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Sentencia CP-543-16 — Registro 13282

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Se ha explicado por la Sala de lo Penal, que la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación (artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal): recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. Cada uno de estos recursos deben interponerse de forma separada, indicando el tipo de motivo, el cual debe ser de aquellos que contiene el recurso, el concepto de la infracción, y, el vicio concreto y material que genera el motivo. En el caso presente, la defensa privada del señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, ha planteado dos motivos de casación (Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma) los cuales son de naturaleza distinta, de forma conjunta e indivisible, lo cual acarrea obscuridad e imprecisión en su planteamiento debido a la dificultad que conlleva para la Sala de lo Penal, distinguir cuáles de los argumentos recursivos obedecen a uno u otro recurso. Sumado a ello, tampoco identifica los motivos que contienen los vicios concretos y materiales que acarrea la resolución impugnada, lo que torna aún más confuso e impreciso su escrito impugnativo. Expone la censora, en relación al recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, que ha su representado se le han violentado garantías constitucionales, pues cuando fue puesto a la orden del Ministerio Público, no se le había hecho la correspondiente acta de aprehensión, argumento que no pueden ser de recibo, pues esta Sala no logra evidenciar cual es el derecho o garantía fundamental violentado al imputado al momento de llevarse a cabo su aprehensión, pues la impetrante solo señala errores meramente materiales que no denotan una violación grave a los derechos fundamentales del acusado, asimismo denuncia alegatos abstractos de instancia, como ser que en el proceso no se pudo acreditar que su representado haya tenido el pleno conocimiento de que el documento que utilizaba tenía origen de falsedad, por lo que su conducta no se puede enmarcar en el delito de Uso de Documentos Públicos Falsos y que por ello se ha infringido el artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el estado material de inocencia. Asimismo, en lo que respecta al recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la impetrante solo señala como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 de nuestro Código Procesal Penal, pero esta Sala de lo Penal ha explicado que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituye un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el tribunal de sentencia, es decir no se trata de hacer como se dijo anteriormente alegatos de mera instancia. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad y precisión, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, el recurso no es de recibo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, la pena de tres años de reclusión, por el delito Uso de Documentos Públicos Falsos, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Uso de Documento Falso (artículo 459), cuya pena es la señalada para la Falsificación (artículo 456) reducida en 1/3, es decir le corresponde la pena de 4 a 8 años de prisión, por tratarse de documento público, con la rebaja antes descrita, quedando una pena abstracta de 2 años 8 meses a 4 años de prisión A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, conforme el CP-144-83 al ser de 03 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 2 años 8 meses a 4 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-543-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, del delito de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: Condenó al señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, del delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de La Fe Pública, a la pena de tres años de reclusión, como pena principal, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: Se ordena el comiso del permiso provisional para circular sin placas número 590618. Son Partes: La Abogada Helen Roxana Espinoza Pérez, en su condición de defensora privada del señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día seis de diciembre de dos mil once, la Policía Nacional Preventiva, realizaba un operativo en el barrio Barandilla de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, cuando requirieron un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo Civic, color gris, año 2002; sin placas conducido por el señor FRANKLIN MOISES GUTIERREZ GUERRA, vehículo propiedad de CREDI BROKER S. de R. L. y que el señor GUTIERREZ GUERRA, había adquirido, en compra venta, sin recibir del vendedor la documentación de propiedad del automotor; a sabiendas que el vehículo había sido dado en garantía por deuda a favor de CREDI BROKER, el cual por incumplimiento de pago se encontraba bloqueado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Por lo que FRANKLIN MOISES GUTIERREZ GUERRA, presentó a la Policía únicamente un permiso provisional para circular sin placas extendido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, cuya firma del Director de la referida institución era falsa, hecho conocido por el señor GUTIERREZ GUERRA.” III. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente abogada Helen Roxana Espinoza Pérez, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION 1.- POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL: RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: En todos los casos que con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentar la infracción de concepto Constitucional. 2.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Preceptos enmarcados en nuestro CODIGO PROCESAL PENAL ARTICULO 362 Numeral 3: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1... 2... 3.- Que carezca de motivación fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, o si en la valoración de las pruebas no se observaren las reglas de la sana critica. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El presente motivo de casación surge al haber sido condenado mí representado por presunción encontrándose comprendidos en los PRECEPTOS AUTORIZANTES: Precepto enmarcado en nuestra CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Artículo 84 “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato por escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley.- No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se imputan, y además la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección”.- Haciendo un estudio minucioso de la causa de mérito se puede establecer que corre a folio cuatro (4) un acta de lectura de derecho a las 13:00 horas del día seis de diciembre del año dos mil once, y el acta de aprehensión policial que corre a folio cinco (5) la cual no tiene hora, pero las dos son en base a la interposición de la denuncia 18237-11, la que corre agregada a folio cincuenta y seis (56) la que fue interpuesta a las 4:26 P. M. horas del día seis de diciembre del año dos mil once, por lo que en el folio cincuenta y siete (57) corre el requerimiento de diligencias de investigación, el que fue adjuntado al informe donde se ponía a las órdenes del Ministerio Publico a mi representado a las dieciséis treinta horas, sin tan siquiera haberle hecho el acta de aprehensión a mi patrocinado, ya que en la denuncia no se establecen a qué horas ocurrieron los hechos, solo señala que en horas de la mañana, por lo que no hay un orden cronológico de las diligencias efectuadas, por lo que esto es violatorio de los preceptos y garantías constitucionales, ARTICULO 89.- “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- El Diccionario de la Real Academia define, como: “Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Esta acepción atribuye al indicio un carácter eminentemente objetivo (no subjetivo o valorativo) en tanto fenómeno del que se extrae una averiguación desconocida. El indicio es, por consiguiente, un elemento de hecho que autoriza una deducción y una afirmación acerca de un hecho oculto no percibido. Es el elemento inicial del que parte la presunción. El nexo causal o lógico que liga el hecho mediato y el inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional, no de una simple suposición, de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca meras sospechas o simples conjeturas, tal como es el caso de mérito, ya que ningún elemento acredita que mi representado haya tenido el pleno conocimiento que el documento que utilizaba tenía origen de falsedad, ya que al momento que declara el señor JUAN CARLOS VASQUEZ, que corre a folio 229 y que el Tribunal le da credibilidad a dicha declaración, en ningún momento manifiesta que mi representado haya ocultado maliciosamente el documento que portaba para poder circular sin las placas respectivas, siendo que la prueba allegada a estrado judicial como ser el documento Dictamen de Documentologia 5166-2012, el documento que portaba mi representado es original siendo lo falso la firma y el sello, situación está que mi representado no tiene a su alcance por no ser un perito experto para tener el conocimiento de que la firma y el sello eran falsos, tal como lo manifiesta en su declaración “que mando a realizar el trámite con un tramitador a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D. E. I) y el hecho que él tuviere conocimiento de la existencia de una hipoteca sobre el vehículo objeto de la presente pretensión, no es suficiente para tener la convicción el tribunal que mi representado tenía pleno conocimiento de la falsedad del documento utilizado, ya que la empresa CREDIBROKER, S DE R. L, debió realizar la acción civil de resolución de contrato y secuestro de vehículo, no ejercer una acción penal, en virtud de existir un documento que debe de ser resuelto por la vía civil, en cuanto al bloqueo de propietario no definido, que se encuentra en el expediente de mérito el mismo no se realiza por la existencia de la comisión de un delito, sino, por el propietario que se encuentra debidamente inscrito en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D. E. I) y este no sea el poseedor del vehículo para que el poseedor se vea obligado a traspasar el vehículo a su favor, porque no se encuentra acreditado que un Juzgado o Tribunal o autoridad competente haya realizado dicho bloqueo por la existencia del delito o acción civil ejecutada en contra del poseedor (deudor).- Siendo que el mencionado bloqueo se reflejó hasta el momento en que se realizaron las investigaciones ya que mi representado manifiesta que no tenía conocimiento del mismo, ya que no se avoco personalmente a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sino, que lo realizo el tramite a través de un tercero (tramitador).- De igual forma nunca se acredito en juicio la existencia de la denuncia del extravió de la caja de boletas de circular sin placa que extraviara el Departamento de Vehículos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E. 1) de la que se hace mención el encargado de dicho departamento, por lo que le da el beneficio de la duda razonable a mi representado, que se le haya realizado el trámite en dicha dependencia gubernamental. ARTICULO 289 del CÓDIGO PENAL: “Quien a SABIENDAS, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuese autor de la falsedad”, siendo que no se ha acreditado en la causa de mérito que mi representado haya tenido el pleno conocimiento de que el documento que utilizaba tenía origen de falsedad ya que actuó en todo momento de buena fe, siendo esto que la buena fe se presume y la mala fe se acredita, además en ese momento en que mi representado circulaba en el vehículo con dicho permiso, fue en el tiempo donde era permitido circular con una boleta de permiso de circulación sin placas, ya que no habían emisión de placas, por el ente encargado, por lo que era normal realizar dicho trámite. Cabe mencionar que en juicio nunca fue probado que al vehículo que conducía mi patrocinado se le haya emitido las placas correspondientes.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa del Imputado. Único Motivo. * Norma Autorizante: 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 84 y 89 de la Constitución de la República; *Concepto de la infracción: Carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, motivaciones insuficientes o contradictorias, inobservancia de las reglas de la sana critica; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora; *Pretensión: Sin determinar por la pretensora. La censora del fallo inicia la exposición de su recurso arguyendo, que en el presente proceso se violentaron garantías constitucionales a su representado, pues este fue puesto a la orden del Ministerio Público, sin haberle hecho la respectiva acta de aprehensión, ya que en la denuncia no se indica a qué hora ocurrieron los hechos, solo se señala que fue en horas de la mañana, sin establecerse un orden cronológico de las diligencias efectuadas. Seguidamente manifiesta que en el proceso no se acreditó que su representado haya tenido pleno conocimiento de que el documento que utilizaba tenía origen de falsedad, ya que actuó en todo momento de buena fe, pues alega que la buena fe se presume y la mala fe se debe acreditar, además indica que cuando su representado transitaba en el vehículo, era permitido hacerlo con una boleta de permiso de circulación sin placas, pues no había emisión de placas por el ente encargado y de igual manera en el proceso no fue acreditado que al vehículo que conducía su representado se le hayan emitido las placas correspondientes. De la Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011).[1] De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Se ha explicado por la Sala de lo Penal, que la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación (artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal): recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. Cada uno de estos recursos deben interponerse de forma separada, indicando el tipo de motivo, el cual debe ser de aquellos que contiene el recurso, el concepto de la infracción, y, el vicio concreto y material que genera el motivo. En el caso presente, la defensa privada del señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, ha planteado dos motivos de casación (Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma) los cuales son de naturaleza distinta, de forma conjunta e indivisible, lo cual acarrea obscuridad e imprecisión en su planteamiento debido a la dificultad que conlleva para la Sala de lo Penal, distinguir cuáles de los argumentos recursivos obedecen a uno u otro recurso. Sumado a ello, tampoco identifica los motivos que contienen los vicios concretos y materiales que acarrea la resolución impugnada, lo que torna aún más confuso e impreciso su escrito impugnativo. Expone la censora, en relación al recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, que ha su representado se le han violentado garantías constitucionales, pues cuando fue puesto a la orden del Ministerio Público, no se le había hecho la correspondiente acta de aprehensión, argumento que no pueden ser de recibo, pues esta Sala no logra evidenciar cual es el derecho o garantía fundamental violentado al imputado al momento de llevarse a cabo su aprehensión, pues la impetrante solo señala errores meramente materiales que no denotan una violación grave a los derechos fundamentales del acusado, asimismo denuncia alegatos abstractos de instancia, como ser que en el proceso no se pudo acreditar que su representado haya tenido el pleno conocimiento de que el documento que utilizaba tenía origen de falsedad, por lo que su conducta no se puede enmarcar en el delito de Uso de Documentos Públicos Falsos y que por ello se ha infringido el artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el estado material de inocencia. Asimismo, en lo que respecta al recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la impetrante solo señala como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 de nuestro Código Procesal Penal, pero esta Sala de lo Penal ha explicado que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituye un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el tribunal de sentencia, es decir no se trata de hacer como se dijo anteriormente alegatos de mera instancia. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad y precisión, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, el recurso no es de recibo. IV. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, la pena de tres años de reclusión, por el delito Uso de Documentos Públicos Falsos, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Uso de Documento Falso (artículo 459), cuya pena es la señalada para la Falsificación (artículo 456) reducida en 1/3, es decir le corresponde la pena de 4 a 8 años de prisión, por tratarse de documento público, con la rebaja antes descrita, quedando una pena abstracta de 2 años 8 meses a 4 años de prisión A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, conforme el CP-144-83 al ser de 03 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 2 años 8 meses a 4 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316, 321 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 90, 361 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Helen Roxana Espinoza Pérez, en su condición de apoderada defensora del señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, contra la sentencia emitida en fecha tres de noviembre de dos mil quince por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por medio de la cual absolvió al señor Franklin Moisés Gutiérrez Guerra, por el delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública, asimismo lo condenó a pena de tres años de reclusión, por la comisión del delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública. Y Manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-543-2016.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 365-2015 de fecha 24 de abril del 2019 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.