Sentencia CP-539-18 — Registro 14254
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente invoca en su único motivo de casación por quebrantamiento de forma, la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, en virtud de que la sentencia es contradictoria con lo manifestado por la ofendida y probado en juicio. No hay incongruencia entre la sentencia y la acusación, y los hechos probados, principio plasmado en el artículo 337 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que la doctrina jurisprudencial acerca del principio de congruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, en síntesis, se ajusta a los siguientes parámetros: 1.- En principio, tal correlación ha de afectar a los hechos que se consideren punibles y sobre las que se ha ejercido contradicción entre acusación y defensa. 2.- Sin variar los hechos objeto de la acusación, se puede condenar por delito distinto siempre que sea homogéneo con el imputado, es decir, de la misma naturaleza o especie, aunque suponga modalidad diversa dentro de la tipicidad penal o sea de igual o menor gravedad que las infracciones acogidas en las conclusiones de la acusación. 3.- No se puede condenar por delito más grave, ni aplicar distintas circunstancias agravantes de cualquier tipo, genéricas o específicas, de la acusación. La Fiscalía califica los hechos en la formalización de la acusación de la audiencia de juicio oral y público, según el artículo 217 del Código Penal, como delito de robo en perjuicio del Testigo Protegido “Neptuno”. En este caso, el tribunal condenó al acusado Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo en perjuicio del Testigo Protegido “Neptuno”, es decir que el acusado es condenado por el delito por el que fue acusado y sometido a juicio, por lo que la sentencia recurrida no incurre en manera alguna, en defecto de quebrantamiento de forma por infracción al principio de congruencia entre la acusación y la sentencia alegado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Lester Alexander Castro Reyes, de conformidad al Código Penal vigente (Decreto 130-2017), en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo, en perjuicio de del testigo protegido “Neptuno”, a la pena de 7 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Lester Alexander Castro Reyes, como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente con pena entre 4 y 8 años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, pena que habría que aumentar en 1/3 por concurrir la circunstancia de empleo de intimidación, en atención al uso de arma de fuego para perpetrar su delito. Por lo que la nueva pena abstracta por un delito de Robo debería quedar fijada de 8 a 10 años, 8 meses, de prisión. (Artículo 363.9 del Código Penal Vigente) y las penas accesorias establecidas en la ley. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo por Infracción de Ley o de Doctrina Legal por considerar que hay inconsistencia en los hechos dados como probados en la sentencia, ya que el hecho primero deja plasmado que él la obliga a subir al vehículo privándola de su libertad, cuando con ningún medio de prueba quedó acreditado tal extremo, por lo que queda clara la infracción al artículo 217 del Código Penal, que establece los presupuestos del delito de Robo, los que no fueron acreditados por el Ministerio Público. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede analizar es si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Que en fecha 31 de diciembre del año 2014 siendo aproximadamente las nueve y cuarenta y siete de la mañana el testigo protegido denominada "Neptuno" transitaba por inmediaciones de la colonia Los Robles de esta ciudad de Tegucigalpa, cuando fue interceptada por un vehículo tipo turismo, color oscuro, marca Peugeot, placa PBPW 4733 y en el interior del mismo portaba un arma tipo pistola, obligándola a subir, privándola de su libertad y despojándola de su celular marca LG y dinero en efectivo; consistente en la cantidad de Trecientos lempiras (Lps 300.00); vehículo que era conducido por el señor Lester Alexander Castro Reyes. Segundo: El día miércoles 14 de enero del año 2015 en la misma colonia Los Robles los guardias de seguridad de esta colonia dieron aviso a la policía nacional de que habían detenido al señor Lester Alexander Castro Reyes en virtud de varias denuncias que tenían sobre la misma forma de operar en esa colonia; por lo cual fue detenido y puesto ante la autoridad competente; siendo reconocido e identificado en su momento por la testigo protegida "Neptuno", quien se trasladó a las instalaciones policiales para interponer la denuncia correspondiente ya que le reconoció al ser aprehendido, por la vigilancia de la colonia.” Esta Sala considera que en la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta, con la acción ilícita desplegada por el acusado Lester Alexander Castro Reyes se configuran perfectamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Robo en perjuicio del testigo protegido denominado "Neptuno", tipificados y sancionados en el artículo 217 del Código Penal, que establece: “Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia.” Esta Sala considera que la conducta desplegada por el acusado Lester Alexander Castro Reyes sin lugar a dudas es constitutiva de un delito de Robo, pues quedó debidamente acreditado que portando arma tipo pistola, el acusado obligó a la ofendida a subir al automóvil que manejaba, privándola de su libertad y despojándola de su celular marca LG y dinero en efectivo, consistente en la cantidad de trecientos lempiras (L300.00). Por todo ello esta Sala concluye que, la sentencia que se impugna aplica en forma debida el precepto contenido en el artículo 217 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, contraído al principio del debido proceso, en relación al artículo 20 del Código Procesal Penal, y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que se condena al imputado por un hecho distinto al que fue acusado. Alega que la fiscalía al momento de formalizar presentó requerimiento fiscal por el delito de Robo en contra el acusado señor Lester Alexander Castro Reyes en perjuicio del testigo protegido “Neptuno”, sin embargo, el artículo 337 del Código Procesal Penal determina que debe existir congruencia entre la sentencia y la acusación, así como de los hechos probados. Esta Sala considera que, en el presente caso, el Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de debido proceso por violación del artículo 337 del Código Procesal Penal, que textualmente dice: “Artículo 337. Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.” El tribunal de juicio ha dictado sentencia por los hechos, calificación jurídica y circunstancias por la que el Ministerio Público ha formalizado acusación y con base en la que ha pronunciado su discurso de conclusiones finales. En este sentido, el acusado Lester Alexander Castro Reyes, ha sido juzgado por el delito de Robo en perjuicio del testigo protegido denominado “Neptuno”, por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley, del que se derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales, y con respeto irrestricto del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, consignado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, por lo que esta Sala desestima el motivo de casación por infracción del derecho fundamental de Debido Proceso, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 539-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el expediente SP 539-2018 por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo, en perjuicio de Testigo Protegido “Neptuno” a la pena de siete años de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor Lester Alexander Castro Reyes, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Lester Alexander Castro Reyes.- CUARTO: Se exoneró al señor Lester Alexander Castro Reyes en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- QUINTO: No Procedió el comiso, y el arma decomisada utilizada para causar la intimidación y amenaza resulto ser de juguete. Son Partes: El Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en su condición de defensor privado del señor Lester Alexander Castro Reyes, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados. “Primero: Que en fecha 31 de diciembre del año 2014 siendo aproximadamente las nueve y cuarenta y siete de la mañana el testigo protegido denominada "Neptuno" transitaba por inmediaciones de la colonia Los Robles de esta ciudad de Tegucigalpa, cuando fue interceptada por un vehículo tipo turismo, color oscuro, marca Peugeot, placa PBPW 4733 y en el interior del mismo portaba un arma tipo pistola, obligándola a subir, privándola de su libertad y despojándola de su celular marca LG y dinero en efectivo; consistente en la cantidad de Trecientos lempiras (Lps 300.00); vehículo que era conducido por el señor Lester Alexander Castro Reyes. Segundo: El día miércoles 14 de enero del año 2015 en la misma colonia Los Robles los guardias de seguridad de esta colonia dieron aviso a la policía nacional de que habían detenido al señor Lester Alexander Castro Reyes en virtud de varias denuncias que tenían sobre la misma forma de operar en esa colonia; por lo cual fue detenido y puesto ante la autoridad competente; siendo reconocido e identificado en su momento por la testigo protegida "Neptuno", quien se trasladó a las instalaciones policiales para interponer la denuncia correspondiente ya que le reconoció al ser aprehendido, por la vigilancia de la colonia.” Recurso de Casación. El recurrente Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en su condición de defensor privado del señor Lester Alexander Castro Reyes, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “MOTIVOS DE LA CASACION PRIMERO: POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 del Código Procesal Penal. hay inconsistencia en cuanto a los hechos dados como probados en la sentencia ya que los señores jueces en el hecho primero dejan plasmado que la obliga a subir al vehículo privándola de su libertad cuando en ningún medio de prueba quedo acreditado tal extremo; de la misma declaración que fue introducida como lectura autorizada en ninguna. Queda clara la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo que debe ser aplicado en la ley penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Para tal efecto el artículo 217 del Código Penal, ya establece los presupuestos del delito de Robo. (los que no fueron acreditados por el Ministerio Publico).” “SEGUNDO: POR INFRACCION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL La Sentencia viola el Articulo 90 de la Constitución de la Republica contraído al principio del debido Proceso, en relación al artículo 20 del Código Procesal Penal y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que se condena al imputado por un hecho distinto al que fue acusado; la Fiscalia al momento de formalizar presento requerimiento fiscal por el delito de robo en contra de mi representado Señor LESTER ALEXANDER CASTRO REYES asimismo el artículo 337 del Código Procesal Penal manifiesta que debe existir congruencia entre la sentencia y la acusación así como de los hechos probados. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma establece que es suficiente la resolución judicial para interponer el precepto Constitucional.” “TERCERO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El Tribunal de sentencia hizo una relación sucinta de los hechos mas relevantes: Las declaraciones administrativa y declaraciones realizadas en el debate por parte de la ofendida en donde aducen que fue objeto del delito de Robo por parte de mi representado; de lo anterior se desprende que el juicio fue desviado o mejor dicho modificado ya que se tomo como hechos probados circunstancias que no se acreditaron en juicio, por lo tanto en la sentencia es contradictorio con lo manifestado por la ofendida y probado en juicio en donde el tribunal sentenciador nunca debe dejar incongruencia entre la sentencia y la acusación así como de los hechos probados, plasmado en el articulo 337 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La sentencia emitida por el Tribunal Sentenciador adolece de vicios enumerados en el artículo 362 CPP, numerales 1, 2,3,4 y 6.” Fundamentación. Recurso de Casación de Infracción de Ley. El hecho primero deja plasmado que él la obliga a subir al vehículo privándola de su libertad, cuando en ningún medio de prueba quedó acreditado tal extremo. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: El artículo 217 del Código Penal, establece los presupuestos del delito de Robo, los que no fueron acreditados por el Ministerio Publico. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia. Resumen. Hay inconsistencia en los hechos dados como probados en la sentencia, ya que en el hecho primero se deja plasmado que la obliga a subir al vehículo privándola de su libertad, cuando con ningún medio de prueba quedó acreditado tal extremo. Por lo que queda clara la infracción al precepto penal aplicado. Concepto General del recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico. El artículo 217 del Código Penal, establece los presupuestos del delito de Robo, los que no fueron acreditados por el Ministerio Publico. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Infracción de Ley o de Doctrina Legal por considerar que hay inconsistencia en los hechos dados como probados en la sentencia, ya que el hecho primero deja plasmado que él la obliga a subir al vehículo privándola de su libertad, cuando con ningún medio de prueba quedó acreditado tal extremo, por lo que queda clara la infracción al artículo 217 del Código Penal, que establece los presupuestos del delito de Robo, los que no fueron acreditados por el Ministerio Público. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede analizar es si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Que en fecha 31 de diciembre del año 2014 siendo aproximadamente las nueve y cuarenta y siete de la mañana el testigo protegido denominada "Neptuno" transitaba por inmediaciones de la colonia Los Robles de esta ciudad de Tegucigalpa, cuando fue interceptada por un vehículo tipo turismo, color oscuro, marca Peugeot, placa PBPW 4733 y en el interior del mismo portaba un arma tipo pistola, obligándola a subir, privándola de su libertad y despojándola de su celular marca LG y dinero en efectivo; consistente en la cantidad de Trecientos lempiras (Lps 300.00); vehículo que era conducido por el señor Lester Alexander Castro Reyes. Segundo: El día miércoles 14 de enero del año 2015 en la misma colonia Los Robles los guardias de seguridad de esta colonia dieron aviso a la policía nacional de que habían detenido al señor Lester Alexander Castro Reyes en virtud de varias denuncias que tenían sobre la misma forma de operar en esa colonia; por lo cual fue detenido y puesto ante la autoridad competente; siendo reconocido e identificado en su momento por la testigo protegida "Neptuno", quien se trasladó a las instalaciones policiales para interponer la denuncia correspondiente ya que le reconoció al ser aprehendido, por la vigilancia de la colonia.” Esta Sala considera que en la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta, con la acción ilícita desplegada por el acusado Lester Alexander Castro Reyes se configuran perfectamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Robo en perjuicio del testigo protegido denominado "Neptuno", tipificados y sancionados en el artículo 217 del Código Penal, que establece: “Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia.” Esta Sala considera que la conducta desplegada por el acusado Lester Alexander Castro Reyes sin lugar a dudas es constitutiva de un delito de Robo, pues quedó debidamente acreditado que portando arma tipo pistola, el acusado obligó a la ofendida a subir al automóvil que manejaba, privándola de su libertad y despojándola de su celular marca LG y dinero en efectivo, consistente en la cantidad de trecientos lempiras (L300.00). Por todo ello esta Sala concluye que, la sentencia que se impugna aplica en forma debida el precepto contenido en el artículo 217 del Código Penal. Infracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, contraído al principio del debido Proceso, en relación al artículo 20 del Código Procesal Penal y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que se condena al imputado por un hecho distinto al que fue acusado. Normas autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación al artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen. Infracción del artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, constitutivo del principio del Debido Proceso, en relación al artículo 20 del Código Procesal Penal, y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que se condena al imputado por un hecho distinto al que fue acusado. La fiscalía al momento de formalizar presentó requerimiento fiscal por el delito de Robo en contra el acusado señor Lester Alexander Castro Reyes en perjuicio del testigo protegido “Neptuno”, sin embargo, el artículo 337 del Código Procesal Penal determina que debe existir congruencia entre la sentencia y la acusación, así como de los hechos probados. Concepto General del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1]Concepto específico. Por debido proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, contraído al principio del debido proceso, en relación al artículo 20 del Código Procesal Penal, y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que se condena al imputado por un hecho distinto al que fue acusado. Alega que la fiscalía al momento de formalizar presentó requerimiento fiscal por el delito de Robo en contra el acusado señor Lester Alexander Castro Reyes en perjuicio del testigo protegido “Neptuno”, sin embargo, el artículo 337 del Código Procesal Penal determina que debe existir congruencia entre la sentencia y la acusación, así como de los hechos probados. Esta Sala considera que, en el presente caso, el Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de debido proceso por violación del artículo 337 del Código Procesal Penal, que textualmente dice: “Artículo 337. Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.” El tribunal de juicio ha dictado sentencia por los hechos, calificación jurídica y circunstancias por la que el Ministerio Público ha formalizado acusación y con base en la que ha pronunciado su discurso de conclusiones finales. En este sentido, el acusado Lester Alexander Castro Reyes, ha sido juzgado por el delito de Robo en perjuicio del testigo protegido denominado “Neptuno”, por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley, del que se derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales, y con respeto irrestricto del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, consignado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, por lo que esta Sala desestima el motivo de casación por infracción del derecho fundamental de Debido Proceso, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente. Quebrantamiento de forma. Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Normas autorizantes: Artículo 362 .6 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Reclamación Ex Ante: Sin pronunciamiento previo. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se ordene el reenvío para que se repita el juicio con jueces distintos. Motivo Único. Resumen. El Tribunal de Sentencia hizo una relación sucinta de los hechos más relevantes. Las declaraciones administrativas y declaraciones realizadas en el debate por parte de la ofendida en donde aduce que fue objeto del delito de robo por parte del acusado Lester Alexander Castro Reyes, de lo que se desprende que el juicio fue modificado, porque se tomó como hechos probados circunstancias que no se acreditaron en juicio. La sentencia es contradictoria con lo manifestado por la ofendida y probado en juicio, por lo que hay incongruencia entre la sentencia y la acusación, así como de los hechos probados, plasmado en el artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto General del Recurso. “…La congruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el Artículo 337. La referencia al art. 337 del Código permite perfilar los contornos de este motivo de casación que se complementa con el contenido de este último precepto, relativo a la congruencia de la sentencia con la acusación y que establece lo siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la aplicación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. Así como tratar de la incongruencia omisiva del numeral 4) vimos la necesidad de que el T Sª se pronunciara sobre todas las cuestiones debatidas por las partes en el juicio, para evitar lo que la doctrina denomina incongruencia omisiva, por medio de este cuse casacional se pretende corregir la incongruencia que pueda haberse producido de un modo explícito entre las pretensiones de las partes y la sentencia. Este motivo constituye una clara manifestación del principio acusatorio que rige en el proceso penal, en virtud del cual la sentencia ha de ser congruente con la acusación. La segunda acepción de la palabra congruencia que aparece en el diccionario de La Lengua Española es “Conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio”. Se exige que exista una estricta correlación entre la sentencia y los hechos objeto de imputación, que se configuran normalmente en el auto de apertura a juicio, mediante la descripción de las acciones u omisiones por las cuales se acusa (art. 302.2 CPP) y, excepcionalmente, en la ampliación de la acusación, según lo dispuesto en el art. 321 CPP. En todo caso, aunque lo más frecuente será que finalmente se mantengan por la parte acusadora los cargos de la formalización de la acusación, debe tenerse muy en cuenta que la pretensión penal queda definitivamente configurada tras la práctica de las pruebas, en las conclusiones definitivas que formulen el Fiscal o el Acusador Privado (art. 334 CPP), debiendo adecuarse a estas últimas el contenido de la sentencia de instancia. El principio acusatorio, para evitar que se produzca indefensión, impone igualmente al T Sª la exigencia de respetar, no solo los hechos imputados, sino también la clasificación jurídica que de los mismos haya efectuado la acusación. Como señala el art. 337 CPP, no cabe en la sentencia calificar los hechos en forma distinta a las acusaciones, en perjuicio del acusado. Según Martínez Arrieta, en la jurisprudencia española la vinculación comprende el hecho del que se acusa; es decir, el conjunto de datos facticos que comprende la calificación que está referida a la clase de delito, su grado de ejecución, la participación y las circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal. No obstante lo anterior y siguiendo a Luzón Cuesta, aunque el objeto del proceso viene determinado por el hecho punible, que es el conformado por las partes, en cuanto aparece calificado de una determinada manera, sin que el tribunal sentenciador pueda rebasar ese hecho, ni en cuanto a sus elementos facticos, ni en cuanto a su configuración jurídica, respecto a esta cabe, sin variar en su esencialidad de los hechos imputados, la doble excepción de imponer una pena más grave y de una condena distinta, siempre que el diferente delito por el que se condena sea homogéneo con el imputado. La regulación legal española es similar a la hondureña sobre este punto; de ahí que se considere de interés la cita de la STS de 25-6-1990, en la que se resume la posición de la jurisprudencia sobre la congruencia de la sentencia y las excepciones que se admiten. Esta sentencia dice lo siguiente: “es menester afrontar el problema concretamente a la posible correlación entre el delito acusado y el juzgado, habida cuenta de las exigencias propias del principio acusatorio, acerca del cual… la doctrina jurisprudencial se ajusta, en síntesis a los siguientes parámetros: 1.- En principio, tal correlación ha de afectar a los hechos que se consideren punibles y sobre las que se ha ejercido contradicción entre acusación y defensa.2.- Sin variar los hechos objeto de la acusación, se puede condenar por delito distinto siempre que sea homogéneo con el imputado, es decir, de la misma naturaleza o especie, aunque suponga modalidad diversa dentro de la tipicidad penal o sea de igual o menor gravedad que las infracciones acogidas en las conclusiones de la acusación. 3.- No puede condenar por delito más grave, ni aplicar distintas circunstancias agravantes de cualquier tipo genéricas o especificas-, de la acusación…”[2] Concepto específico del Recurso. La sentencia es contradictoria con lo manifestado por la ofendida y probado en juicio, por lo que hay incongruencia entre la sentencia y la acusación, así como de los hechos probados, plasmado en el artículo 337 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente invoca en su único motivo de casación por quebrantamiento de forma, la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, en virtud de que la sentencia es contradictoria con lo manifestado por la ofendida y probado en juicio. No hay incongruencia entre la sentencia y la acusación, y los hechos probados, principio plasmado en el artículo 337 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que la doctrina jurisprudencial acerca del principio de congruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, en síntesis, se ajusta a los siguientes parámetros: 1.- En principio, tal correlación ha de afectar a los hechos que se consideren punibles y sobre las que se ha ejercido contradicción entre acusación y defensa. 2.- Sin variar los hechos objeto de la acusación, se puede condenar por delito distinto siempre que sea homogéneo con el imputado, es decir, de la misma naturaleza o especie, aunque suponga modalidad diversa dentro de la tipicidad penal o sea de igual o menor gravedad que las infracciones acogidas en las conclusiones de la acusación. 3.- No se puede condenar por delito más grave, ni aplicar distintas circunstancias agravantes de cualquier tipo, genéricas o específicas, de la acusación. La Fiscalía califica los hechos en la formalización de la acusación de la audiencia de juicio oral y público, según el artículo 217 del Código Penal, como delito de robo en perjuicio del Testigo Protegido “Neptuno”. En este caso, el tribunal condenó al acusado Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo en perjuicio del Testigo Protegido “Neptuno”, es decir que el acusado es condenado por el delito por el que fue acusado y sometido a juicio, por lo que la sentencia recurrida no incurre en manera alguna, en defecto de quebrantamiento de forma por infracción al principio de congruencia entre la acusación y la sentencia alegado por el recurrente. DECISIÓN. Esta Sala resuelve no ha lugar los motivos únicos de casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional, y Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en su condición de defensor privado del señor Lester Alexander Castro Reyes. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Lester Alexander Castro Reyes, de conformidad al Código Penal vigente (Decreto 130-2017), en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo, en perjuicio de del testigo protegido “Neptuno”, a la pena de 7 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Lester Alexander Castro Reyes, como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente con pena entre 4 y 8 años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, pena que habría que aumentar en 1/3 por concurrir la circunstancia de empleo de intimidación, en atención al uso de arma de fuego para perpetrar su delito. Por lo que la nueva pena abstracta por un delito de Robo debería quedar fijada de 8 a 10 años, 8 meses, de prisión. (Artículo 363.9 del Código Penal Vigente) y las penas accesorias establecidas en la ley. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 361 del Código Procesal Penal; 615.2 y 2, 624.3 y 616 1er párrafo del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017). FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar los motivos únicos de casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional, y Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en su condición de defensor privado del señor Lester Alexander Castro Reyes; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio a favor del acusado Lester Alexander Castro Reyes; Tercero: Declara firme y ejecutable en forma plena la sentencia de fecha fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se condenó al señor Lester Alexander Castro Reyes, como autor del delito de Robo, en perjuicio de Testigo Protegido “Neptuno” a la pena de siete años de reclusión.- Condenó al señor Lester Alexander Castro Reyes, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Declaró la responsabilidad civil del señor Lester Alexander Castro Reyes.- Exoneró al señor Lester Alexander Castro Reyes en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, sin comiso del arma utilizada para causar la intimidación y amenaza la que resulto ser de juguete; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 539-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[2] Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, “Los Recursos”. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Ramona Moncada Godoy. Tomo 7. Páginas 126-129.