Comerciales y de ocho años de reclusión y multa de quince mil lempiras, por por el delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Prohibidas, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (artículo 580), cuya pena es: De 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas o municiones permitidas; o, De 04 a 06 años de prisión y localización permanente de hasta 3 años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Según la declaración de hechos probados, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 580 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, la Tenencia Ilegal de Armas o Municiones Permitidas, con una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años; y, la Tenencia Ilegal de Armas o Municiones Prohibidas, con una pena abstracta de 04 a 06 años de prisión y prisión y localización permanente de hasta 2 años. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a ocho años de prisión, y localización permanente de 4 años. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable asimismo ya no está contemplada la pena de multa, en comparación con las contempladas en la ley vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316, 321 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 90 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la Abogada Orbelina Ferrera Alvarenga, en su condición de defensora pública de los señores Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez; en consecuencia, reforma los pronunciamientos, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autores penalmente responsables del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en concurso ideal, en perjuicio del Orden Público, a cumplir la pena principal de prisión por ocho años, a la que deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; dicha pena de prisión deberá ejecutarse de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: También como pena principal, debemos condenar y condenamos a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, de generales conocidas en el acumulado judicial, a la localización permanente por un periodo de cuatro años. Tercero: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Alex Wilfredo Santos Ortíz, José Antonio Reyes, Josué Gabriel Padilla Juárez, César Noé Canales, Fernando Serrato Mejía, Gary Hainz Ordóñez Morfis y Raúl Edgardo Martínez, de generales conocidas en el acumulado judicial, a las penas accesorias de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la condena y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), así como a la prohibición de la tenencia, portación de armas y de la posibilidad de obtenerlas hasta que se hubiere extinguido completamente la pena de prisión; así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de acuerdo con la ley que regula el sistema penitenciario. 4) Se mantienen incólumes los pronunciamientos primero, cuarto y quinto de la sentencia impugnada. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-547-2016. (B)

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL