Sentencia CP-536-17 — Registro 14735
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Extorsión Continuada, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de Defensa y Presunción de Inocencia, consignados en los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el Tribunal Sentenciador llega a la convicción que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara es culpable del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-2816 con fundamento en la declaración de un testigo protegido incorporado mediante lectura al juicio, lo ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de defensa, tampoco se ha infringido al acusado el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenarlo por el delito de Extorsión continuada, ha sido constitucionalmente obtenida, incorporada lícitamente al juicio oral. Concretamente, el tribunal ha utilizado como medios de prueba: declaración del Testigo Protegido JPTP-2816, tomada con las formalidades de la prueba anticipada e incorporado al juicio mediante lectura, declaración testifical del Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión señor Allan Mendoza, actas de decomiso y de registro personal, ratificadas en juicio por el Agente de Policía Elvin Moisés Osorto Pérez, los que llevaron al tribunal de juicio a alcanzar la convicción de certeza de la participación del acusado Carlos Isaías Hernández Clara en el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo ProtegidoJPTP-2816. Con la prueba de cargo se acreditó más allá de toda duda razonable que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara desde el inicio de noviembre de 2015 hasta enero de 2016 estuvo cobrando bajo amenaza de causar a él a algún miembro de la familia al testigo protegido JPTP-2816 la cantidad de L.300.00 semanales, hasta esta última fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Militar. Por todo lo anterior, el acusado Carlos Isaías Hernández Clara ha sido sometido a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de defensa, y derecho de presunción de inocencia en que ha sido encontrado culpable del delito de que se le juzga debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de derecho defensa y presunción de inocencia consignado en el artículo 82 y 89 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Carlos Isaías Hernández Clara, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Carlos Isaías Hernández Clara, la pena de 25 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y multa de 83.33 salarios mínimos. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Carlos Isaías Hernández Clara como persona responsable le correspondería del sancionado penalmente por el Delito de Extorsión con una pena abstracta comprendida entre 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, pena que ha de aumentarse en 1/3 por tratarse de un delito de Extorsión Continuada, por lo que la pena a imponer sería de 15 a 20 años de prisión y Multa de 1000 a 1,333.33 días. (Artículo 373… y 68). En este caso la pena privativa de libertad al imponer al acusado Carlos Isaías Hernández Clara por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-2816, es la pena mínima, o sea la de 15 años de prisión y Multa de L.20,000.00 a razón de 20 lempiras el día multa. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva al acusado Carlos Isaías Hernández Clara de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal, e imponer la pena mínima en virtud de no haber el proceso peritaje o forma objetiva para medir el nivel de ingreso o estudio socio económico del acusado..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-536-2017 que literalmente dice: “SENTENCIA En la cuidad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-536-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Carlos Isaías Hernández Clara, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido con Clave JPTP-2816, a la pena de veinticinco años de reclusión, más una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos; Segundo: Condenó al señor Carlos Isaías Hernández Clara, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró al señor Carlos Isaías Hernández Clara, responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados por el delito por el cual se le condena; Cuarto: No procede condenar en costas al señor Carlos Isaías Hernández Clara; Quinto: Se declaró el comiso de un teléfono celular color negro, marca Mobile, con imei 356277067299515, por haberse puesto a la orden del Tribunal. SON PARTES: Los Abogados Dinabel López Durón y José Roberto Izaguirre Santos, en su condición de Defensores Públicos del señor Carlos Isaías Hernández Clara, como parte recurrente. II.HECHOS PROBADOS: “UNICO: Desde inicio del mes de noviembre del año dos mil quince (2015) el Testigo Protegido con Clave JPTP-2816 entregaba la cantidad de trescientos lempiras (L. 300.00) semanalmente al señor CARLOS ISAIAS HERNANDEZ CLARA y a otros sujetos, bajo la amenaza que de no efectuar la entrega de dicho dinero le causarían la muerte a él y su familia. El Testigo Protegido realizó el último pago en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y en esa misma fecha, momentos después, agentes de la Policía Militar dieron detención al señor CARLOS ISAIAS HERNÁNDEZ CLARA cuando se transportaba en una bicicleta en compañía de otra persona, y a esta otra persona se le decomisó la cantidad de trescientos (L. 300.00)” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de Defensores Públicos del señor Carlos Isaías Hernández Clara, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con el articulo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son primeramente el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras que reza: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” El artículo 89 establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso F de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone: “Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”. El Tribunal establece como hecho probado: UNICO: Desde inicio del mes de noviembre del año dos mil quince (2015) el testigo protegido con Clave JPTP-2816 entregaba la cantidad de trescientos lempiras (300.00 lps) semanalmente al señor CARLOS ISAIAS HERNANDEZ CLARA y a otros sujetos, bajo la amenaza que de no efectuar la entrega de dicho dinero le causarían la muerte a el y su familia. El testigo Protegido realizó el último pago en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y en esa misma fecha, momentos después agentes de la Policía Militar dieron detención al señor CARLOS ISAIAS HERNANDEZ CLARA cuando se transportaba en una bicicleta en compañía de otra persona, y a esta otra persona se le decomisó la cantidad de trescientos (300.00) lempiras. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-2816. El derecho a un proceso con todas las garantías exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral con plenitud de garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. En nuestra normativa se establece la protección de testigos, el artículo 237 del Código Procesal Penal establece; que el órgano jurisdiccional, de oficio o por manifestación del testigo, aprecie racionalmente existe un peligro grave para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, adoptará las medidas de protección que estime convenientes, las mismas puede ser que no consten los datos de identificación del testigo o que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual ante el imputado y público. En un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa en materia de práctica de la prueba, la misma implica que los jueces y las partes se relacionen directamente con los medios de prueba, en materia testifical es muy importante, pues se puede observar la seguridad, el comportamiento, la firmeza en sus dichos, la persistencia en la incriminación y sobre todo su plena identificación para un examen de confiabilidad, parcialidad o animadversión. En nuestro caso, la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran las posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado, la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad del testimonio, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Esta modalidad de testigos protegidos o llamados “sin rostro”, radica en efecto, el déficit de defensa inherente al testigo anónimo, puesto que si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos precisamente que le permitan probar que es parcial, hostil o indigno de crédito. Un testimonio, o de cualquier otra declaración contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo sino tiene la información que le permita fiscalizar la credibilidad del autor. Con esta modalidad de testigos protegidos queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio directo al testigo, dificulta apreciar su comportamiento durante el examen de preguntas y repreguntas, de modo que la defensa pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En nuestro caso, en el juicio oral y público se evacuo mediante lectura autorizada la declaración del testigo protegido identificado con la clave JPTP-2816, quien declaró: “que desde el 03 de noviembre del año dos mil quince (2015) llegó el acusado y otras personas más, llegaron a decirle que debía que pagar impuesto de guerra o se atuviera a las consecuencias, le indicaron que tenía que pagar la cantidad de trescientos lempiras mensuales y los entregaba en efectivo cada semana. La última vez que efectúo dicho pago fue el día 27 de enero del 2016, a eso del as diez y media (10:30 a. m.) de la mañana. Que después de hacer el pago ese día se percató de la presencia de miembros de la policía militar que pasaban por el lugar y a quienes les Informó de lo que ocurría. Que a las personas que se refería como uno de los que lo extorsionaba era el acusado Carlos Isaías Hernández Clara (a quien señalo en audiencia), Quienes lo acompañaba a cobrarle eran “esmallin”, “el cacique”, “ratón” y el acusado, que el alias “ratón” es un menor de edad. Señaló al Imputado como la persona que llegaba a exigirle el pago siempre lo amenazaba”. Si bien es cierto se evacuo dicho medio de prueba, pero no hay probanza de confirmación, que haga establecer de una manera precisa si realmente ocurrieron los hechos, tal como lo hace establecer la supuesta víctima. La declaración del agente ALLAN MENDOZA, es meramente referencial, ya que narra hechos que no percibió a través de sus sentidos, solamente recibió la denuncia y posteriormente le tomó la declaración administrativa en la Oficina Nacional Anti Extorsión (FNA), sin que haya otra investigación que complemente el caso (entrega controladas, intervención de agentes provocadores, intervenciones telefónicas, vigilancias, allanamientos, etc.) y otro agente fue el que registro al menor, a quien supuestamente se le encontró 300 lempiras, extremo que tampoco fue acreditado en juicio. Los hechos establecidos como probados en la sentencia condenatoria deben estar probados mediante prueba, en el presente caso solamente se cuenta con la declaración de la supuesta víctima, quien es protegido y como es sabido constituye una limitante para ejercer una verdadera defensa material y técnica, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, de lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa, Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido ilimitados las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en su conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana critica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada...”.[1] Ya en nuestro caso, el testimonio del testigo protegido es de valor decisivo, pues si hacemos uso del método conocido como “supresión hipotética’ al suprimirlo en mente nos varía la decisión final. Con esta única declaración el Tribunal Sentenciador llega a la certeza que mi representado es culpable del delito de extorsión continuada en perjuicio del testigo protegido JPTP-2816, medio que como ya se explicó es desproporcional, pues fue obtenido en menoscabo a los derechos del imputado. De acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para poder erigirse en prueba de cargo la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos: 1. Que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto. 2. Que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio. 3. Que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. En nuestro caso la defensa está en total desventaja, pues con esa única declaración testifical, quien ni compareció al juicio oral y público, el Tribunal Sentenciador declara culpable a mi defendido. Situación que crea desventaja en la presente causa, ya que los Juzgadores y las partes no puedan observarlo y en consecuencia hacer un verdadero juicio de credibilidad (objetiva y subjetiva) del testigo, además que el testimonio de dicho testigo debe necesariamente estar apoyado en probanza que acredite lo dicho, en el juicio solamente se presentó prueba referencial, por lo tanto, no hay ningún medio periférico de confirmación. Es así que el acusado tiene el derecho a un proceso con todas las garantías y al haber dictado el Juzgador un dicho fallo condenatorio en esas condiciones y basado exclusivamente en el testimonio del testigo protegido e identificado con la clave JPTP-2816, mismo que es muy limitado para esta defensa, se vulnera el derecho de defensa a interrogar testigos consagrados en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal, pues es una garantía reconocida a quienes hayan sido acusados, de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su derecho[2]; y de presunción de inocencia, en definitiva solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” IV. Fundamentación Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen: Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con el articulo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 82 de la Constitución de la República reza: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” El artículo 89 establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara es culpable del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-2816. La modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado. La ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad del testimonio, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Con esta modalidad de testigos protegidos queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio directo al testigo, dificulta apreciar su comportamiento durante el examen de preguntas y repreguntas, de modo que la defensa pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En nuestro caso, en el juicio oral y público se evacuo mediante lectura autorizada la declaración del testigo protegido identificado con la clave JPTP-2816, Si bien es cierto se evacuo dicho medio de prueba, pero no hay probanza de confirmación, que haga establecer de una manera precisa si realmente ocurrieron los hechos, tal como lo hace establecer la supuesta víctima. La declaración del agente Allan Mendoza, es meramente referencial, ya que narra hechos que no percibió a través de sus sentidos, solamente recibió la denuncia y posteriormente le tomó la declaración administrativa en la Oficina Nacional Anti Extorsión (FNA), sin que haya otra investigación que complemente el caso (entrega controladas, intervención de agentes provocadores, intervenciones telefónicas, vigilancias, allanamientos, etc.) y otro agente fue el que registro al menor, a quien supuestamente se le encontró 300 lempiras, extremo que tampoco fue acreditado en juicio. en el presente caso solamente se cuenta con la declaración de la supuesta víctima, quien es protegido y como es sabido constituye una limitante para ejercer una verdadera defensa material y técnica, el testimonio del testigo protegido es de valor decisivo, pues si hacemos uso del método conocido como “supresión hipotética’ al suprimirlo en mente nos varía la decisión final. Con esta única declaración el Tribunal Sentenciador llega a la certeza que el acusado es culpable del delito de extorsión continuada en perjuicio del testigo protegido JPTP-2816, medio que como ya se explicó es desproporcional, pues fue obtenido en menoscabo a los derechos del imputado. Situación que crea desventaja en la presente causa, ya que los Juzgadores y las partes no puedan observarlo y en consecuencia hacer un verdadero juicio de credibilidad (objetiva y subjetiva) del testigo, además que el testimonio de dicho testigo debe necesariamente estar apoyado en probanza que acredite lo dicho, en el juicio solamente se presentó prueba referencial. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[3] Concepto especifico La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Para el examen de la Presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de Defensa y Presunción de Inocencia, consignados en los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el Tribunal Sentenciador llega a la convicción que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara es culpable del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-2816 con fundamento en la declaración de un testigo protegido incorporado mediante lectura al juicio, lo ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de defensa, tampoco se ha infringido al acusado el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenarlo por el delito de Extorsión continuada, ha sido constitucionalmente obtenida, incorporada lícitamente al juicio oral. Concretamente, el tribunal ha utilizado como medios de prueba: declaración del Testigo Protegido JPTP-2816, tomada con las formalidades de la prueba anticipada e incorporado al juicio mediante lectura, declaración testifical del Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión señor Allan Mendoza, actas de decomiso y de registro personal, ratificadas en juicio por el Agente de Policía Elvin Moisés Osorto Pérez, los que llevaron al tribunal de juicio a alcanzar la convicción de certeza de la participación del acusado Carlos Isaías Hernández Clara en el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-2816. Con la prueba de cargo se acreditó más allá de toda duda razonable que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara desde el inicio de noviembre de 2015 hasta enero de 2016 estuvo cobrando bajo amenaza de causar a él a algún miembro de la familia al testigo protegido JPTP-2816 la cantidad de L.300.00 semanales, hasta esta última fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Militar. Por todo lo anterior, el acusado Carlos Isaías Hernández Clara ha sido sometido a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de defensa, y derecho de presunción de inocencia en que ha sido encontrado culpable del delito de que se le juzga debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de derecho defensa y presunción de inocencia consignado en el artículo 82 y 89 de la Constitución de la República. V. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Isaías Hernández Clara. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Carlos Isaías Hernández Clara, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Carlos Isaías Hernández Clara, la pena de 25 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y multa de 83.33 salarios mínimos. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Carlos Isaías Hernández Clara como persona responsable le correspondería del sancionado penalmente por el Delito de Extorsión con una pena abstracta comprendida entre 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, pena que ha de aumentarse en 1/3 por tratarse de un delito de Extorsión Continuada, por lo que la pena a imponer sería de 15 a 20 años de prisión y Multa de 1000 a 1,333.33 días. (Artículo 373… y 68). En este caso la pena privativa de libertad al imponer al acusado Carlos Isaías Hernández Clara por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-2816, es la pena mínima, o sea la de 15 años de prisión y Multa de L.20,000.00 a razón de 20 lempiras el día multa. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva al acusado Carlos Isaías Hernández Clara de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal, e imponer la pena mínima en virtud de no haber el proceso peritaje o forma objetiva para medir el nivel de ingreso o estudio socio económico del acusado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 360 del Código Procesal Penal. 53, 68 y 373 del Código Penal vigente, y FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Isaías Hernández Clara, en la causa en que se condenó al señor Carlos Isaías Hernández Clara, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JTPT-2016; Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por ser la nueva ley penal más favorable al acusado; Tercero: Modificar la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y condenar al señor Carlos Isaías Hernández Clara, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JTPT-2816, a la pena de 15 años de prisión y una multa de L.20,000.00, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras en la Tesorería General de la República, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y para el ejercicio de la patria potestad ambas por el tiempo que dure la condena principal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”. “Auto de aclaración de sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veintiuno. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su condición de Coordinadora, José Olivio Rodriguez Vasquez y Rafael Bustillo Romero pronuncia, En nombre del Estado de Honduras El presente AUTO resuelve la solicitud de aclaración de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año en curso, presentada por la Abogada Dinabel López Durón, en su condición de Defensora Pública del Señor Carlos Isaías Hernández Clara, a quien se le siguió proceso penal por suponerlo responsable a título de autor del delito consumado de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-2816. Antecedentes Procesales Primero: En sentencia de fecha veintinueve de abril del año en curso, la Sala de lo Penal dicta sentencia de casación en la que declara No Ha Lugar el motivo único de casación de Precepto Constitucional presentada por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público del señor Carlos Isaías Hernández Clara, asimismo, declara la procedencia de la aplicación retroactiva de la ley penal contenida en el Código Penal (Decreto 130-2017) por ser la nueva ley más favorable al acusado, en consecuencia, modifica la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de Sentencia de Sanan Pedro Sula, Cortés y condena al señor Carlos Isaías Hernández Clara, como autor del delito de Extorsión continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-2816, a la pena de quince (15) años de prisión y Multa de Veinte Mil lempiras (L20.000.00) y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y para el ejercicio de la patria potestad, por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: En escrito separado, y dentro del plazo de tres días de su notificación, la Abogada Dinabel López Durón, en su condición de defensora privada del señor Carlos Isaías Hernández Clara, solicita aclaración de la sentencia de casación penal de fecha veintinueve de abril del año en curso, por considerar que al momento de determinar las penas abstractas no se mencionó la pena máxima en su mitad superior, como lo establece el artículo 68 del Código Penal, para el delito continuado, que corresponde a 12 años, 6 meses a 15 años de prisión, y multa de 750 a 1000 días. Considera que la anterior es la regla general en el concurso y se encuentra sumando las dos penas (mínimo y máximo) establecidas para el tipo penal, dividido entre dos y su resultado es la pena mínima. Pero la Sala de lo Penal únicamente se refiere al segundo párrafo que es la excepción, que corresponde a que podría darse el aumento de la pena superior hasta en un tercio 1/3. Asimismo, señala que en otros fallos la Sala de lo Penal ha realizado el cálculo en la forma indicada, por lo que solicita se unifiquen los dos criterios sobre el delito continuado, establecido en el artículo 68 del Código Penal (Decreto 130-2017). Fundamentación ÚNICO: “Artículo 142.- Aclaración y Modificación de las Resoluciones. Antes de la notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” Por Tanto Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, Resuelve: Primero: Declarar con lugar la solicitud presentada por el por la Abogada Dinabel López Durón, en su condición de Defensora Pública del señor Carlos Isaías Hernández Clara. Segundo: Se aclara la sentencia de casación de fecha veintinueve de abril del año en curso, dictada por la Sala de lo Penal, de la manera siguiente: I) El artículo 68 del Código Penal dispone en su parte conducente que el delito continuado se sanciona con: “… la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse a la una pena superior en un tercio.” II) El artículo 70.1 inciso a) del Código Penal, dispone que: “El órgano jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer sujetándose a las reglas siguientes: 1) En los delitos dolosos el órgano jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la menor o mayor gravedad del hecho…; 2) Una vez aplicadas las reglas de los literales anteriores, el órgano jurisdiccional competente fijará motivadamente la duración exacta de la pena, en atención a las circunstancias personales del culpable y a la mayor o menor gravedad del hecho”. III) En el presente caso, si bien el juzgador de instancia en la sentencia recurrida, numeral tercero de la fundamentación jurídica, no aprecia la incidencia de circunstancias accidentales que modifiquen la responsabilidad penal de Carlos Isaías Hernández Clara, por lo que le impone la pena mínima del delito de Extorsión Continuada, esta Sala considera que de los hechos declarados probados por el tribunal de juicio se deriva que lo siguiente: 1) Que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara, desde el mes de noviembre de 2015 al 27 de enero de 2016, cobró la cantidad de L300.00 semanales al Testigo Protegido Clave JPTP-2816, bajo la amenaza que de no efectuar el pago causaría la muerte a él o algún miembro de su familia. 2) Que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara, se hacía acompañar de otras personas, al momento de hacer los cobros de las cantidades de dinero, lo cual atemorizo al afectado; 3) Que el señor Carlos Isaías Hernández Clara, fue detenido el 27 de enero 2016, por agentes de la Policía Militar, después de hacer su último cobro de L300.00 al testigo protegido Clave JPTP2816, al momento en que se transportaba en una bicicleta con un acompañante, habiéndole decomisado a este último la cantidad de L300.00. A criterio de la Sala de lo penal, las circunstancias del hecho probado denotan que el acusado Carlos Isaías Hernández Clara, se dedica habitualmente a la comisión de delitos propios de estructuras criminales, junto a otras personas y como parte de ello infunde temor a las personas para exigirles el pago de cantidades de dinero en forma continuada a base de amenazas, lo cual denota rasgos de su personalidad y peligrosidad delictual, así como la gravedad del hecho, en tanto su delito es continua en el tiempo. Por lo anterior, esta Sala considera que la pena impuesta en la sentencia de casación de fecha 29 de abril del presente año, al señor Carlos Isaías Hernández Clara, por el delito de Extorsión Continuada, se ajusta perfectamente a los parámetros exigidos por la ley penal hondureña, en consideración a las circunstancias personales del acusado y la gravedad del hecho, por lo que aclara y ratifica las penas que le fueron impuestas NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, y del Auto de Aclaración de Sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-536-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Noria vrs Chile, Pág. 86.
[2] Ver Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú, fondo, reparaciones y costa, párrafo 154, y caso J. Vs Perú, párrafo 208.
[3] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.