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Sentencia CP-528-18 — Registro 14252

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Estupro, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declara que no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal contenida en el Decreto 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de ley por interpretación errónea del artículo 142, primer párrafo del Código Penal que literalmente dice: “El estupro de una persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con pena de seis (6) a ocho (8) años de reclusión...” Refiere que al analizar el hecho probado de la sentencia se da cuenta que existe disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas. Asegura que en ningún momento se ha negado la relación en el acusado y la menor, pero el tribunal estima que se comete el Estupro con base en el artículo 142 párrafo primero, sin embargo esa representación estima que no existe delito y si existe es conforme al artículo 142 párrafo segundo, mediante engaño, en vista de que la menor manifiesta que en ningún momento el señor Iban se ha valido de su jerarquía, mucho menos que por ser su maestro se aprovechó para vivir con ella, ya que la relación empezó tiempo después, y que el profesor Iban nunca le dio clases a ella. Por lo que considera que en la fundamentación jurídica el juzgador incurre en interpretación errónea cuando declara culpable al acusado y lo condena por el delito Estupro según el párrafo primero con una pena de 6 a 8 años. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo que procede es analizar si estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “UNO: En el mes de febrero del 2015, cuando la joven K. S. R. M., tenía catorce años de edad, y cursaba sus estudios de primer año de Bachillerato, en el Instituto Polivalente Santiago, en Lepaterique departamento de Francisco Morazán, centro educativo donde también trabajaba el Profesor Ángel Iban Perdomo Martinez, quien aprovechando la circunstancia de que la menor era su alumna, empezó a enamorarla y a realizarle promesas de que le compraría un terreno donde le construiría una casa, y que la pondría a estudiar en la Universidad, todo ello para lograr mantener relaciones sexuales con la ofendida, quien accedió a las pretensiones del señor Perdomo Martinez, por lo que tuvieron relaciones sexuales intimas en varias ocasiones y producto de las mismas la menor resulto embarazada dando a luz un hijo de ambos.” La base fáctica de la sentencia impugnada preinserta claramente se configuran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estupro en perjuicio de la menor K. S. R. M., tipificados y sancionados en el artículo 142 primer párrafo del Código Penal. El acusado Ángel Iban Perdomo Martinez, se prevalece de su posición de confianza, jerarquía u autoridad, como profesor del Instituto Polivalente Santiago, en Lepaterique departamento de Francisco Morazán, para sostener relaciones sexuales íntimas con la menor, quien accede a ello en varias ocasiones quedando por el embarazada y dando a luz un hijo de ambos. Por lo expuesto esta Sala considera que, la sentencia recurrida no incurre en interpretación errónea del precepto contenido en el artículo 142 primer párrafo del Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Ángel Iban Perdomo Martínez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, la pena de 6 años de reclusión, como autor del delito de Estupro, en perjuicio de la menor C. S. R. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni comiso alguno por el delito cometido. Art.142 primer párrafo del Código Penal (Decreto 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como persona responsable del delito de Estupro le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 4 a 7 años de prisión y Multa de 300 a 500 días, por prevalecerse de una relación de superioridad con actos sexuales que implican con acceso carnal por cualquier vía en contra de la menor C. S. R. M.. (Artículo 254 segundo párrafo Código Penal). Por tanto, No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, en virtud que la pena impuesta de 6 años de reclusión está comprendida dentro de los parámetros de la pena abstracta de 4 a 7 años de prisión, y por llevar pena de Multa de 300 a 500 días, en este caso de 300 días a razón de L 20.00 el día y que asciende a la suma de L6,000.00, además de las penas accesorios que se le debería de imponer, conforme a lo que dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

ERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 528-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP -528-2018 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como autor del delito de Estupro, en perjuicio de la libertad sexual de la menor K. S. R. M. a la pena de seis años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, por los daños morales ocasionados y la indemnización de perjuicios a las víctimas, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Son Partes: El Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNO: En el mes de febrero del 2015, cuando la joven K. S. R. M., tenía catorce años de edad, y cursaba sus estudios de primer año de Bachillerato, en el Instituto Polivalente Santiago, en Lepaterique departamento de Francisco Morazán, centro educativo donde también trabajaba el Profesor ANGEL IBAN PERDOMO MARTINEZ, quien aprovechando la circunstancia de que la menor era su alumna, empezó a enamorarla y a realizarle promesas de que le compraría un terreno donde le construiría una casa, y que la pondría a estudiar en la Universidad, todo ello para lograr mantener relaciones sexuales con la ofendida, quien accedió a las pretensiones del señor PERDOMO MARTINEZ, por lo que tuvieron relaciones sexuales intimas en varias ocasiones y producto de las mismas la menor resulto embarazada dando a luz un hijo de ambos.” Recurso de Casación: El Recurrente Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia el fallo inobservó las reglas para la realización del juicio en vista de la falta de legitimación al Ministerio Publico, para presentar una acción penal en vista de no estar legalmente autorización en base al artículo 26 numeral 3 del Código Procesal Penal, donde se establece la obligatoriedad de la autorización para ejercitar la acción penal. PRCEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La defensa al momento de iniciar el Juicio oral y público presenta en base al artículo 46 numeral 2 del código procesal penal una excepción por falta de acción en vista de lo que establece el artículo 47 párrafo primero de dicho código donde establece que la excepción por falta de acción se puede interponer en cualquier etapa del proceso, basados en que en ningún momento el Ministerio Publico acredita la autorización que manda el articulo 26 donde se establece las acciones públicas Dependientes de Instancia particular, en vista que el numeral tercero del mismo cuerpo legal incluye el ESTUPRO CUANDO LA VICTIMA SEA MAYOR DE CATORCE (14) AÑOS, pero el tribunal en ningún momento resolvió dicha excepción sino que se manifestó únicamente en el numeral OCTAVO declarar sin lugar dicha excepción manifestando que cuando la madre interpuso la denuncia la madre legitima al ministerio público para ejercitar la acción penal, algo que es totalmente una aberración jurídica tal y como lo desarrollarle en el presente recurso. En primera instancia el Ministerio Publico en base a lo que establece el artículo 92 del Código Procesal penal, es el ente encargado de investigar punibles y promover la acción pública en representación de la sociedad y la Procuraduría General de la república, por lo cual es erróneo por parte del tribunal manifestar que una vez denunciado el hecho el Ministerio publico este autorizado para ejercer la acción penal pública dependiente de instancia particular, YA QUE CON LA DENUNCIA SE DA INICIO AL PROCESO DE INVESTIGACION, para poder determinar si procede el ejercicio de la acción, ya que el artículo 26 numeral 3 del Código Procesal Penal, donde se establece la obligatoriedad de la autorización para ejercitar la acción penal, en vista que dicho artículo da la legitimación para presentar el requerimiento fiscal en vista DE SER CLARA DICHO ARTICULO para exigir la autorización, ya que la denuncia tal y como lo establece el artículo 268 del código procesal penal puede ser interpuesta por cualquier persona que presencie o tenga conocimiento directo de la comisión de un delito o falta de acción pública, inclusive la víctima o su representante legal, en el presente caso la denuncia fue interpuesta por la Representante legal de la menor, pero nuestra normativa es clara al establecer que para denunciar no se necesita autorización porque lo pude hacer cualquiera no necesita ningún requisito, pero para ejercitar la acción penal si se requiere la autorización, en este caso el tribunal de sentencia al valorar la prueba cometió una aberración jurídica al manifestar que al haber denuncia el Ministerio Publico ya tenía la autorización, algo que es totalmente falso ya que en ningún momento ni de manera verbal ni escrita se presenta este requisito fundamental que exige la ley procesal para que el Ministerio Publico promoviera el requerimiento fiscal, Causa no está legitimado y carecía de acción para ser parte y mucho menos para promover la acción. Por lo que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que están confundiendo el requisito fundamental para iniciar un proceso, con el requisito fundamental para ejercitar la acción, ya que iniciar el proceso es únicamente una etapa de la investigación que se realiza únicamente con los cuerpos investigativos de los cuales el ministerio público es el coordinador a través del fiscal que dirige la investigación, pero la etapa del Juzgamiento es cuando inicia la acción penal y es aquí donde se exige que el Ministerio Publico cuente con la autorizan para promover la acción penal ante los tribunales competente, por tal razón denuncia y acción tienen dos conceptos y requisitos distintos no son lo mismo tal y como lo quiere acreditar y manifestar el tribunal sentenciador. Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial) o de forma pública por haber cometido un delito o falta. La denuncia, como dato que informa respecto de la presunta comisión de un hecho delictivo, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor. En muchos países el órgano competente para conocer en primer lugar la comisión de un fenómeno antijurídico lo constituye la policía. Sin embargo, cuando se trata de denuncias de oficio, le corresponde al representante del Ministerio Público, en su calidad de defensor de la sociedad, asumir la responsabilidad de la investigación de los hechos que son materia de una denuncia. Es un derecho de petición en el que el denunciante no forma parte del procedimiento penal. Desde el momento en que se interpone la denuncia, se inicia un procedimiento que los órganos competentes llevarán a cabo de oficio. La denuncia no obliga a las autoridades a comenzar un proceso judicial, aunque pueden incurrir en infracciones administrativas o penales si no lo investigan con la debida diligencia sin un motivo fundado. Por otro lado, el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su denuncia. Sin embargo, suelen esperarse ciertos indicios de fiabilidad, con el fin de que el órgano competente decida que realmente existen indicios que hacen necesario seguir investigando. Con la denuncia no se exige prestación de fianza en ningún caso. Se entiende por acción penal la facultad de perseguir o hacer perseguir las responsabilidades por un delito. En nuestro país la acción penal puede ser pública o privada. La acción penal pública es aquélla que puede ser ejercida de oficio. - es decir, de propia iniciativa, sin necesidad de petición previa- por los órganos estatales encargados de la persecución penal, esto es, por los fiscales del Ministerio Público; es más, los fiscales del Ministerio Público están obligados a ejercerla, en virtud del principio salvo en los casos expresamente previstos por la ley. Por último, la acción penal privada puede ser ejercida exclusivamente por la víctima del delito, quien, además, puede ponerle término cuando quiera; son muy pocos los delitos de acción privada, destacándose entre ellos los de calumnias e injurias. En estos casos el Ministerio Público no juega ningún papel. Así pues, el perjudicado podrá intervenir en todas las diligencias de investigación que se practiquen, proponer las que considere oportunas e impulsar el procedimiento penal a través de su abogado. De igual modo, podría solicitar medidas de aseguramiento, tanto personales (prisión provisional del imputado), como materiales (aseguramiento de la responsabilidad civil mediante fuerza o embargos). Asimismo, podrá instar la apertura del juicio oral y formular escrito de acusación contra los responsables penales y civiles, intervenir en el mismo, así como en la fase de ejecución de la sentencia, en el supuesto de que sea una sentencia condenatoria. En caso contrario, es decir, en el supuesto de que la sentencia sea absolutoria, el perjudicado que se persone en el proceso penal podrá también recurrir contra la misma. Por otra parte, la acción penal goza de una serie de características que, en suma, se corresponden con los siguientes: 1. Publicidad: La acción penal corresponde, además de los particulares, al propio Estado, el cual tiene la obligación de restablecer el orden social perturbado como consecuencia de la comisión de un delito. 2. Oficialidad: Como consecuencia de un carácter público, el ejercicio de la acción penal se halla monopolizado por el Ministerio Público, el cual pueda actuar de oficio o a instancia de parte. 3. Indivisibilidad: Se trata de una acción indivisible, es decir, con una sola pretensión que es la sanción que será impuesta a los que hubieran cometido el delito. 4. Obligatoriedad: Esta característica hace referencia al compromiso del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ante la presunta comisión de un delito. 5. Irrevocabilidad: Una vez instada la acción penal únicamente fue desembocar en sentencia firme, la cual será condenatoria o absolutoria. No obstante, también podrá concluir con un auto en el que se declare una excepción fundada. Sin embargo, no existe posibilidad de desistimiento o de transacción tal y como ocurre con el proceso civil o en los supuestos en el que el proceso penal es iniciado de modo privado. 6. Indisponibilidad: El derecho de la acción penal es intransferible, es decir, no se puede delegar en otra persona. En el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público y en caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a su sustituto legal. La palabra acción puede considerarse como sinónima del vocablo derecho, porque intrínsecamente denota la existencia de un poder que puede ejercer toda persona (física o jurídica) siempre que dicha potestad se ampare en una norma jurídica preestablecida (derecho adjetivo). De esta manera, el ejercicio de la acción penal es resultado de una potestad o deber conferido a determinadas personas u órganos para ejercer frente a los jurisdiccionales previamente designados y constituidos, una pretensión punitiva a los efectos de averiguar si el hecho se produjo efectivamente y si de la investigación se reúnen los datos relevantes parar determinar la existencia de una conducta relevante para el derecho penal, así como la identificación del o los responsables (a quienes se garantiza el ejercicio pleno e irrestricto de su derechos procesales), reclamar la aplicación de la ley penal sustantiva en nombre de la sociedad y el Estado- o por la víctima la cual se producirá — única y exclusivamente-, si se confirma la hipótesis punitiva a través de una decisión judicial imparcial e independiente. Con fundamento en lo anterior, consideramos que el juzgador de instancia, ha vertido fundamentación inconsistente y tomándose y dando más atribuciones que las que la ley le confiere. Es por todos los razonamientos expuestos que estimamos que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado del vicio in procedendo proveniente de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, pues como antes indicamos de ese proceso intelectivo se infiere la inocencia de mi representado; por ende como recurrente, soy del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Cabe señalar, que no se hace previamente el reclamo de este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” IV.- Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley “2.- EXPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. ******** El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: "En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados." Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y amónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán declaro como hechos probados El siguiente: PRIMERO: En el mes de febrero del año dos mil quince (2015) cuando la joven K. S. R. M. tenía catorce (14) años y cursaba sus estudios en el polivalente Santiago, en Lepaterique Departamento de Francisco Morazán, centro educativo donde también trabaja el Profesor ANGEL IBAN PERDOMO MARTINEZ, quien aprovechándose la circunstancia de que la menor era su alumna empezó a enamorarla y a realizarle promesas de que le compraría un terreno donde le construiría una casa y que la pondría a estudiar en la universidad, todo ello para lograr Mantener relaciones sexuales con la ofendida, accediendo está a las pretensiones del señor Perdomo Martínez, por lo que tuvieron relaciones sexuales intimas en varias ocasiones y producto de las mismas resulto embarazada dando a luz un hijo de ambos. Al analizar el hecho probado de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar el hecho probado. 1.- UNICO: La joven K. S. R. M., manifestó que ella tuvo relaciones sexuales con el señor Iban cuando ella ya tenía quince (15) años, así mismo manifestó que el señor Iban le había dado un terreno donde se iba a construir la casa donde vivirían con el menor que habían procreado, pero que a raíz del embarazo su madre la separo del señor Iban y no le permitía que tuviera comunicación con el pero ella siempre buscaba la manera de verlo para hablar, así mismo manifiesta que ella por estar bajo la responsabilidad de sus padres es que no puede estar en hogar con el padre de hijo, ya que él es un padre responsable que le proporciona la alimentación y manutención al hijo de ambos, elemento que comprueba que por el simple hecho que los padres de la menor no le permiten tener comunicación tal y como queda acreditado con el testimonio de la señora María Lourdes Martínez Martínez, la cual manifestó de viva vos que ella no le permite la comunicación y mucho menos que el señor Iban reconozca a su menor hijo privándole del derecho que la convención de los derechos del niño le dan a tener el apellido de su padre y mucho menos comunicación con él, en vista que en ningún momento se ha negado dicha relación pero no es una relación y el tribunal estima que se comete el estupro en base al artículo 142 párrafo primero, pero esta representación estima que no existe delito y que si existe es conforme al artícelo 142 párrafo segundo mediante engaño, en vista que la menor manifiesta que en ningún momento el señor Iban valiéndose de su jerarquía o mucho menos por ser su maestro se aprovechó para vivir con ella, ya que la relación empezó tiempo después y que el profesor Iban nunca le dio clases a ella. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad…. entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980 Pág. 39). Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134). Al establecer el A-quo como hecho probado lo antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica administro erróneamente en vista que no tiene la potestad de interpretar el artículo 142 del código Penal, cuando decide declarar culpable a mi representada y la condena por el delito estupro según el párrafo primero con una pena de 6 a 8 años, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpreto erróneamente la aplicación del artículo 142 del Código Penal. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error indicando por infracción de Ley, por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos, como lo es el artículo 142 párrafo primero del Código Penal Vigente.” FUNDAMENTACION Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma por haber dictado el Tribunal de Sentencia el fallo con inobservancia de las reglas para la realización del juicio en vista de la falta de legitimación al Ministerio Publico para presentar la acción penal. Único Motivo: Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 26 numeral 3, del Código Procesal Penal, que establece la obligatoriedad de la autorización para ejercitar la acción penal. Concepto de la infracción: El Tribunal de Sentencia dicta el fallo con inobservancia de las reglas para la realización del juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen El Tribunal de Sentencia dictó el fallo con inobservancia de las reglas para la realización del juicio, por la falta de legitimación del Ministerio Público para presentar la acción penal. El artículo 26 numeral 3 del Código Procesal Penal establece la obligatoriedad de la autorización para ejercer la acción penal. La defensa al iniciar el juicio oral y público, con base en el artículo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal presenta excepción por falta de acción. El artículo 47 párrafo primero del CPP establece que la excepción por falta de acción, puede interponerse en cualquier etapa del proceso. El Ministerio Publico no acredita la autorización del artículo 26 de las acciones públicas dependientes de instancia particular. El numeral 3 del CPP incluye el “Estupro cuando la víctima sea mayor de catorce (14) años”. El tribunal no resolvió dicha excepción, sino que en el numeral octavo declara sin lugar la excepción, por considerar que cuando la madre interpuso la denuncia legitimó al Ministerio Público a ejercer la acción penal, lo que estima una aberración jurídica. El artículo 92 del Código Procesal penal, dispone que el Ministerio Público es el ente encargado de investigar hechos punibles y promover la acción pública en representación de la sociedad y la Procuraduría General de la República, por lo que es erróneo por parte del tribunal manifestar que una vez denunciado el hecho, el Ministerio Público está autorizado para ejercer la acción penal pública dependiente de instancia particular. El artículo 26 numeral 3 del Código Procesal Penal establece la obligatoriedad de la autorización para ejercitar la acción penal, que da la legitimación para presentar el requerimiento fiscal, lo que da lugar a exigir la autorización, ya que la denuncia, según el artículo 268 del Código Procesal Penal, puede ser interpuesta por cualquier persona que presencie o tenga conocimiento directo de la comisión de un delito o falta de acción pública, inclusive la víctima o su representante legal. En el presente caso la denuncia fue interpuesta por la representante legal de la menor, pero la normativa establece que para denunciar no se necesita autorización porque lo puede hacer cualquiera, no necesita ningún requisito, pero para ejercitar la acción penal si se requiere la autorización. El tribunal de sentencia al valorar la prueba cometió una aberración jurídica, al manifestar que al haber denuncia, el Ministerio Publico ya tenía la autorización, algo que es totalmente falso. Por lo anterior el Ministerio Público no está legitimado y carecía de acción para ser parte y promover la acción. El juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que confunde el requisito fundamental para iniciar un proceso, para ejercitar la acción, ya que inicia únicamente la etapa de la investigación a través del fiscal, pero la etapa del juzgamiento es cuando inicia la acción penal y es aquí donde se exige al Ministerio Publico que cuente con la autorización para promover la acción penal ante los tribunales competente. Por lo anterior se violentaron las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba. Concepto General del recurso El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[1] Esta Sala de lo Penal reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. En el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma por considerar que al dictar el fallo lo hace con inobservancia de las reglas para la realización del juicio, por la falta de legitimación al Ministerio Publico para presentar la acción penal. Esgrime que el artículo 26 numeral 3 del Código Procesal Penal, exige al Ministerio Público una autorización para ejercer la acción penal. Argumenta que al iniciar el juicio oral y público, la defensa con base en el artículo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal presenta excepción por falta de acción fundada en que el numeral 3 del CPP incluye el “Estupro cuando la víctima sea mayor de catorce (14) años” y que el tribunal resolvió la excepción, en el numeral octavo de la sentencia y lo declara sin lugar, por considerar que cuando la madre interpuso la denuncia legitimó al Ministerio Público a ejercer la acción penal, lo que considera es una aberración jurídica. Razona que al valorar la prueba el tribunal vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, porque confunde el requisito fundamental para iniciar un proceso, para ejercitar la acción, ya que con la denuncia inicia únicamente la etapa de la investigación a través del fiscal, pero la etapa del juzgamiento es cuando inicia la acción penal y es donde se exige al Ministerio Público que tenga autorización para promover la acción penal ante los tribunales competentes. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de Debida Técnica Recursiva, pues su motivo de casación por quebrantamiento de forma interpuesto se basa en que la sentencia que se impugna incurre en inobservancia de las reglas para la realización del juicio, por la falta de legitimación al Ministerio Publico para presentar la acción penal, sin embargo invoca como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, disposición que autoriza el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios o defectos siguientes: a) Carezca de motivaciones fácticas o jurídicas; b) Por motivaciones insuficientes y contradictorias; c) En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. El recurrente concluye que el juzgador al valorar la prueba vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, fundado en que el juzgador confunde el requisito para iniciar un proceso y ejercitar la acción, y apreciar que es en la etapa del juzgamiento donde el Ministerio Publico debe contar con la autorización para promover la acción penal. Alega asimismo que el juzgador infringe las reglas de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, sin señalar en forma concreta los medios de prueba indebidamente valorados por el juzgador, y con el argumento que el juzgador el Ministerio Publico carecía de autorización para promover la acción penal ante los tribunales competente. En este caso, el recurrente mezcla dos motivos de casación, el de inobservancia de las reglas establecidas en el Código para la realización del juicio oral y público dispuesta en el artículo 362.5 del Código Procesal Penal y la que consiste en la violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba, contenida en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Esta Sala observa que el recurrente no solo confunde el precepto autorizante, sino que no logra desarrollar el motivo de casación fundado en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en virtud de que, si bien señala como infringidas la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, omite señalar los medios de prueba indebidamente valorados, tampoco logra desarrollar los defectos de la lógica que estima infringidos, sino que centra su argumentación en defectos de forma distintos a la valoración de la prueba, consistente en la falta de autorización del Ministerio Pública para promover la acción, defectos en la técnica recursiva que no corresponde subsanar a esta Sala, por lo que desestima el motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. Recurso de Casación por infracción de ley, por aplicación interpretación errónea del artículo 142 del Código Penal. Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: interpretación errónea del artículo 142 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Por haber incurrido el sentenciador en infracción de precepto penal. Cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, regla cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la sentencia, específicamente la fundamentación jurídica. Incurre en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. Al analizar el hecho probado de la sentencia se da cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas. En ningún momento se ha negado la relación pero el tribunal estima que se comete el Estupro con base en el artículo 142 párrafo primero, pero esta representación estima que no existe delito y que si existe es conforme al artículo 142 párrafo segundo mediante engaño, en vista de que la menor manifiesta que en ningún momento el señor Iban valiéndose de su jerarquía o mucho menos por ser su maestro se aprovechó para vivir con ella, ya que la relación empezó tiempo después, y que el profesor Iban nunca le dio clases a ella. El Tribunal sentenciador en la fundamentación jurídica incurre en interpretación errónea cuando decide declarar culpable al acusado y lo condena por el delito de estupro según el párrafo primero con una pena de 6 a 8 años, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, por lo que el A-quo interpretó erróneamente la aplicación del artículo 142 del Código Penal, párrafo primero del Código Penal Vigente. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico El tribunal estima que se comete el Estupro con base en el artículo 142 párrafo primero, pero esta representación estima que no existe delito y que si existe es conforme al artícelo 142 párrafo segundo mediante engaño, en vista que la menor manifiesta que en ningún momento el señor Iban valiéndose de su jerarquía o mucho menos por ser su maestro se aprovechó para vivir con ella, ya que la relación empezó tiempo después, y que el profesor Iban nunca le dio clases a ella. El artículo 142 primer párrafo del Código Penal literalmente dice: “El estupro de una persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con pena de seis (6) a ocho (8) años de reclusión...” De la Procedencia Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de ley por interpretación errónea del artículo 142, primer párrafo del Código Penal que literalmente dice: “El estupro de una persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con pena de seis (6) a ocho (8) años de reclusión...” Refiere que al analizar el hecho probado de la sentencia se da cuenta que existe disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas. Asegura que en ningún momento se ha negado la relación en el acusado y la menor, pero el tribunal estima que se comete el Estupro con base en el artículo 142 párrafo primero, sin embargo esa representación estima que no existe delito y si existe es conforme al artículo 142 párrafo segundo, mediante engaño, en vista de que la menor manifiesta que en ningún momento el señor Iban se ha valido de su jerarquía, mucho menos que por ser su maestro se aprovechó para vivir con ella, ya que la relación empezó tiempo después, y que el profesor Iban nunca le dio clases a ella. Por lo que considera que en la fundamentación jurídica el juzgador incurre en interpretación errónea cuando declara culpable al acusado y lo condena por el delito Estupro según el párrafo primero con una pena de 6 a 8 años. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo que procede es analizar si estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “UNO: En el mes de febrero del 2015, cuando la joven K. S. R. M., tenía catorce años de edad, y cursaba sus estudios de primer año de Bachillerato, en el Instituto Polivalente Santiago, en Lepaterique departamento de Francisco Morazán, centro educativo donde también trabajaba el Profesor Ángel Iban Perdomo Martinez, quien aprovechando la circunstancia de que la menor era su alumna, empezó a enamorarla y a realizarle promesas de que le compraría un terreno donde le construiría una casa, y que la pondría a estudiar en la Universidad, todo ello para lograr mantener relaciones sexuales con la ofendida, quien accedió a las pretensiones del señor Perdomo Martinez, por lo que tuvieron relaciones sexuales intimas en varias ocasiones y producto de las mismas la menor resulto embarazada dando a luz un hijo de ambos.” La base fáctica de la sentencia impugnada preinserta claramente se configuran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estupro en perjuicio de la menor K. S. R. M., tipificados y sancionados en el artículo 142 primer párrafo del Código Penal. El acusado Ángel Iban Perdomo Martinez, se prevalece de su posición de confianza, jerarquía u autoridad, como profesor del Instituto Polivalente Santiago, en Lepaterique departamento de Francisco Morazán, para sostener relaciones sexuales íntimas con la menor, quien accede a ello en varias ocasiones quedando por el embarazada y dando a luz un hijo de ambos. Por lo expuesto esta Sala considera que, la sentencia recurrida no incurre en interpretación errónea del precepto contenido en el artículo 142 primer párrafo del Código Penal. DECISIÓN. Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Ley, y el motivo único de casación de Quebrantamiento de Forma, invocados por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado del señor Ángel Iban Perdomo Martínez. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Ángel Iban Perdomo Martínez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, la pena de 6 años de reclusión, como autor del delito de Estupro, en perjuicio de la menor C. S. R. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni comiso alguno por el delito cometido. Art.142 primer párrafo del Código Penal (Decreto 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como persona responsable del delito de Estupro le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 4 a 7 años de prisión y Multa de 300 a 500 días, por prevalecerse de una relación de superioridad con actos sexuales que implican con acceso carnal por cualquier vía en contra de la menor C. S. R. M.. (Artículo 254 segundo párrafo Código Penal). Por tanto, No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, en virtud que la pena impuesta de 6 años de reclusión está comprendida dentro de los parámetros de la pena abstracta de 4 a 7 años de prisión, y por llevar pena de Multa de 300 a 500 días, en este caso de 300 días a razón de L 20.00 el día y que asciende a la suma de L6,000.00, además de las penas accesorios que se le debería de imponer, conforme a lo que dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Ley, y el motivo único de casación de Quebrantamiento de Forma, invocados por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado del señor Ángel Iban Perdomo Martínez, en la causa en que se le condenó al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como autor del delito de Estupro, en perjuicio de la joven C. S. R. M.; Segundo: No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal contenida en el Decreto 130-2017, por no representar un beneficio a favor del señor Ángel Iban Perdomo Martínez; Tercero: En consecuencia, Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se condenó al señor al señor Ángel Iban Perdomo Martínez, como autor del delito de Estupro, en perjuicio de la libertad sexual de la menor K. S. R. M. a la pena de seis años de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de duración de la condena principal, a la responsabilidad civil, por los daños morales e indemnización de perjuicios a las víctimas la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia, sin condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 528-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 140.

[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005