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Sentencia CP-507-18 — Registro 14733

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo no es de recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, la recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma, al no observar las reglas de la Sana Crítica, en la valoración de la prueba consistente en la declaración del testigo protegido clave A-16, lo que constituye violación a los derechos de Defensa. En consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal, si la defensa desconoce la identidad del testigo a la que intenta interrogar puede verse privada de los datos que precisamente le permiten corroborar que es parcial, hostíl o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede ser falso o deberse a un mero error. Conforme a la sentencia recurrida, el a quo enmarca los hechos probados en el delito de Asesinato, tipificado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal decreto 130-2017, encontrando la responsabilidad del señor Pastor Alejandra Matamoros Ramirez, por la comisión de un delito de Asesinato por alevosía, modalidad prevista en el numeral 1 del precepto legal supra citado; que de los hechos declarados probados se puede apreciar que el señor Pastor Alexandra matamoros Ramirez, junto a su sobrino Jorge Misael matamoros, aseguraron la ejecución del acto sin riesgo de una posible defensa del ofendido. Todo esto, lleva a la lógica derivación que hubo un concierto previo, un plan preconcebido para atacar de manera sorpresiva al señor José Manuel Martinez Maradiaga, en la hora y lugar específico; que el accionar del señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, se debe considerar a título de Coautor. Ahora bien, se contó con medios de prueba testificales, consistente en la declaración de Testigo Protegido clave A-16, mismo que narró que: el día 25 de junio a las 12:30 de la madrugada, cuando él iba pasando vio a dos muchachos uno alias el chele y colita, empezaron a golpear a José Hernández, como se miraba adentro por la luz y afuera oscuro y vio cuando alias el negro agarró al muchacho lo tiró al suelo y el che aprovechó le ensartó el cuchillo, como pudo ver alias colita salió corriendo y el negro también se fue, el por lo feo que estaba también se fue; Durante el interrogatorio contestó: año 2016, en la Armando Gale de Choloma, el hecho ocurrió en una cuartería, alias el negro lo agarraba y golpeaba en el estómago, la cara y la boca; que, observó por la ventana, el negro comenzó agredir al muchacho hasta que lo llevó al otro cuarto y lo amarró, el nombre de alias chele mondongo responde que es: Ismael Matamoros, el nombre de alias negro responde que es: Pastor Alexandra Matamoros, que son parientes tío y sobrino, que los conoce hace tiempo, colita salió corriendo, quien le provocó las heridas fue el chele mondongo, solo vio la primera puñalada y se fue, esa puñalada fue en el cuello, la victima manifestó que no lo golpearan, se dio cuenta de la captura por las noticias, reconoció en juicio a Pastor Alexandra Matamoros, se encontraba a un metro afuera, se miraba por la ventana, que observó cuatro personas. Además se escuchó la declaración del testigo Elías Leonel Suarez López, quien manifestó: el día 25 de junio 2016, se encontraba de turno de levantamiento, a eso de las 5:30 a 6:00 de la mañana le notificaron que en la colonia Gale se encontraba un cuerpo sin vida, por lo que se trasladó al lugar, y al momento de su llegada ya se encontraban los agentes policiales, quienes le indicaron que vecinos del lugar les habían informado que personas habían cometido el hecho y les mostraron la casa donde vivían los sospechosos; al desplazarse al lugar observaron cuando dos personas del sexo masculino salieron corriendo, los requirieron identificándose con los nombres de Jorge Misael matamoros y pastor Alexandra Matamoros Ramírez. Que el levantamiento lo realizaron en el interior de una casa. Estas declaraciones fueron valoradas por el a quo, señalando que: las afirmaciones son claras en establecer la dinámica de los hechos y la identificación de los acusados como personas responsables de haberle causado la muerte al señor José Manuel Martinez Maradiaga de varias heridas corto punzantes producidas por arma blanca (cuchillo) en el interior de su vivienda. Se desprende del testimonio del testigo protegido que el ataque fue sorpresivo, estableciendo claramente la acción que realizó cada uno de los participes en la ejecución del hecho, resaltando que el ahora imputado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, alias el negro, empezó a golpear al occiso hasta sentarlo en una silla atándolo de las manos y el cuello, mientras su acompañante el chele mondongo identificado como Jorge Misael Matamoros le asestó la primera puñalada en el cuello, hechos que le constan haber observado a un metro de distancia, siendo congruente su testimonio con lo vertido en juicio por el agente Elías Suarez. De igual forma se contó con la prueba documental siguiente: Acta de Levantamiento de Cadáver y Recolección de Indicios N°973-2166, de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis, donde se describe el hallazgo del cuerpo del señor José Manuel Martinez, en el interior de su casa de habitación, ubicada en la colonia Armando Gale del municipio de Choloma, Cortés, el llavín de la puerta estaba violentado y dentro de unos tubos de un drenaje se recolectó como indicio un arma blanca tipo cuchillo que presentaba manchas color rojo supuesta sangre; Como medio de prueba pericial se evacuó: El Dictamen de Autopsia N°1360-216, realizado por el perito forense Doctor Jonny Alvarado, quien estableció: Se produjo el veinticinco de junio del dos mil dieciséis a las 02:00, la causa fue por herida cortopunzante en tórax con laceración cardiaca, hemotórax bilateral, que encontró 19 heridas cortopunzantes, no puede determinar cual fue la primera herida causada al occiso. Estas pruebas fueron valoradas por el a quo, señalando que, el dictamen complementa las conclusiones del levantamiento cadavérico; que el dictamen pericial encaja con el testimonio del testigo presencial, coincidiendo los hallazgos en el cuerpo de la victima con lo vertido por el testigo protegido; que el grado de confiabilidad del testimonio de un único testigo presencial se obtiene al ser contrastado con los demás medios probatorios, a manera de encontrar si el resto de la prueba arroja datos que sustenten a esa declaración; de la misma ha dispuesto el a quo que: el grado de confiabilidad del testimonio de un único testigo presencial se obtiene al ser contrastados con los demás medios probatorios, a manera de encontrar si el resto de la prueba arroja datos que sustenten a esa declaración. Para el caso, tenemos que la prueba científica determinó que el señor José Manuel Martinez Maradiaga, murió a causa de diecinueve heridas punzocortantes, el testigo dijo que el ataque fue con un arma blanca tipo cuchillo, que además de las heridas presentaba otras lesiones en cara y abdomen, lo que concuerda con lo narrado por el testigo protegido, al establecer que primeramente la víctima fue golpeada en cara y abdomen por el señor Matamoros Ramirez. Siendo en el presente caso necesario describir la trayectoria de la herida producida en el lado izquierdo del cuello, cuyo trayecto es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, concordando con lo declarado por el testigo protegido quien dijo que cuando él observa que le insertan la puñalada en el cuello, el occiso estaba sentado y atado de manos y cuello por el encausado Pastor Alexandra Matamoros, por lo que la trayectoria de la herida, concuerda con la posición del cuerpo. A partir de lo expuesto, la Sala Penal destaca que el recurrente no puede pretender con éxito, que este tribunal de casación sustituya la valoración probatoria realizada por la instancia, pues no es su competencia sustituir dicha valoración o realizar una alternativa homologando la primera en la medida que una y otra sean coincidentes. Mucho menos, podrá sustituir esa función valorativa de la instancia el recurrente, pues aquellos son los únicos autorizados por la norma procesal para llevar a cabo esa función, realizando los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. Es importante recordar que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento.[3] La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la existencia del hecho y cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participo en el mismo; Estas dos posiciones no necesariamente nos conduce a certezas absolutas, pues en múltiples casos se producen estados intelectuales intermedios, como la duda, las probabilidades e improbabilidades; Hay duda cuando los motivos que conducen a afirmar o a negar, se presentan simultáneamente, concurrentemente, produciendo una indecisión en el intelecto, que no permite con certeza absoluta elegir entre la existencia o inexistencia de un hecho. En el presente caso el tribunal sentenciador ha señalado que de los hechos se establece la manera de muerte, en perjuicio de la vida del señor José Manuel Martinez Maradiaga, estableciéndose sin lugar a dudas que el señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, asumió la participación en el delito descrito, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana critica, tal como erróneamente ha señalado la recurrente. Consecuentemente en opinión de esta Sala de lo Penal, el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia es atinado, no apreciando que se hayan infringido las reglas de la sana crítica. Por este motivo se declara sin lugar el recurso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de laspenas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de José Manuel Martinez Maradiaga. La conducta reprochada al acusado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato (Art. 193), cuya pena es: De (20) a (25) años de prisión, no existiendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. A partir de lo anterior se puede concluir que, la pena impuesta por el a quo se encuentra dentro del margen abstracto establecido en el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 507-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-507-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Pastor Alexandra Matamoros Ramírez, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor José Manuel Martínez Maradiaga, a la pena de veinte años de reclusión.-Segundo: Condenó: al señor Pastor Alexandra Matamoros Ramírez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Pastor Alexandra Matamoros Ramírez.-Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Pastor Alexandra Matamoros Ramírez, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Único: En fecha 25 de junio de 2016, alrededor de las 12:30 de la madrugada, el señor Jose Manuel Martinez Maradiaga, se encontraba en su vivienda ubicada en la Colonia Armando Gale, Choloma Cortés, cuando de manera sorpresiva ingresó el Señor Pastor Alexandra Matamoros Ramírez, en compañía del señor Jorge Misael Matamoros, sin mediar palabra el señor Pastor Alexandra le propinó golpes al señor José Manuel Martínez Maradiaga, mientras el señor Jorge Misael Matamoros le asestó varias heridas corto punzantes, que le provocaron la muerte instantánea por la laceración cardiaca y hemitórax bilateral.” Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos La Recurrente Abogada Martha Liliana Acosta, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Exposición de Motivo de Casación. Motivo Único: La inobservancia por parte del Tribunal de las reglas de la sana critica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. La Impugnación de la sentencia de fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se otorgó valor decisivo a la declaración única de testigo Protegido Clave A-16, lo que constituye en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal que prescribe que “si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jose Manuel Martinez Maradiaga. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. Único: En fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis, alrededor de las 12:30 de la madrugada, el señor Jose Manuel Martinez Maradiaga se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Armando Gale, Choloma, Cortes, cuando de manera sorpresiva ingreso el señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, en compañía de señor Jorge Misael Matamoros, sin mediar palabra el señor Pastor Alexandra le propino golpes al señor Jose Manuel Martinez Maradiaga, mientras el señor Jorge Misael Matamoros le asesto varias heridas corto punzantes, que le provocaron la muerte instantánea por laceración cardiaca y hemitórax bilateral. Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar en el hecho Único del relato factico que constituye para los efectos de casación verdad indiscutible, no permite declarar la existencia independiente del delito de Asesinato, a que se refiere los artículos 117 del Código Penal, en vista que la declaración del Testigo Protegido Clave-A16, constituye la única prueba de cargo y carece de verosimilitud, es decir, que no cuenta con alguna corroboración periférica de carácter objetivo, violentando el derecho a que su juzgamiento fuese con las formalidades, derechos y garantías establecidas por la Ley. En referencia a estos aspectos señalamos que el Testigo Protegido Clave- A-16 en su deposición señalo cuando, donde y quien supuestamente realizo el hecho ilícito y hace una descripción del mismos señalando a mi representado como autor de la acción; sin embargo; esta declaración es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por el testigo debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes; en referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, tal como se patentiza con las otras pruebas de cargo como ser. 1) Declaración del señor Agente de la DPI Elias Leonel Suarez, quien señala que en fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis se encontraba haciendo turno y recibió una llamada telefónica mediante la cual tuvo conocimiento de la muerte del hoy occiso el señor Jose Manuel Martinez Maradiaga, 2) El Perito Jhonny Yuviny Alvarado, quien ratifica el dictamen de autopsia 1360-16, describe causa de muerte del hoy occiso Jose Manuel Martinez Maradiaga; esta Defensa considera que los mismos no resultaron adecuados a los que dispone nuestra Legislación Nacional en sus preceptos causa de este recurso, que reprime a toda persona que participa en acciones de Asesinato, quedando las acciones del encausado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, fuera del contexto de las norma penales citadas. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere no solamente elementos objetivos constitutivos; sino también, elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. Por cuanto el hecho declarado probado en la sentencia de mérito no constituye el ilícito penal que pretendía el Ministerio Público al acusar por lo que concluimos diciendo que en la misma en cuanto a que el acusado realizo acciones de Asesinato, no se logró enervar el estado de inocencia de los mismos, pues con la prueba evacuada en juicio y valorada en la resolución no produjo certeza de la participación de mi representado, requisito sine qua nom para emitir un fallo condenatorio, por lo anterior se debe declarar la libre absolución de mi representado por este delito tal y como recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal. El Ministerio Publico pudo haber demostrado la culpabilidad de mi representado mediante otros medios de prueba, como ser testimonios de personas de la comunidad que dijeran que les consta que esta persona había cometido el ilícito, en virtud de haber ocurrido el hecho en lugar específico; levantamiento de acta de Inspección Ocular en la cual se hubiese constatado en detalle las huellas, las circunstancia de su hallazgo, anexada con reporte fotográfico, la mención si se levantó pieza de convicción para su examen por los Peritos y verificar si en la misma se encontraron huellas y hacer comparaciones de ADN; levantamiento y conservación de huellas digitales en el lugar de los hechos que tengan relación directa con la comisión ilícito, por Peritos en dactiloscopia; darle seguimiento de investigaciones de indicios relativos al móvil a efecto descubrir que el acusado tenía un motivo concreto para acometer el delito, sin duda un indicio apto para junto con otros llegar al convencimiento de su participación, verificar indicios de capacidad moral a efecto de verificar si tenía antecedentes penales el imputado, lo cual pudo ayudar como elemento coadyuvante respecto a los demás indicios es necesario que todos estos hechos sean producto de una investigación científica, debidamente acreditada, por lo que no logro quebrantar el estado de inocencia de mi representado en relación a la carga de la prueba con respecto a los hechos constitutivos del tipo penal causa de este recurso, recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272,273 y especialmente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en los hechos que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como prueba únicamente la declaración de un testigo protegido, que se escuda en la misma protección para mentir y perjudicar a las personas, ya que necesario como se dijo antes que sea producto de una investigación debidamente documentada, pero en este caso el juicio fue llevado únicamente por el Agente Elías Leonel Suarez, el Perito Jhonny Yuviny Alvarado y el testigo Protegido Clave A-16, siendo que esta última ( testigo protegido clave A-16) pierde credibilidad, por lo que la misma debería estar asociada con otras pruebas que demuestren todos y cada una de los elementos típicos del ilícito como ha quedado expuesto, pero nunca con la simple mención como suele hacerse en estrados policiales. Dicho lo anterior el acusado en el proceso penal tiene como Derecho el defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar a los testigos que declaren contra él según manda nuestra Legislación Nacional; al igual tener la posibilidad de conocer o comprobar su identidad, lo que nos permitiría no solo orientar nuestro interrogatorio, sino también, aportar los datos o razones de que puedan disponer para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría las posibilidades de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y en otros casos a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la Justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación del testigo con el acusado. Si la Defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan corroborar que es parcial, hostil o indigno de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede muy bien ser falso o deberse a un mero error; y, la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de las informaciones que permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda; con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en testigo protegido. Así pues, la culpabilidad de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades Judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2) Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva. En definitiva, las consecuencias de la disponibilidad de medio de prueba solamente pueden perjudicar al que la ha de proponer y no al derecho defensa de aquel contra el que se propone dicho medio de prueba. Consideramos que al estar en juego valores relevantes como contrapuestas, es decir, la integridad rígida del acusado; por lo que el tribunal debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente de los acusados en caso de ser conocido por estos. Por lo que la motivación de una resolución tan transcendente no pudo consistir en una vaga e indefinida referencia, a que su identificación puede generarse un peligro para su integridad. Cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscabo su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al no haberse acreditado fehacientemente la participación que pudo haber tenido mi representado el señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, no existe fundamento alguno para considerarlo culpable y mucho menos para imponerle una pena. En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente en una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa del acusado por no ser corroborada por otras pruebas en el proceso, por lo expuesto podemos apreciar que el Tribunal Juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la sana critica racional, es decir, de la lógica, psicología y experiencia común; estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia ,derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. En el presente caso con respecto al tercero excluido dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir que uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible, por lo que para el Tribunal Juzgador no considero la posibilidad que el testigo protegido, se equivocó o mintió al acusar a mi representado por lo que bajo ninguna circunstancia obtuvo certeza condenando al señor Pastor Alexander Matamoros Ramirez, con lo expuesto y consecuentemente, la reclamación casacional debe ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia; declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el artículo 89 de la Constitución de la República “Toda persona es inocente mientras n se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; en el artículo 11,1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”; artículo 8.2 de la Convención American sobre Derechos Humanos “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”; articulo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”; articulo 2 Código Procesal Penal estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de presente código…” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante Citada: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica; Concepto de la infracción: Infracción a las reglas de la Sana Crítica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se declare con lugar el recurso. Establece el recurrente que, el tribunal juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica, ya que el tribunal no consideró la posibilidad que el testigo protegido, se equivocó o mintió al acusar a su representado, pues bajo ninguna circunstancia obtuvo certeza de su participación. Del delito de Asesinato Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65) para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 del Código Penal, decreto 130-2017, que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los jefes de Estado o jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; c. Diferente al presidente de un poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: Alevosía, Premeditación Conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1, Según su Estructura: a. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de resultado: que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de Conducta Instantánea: al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo Penal cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo Penal Común: ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Mono-ofensivo: al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo Penal de lesión: al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona De la Alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición” por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación. 2. Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas a su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le de la ventaja; y 3. Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visualizarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.[1] De la Premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; al contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de esa manera, implica planeamiento y por ende premeditación.[2] La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento Cronológico: Que implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento Ideológico: Consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en la cual el sujeto activo no solo haya ideado el acometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3. Elemento Psicológico: Frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la procedencia del Único Motivo. El motivo no es de recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, la recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma, al no observar las reglas de la Sana Crítica, en la valoración de la prueba consistente en la declaración del testigo protegido clave A-16, lo que constituye violación a los derechos de Defensa. En consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal, si la defensa desconoce la identidad del testigo a la que intenta interrogar puede verse privada de los datos que precisamente le permiten corroborar que es parcial, hostíl o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede ser falso o deberse a un mero error. Conforme a la sentencia recurrida, el a quo enmarca los hechos probados en el delito de Asesinato, tipificado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal decreto 130-2017, encontrando la responsabilidad del señor Pastor Alejandra Matamoros Ramirez, por la comisión de un delito de Asesinato por alevosía, modalidad prevista en el numeral 1 del precepto legal supra citado; que de los hechos declarados probados se puede apreciar que el señor Pastor Alexandra matamoros Ramirez, junto a su sobrino Jorge Misael matamoros, aseguraron la ejecución del acto sin riesgo de una posible defensa del ofendido. Todo esto, lleva a la lógica derivación que hubo un concierto previo, un plan preconcebido para atacar de manera sorpresiva al señor José Manuel Martinez Maradiaga, en la hora y lugar específico; que el accionar del señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, se debe considerar a título de Coautor. Ahora bien, se contó con medios de prueba testificales, consistente en la declaración de Testigo Protegido clave A-16, mismo que narró que: el día 25 de junio a las 12:30 de la madrugada, cuando él iba pasando vio a dos muchachos uno alias el chele y colita, empezaron a golpear a José Hernández, como se miraba adentro por la luz y afuera oscuro y vio cuando alias el negro agarró al muchacho lo tiró al suelo y el che aprovechó le ensartó el cuchillo, como pudo ver alias colita salió corriendo y el negro también se fue, el por lo feo que estaba también se fue; Durante el interrogatorio contestó: año 2016, en la Armando Gale de Choloma, el hecho ocurrió en una cuartería, alias el negro lo agarraba y golpeaba en el estómago, la cara y la boca; que, observó por la ventana, el negro comenzó agredir al muchacho hasta que lo llevó al otro cuarto y lo amarró, el nombre de alias chele mondongo responde que es: Ismael Matamoros, el nombre de alias negro responde que es: Pastor Alexandra Matamoros, que son parientes tío y sobrino, que los conoce hace tiempo, colita salió corriendo, quien le provocó las heridas fue el chele mondongo, solo vio la primera puñalada y se fue, esa puñalada fue en el cuello, la victima manifestó que no lo golpearan, se dio cuenta de la captura por las noticias, reconoció en juicio a Pastor Alexandra Matamoros, se encontraba a un metro afuera, se miraba por la ventana, que observó cuatro personas. Además se escuchó la declaración del testigo Elías Leonel Suarez López, quien manifestó: el día 25 de junio 2016, se encontraba de turno de levantamiento, a eso de las 5:30 a 6:00 de la mañana le notificaron que en la colonia Gale se encontraba un cuerpo sin vida, por lo que se trasladó al lugar, y al momento de su llegada ya se encontraban los agentes policiales, quienes le indicaron que vecinos del lugar les habían informado que personas habían cometido el hecho y les mostraron la casa donde vivían los sospechosos; al desplazarse al lugar observaron cuando dos personas del sexo masculino salieron corriendo, los requirieron identificándose con los nombres de Jorge Misael matamoros y pastor Alexandra Matamoros Ramírez. Que el levantamiento lo realizaron en el interior de una casa. Estas declaraciones fueron valoradas por el a quo, señalando que: las afirmaciones son claras en establecer la dinámica de los hechos y la identificación de los acusados como personas responsables de haberle causado la muerte al señor José Manuel Martinez Maradiaga de varias heridas corto punzantes producidas por arma blanca (cuchillo) en el interior de su vivienda. Se desprende del testimonio del testigo protegido que el ataque fue sorpresivo, estableciendo claramente la acción que realizó cada uno de los participes en la ejecución del hecho, resaltando que el ahora imputado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, alias el negro, empezó a golpear al occiso hasta sentarlo en una silla atándolo de las manos y el cuello, mientras su acompañante el chele mondongo identificado como Jorge Misael Matamoros le asestó la primera puñalada en el cuello, hechos que le constan haber observado a un metro de distancia, siendo congruente su testimonio con lo vertido en juicio por el agente Elías Suarez. De igual forma se contó con la prueba documental siguiente: Acta de Levantamiento de Cadáver y Recolección de Indicios N°973-2166, de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis, donde se describe el hallazgo del cuerpo del señor José Manuel Martinez, en el interior de su casa de habitación, ubicada en la colonia Armando Gale del municipio de Choloma, Cortés, el llavín de la puerta estaba violentado y dentro de unos tubos de un drenaje se recolectó como indicio un arma blanca tipo cuchillo que presentaba manchas color rojo supuesta sangre; Como medio de prueba pericial se evacuó: El Dictamen de Autopsia N°1360-216, realizado por el perito forense Doctor Jonny Alvarado, quien estableció: Se produjo el veinticinco de junio del dos mil dieciséis a las 02:00, la causa fue por herida cortopunzante en tórax con laceración cardiaca, hemotórax bilateral, que encontró 19 heridas cortopunzantes, no puede determinar cual fue la primera herida causada al occiso. Estas pruebas fueron valoradas por el a quo, señalando que, el dictamen complementa las conclusiones del levantamiento cadavérico; que el dictamen pericial encaja con el testimonio del testigo presencial, coincidiendo los hallazgos en el cuerpo de la victima con lo vertido por el testigo protegido; que el grado de confiabilidad del testimonio de un único testigo presencial se obtiene al ser contrastado con los demás medios probatorios, a manera de encontrar si el resto de la prueba arroja datos que sustenten a esa declaración; de la misma ha dispuesto el a quo que: el grado de confiabilidad del testimonio de un único testigo presencial se obtiene al ser contrastados con los demás medios probatorios, a manera de encontrar si el resto de la prueba arroja datos que sustenten a esa declaración. Para el caso, tenemos que la prueba científica determinó que el señor José Manuel Martinez Maradiaga, murió a causa de diecinueve heridas punzocortantes, el testigo dijo que el ataque fue con un arma blanca tipo cuchillo, que además de las heridas presentaba otras lesiones en cara y abdomen, lo que concuerda con lo narrado por el testigo protegido, al establecer que primeramente la víctima fue golpeada en cara y abdomen por el señor Matamoros Ramirez. Siendo en el presente caso necesario describir la trayectoria de la herida producida en el lado izquierdo del cuello, cuyo trayecto es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, concordando con lo declarado por el testigo protegido quien dijo que cuando él observa que le insertan la puñalada en el cuello, el occiso estaba sentado y atado de manos y cuello por el encausado Pastor Alexandra Matamoros, por lo que la trayectoria de la herida, concuerda con la posición del cuerpo. A partir de lo expuesto, la Sala Penal destaca que el recurrente no puede pretender con éxito, que este tribunal de casación sustituya la valoración probatoria realizada por la instancia, pues no es su competencia sustituir dicha valoración o realizar una alternativa homologando la primera en la medida que una y otra sean coincidentes. Mucho menos, podrá sustituir esa función valorativa de la instancia el recurrente, pues aquellos son los únicos autorizados por la norma procesal para llevar a cabo esa función, realizando los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. Es importante recordar que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento.[3] La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la existencia del hecho y cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participo en el mismo; Estas dos posiciones no necesariamente nos conduce a certezas absolutas, pues en múltiples casos se producen estados intelectuales intermedios, como la duda, las probabilidades e improbabilidades; Hay duda cuando los motivos que conducen a afirmar o a negar, se presentan simultáneamente, concurrentemente, produciendo una indecisión en el intelecto, que no permite con certeza absoluta elegir entre la existencia o inexistencia de un hecho. En el presente caso el tribunal sentenciador ha señalado que de los hechos se establece la manera de muerte, en perjuicio de la vida del señor José Manuel Martinez Maradiaga, estableciéndose sin lugar a dudas que el señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, asumió la participación en el delito descrito, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana critica, tal como erróneamente ha señalado la recurrente. Consecuentemente en opinión de esta Sala de lo Penal, el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia es atinado, no apreciando que se hayan infringido las reglas de la sana crítica. Por este motivo se declara sin lugar el recurso. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de José Manuel Martinez Maradiaga. La conducta reprochada al acusado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato (Art. 193), cuya pena es: De (20) a (25) años de prisión, no existiendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. A partir de lo anterior se puede concluir que, la pena impuesta por el a quo se encuentra dentro del margen abstracto establecido en el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Martha Liliana Acosta, en la causa instruida contra el procesado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez. Como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor José Manuel Martinez Maradiaga. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Pastor Alexandra Matamoros Ramirez. Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés. Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 507-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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[1]Ver al respecto CP 129-2015 y CP 157-2015, Sentencias de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia.

[2] Ver al respecto Sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Expediente 057-2012.

[3] Ver S.P. 373-2014 de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho.