Sentencia CP-513-18 — Registro 14249
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- A). Elemento subjetivo del tipo penal: el dolo. Nos enseña la doctrina al desarrollar los componentes de la Teoría del Delito, que la Tipicidad está compuesta por elementos objetivos y elementos subjetivos, siendo éstos últimos el dolo y la imprudencia. Señalaba el otrora vigente artículo 13 del Código Penal 144-83 que nos encontraremos ante el dolo “cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”.- En síntesis hay dolo cuando el sujeto activo realiza la conducta tipificada en la ley, sabiendo que lo hace y queriendo hacerlo, lo que identifica como sus dos elementos: Elemento Cognitivo o Intelectual: Es el conocimiento que tiene el sujeto activo de las circunstancias del hecho (Conocimiento Efectivo), o al menos la previsión de su desarrollo (Conocimiento Potencial), así como el de su resultado; Elemento Volitivo o Voluntativo: Es la decisión del sujeto activo de realizar la conducta típica, debido a su voluntad de hacerlo. Nos señala Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 409) que es necesario distinguir las diversas maneras de voluntad realizadora del fin, lo cual ha generado la división del dolo en tres clases: Dolor Directo, Inmediato o Intencional: Que se presenta cuando la realización del supuesto contenido en el tipo se presenta como todo aquello del cual ha tenido conocimiento y ha querido el sujeto activo; eEn este tipo de dolo prevalece la voluntad, como elemento dominante; Dolo Indirecto, Mediato o de Consecuencias Necesarias: Se presenta cuando el sujeto activo ve como inevitable la causación de resultados adicionales para la realización de un fin determinado que es buscado de manera primaria; bajo este tipo de dolo el sujeto activo asume los resultados concomitantes, predominando el elemento cognitivo por sobre el volitivo; Dolo Condicionado o Eventual: Se presenta cuando el sujeto activo conociendo o debiendo conocer (Art. 13 VCP) como posible la causación de un resultado dañoso con una conducta, decide realizarla sin que le detenga dicha posibilidad, lo que le resulta irrelevante, asumiendo por tanto las consecuencias de su producción; en esta clase de dolo el sujeto activo desea realizar la conducta a pesar de conocer de la posibilidad, por lo que ambos elementos son predominantes. B). - Fase del Iter Criminis: La Tentativa En el Iter Criminis del delito de Homicidio puede presentarse como grados de ejecución: la consumación y la tentativa. El Iter Criminis (camino del delito) es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el Derecho Penal de los que son relevantes. - El Iter Criminis se divide en tres fases: Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos mentales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito); esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del VCP 144-83.), no puede ser objeto de reproche estatal; Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza; Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito; esta fase se divide en dos etapas: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 VCP 144-83.), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido; los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una Tentativa o un Delito Consumado. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 del VCP 144-83). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 del VCP 144-83). El dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así, por ejemplo, debe existir ánimo de matar (Animus Necandi) o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio y robo, respectivamente; Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 VCP 144-83 la realización de actos de ejecución refiere a aquellos actos que debe llevar al sujeto activo para la consumación del delito, para ello, en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 VCP 144-83, que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); Actos Idóneos: El artículo 16 VCP 144-83 además exige que los actos realizados sean idóneos, es decir, el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito. De lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y Involuntaria falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 VCP 144-83), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: i.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); ii.- El Sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidónea); y iii.- El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada). En resumen, la tentativa (punible) se diferencia de los actos preparatorios (en general no punibles), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en que los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro para el bien jurídico protegido. Finalmente, el delito consumado es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 VCP 144-83.). C).- Estudio del Caso Concreto: Derivación de la existencia de Animus Necandi y tentativa. Partiendo de los hechos declarados probados, se puede hacer una identificación de dos momentos diferenciados de lo ocurrido el primero de enero de 2016, cuando el ofendido Héctor Abel Reyes García, se desempeñaba como guardia de seguridad en la entrada de la Discoteca y Bar “La Champa”, ubicada en el barrio El Centro de la ciudad de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios: Primer Momento: En las primeras horas del día referido (madrugada) llegó hasta el negocio el acusado Osman Javier López Kilton, momento en que se produce en la puerta del establecimiento un altercado entre éste y el señor Héctor Abel Reyes; Segundo Momento: el señor Héctor Abel Reyes, sube a la segunda planta del establecimiento, siendo seguido por el señor Osman Javier López, llevando consigo un arma blanca en una de sus manos (puñal), con la cual atacó al señor Reyes García, produciéndole tres heridas en el tórax posterior (espalda). Plasman los jueces de sentencia en los hechos probados, que el señor Héctor Abel García, tuvo en peligro su vida pero que gracias a la rápida asistencia médica recibida pudo conservarla.- Los hechos descritos fueron calificados por los juzgadores como delito de homicidio tentado, siendo precisamente el punto que somete a discusión el recurrente, pues alega que la prueba no permite derivar, con razón suficiente, que la intención del acusado haya sido privar de la vida al ofendido; así entonces no está sujeto a discusión ningun otro aspecto de los hechos (lugar, fecha, hora, personas intervinientes, conducta del ofendido, conducta del acusado e instrumento utilizado), siendo el propósito perseguido por el acusado lo puesto a discusión. Es importante señalar que el elemento subjetivo del tipo penal, como se ha explicado en el numeral primero de esta sección, se conforma a partir del conocimiento y voluntad del sujeto (elemento cognitivo y volitivo), de lo que jamás podrá haber prueba directa, pues la ciencia no nos permite poder determinar de forma cierta lo que una persona conoce y quería en un momento determinado; entonces el elemento subjetivo se deriva de manera indiciaría a partir de aspectos objetivos que hayan sido apreciados. En el presente caso, como se ha fijado los hechos, se subdividen en dos momentos: el ocurrido en la puerta del negocio al arribo del acusado Osman Javier López Kilton al lugar y un segundo momento cuando el ofendido Héctor Abel Reyes García sube a la segunda planta y recibe las heridas por parte del primero; es respecto a este segundo momento en que recayó el juicio de reproche por los jueces de sentencia y que sustenta la decisión de condenar al acusado por el delito aludido.- Lo primero que debemos tener presente, por no ser un hecho controvertido, es que el ofendido sube a la segunda planta del lugar, siendo claro que dicha acción era con la intención de huir del ataque del ofendido, quien le perseguía con cuchillo en mano; desde la otra perspectiva el ofendido al ver que el señor Héctor Reyes, procedió a subir a la segunda planta, decidió seguirle llevando un cuchillo en su mano, sin que la presencia de otras personas en el lugar le cohibiera, por lo que había una sólida resolución delictiva.- Como segundo punto a considerar es lo señalado por el recurrente de que nada impedía al acusado privar de la vida del ofendido, siendo su propia decisión no hacerlo; tal alegato no es de recibo al considerar que el Tribunal de Sentencia tuvo como acreditado que el ofendido se abalanza al acusado para evitar ser atacado pero que aun así recibe tres heridas por parte de éste (f. 203), lo que derivó de las declaraciones de los señores Efraín Edgardo Burgos Barrera y Alan Armando García Reyes, que describen que hubo una lucha cuerpo a cuerpo entre aquellos. Por tanto, la derivación de que el acusado intentó privar de la vida al ofendido encuentra razón suficiente en las declaraciones de los testigos mencionados; véase que el ofendido, aun cuando se aproximaba a él una persona con un chuchillo, decidió hacerle frente pues evaluó que de no hacerlo iba a sufrir un grave perjuicio y aun con dicha oposición el acusado logró acertarle tres heridas. En conclusión, el acusado Osman Javier López Kilton, al dirigirse al ofendido Héctor Abel Reyes García, y al intentar herirlo reiteradas veces lográndolo en tres ocasiones, tenía el suficiente conocimiento de que su actuar posiblemente le podía privar de la vida, queriendo lograr dicho objetivo (Animus Necandi).- El actuar del acusado ciertamente constituye actos ejecutivos que tenían el propósito de privar de la vida al ofendido, no logrando terminar su ejecución por intervención de agentes extraños a su voluntad (Tentativa Inacabada).
El recurrente apela a la declaración del ofendido Héctor Abel Reyes, cuando éste indica que el acusado seguramente lo confundió, lo que evidencia que no había intención de darle muerte; el argumento es falaz, puesto que el acusado -haya o no- confundido a la persona del ofendido no es determinante para la producción del delito; el acusado realizó un ataque en contra de una persona con la intención de darle muerte, no estando condicionada la existencia del delito por la identidad del ofendido. Por otra parte, el recurrente señala que el dictamen de evaluación médica realizado al ofendido no determina la existencia de peligro de muerte, olvidando que no necesariamente debe haber daño corporal en un delito tentado de homicidio, pues en estos casos no se castiga el resultado sino la intención de un resultado; por tanto aun cuando el ofendido no haya recibido ninguna de sus tres heridas seguiríamos ante un delito de homicidio tentado al haber el acusado realizado actos ejecutivos encaminados a privar de la vida a una persona, no lográndolo por causas ajenas a su voluntad; en todo caso es de tomar en consideración que el tribunal de sentencia dio crédito a lo señalado por el Perito Wilfredo Martínez Peña, en cuanto a que las lesiones provocadas pusieron en riesgo la vida del ofendido..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, n.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto Como resultado de la audiencia de debate, el tribunal ha emitido una sentencia definitiva en la cual se ha encontrado responsable al señor Osman Javier López Kilton, como autor directo de un delito de Homicidio tentado, en perjuicio del señor Héctor Abel Reyes García, imponiendo las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 10 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario y exoneración de costas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: i.- Pena principal de 15 a 20 años de prisión (Art. 192), misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de una tentativa inacabada, por lo que la pena será de 10 a 15 años de prisión (Art. 62 NCP); ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al señor Osman Javier López Kilton, con base en el Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-513-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Osman Javier López Kilton, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Héctor Javier López Kilton a la pena de diez años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Osman Javier López Kilton a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Osman Javier López Kilton, a la reparación del daño moral e indemnización de perjuicios causados por el delito.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El abogado Santiago Flores Rosales, en su condición de defensor privado del señor Osman Javier López Kilton, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Único: El señor Héctor Abel Reyes García, quien desempeñaba labores como guardia de seguridad en la entrada de la Discoteca y Bar “La Champa”, ubicada en la calle al muelle, frente a la Región Sanitaria No.8 del Barrio El Centro de Puerto Lempira, Gracias a Dios, la madrugada del día primero de Enero del año dos mil dieciséis, lugar hasta el cual llegó el señor Osman Javier López Kilton, en donde se suscitó un altercado entre ellos en dicho lugar, posteriormente, el ofendido se retiró del lugar, subió hasta la segunda planta, donde fue seguido por el Osman Javier López Kilton, quien momentos después con un arma blanca tipo puñal le produjo tres heridas en el tórax posterior, complicada con hemo neumotórax (sangre y aire en cavidad torácica), que lo incapacitaron por treinta y cinco días y que puso en peligro la vida de Héctor Abel Reyes García, objetivo que no se concretó por la rápida asistencia médica recibida. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo De Casación El fallo promulgado por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. Al hablar de las reglas de la derivación nos referimos a que cada valoración expresada en la sentencia debe provenir de otra con la cual se encuentra relacionada. No obstante, en el presente caso, el señor Roberto Vasquez Paz, ha resultado gravemente perjudicado por una serie de valoraciones que no tienen ningún sustento ni relación con la imputabilidad del hecho criminoso, violentando las reglas de la sana crítica al pretender incriminarlo en un delito que no ha cometido. Asimismo, en cuanto a la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente Leibniz manifestaba al respecto “ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1] De tal forma que las premisas analizadas en el juicio únicamente llevan a un determinado fallo (conclusión), y no a otro. Sin embargo, el fallo recurrido contiene vicios en cuanto a este principio lógico, pues no hay razones suficientes que justifiquen el fallo condenatorio dictado contra mi representado. La carencia de estas razones suficientes deriva, de acuerdo con la lógica dialéctica, en premisas débiles que producen un razonamiento débil, lo cual sólo conlleva a dudas respecto de la conclusión a la que se arriba. Son precisamente, estas debilidades encontradas en las valoraciones que hace el Tribunal, el motivo por el cual se recurre la sentencia de mérito. Explicación Del Vicio Primero: En la declaración del cuadro factico el Tribunal Sentenciador ha declarado como probado lo siguiente: “Único: El señor Héctor Abel Reyes Garcia, quien desempeñaba labores como guardia de seguridad en la entrada de la Discoteca y bar La Champa, ubicada en la calle muelle, frente a la Región sanitaria N.8 del Barrio El de Puerto Lempira, Gracias a Dios, la madrugada del día primero de Enero del año dos mil diecisiete, lugar hasta el cual llego el señor Osman Javier López Kilton, en donde se suscitó un altercado entre ellos en dicho lugar, posteriormente, el ofendido se retiró del lugar, subió hasta la segunda planta, donde fue seguido por el Osman Javier López Kilton, quien momentos después con un arma blanca tipo puñal le produjo tres heridas en el tórax posterior, complicada con hemo neumotórax (sangre y aire en cavidad torácica), que lo incapacitaron por treinta y cinco días y que puso en peligro la vida de Héctor Abel Reyes García, observó que no se concretó por la rápida asistencia médica recibida. En el momento de desarrollar el juicio oral y público se hizo presente el ofendido Héctor Abel Reyes Garcia, el que fue claro en deponer como el incidente suscitado con el imputado fue una situación en la que no existió intensión por parte de este de privarlo de su vida: depone: todo paso rápido… en la riña no intervino ninguna persona… parece que Osman ya venía enojado con alguien y me confundió... me dicen que andaba tomado pienso que por eso… A juicio de esta Defensa esa manifestación del ofendido que debe ser la prueba toral en este proceso deja mucho claro la falta de intensión por causar la muerte de mi representado, el tipo penal investigado requiere que las acciones realizadas por el imputado tenga un dolo o intensión de privar de su vida y que este no se consume por causas que salen de la voluntad del hechor, por ello es imprescindible conocer de viva voz del ofendido lo acontecido, en este caso particular la evaluación médica tampoco orienta a los juzgadores en cuanto a corroborar la existencia del peligro de muerte en la evaluación física realizada, por lo cual los hechos plasmados en factum de mérito y que motivaron este enjuiciamiento no pueden ser derivados de la prueba evacuada. Para poder imponer una condena es necesario que se cumplan tanto los elementos objetivos como los subjetivos del delito. En el caso de marras, no pudo configurarse en forma alguna estos elementos necesarios para condenar al señor Osman Javier López Kilton, por el ilícito referido por la parte acusadora, pues en la evacuación medica realizada no se consigna en ninguna parte de la sentencia que este refiera un peligro de muerte para el ofendido y de la su misma declaración se desprende que este no denota en la acción del imputado intención de quitarle la vida. No obstante, el Tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por razón suficiente, al inferir de una que Osman Javier López Kilton le quiso quitar la vida a Héctor Abel Reyes Garcia, se carece de prueba periférica para considerarse como un hecho probado. Dicho razonamiento no deriva de medio de prueba directo, arribando los jueces a una conclusión que es contraria a la lógica dialéctica y al principio de derivación en su regla de razón suficiente, para las cuales se requieren de fundamentos que conlleven a una conclusión inequívoca. Segundo: En su Valoración Conjunta de la Prueba Indiciaria realizada por el Tribunal, pretende de forma irracional, concatenar estas valoraciones, para involucrar al señor Osman Javier López Kilton, en el delito por el que se le acusa en el presente juicio. Lo anterior debido a que al revisar minuciosamente los medios de prueba que fueron evacuados en juicio, no hay ninguno que acredite que mi representado haya realizado actos hasta quitar la vida del ofendido, debe considerarse que si bien es cierto el señor Reyes Garcia recibe una agresión por parte de mi representado, es el mismo es que desiste de sus actos, y esto permite que el ofendido pueda ser trasladado a un centro asistencial. Por lo anterior, siguiendo lo que indica el debido proceso, no debió mi representado haber sido condenado por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, ya que para ello nuestra legislación cuenta con otras acciones típicas que enmarcan mejor la conducta de Osman Javier López Kilton, con las pruebas ofertadas por la parte acusadora nunca se logró establecer la intensión de privar de su vida al ofendido. Por lo anterior, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el señor Osman Javier López Kilton. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente califica a la sentencia como viciosa, al considerar que colisiona con la regla lógica de la derivación por falta de razón suficiente, ello por haber condenado al acusado Osman Javier López Kilton, como responsable de un delito de Homicidio Tentado. Explica que el ofendido Héctor Abel Reyes García, fue claro al indicar que el ofendido llegó enojado y que él considera que lo confundió; para el recurrente lo anterior determina que el ofendido no tenía intención de causar muerte. Agrega que la evaluación médica tampoco determina que existió peligro de muerte del ofendido. Razona el recurrente que la violación a las reglas de la sana crítica se produce por haber determinado el tribunal de sentencia que el acusado quiso quitarle la vida al ofendido. El recurrente, seguidamente, apela a la prueba y a una valoración subjetiva de la misma, señalando que ninguno de ellos acredita que el acusado haya realizado actos para privar de la vida al ofendido, sino que más bien fue el ofendido quien desistió de cometer el hecho y gracias a ello fue que éste se pudo trasladar a un centro asistencial; reafirma que la prueba ofertada no logra establecer la intención de privar de su vida al ofendido. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp. 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala de lo Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión de hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - el recurso no es de recibo.- A). Elemento subjetivo del tipo penal: el dolo. Nos enseña la doctrina al desarrollar los componentes de la Teoría del Delito, que la Tipicidad está compuesta por elementos objetivos y elementos subjetivos, siendo éstos últimos el dolo y la imprudencia. Señalaba el otrora vigente artículo 13 del Código Penal 144-83 que nos encontraremos ante el dolo “cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”.- En síntesis hay dolo cuando el sujeto activo realiza la conducta tipificada en la ley, sabiendo que lo hace y queriendo hacerlo, lo que identifica como sus dos elementos: Elemento Cognitivo o Intelectual: Es el conocimiento que tiene el sujeto activo de las circunstancias del hecho (Conocimiento Efectivo), o al menos la previsión de su desarrollo (Conocimiento Potencial), así como el de su resultado; Elemento Volitivo o Voluntativo: Es la decisión del sujeto activo de realizar la conducta típica, debido a su voluntad de hacerlo. Nos señala Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 409) que es necesario distinguir las diversas maneras de voluntad realizadora del fin, lo cual ha generado la división del dolo en tres clases: Dolor Directo, Inmediato o Intencional: Que se presenta cuando la realización del supuesto contenido en el tipo se presenta como todo aquello del cual ha tenido conocimiento y ha querido el sujeto activo; eEn este tipo de dolo prevalece la voluntad, como elemento dominante; Dolo Indirecto, Mediato o de Consecuencias Necesarias: Se presenta cuando el sujeto activo ve como inevitable la causación de resultados adicionales para la realización de un fin determinado que es buscado de manera primaria; bajo este tipo de dolo el sujeto activo asume los resultados concomitantes, predominando el elemento cognitivo por sobre el volitivo; Dolo Condicionado o Eventual: Se presenta cuando el sujeto activo conociendo o debiendo conocer (Art. 13 VCP) como posible la causación de un resultado dañoso con una conducta, decide realizarla sin que le detenga dicha posibilidad, lo que le resulta irrelevante, asumiendo por tanto las consecuencias de su producción; en esta clase de dolo el sujeto activo desea realizar la conducta a pesar de conocer de la posibilidad, por lo que ambos elementos son predominantes. B). - Fase del Iter Criminis: La Tentativa En el Iter Criminis del delito de Homicidio puede presentarse como grados de ejecución: la consumación y la tentativa. El Iter Criminis (camino del delito) es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el Derecho Penal de los que son relevantes. - El Iter Criminis se divide en tres fases: Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos mentales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito); esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del VCP 144-83.), no puede ser objeto de reproche estatal; Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza; Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito; esta fase se divide en dos etapas: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 VCP 144-83.), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido; los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una Tentativa o un Delito Consumado. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 del VCP 144-83). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 del VCP 144-83). El dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así, por ejemplo, debe existir ánimo de matar (Animus Necandi) o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio y robo, respectivamente; Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 VCP 144-83 la realización de actos de ejecución refiere a aquellos actos que debe llevar al sujeto activo para la consumación del delito, para ello, en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 VCP 144-83, que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); Actos Idóneos: El artículo 16 VCP 144-83 además exige que los actos realizados sean idóneos, es decir, el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito. De lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y Involuntaria falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 VCP 144-83), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: i.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); ii.- El Sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidónea); y iii.- El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada). En resumen, la tentativa (punible) se diferencia de los actos preparatorios (en general no punibles), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en que los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro para el bien jurídico protegido. Finalmente, el delito consumado es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 VCP 144-83.). C).- Estudio del Caso Concreto: Derivación de la existencia de Animus Necandi y tentativa. Partiendo de los hechos declarados probados, se puede hacer una identificación de dos momentos diferenciados de lo ocurrido el primero de enero de 2016, cuando el ofendido Héctor Abel Reyes García, se desempeñaba como guardia de seguridad en la entrada de la Discoteca y Bar “La Champa”, ubicada en el barrio El Centro de la ciudad de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios: Primer Momento: En las primeras horas del día referido (madrugada) llegó hasta el negocio el acusado Osman Javier López Kilton, momento en que se produce en la puerta del establecimiento un altercado entre éste y el señor Héctor Abel Reyes; Segundo Momento: el señor Héctor Abel Reyes, sube a la segunda planta del establecimiento, siendo seguido por el señor Osman Javier López, llevando consigo un arma blanca en una de sus manos (puñal), con la cual atacó al señor Reyes García, produciéndole tres heridas en el tórax posterior (espalda). Plasman los jueces de sentencia en los hechos probados, que el señor Héctor Abel García, tuvo en peligro su vida pero que gracias a la rápida asistencia médica recibida pudo conservarla.- Los hechos descritos fueron calificados por los juzgadores como delito de homicidio tentado, siendo precisamente el punto que somete a discusión el recurrente, pues alega que la prueba no permite derivar, con razón suficiente, que la intención del acusado haya sido privar de la vida al ofendido; así entonces no está sujeto a discusión ningun otro aspecto de los hechos (lugar, fecha, hora, personas intervinientes, conducta del ofendido, conducta del acusado e instrumento utilizado), siendo el propósito perseguido por el acusado lo puesto a discusión. Es importante señalar que el elemento subjetivo del tipo penal, como se ha explicado en el numeral primero de esta sección, se conforma a partir del conocimiento y voluntad del sujeto (elemento cognitivo y volitivo), de lo que jamás podrá haber prueba directa, pues la ciencia no nos permite poder determinar de forma cierta lo que una persona conoce y quería en un momento determinado; entonces el elemento subjetivo se deriva de manera indiciaría a partir de aspectos objetivos que hayan sido apreciados. En el presente caso, como se ha fijado los hechos, se subdividen en dos momentos: el ocurrido en la puerta del negocio al arribo del acusado Osman Javier López Kilton al lugar y un segundo momento cuando el ofendido Héctor Abel Reyes García sube a la segunda planta y recibe las heridas por parte del primero; es respecto a este segundo momento en que recayó el juicio de reproche por los jueces de sentencia y que sustenta la decisión de condenar al acusado por el delito aludido.- Lo primero que debemos tener presente, por no ser un hecho controvertido, es que el ofendido sube a la segunda planta del lugar, siendo claro que dicha acción era con la intención de huir del ataque del ofendido, quien le perseguía con cuchillo en mano; desde la otra perspectiva el ofendido al ver que el señor Héctor Reyes, procedió a subir a la segunda planta, decidió seguirle llevando un cuchillo en su mano, sin que la presencia de otras personas en el lugar le cohibiera, por lo que había una sólida resolución delictiva.- Como segundo punto a considerar es lo señalado por el recurrente de que nada impedía al acusado privar de la vida del ofendido, siendo su propia decisión no hacerlo; tal alegato no es de recibo al considerar que el Tribunal de Sentencia tuvo como acreditado que el ofendido se abalanza al acusado para evitar ser atacado pero que aun así recibe tres heridas por parte de éste (f. 203), lo que derivó de las declaraciones de los señores Efraín Edgardo Burgos Barrera y Alan Armando García Reyes, que describen que hubo una lucha cuerpo a cuerpo entre aquellos. Por tanto, la derivación de que el acusado intentó privar de la vida al ofendido encuentra razón suficiente en las declaraciones de los testigos mencionados; véase que el ofendido, aun cuando se aproximaba a él una persona con un chuchillo, decidió hacerle frente pues evaluó que de no hacerlo iba a sufrir un grave perjuicio y aun con dicha oposición el acusado logró acertarle tres heridas. En conclusión, el acusado Osman Javier López Kilton, al dirigirse al ofendido Héctor Abel Reyes García, y al intentar herirlo reiteradas veces lográndolo en tres ocasiones, tenía el suficiente conocimiento de que su actuar posiblemente le podía privar de la vida, queriendo lograr dicho objetivo (Animus Necandi).- El actuar del acusado ciertamente constituye actos ejecutivos que tenían el propósito de privar de la vida al ofendido, no logrando terminar su ejecución por intervención de agentes extraños a su voluntad (Tentativa Inacabada). El recurrente apela a la declaración del ofendido Héctor Abel Reyes, cuando éste indica que el acusado seguramente lo confundió, lo que evidencia que no había intención de darle muerte; el argumento es falaz, puesto que el acusado -haya o no- confundido a la persona del ofendido no es determinante para la producción del delito; el acusado realizó un ataque en contra de una persona con la intención de darle muerte, no estando condicionada la existencia del delito por la identidad del ofendido. Por otra parte, el recurrente señala que el dictamen de evaluación médica realizado al ofendido no determina la existencia de peligro de muerte, olvidando que no necesariamente debe haber daño corporal en un delito tentado de homicidio, pues en estos casos no se castiga el resultado sino la intención de un resultado; por tanto aun cuando el ofendido no haya recibido ninguna de sus tres heridas seguiríamos ante un delito de homicidio tentado al haber el acusado realizado actos ejecutivos encaminados a privar de la vida a una persona, no lográndolo por causas ajenas a su voluntad; en todo caso es de tomar en consideración que el tribunal de sentencia dio crédito a lo señalado por el Perito Wilfredo Martínez Peña, en cuanto a que las lesiones provocadas pusieron en riesgo la vida del ofendido. Decisión: El recurso debe ser desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Osman Javier López Kilton que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Como resultado de la audiencia de debate, el tribunal ha emitido una sentencia definitiva en la cual se ha encontrado responsable al señor Osman Javier López Kilton, como autor directo de un delito de Homicidio tentado, en perjuicio del señor Héctor Abel Reyes García, imponiendo las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 10 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario y exoneración de costas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: i.- Pena principal de 15 a 20 años de prisión (Art. 192), misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de una tentativa inacabada, por lo que la pena será de 10 a 15 años de prisión (Art. 62 NCP); ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al señor Osman Javier López Kilton, con base en el Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Osman Javier López Kilton.- Como consecuencia de lo anterior beneficios penitenciarios deberán ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (f. 200), dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-513-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] GHIRARDI, Olsen. Lógica del Proceso Judicial. Pág. 83, Editorial Córdoba, CÓRDOBA (ARGENTINA), 1992.