Sentencia CP-531-17 — Registro 15197
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado José Luis Jiménez Rosado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Luis Jiménez Rosado, una pena principal de reclusión de 23 años, por haber sido encontrado responsable a título de autor del delito de Asesinato en perjuicio de Walter Iván Romero Alvarenga, más las penas accesorias e inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, sin costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 117.2 del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a la persona responsable del delito de Asesinato (Art. 193), debería de imponerse una pena de prisión de 20 a 25 años. La pena impuesta al acusado José Luis Jiménez Rosado, se encuentra comprendida dentro del parámetro de pena abstracta que se debería de imponer conforme el Código Penal (Decreto No. 130-2017), por lo que esta Sala concluye que no representa un beneficio para el acusado la aplicación retroactiva de la ley penal, conforme el artículo 616 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma por la falta de motivación, por contradicción en los motivos de la sentencia y por considerar que en la valoración de las pruebas no se observaron las reglas de la sana crítica. Lo anterior, en virtud que la sentencia adolece de contradicciones, siendo la contradicción fundamental que el tribunal de sentencia le otorga credibilidad, a las declaraciones de los testigos protegidos clave AR-15 y testigo protegido PJ-21, a pesar que ser contradictorias, testigos que no se presentan al debate y que su testimonio se introduce por medio de lectura. Las contradicciones recaen sobre la persona que acompañaba al ahora occiso al momento de los hechos, la descripción de los autores de los hechos, respecto al número de participantes, la descripción del vehículo en que llegaron los ejecutores del hecho, respecto del Dictamen de autopsia según el cual el cadáver fue autopsiado a las 8 pm, pero según el resto de la prueba Walter Romero murió a la 1 de la madrugada, acerca del lugar del hecho, a la distancia en que el testigo protegido AR-15, asegura se encontraba del lugar de los hechos y de que logra identificar rostros de los autores, color y marca de vehículos y describe inclusive cuando los autores se retiran del lugar, una persona promedio al ver un grupo de hombres armados, ver que disparan de forma tan violenta y conocerlos por sus nombres o apodos, se retiraría corriendo del peligro, no se preocuparía por reconocerlos, ni observaría tantos detalles como describe en su declaración. Argumenta que en la valoración de la prueba el tribunal toma elementos aislados y evade las contradicciones en que recaen testigos por lo que concluye que en su valoración no se observan las reglas de la sana critica. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de “Debida Técnica Recursiva”, pues a su motivo de casación por quebrantamiento de forma incorpora tres distintos defectos o vicios que para mayor claridad y precisión debieron haber sido argumentados en forma separada; asimismo, ataca la sentencia sobre la credibilidad y/o legalidad de la incorporación mediante lectura autorizada de los testimonios rendidos por los testigos protegidos clave AR-15 y testigo protegido PJ-21, incorporados mediante lectura, y señalar las contradicciones en que incurren, mediante argumentos propios de instancia, y en el mismo motivo de casación al señalar falta de motivación y además que no se valora la prueba de los testigos de cargo observando las reglas de la sana críticas, pero sin indicar de forma expresa qué regla o reglas del correcto razonamiento humano -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- son las que se ha dejado de apreciar por el tribunal sentenciador, defectos esenciales en la técnica recursiva de casación que la ley no permite obviar ni subsanar de oficio. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que no considera el recurrente como acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. No es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porque éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor aprecia que el fallo que se impugna adolece de aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117, en relación con el 31 y 32 del Código Penal. Reprocha que la declaración de hechos probados no se subsume en el artículo 117 del Código Penal, por el que se condena al acusado José Luís Jiménez Rosado, a título de autor, por no cumplir los requisitos de la autoría, al no haber un plan predeterminado para asesinar. Por considerar que la participación del acusado José Luís Jiménez Rosado, al no haberse probado las circunstancias del hecho atribuido al acusado, no puede declararse su culpabilidad como coautor de Asesinato en perjuicio de Walter Iván Romero Alvarenga. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El treinta y uno de agosto (31) de dos mil diez (2010), aproximadamente a la una de la madrugada, el señor Walter Iván Romero Alvarenga, se encontraba en la calle del Comercio frente a Banco de Occidente de la ciudad de la Lima, departamento de Cortés, en compañía de una mujer conocida solamente como "Zaida" en un vehículo color azul. Al bajarse Zaida del vehículo, se acercó una camioneta color blanco de la cual se bajó José Luís Jiménez Rosado, junto a otros tres individuos, y empezaron a disparar en varias ocasiones contra la humanidad de Walter Iván Romero Alvarenga, causándole treinta y seis heridas provocadas por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres, siendo la causa de la muerte Laceración Cerebral.” La base fáctica de la sentencia impugnada se configura perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117.1 en relación a los artículos 31 y 32 del Código Penal. El artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de Asesinato, quién de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación, conocida; 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido...”, y el artículo 31 del Código Penal, que literalmente dice: “Son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices.” Asimismo, el artículo 32 del mismo Código Penal manda que: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Del fáctum de la sentencia que se impugna resulta que la acción desplegada por el acusado José Luís Jiménez Rosado, se subsume en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117.1 en relación a los artículos 31 y 32 del Código Penal. En el presente caso, la acción alevosa desplegada por el acusado José Luís Jiménez Rosado, reúne las condiciones exigidas por la ley penal, pues en este caso, la alevosía se presenta como equivalente a cobardía, debido al aseguramiento de la ejecución por parte del autor y demás participes de la acción ilícita, y el aprovechamiento de la situación de indefensión en que se encuentra, sin riesgo para el acusado José Luís Jiménez Rosado, como sujeto activo al momento de cometer su acción. En este caso, se trata de la llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. En este caso, la participación del acusado es a título de autor de un delito de Asesinato consumado. Por lo expuesto, esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no se ha aplicado en forma indebida los preceptos contenidos en el artículo 117, en relación con el 31 y 32 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SP 531-2017
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-531-2017 que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes abril del año dos mil veintiuno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-531-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Luis Jiménez Rosado, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Walter Iván Romero Alvarenga a la pena de veintitrés años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor José Luis Jiménez Rosado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor José Luis Jiménez Rosado.- Quinto: No procedió el comiso. Son Partes: El Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de defensor privado del señor José Luis Jiménez Rosado, como parte recurrente; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “ÚNICO: El treinta y uno de agosto (31) de dos mil diez (2010), aproximadamente a la una de la madrugada, el señor Walter Iván Romero Alvarenga, se encontraba en la calle del Comercio frente a Banco de Occidente de la ciudad de la Lima, departamento de Cortés, en compañía de una mujer conocida solamente como "Zaida" en un vehículo color azul. Al bajarse Zaida del vehículo, se acercó una camioneta color blanco de la cual se bajó José Luís Jiménez Rosado, junto a otros tres individuos, y empezaron a disparar en varias ocasiones contra la humanidad de Walter Iván Romero Alvarenga, causándole treinta y seis heridas provocadas por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres, siendo la causa de la muerte Laceración Cerebral.” Recurso de Casación: El Recurrente Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de defensor privado del señor José Luis Jiménez Rosado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO. INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA.- Infracción de los artículos 31, 32 y 117 del Código Penal, que son normas sustantivas penales. EXPLICACION PRIMERO. La sentencia contiene el siguiente hecho probado que el casacionista respeta: UNICO.- El treinta y uno de agosto(31) de dos mil diez(2010) aproximadamente a la una de la madrugada, el señor WALTER IVAN ROMERO ALVARENGA, se encontraba en la calle del comercio frente a Banco de Occidente de la ciudad de la lima, departamento de cortes, en compañía de una mujer conocida solamente como “Zaida”, en un vehículo color Azul. Al bajarse Zaida del vehículo, se acercó una camioneta color blanco de la cual se bajó JOSE LUS JIMENEZ ROSADO, junto a otros 3 individuos y empezaron a disparar en varias ocaciones contra la humanidad de WALTER IVAN ROMERO ALVARENGA, causándole treinta y seis heridas provocadas por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres, siendo la causa de la muerte laceración cerebral. El anterior es el hecho probado que origina la sentencia condenatoria, mismo que se respeta por parte del recurrente SEGUNDO.- Como la honorable sala penal podrá advertir de la simple lectura, el hecho probado no describe la concurrencia de la alevosía en la realización der hecho, describe un hecho que puede ser eventual o planificado, para que la actividad descrita pueda subsumirse en el tipo penal de asesinato, el hecho declarado probado debe reunir todos los elementos típicos del tipo penal por el que el agente resulte condenado, de no ser así estamos ante una actividad atípica. La Alevosía no es cualquier ocurrencia, está expresamente definida en el artículo 27, numeral 2, párrafo segundo del código penal, mismo que establece: Hay Alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. ¿Qué medio modo o forma describe el hecho declarado probado, que usaron los autores en el presente caso? En el presente caso, al tener la pretensión de imputar como agravante la alevosía, el hecho probado debió describir la actividad específica, que habría realizado mi defendido, siendo que no es así, la de la acción como asesinato, es una aplicación indebida, resultado así una infracción a la ley sustantiva penal contenida en el artículo 117 del Código Penal vigente. La actividad que describe el hecho declarado probado no se subsume en el tipo penal por el que resulta condenado y no se ajusta al supuesto normativo que contienen los artículos 31, 32 Y 117 del código penal, la actividad de subsunción que la actividad descrita en el agente encaje de forma clara y exacta en el tipo penal g en las hipótesis a través de las cuales se sucede la autoría según nuestro código penal, En este caso la infracción se sucede por aplicación indebida.- TERCERO:- Conforme nuestro código penal se puede ser autor de cuatro formas: a.- Tomando parte directa en la ejecución del hecho. b. Forzando directamente a otra persona a ejecutar el hecho. c.- Induciendo directamente a otro a ejecutar el hecho y d.- Cooperando a la ejecución del hecho por un acto sin el cual, el hecho no hubiera podido ejecutarse. La autoría en el presente caso debe ser considerada en relación al delito de ASESINATO, en ese sentido es preciso avocarse a la autoría de una actividad que no se subsume en el tipo penal así pues al Infringir el contenido del artículo 117 y calificar la autoría en relación con este resulta la infracción a los artículos 31 g 32 del Código Penal; El Derecho se debe interpretar con correspondencia y armonía, porque es un sistema orientado a juzgar conducta humana., no puede interpretarse al absurdo. Por esta razón considero que la honorable corte suprema en su sala penal, debe advertir que el hecho declarado probado no se corresponde con el tipo penal, por el que resulta condenado el señor Walter Iván Romero Alvarenga sucediéndose de esa forma la infracción a la ley sustantiva penal como lo es el artículo 117 del código penal, así motivo los artículos 31 y 32 del mismo código. CUARTO.- Siendo que el hecho declarado probado no se corresponde con los tipos penales por el que fue condenado mí representado, se pide que la honorable Sara penal, case la sentencia recurrida y dicte en su lugar una sentencia absolutoria.- EL RECLAMO.- Aplicación pretendida.- Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar o exponer la aplicación pretendida, con respeto expongo: esta defensa mantiene su alegato en el sentido de que mi representado no participo en el hecho por el que viene siendo acusado, sin embargo solo a efecto de exponer la aplicación pretendida expongo que de acuerdo al hecho declarado probado la actividad solo puede calificarse como homicidio.” “SEGUNDO MOTIVO QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. *La Sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. Articulo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION: -La Sentencia contiene motivación insuficiente contradictoria y no se respetan las reglas de la sana crítica. PRIMERO. - Honorables magistrados la sentencia recurrida contiene múltiples contradicciones que procedo a enumerar. La contradicción fundamental es que la sentencia establece que tanto la declaración del testigo protegido clave AR-15 como la del testigo protegido PJ-21, LES OTORGA CREDIBILIDAD, (últimos 2 renglones de la página 10), en la parte atinente a la valoración de la prueba se dice de Forma reiterada que ambos testigos merecen credibilidad. El problema es que estos testigos dieron declaraciones totalmente contradictorias y no se presentaron al debate, su testimonio se introduce por lectura y no fue para la defensa interrogarlos a efecto de buscar la verdad de su testimonio. VEAMOS 1. El testigo AR-15 dice que Walter romero estaba con una mujer que se llama ZAIDA, pero el testigo PJ-21, dice que era una muchacha que se llama CINDY, como se advierte ambos testigos refieren personas diferentes, si se les cree a los dos, el tribunal le está dando credibilidad a dos versiones de un mismo hecho que no concuerdan, sí es cierto el testimonio de AR-15 sería falso el testimonio de PJ-21 y viceversa, conforme el principio lógico de NO CONTRADICCION, si tenemos dos testimonios contradictorios respecto a un mismo hecho, necesariamente uno deberá ser falso o ambos pueden ser falsos, pero ambos nunca podrían ser verdaderos, pues son excluyentes entre si. 2. Ambos testigos describen autores diferentes; AR-15 declaro que quienes participaron en el hecho fueron "chepe rata", "pulga" y "pepe", pero el testigo PJ-21 dijo que quienes participaron fueron Julio Canales, chupuste y un primo y que quien manejaba el vehículo era la esposa de Julio Canales… ¿Cómo pueden darles credibilidad a ambos testimonios si no coinciden? Noten los honorables magistrados que el testigo PJ-21-, no describe la participación del imputado en este hecho… y el tribunal dice que le da credibilidad, ¿Entonces por le dicta sentencia condenatoria? 3. No concuerdan respecto al número de participantes, Ar-15 menciona a tres autores y PJ-21 describe a cuatro autores y PJ-21 describe a cuatro autores. - NO PARTICIPANTES PUES NINGUNO DE LOS TESTIGOS LO REFIERE, (según sus testimonios) FUERON 3 fueron 4... ambos testimonios no pueden ser ciertos. 4. Los vehículos relacionados por ambos testigos no concuerdan: el testigo PJ-21 declaro que se planeó y llegaron en un vehículo marca "Sentra” (Nissan Sentra), como no es clara su declaración, debemos hipotetisar que si se refiere a Walter Romero, otros medios de prueba demuestran que su vehículo era un Pick-up color azul, si se refiere a los autores del hecho contradice lo que declara el testigo AR-15 que describió el vehículo de los atacantes como una camioneta, evidentemente ambos testimonios son irreconciliables…. el tribunal dice que ambos testimonios le merecen credibilidad, pero ambos testimonios no pueden ser ciertos pues son contradictorios, PRINCIPIO LOGICO DE CONTRADICCION. Como los honorables magistrados podrán advertir, ninguna de estas contradicciones son abordadas por el tribunal, no se les da una explicación, simplemente se obvian, aquí esta claro que en la valoración de la prueba no se utilizaron los reglas de la lógica, que es parte Integrante del sistema de sana critica racional, de obligatorio cumplimiento en la valoración» otro elemento que requiere la atención es estos testimonios contradictorios son la única prueba que vincula a mi representado en la autoría del presente caso. 5. El tribunal le da credibilidad a un dictamen de autopsia según el cual el cada ver fue autopsiado a las 8 de la noche, pero según el resto de la prueba Walter Romero murió a la una de la madrugada, es decir fue autopsiado cuando todavía no había muerto 6. Sobre el lugar del hecho; En el hecho declarado probado se establece que el lugar del hecho seria en la del comercio, frente a Banco de Occidente de la ciudad de la lima (folio 7 de la sentencia), el testigo PJ-21 a folio 8 dice que planearon que Cindy lo ubicara en el banco Ficohsa, en la valoración de la prueba renglón 4 de abajo hacia arriba en la página 9, el tribunal dice que el testigo AR-15 dijo que el occiso estaba frente al banco Ficohsa, en folio 14 de la sentencia, renglón 1 y 2 de abajo hacía arriba, describiendo el medio de prueba Acta de Levantamiento de Cadáver número 1690, dice que el levantamiento del cadáver se a la de la madrugada Frente al Banco de Occidente, noten que el tribunal le da credibilidad a este medio de prueba y también le da credibilidad a los testigos que según la misma sentencia sitúan el lugar del hecho frente a Banco Ficohsa, COMO EXPLICAR ESTA CONTRADICCION EN LA QUE CAE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR. 7. En relación al testigo protegido AR-15, que refiere que está a 25 metros durante la realización del hecho y logra identificar rostros de los autores, color y marca de vehículos y describe inclusive cuando los autores se retiran del lugar, una persona promedio al ver un grupo de hombres armados, ver que disparan de forma tan violenta y conocerlos por sus nombres o apodos, se retiraría corriendo del peligro, no se preocuparía por reconocerlos, ni observaría tantos detalles como describe en su declaración, lo normal es que sintiera miedo, temor por su vida, sin embargo este testigo más bien se ocupó de reconocerlos y de memorizarse todos los detalles del hecho. El sentido común dice que las personas se alejan del peligro, esto no fue considerado por el tribunal, dejando de usar la sana crítica al valorar su testimonio.- SEGUNDO.- La valoración de la prueba que hace el tribunal toma elementos aislados y evade las contradicciones, le da importancia a elementos secundarios y evade las contradicciones de los testigos en cuanto a números de participantes, identidad de participantes, lugar del hecho y vehículos utilizados, así mismo no considera la circunstancia de que uno de los testigos excluye al imputado como participante del hecho, esto sucede porque en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana critica.- con el debido respeto en la valoración de estos testimonios no se ha utilizado el principio lógico de no contradicción, las máximas de la experiencia y el sentido común, que son elementos que integran el sistema de sana critica racional a la que están obligados los jueces.- TERCERO: Es evidente en el presente caso que la sentencia no tiene fundamentación suficiente y que resulta contradictoria a la hora de hacer la valoración de la prueba, el defecto básico es que no se utiliza el sistema de sana critica racional a la que está obligado el tribunal y que con un criterio arbitrario se hizo una "valoración” para justificar un fallo condenatorio, sin advertir que al hacer una valoración del anverso probatorio, resulta que las versiones de los testigos violentan las formas de razonamiento correcto, que solo se resguarda al aplicar el sistema de sana critica racional, por esta razón el recurrente considera que el juicio debe repetirse con un tribunal imparcial que respete la obsecración del sistema de sana critica racional y la jurisprudencia de la sala penal de la corte suprema de justicia.- CUARTO.- EN RELACION A LA SOLICITUD DE ABRIR ESTE RECURSO A PRUEBA, expongo lo siguiente; En la sentencia, se contienen datos inexactos en relación a lo ocurrido en la audiencia del juicio oral, por esa razón considero que para resolver el presente recurso los honorables magistrados deben acudir al acta del juicio por ejemplo en la sentencia se dice que los testigos son coincidentes en cuanto al número de participantes renglones 9 y 10 de la página 10 de la sentencia pero al acudir a los testimonios se observa que uno refiere 3 y otro refiere 4. también en la sentencia se atribuyen declaraciones a los testigos que fueron expresadas de otra forma, de manera de la lectura de la sentencia y el acta se advierte que fueron convenientemente adecuadas para justificar el fallo condenatorio y limitar nuestro derecho a la impugnación. La forma legítima de hacer esta es abrir en recurso a pruebas a fin de que la honorable sala penal conozca la verdad, respecto a cómo sucedió el debate o juicio oral en el presente caso» en consecuencia formalmente solicito que se reciba como pruebas la grabación del juicio oral g el acta de la audiencia del debate.- EL RECLAMO.- Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haga hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO. Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representado, ya que, si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria.” Fundamentación Recurso de Casación por infracción de ley de los artículos 31, 32 y 117 del Código Penal, que son normas sustantivas penales. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117, en relación con el 31, 32 y 117 del Código Penal Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Infracción de los artículos 31, 32 y 117 del Código Penal, en virtud de que el hecho declarado probado no describe la concurrencia de la alevosía en la realización der hecho, describe un hecho que puede ser eventual o planificado, para que la actividad descrita pueda subsumirse en el tipo penal de asesinato. La alevosía está expresamente definida en el artículo 27, numeral 2, del Código Penal, mismo que establece: “Hay Alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.” La autoría debe ser considerada en relación al delito de Asesinato, en ese sentido la actividad del acusado no se subsume en el tipo penal del artículo 117 por lo que también resulta infracción a los artículos 31 y 32 del Código Penal. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico “Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos del delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio, no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.1 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[1] De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El censor aprecia que el fallo que se impugna adolece de aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117, en relación con el 31 y 32 del Código Penal. Reprocha que la declaración de hechos probados no se subsume en el artículo 117 del Código Penal, por el que se condena al acusado José Luís Jiménez Rosado, a título de autor, por no cumplir los requisitos de la autoría, al no haber un plan predeterminado para asesinar. Por considerar que la participación del acusado José Luís Jiménez Rosado, al no haberse probado las circunstancias del hecho atribuido al acusado, no puede declararse su culpabilidad como coautor de Asesinato en perjuicio de Walter Iván Romero Alvarenga. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El treinta y uno de agosto (31) de dos mil diez (2010), aproximadamente a la una de la madrugada, el señor Walter Iván Romero Alvarenga, se encontraba en la calle del Comercio frente a Banco de Occidente de la ciudad de la Lima, departamento de Cortés, en compañía de una mujer conocida solamente como "Zaida" en un vehículo color azul. Al bajarse Zaida del vehículo, se acercó una camioneta color blanco de la cual se bajó José Luís Jiménez Rosado, junto a otros tres individuos, y empezaron a disparar en varias ocasiones contra la humanidad de Walter Iván Romero Alvarenga, causándole treinta y seis heridas provocadas por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres, siendo la causa de la muerte Laceración Cerebral.” La base fáctica de la sentencia impugnada se configura perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117.1 en relación a los artículos 31 y 32 del Código Penal. El artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de Asesinato, quién de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación, conocida; 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido...”, y el artículo 31 del Código Penal, que literalmente dice: “Son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices.” Asimismo, el artículo 32 del mismo Código Penal manda que: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Del fáctum de la sentencia que se impugna resulta que la acción desplegada por el acusado José Luís Jiménez Rosado, se subsume en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117.1 en relación a los artículos 31 y 32 del Código Penal. En el presente caso, la acción alevosa desplegada por el acusado José Luís Jiménez Rosado, reúne las condiciones exigidas por la ley penal, pues en este caso, la alevosía se presenta como equivalente a cobardía, debido al aseguramiento de la ejecución por parte del autor y demás participes de la acción ilícita, y el aprovechamiento de la situación de indefensión en que se encuentra, sin riesgo para el acusado José Luís Jiménez Rosado, como sujeto activo al momento de cometer su acción. En este caso, se trata de la llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. En este caso, la participación del acusado es a título de autor de un delito de Asesinato consumado. Por lo expuesto, esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no se ha aplicado en forma indebida los preceptos contenidos en el artículo 117, en relación con el 31 y 32 del Código Penal. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por considerar que la sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Único Motivo: Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen La Sentencia contiene motivación insuficiente y contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. La sentencia recurrida contiene múltiples contradicciones. La contradicción fundamental es que la sentencia establece que la declaración del testigo protegido clave AR-15 como la del testigo protegido PJ-21, les otorga credibilidad, a pesar de que son declaraciones contradictorias, testigos que no se presentan al debate y su testimonio se introduce por lectura. Las contradicciones son las siguientes: 1) El testigo AR-15 dice que Walter Romero estaba con una mujer que se llama Zaida pero el testigo PJ-21, dice que era una muchacha que se llama Cindy; 2) Los testigos describen autores diferentes: AR-15 declaró que quienes participaron en el hecho fueron "chepe rata", "pulga" y "pepe", y el testigo PJ-21 dijo que quienes participaron fueron Julio Canales, chupuste y un primo y que quien manejaba el vehículo era la esposa de Julio Canales… el testigo PJ-21-, no describe la participación del imputado en este hecho…; 3) Los testigos no concuerdan respecto al número de participantes, AR-15 menciona a tres autores y PJ-21 describe a cuatro autores y PJ-21 describe a cuatro autores; 4) Los vehículos relacionados por ambos testigos no concuerdan: el testigo PJ-21 declaro que se planeó y llegaron en un vehículo marca "Sentra” (Nissan Sentra), como no es clara su declaración, se debe hipotetisar que si se refiere a Walter Romero, otros medios de prueba demuestran que su vehículo era un Pick-up color azul. El tribunal dice que ambos testimonios le merecen credibilidad, pero ambos testimonios no pueden ser ciertos, al ser contradictorios; 5) El tribunal le da credibilidad a un Dictamen de Autopsia según el cual el cadáver fue autopsiado a las 8 de la noche, pero según el resto de la prueba Walter Romero murió a la una de la madrugada, es decir, fue autopsiado cuando todavía no había muerto; 6) Sobre el lugar del hecho: En el hecho declarado probado que el lugar del hecho sería en la calle del comercio, frente a Banco de Occidente de la ciudad de La Lima (folio 7 de la sentencia), pero el testigo PJ-21 a folio 8 dice que planearon que Cindy lo ubicara en el banco Ficohsa. En la valoración de la prueba renglón 4 de abajo hacia arriba en la página 9, el tribunal dice que el testigo AR-15 dijo que el occiso estaba frente al banco Ficohsa, en folio 14 de la sentencia, renglón 1 y 2 de abajo hacia arriba, describiendo el medio de prueba Acta de Levantamiento de Cadáver número 1690, dice que el levantamiento del cadáver se hace a la una de la madrugada Frente al Banco de Occidente. El tribunal le da credibilidad a este medio de prueba y también le da credibilidad a los testigos que según la misma sentencia sitúan el lugar del hecho frente a Banco Ficohsa, 7) El testigo protegido AR-15, se refiere que está a 25 metros durante la realización del hecho y logra identificar rostros de los autores, color y marca de vehículos y describe inclusive cuando los autores se retiran del lugar, una persona promedio al ver un grupo de hombres armados, ver que disparan de forma tan violenta y conocerlos por sus nombres o apodos, se retiraría corriendo del peligro, no se preocuparía por reconocerlos, ni observaría tantos detalles como describe en su declaración, lo normal es que sintiera miedo, temor por su vida, sin embargo este testigo más bien se ocupó de reconocerlos y de memorizarse todos los detalles del hecho. La valoración de la prueba que hace el tribunal toma elementos aislados y evade las contradicciones, la da valor a los testigos en cuanto a números de participantes, identidad de participantes, lugar del hecho y vehículos utilizados, y no considera que uno de los testigos excluye al imputado como participante del hecho, porque en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. La sentencia no tiene fundamentación suficiente y resulta contradictoria a la hora de hacer la valoración de la prueba. Al acta del juicio dice que los testigos son coincidentes en cuanto al número de participantes renglones 9 y 10 de la página 10 de la sentencia, pero al acudir a los testimonios se observa que uno refiere 3 y otro refiere 4. La sentencia se atribuye declaraciones a los testigos que fueron expresadas de otra forma, de manera de la lectura de la sentencia y el acta se advierte que fueron convenientemente adecuadas para justificar el fallo condenatorio y limitar nuestro derecho a la impugnación. Concepto General del recurso 1) El artículo 362.3 del Código Procesal Penal, dispone que el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, tiene lugar cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[2]” 2) “Los errores más frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana crítica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[3] 3) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[4]. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma por la falta de motivación, por contradicción en los motivos de la sentencia y por considerar que en la valoración de las pruebas no se observaron las reglas de la sana crítica. Lo anterior, en virtud que la sentencia adolece de contradicciones, siendo la contradicción fundamental que el tribunal de sentencia le otorga credibilidad, a las declaraciones de los testigos protegidos clave AR-15 y testigo protegido PJ-21, a pesar que ser contradictorias, testigos que no se presentan al debate y que su testimonio se introduce por medio de lectura. Las contradicciones recaen sobre la persona que acompañaba al ahora occiso al momento de los hechos, la descripción de los autores de los hechos, respecto al número de participantes, la descripción del vehículo en que llegaron los ejecutores del hecho, respecto del Dictamen de autopsia según el cual el cadáver fue autopsiado a las 8 pm, pero según el resto de la prueba Walter Romero murió a la 1 de la madrugada, acerca del lugar del hecho, a la distancia en que el testigo protegido AR-15, asegura se encontraba del lugar de los hechos y de que logra identificar rostros de los autores, color y marca de vehículos y describe inclusive cuando los autores se retiran del lugar, una persona promedio al ver un grupo de hombres armados, ver que disparan de forma tan violenta y conocerlos por sus nombres o apodos, se retiraría corriendo del peligro, no se preocuparía por reconocerlos, ni observaría tantos detalles como describe en su declaración. Argumenta que en la valoración de la prueba el tribunal toma elementos aislados y evade las contradicciones en que recaen testigos por lo que concluye que en su valoración no se observan las reglas de la sana critica. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de “Debida Técnica Recursiva”, pues a su motivo de casación por quebrantamiento de forma incorpora tres distintos defectos o vicios que para mayor claridad y precisión debieron haber sido argumentados en forma separada; asimismo, ataca la sentencia sobre la credibilidad y/o legalidad de la incorporación mediante lectura autorizada de los testimonios rendidos por los testigos protegidos clave AR-15 y testigo protegido PJ-21, incorporados mediante lectura, y señalar las contradicciones en que incurren, mediante argumentos propios de instancia, y en el mismo motivo de casación al señalar falta de motivación y además que no se valora la prueba de los testigos de cargo observando las reglas de la sana críticas, pero sin indicar de forma expresa qué regla o reglas del correcto razonamiento humano -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- son las que se ha dejado de apreciar por el tribunal sentenciador, defectos esenciales en la técnica recursiva de casación que la ley no permite obviar ni subsanar de oficio. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que no considera el recurrente como acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. No es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porque éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. DECISIÓN. La Sala declara No Ha lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva y el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado del señor José Luis Jiménez Rosado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado José Luis Jiménez Rosado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Luis Jiménez Rosado, una pena principal de reclusión de 23 años, por haber sido encontrado responsable a título de autor del delito de Asesinato en perjuicio de Walter Iván Romero Alvarenga, más las penas accesorias e inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, sin costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 117.2 del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a la persona responsable del delito de Asesinato (Art. 193), debería de imponerse una pena de prisión de 20 a 25 años. La pena impuesta al acusado José Luis Jiménez Rosado, se encuentra comprendida dentro del parámetro de pena abstracta que se debería de imponer conforme el Código Penal (Decreto No. 130-2017), por lo que esta Sala concluye que no representa un beneficio para el acusado la aplicación retroactiva de la ley penal, conforme el artículo 616 del Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66, 68, 373, 580.1 y 616 del Código Penal (Decreto 130-2017); y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva y el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado del señor José Luis Jiménez Rosado; - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio para el acusado; Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se condenó al señor José Luis Jiménez Rosado, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Walter Iván Romero Alvarenga a la pena de veintitrés años de reclusión, de le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, no se procedió a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, se declaró la responsabilidad civil del señor José Luis Jiménez Rosado y no procedió el comiso; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-531-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.
[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 156
[3] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Página 172.
[4] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005