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Sentencia CP-541-16 — Registro 14255

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de Extorsión Continuada, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, porque los hechos que el tribunal sentenciador determinó como probados, no están respaldados por prueba suficiente para acreditarlos ya que la prueba de cargo está limitada decisivamente a la declaración del Testigo Protegido Clave PJT-01, pues no cuenta con corroboraciones periféricas que la respalden, y la condición de testigo protegido agravada por su no comparecencia a la audiencia de debate impidió a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados, como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo ejercer por ello un verdadero contradictorio. Es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra de Mónica Lizette Segovia Castillo, por suponerla responsable, a título de autora, de un delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del testigo protegido G 106; producto de tal acción, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: 1) En audiencia inicial de fecha cinco de noviembre de dos mil trece (f. 20 vuelto), bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la defensa pública quien ejerció la representación legal del acusado, se tomó la deposición del testigo protegido PJT01, no consta en el acta respectiva protesta por la medida de protección otorgada al testigo; 2. Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha quince de abril de dos mil quince (f. 100), en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del señor identificado con la clave PJT01, no habiendo la apoderada defensora de la imputada hecho alguna protesta por la medida de protección otorgada al testigo, ni petición de cambio de medida de cara a la audiencia de debate; 3. Audiencia de debate, celebrada en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince (f. 116), en donde, según el acta respectiva, la defensa pública no presentó ningún incidente relacionado con la medida de protección al testigo, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre. En resumen, la defensa pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo PJT01, siendo hasta el momento de presentar el recurso de casación en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al derecho de defensa y al debido proceso, denuncia que no es atendible, en razón de lo siguiente: Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre éstas, los recursos interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 del Código Procesal Penal). La Sala de lo Penal recuerda a la recurrente que cuando se trata del recurso de casación cuya impugnación denuncia las formas procesales (como es el caso que nos ocupa), ésta únicamente puede versar sobre aquellas pretensiones que fueron planteadas al tribunal de instancia y que resolvieron en esa instancia, pero no sobre las que no fueron suscitadas y sobre las que, obviamente, no puede ni debe pronunciarse, de manera que al entablar en sede casacional esas pretensiones que fueron hurtadas al conocimiento y enjuiciamiento del órgano jurisdiccional competente, se está suscitando una cuestión nueva que, en efecto, resulta contraria a la propia naturaleza del recurso de casación y a la buena fe procesal que ha de regir la actuación de cada una de las partes intervinientes en el proceso. Considera esta Sala de Casación que la declaración testifical del testigo protegido PJT01, incorporada por lectura no es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso ya que dicha declaración puede ser corroborada con otros medios de prueba evacuados en la audiencia de juicio oral y público, bajo el respeto irrestricto de principios esenciales del proceso como ser de oralidad, inmediación y contradicción. Hacemos referencia a las declaraciones testificales de los agentes de policía Brenda Geraldina Sánchez y Franklin Ismael Gomez Bautista, quienes manifestaron que el testigo protegido, interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, manifestando que era victima de extorsión por personas que se hacían pasar como miembros de la mara 18, exigiéndole desde el mes de marzo de dos mil trece el pago de dos mil lempiras mensuales, amenazándolo de muerte a él y a su familia, por lo que se movilizaron a la colonia Calpules de San Pedro Sula, comunicándoles en ese momento el testigo en referencia que ya le habían cobrado la cantidad de dinero y entregado los dos mil lempiras, dando las características de las personas que habían recibido el dinero, diciendo que eran dos, una de sexo femenino, con blusa naranja y casco rosado, jeans azul, que se conducían en una moto negra, marca Italika, por lo que al ver a la acusada que respondía a las características facilitadas por el testigo procedieron a detenerla, asimismo que se hicieron reconocimientos fotográficos, siendo identificada la imputada por parte de la víctima como una de las personas que ejecutó las acciones antes descritas constitutivas del delito de Extorsión. También se cuenta con el acta de registro personal, practicada por parte de los agentes a la acusada, Acta de decomiso, realizada en la colonia Calpules de la ciudad de San Pedro Sula, el 30 de octubre de dos mil trece, en la cual consta que a la imputada se le decomisó una motocicleta color negra marca Italika y un casco color rosado. Medios de pruebas que a criterio de esta Sala de casación corroboran los extremos expuestos en su declaración por el testigo protegido, que fue incorporada mediante lectura en el presente proceso. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Mónica Lizette Segovia Castillo, la pena de 25 años de reclusión, y multa de cuatrocientos cinco mil, ochocientos noventa y dos lempiras con noventa y tres centavos (L 405,892.93), por el delito Extorsión Continuada, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de responsabilidad civil y comiso derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373), cuya pena es de 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe de ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días; pena que debe de aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 12 años 6 meses a 20 años de y multa de 750 a 1,333.3333 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta ( f. 124) alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que la ahora condenada Mónica Lizette Segovia Castillo, tenía la edad de 22 años al momento de los hechos, casada, sin trabajo y con domicilio en la Planes de Calpules, de la ciudad de San Pedro Sula (f. 17).- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito Extorsión Continuada: prisión por 16 años y multa de 1000 días, con un valor de L 100.00, ascendiendo la pena a L 100,000..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 541-2016, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-541-2016, por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de enero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó a la señora Mónica Lizette Segovia Castillo, como autora del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido PTJ-01, a la pena de veinticinco años de reclusión, asimismo se le condena a una multa de cuatrocientos cinco mil, ochocientos noventa y dos lempiras con noventa y tres centavos, lo que equivale a ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos. Segundo: Condenó a la señora Mónica Lizette Segovia Castillo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró a la señora Mónica Lizette Segovia Castillo, responsable civilmente. Cuarto: Se declara el comiso de una motocicleta color negra, año 2013, marca Italika, tipo Cooter, modelo CS125, motor LC152QM1D6608345S, un casco color rosado y un teléfono celular color blanco, marca Blackberry. Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la señora Mónica Lizette Segovia Castillo. Interpuso recurso de casación la Abogada Juana Antonia Jaco Santos, en su condición de defensora pública del imputado. Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de la señora Mónica Lizette Segovia Castillo, como parte recurrente y la Abogada Karla Maria Arita Mendoza, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente por unanimidad de votos probados los hechos siguientes: UNICO: En el año dos mil once, cuatro jóvenes armados se presentaron al negocio del testigo protegido TPJ-01 identificándose como miembros de la mara 18, con amenazas a muerte le exigieron el pago de dos mil lempiras (Lps.2000.00) mensuales en concepto de impuesto de guerra. A partir de esa fecha, al final de cada mes, llegaban al negocio del testigo a cobrar dicha cantidad de dinero en billetes de quinientos lempiras. Una de las personas que se presentaba a realizar los cobros era MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO quien aproximadamente en siete ocasiones recaudo el dinero, razón por la cual, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil trece (2013), el testigo protegido se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión a interponer denuncia sobre los hechos, manifestando el testigo que ese mismo día, realizaría el pago mensual, motivo por el cual, a las doce con cuarenta y cinco minutos de la tarde, un equipo de agentes se desplazaron a la colonia Planes de Calpules de esta ciudad de San Pedro Sula con el propósito de vigilar la zona. A eso de las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde, el testigo vía llamada telefónica les informó que había realizado el pago a dos personas, una de ellas, MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO quien se conducía a bordo de una motocicleta, color negra, marca Italika, año 2013, tipo Scooter, quien al ser localizada fue detenida decomisándole al momento de su arrestó la motocicleta descrita y un teléfono celular marca Black Berry, así mismo fue detenido un menor de edad que le acompañaba. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Juana Antonia Jaco Santos, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y publico llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de la señora MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello el derecho de defensa y el debido proceso que le asisten a la imputada por mandato constitucional. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se introdujo, por lectura autorizada, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 (supuesta víctima), rendida en la audiencia inicial, prueba decisiva con la que el Juzgador declaró terminantemente probado que en el año dos mil once, cuatro jóvenes armados se presentaron al negocio del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 y mediante amenazas a muerte le exigieron el pago de DOS MIL LEMPIRAS mensuales en concepto de IMPUESTO DE GUERRA y que una de las personas que se presentaba a realizar los cobros era la acusada MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO, quien al menos en siete ocasiones recaudó el dinero, el 30 de octubre de 2013, el TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti Extorsión manifestándoles que ese mismo día realizaría el pago mensual, por lo que un equipo de agentes se desplazaron a la colonia Planes de Calpules de San Pedro Sula con el propósito de vigilar la zona; a eso de las 03:55 de la tarde de ese día fueron informados por el TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 que ya había realizado el pago a dos personas, entre ellas la acusada MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO, quien al ser localizada fue detenida. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficiente para acreditarlos ya que, la prueba de cargo está limitada, decisivamente, a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1, dicha insuficiencia probatoria se produce por el hecho de que la mencionada declaración no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden, y la condición de testigo protegido (oculto y con identidad reservada) agravada por su no comparecencia a la audiencia de debate le impidió a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo por ello ejercer plenamente un verdadero contradictorio, el cual implica el derecho de la inculpada de examinar a los testigos en igualdad de condiciones que las que detenta el ente acusador; pero la no comparecencia del testigo de cargo y el desconocimiento de su identidad por parte de la imputada la dejó, a ella y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio del derecho de defensa de la acusada MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso reconocidos a la señora MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observó plenamente el principio de contradicción, infringiendo el derecho de defensa y el debido proceso de la referida imputada, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 (testigo oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación al valor probatorio de testigos con identidad reservada, reiteradamente ha resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundadas únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución… b)…, la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido Nº 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto… Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”. Caso Norin Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 247, 251 y 252[1] “…este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios.” Caso KOSTOVSKI Vs PAÍSES BAJOS, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno). Sentencia Final, 20 de noviembre de 1989, párr. 42. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO, porque a ella se le condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE PJT-O1 (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido y su no comparecencia al juicio, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contradictorio y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser las declaraciones de los policías Brenda Geraldina Sánchez Pérez y Franklin Gómez, pero ellos son testigos de referencia y por tanto sus dichos no bastaban para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto al fundamental derecho de defensa y al debido proceso y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, y en armonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de la señora MONICA LIZETTE SEGOVIA CASTILLO.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 16, 82 y 90 de la Constitución de la República; Art. 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concepto de la Infracción: Al Derecho de Defensa y Debido Proceso. Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente. Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de casación y se case la sentencia impugnada Explicó la censora que el vicio en el presente proceso se produce porque los hechos que el tribunal sentenciador determinó como probados, no están respaldados por prueba suficiente para acreditarlos ya que la prueba de cargo está limitada decisivamente a la declaración del Testigo Protegido Clave PJT-01, pues no cuenta con corroboraciones periféricas que la respalden y la condición de testigo protegido, agravada por su no comparecencia a la audiencia de debate, impidió a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados, como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo ejercer por ello un verdadero contradictorio, el cual implica el derecho de la inculpada de examinar a los testigos en igualdad de condiciones que las que detenta el ente acusador, pero la no comparecencia del testigo de cargo y el desconocimiento de su identidad, deja a la defensa de la imputada en un claro desequilibrio procesal, violatorio del derecho de defensa. Del Testigo Protegido. A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Artículo 226 del Código Procesal Penal); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Artículo 227 del Código Procesal Penal), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Artículo 175 del Código Procesal Penal) y/o el Ministerio Público (Artículo 176 del Código Procesal Penal) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos. Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Artículo 238 del Código Procesal Penal); Aprehensión por riesgo de ocultamiento o fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Artículo 234 del Código Procesal Penal); Intimación por el delito de desobediencia. En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Artículo 155 del Código Procesal Penal); y Conducción Coactiva.Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Artículo 233 del Código Procesal Penal) La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de protección a testigos La obligación de la persona de participar en el proceso, tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Artículo 5 Código Procesal Penal). Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el expediente SP 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (Artículo 308.2 del Código Procesal Penal); o, Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de protección personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; Medidas policiales: i. Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, iv. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de protección en el proceso penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de esta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2014: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto, no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Artículo 237 del Código Procesal Penal y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de adopción de medidas de protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catriman y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”. Por su parte, la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016, en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017, en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobadas o al menos racionalmente previsibles; y en especial, recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D. Medidas de protección y el derecho de defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Artículo 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catriman y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catriman y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: Mérito suficiente que justifique la protección del delito consistente en la reserva de identidad; Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo protegido. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del veinticuatro de agosto dos mil diez, en el expediente SP 182-2009, mediante la cual se estableció lo siguiente: “…Esta Sala de lo Penal, ha realizado un estudio detenido, a efecto de determinar, si como lo afirma la recurrente, se han incorporados elementos probatorios mediante lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal, o si por el contrario, han sido incorporados con observancia de dicha normativa.- II.- El propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal se adopte en base a la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del Juzgador, sólo permitiéndose incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los Tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio oral y público.” En igual sentido, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello, para la Sala de lo Penal constituye quebranto al derecho de defensa y de inocencia la sentencia condenatoria basada únicamente en una solitaria prueba testifical con reserva de identidad, que además se ha introducido por lectura a la audiencia de debate si ésta no es valorada armónica con los demás medios de prueba incorporados al proceso, es decir sin que existan otros medios de prueba que corroboren los dichos del testigo protegido incorporado por lectura. Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de la decisión de fondo. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. En el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, porque los hechos que el tribunal sentenciador determinó como probados, no están respaldados por prueba suficiente para acreditarlos ya que la prueba de cargo está limitada decisivamente a la declaración del Testigo Protegido Clave PJT-01, pues no cuenta con corroboraciones periféricas que la respalden, y la condición de testigo protegido agravada por su no comparecencia a la audiencia de debate impidió a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados, como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo ejercer por ello un verdadero contradictorio. Es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra de Mónica Lizette Segovia Castillo, por suponerla responsable, a título de autora, de un delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del testigo protegido G 106; producto de tal acción, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: 1) En audiencia inicial de fecha cinco de noviembre de dos mil trece (f. 20 vuelto), bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la defensa pública quien ejerció la representación legal del acusado, se tomó la deposición del testigo protegido PJT01, no consta en el acta respectiva protesta por la medida de protección otorgada al testigo; 2. Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha quince de abril de dos mil quince (f. 100), en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del señor identificado con la clave PJT01, no habiendo la apoderada defensora de la imputada hecho alguna protesta por la medida de protección otorgada al testigo, ni petición de cambio de medida de cara a la audiencia de debate; 3. Audiencia de debate, celebrada en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince (f. 116), en donde, según el acta respectiva, la defensa pública no presentó ningún incidente relacionado con la medida de protección al testigo, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre. En resumen, la defensa pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo PJT01, siendo hasta el momento de presentar el recurso de casación en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al derecho de defensa y al debido proceso, denuncia que no es atendible, en razón de lo siguiente: Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre éstas, los recursos interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 del Código Procesal Penal). La Sala de lo Penal recuerda a la recurrente que cuando se trata del recurso de casación cuya impugnación denuncia las formas procesales (como es el caso que nos ocupa), ésta únicamente puede versar sobre aquellas pretensiones que fueron planteadas al tribunal de instancia y que resolvieron en esa instancia, pero no sobre las que no fueron suscitadas y sobre las que, obviamente, no puede ni debe pronunciarse, de manera que al entablar en sede casacional esas pretensiones que fueron hurtadas al conocimiento y enjuiciamiento del órgano jurisdiccional competente, se está suscitando una cuestión nueva que, en efecto, resulta contraria a la propia naturaleza del recurso de casación y a la buena fe procesal que ha de regir la actuación de cada una de las partes intervinientes en el proceso. Considera esta Sala de Casación que la declaración testifical del testigo protegido PJT01, incorporada por lectura no es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso ya que dicha declaración puede ser corroborada con otros medios de prueba evacuados en la audiencia de juicio oral y público, bajo el respeto irrestricto de principios esenciales del proceso como ser de oralidad, inmediación y contradicción. Hacemos referencia a las declaraciones testificales de los agentes de policía Brenda Geraldina Sánchez y Franklin Ismael Gomez Bautista, quienes manifestaron que el testigo protegido, interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, manifestando que era victima de extorsión por personas que se hacían pasar como miembros de la mara 18, exigiéndole desde el mes de marzo de dos mil trece el pago de dos mil lempiras mensuales, amenazándolo de muerte a él y a su familia, por lo que se movilizaron a la colonia Calpules de San Pedro Sula, comunicándoles en ese momento el testigo en referencia que ya le habían cobrado la cantidad de dinero y entregado los dos mil lempiras, dando las características de las personas que habían recibido el dinero, diciendo que eran dos, una de sexo femenino, con blusa naranja y casco rosado, jeans azul, que se conducían en una moto negra, marca Italika, por lo que al ver a la acusada que respondía a las características facilitadas por el testigo procedieron a detenerla, asimismo que se hicieron reconocimientos fotográficos, siendo identificada la imputada por parte de la víctima como una de las personas que ejecutó las acciones antes descritas constitutivas del delito de Extorsión. También se cuenta con el acta de registro personal, practicada por parte de los agentes a la acusada, Acta de decomiso, realizada en la colonia Calpules de la ciudad de San Pedro Sula, el 30 de octubre de dos mil trece, en la cual consta que a la imputada se le decomisó una motocicleta color negra marca Italika y un casco color rosado. Medios de pruebas que a criterio de esta Sala de casación corroboran los extremos expuestos en su declaración por el testigo protegido, que fue incorporada mediante lectura en el presente proceso. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Mónica Lizette Segovia Castillo, la pena de 25 años de reclusión, y multa de cuatrocientos cinco mil, ochocientos noventa y dos lempiras con noventa y tres centavos (L 405,892.93), por el delito Extorsión Continuada, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de responsabilidad civil y comiso derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373), cuya pena es de 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe de ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días; pena que debe de aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 12 años 6 meses a 20 años de y multa de 750 a 1,333.3333 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta ( f. 124) alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que la ahora condenada Mónica Lizette Segovia Castillo, tenía la edad de 22 años al momento de los hechos, casada, sin trabajo y con domicilio en la Planes de Calpules, de la ciudad de San Pedro Sula (f. 17).- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito Extorsión Continuada: prisión por 16 años y multa de 1000 días, con un valor de L 100.00, ascendiendo la pena a L 100,000. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 numeral 3, 376, del Código Penal; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la Abogada Juana Antonia Jaco., contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de enero de dos mil dieciséis. Segundo: : Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Mónica Lizette Segovia Castillo; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos a la acusada Mónica Lizette Segovia Castillo como autora de un delito consumado de Extorsión en concurso de delito continuado, en perjuicio del testigo PJT01, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por dieciséis (16) años; multa de 1000 días, con un valor de veinte lempiras (L 100.00) por cada día, ascendiendo la pena a cien mil lempiras (L 100,000).- ii.- Que debemos condenar y condenamos a la acusada Mónica Lizette Segovia Castillo a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello.. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador por Ley. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Doris Suyapa Figueroa Valladares. Receptora Adscrita. Secretaria General.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 541-2016.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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[1] El presente caso se refiere a alegadas violaciones en perjuicio de ocho presuntas víctimas relacionadas con su procesamiento y condena penal por delitos de carácter terrorista respecto a la República de Chile. En los procesos penales contra los señores Norín Catrimán, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe se reservé la identidad de determinados testigos.