Sentencia CP-520-18 — Registro 14250
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa consignado en el artículo 82, en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 303 y 307 de la constitución de la República establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable”, asimismo el art.303 dispone, que: “La justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado” y el art.307 que: “La ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce en virtud que la defensa de los acusados Felipe Andrade y José Valerio en el momento procesal oportuno solicito se dictara auto para mejor proveer con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal, para que se evacuara una inspección ocular al lugar del hecho o en su defecto una reconstrucción del hecho, por no haber sido propuestos por el Ministerio Público en audiencia de proposición de pruebas, debido a percibir en el desarrollo del debate que el testigo protegido de cargo faltaba a la verdad al asegurar la existencia de una lámpara de luz en dicho lugar, cuando en realidad en donde se cometió el asesinato no existen casas aledañas, mucho menos alumbrado eléctrico. Al denegar la solicitud de auto para mejor proveer por existir un álbum fotográfico, el juzgador incurre en una flagrante violación al derecho de defensa. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de defensa, en relación a lo dispuesto en los preceptos contenidos en los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República, en virtud de que la actividad probatoria corresponde a las partes procesales, y en el presente caso la defensa de los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, ni la Fiscalía del Ministerio Púbico solicitaron como medio de prueba la práctica de una inspección o de una reconstrucción de hechos en el lugar de la escena del delito. Por otra parte, consta que en la etapa preparatoria del proceso de lleva a cabo por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inspección ocular y de levantamiento de cadáver (F.17), con la presencia de la fiscal del Ministerio Público Abogada Jenny Ávila, los agentes de investigación Oscar Alvarenga y Ángel Merlo, los Técnicos de inspecciones oculares Luis Aguilar y Jorge Lemus, en donde hacen una descripción detallada de la escena del delito, los cuerpos sin vida de quienes en vida fueran los señores Bernardino López y Domingo Mejía, acta a la que se adjunta el respectivo Álbum Fotográfico (F21) misma que consta de 17 fotografías entre ellas, dos fotografías de la escena del delito, o casa donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Concretamente, el tribunal ha valorado como medios de prueba, el acta de inspección al lugar de los hechos y álbum fotográfico, los que llevaron al tribunal de juicio a conocer la escena del crimen, por lo que consideró innecesaria la práctica de una nueva inspección o reconstrucción de hechos como auto para mejor proveer. En este caso, la práctica de un auto para mejor proveer, queda al arbitrio del tribunal, y solo se ha de ordenar su práctica cuando sea absolutamente indispensable para completar algún aspecto vacío de la prueba propuesta por las partes procesales, y se haya puesto de manifiesto la omisión de un elemento antes no conocido, lo cual no acontece en el caso de autos, pues como ha quedado indicado se ha practicado inspección ocular en epata preparatoria del proceso, con descripción de la escena del delito. Por lo anterior, esta Sala aprecia que los acusados señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, han sido sometidos a juicio y juzgados habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de defensa, en un proceso en que han sido encontrados culpables del delito de doble Asesinato en perjuicio de los que en vida fueran los señores Bernardino López y Domingo Mejía, debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no se ha infringido a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía el precepto constitucional que garantiza el derecho de derecho defensa consignado en el artículo 82, en relación a los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Felipe Andrade Mejía, la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Domingo Mejía; y la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Bernardino López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Asimismo, impuso al acusado José Valerio Andrade Mejía, la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Domingo Mejía; y la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Bernardino López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En concurso real de delitos sumadas las penas impuestas por los dos delitos de asesinato impuesta a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, estos deberían cumplir una pena acumulada de 41 años de reclusión, sin embargo, la duración máxima de las penas acumuladas por varios delitos, conforme al límite legal, no podría en ningún caso exceder de 30 años de reclusión. (art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía como personas responsables le correspondería del sancionado penalmente por el Delito de Asesinato, con una pena abstracta comprendida para cada uno de los delitos de asesinato con la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, que conforme al artículo 192 primer párrafo del Código Penal. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en el caso que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el máximo de cumplimiento de la pena es de 40 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía de la nueva legislación penal, no representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 520-2018, que literalmente dice: “Sentencia. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-520-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Sata Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Felipe Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Domingo Mejía a la pena de veinte años, seis meses de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor Felipe Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Bernardino López a la pena de veinte años, seis meses de reclusión.- TERCERO: Condenó al señor José Valerio Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Domingo Mejía a la pena de veinte años, seis meses de reclusión.- CUARTO: Condenó al señor José Valerio Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Bernardino López a la pena de veinte años, seis meses de reclusión.- QUINTO: Condenó a los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- SEXTO: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía a la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito.- SÉPTIMO: No procedió la condena en costas.- OCTAVO: No procedió el comiso. Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos de los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados. “PRIMERO: En fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, en horas de la noche, se encontraba el señor DOMINGO MEJÍA, conversando afuera de su casa de habitación, situada en el barrio Zapalote, municipio de San Agustín, Copán, con el señor BERNARDINO LÓPEZ, lugar al que llegaron los señores FELIPE ANDRADE MEJÍA, portando un arma de fuego, y un arma blanca, tipo machete, y JOSÉ VALERIO ANDRADE MEJÍA, junto con dos personas más, todos con arma blanca tipo machete; el señor FELIPE ANDRADE MEJÍA, al ver al señor DOMINGO MEJÍA, le hizo dos disparos, impactándole uno en la región anterior del brazo izquierdo, lacerando el lado izquierdo de la espalda, el segundo disparo en el brazo derecho, lado externo, a la altura del hombro, fracturándole la clavícula y lacerando los músculos del tercio superior del tórax izquierdo, procediendo ambos FELIPE y JOSÉ VALERIO, junto con las otras dos personas, a producirle múltiples heridas contuso cortantes, con arma blanca, tipo machete. SEGUNDO: En lo que los señores FELIPE ANDRADE MEJÍA y JOSÉ VALERIO MEJÍA, y las otras dos personas, le daban de machetazos al señor DOMINGO MEJÍA, procedieron a darle también de machetazos al señor BERNARDINO LÓPEZ, cuando este pedía ayuda, FELIPE ANDRADE MEJÍA, le disparó en la región izquierda de la cabeza, fracturándole el maxilar superior, produciéndole además con JOSE VALERIO ANDRADE MEJÍA, y las otras dos personas, ocho heridas con arma blanca, tipo machete. TERCERO: Los señores DOMINGO MEJÍA y BERNARDINO LÓPEZ, murieron a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral, producidos por arma blanca, tipo machete.” Recurso de Casación. La Recurrente Abogada Wendy Paola Banegas Selvas, en su condición de Defensora Pública de los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 en relación con los artículos 303 y 307 de la constitución de la república. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 361 del Código --Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 303 y 307 de la constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias al no permitir la práctica de un medio de prueba vital, en este caso de marras solicitado en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, es decir que se practicara: “Una Inspección ocular o en su defecto La Reconstrucción de hechos” para la defensa de los imputados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía y por consiguiente para esclarecer la verdad real de los hechos investigados en virtud de existir en el debate múltiples contradicciones con un de testigo supuestamente presencial de cargo propuesto por el Ministerio Público. La defensa de Felipe Andrade y José Valerio en el momento procesal oportuno solicito se dictara auto para mejor proveer en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, es decir que se evacuara una Inspección ocular al lugar del hecho o en su defecto una Reconstrucción del hecho, en vista que ni uno ni otro fueron propuestos por el Ministerio Público en audiencia de proposicion de pruebas; pero que debido a percibir en el desarrollo del debate que el testigo protegido faltaba a la verdad al asegurar la existencia de una lámpara de luz en dicho lugar, cuando en realidad en donde se cometió el asesinato no existen casas aledañas, mucho menos alumbrado eléctrico, tal y como lo hizo ver la testigo protegido de cargo. Honorables Magistrados consideramos que este medio de prueba era de valor decisivo para la defensa de mis representados FELIPE ANDRADE MEJIA y JOSE VALERIO ANDREDE MEJIA en vista que al analizar la declaración de la testigo protegido propuesta por el Ministerio Fiscal se aprecia que la misma miente faltando a la verdad al efectuar su deposición en el debate, considerando esta defensa que dichos hechos solo podrían ser controvertidos y aclarados a través del medio de prueba solicitado y denegado, es decir la Inspección ocular o en su defecto de una reconstrucción de hechos, para el caso esas discrepancias radican en circunstancias tan importantes como lo son: a) La existencia de visibilidad en el lugar donde se suscito el hecho controvertido; b) La existencia de unas matas de plátano donde dice el testigo protegido haberse escondido para no ser visto; c) La distancia en la que se ubicaba dicho testigo protegido y; d) Como la no existencia de casas aledañas en dicho lugar para que pudiera existir alumbrado eléctrico, es por esta razón que consideramos que este medio de prueba al efectuarse desempeñaría una verdadera función de control sobre la exactitud, posibilidad o verosimilitud de los elementos de prueba ya incorporados a juicio, permitiendo al Tribunal y a las partes percibir detalles de los acontecimientos que no es posible lograrlo con otros medios de prueba, y que de dejarlo así no tendríamos un convencimiento cierto e indubitable para poder llegar a la certeza de la verdad real y concluyente de cómo sucedieron los hechos. El hecho que el Tribunal no haya concedido la evacuación de dicho medio de prueba constituye un quebrantamiento al derecho constitucional de defensa, no bastando con que el Juzgador declare respetarlo, sino que es preciso que los imputados tengan la posibilidad real de procurar y obtener la evacuación de aquellos medios de prueba que siendo pertinentes, relevantes y útiles para sus defensas éste los solicite, como en el presente caso de marras lo es la Inspección ocular o la reconstrucción de hechos, no siendo causa legítima para desconocer este derecho el alegar el Tribunal en su valoración el hecho ya existía incorporado un álbum fotográfico que estaba agregado en la etapa anterior ya que en el álbum fotográfico se mostraba supuestamente el lugar de los hechos. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de dejar de evacuar un medio de prueba de valor decisivo para la defensa de mis representados los señores FELPE ANDRADE MEJIA y JOSE VALERIO ANDRADE MEJIA manifestando el juzgador al denegar la solicitud que no era necesario evacuar para mejor proveer dicho medio de prueba solicitado por la defensa de los imputados como se dijo antes porque ya existía un álbum fotográfico, pero que en realidad no hay fotografías del lugar exacto donde dice el testigo protegido que se encontraba ese día, siendo esto una flagrante violación al derecho de defensa de los imputados, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de la causa denegó la evacuación del medio de prueba de Inspección ocular o en su defecto reconstrucción de hechos solicitado oportunamente por la defensa con fundamento en el artículo 333 del Código procesal Penal, considerando ser el mismo útil y pertinente, donde el Tribunal de mérito resolvió a la petición de la defensa la no evacuación de dicho medio de prueba, resolución con la que no estuvo de acuerdo la defensa haciendo en el acto formal protesta e interponiendo recurso de reposición misma que fuera denegada, haciéndose reserva de casación misma que consta en el acta de debate y cuyos extremos pueden ser apreciados en la misma que documentó lo ocurrido en el juicio oral y público celebrado en la causa.” Fundamentación. Infracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 82, en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 82, en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen. Infracción del Precepto Constitucional contenido en el artículo 82, en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 303 y 307 de la constitución de la República establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable”, asimismo dispone, que “La justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado” y que “La ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. El no permitir la práctica de un medio de prueba vital, en este caso, con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal, para que se practicara una inspección ocular o reconstrucción de hechos para la defensa de los imputados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, en virtud de existir en el debate múltiples contradicciones con un testigo supuestamente presencial propuesto por el Ministerio Público. La defensa de los acusados Felipe Andrade y José Valerio en el momento procesal oportuno solicitó se dictara auto para mejor proveer en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, es decir que se evacuara una Inspección ocular al lugar del hecho o en su defecto una Reconstrucción del hecho, en vista que ni uno ni otro fueron propuestos por el Ministerio Público en audiencia de proposición de pruebas, pero debido a percibir en el desarrollo del debate que el testigo protegido faltaba a la verdad al asegurar la existencia de una lámpara de luz en dicho lugar, cuando en realidad en donde se cometió el asesinato no existen casas aledañas, mucho menos alumbrado eléctrico, tal y como lo hizo ver la testigo protegido de cargo. medio de prueba que era de valor decisivo para la defensa de mis representados. El juzgador al denegar la solicitud consideró que no era necesario evacuar para mejor proveer dicho medio de prueba solicitado por la defensa de los imputados porque ya existía un álbum fotográfico, pero que en realidad no hay fotografías del lugar exacto donde dice el testigo protegido que se encontraba ese día, siendo esto una flagrante violación al derecho de defensa. Concepto General del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1]Concepto especifico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. De la procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa consignado en el artículo 82, en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 303 y 307 de la constitución de la República establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable”, asimismo el art.303 dispone, que: “La justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado” y el art.307 que: “La ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce en virtud que la defensa de los acusados Felipe Andrade y José Valerio en el momento procesal oportuno solicito se dictara auto para mejor proveer con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal, para que se evacuara una inspección ocular al lugar del hecho o en su defecto una reconstrucción del hecho, por no haber sido propuestos por el Ministerio Público en audiencia de proposición de pruebas, debido a percibir en el desarrollo del debate que el testigo protegido de cargo faltaba a la verdad al asegurar la existencia de una lámpara de luz en dicho lugar, cuando en realidad en donde se cometió el asesinato no existen casas aledañas, mucho menos alumbrado eléctrico. Al denegar la solicitud de auto para mejor proveer por existir un álbum fotográfico, el juzgador incurre en una flagrante violación al derecho de defensa. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de defensa, en relación a lo dispuesto en los preceptos contenidos en los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República, en virtud de que la actividad probatoria corresponde a las partes procesales, y en el presente caso la defensa de los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, ni la Fiscalía del Ministerio Púbico solicitaron como medio de prueba la práctica de una inspección o de una reconstrucción de hechos en el lugar de la escena del delito. Por otra parte, consta que en la etapa preparatoria del proceso de lleva a cabo por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inspección ocular y de levantamiento de cadáver (F.17), con la presencia de la fiscal del Ministerio Público Abogada Jenny Ávila, los agentes de investigación Oscar Alvarenga y Ángel Merlo, los Técnicos de inspecciones oculares Luis Aguilar y Jorge Lemus, en donde hacen una descripción detallada de la escena del delito, los cuerpos sin vida de quienes en vida fueran los señores Bernardino López y Domingo Mejía, acta a la que se adjunta el respectivo Álbum Fotográfico (F21) misma que consta de 17 fotografías entre ellas, dos fotografías de la escena del delito, o casa donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Concretamente, el tribunal ha valorado como medios de prueba, el acta de inspección al lugar de los hechos y álbum fotográfico, los que llevaron al tribunal de juicio a conocer la escena del crimen, por lo que consideró innecesaria la práctica de una nueva inspección o reconstrucción de hechos como auto para mejor proveer. En este caso, la práctica de un auto para mejor proveer, queda al arbitrio del tribunal, y solo se ha de ordenar su práctica cuando sea absolutamente indispensable para completar algún aspecto vacío de la prueba propuesta por las partes procesales, y se haya puesto de manifiesto la omisión de un elemento antes no conocido, lo cual no acontece en el caso de autos, pues como ha quedado indicado se ha practicado inspección ocular en epata preparatoria del proceso, con descripción de la escena del delito. Por lo anterior, esta Sala aprecia que los acusados señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, han sido sometidos a juicio y juzgados habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de defensa, en un proceso en que han sido encontrados culpables del delito de doble Asesinato en perjuicio de los que en vida fueran los señores Bernardino López y Domingo Mejía, debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no se ha infringido a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía el precepto constitucional que garantiza el derecho de derecho defensa consignado en el artículo 82, en relación a los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de Defensores Públicos de los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Felipe Andrade Mejía, la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Domingo Mejía; y la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Bernardino López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Asimismo, impuso al acusado José Valerio Andrade Mejía, la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Domingo Mejía; y la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Bernardino López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En concurso real de delitos sumadas las penas impuestas por los dos delitos de asesinato impuesta a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, estos deberían cumplir una pena acumulada de 41 años de reclusión, sin embargo, la duración máxima de las penas acumuladas por varios delitos, conforme al límite legal, no podría en ningún caso exceder de 30 años de reclusión. (art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía como personas responsables le correspondería del sancionado penalmente por el Delito de Asesinato, con una pena abstracta comprendida para cada uno de los delitos de asesinato con la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, que conforme al artículo 192 primer párrafo del Código Penal. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en el caso que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el máximo de cumplimiento de la pena es de 40 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía de la nueva legislación penal, no representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 360 del Código Procesal Penal. 53, 68 y 373 del Código Penal vigente, y FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por por los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de Defensores Públicos de los señores Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía, en la causa en que se condenó al señor Felipe Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Domingo Mejía a la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, y asimismo se le condeno como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Bernardino López a la pena de 20 años, 6 meses de reclusión, que en concurso real por penas acumuladas no excederá de 30 años de reclusión; y se condenó también al señor José Valerio Andrade Mejía, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Domingo Mejía a la pena de 20 años, 6 meses de reclusión y, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Bernardino López a la pena de 20 años, 6 meses de reclusión que en concurso real por penas acumuladas no excederá de 30 años de reclusión; Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por no representar la nueva ley penal un beneficio a favor de los acusados más favorable a los acusados Felipe Andrade Mejía y José Valerio Andrade Mejía; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 520-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.