Sentencia CP-526-17 — Registro 12599
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Portación Ilegal de Arma Comercial y Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibida, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, postulado de derivación en la valoración de la prueba de cargo, consistente en la prueba documental consistente en el Acta de recolección de Indicios, donde aparecen que las armas y municiones prohibidas se encontraban a campo abierto a 500 metros del lugar donde estaban los acusados al momento en que se produce el allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, entre ella al Acta de Allanamiento, en que consta que en el lugar denominado Aldea Las Pilas, Florida, departamento de Copán, donde se encontraban en posesión de armas de fuego los acusados señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar Arita, Kevin Omar Melgar Rivas, Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández y otra persona de sexo femenino (folio 70) se procedió a decomisar también un Ak47, 3 fusiles y varios cargadores, 12 armas cortas y varios cargadores, varios teléfonos celulares y munición de diferente calibre (todos estos indicios fueron descritos en acta de inspección decomiso y recolección de indicios), el día viernes 2 de octubre del 2015 siendo las 6:05 am en la morada del señor Carlos Emilio Arita, ubicada en la Aldea Las Pilar, Florida Copán; y Acta de Recolección de Indicios (folio 72) en que se describen en detalle las 3 armas de fuego de uso prohibido y comercial, y 12 armas de uso comercial, y munición de diversos calibres de uso prohibido y comercial, son lógicas y coherentes en virtud de que dicha prueba documental es congruente con prueba de los testigos de cargo rendida en juicio por parte de los señores Julio Nelson Sierra Álvarez, Inspector de Policía, Juan Carlos González, Agente de Policía, y Dunior Leonardo Medina Matute, Agente de Policía, que ratifican que las armas y municiones de uso comercial y de uso prohibido decomisadas a los acusados y dentro de dicha propiedad, fueron escondidas por los acusados en un sector cercano dentro de la propiedad, con el propósito de acceder a ellas y dar seguridad al señor Carlos Emilio Arita, extraditable buscado por la policía, quien el día del allanamiento de morada logró darse a la fuga del sitio del allanamiento, gracias a la resistencia armada desplegada por los acusados y la policía, medios de prueba consistentes en el acta de recolección de indicios y el acta de allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita, que han sido debidamente ratificados en la sala de juicio por parte del agente de investigación criminal, señor Juan Carlos González. Por lo anterior, esta Sala considera que la motivación de la sentencia recurrida está constituida por prueba directa de cargo, la que carece de inconsistencias o contradicciones, misma que es suficiente para derivar un estatuto de verdad respecto de la participación de los acusados entre ellos Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández, en los hechos ilícitos que se les imputan. Por lo anterior, el Juzgador no ha incurrido en defectos de forma por violación a las reglas de la sana critica, de la lógica, en sus postulados de derivación en la valoración de la prueba de reproche..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente basa el motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación jurídica, en virtud de que de ella no se deduce el proceso racional del juzgador en relación a la concurrencia o no de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, actividad ilícita por la cual el Ministerio Público ha sostenido su pretensión acusatoria durante la etapa del debate. Esta Sala considera que de la detenida lectura de la sentencia impugnada emitida por el tribunal de instancia, resulta que se deriva motivación jurídica respecto de la concurrencia o no, de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del código Penal, actividad ilícita atribuida a los acusados señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Carbajal, Dimas Adrian Caballero Rivas Y Santos Obdulio Hernández por el Ministerio Público en la etapa del debate. A consecuencia de lo anterior, la parte dispositiva del fallo no determina la inocencia o culpabilidad de los acusados respecto de uno de los tipos penales, parte de su pretensión, concretamente por el delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial. Al ser omisiva la sentencia recurrida, la sentencia emitida resulta carente de motivación jurídica respecto de esa parte de la pretensión acusatoria del Ministerio Público sostenida durante el debate. Por lo anterior, declara con lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el fiscal del Ministerio Público, por falta de motivación Jurídica respecto del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, alegado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso: 1) A los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras a la pena de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal; 2) Se impuso a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, como autores del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de nueve años de reclusión, más una multa de siete mil quinientos lempiras por cada arma prohibida decomisada, y siendo que son tres la multa asciende a la cantidad de veintidós mil quinientos lempiras a cada condenado; 3) Se impuso a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Atentado, a la pena de dos años de reclusión; 4) Se declaró la responsabilidad civil de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, derivada de los delitos por los que se les condena. En concurso real de delitos, por lo que el Tribunal de Sentencia impuso: 1) Al señor Arnold Fabricio Escobar Carbajal la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil; 2) Al señor Cristóbal Cruz Chacón Rivas la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil ; 3) Al señor Rony Alexander Escobar la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil; 4) Al señor Dimas Adrián Caballero Rivas la pena concreta de 9 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil ; 5) Y, al señor Santos Obdulio Hernández la pena concreta de 9 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor al señor Arnold Fabricio Escobar Carbajal como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) al señor Cristóbal Cruz Chacón Rivas como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Al señor Rony Alexander Escobar como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 4) Al señor Dimas Adrián Caballero Rivas como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); y, 5) Al señor Santos Obdulio Hernández como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente). En concurso real de delitos que conforme al Codigo Penal 130-2017, a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar como autores de los delitos de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1), Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente) y Atentado, tienen pena abstracta privativa de libertad de 16 a 24 años de prisión. Y respecto a los señores Dimas Adrián Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández como autores de los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente) tienen pena abstracta privativa de libertad de 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta de 15 años de reclusión acumulada a los acusados Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar; y de 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses de los señores Dimas Adrián Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández es mucho menor a la pena que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, NO PROCEDE la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-526-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual Primero: Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras a la pena de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal.- Segundo: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar.- Tercero: Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, como autores del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de nueve años de reclusión, más una multa de siete mil quinientos lempiras por cada arma prohibida decomisada, y siendo que son tres la multa asciende a la cantidad de veintidós mil quinientos lempiras a cada condenado.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, derivada del delito Almacenamiento y Munición de Armas Prohibidas.- Quinto: Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Atentado, a la pena de dos años de reclusión.- Sexto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, derivada de los delitos Almacenamiento y Munición de Armas Prohibidas y Atentado Almacenamiento y Munición de Armas Prohibidas.- Séptimo: Absolvió a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Octavo: Absolvió a los señores Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, del delito de Atentado. Noveno: Absolvió a la señora Norma Tabora Pineda, de los delitos de Almacenamiento de Armas Prohibidas, Atentado y Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. - Décimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados. Décimo Primero: Siendo que en el presente caso se puso a disposición de este Tribunal las siguientes piezas de convicción: a) (1) arma de fuego, tipo rifle, marca Ruger, modelo 10/22, calibre .22 LR, número de serie 252-52636, con su respectivo cargador plástico, un (1) arma de fuego, tipo pistola, Marca Tanfoglio, modelo Limited 40-HC, calibre .40, número de serie N991 1275, con su respectivo cargador metálico, diez (10) cartuchos, calibre .40 sin percutir, doscientos noventa y ocho (298) cartuchos, sin percutir, cónicos golleteados y ojivales, calibre 5,56mm, cinco (5) cargadores metálicos, marca MEC-AIR, pavonado color cromo, con capacidad de carga de catorce (14 ) cartuchos, treinta y un (31) cartuchos calibre .40 sin percutir, un (1) porta cargador de cuero, Eolo café, con capacitad para portar cinco (5) cargadores, un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca Colt, modelo CUSTOM 1911, calibre .38, cuatro (4) cargadores metálicos, marca Colt, pavonado color cromo, con capacidad de carga de nueve (9) cartuchos, cuarenta y cuatro (44) cartuchos calibre .38 SUPER AUTO, sin percutir, un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, modelo 17, calibre 9x19, número de serie KTL363, con su respectivo cargador plástico, un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, modelo 17, calibre 9x19, numero serie AKF 735US, un (1) arma de fuego tipo pistola modelo DESET EAGLE, calibre .357 Magnum, número de serie 1-2 140, con su respectivo cargador metálico, dos (2) cartuchos calibre .357 Magnum, sin percutir, un (1) arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson , modelo 27-2, calibre .357 Magnum, número de serie N408942, con su respectivo cargador plástico, un (1) arma de fuego, tipo fusil, marca Colt, modelo AR-15, calibre .223/5,56 mm, número de serie SPSG 8858, con su respectivo cargador metálico, un (1) cargador metálico, pavonado color amarillo, con capacidad de carga de treinta (30) cartuchos, cincuenta y cuatro (54) cartuchos calibre 5,56 mm, sin percutir, un (1) arma de fuego, tipo fusil, marca Colt, modelo AR-15, calibre .223/5,56 mm, número de serie SP382327, con su respectivo cargador metálico, treinta (30) cartuchos calibre 5,56 mm, sin percutir, un (1) casquillo percutido, calibre 44 MAGNUM, un (1) arma de fuego, tipo fusil de fabricación China, modelo AK-47, calibre 7,62x39 mm, número de serie 170 47169, con su respectivo cargador curvo metálico, veinticuatro (24) cartuchos, calibre 762x39 mm, sin percutir, un (1) arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, modelo 66, calibre.357 Magnum, número de serie 13K2819, dos (2) casquillos percutidos calibre .357 Magnum, cuatro (4) cartuchos calibre .357 Magnum, sin percutir, un (1) arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, modelo 686, calibre .357 Magnum, número de serie bpw2008, esto con respecto a las armas y municiones encontrados en el lugar de los hechos, un arma de fuego tipo pistola, marca TANFOGLIO, modelo LIMITED 40 H-C, calibre .40, número de serie N99 10332, con su respectivo cargador metálico, un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, calibre 9x19, número de serie FMN 142, con su respectivo cargador plástico, Un (1) arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, modelo 629-4, calibre .44 MAGNUM, número de serie CAZ8654, procede declarar el comiso de las armas de fuego anteriormente descritas. SON PARTES: El Abogado Renán Orlando Lozano Oquelí en su condición de defensor privado de los señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández, como parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día 1 de Octubre del año 2015, la Unidad de Investigación Sensitiva, Miembros del sistema estratégico de recolección, cotejamiento, análisis, archivo pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación y elementos de la Unidad Especial Tigres de la Policía Nacional , recibieron información que en la aldea Las Pilas, municipio de Florida del departamento de Copán, en una hacienda rural, se encontraba escondido el señor Carlos Emilio Arita conocido también como Porfirio Montufar Arita, sobre quien pesaba orden captura internacional en vista de estar pendiente un proceso de extradición en su contra, razón por la cual el día 2 de Octubre de ese mismo año, elementos de las agencia de seguridad antes mencionadas, se personaron a dicho sector con el objeto de aprender al extraditable Carlos Emilio Arita y a eso de las 6:00 am, cuando se encontraban rodeando el lugar, se percataron que en un quiosco de madera dentro de la propiedad, estaban los señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal portando un arma de fuego, tipo pistola marca GLOCK calibre 9 milímetros, niquelada, serie FMN142, en buen estado de funcionamiento, inscrita a nombre de Porfirio Montufar Arita, el señor Cristóbal Cruz Chacón Rivas portando un arma de fuego, tipo revolver calibre 44 MAGNUN marca Smith & Wesson serie CAZ8654629-4, en buen estado de funcionamiento, la cual no está inscrito en el correspondiente registro balístico y de la cual tampoco poseía documentos, el señor Rony Alexander Escobar quien portaba un arma de fuego tipo escuadra niquelada marca Tanfoglio calibre 40 milímetros serie N9910332, en buen estado de funcionamiento e inscrita al señor Luis Arnulfo Peña Arita acompañados de los señores Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández, todos ellos con el objeto de dar seguridad al señor Carlos Emilio Arita, por lo que al percatarse de la presencia policial, los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar, hicieron uso de las armas de fuego que portaban, disparando sobre los elementos de la policía, ante lo cual los agentes del orden público repelieron el ataque, haciendo uso de sus armas de reglamento resultando heridos en el intercambio de disparos, los señores Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández quienes recibieron asistencia médica pertinente, mientras esto sucedía el extraditable Carlos Emilio Arita y otros de sus guardaespaldas huyeron del lugar. SEGUNDO. Una vez sometidos por la autoridad, los señores Arnold, Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Carbajal, Dimas Adrian Caballero Rivas Y Santos Obdulio Hernández, los miembros de la policía y unidades especiales procedieron a investigar la propiedad encontrando, a unos 500 metros del quiosco al lado de un árbol, varias armas de fuego cortas, un rifle largo marca RUGER , municiones de diferentes calibres, así como un fusil AR 15 calibre 5,56 milímetros marca COLT serie SP568858, un fusil marca colt AR 15 calibre 2.23 por 5.56 milímetros serie SP382327, un fusil de fabricación china modelo AK47 calibre 762 por 39 milímetros serie 17047169, los cuales habían sido escondidos en ese sitio, por los acusados y otros sujetos que eran parte de la seguridad del individuo extraditable, con el propósito de acceder a dichas armas en caso de ser necesarias.- Posteriormente lo miembros de la policía, realizaron un requisa en el interior de la casa de habitación que se encontraba en la misma propiedad, en donde descubrieron otras tres armas cortas, municiones, teléfonos celulares, documentos varios además estaban estacionados aledaños a la vivienda un vehículo tipo cuatrimotor, dos motocicletas, un camión blanco, un vehículo tipo pick up, marca Toyota Hilux, mismos que fueron decomisados. y finalmente fue detenida en el perímetro dentro de la propiedad, la señora Norma Tabora Pineda.” RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Renán Orlando Lozano Oquelí, en su condición de Defensor Privado de los señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. NORMA ADJETIVO INFRINGIDA: Articulo 202 en relación con el articulo 336 y 338 Regla Cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPRESIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRIMERO: En la sentencia recurrida el Tribunal valoro prueba de cargo no concluyente de forma improvisa invoca una TEORÍA DE LA DISPONIBILIDAD que no es concluyente en la investigación de la verdad, que es el fin el proceso al no haberse practicado las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de cada una de los imputados y de esta forma determinar la existencia del hecho punible, tomando en cuenta las circunstancias que de acuerdo con la Ley Penal son importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurriendo en dichas omisiones una fundamentación confusa e imprecisa, dando corno resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulación de la derivación e inclusive el Tribunal en su sentencia coloca elementos de juicio que desnaturalizan el cuadro factico de lo que sucedió de la forma como sucedió el evento y los actos sucedáneos a partir e inclusive del allanamiento a la morada del señor CARLOS EMILIO ARITA de los cuales mis representados guardaban una relación laboral por ser empleados de el en una finca donde se practicó el allanamiento de morada el 2 de octubre del año 2015 en el lugar conocido como Aldea de la Pilas municipio de Florida departamento de Copan. En el presente caso precisamos y referirnos A LAS REGLAS DE LA LÓGICA, por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencias y sobre la cual está orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la Ley de la coherencia y de la derivación esta última a resultado ignorada por el Tribunal de Sentencias de esta Ley se exige al juzgador que la Sentencia resulte provista de razonamiento de elementos congruentes verdaderos y suficientes donde la carga de la prueba corresponde al Ministerio Publico a fin de enervar el estado de inocencia de mis representados y su responsabilidad penal que es de carácter personal mediando dolo en la Comisión del hecho punible tal como lo prescribe el artículo 13 del Código Penal. Del análisis de la Sentencia recurrida de fecha 8 de septiembre del presente año se infiere que no ha estado provista de un razonamiento intelectual capaz de dejar conforme a la Defensa de los imputados por las conclusiones a que arribo el pleno del Tribunal de Sentencia para condenar a mis representados por no provenir de elementos suficientes para producir razonablemente un conocimiento cierto de la participación de cada uno de ellos en el suceso que se juzga, por el contrario la acción de mis mandantes a resultado efectivamente dudosa para deducir la culpabilidad como autores del delito de almacenamiento ilegal de municiones de armas prohibidas y armas comerciales pues del análisis de la Sentencia de mérito concluido por el hecho estimado y declarado probable es impreciso y no suficiente. De la relación de los hechos el Tribunal debió favorecer a mis representados de la Comisión y del delito antes relacionado absolviéndolos de responsabilidad en base a la garantía constitucional como es el IN DUBIO PRO REO pero no solamente por la existencia de duda en sentido estricto sino también por la inexistencia de una responsabilidad penal de los imputados, es así que era exigible expresamente que se hubiese probado su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable, al no existir fuerza probatoria para enervar la presunción de inocencia por falta de objetividad por parte del Ministerio Publico en su requerimiento fiscal y en los medios de prueba aportados de igual manera en la etapa de pruebas se propuso corno medios de prueba un documento que aparece a folio 72 consistente en un ACTA DE RECOLECCIÓN DE INDICIOS, donde aparecen que las armas y municiones prohibidas se encontraban a campo abierto en las coordinadas que se describen en dicho documento y que el mismo Tribunal así lo consigno cuando de la lectura de la Sentencia sin ambaje alguno reconoce el Tribunal que se encontraba a 500 metros del lugar donde fueron encontrados mis mandantes en el momento en que se producen el allanamiento de mora en el domicilio del señor CARLOS EMILIO ARITA este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permitió tener una certeza jurídicamente valida sobre la participación del acto antijurídico y legalmente punible que fue objeto de condena al aplicar una TEORIA DE LA DISPONIBILIDAD que no es Ley de la República y en todo caso es una fuente auxiliar tal como lo prescribe el artículo 19 del Código Procesal Penal. De lo anterior consideramos que se ha infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de la pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se haya determinado el principio que se vulnero y que es motivo de casación al cumplir que se derivó de las pruebas aportadas, de la alteración dramática del cuadro factico y por lo tanto todo su actuar deriva en la motivación de este recurso debiendo anularse la sentencia por haberse derivado de un análisis contra las reglas de la sana crítica y colocar a mis representados en la participación directa en un hecho punible contraviniéndose todo el andamiaje de la responsabilidad penal que es personal y haberlos beneficiado de un fallo absolutorio por no haberse enervado su estado de inocencia que es una garantía constitucional que es preciso mantener al momento que no exista Sentencia condenatoria firme.” Por su parte la recurrente Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL RECURSO PRIMER MOTIVO: “Adolecer la Sentencia proferida de Motivación Jurídica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De la lectura a la sentencia de mérito, específicamente en su apartado de Motivación Jurídica no resulta posible deducir o inferir el proceso racional del Juzgador en relación a la concurrencia o no de los elementos de tipicidad del delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso comercial, contenido en el artículo 332-B del código Penal, actividad ilícita por la cual el Ministerio Público ha sostenido durante la etapa del debate, el juzgador no consigna su razonamiento relacionado con la calificación jurídica de los hechos relacionados al tipo penal del almacenamiento de arma de fuego y municiones de uso comercial, no refiere ningún fundamento explicativo que le haya llevado a considerar la existencia o no del delito al que hemos hecho mención, dejando por fuera sus fundamentos legales para no temar en consideración dicha conducta delictiva. En virtud de lo anterior, encontramos que el razonamiento del juzgador en este apartado de la sentencia es nulo, partiendo de que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la fundamentación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos, su participación y circunstancias, y en el presente caso es manifiesta la carencia en que incurre el Juzgador, al no haber expuesto de una forma clara y terminante sin dejar lugar a dudas, porque es que la conducta de los acusados se enmarca en determinado tipo penal, o en caso contrario porque los preceptos en cuestión no resultan aplicables al caso concreto. Conforme lo expuesto, la Sala Penal se ha pronunciado de la siguiente forma: “En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA como INSUFICIENTE comportan vicios in procedendo, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia- Es importante recordar que las sentencias constituyen una forma de comunicación entre el Juez(a) y a sociedad, en donde el primero rinde cuentas a la segunda de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas —condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes A).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o motivación jurídica, es decir es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce del desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los Juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario.”[1] Ante tal circunstancia el A- quo, ha inadvertido lo establecido en el artículo 338 en su numeral 3) que regula lo atinente a la fundamentación jurídica en las sentencias: En párrafos también separados y numerados se Consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, cori indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados...” En consecuencia, frente a esta omisión el Juzgador al dictar la sentencia en los términos antes señalados, incurre en el vicio de forma, autorizado en el numeral 3) del artículo 362 de la Ley Penal Adjetivo, que da lugar para recurrir el fallo bajo estudio. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” “SEGUNDO MOTIVO: “Que en la parte resolutiva de la sentencia se omitieron elementos esenciales, tales como la resolución de todas las cuestiones debatidas” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 4, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma omitió resolver sobre cuestiones esenciales debatidas, como ser el pronunciamiento de la responsabilidad que en la causa de méritos tienen los acusados ARNOLD FABRICIO ESCOBAR CARBAJAL, CRISTOBAL CRUZ CHACON RIVAS, RONY ALEXANDER CARBAJAL, DIMAS ADRIAN CABALLERO RIVAS Y SANTOS OBDULIO HERNANDEZ, por en el delito de Almacenamiento ilegal de armas de fuego y municiones de uso comercial por el cual fueron acusados por el Ministerio Público; en apego a lo preceptuado en el artículo 338 regla quinta del Código Procesal Penal que prescribe: “En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción”. De la lectura de la parte resolutiva es evidente observar que el sentenciador no resolvió respecto a la responsabilidad de los acusados por el delito de Almacenamiento ilegal de arma de fuego y municiones de uso comercial, habiéndose formalizado la acusación contra dichos acusados, puesto que si nos remitimos a los antecedentes de la sentencia impugnada podemos constatar que en sus conclusiones el representante del ente acusador solicitó: “Considera que con el bagaje probatorio que se trajo a este estrado judicial, los ahora encausados ARNOLD FABRICIO ESCOBAR CARBAJAL, CRISTOBAL CRUZ CHACON RIVAS, RONY ALEXANDER ESCOBAR, DIMAS ADRIÁN CABALLERO RIVAS, SANTOS OBDULIO HERNÁNDEZ Y NORMA TABORA PINEDA, son responsables de los delitos de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales, en el artículo trescientos treinta y dos B de nuestro Código Penal, el cual trae consigo una pena de tres a seis años de reclusión…..”. El vicio se presenta ante el silencio que hace el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, respecto a los puntos antes señalados que fueron parte del debate por las partes procesales, dicha omisión constituye un quebrantamiento de la forma tal y como lo establece nuestra Ley Procesal. En relación al tema, el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño[2], nos refiere: ‘La sentencia debe resolver todos los puntos de acusación y defensa debatidos, con los límites impuestos en el artículo 337 del Código Procesal Penal, el defecto se produce cuando el Juzgador en la parte reso1utiva de la sentencia no da respuesta a una de esas cuestiones que fueron discutidas en el proceso...” (Lo resaltado no corresponde al texto original), situación que se evidencia en la sentencia impugnada. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, en lo que respecta al delito de almacenamiento Ilegal de armas de fuego y municiones de uso comercial, manteniendo y respetando incólume la sentencia proferida sobre la culpabilidad de los mismos por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES PROHIBIDAS Y ATENTADO. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal.
Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen
Casación por quebrantamiento de forma fundado en: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica”. En la sentencia recurrida el tribunal valora prueba de cargo no concluyente en la investigación con base en la teoría de la disponibilidad, tomando en cuenta circunstancias importantes para establecer el grado de responsabilidad, incurriendo en fundamentación confusa e imprecisa, resultado de la violación a las reglas de la lógica en su postulación de la derivación. En su sentencia, el tribunal desnaturaliza el cuadro fáctico de lo que sucedió y de los actos sucedáneos a partir del allanamiento a la morada del señor Carlos Emilio Arita de los cuales los acusados guardaban una relación laboral por ser empleados de una finca donde se practicó el allanamiento, en la Aldea de la Pilas, Municipio de Florida departamento de Copán. La regla de la lógica de la derivación ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia, dado que la acción de los acusados es dudosa para deducir la culpabilidad como autores del delito de almacenamiento ilegal de municiones de armas prohibidas y armas comerciales. El hecho estimado y declarado probable es impreciso y no suficiente, por lo que el tribunal debió favorecer a los acusados de la comisión del delito antes relacionado. No existe fuerza probatoria para enervar la presunción de inocencia de los acusados en la valoración de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, tal como el medio de prueba del documento que aparece a folio 72 consistente en un Acta de Recolección de Indicios, donde aparecen que las armas y municiones prohibidas se encontraban a campo abierto a 500 metros del lugar donde fueron estaban los acusados al momento en que se producen el allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[3]. Concepto específico: En la sentencia recurrida, el tribunal valora prueba de cargo no concluyente en la investigación con base en la teoría de la disponibilidad, tomando en cuenta circunstancias importantes para establecer el grado de responsabilidad, incurriendo en fundamentación confusa e imprecisa, resultado de la violación a las reglas de la lógica en su postulación de la derivación, dado que la acción de los acusados es dudosa para deducir la culpabilidad como autores del delito de almacenamiento ilegal de municiones de armas prohibidas y armas comerciales. El hecho estimado y declarado probable es impreciso y no suficiente, por lo que el tribunal debió favorecer a los acusados de la comisión del delito antes relacionado. No existe fuerza probatoria para enervar la presunción de inocencia de los acusados en la valoración de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, tal como el medio de prueba del documento que aparece a folio 72 consistente en un Acta de Recolección de Indicios, donde aparecen que las armas y municiones prohibidas se encontraban a campo abierto a 500 metros del lugar donde fueron estaban los acusados al momento en que se producen el allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, postulado de derivación en la valoración de la prueba de cargo, consistente en la prueba documental consistente en el Acta de recolección de Indicios, donde aparecen que las armas y municiones prohibidas se encontraban a campo abierto a 500 metros del lugar donde estaban los acusados al momento en que se produce el allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, entre ella al Acta de Allanamiento, en que consta que en el lugar denominado Aldea Las Pilas, Florida, departamento de Copán, donde se encontraban en posesión de armas de fuego los acusados señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar Arita, Kevin Omar Melgar Rivas, Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández y otra persona de sexo femenino (folio 70) se procedió a decomisar también un Ak47, 3 fusiles y varios cargadores, 12 armas cortas y varios cargadores, varios teléfonos celulares y munición de diferente calibre (todos estos indicios fueron descritos en acta de inspección decomiso y recolección de indicios), el día viernes 2 de octubre del 2015 siendo las 6:05 am en la morada del señor Carlos Emilio Arita, ubicada en la Aldea Las Pilar, Florida Copán; y Acta de Recolección de Indicios (folio 72) en que se describen en detalle las 3 armas de fuego de uso prohibido y comercial, y 12 armas de uso comercial, y munición de diversos calibres de uso prohibido y comercial, son lógicas y coherentes en virtud de que dicha prueba documental es congruente con prueba de los testigos de cargo rendida en juicio por parte de los señores Julio Nelson Sierra Álvarez, Inspector de Policía, Juan Carlos González, Agente de Policía, y Dunior Leonardo Medina Matute, Agente de Policía, que ratifican que las armas y municiones de uso comercial y de uso prohibido decomisadas a los acusados y dentro de dicha propiedad, fueron escondidas por los acusados en un sector cercano dentro de la propiedad, con el propósito de acceder a ellas y dar seguridad al señor Carlos Emilio Arita, extraditable buscado por la policía, quien el día del allanamiento de morada logró darse a la fuga del sitio del allanamiento, gracias a la resistencia armada desplegada por los acusados y la policía, medios de prueba consistentes en el acta de recolección de indicios y el acta de allanamiento de morada del señor Carlos Emilio Arita, que han sido debidamente ratificados en la sala de juicio por parte del agente de investigación criminal, señor Juan Carlos González. Por lo anterior, esta Sala considera que la motivación de la sentencia recurrida está constituida por prueba directa de cargo, la que carece de inconsistencias o contradicciones, misma que es suficiente para derivar un estatuto de verdad respecto de la participación de los acusados entre ellos Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández, en los hechos ilícitos que se les imputan. Por lo anterior, el Juzgador no ha incurrido en defectos de forma por violación a las reglas de la sana critica, de la lógica, en sus postulados de derivación en la valoración de la prueba de reproche. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, por adolecer la sentencia recurrida de falta de motivación jurídica, interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por adolecer la sentencia recurrida de falta de motivación jurídica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen
Quebrantamiento de forma por adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica. De la lectura de la sentencia de mérito, específicamente en su apartado de Motivación Jurídica no resulta posible deducir o inferir el proceso racional del juzgador con relación a la concurrencia o no, de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, actividad ilícita por la cual el Ministerio Público ha sostenido durante la etapa del debate. El juzgador no consigna en la calificación jurídica los hechos relacionados al tipo penal del Almacenamiento de Arma de Fuego y Municiones de Uso Comercial. No refiere ningún fundamento explicativo que le haya llevado a considerar la existencia o no, del delito al que hemos hecho mención, dejando por fuera sus fundamentos legales para no tomar en consideración dicha conducta delictiva. En virtud de lo anterior, encuentra que el razonamiento del juzgador en este apartado de la sentencia es nulo, partiendo de que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la fundamentación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos, su participación y circunstancias, y en el presente caso es manifiesta la carencia en que incurre el juzgador. Al no haber expuesto de una forma clara y terminante sin dejar lugar a dudas, porqué es que la conducta de los acusados se enmarca en determinado tipo penal, o en caso contrario porqué los preceptos en cuestión no resultan aplicables al caso concreto. Concepto General del recurso “Art. 362 3) Los tres primeros que se agrupan en esta norma y que se estudiaran conjuntamente, guardan bastante similitud, en cuanto a su estructura, con el numeral l), por lo que al mismo me remito; si bien aquellos hacen alusión a los hechos probados, mientras que el precepto objeto de examen se refiere a la fundamentación de la sentencia. El cuarto vicio formal que contempla este artículo y que será analizado de forma independiente, tiene lugar cuando en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Que la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias: Los vicios procesales que justifican la existencia de este motivo de casación consisten, bien en que la sentencia carezca por completo de motivación, o bien que la motivación sea insuficiente o contradictoria. Son defectos procesales que se cometen en los apartados relativos a la valoración de la prueba y a la fundamentación jurídica, que toda sentencia debe contener y que -al igual que se dijo para los defectos en la narración de los hechos probados-, la ausencia total de motivación (fáctica, jurídica o de ambas), comporta siempre la anulación del fallo, pues sume a las partes en la más absoluta indefensión y priva a la CSJ del conocimiento de una de las premisas esenciales que justifican el fallo. La motivación de la sentencia cumple dos funciones básicas: por un lado, la extrema que permite a las partes controlar la actividad jurisdiccional y, de otro, cumple una función interna para que el tribunal ejerza una forma de autocontrol al elevar la sentencia, sabiendo que puede ser revisada, evitando expresar razonamientos incompletos, incoherentes, absurdos, ilógicos y, en definitiva, arbitrarios. Por este cauce casacional se corrigen, en general, aquellas deficiencias estructurales de la sentencia, que incumplan de una manera palmaria las exigencias mínimas de motivación referentes a la valoración de las pruebas para declarar los hechos probados y a la fundamentación jurídica de los pronunciamientos del fallo, contenidas en los apartados 2) y 3) de la regla cuarta del art. 338 que pormenoriza los requisitos de la sentencia. La insuficiencia de motivación es un concepto subjetivo que debe ser interpretado respectivamente, de manera que solo se apreciará en aquellos casos en que no resulte posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal a quo a considerar probados los hechos consignados en el fáctum, o a aplicar los preceptos penales de los que el fallo trae causa y no cuando los razonamientos sean escuetos o equivocados. Tanto la insuficiencia motivatoria, cuanto las contradicciones en la fundamentación de la sentencia han de ser casuales y trascendentes respecto al fallo. En cuanto a la contradicción, además de ser patente e insubsanable, debe resultar de los propios términos de la fundamentación fáctica o jurídica…”.[4] Concepto específico: En el apartado de Motivación Jurídica de la sentencia recurrida no se infiere o deduce el proceso racional del juzgador en relación a la concurrencia o no de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, actividad ilícita por la cual el Ministerio Público ha sostenido durante la etapa del debate. Por lo que el razonamiento del juzgador en este apartado de la sentencia es nulo, partiendo de que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la fundamentación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos, su participación y circunstancias, y en el presente caso es manifiesta la carencia en que incurre el juzgador. De la Procedencia del Recurso. el recurso es de recibo. El recurrente basa el motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación jurídica, en virtud de que de ella no se deduce el proceso racional del juzgador en relación a la concurrencia o no de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, actividad ilícita por la cual el Ministerio Público ha sostenido su pretensión acusatoria durante la etapa del debate. Esta Sala considera que de la detenida lectura de la sentencia impugnada emitida por el tribunal de instancia, resulta que se deriva motivación jurídica respecto de la concurrencia o no, de los elementos de tipicidad del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del código Penal, actividad ilícita atribuida a los acusados señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Carbajal, Dimas Adrian Caballero Rivas Y Santos Obdulio Hernández por el Ministerio Público en la etapa del debate. A consecuencia de lo anterior, la parte dispositiva del fallo no determina la inocencia o culpabilidad de los acusados respecto de uno de los tipos penales, parte de su pretensión, concretamente por el delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial. Al ser omisiva la sentencia recurrida, la sentencia emitida resulta carente de motivación jurídica respecto de esa parte de la pretensión acusatoria del Ministerio Público sostenida durante el debate. Por lo anterior, declara con lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el fiscal del Ministerio Público, por falta de motivación Jurídica respecto del delito de Almacenamiento ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, alegado por el recurrente. DECISIÓN. La Sala declara: No Ha Lugar el motivo único de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el Abogado Renán Orlando Lozano Oquelí en su condición de defensor privado de los señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández; Ha Lugar el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público; Esta Sala no emite pronunciamiento sobre el segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en virtud de haber prosperado el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por dicha recurrente, en su condición indicada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso: 1) A los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras a la pena de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal; 2) Se impuso a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, como autores del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de nueve años de reclusión, más una multa de siete mil quinientos lempiras por cada arma prohibida decomisada, y siendo que son tres la multa asciende a la cantidad de veintidós mil quinientos lempiras a cada condenado; 3) Se impuso a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Atentado, a la pena de dos años de reclusión; 4) Se declaró la responsabilidad civil de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, derivada de los delitos por los que se les condena. En concurso real de delitos, por lo que el Tribunal de Sentencia impuso: 1) Al señor Arnold Fabricio Escobar Carbajal la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil; 2) Al señor Cristóbal Cruz Chacón Rivas la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil ; 3) Al señor Rony Alexander Escobar la pena concreta de 15 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil; 4) Al señor Dimas Adrián Caballero Rivas la pena concreta de 9 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil ; 5) Y, al señor Santos Obdulio Hernández la pena concreta de 9 años de reclusión, pena de Multa de L.22,500.00, más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil, y declaratoria de responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor al señor Arnold Fabricio Escobar Carbajal como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) al señor Cristóbal Cruz Chacón Rivas como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Al señor Rony Alexander Escobar como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: 1) De 1 a 4 años de prisión, y localización permanente de 2 años, como pena abstracta para el autor del delito de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1); 2) De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); 3) De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, para el autor del delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 4) Al señor Dimas Adrián Caballero Rivas como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente); y, 5) Al señor Santos Obdulio Hernández como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente de la siguiente manera: De 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses, como pena abstracta para el autor del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente). En concurso real de delitos que conforme al Codigo Penal 130-2017, a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar como autores de los delitos de Tenencia o Porte de Armas de Fuego o Municiones permitidas (Artículo 580.1), Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente) y Atentado, tienen pena abstracta privativa de libertad de 16 a 24 años de prisión. Y respecto a los señores Dimas Adrián Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández como autores de los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas (Artículo 581.2 y párrafo subsiguiente) tienen pena abstracta privativa de libertad de 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta de 15 años de reclusión acumulada a los acusados Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar; y de 12 a 16 años de prisión y Localización Permanente por 6 años, 8 meses de los señores Dimas Adrián Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández es mucho menor a la pena que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor de los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Renán Orlando Lozano Oquelí en su condición de defensor privado de los señores Arnol Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas y Santos Obdulio Hernández; Segundo: Ha Lugar el primer motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público; Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual: 1) Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas y Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras 2) Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, como autores del delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Condenó a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, como autores del delito de Atentado, 4) Absolvió a los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- y, 4) Absolvió a los señores Dimas Adrian Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández, del delito de Atentado contra la Seguridad Interior del Estado; Cuarto: Casa y declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, así como la nulidad parcial del debate que la origina; MANDA: Que el Tribunal Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, celebre nuevo juicio contra los señores Arnold Fabricio Escobar Carbajal, Cristóbal Cruz Chacón Rivas, Rony Alexander Escobar, Dimas Adrián Caballero Rivas, Santos Obdulio Hernández y Norma Tabora Pineda, por el delito de Almacenamiento ilegal de Armas de Fuego y Municiones de Uso Comercial, en perjuicio de Seguridad Interior del Estado de Honduras, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que parcialmente se anula.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-526-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] SP 367-2010.
[2] Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño. Tomo II. Dinámica Procesal. P. 427. Segunda Edición. Honduras, C. A., 2003.
[3] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005
[4] Cuadernos de Estudios Judiciales. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Páginas 120 y 121.