Sentencia CP-544-21 — Registro 18770
Resumen
El Tribunal de Sentencia en primera instancia condenó al imputado del delito de fraude en Telecomunicaciones, en perjuicio de La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), resolviendo la Sala de lo Penal ha lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación TOC \o "1-7" \h \z \u en el Caso Concreto En el presente caso la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha conocido y resuelto tres recursos de casación, habiendo prosperado el que respecta a una infracción de ley sustantiva.- Como consecuencia se impuso al acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, las penas: i.- Pena principal de reclusión por 04 años con 08 meses; ii.- Pena principal de multa por L 100,000.00; iii.- Pena accesoria de inhabilitación especial por el tiempo de la pena de reclusión; iv.- Pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena de reclusión; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Comiso de instrumentos del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Defraudación de Telecomunicaciones se encuentra previsto en el artículo 369, el que prevé sancionar a: “Quien, con ánimo de lucro, […] utiliza […] telecomunicaciones […] empleando medios clandestinos o no autorizados para ello, debe ser castigado con las penas siguientes: 1. Prisión de 6 meses a un 1 año y multa de 100 a 200 días si el valor de lo defraudado supera los L5,000 y no excede de L50,000.00; 2. Prisión de 1 año a 2 años y multa de 200 a 300 días si el valor de lo defraudado supera los L50,000.00 y no excede de .200,000.00; o, 3. Prisión de 2 a 3 años y multa de 300 a 400 días si el valor de lo defraudado supera los L200,000.00.”. Cuando el delito de Defraudación de Telecomunicaciones se realiza repetidamente, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, debe sancionarse al responsable con la pena señalada para la infracción más grave, poniéndole una pena abstracta que vaya desde la mitad superior hasta aumentada en un tercio (1/3). Los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal de Defraudaciones de telecomunicaciones, y en consideración al daño causado como consecuencia de éste, correspondería la imposición de una pena de 2 a 3 años y multa de 300 a 400 días; delito que, al haberse ejecutado de manera continuada, correspondería una pena abstracta de 02 años con 06 meses a 04 años de prisión y de 350 a 533.3333 días/multa, con un valor concreto entre L 7,000.00 a L 2,666,666.5; penas principales a las que deberá sumarse las penas accesorias de: i.- inhabilitación especial consistente en pérdida del derecho a ejercer la profesión de administrador de empresas y prohibición de ejercer actos de comercio relacionadas con la explotación de servicios directos o indirectos de telecomunicaciones, por el tiempo de la condena; ii.- suspensión del ejercicio de la ciudadanía por el tiempo de la condena. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Código Penal 144-83, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 130-2017, respecto a la sanción de la misma conducta tipificada como delito, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-544-2016, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez Rafael Bustillo Romero y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-544-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma, e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, como autor del delito de Fraude en Telecomunicaciones, en perjuicio de La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), a la pena de cuatro años con ocho meses de reclusión, más la multa de cien mil lempiras, la que deberá entregar a la Tesorería General de la República; Segundo: Condenó al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, a una multa por un valor de un millón seiscientos ochenta y dos mil cuarenta y dos lempiras con setenta y siete centavos, que equivale al valor de lo defraudado; Tercero: Condenó al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declara la responsabilidad civil del señor Marco Antonio Muñoz Rápalo; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Sexto: Se declara el comiso de un ODF marca CSI/SUTTL, un cable de fibra color amarillo, tres media converter, un servidor Asterick en un cajón marca Cybertech, una computadora color negro con su tarjeta madre y tarjeta de red PCI Express, dos bastidores color negro, un total de siete Switchs de diversas marcas y colores, dieciocho cables UTP de diversos colores, ocho antenas color negro, una computadora laptop, marca DELL, un equipo Hypermedia, con las tarjetas simcards de HONDUTEL, un ATA, rotulado Cable Color, dos cables RJ11 COLOR NEGRO, dos aparatos telefónicos color negro, una computadora color negro marca CyberTech clon, una computadora marca HP Pavilion Entertainment PC. Noventa y cuatro tarjetas INMSI sin Simcards, discos compactos, dos equipos Quintum nuevos en cajas, dos port pach panel Quintum nuevos, doce antenas inalámbricas tipo ranger, una computadora portátil HP Pavilion DV4, una computadora portátil marca DELL Inspiron, once equipos viteltek fixed wireless terminal, y un Reuter inalámbrico color negro marca D-link. Son partes en única instancia: El abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en su condición de defensor privado del señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, como parte recurrente, el abogado Netzer Edu Mejía Hernández, en su condición de acusador privado y en representación de La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), como parte recurrida y la abogada Miriam Emilda García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: Aproximadamente entre los meses de mayo y primeros días del mes de agosto del año dos mil doce, el señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, en nombre de una no registrada empresa identificada como FAZTRAC, ubicada en el Barrio Lempira, siete avenida ocho calle casa número 74B de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, instaló equipo de telecomunicaciones con la apariencia de un call center sin contar con permiso municipal y registro o autorización correspondiente de CONATEL, para ello contrató con la empresa TELESIS S. A. de C. V. el servicio y activación de 60 líneas telefónicas a través de Internet, de la numeración 25441143 al 22441202 que fueron activados el tres de julio del año dos mil doce, también contrató con el suboperador telefónico MULTIDATA S. A. de C. V. 60 números telefónicos del 25140020 al 25140079, activados el seis de julio del mismo año, con el suboperador Millicom Cable Honduras S. A. de C. V. contrató 60 números del 25081860 al 25081919 activados el once de julio del año dos mil doce, con cable color una cantidad de 60 números del SIP TRUNK 25400932 activados el seis de junio del año dos mil doce y además había contratado con la justificación de ser revendedor la cantidad de cien simcard de telefonía móvil de Hondutel, de los que quedó pendiente de entregar los contratos de venta de éstos debido a esta exigencia legal diferidos según los fuera vendiendo, sin embargo los uso para la prestación de servicios de la empresa FAZTRAC, haciendo ver como si los hubiera vendido a terceros. Segundo: La suboperadora TELESIS S. A. de C. V. identificó en algunos de los números asignados al señor Muñoz Rápalo, un comportamiento irregular, en vista de que la justificación de la contratación era que se usarían para un call center con horario de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde y el sábado de ocho a doce del mediodía, esto por percibir la atipicidad de la duración de las llamadas que pasaban de la media hora y hasta por más de una hora, y por las horas en que se daban las mismas pues había llamadas activas identificadas en sus controles de llamadas como locales o nacionales a todas horas incluso por la noche y los fines de semana. Esto motivó a que se denunciara tal irregularidad a Hondutel quien es la empresa operadora de servicios de telecomunicación con la que tiene contrato la suboperadora TELESIS S. A. de C. V. y a CONATEL como ente regulador de las actividades de telecomunicaciones de parte del Estado de Honduras. Por parte de la empresa TELESIS, se realizó una prueba de llamada de control de calidad para evidenciar información sobre lo que acontecía y llamaron a unas de los número destino de una de las llamadas atípicas y al verificar sobre el origen de la llamada se les informó que procedía del extranjero, aun cuando en sus controles de informes de llamadas se notaba como nacional o local; esta misma prueba se realizó en las instalaciones de TELESIS cuando fueron visitados por técnicos de Hondutel y CONATEL para la verificación de la denuncia y nuevamente fueron informados que una de las llamadas con características de atipicidad habida cuenta el supuesto giro de FAZTRAC, les informaron que el origen de la llamada era internacional aun cuando se constató que en los registros CDRs aparecía anotado con un número local de los asignados a Marco Antonio Muñoz Rápalo. Tercero: En fechas dos y tres de agosto, en vista del proceso investigativo interno de las entidades técnicas que actúan por parte del estado, se realizó pruebas usando tarjetas compradas y traídas de los Estados Unidos de América y se confirmó que varios números asignados al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo por las distintas suboperadoras con las que había contratado en nombre de la irregular empresa FAZTRAC, estaban siendo usados para encausar llamadas internacionales a un sistema de red de Internet que mediante accesos proporcionados por los proveedores de estos servicios a FAZTRAC, entregaba esas llamadas en la red telefónica pública conmutada de Honduras como llamadas nacionales, y convertía los números originantes por las numeraciones que había obtenido de los distintos suboperadores con los que había contratado y estaba interconectado, lo que motivó que estas llamadas no pasaran por las centrales internacionales de Hondutel, y por tanto no se cobró la tasa establecida para llamadas internacionales, causando en el tiempo de operación de la empresa y de este tráfico irregular, un perjuicio patrimonial a la empresa Hondutel y consecuentemente al Estado de Honduras que asciende a un millón seiscientos ochenta y dos mil cuarenta y dos lempiras con setenta y siete lempiras. Cuarto: En fecha diez de agosto del año dos mil doce, con ocasión de la denuncia, se intervino en el local donde funcionaba irregularmente la empresa FAZTRAC propiedad del señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, donde se encontró en funcionamiento el equipo técnico que servía para disfrazar las llamadas internacionales como nacionales sin pasar por las centrales de la empresa Hondutel, lo que se constató por los especialistas Vladimir Humberto Pineda ingeniero de Fiscalización que laboraba para Conatel Y Víctor Manuel Silva por parte de Hondutel; en ese sitio ese día se constató que el señor Muñoz Rápalo había contratado unas cuarenta personas para que realizaran labores propias de servicio de call center. Y tomando en cuenta las diligencias previas de constatación de la irregularidad del tráfico de llamadas que se había evidenciado se procedió a la incautación del equipo que en ese lugar se encontraba, donde además se encontraron cuarenta y nueve tarjetas de identidad de distintas personas y 94 tarjetas donde vienen los simcards de Hondutel sin los chips. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Motivo Único: Precepto Autorizante: Articulo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Primero: La sentencia reprochada es violatoria a todas luces del artículo 90 de nuestra Carta Magna que encierra el principio garantía del debido proceso y que textualmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por. Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. La sentencia hoy reprochada tiene por probado su hecho tercero en vista de las declaraciones vertidas en Juicio Oral por los testigos Vladimir Humberto Pineda y Víctor Manuel Silva Ramírez, así como también con el informe rendido por la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones departamento de fiscalización de CONATEL el cual fue ratificado en juicio por el primero de estos testigos, quienes manifestaron que en fecha 2 y 3 de Agosto del año 2012 llevaron a cabo desde las instalaciones de Hondutel de Tegucigalpa ciertas pruebas técnicas encaminadas a comprobar un posible enrutamiento de llamadas internacionales haciéndolas pasar corno llamadas nacionales, esto basado en una denuncia a nivel administrativo que CONATEL se encontraba investigando, explicando que para ello utilizaron unas tarjetas compradas y traídas desde los Estados Unidos de América, solicitando se asignaran dos líneas telefónicas fas para ser utilizadas en dichas pruebas y que del informe ratificado en juicio se deduce que estas eran la 22l3-056 y 2221-8121, sin dejar constancia, en primer lugar, del número de Pin de las tarjetas utilizadas en dichas pruebas, por otra parte, tampoco se presentó al juicio las cadenas de custodia de cada uno de los elementos utilizados en estas pruebas técnicas, asimismo, no se presentó a juicio las actas que documentaran la realización, de las mismas, ni prueba alguna que comprobara que estas tuvieron un control, en primera instancia, del Ministerio Publico como ente técnico y jurídico encargado de la investigación criminal en nuestro país y en segunda instancia, mucho menos de que dichas pruebas se hubiesen realizado bajo control jurisdiccional ya que las mismas constituyen a todas luces prueba pericial, sin embargo las personas que supuestamente realizaron las mismas (entre ellos los testigos anteriormente citados) no fueron nombrados como peritos en contravención de los artículos 239, 240 y 242 del Código Procesal Penal, pues los puntos en los que se basó su trabajo obviamente son puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales no jurídicos de naturaleza técnica sin embargo, las mismas se estaban llevando, como ya se dijo, en cumplimiento a las facultades administrativas de CONATEL como ente regulador en asunto de su materia (Telecomunicaciones), es decir, se puede colegir lógicamente que esa investigación iba encaminada a corroborar aspectos administrativos para sancionar administrativamente, por eso el testigo Vladimir Humberto Pineda Aguilar al momento de ser interrogado por esta defensa en la vista oral de la forma siguiente: “¿Había representantes del Ministerio Publico o DNIC?” Contestó: “No, porque es una diligencia administrativa entre CONATEL y los operadores.” Acto seguido este mismo testigo fue consultado de cuál era el procedimiento a seguir cuando existe una investigación criminal a lo que este manifestó: “Poner una denuncia ante el MP”, por otra parte fue interrogado de la manera siguiente: “¿Para el momento que se llevaron a cabo esas diligencias fue nombrado por alguna autoridad como perito?” contestando lo siguiente: “No, esa es una diligencia administrativa Conatel nos designa a nosotros y nosotros tenemos dos tipos de diligencias las ejecutivas y las inspectivas (a petición de parte y de juicio)” (Ver acta de juicio oral y público página 3). De lo anterior podemos concluir que esas diligencias llevadas a cabo no cuentan con elementos objetivamente confiables e imparciales, pues los mismos fueron llevados a cabo por la misma víctima y no formaron parte de una investigación criminal propiamente dicha, ni siquiera se realizaron dentro del marco de las Actuaciones de Ejecución Inmediata para la Constatación del Delito (Capitulo II Título VII del Código Procesal Penal), pues para esa fecha ni siquiera estaba interpuesta la denuncia del presente caso, lo que nos hace concluir que dichas pruebas al ser simplemente arrastradas al proceso penal (Mediante un simple informe de las mismas, pues ni siquiera el acta que las documentaba fue evacuada en la vista oral), y ser así valoradas por el honorable Tribunal de Sentencia en su fallo atenta contra el Principio Acusatorio y contra el Principio de Objetividad, pues partimos de acuerdo a los artículos 92 y 93 del Código Procesal Penal que es función exclusiva del Ministerio Publico por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal publica en representación de la sociedad, tarea que deberá realizar con absoluta objetividad y velar por la correcta aplicación de las leyes penales, de aquí que en el proceso penal se parte de la premisa que el Ministerio Público es parte de buena fe en el juicio y que es su obligación objetivizar todos y cada uno de los elementos propios de la investigación criminal y de la substanciación de la acusación a fin de que un Tribunal emita sus fallos de manera más apegada a la realidad de los hechos, por lo que la investigación criminal debe ser realizada bajo tutela técnica y jurídica del ente fiscal posterior al recibimiento. de una denuncia por la víctima o un tercero, en consecuencia, el hacer valer esas diligencias en un juicio criminal como el que nos atañe, como medios, de prueba para arribar a una conclusión judicial de la forma en que se hizo es violatorio del Debido Proceso a todas luces, lo correcto en todo caso hubiese sido, en primer término, después de interpuesta la denuncia criminal de mérito como primer paso del proceso penal, en apego de las reglas establecidas en el artículo 242 arriba mencionado nombrarse, con conocimiento de las partes, él o los peritos necesarios para llevarlas a cabo y así que sus resultados como tales (pruebas periciales) pudiesen ser sometidos al tamiz del contradictorio y con ello arribar a una conclusión mucho más exacta; contrario sensu a lo anteriormente mencionado, las supuestas pruebas técnicas llevadas a cabo en fechas 2 y 3 de agosto y que de las mismas únicamente pudimos leer su resumen en juicio en el informe presentado como prueba documental número 5 tanto del Ministerio Público como de la parte acusadora, se quisieron hacer valer con las simples declaraciones testificales en contravención flagrante de las formalidades legalmente establecidas en las normas procesales anteriormente citadas y que por la valoración hecha de esa prueba tal cual fue evacuada en juicio se arribó a una conclusión de condena en perjuicio de mi defendido violentándosele con ello el derecho a un Debido Proceso. Segundo: En ese mismo orden de cosas, la sentencia reprochada violenta también Articulo 100 de la Constitución de la República que a su letra dice: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.” En el caso de autos los testigos Vladimir Humberto Pineda Aguilar y Víctor Manuel Silva Ramírez adujeron en sus declaraciones haber tenido acceso de forma directa a los CDR’S que les fueron proporcionados por los Sub Operadores Telesis, Multidata S.A., Millicom Cable Hondufps S.A. Y Cable Color S.A. los que según su dicho fueron utilizados para ver, datos como ser: Llamadas salientes, duración de llamada, numero de destino (llamada entrante) de todas las líneas telefónicas que con estos Sub Operadores habla contratado el cliente final, es decir FAZTRAC (Marco Antonio Muñoz Rápalo); si bien es cierto, esos CDR’S no fueron propuestos ni evacuados en juicio oral y público, los mismos son mencionados en la prueba documental número 5 de las partes acusadoras (Informe de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones Departamento de Fiscalización Conatel) y de dicha información, según ese informe se deducen los minutos consumidos por dichas líneas telefónicas y el supuesto valor dejado de percibir por las autoridades estatales en la materia; esta información contenida en esos CDRS esta representación no desconoce que podría haber sido obtenida por las autoridades del ramo (Conatel Y Hondutel) de sus Sub Operadores pero única y exclusivamente para efectos administrativos de su materia, pero esa información para hacerla valer en un juicio criminal en contra de un acusado debió ser obtenida mediante las formalidades legales establecidas en la Constitución de la República y en las Leyes Especiales, es importante aclarar también, que las partes acusadoras insistieron en el proceso que en el presente caso no se llevó a cabo escuchas de llamadas, sin embargo, no solo las escuchas de llamadas en vivo constituyen parte del Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones enmarcado en el Artículo 100 Constitucional mencionado, pues en desarrollo de esa norma Constitucional el Honorable Congreso Nacional del República aprobó el decreto 43-2011 contentivo de la Ley Especial Sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas la que en su artículo 1 nos dice: “Esta Ley tiene por finalidad establecer el marco legal de regulación procedimental de la intervención de las comunicaciones, como mecanismo excepcional de investigación, a fin que constituya una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad tradicional y sobre todo contra la criminalidad organizada o no convencional, garantizando el derecho humano de las personas a la comunicación, sin más limitaciones que las dispuesta por la Constitución y las leyes.” En ese orden de cosas el artículo 40 de ese mismo cuerpo legal nos dice: “Intervención de las llamadas entrantes o salientes. Cuando se trate de intervención sobre información de llamadas entrantes y salientes de un número de teléfono identificado, o se trate de información que obra en un email o aparato celular o sim, O cualquier otra información u aparato de soporte, en el cual se encuentre almacenada, guardada o registrada información sobre comunicaciones, el Juez, ordenara que esta sea proporcionada en forma impresa y en aparatos de almacenamiento electrónicos. En el mandamiento judicial el juez dispondrá que la información y los aparatos de almacenamiento que sirvieron para proporcionar la información sean entregados a la UIC para la realización del análisis que se requiera.” Es de hacer notar Honorable Sala que el presente caso se trata de una acusación criminal en la que el Ministerio Publico pretende enervar el estado de inocencia de un ciudadano, lo cual únicamente lo puede hacer con prueba licita y no prohibida, en ese sentido, debemos entender que la justicia penal tiene cánones y reglas de obligatorio cumplimiento y que no se trata en estos estrados de una simple investigación administrativa para la cual Conatel Y Hondutel sí podían accesar a esa información (Registró de los CDR de llamadas entrantes y salientes), por lo que el haber valorado y tenido por licita la información de esos CDR’S (aunque sea resumida en el informe técnico) es darle valor a prueba espuria en contravención a los dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal que nos dice: “Carecerá de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos de los que Honduras forma parte; así como cuanto sea consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos....” Está debidamente acreditado en autos que FAZTRAC (Marco Antonio Muñoz Rápalo) era el cliente final o titular de las líneas telefónicas cuyos reportes dé llamadas entrantes y salientes fueron condensados en el informe supra mencionado sin haber obtenido previamente una autorización judicial para ello, quedando claramente establecido en el juicio por declaración que diera el testigo Víctor Manuel Silva Ramírez (Hondutel) a preguntas del juez del Tribunal de Sentencias Selvin López que FAZTRAC en el presente caso es el cliente final de las líneas telefónicas (Ver acta de juicio oral pagina 19 final e inicio de la 20) por lo que ese informe técnico se encontraba y se encuentra bajo la protección de la garantía procesal enmarcada en el artículo 100 Constitucional, tal como fue reclamado por esta defensa con la interposición del incidente de exclusión de medios de. prueba por su ilicitud específicamente del Informe Técnico de CONATEL ratificado por el testigo Vladimir Humberto Pineda Aguilar por haber sido este consecuencia necesaria de los actos ilícitos anteriormente mencionados y que el Tribunal de Sentencia mediante su fallo definitivo hoy reprochado declarase Sin Lugar, por lo que al haberse incurrido en la violación Constitucional en la Sentencia reprochada es hasta en este momento que se hace el presen reclamo pues la conclusión judicial a la que arribó el Tribunal de Sentencia Lo hizo basado en prueba ilícita como se ha venido manifestando en el presente motivo. Tercero: La sentencia reprochada violenta de nueva cuenta el artículo 90 de nuestra Constitución Política cuando en el numeral “segundo” de la valoración de la prueba otorga valor probatorio a fotocopias simples de unos supuestos impresos de correos electrónicos supuestamente cruzados entre una persona de nombre Diana Jackelyne Martínez Hernández con otra de nombre Marco Muñoz, asimismo, en la sentencia reprochada se le da valor probatorio a otra copia simple de una factura de servicios de trasporte del servicio de Courier Viana, por otra parte, otorga valor probatorio a copias simples de cincuenta y ocho contratos, cada uno con una copia simple de identificación nacional, estos medios probatorios son los enumerados como pruebas documentales número seis y siete de las partes acusadoras públicas y privadas, aduciendo la sentencia recurrida que con relación a esos medios probatorios (copias simples), el tribunal sentenciador parte de la credibilidad que le concede a la testigo Diana Jackelyne Martínez Hernández, sin embargo y sin involucramos en el tema de valoración probatoria de ese testigo es importante acotar los siguientes puntos: A. Al ser simples copias de unos correos electrónicos, aparte de no ser objetivamente confiables por ese extremo, no existe elemento técnico y objetivo que indique que alguna de las cuentas de correo realmente pertenezca al hoy imputado Marco Antonio Muñoz Rápalo y si así fuera (que no es el caso), como fueron obtenidos los mismos, obviamente en flagrante violación del artículo 100 constitucional que garantiza, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. B. Al ser simples copias las correspondientes a las facturas de los Courier Viana, y los cincuenta y ocho contratos aludidos en la sentencia, como es posible que estos elementos sean capaces de generar, en palabras del propio tribunal “indicios importantes” o “indicios de conexión”. Lo cierto es que la valoración armónica y en conjunto de la prueba que ordena el artículo 202 de la constitución de la república en contraposición a normas esenciales del procedimiento indican que este tipo de documentos jamás podrán dar fe en juicio pues no tiene el carácter de indubitados, por lo que su credibilidad y legalidad no han sido demostrados para ser valorados como tales, al hacerlo en su sentencia se violenta una vez más el artículo 90 de la constitución de la república. Preceptos Violentados La sentencia hoy recurrida viola el artículo 90, 100 de la Constitución de la República y los artículos 1, 40, 41 y 42 de la Ley Especial Sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas y artículo 200, 239, 240 y 242 del Código Procesal Penal.- Agravio El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida Que se declare la nulidad de la Sentencia y del Juicio, para que el mismo sea celebrado de nueva cuenta.- El presente reclamo se hace hasta en este escrito por haberse incurrido en el vicio procesal denunciado en la Sentencia definitiva hoy recurrida. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único.- Precepto Autorizante: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. Explicación Del Motivo Primero: La sentencia recurrida llega a su hecho probado Segundo usando como vehículo para dicho fin la declaración brindada en la vista oral y publica por los testigos Vladimir Humberto Pineda y Víctor Manuel Silva, además con la ratificación que el primero de estos llevara a cabo del informe técnico realizado por él para la unidad de Conatel (Prueba Documental número 5 del Ministerio Público y de la parte acusadora) en ese orden de cosas, esta representación debe acotar que el primer tema en discusión en este apartado resulta de que con la prueba evacuada en juicio no se logra derivar que en realidad en la empresa FAZTRAC, se podría percibir atipicidad en la duración de las llamadas por su alargada duración, así como tampoco de la prueba evacuada se logra derivar que esas llamadas se hicieron fuera de los horarios de trabajo, es decir, por la noche y los fines de semana, pues a pesar de que esta fue una aseveración hecha por los testigos de cargo mencionados y también se plasma este extremo en el informe aludido, esto lo hacen, supuestamente por información extraída de los CDR’S que el Sub-Operador Telesis brindó a los personeros de Conatel Y Hondutel (los testigos referidos), aclarando que los CDR’S son el soporte documental en el cual se individualiza el detalle de cada llamada telefónica, el número telefónico de donde se origina la misma, su duración y el número telefónico donde finaliza o se entrega esa llamada, en palabras menos técnicas, los CDR’S son el control que existe tanto de la empresa que brinda el servicio (TELESIS Sub-Operador de Hondutel) y el cliente final en este caso FAZTRAC, o sea que los supra-mencionados soportes equivalen a un reporte de llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas otorgadas por ese Sub-Operador. al cliente final (FAZTRAC), sin embargo, estos CDR’S no fueron llevados por los entes acusadores Públicos ni Privados a la vista del Juicio Oral y Público como prueba a fin de que se acreditara verdaderamente la atipicidad en la duración y en los horarios de esas llamadas, tan es así, que en el interrogatorio hecho: por esta defensa al testigo Vladimir Humberto Pineda Aguilar, en cuanto al paradero de los CDR’S ya que los mismos no fueron aportados como prueba al proceso se le cuestionó, y cito textualmente: “Esas llamadas de más de una hora en donde está el registro? En los CDR. ¿Dónde están los CDR? En un Cd en custodia de un expediente Administrativo que tiene CONATEL para tal efecto”.- Fin de la cita (Ver acta de Juicio Oral y Público pág. 14 declaración de Vladimir Humberto Pineda contrainterrogatorio de la defensa), para concluir con este punto, también es importante acotar que el informe que ratificó este testigo constituía la prueba documental número 5 del Ministerio Publico y de la parte acusadora y que va del folio 734 al 765 del expediente judicial donde se puede corroborar que en dicho informe no obran los CDR’S con los que se demuestre que la duración de las llamadas y sus horarios eran irregulares o atípicas. SEGUNDO: En ese mismo orden de cosas y siempre refiriéndonos al hecho probado Segundo de la sentencia reprochada, esta representación está segura que no existe evidencia probatoria evacuada en juicio oral y público de la cual se derive lógicamente la conclusión a la que ha arribado el Tribunal de Sentencia, en lo que se refiere a que el origen de alguna llamada de las supuestamente reportadas en los controles de TELESIS hechas por una línea telefónica asignada a FAZTRAC tuvo su génesis en un país extranjero y fue enmascarada desde la empresa de mi defendido como llamada nacional, sin el pago del canon legalmente establecido, corno se tiene por acreditado en el fallo hoy reprochado, pues para concluir de esa forma se usa como vehículo nuevamente las declaraciones brindadas por los testigos mencionados en el numeral anterior, así como la rendida por el testigo José Pio Chiang Cortes (Personero de Telesis), en ese orden de cosas, la declaración de estos testigos se resume en que al observar la atipicidad en la duración y horarios de las llamadas (extremo que no fue acreditado en juicio con los respectivos CDR’S como se manifestó anteriormente) el señor PIO CHIANG procedió a hacer una llamada de verificación al número al cual había terminado o finalizado la llamada y supuestamente le dijeron que esa llamada provenía del extranjero, asegurando este testigo que también CONATEL realizó una verificación similar a ésta desde TELESIS obteniendo supuestamente la misma respuesta (Que la llamada monitoreada había ingresado desde el extranjero) asegurando que de estas diligencias se levantó (acta con personal de Hondutel y del Ministerio Publico y él también la firmo, lo cierto es que no fue evacuada en la vista Oral y Publica ni una tan sola prueba de cargo consistente en dicha acta que documentara esa diligencia investigativa y que convertida en prueba documental en juicio pudiera servir de vehículo al Tribunal de Sentencia para dar por acreditado este extremo, por lo que al carecer de esa acta mencionada se desconoce si esa diligencia realmente se llevó acabo, quien participó en la misma (pues de haber participación de elementos del Ministerio Publico con mucha más razón debería haber sido propuesta para el juicio), a que número de teléfono se llamó para verificar la llamada, quien contestó y brindó esa información de la procedencia de la misma y de donde exactamente provenía. En cuanto a este extremo es importante traer a colación lo siguiente: Que el testigo Pio Chiang al ser interrogado por esta defensa en cuanto a los CDRS manejados por FAZTRAC a lo interno de su equipo, este contesto: “Deberían tenerlo para verificar sus registros” asimismo, al ser interrogado por esta representación sobre si se podía verificar que las llamadas internacionales se realizaban desde FAZTRAC este contestó y cito: “Sí por medio de la IP del equipo” refiriéndose obviamente al equipo de FAZTRAC (Ver acta de Juicio Oral pagina 21 interrogatorio de esta defensa al testigo) aunado a lo anterior y siendo que el artículo 202 del Código Procesal Penal manda: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Es importante resaltar que el testigo Vladimir Humberto Pineda (CONATEL) en su declaración dejó claramente establecido que en el equipo encontrado en FAZTRAC no se llevó a cabo ningún tipo de peritaje o trabajo técnico que sirviera para corroborar si en ese lugar se estaban enrutando llamadas internacionales, haciéndolas pasar como nacionales (ver acta de Juicio Oral página 14), también manifestó que no se habían obtenido los CDR’S internos del equipo encontrado en el allanamiento de fecha 10 de agosto del 2012 (Ver acta de Juicio oral pagina 14 renglones 2, 3 y 4) y si a esto sumamos el dicho del testigo Oscar Flores Ayestas quien en la vista oral y publica compareció como Gerente General de la empresa Telesis y quien a interrogatorio de esta representación manifestó en cuanto a la supuesta llamada de control de calidad realizada desde su empresa lo siguiente: “Solo tenemos manera de saber que esa llamada vino de FAZTRAC. pero no tenemos manera de establecer si vino de afuera” por otra parte, cuando se le preguntó si existía alguna forma para verificar eso (que la llamada hubiese venido del extranjero) este contesto: “De FAZTRAC sí, en su equipo tiene bitácora de lo mismo que tengo yo a mi extremo, esa bitácora que me dice que la llamada origino esta dirección y termino en este número, el equipó la planta telefónica tiene los dos brazos de la llamada, pero ese equipo si tiene que tener conocimiento de los dos, de dónde provino y a donde terminó” y al preguntarle que donde estaban esas bitácoras en que parte del equipo, este manifestó: “en los CDR” los cuales como se ha venido diciendo líneas arriba no fueron extraídos ni periciados en el presente caso; por otra parte, este testigo al ser interrogado sobre el consumo de FAZTRAC y su cobro, dejó claramente establecido que ese consumo Hondutel se lo cobró a TELESIS como tarifa nacional y no como internacional (ver acta de Juicio Oral pagina 27 y 28), luego en esa misma declaración y a preguntas del acusador privado acerca de que si Telesis podía tener acceso a los CDR de FAZTRAC contestó que “NO” para luego contestar a preguntas de los miembros del honorable Tribunal de Sentencia específicamente la Juez Paula Chávez quien le interrogó: “En el CDR de la compañía FAZTRAC quedaba el número de destino de la llamada, podría revisarse el CDR de FAZTRAC y ahí aparecería si la llamada era internacional?” a lo que este testigo contestó tajantemente: “ASÍ ES” (Ver acta de juicio oral y público página 30). Lo anterior obviamente no nos hace reprochar la valoración hecha por la Sala de Juicio sobre la prueba evacuada pues ese no es un asunto a tratar en un recurso como el presente, pero de lo que si se trata es de realizar un examen que nos sirva para verificar si en ese análisis de los miembros del Tribunal se han aplicado y respetado, las reglas de la sana crítica, así las cosas, decimos que la motivación es una operación lógica fundada en la certeza y los jueces deben observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente verdaderos o falsos; es decir, de acuerdo a Fernando de La Rúa en su obra La Casación Penal: La motivación debe ser derivada y respetar el principio de razón suficiente, por lo que el razonamiento debe estar constituido por inferencias racionales deducidas de las pruebas, y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, a la vez que de los principios de la psicología y de la experiencia común. La motivación debe ser concordante es decir a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, el elemento probatorio debe referirse a lo que se pretenda probar; para que esa concordancia pueda existir el razonamiento o la convicción deben derivar de elementos verdaderos y suficientes. En el caso de autos la evidencia probatoria legalmente propuesta y evacuada en la vista oral como ser la declaración de los testigos Vladimir Humberto Pineda Aguilar, Víctor Manuel Silva Ramírez y el informe ratificado por el primero de estos no son elementos suficientes de los cuales se deriven lógicamente las conclusiones a las que llego el Tribunal de Sentencia, es decir para tener como hechos probados: 1.- La larga duración o la atipicidad de las llamadas, cuando los records (CDR’S) de las mismas no fueron ofertados como prueba; 2.- Así como tampoco hay razón suficiente para tener por acreditado que en FAZTRAC había un equipo destinado a enmascarar llamadas internacionales haciéndolas pasar como nacionales, pues el elemento de convicción del cual se podría derivar esa conclusión hubiese sido la extracción de los CDRS del equipo decomisado en el allanamiento de fecha 10 de agosto del Año 2012 en FAZTRAC y su posterior valoración por expertos en la materia y así corroborar el tráfico ilegal de llamadas y por ende la comisión de la conducta delictiva de Fraude en Telecomunicaciones que tiene por acreditada la reprochada sentencia. Por lo anteriormente expuesto la sentencia hoy recurrida viola el Principio de Razón suficiente Ley de derivación de la Lógica regla de la sana critica, pues de la prueba evacuada en Juicio como ser declaraciones de los testigos Vladimir Humberto Pineda Aguilar, Víctor Manuel Silva Ramirez, José Pio Chang Cortes así como el informe ratificado en juicio por el primero de estos no se deriva lógicamente que el señor Muñoz Rápalo haya cometido el delito de Fraude en telecomunicaciones, por el contrario de esa prueba se deriva lógicamente que eran otros elementos de convicción no realizados ni evacuados en juicio los que sí pudieron servir al Tribunal para concluir de una forma positiva o negativa en el Sub Judice. Preceptos Violentados La sentencia hoy recurrida viola el artículo 202 del Código Procesal Penal que manda que las pruebas deban ser valoradas conjunta y armónicamente con arreglo a las reglas de la sana crítica. Agravio El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida Que se declare la nulidad de la Sentencia y del Juicio, para que el mismo sea celebrado de nueva cuenta.- El presente reclamo se hace hasta en este escrito por haberse incurrido en el vicio procesal denunciado en la Sentencia definitiva hoy recurrida. Recurso de Casación por Infracción de Ley Motivo Único.- Precepto Autorizante: Articulo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Único: La sentencia impugnada infringe por aplicación indebida el precepto penal establecido en el artículo 242-A de nuestro Código Penal Vigente que dice: “El fraude en materia de telecomunicaciones a que se refieren los numerales del 14) al 18) del Artículo que precede, será sancionado con cuatro (4) años ocho (8) meses a diez (10) años de reclusión y multa de Cien Mil Lempiras (L 100,000.00) a Un Millón de Lempiras (L 1,000,000.00). Asimismo las personas jurídicas que con su actividad irregular operen causando daños patrimoniales al Estado de Honduras y con ello a intereses de orden público de capital importancia, serán sancionadas con la clausura de las empresas, locales y establecimientos, disolución de sociedades, suspensión de actividades de la sociedad o de la empresa, prohibición de realizar en el futuro actividades mercantiles o negocios de la naturaleza en cuyo ejercicio se haya cometido el delito, intervención de la empresa, imposición de multas equivalente a los perjuicios causados al Estado.” En el último párrafo del apartado Quinto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia reprochada se aduce lo siguiente: “Dada la especialidad del delito, corresponde pronunciarse sobre los efectos de las penas o sanciones particulares para aquellos condenados por este especial tipo penal, así se determina por este tribunal. que en vista de acreditarse que el señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, ha actuado en su condición de comerciante individual, como se constituyó en el mes de julio del año dos mil doce, corresponde imponer la prohibición de realizar actividades mercantiles vinculadas al rubro de telecomunicaciones, por haberse cometido el delito precisamente con ocasión de su gestión, directa y personal en la representación de la empresa FAZTRAC... por lo que procede esta sanción, además de eso en aplicación de la parte final del artículo precitado (entiende esta representación que se refiere al artículo 242-A, citado líneas arriba en el mismo fallo), corresponde imponer una pena de multa a favor del estado de Honduras, equivalente al valor de lo defraudado, es decir que corresponde un multa equivalente a Un Millón Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Cuarenta Y Dos Lempiras Con Sesenta Y Siete Centavos, que deberá enterar al Tesoro Nacional en los términos que se precise por el juez de ejecución”. Es de imperiosa necesidad mencionar que la parte final del artículo 242-A citado textualmente líneas arriba impone sanciones distintas a la pena de reclusión y de multa de Cien Mil a un Millón de Lempiras, únicamente a las personas jurídicas que con su actividad irregular operen causando daños patrimoniales al Estado, tal como se puede advertir de la simple lectura de esa norma sustantiva, en el caso de autos, la persona imputada Marco Antonio Muñoz Rápalo, siempre ha tenido ese carácter en su condición de persona natural y ha respondido ante la justicia penal hondureña como tal, el hecho que esté constituido como Comerciante Individual eso no lo convierte en persona jurídica, y que en el caso de autos se mencione la empresa mercantil FAZTRAC, esto tampoco indica que se trate de persona jurídica, recuérdese, honorables magistrados, que la empresa mercantil la encontramos regulada en el Código de Comercio en su Libro III De Las Cosas Mercantiles. Título Ii, Capítulo I, articulo 644: “se entiende por empresa mercantil el conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios”; cosa distinta a esto constituye la persona jurídica de derecho privado que es a la que se refiere el artículo 242-A último párrafo de nuestro Código Penal, es importante traer a colación por ende el concepto de persona jurídica de derecho privado que nos brinda el autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual Tomo VI veintinueve edición página 256: “Persona Jurídica De Derecho Privado. La creada y regida en cuanto a sus existencia por normas de derecho privado” en nuestra legislación en cuanto a derecho privado se refiere, las distintas personas jurídicas las encontramos en El Título II del Código de Comercio, bajo las modalidades de Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima entre otras, aunado a esto el artículo 34-A del Código Penal vigente nos dice que: “Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil sin embargo recaerá sobre la persona jurídica.” Obviamente, honorables magistrados, al sancionar al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, en su condición personal (pues así ha sido acusado) con el párrafo final del artículo 242-A del Código Penal, esto constituye una aplicación indebida de este precepto sustantivo, pues claro resulta del análisis realizado en este motivo que ha sido llevado a juicio e injustamente condenado por actos supuestamente cometidos desde su ámbito eminentemente personal y no como representante legal de una persona jurídica, esto también redunda eh un doble castigo ilegal e injusto pues lo que el legislador prevé con esa sanción es no dejar impune el lucro mal obtenido por una sociedad mercantil en perjuicio del Estado de Honduras, Aparejado a castigar de la forma prevista en el párrafo primero de esa misma norma a su representante legal con la pena de reclusión más la multa de Cien Mil a Un Millón de Lempiras, esto también al tenor del también precitado artículo 34-A del mismo cuerpo legal. Precepto Aplicado Indebidamente Se ha aplicado indebidamente el artículo 242-A último párrafo del Código Penal vigente. Agravio El agravio que se le causa a mi defendido, es haber sido condenado penas y sanciones penales de manera ilegal. Aplicación Pretendida Que la Corte Suprema de Justicia controle en casación el fallo del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, en virtud de la aplicación indebida del artículo 242-A del Código Penal. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo;2. Aplicación Restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque constitucional, o sobre una doctrina legal constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente: Único Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Motivo: Debido Proceso; Concepto de la infracción: Principio de Objetividad; Principio Acusatorio; Principio de Secretividad de las Comunicaciones; Valoración de Fotocopias Pretensión: Se declare la nulidad de la sentencia y del juicio, para que sea celebrado nuevamente. El recurrente denuncia que, como consecuencia de lo resuelto en la sentencia, se ha violentado el derecho fundamental a un debido proceso judicial, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República. En su desarrollo el recurrente subdivide su planteamiento en tres argumentos específicos, todos ellos considerados como causales de la violación al derecho fundamental in comento, siendo éstos: 1.- Violación al Principio Acusatorio y en contra del Principio de Objetividad, como consecuencia de que el 2 y 3 de agosto de 2012, se llevó a cabo en las instalaciones de Hondutel, en la ciudad de Tegucigalpa, pruebas técnicas encaminadas a comprobar el enrutamiento de llamadas internacionales al sistema de llamadas locales, sin que en duchas pruebas hubiese control fiscal o jurisdiccional. Alega el recurrente que las pruebas y su resultado no fueron debidamente documentadas, que las personas que las realizaron no fueron peritos, y que por ello no es un medio de prueba que sea objetivamente confiable. 2.- Violación al artículo 100 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 1 de la Ley Especial sobre la intervención de las comunicaciones privadas.- Explica el recurrente que los testigos Vladimir Humberto Pineda Aguilar y Víctor Manuel Silva señalaron en sus declaraciones haber tenido acceso a los CDR´S, que fueron proporcionados por los sub operadores Telesis, Multidata, Millicom Cable y Cable Color, los que fueron utilizados para ver datos como llamadas salientes, duración de llamadas, número de destino de todas las líneas telefónicas que fueron subcontratadas por FAZTRAC, lo que constituye prueba ilícita al constituir una intervención telefónica no autorizada. Identifica el recurrente como prueba ilícita el informe técnico de Conatel ratificado por el testigo Vladimir Humberto Pineda Aguilar. 3.- Violación al Debido Proceso como consecuencia de haberse valorado fotocopias simples, consistentes en correos electrónicos impresos.- Señala el recurrente que son simples copias que no son objetivamente confiables, y además no se indicó como fueron obtenidos dichos correos por lo que existe vulneración al artículo 100 de la Constitución de la República respecto a la inviolabilidad de las comunicaciones.- Que además se valoró copias de facturas de Courier y 58 contratos que no son indicios importantes o de conexión, como lo dice el tribunal de sentencia. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad del juez; v.- a la independencia del juez; vi.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- a la igualdad de armas procesales; viii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- respeto al principio de presunción de inocencia; x.- a un debido proceso probatorio; xi.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xii.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xiii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xv.- a una justicia gratuita. En fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del único motivo.- El único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional no es de Recibo.- Reciente la Sala de lo Penal que el recurrente haya planteado un recurso carente de precisión, pues bajo un solo título denuncia la violación de distintos derechos fundamentales que debieron ser presentados en motivos independientes, con desarrollos propios. Primer Argumento: El recurrente señala que existe violación al principio acusatorio y al principio de objetividad, como consecuencia de actuaciones que fueron vinculadas al proceso penal como medios probatorios y que fueron valoradas positivamente por el tribunal, en las cuales no hubo intervención de los agentes fiscales del Ministerio Público.- Siendo que el principio acusatorio es una potestad que exclusivamente le confía el constituyente al Ministerio Público, la que debe ser realizada con absoluta objetividad, no entiende la Sala de lo Penal como se produjo falta de objetividad del Ministerio Público por actuaciones en las que no tuvo intervención. El punto de reclamo que se formula son las actuaciones de comprobación que dentro de las facultades administrativas realizaron funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como ente contralor del sistema de telecomunicaciones, y que fueron referidas por testigos y relacionadas en un informe técnico, pues para el recurrente dichas actuaciones debieron estar bajo el control fiscal y/o jurisdiccional.- Empero el alegato es claramente planteado con desconocimiento de lo que constituye prueba preconstituida, la que se origina previo al proceso penal por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; este tipo de prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención fiscal o jurisdiccional y es de manera ulterior, posterior a la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella sobre su legitimidad y veracidad. La Prueba preconstituida puede ser diversa y precisamente su presentación está condicionada a esa diversidad; así entonces puede ser presentada como prueba testifical, documental, examen de video, de audio, de imágenes, etc. Esta prueba puede originarse en tres momentos previos al proceso penal: a.- Antes del acto que constituye delito; Ejemplo: Certificaciones de Actas de Nacimiento, Testimonios de Escrituras Públicas donde se constituyan Sociedades, Contratos, etc.; b.- En el mismo momento en que se está cometiendo el delito; Ejemplo: Documento que es falseado, video, audio o fotografía que registre un acto constituvo de delito en vía pública, grabación de una conversación, mensaje de texto enviado constitutivo de delito, etc., o; c.- De manera posterior al hecho delictivo, ya sea producto de un acto de control rutinario, como ser una auditoria contable, pruebas de calidad, pruebas de seguridad, pruebas técnicas de funcionamiento; o como producto de actos de investigación, como lo serían la inspección y custodia del lugar donde se presume ocurrió un delito (art. 203 del CPP), custodia y recolección de indicios (art. 278 párrafo segundo del CPP), levantamiento de cadáver (art. 204 del CPP), autopsia (art. 205 del CPP), registros personales en zonas anatómicas que no comprometan el pudor (art. 206 del CPP), registro de sitios públicos (art. 209 CPP), registros autorizados por las personas que habitan un bien inmueble que constituya morada (art. 212), inspección de vehículos (art. 208 del CPP), secuestro de objetos y documentos (art. 217 del CPP) clausura de sitios o establecimientos (art. 224 del CPP), etc. Es importante tener claro que son características de la prueba preconstituida: a.- Se origina previo al proceso judicial; b.- No existe intervención de órgano jurisdiccional y en ocasiones tampoco del Ministerio Público; c.- Es de imposible reproducción en la audiencia de debate, por ello su presentación es mediante el registro que documentó (videos, audios, contratos, actas, certificaciones, informes, dictámenes, etc.); d.- Su control de validez se realiza en el proceso penal de manera posterior, después de que ha sido admitido como medio probatorio. Regresando al punto de discusión, el recurrente plantea que lo hecho por los personeros de CONATEL en fecha 2 y 3 de agosto de 2012, es prueba ilícita pues no fue ejecutada bajo control jurisdiccional o fiscal; empero dichas actuaciones consistentes en la realización de pruebas técnicas de sistemas de telecomunicación, monitoreo, supervisión y comprobación de datos, gestiones que por ley corresponden a CONATEL y que generaron información que posteriormente fue presentada por conducto de medios de prueba al proceso penal; es pues que se trata de actuaciones administrativas amparadas en los artículos 12, 14.3, 14.4 y 14.7 de la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones y que conceptualmente se enmarca dentro de lo que se ha explicado como prueba preconstituida. Por otro lado, en cuanto a que lo presentado no es confiable o imparcial, ello corresponde a una valoración propia del recurrente ajena a lo que respecta la supuesta violación al debido proceso judicial por introducción de prueba ilícita. Segundo Argumento: Señala la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que el otorgamiento de cada concesión, permiso o registro y el uso de frecuencias radioeléctricas conlleva la obligación de pagar al Estado los derechos, las tasas, cánones o tarifas, según sea el caso, y que determine CONATEL (Art. 30).- Así entonces, a la Empresa de Telecomunicaciones de Honduras (Hondutel) le corresponde pagar al estado una tarifa en concepto de uso de frecuencias radioeléctricas; por lo que a su vez los sub operadores y operadores finales que usen la red de Hondutel, deben pagarle a ésta los derechos, tasas, tarifas o cánones que correspondan.- Tratándose de uso del sistema de telefonía, los suboperadores y operadores finales que usen el sistema de Hondutel, deberán pagar una tarifa proporcional al trafico de llamadas; por ello los operadores finales llevan un registro de dicho trafico para efectos contables, que a su vez debe coincidir con aquel que registra los suboperadores y, a su vez con el operador, que en este caso era Hondutel; dicho registro de trafico se lleva con fines eminentemente contables, y no con el objeto de perfilar las llamadas entrantes, salientes, frecuencia y horario de conexión que los usuarios realicen mediante el uso de las líneas o conexión. Los registros a los que se documentan en lo que se conoce como CDR´S, donde se almacena los registro digitales del tráfico de llamadas. En el presente caso el recurrente denuncia violación al artículo 100 de la Constitución de la República, que reconoce un derecho fundamental distinto a aquel que el mismo recurrente identificó como base para su impugnación, lo que constituye un defecto de técnica recursiva que por si solo obliga a declarar sin lugar el recurso.- Pero, además, es de mencionarse que la violación alegada tampoco existe, pues como lo explicó el tribunal de sentencia (f. 927), el uso de los registros contenidos en los CDR´s, “… no se trató de la intervención de la comunicación de ninguna persona en particular, sino del uso de registros que por disposición legal, reglamentaria y de contratación de ese servicio, se lleva con fines de conciliar las cuenta de los pagos de los servicios vinculados”; por otra parte el argumento sería contradictorio, pues haciendo un examen solo desde la perspectiva lógica (no sobre el mérito de fondo) se indica que dichos registros son una intromisión a la privacidad de las comunicaciones de los usuarios, y si ello fuese así (que no lo es), sería el propio acusado quien realizó dicha intervención indebida, al ser él quien llevaba esos registros en su empresa, por lo que no podría ahora atenderse un reclamo de ilegalidad para favorecer a la misma persona que lo cometió, no es posible que una persona se beneficie de su propio acto ilícito. Tercer Argumento: Rige en el proceso penal el Principio de Libertad Probatoria, que señala que cualquier actividad, objeto o persona, puede ser el objeto/sujeto de un medio de prueba, siempre que sea lícito, determinándose en su valoración si es objetivamente confiable o no. (Art. Párrafo primero del artículo 199). El principio señalado, permite entonces la propuesta y la admisión de un universo de objetos/sujetos, como medios probatorios, siempre que a juicio del tribunal reúna las condiciones de pertinencia, utilidad y proporcionalidad (además del de licitud), lo que incluiría cualquier tipo de documento, sean estos públicos o privados, originales o copias, impresos o en soportes electrónicos, etc.- Así las cosas, tampoco es atendible el tercer argumento del recurrente respecto a que ha existido violación al debido proceso judicial como consecuencia de que se valoró fotocopias y copias de documentos, pues su admisión al proceso esta permitido precisamente por las normas procesales, siendo su valoración (en cuanto a si son fiables o no) atinente a la correcta aplicación de las reglas de la sana critica, que es un aspecto distinto al discutido por el recurrente en este motivo. Por lo expresado, es conforme a las normas constitucionales y procesales rechazar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando:a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c)Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurrente: Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivos: Carencia de motivaciones fácticas; Carencia de motivaciones jurídicas Motivaciones fácticas insuficientes; Motivaciones jurídicas insuficientes; Motivaciones fácticas contradictorias; Motivaciones jurídicas contradictorias; y Valoración de la prueba con inobservancia de las reglas de la sana critica. Concepto de la infracción: Violación al principio de razón suficiente, ley de derivación de la lógica; Normas Procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código procesal penal; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse dado el vicio en la sentencia definitiva; y Pretensión: Se declare la nulidad de la sentencia y del juicio, para que sea celebrado nuevamente. El recurrente indica en su libelo que con la prueba evacuada en juicio no se logra derivar que en realidad la empresa Faztrac se podría percibir atipicidad en la duración de las llamadas, así como tampoco con la prueba evacuada se logra derivar que esas llamadas se hicieran fuera de los horarios de trabajo, adicionando que no obran los CDR´s con los que se demuestre que la duración de las llamadas y sus horarios eran irregulares o atípicas (hechos que originaron la investigación administrativa de CONATEL). Discute el recurrente que no existe evidencia probatoria evacuada en juicio oral de la cual se derive lógicamente la conclusión a la que arribo el tribunal de sentencia en lo que se refiere a que el origen de alguna llamada de las supuestamente reportadas en los controles de Telesis hechas por una línea telefónica asignada a Faztrac tuvo su origen en un país extranjero y que fuese “enmascarada” para hacerla pasar como de origen nacional; que no fue evacuada en la vista oral ni una tan sola prueba de cargo consistente en un acta que documentara la diligencia investigativa sobre las pruebas técnicas realizadas por representantes de CONATEL y de TELESIS sobre el origen de las llamadas, y que convertida en prueba documental pudiese servir de vehículo al tribunal de sentencia para tener este hecho como acreditado. Alega el recurrente que no se llevó a cabo ningún tipo de peritaje o trabajo técnico que sirviera para corroborar si en el local de Faztrac se estaban enrutando llamadas internacionales haciéndolas pasar como nacionales. El recurrente opina que la evidencia probatoria legalmente propuesta y evacuada en el juicio, como ser la declaración de los señores Vladimir Humberto Pineda Aguilar y Víctor Manuel Silva Ramirez, así como el informe ratificado por el primero, no son elementos suficientes de los cuales se pueda derivar lógicamente las conclusiones a las que llegó el tribunal de sentencia sobre la naturaleza atípica de las llamadas y el enrutamiento de llamadas de origen internacional para hacerlas aparentar como de origen nacional. Concluye el recurrente que lo señalado fundamenta el señalar que la sentencia emitida viola el principio de razón suficiente, ley de derivación, de la lógica, como regla de la sana crítica, insistiendo que de la prueba no se puede derivar lógicamente que el acusado haya cometido el delito por el cual fue condenado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp. 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia:Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las Reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. i. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características:1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Motivo Único.- El Motivo Único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma no es de Recibo. Debe tenerse presente que toda sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión. Las Premisas son hechos tenidos por ciertos a razón de valoración hecha al amparo de las reglas de la sana critica. Por ende, el recurrente al alegar la violación de las Reglas de la Sana Crítica asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de no solo identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, sino de demostrar su incompatibilidad con las reglas de la sana crítica, al realizar la debida confrontación, y aún más explicando después por qué ese malogrado razonamiento judicial es relevante para la decisión final. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte de un proceso básico, a saber: Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba. Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; Identificación de los razonamientos judiciales: El razonamiento es un proceso mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba; Determinación de que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; Identificación de las reglas de la sana crítica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; Confrontación de los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; y Determinación del porqué el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevó a la decisión adoptada. Desafortunadamente el recurrente se sirve del motivo en estudio como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como un medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. En el caso de marras el recurrente se ocupa de la prueba y no del razonamiento judicial; valora las declaraciones de los señores Vladimir Humberto Pineda Aguilar, del señor Víctor Manuel Silva Ramirez y el informe técnico que fue ratificado por el primero, señalando lo que a su criterio fueron las deficiencias acreditativas, para luego reprochar al tribunal de sentencia el haber dado una valoración distinta a la que expone el recurrente, pues en su opinión no era posible derivar elementos que el a-quo dio por probados; así entonces el reproche parte como base de la valoración personal y subjetiva que tiene el recurrente sobre la prueba, la que compara con la hecha por el tribunal y recrimina por no ser idéntica; no es la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con las reglas de la sana crítica lo planteado, sino la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con la valoración personal del recurrente. Lo alegado por el recurrente hace insistir a la Sala de lo Penal que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe desestimar el motivo del recurrente, el que además tiene un planteamiento erróneo al anunciar la interposición de siete motivos distintos, en lugar de citar solamente aquel que se relaciona con los argumentos recursivos. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente.- Motivo Único Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 242-A del Código Penal 144-83; Concepto de la Infracción: La Pena de multa contemplada en el delito de Fraude Telefónico solo corresponde imponerse a las personas jurídicas y no a las naturales; Pretensión: Que la Sala de lo Penal “controle” en casación el fallo del tribunal de sentencia. Para el recurrente la sentencia infringe, por aplicación indebida, el artículo 242-A del Código Penal 144.83, ello porque en su parte final impone sanciones distintas a la pena de reclusión y de multa únicamente a las personas jurídicas que con su actividad irregular operen causando daños patrimoniales al Estado, siendo la persona acusada y condenada el señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, el que es una persona natural, y que el hecho de estar constituido como comerciante individual, no lo convierte en una persona jurídica. Por tanto, sancionar al acusado con la pena de multa constituye una aplicación indebida de la norma sustantiva. De la procedencia del Motivo Único.- el motivo único del recurso de casación por infracción de ley no es de recibo. La norma penal vigente en el año 2012, definía como delito de fraude a las comunicaciones, entre otros, la reoriginación de llamada internacional (callback) y el ingreso de tráfico internacional de forma ilegal evitando pagar las debidas tasas de terminación entre operadores internacionales (bypass) (Art. 242.14 VCP 144-83); conducta que debía ser sancionada imponiéndole las siguientes penas principales: (Art. 242-A VCP 144-83): A las personas naturales responsables como autoras: i.- Reclusión de 04 a 08 años; y ii.- Multa de L 100,000.00 a L 1,000,000.00; A las personas jurídicas y en consideración del daño patrimonial causado: i.- Clausura de la empresa, locales y establecimientos; ii.- Disolución de la sociedad, suspensión de las actividades de la sociedad o de la empresa; iii.- Prohibición de realizar en el futuro actividades mercantiles o negocios de la naturaleza de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido el delito; iv.- Intervención de la empresa; v.- Imposición de multas equivalentes a los perjuicios causados al Estado. Consta en la sentencia, impugnada vía casación, que los juzgadores identificaron al delito de Fraude Telefónico, tipificado en los artículos 242 numeral 14 y 242-A del VCP 144-83, como aquel que se subsume en los hechos declarados probados; además llegaron a la convicción de que el acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, era el autor directo de dicho delito, de conformidad a lo señalado en el artículo 32 VCP 144-83; como consecuencia los juzgadores concluyeron que correspondía imponerle al acusado las penas previstas para el autor de un delito consumado de Fraude Telefónico, consistentes en pena de reclusión y pena de multa, la cual individualizaron conforme el articulo 69 VCP 144-83 y fijaron en la parte dispositiva: 1.- Reclusión por 4 años con 08 meses y; 2.- Multa por L 100,000.00. Adicionalmente, los juzgadores impusieron al acusado una multa equivalente al daño causado al Estado como consecuencia de la ejecución del delito, la cual se fijó en L1,682,042.77, y además la prohibición de realizar actividades comerciales o mercantiles vinculadas con el rubro de las telecomunicaciones, ello con base en el último párrafo del artículo 242-A VCP 144-83, lo que es contra legem, pues la multa proporcional y la prohibición de actos mercantiles relacionado con las telecomunicaciones que prevé la norma sustantiva in comento, estaba contemplada para ser impuestas a las personas jurídicas que resultasen responsables del delito de Fraude Telefónico y no a las personas naturales, las que debían ser sancionadas únicamente con las penas principales de reclusión y con multa con cuantía abstracta fija. El recurrente, al denunciar que se ha hecho una aplicación indebida del otrora vigente 242-A VCP 144-83, le asiste la razón, en el entendido de que el vicio se genera por la aplicación indebida del último párrafo de la norma en lo relacionado a la pena de multa equivalente y prohibición de realizar actos de comercio relacionado con las telecomunicaciones, y no así en lo que respecta a la definición del numeral 14 del artículo 242 como el delito cometido (fraude telefónico) y la imposición de las penas de reclusión y multa abstracta fija que prevén el artículo 242-A en su primera parte. Decisión: 1. Desestimar el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma; 2. Atender el recurso de casación por infracción de ley en su motivo único, debiendo reformarse la sentencia impugnada, revocándose el numeral segundo y la última parte del numeral tercero de la parte resolutiva en lo que respecta a la imposición al acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, de la pena principal de multa equivalente y de la pena accesoria de prohibición de actos mercantiles relacionados con las telecomunicaciones. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le benefician más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas:Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por el Recurrente, tampoco por el Ministerio Público ni por el acusador privado, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación TOC \o "1-7" \h \z \u en el Caso Concreto En el presente caso la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha conocido y resuelto tres recursos de casación, habiendo prosperado el que respecta a una infracción de ley sustantiva.- Como consecuencia se impuso al acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, las penas: i.- Pena principal de reclusión por 04 años con 08 meses; ii.- Pena principal de multa por L 100,000.00; iii.- Pena accesoria de inhabilitación especial por el tiempo de la pena de reclusión; iv.- Pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena de reclusión; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Comiso de instrumentos del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Defraudación de Telecomunicaciones se encuentra previsto en el artículo 369, el que prevé sancionar a: “Quien, con ánimo de lucro, […] utiliza […] telecomunicaciones […] empleando medios clandestinos o no autorizados para ello, debe ser castigado con las penas siguientes: 1. Prisión de 6 meses a un 1 año y multa de 100 a 200 días si el valor de lo defraudado supera los L5,000 y no excede de L50,000.00; 2. Prisión de 1 año a 2 años y multa de 200 a 300 días si el valor de lo defraudado supera los L50,000.00 y no excede de .200,000.00; o, 3. Prisión de 2 a 3 años y multa de 300 a 400 días si el valor de lo defraudado supera los L200,000.00.”. Cuando el delito de Defraudación de Telecomunicaciones se realiza repetidamente, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, debe sancionarse al responsable con la pena señalada para la infracción más grave, poniéndole una pena abstracta que vaya desde la mitad superior hasta aumentada en un tercio (1/3). Los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal de Defraudaciones de telecomunicaciones, y en consideración al daño causado como consecuencia de éste, correspondería la imposición de una pena de 2 a 3 años y multa de 300 a 400 días; delito que, al haberse ejecutado de manera continuada, correspondería una pena abstracta de 02 años con 06 meses a 04 años de prisión y de 350 a 533.3333 días/multa, con un valor concreto entre L 7,000.00 a L 2,666,666.5; penas principales a las que deberá sumarse las penas accesorias de: i.- inhabilitación especial consistente en pérdida del derecho a ejercer la profesión de administrador de empresas y prohibición de ejercer actos de comercio relacionadas con la explotación de servicios directos o indirectos de telecomunicaciones, por el tiempo de la condena; ii.- suspensión del ejercicio de la ciudadanía por el tiempo de la condena. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Código Penal 144-83, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 130-2017, respecto a la sanción de la misma conducta tipificada como delito, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Respecto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal los jueces de sentencias hacen relación en su sentencia que en la audiencia de individualización de la pena concreta el Ministerio Público no señaló la existencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, ni tampoco presentó prueba; de igual forma el acusador privado. Entretanto la defensa del acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, también señaló la no concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, ni tampoco presentó medios de prueba. – En cuanto a la pena concreta el Ministerio Público y el acusador privado solicitaron una pena superior a la pena mínima (08 años de reclusión y L 500,000.00 de multa), entretanto la defensa interesó la imposición de la pena mínima (04 años de reclusión y multa de L 100,000.00); concluyendo el tribunal que la pena debía oscilar entre la media y la mínima debido a la ausencia de peligrosidad del acusado, el no tener en ese momentos antecedentes penales y al no haberse acreditado circunstancias agravantes, resolviendo imponer la pena mínima. En cuanto a las circunstancias personales del condenado, la Sala de lo Penal hizo revisión de la foliada judicial determinándose que el acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, con número de identidad 0501-1961-03375, es una persona hondureña, mayor de edad, casado, de 51 años de edad al momento de los hechos, padre de tres hijos, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, licenciado en administración de empresas y comerciante individual.- Estos antecedentes personales que constan en el proceso y partiendo lo alegado por las partes y determinado por el tribunal de sentencia en la audiencia de individualización de la pena: la ausencia de prueba de personalidad, la declaratoria de ausencia de peligrosidad y de antecedentes penales, y la ausencia de circunstancias agravantes, la Sala de lo Penal determina que corresponde imponer al acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, la pena mínima señalada en el NCP 130-2017, al delito cometido: i.- Prisión de 02 años con 06 meses; ii.- Multa de 350 días/multa, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. En cuanto a la pena de multa su individualización deberá de ser conforme lo manda el artículo 53 del NCP. - En el caso particular el acusado es un profesional universitario, declarado comerciante individual y titular de una empresa que dio servicios de telecomunicaciones, que para su instalación y funcionamiento requirió disponibilidad de activos, por lo que corresponde fijar el valor de cada día multa en L 300.00, por lo que la pena concreta será de: L 105,000.00. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 222 del Código Penal 144-83; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, apoderado defensor privado del acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo.- Segundo: Declara Con Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en contra de la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- En consecuencia se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva, respecto a la imposición de la multa equivalente al daño económico producido y se revoca parcialmente el numeral tercero respecto a la pena accesoria de prohibición de realizar actividades comerciales y mercantiles vinculadas con el rubro de las telecomunicaciones.- Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Marco Antonio Muñoz Rápalo, por lo que se procede reformar los numerales primero y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, como autor directo del delito de Defraudación de Telecomunicaciones, ejecutado de manera continuada, a las penas principales de prisión por 02 años con 06 meses y multa de 350 días, con un valor de L 300.00 por cada día, ascendiendo la multa concreta a L 105,000.00.- ii.- La pena de prisión deberá estar sujeta a las siguientes reglas de cumplimiento: a.- A la pena se deberá restar el tiempo en que el acusado haya estado privado de la libertad de manera preventiva con ocasión del presente proceso penal; b.- La pena de prisión deberá cumplirse en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, sin perjuicio de que el Instituto Penitenciario resuelva que ello no es posible tomando en consideración aspectos de capacidad del establecimiento, por razones de seguridad o por conveniencia del programa de rehabilitación; c.- La pena de prisión sujeta al reo a realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de su internamiento en los términos de la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y de la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad.- iii.- La pena de multa deberá ser honrada por el reo a favor del Estado de Honduras, mediante pago en la Tesorería General de la República o institución del sistema financiero designada, a más tardar 30 días después de que esta sentencia haya adquirido el carácter de firme, ello sin perjuicio de que el Juzgado de Ejecución considere procedente diferir el pago a un nuevo plazo o en cuotas, en consideración de la situación económica personal de los condenados.- iv.- Que debemos condenar y condenamos al señor Marco Antonio Muñoz Rápalo, a las penas accesorias de: inhabilitación especial consistente en pérdida del derecho a ejercer la profesión de administrador de empresas y prohibición de ejercer actos de comercio relacionadas con la explotación de servicios directos o indirectos de telecomunicaciones, por el tiempo de la condena, y la pena accesoria de suspensión del ejercicio de la ciudadanía por el tiempo de la condena, conforme dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República.- v.- El proceso de ejecución de esta sentencia deberá hacerse conforme a esta nueva codificación penal, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de suspensión de la ejecución de la pena, reemplazo de pena o libertad condicional, causas de extinción de la pena o de redención de las pena y plazos de prescripción de la pena.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia impugnada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora; José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado; Rafael Bustillo Romero Magistrado - Firma y Sello. – Lety Posadas. Secretaria Actuante.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-544-2016.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL