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Sentencia CP-527-18 — Registro 14251

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Violación, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan el derecho de Presunción de Inocencia y Debido Proceso, consignados en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que durante la audiencia de juicio se evacuaron los siguientes medios de prueba: Acta de Decomiso de un arma, de fecha 14 de julio del 2016, cuando se detiene al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz. Si bien se decomisó un arma, la evidencia no tiene relación con el hecho investigado; Dictamen Balístico, que es irrelevante por no tener relación con el hecho acusado. Estudio Psicológico practicado a Alex Antonio Zelaya Ruiz, que no es concluyente o vinculante con el hecho investigado. Las declaraciones de las víctimas tomadas en Cámara Gesell. Aprecia que las declaraciones de las supuestas víctimas incorporadas al proceso mediante acta en cámara Gesell son violatorias al principio de inmediatez y contradicción de la prueba vertida en el seno del juicio oral y público, pues no se tuvo la oportunidad de rebatir dicha prueba, no se realizó un verdadero interrogatorio y contrainterrogatorio para comprobar la veracidad de sus dichos, y las partes no tuvimos la oportunidad de percibir la prueba testifical, aspecto muy importante para llegar una verdadera certeza de lo que realmente ocurrió, infringiendo el derecho a la defensa como integrante del debido proceso. Al incorporar los testimonios de las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., lo hace en violación a los principios de inmediación y contradicción, dando por resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia dado que, con la prueba de cargo legalmente obtenida e utilizada por el tribunal de juicio para fundar el fallo, es prueba de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz. El tribunal se sentencia ha utilizado como medio de prueba documental decisivo las declaraciones rendidas por las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., tomadas en Cámara Gesell, las que son coincidentes sobre un mismo “modus operandi” de que servía el acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, indicado en el cuadro fáctico de la sentencia. El Juez asignado a la causa decreto tomar las declaraciones (folio 63 al 65) como prueba anticipada de las ofendidas a través de la cámara Gesell, cita a la Abogada Nancy Torres, en su condición de defensora privada del acusado. Con ello el Juez de garantía tutela el derecho de defensa del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, como abogado defensor su elección profesional del derecho que participa en el contradictorio a efecto de interrogar o contravenir dichas declaraciones, tomadas como prueba anticipada y en cámara Gesell, a efecto que al momento del juicio sea incorporadas mediante lectura del acta y/o se reproduzcan los videos de la misma, por lo que estima que la defensa privada del acusado ha tenido conocimiento y oportunidad de preguntar a las ofendidas sobre los hechos, al formular preguntas en la audiencia respectiva. En este sentido, el Juez de Garantías a garantizado que, al momento de practicar el interrogatorio de prueba anticipada, la defensa del acusado haya tenido oportunidad real de tener inmediación y contradicción. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que el tribunal del juicio al incorporar la prueba anticipada por medio de lectura no ha infringido el derecho los derechos fundamentales de Debido proceso, en especial el defensa de defensa del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz. En el proceso llevado a cabo al acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz por el delito de Violación en perjuicio de las jóvenes M. J. M., M. J.A. R. y T. U. H. R., en virtud de haber sido juzgado por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley, del que se derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales, no del derecho constitucional que garantiza el derecho fundamental de Presunción de inocencia, por las razones expuestas..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. M. R. a la pena de once años de reclusión, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. A. R. a la pena de once años de reclusión, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven T. U. H. R. a la pena de once años de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años de reclusión, penas se deberá de cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, por los delitos más graves, penas correspondientes a las diversas infracciones, en concurso real de delitos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como persona responsable le correspondería ser sancionada penalmente con pena de entre 9 y 13 años de prisión, prohibición de residencia y aproximación de las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión, pena que habría que aumentar en 1/3 por concurrir la circunstancia de empleo de violencia e intimidación, en atención al uso de arma de fuego para perpetrar sus delitos por parte del acusado. Por lo que la nueva pena abstracta por un delito de violación debería quedar fijada de 13 años a 17 años, 4 meses de prisión, prohibición de residencia y aproximación de las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión. (Artículo 249 del Código Penal Vigente) y las penas accesorias que correspondan. Lo anterior, en concurso real de delitos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal vigente, en este caso, conforme la regla de una ponderación integral de las penas establecidas para cada uno de los delitos concursados, le correspondería imponer al encausado Alex Antonio Zelaya Ruiz, una pena de 13 años de prisión por cada uno de los tres delitos de violación por los que se le condena, lo que daría un total de 39 años de prisión. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 361 del Código Procesal Penal; 615.2 y 2, 624.3 y 616 1er párrafo del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017)..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-527-2018 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-527-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. M. R. a la pena de once años de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. A. R. a la pena de once años de reclusión.- TERCERO: Condenó al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven T. U. H. R. a la pena de once años de reclusión. Haciendo un total de treinta y tres años, estas penas se cumplirán sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves, al imponérsele las penas correspondientes a las diversas infracciones, en Concurso Real de Delitos. CUARTO: Condenó al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- QUINTO: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, a la indemnización de los perjuicios y la reparación del daño moral a las víctimas por el delito que ha sido condenado.- SEXTO: Absolvió al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, por el delito de Violación, en perjuicio de la joven K. L. M. F., por falta de pruebas suficientes.- SÉPTIMO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- OCTAVO: Se ordenó la devolución de la evidencia consistente en : Un arma de fuego tipo pistola, ,marca Intratec, modelo CAT-9, calibre 9m.m., serie 09815: y un vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, camioneta de lujo, color rojo, motor 4G69-JY8030, número de Vin JA4LZ31F74UO58672, placa PDO9699, devuélvanse las mismas a quien acredite ser su legítimo propietario. SON PARTES: Los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como parte recurrente; y, el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veinticinco de junio del año 2016, a eso de las 11:30 de la mañana, la joven M. J. M. R. , de 19 años, iba caminando por la calle del Instituto Manuel Bonilla a inmediaciones de Asohonplafa, en la ciudad de La Ceiba Atlántida, instantes en que aparece el señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, conduciendo un vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, camioneta de lujo, color rojo, motor 4G69-JY8030, número de Vin JA4LZ31F74UO58672, Placa PDO-9699, acercándose a M. J., y sacando un arma de fuego tipo pistola marca Intratec, modelo CAT-9, calibre 9m.m., serie 09815, con la que le apunta y la obliga a subirse al vehículo, manifestándole que si corría la mataba, una vez adentro del vehículo, siempre con el arma en mano, Alex Antonio Zelaya Ruiz, condujo a M. J. M. R. , a un motel en esta ciudad, una vez adentro de la habitación, la obliga a quitarse la ropa, y seguidamente procede a besarla y a penetrarla sexualmente vía vaginal; minutos después la lleva de nuevo cerca del Instituto Manuel Bonilla, en donde la baja del vehículo. SEGUNDO: El día 2 de julio del año 2016, a eso de las 7:30 a.m., la joven M. J. A. R., de 18 años, venia de la Panadería Cuquis, pasando frente a La Bodega Cortes, en el Barrio Potreritos en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, instantes en que aparece el señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, conduciendo un vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, camioneta de lujo, color rojo, motor 4G69-JY8030, núm., de Vin JA4LZ31 F74UO58672, placa PD09699, acercándose a M. J. A. R., y sacando un arma de fuego tipo pistola, marca Intratec, modelo CAT-9, calibre 9m.m., serie 09815, con la que le apunta y la obliga a subirse al vehículo, y la lleva a un Motel ubicado en el Barrio La Barra en esta ciudad, una vez adentro de la habitación, le quita por la fuerza la ropa a M. J., y procede a penetrarla sexualmente vía vaginal. TERCERO: El día 11 de julio del 2016, a eso de 1 p.m., la joven T. U. H. R., de 24 años, iba saliendo de su centro de trabajo, en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, llegando a dicho lugar el señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, conduciendo un vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, camioneta de lujo, color rojo, motor 4G69-JY8030, núm., de Vin JA4LZ31F74UO58672, placa PD09699, acercándose a T. U. H. R., y sacando un arma de fuego tipo pistola, marca Intratec, modelo CAT-9, calibre 9m.m., serie 09815, con la que le apunta y la obliga a subirse al vehículo, y mantiene el arma apuntándole, llevándola a un Motel en esta ciudad, en donde una vez adentro de la habitación, la obliga a quitarse la ropa y procede a penetrarla sexualmente vía vaginal, advirtiéndole que si lo denunciaba iba a matarla a ella y su familia. CUARTO: El día 13 de julio del 2016, la joven K. L. M. F., al ser examinada físicamente en esta ciudad de La Ceiba Atlántida, presentaba área extra genital y paragenital sin evidencia externa de lesiones.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Ismael Gómez del Arca, en su condición de defensor público del señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 4 y 336 del Código Procesal Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido los delitos de violación en perjuicio de M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., estableciendo que en fechas 25 de junio, 2 de julio y 11 de julio mi representado supuestamente haciendo uso de la intimidación tuvo acceso carnal con las supuestas ofendidas. Se evacuo en el proceso una serie de pruebas primeramente acta de decomiso de un arma, misma que se decomisó en fecha 14 de julio del 2016 donde se detiene al señor Alex Antonio Zelaya. Si bien es cierto se le decomisó un arma, pero dicha evidencia no tiene ninguna relación con el hecho investigado, así también el dictamen balístico es irrelevante pues no tiene relación con el hecho acusado. En cuanto al estudio psicológico practicado a mi defendido el mismo establece: “El imputado trata de dar perfil aprobatorio, en las pruebas aplicadas esta 16PF V de Cattell, como se ve durante la evaluación el brinda información pero que beneficia a el, pero situación que no le beneficia la maneja….Conducta bizarra o aventurera, al aplicar 16PF V Cattell, No es conducta normal es intrépido busca situaciones de aventura el 16pf lo abarca y define de esta forma, podríamos decir es algo normal de el. Tiende a controlar los impulsos, viene baja control de impulso, manejan idea para que el ambiente lo no rechace, molestia, agresividad pasiva. Descargas impulsivas no controladas…”. De la anterior pericia podemos comprobar que no es concluyente o vinculante con el hecho investigado, pues no define ningún rasgo específico en su personalidad o al menos que esté relacionado con lo que se investiga. En cuanto a las evaluaciones físicas no se niega que se encontró perfil genético en la parte genital y prendas íntimas de las ofendidas, no es menos cierto que en las conclusiones de los dictámenes realizado a las ofendidas no se establece en las pericias practicadas por los doctores Yamileth Rodezno y Cesar Dávila hubo lesiones genitales ni paragenitales, no cuenta la historia de la ofendida por los doctores que hicieron las evaluaciones en el día de los hechos por lo menos a 3 ofendidas. En relación a las declaraciones de las supuestas víctimas fueron tomadas en cámara Gesell las mismas son violatorias al principio de inmediatez y contradicción de la prueba vertida en el seno del juicio oral y público. Es importante señalar que uno de los principios procedimentales es la inmediación, se entiende en palabras del profesor Montero Aroca, que el juzgador se haya puesto en contacto directo con las demás personas que intervienen en el proceso, sin que exista entre ellas elemento alguno interpuesto. Su exigencia es especialmente imperiosa en materia de práctica de la prueba. La inmediación implica que el juez se relacione directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Para el profesor GIMENO SENDRA, “…significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el juez o tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral…” El artículo 306 del Código Procesal Penal prevé claramente que el juicio se celebre en presencia del Tribunal de Sentencia, ante el que, por tanto, se practicaran todos los actos que lo integren, incluidas, por supuesto, la pruebas propuestas y admitidas. Pero hay más, la exigencia de inmediación no se agota con la necesidad de la presencia continuada del tribunal que ha de resolver el caso. La regla advierte MAIER: “obliga a que el debate se lleve a cabo con la presencia ininterrumpida de quienes participan en el procedimiento: El imputado y su defensor, el acusador (Ministerio Público o querellante, según el caso) y los jueces que dictaran sentencia…”. Esta presencia obligada tiene, para las partes, el significado de una garantía de control del correcto desarrollo del juicio. En cuanto al principio de contradicción, en derecho procesal este principio llamado también de bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad del derecho a la defensa. (Art. 82 de la Constitución de la República de Honduras). En términos generales, implica la prohibición la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución sin que previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por ella. Para Calamandrei este principio tiene el carácter de fuerza motriz del proceso, el que se encuentra definido por la dinámica dialéctica entre las partes frente a un tercero independientemente e imparcial, en donde: “El Juez nunca está solo en el proceso. El proceso no es un monólogo, sino un dialogo, una conversación, un cambio de proposiciones, de respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y de reacciones de estímulos y contra estímulos, de ataques y contraataques. De esta definición, podemos decir, que el principio de contradicción, da la posibilidad efectiva a las partes en el proceso penal, para que puedan acceder con efectividad al proceso penal para hacer valer sus pretensiones dentro del proceso, que se supone es regido plenamente por las garantías del debido proceso, determinado aspectos puntuales como son: 1. Garantiza que la producción de la prueba, en el juicio oral y público, sea bajo el control jurisdiccional de los sujetos procesales. 2. Garantiza que los sujetos procesales escuchen los argumentos de la parte contraria y puedan rebatirlos o aceptarlos; y 3. Garantiza que la información, al pasar por el filtro del contrario, asegure su verdadero valor de veracidad, otorgando confianza al juez, al momento de resolver el fallo. En esta dirección, Ferrajoli, le atribuye al principio de contradicción el carácter de instrumento metodológico que contribuye de modo esencial a la búsqueda de la mejor decisión posible por parte del juez, al punto que permite canalizar la forma de confrontar la acusación durante el juicio, indicándonos los datos duros necesarios para explicar la duda razonable y su forma de operar en el juicio penal. En nuestro caso, las declaraciones de las supuestas víctimas mismas que fueron incorporadas al proceso mediante registro de acta en cámara Gesell son violatorias al principio de inmediatez y contradicción de la prueba vertida en el seno del juicio oral y público, pues no se tuvo la oportunidad de rebatir dicha prueba, no se realizó un verdadero interrogatorio y contra-interrogatorio para comprobar la veracidad de sus dichos, además que el Tribunal Sentenciador y las partes no tuvimos la oportunidad de percibir la prueba testifical, aspecto muy importante para llegar una verdadera certeza de lo que realmente ocurrió, infringiendo el derecho a la defensa como integrante del debido proceso. Si bien es cierto existe la circular número 6 emitida mediante oficio número 1930-SCSJ-2012 emitida por la Corte Suprema de Justicia y referente al instructivo del uso para cámaras de Gesell, dicho instructivo no está por encima de la norma constitucional contenida en el artículo 90: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Como ya se supra explicó al incorporar los testimonios de las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., lo hace en violación a los principios de inmediación y contradicción mismos que ya fueron expuestos en el presente recurso. El debido proceso se encuentra regulado en la Constitución del República en su artículo 90, al establecer respeto a formalidades, derechos y garantías, con este precepto cuya finalidad es asegurar que el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, será y es por naturaleza propia sometida a una serie de procedimientos y principios que tutelan los derechos fundamentales de los enjuiciados, para tener la certeza de que se concluirá con una sentencia fundada en respeto a los principios que exige el marco constitucional, siendo estos el contentivo en los artículos 336 del Código Procesal Penal estable: El Tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las redas de la sana crítica (Principio de inmediación) y artículo 4 del mismo cuerpo legal donde establece: Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en el regirá el principio de contradicción. Situación que no ocurre en el presente caso, pues los testimonios de las supuestas ofendidas fueron incorporados al proceso violentando los principios de inmediación y de contradicción, dando por resultado una sentencia condenatoria, misma que causa un perjuicio en contra de mi patrocinado. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud que los jueces infringieron el debido y los principios de inmediación y contradicción en proceso instruido en contra de ALEX ANTONIO ZELAYA RUIZ, es así que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” IV. Fundamentación Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con los artículos 4 y 336 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 4 y 336 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 4 y 336 del Código Procesal. El artículo 89 dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, el artículo 90 que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal establecen: artículo 1: “Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado”, el artículo 2: “Estado de Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” El Tribunal establece como hecho probado que al acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, ha cometido los delitos de violación en perjuicio de M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., estableciendo que en fechas 25 de junio, 2 de julio y 11 de julio de 2016 el acusado supuestamente haciendo uso de la intimidación tuvo acceso carnal con las supuestas ofendidas. Se evacuo en el proceso las pruebas: Acta de Decomiso de un arma, de fecha 14 de julio del 2016, cuando se detiene al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz. Si bien se decomisó un arma, la evidencia no tiene relación con el hecho investigado; Dictamen Balístico, que es irrelevante por no tener relación con el hecho acusado. Estudio Psicológico practicado a Alex Antonio Zelaya Ruiz, que no es concluyente o vinculante con el hecho investigado. Las declaraciones de las víctimas tomadas en Cámara Gesell. Las declaraciones de las supuestas víctimas incorporadas al proceso mediante acta en cámara Gesell son violatorias al principio de inmediatez y contradicción de la prueba vertida en el seno del juicio oral y público, pues no se tuvo la oportunidad de rebatir dicha prueba, no se realizó un verdadero interrogatorio y contrainterrogatorio para comprobar la veracidad de sus dichos, y las partes no tuvimos la oportunidad de percibir la prueba testifical, aspecto muy importante para llegar una verdadera certeza de lo que realmente ocurrió, infringiendo el derecho a la defensa como integrante del debido proceso. Al incorporar los testimonios de las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., lo hace en violación a los principios de inmediación y contradicción, dando por resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico Para el examen de la Presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan el derecho de Presunción de Inocencia y Debido Proceso, consignados en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que durante la audiencia de juicio se evacuaron los siguientes medios de prueba: Acta de Decomiso de un arma, de fecha 14 de julio del 2016, cuando se detiene al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz. Si bien se decomisó un arma, la evidencia no tiene relación con el hecho investigado; Dictamen Balístico, que es irrelevante por no tener relación con el hecho acusado. Estudio Psicológico practicado a Alex Antonio Zelaya Ruiz, que no es concluyente o vinculante con el hecho investigado. Las declaraciones de las víctimas tomadas en Cámara Gesell. Aprecia que las declaraciones de las supuestas víctimas incorporadas al proceso mediante acta en cámara Gesell son violatorias al principio de inmediatez y contradicción de la prueba vertida en el seno del juicio oral y público, pues no se tuvo la oportunidad de rebatir dicha prueba, no se realizó un verdadero interrogatorio y contrainterrogatorio para comprobar la veracidad de sus dichos, y las partes no tuvimos la oportunidad de percibir la prueba testifical, aspecto muy importante para llegar una verdadera certeza de lo que realmente ocurrió, infringiendo el derecho a la defensa como integrante del debido proceso. Al incorporar los testimonios de las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., lo hace en violación a los principios de inmediación y contradicción, dando por resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia dado que, con la prueba de cargo legalmente obtenida e utilizada por el tribunal de juicio para fundar el fallo, es prueba de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz. El tribunal se sentencia ha utilizado como medio de prueba documental decisivo las declaraciones rendidas por las jóvenes M. J. M., M. J. A. R. y T. U. H. R., tomadas en Cámara Gesell, las que son coincidentes sobre un mismo “modus operandi” de que servía el acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, indicado en el cuadro fáctico de la sentencia. El Juez asignado a la causa decreto tomar las declaraciones (folio 63 al 65) como prueba anticipada de las ofendidas a través de la cámara Gesell, cita a la Abogada Nancy Torres, en su condición de defensora privada del acusado. Con ello el Juez de garantía tutela el derecho de defensa del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, como abogado defensor su elección profesional del derecho que participa en el contradictorio a efecto de interrogar o contravenir dichas declaraciones, tomadas como prueba anticipada y en cámara Gesell, a efecto que al momento del juicio sea incorporadas mediante lectura del acta y/o se reproduzcan los videos de la misma, por lo que estima que la defensa privada del acusado ha tenido conocimiento y oportunidad de preguntar a las ofendidas sobre los hechos, al formular preguntas en la audiencia respectiva. En este sentido, el Juez de Garantías a garantizado que, al momento de practicar el interrogatorio de prueba anticipada, la defensa del acusado haya tenido oportunidad real de tener inmediación y contradicción. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que el tribunal del juicio al incorporar la prueba anticipada por medio de lectura no ha infringido el derecho los derechos fundamentales de Debido proceso, en especial el defensa de defensa del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz. En el proceso llevado a cabo al acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz por el delito de Violación en perjuicio de las jóvenes M. J. M., M. J.A. R. y T. U. H. R., en virtud de haber sido juzgado por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley, del que se derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales, no del derecho constitucional que garantiza el derecho fundamental de Presunción de inocencia, por las razones expuestas. V. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Alex Antonio Zelaya Ruiz. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. M. R. a la pena de once años de reclusión, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. A. R. a la pena de once años de reclusión, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven T. U. H. R. a la pena de once años de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años de reclusión, penas se deberá de cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, por los delitos más graves, penas correspondientes a las diversas infracciones, en concurso real de delitos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como persona responsable le correspondería ser sancionada penalmente con pena de entre 9 y 13 años de prisión, prohibición de residencia y aproximación de las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión, pena que habría que aumentar en 1/3 por concurrir la circunstancia de empleo de violencia e intimidación, en atención al uso de arma de fuego para perpetrar sus delitos por parte del acusado. Por lo que la nueva pena abstracta por un delito de violación debería quedar fijada de 13 años a 17 años, 4 meses de prisión, prohibición de residencia y aproximación de las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión. (Artículo 249 del Código Penal Vigente) y las penas accesorias que correspondan. Lo anterior, en concurso real de delitos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal vigente, en este caso, conforme la regla de una ponderación integral de las penas establecidas para cada uno de los delitos concursados, le correspondería imponer al encausado Alex Antonio Zelaya Ruiz, una pena de 13 años de prisión por cada uno de los tres delitos de violación por los que se le condena, lo que daría un total de 39 años de prisión. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 361 del Código Procesal Penal; 615.2 y 2, 624.3 y 616 1er párrafo del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017). FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Alex Antonio Zelaya Ruiz; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio a favor del acusado Alex Antonio Zelaya Ruiz; Tercero: Declara firme y ejecutable en forma plena la sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: 1) Condena al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. M. R. a la pena de 11 años de reclusión; 2) Condena al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. J. A. R. a la pena de 11 años de reclusión; 3) Condena al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven T. U. H. R. a la pena de 11 años de reclusión.- Condena que hace un total de 33 años de reclusión, penas que el señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, deberá cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, por los delitos más graves, penas correspondientes a las diversas infracciones, en concurso real de delitos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; y 4) Absuelve al señor Alex Antonio Zelaya Ruiz, por el delito de Violación, en perjuicio de la joven K. L. M. F., por falta de pruebas suficientes.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Secretaria Actuante. Sala de lo penal.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-527-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.