Sentencia CP-503-18 — Registro 15662
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ha revisado el acumulado judicial, apreciando en el mismo que en fecha 19 de octubre de 2009 se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 261), en la cual la defensa privada ofertó la prueba Inspección judicial en el expediente registrado bajo número 442-2008, del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el cual fue admitido por el Tribunal de Sentencia; la prueba propuesta por la parte defensora, al haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia pasó a formar parte del proceso, rigiendo el Principio de Comunidad de Prueba, el que explica que una vez admitida una prueba su utilidad como base de argumento, disponibilidad o renuncia de ésta sale de la esfera exclusiva del proponente para convertirse en un instrumento común para todas las partes intervinientes, es decir, el medio de prueba pasa a ser parte del proceso y de allí la obligación del órgano juzgador de valorar los medios de prueba de manera conjunta, pudiendo atribuirle el importe que su libre convicción le señale a partir del razonamiento hecho con base en las reglas de la sana crítica, con independencia de que ese importe favorezca o perjudique la teoría del caso del propio proponente del medio de prueba. Con base en tal principio, las partes litigantes de común acuerdo podrán renunciar a un medio de prueba cuando de manera posterior a su admisión lleguen al convencimiento de que el mismo carece de la pertinencia o utilidad que en apariencia tenía al momento de su admisión, de lo cual podrá acceder el Tribunal de Sentencia, si coincidiere con tal razón, pero también está facultado para rechazar dicha petición cuando a su parecer, el fundamento no tenga el peso atribuido por los solicitantes. Retornando al caso de estudio el Tribunal de Sentencia consultó a la parte acusadora, misma que manifestó: “En el caso del Ministerio Público si haría la utilidad acreditar una vez más la existencia de una evasión, porque lo que estaba persiguiendo es la colaboración de una evasión de Nora Elizabeth Lazo Jiménez.” “El Ministerio Público no renuncia a ningún medio de prueba.” La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el recurrente falsea parte de los hechos, pues como argumento indica que el Tribunal de Sentencia evacuó medio de prueba Inspección a un expediente judicial registrado bajo número 442-2008, a pesar de que se interpuso la renuncia sobre dicho medio de prueba, éste lo sometió al contradictorio y por ende violentó el Debido Proceso, de lo cual observamos que las actuaciones judiciales se encuentran conforme a derecho, por lo que el proceso ha seguido su curso de acuerdo a la normativa procesal penal hasta dictarse la sentencia correspondiente, sin que se pueda observar violación alguna al Debido Proceso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de uso, en perjuicio de la Fe Pública y como consecuencia le impuso una pena de seis (6) años de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de uso, está establecido en el artículo 459 del Decreto 130-2017, como delito de Uso de Documento Falso, aplicando una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, reducida en un tercio 1/3 y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público; quedando una pena de dos (2) años nueve (9) meses a cuatro (4) años de prisión, y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días. A partir de lo expuesto, se concluye que para el señor Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, sí corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de atenuantes y agravantes, fijándose la pena dentro del marco establecido para el delito, en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho; el señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, de profesión Abogado, realizó la conducta en su condición de profesional del derecho, por lo cual conforme al Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho, donde el articulo 1) impone deberes a todo Abogado, como ser -entre otros- la defensa de la justicia y el respeto a la ley; el artículo 5) hace referencia a que el Abogado debe defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas legales; articulo 8) claramente establece que la conducta del Abogado debe caracterizarse por la honradez y la franqueza, no debiendo aconsejar ni ejecutar actos dolosos, desfigurar los hechos, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer o desviar la rápida y eficaz administración de justicia. Por lo anterior se fijan las nuevas penas en su límite máximo de cuatro (4) años de prisión, y multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras por día, lo que nos da un total de diez mil lempiras exactos (L10,000.00); las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 503-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, como autor del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de uso, en perjuicio de La Fe Pública a la pena de seis años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez.- Quinto: Absuelve al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, como autor responsable del delito de Colaboración en la Evasión de persona detenida, en perjuicio de la Administración Pública. Son partes en única instancia: El abogado Carlos Armando Bonilla Enamorado, en su condición de defensor privado del señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha viernes treinta de mayo del año dos mil ocho, alrededor de las seis y media de la tarde, el Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, Apoderado Defensor de la privada de libertad Nora Elizabeth Lazo Jiménez, en compañía de otra persona del sexo masculino, con el propósito de obtener la libertad de su representada, se hizo presente en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde hizo entrega a la persona que estaba de turno, de una Carta de Libertad y un oficio ordenando la excarcelación a favor de la señora Lazo Jiménez, ambos documentos de fecha 30 de mayo del 2008, en los que se había simulado la firma de un Juez y de una Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán; así mismo entregó una Certificación de fecha veintinueve de mayo del 2008, supuestamente extendida por el Secretario del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dirigida a la Señora Directora del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), contentiva de la resolución de fecha veinte de mayo del 2008 aparentemente dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la que se hace relación a que dicho Tribunal de Alzada resolvió: “1) Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, como Defensor de la imputada Nora Elizabeth Lazo Jiménez, 2) Revoca el auto de prisión del diez de marzo del año dos mil ocho dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa en la causa instruida contra Nora Elizabeth Lazo Jiménez, por el delito de Asesinato en perjuicio de la menor T. M. G. S., y en su lugar se dicta Un Sobreseimiento Provisional solo a favor de Nora Elizabeth Lazo Jiménez. Segundo: Transcurridos unos cuantos minutos de la entrega de los referidos documentos, la interna Nora Elizabeth Lazo Jiménez, fue puesta en libertad por las autoridades penitenciarias de CEFAS, en cumplimiento de lo contenido y ordenado en la documentación presentada por su Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, saliendo dicha fémina del referido centro penal femenino, en compañía de su Apoderado Defensor. Tercero: Una semana después, la señora Nora Elizabeth Lazo Jiménez, fue capturada, ya que los documentos entregados por su Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, con los que ella había salido libre, no fueron expedidos por los funcionarios judiciales mencionados en dichos manuscritos.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El Recurrente abogado Carlos Armando Bonilla Enamorado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: I- Motivo Primero: Por no haberse observado en la valoración de las pruebas las reglas de la sana critica. II.- Norma Adjetiva Infringida: Articulo 202 del Código Procesal Vigente. III.-Precepto Autorizante: 362 numeral tercero parte final del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) …… 2) …. 3)…o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. Reclamación hecha para obtener la subsanación de la falta: Es de hacer la observación que el vicio in procedendo de que se acusa a la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. Exposición del Motivo: Honorables Magistrados para su sola Ilustración, manifiesto que modestamente os será de utilidad, para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que debe entenderse en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal- Según el artículo 202 del Código Procesal Penal, el Sentenciador formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal.- Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados.- En el presente proceso penal no hay prueba científica calígrafa que fuera evacuada en el debate oral y púbico, tanto más que el Ministerio Publico renuncio a dicho medio de prueba Pericial, sobre los documentos cuestionados de falsedad, como ser: carta de libertad y orden de excarcelación y una certificación de resolución.- Consecuentemente, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ha valorado erradamente la prueba evacuada en el debate, por lo cual a mi defendido Jorge Alberto Madariaga Rodríguez, no puede ser declarado culpable del delito de falsificación de documentos Públicos en su modalidad de uso, por estar alejado de la verdad, ya que hay insuficiencia de pruebas, para llegar a tal razonamiento lógico. Honorables Magistrados, la regla de sana crítica, que no se observó en el presente debate, es la máxima de la experiencia, puesto como es que se dicta sentencia condenatoria contra mi defendido Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, si hay insuficiencia de pruebas para arribar a tal fallo, puesto que los testigos de la Fiscalía, lo único que aportan es que encuentran a mi defendido en mención en las Oficinas de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, CEFAS, entregando unos documentos y a esto se limita el hecho probado único pero de manera distorsionado, pero al no haberse evacuado una prueba científica como ser la calígrafa, es imposible aseverar que los documentos que Supuestamente entregara mi defendido Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, al Centro Penitenciario Femenino, adolecen de falsedad, ya sea en sus firmas o en sus sellos, o en su contenido. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al analizar el tipo penal establecido en el artículo 289 del Código Penal vigente de falsificación de documentos Públicos en su modalidad de uso, se concentra en el verbo rector de a sabiendas, sobre el cual un diccionario de la lengua Española da su definición: tener un pleno conocimiento.- Es imposible que mi defendido antes descrito, haya poseído un pleno conocimiento sobre los documentos que se tachan supuestamente de falsedad, tanto más que en el hecho probado primero, se establece claramente: en compañía de otra persona de sexo masculino, que según los libros de novedades responde al nombre de Jose Ilovares, y quien crea una duda razonable de que si pudo tener un conocimiento pleno sobre la procedencia de los documentos cuestionados de falsedad y que existe la incertidumbre a la presente fecha de que sean originales, por la carencia del Peritaje calígrafo en el debate oral y Público. El caso concreto que nos ocupa deja mucho que desear a jueces que deben de regirse estrictamente a las reglas de la sana crítica, y que no deben confundir su función de ser Juez de Sentencia, con la de un jurado que se rige por los dictados de su conciencia para determinar si alguien es culpable o inocente. Honorable Magistrados, de lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la sentencia dictada en el juicio oral y público que nos ocupa, no está dictada conforme a Derecho y que ese alto Tribunal de Justicia, vuelva a fallar anulando la sentencia condenatoria por el delito de falsificación de documentos Públicos en su modalidad de uso y se ordene que se repita el juicio antes descrito por otra sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.” Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: I- Motivo Único: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - (Esta norma Constitucional establece el principio del debido proceso. -) II.- Norma Constitucional Infringida: Articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras vigente. Precepto Autorizante: Articulo 361 del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por infracción de precepto constitucional. - En todos los casos en que, con arreglo a este código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto Constitucional. Reclamación para obtener la subsanación de la falta: Es de hacer la observación que el vicio improcedendo de que se acusa a la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el desarrollo del debate, de esto hice reserva de casación y agoté el recurso de reposición ante el mismo Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. por supuesto me fue denegado. Exposición del Motivo Único: Honorables Magistrados, en el transcurso del debate oral y público, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, evacuo medio de prueba inspección Judicial a un expediente Judicial registrado bajo Número 442-2008, propuesta por la parte Defensora, a pesar de que se interpuso la renuncia sobre dicho medio de prueba antes descrita, y de manera arbitraria el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Lo sometió al contradictorio y por ende se violentó el debido proceso, en tal situación solicito que de ipso jure, se anule el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, y la Honorable Sala Penal, tenga a bien dictar una sentencia absolutoria a favor del ciudadano Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, por haberse violentado el debido proceso en detrimento de un derecho constitucional de que debe de gozar siempre un ciudadano Hondureño, como el caso concreto que nos ocupa, que el debido proceso se le restringió en su perjuicio, creando una desigualdad de armas.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso citando el contenido de los artículos 202, 338 numeral 2 del Código Procesal Penal. La regla de sana crítica que denuncia infringida es la máxima de la experiencia ya que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ha valorado erradamente la prueba evacuada en el debate, por lo cual, su defendido Jorge Alberto Madariaga Rodríguez, no puede ser declarado culpable del delito de Falsificación de Documentos Públicos en su modalidad de uso, por estar alejado de la verdad, ya que hay insuficiencia de pruebas, para llegar a tal razonamiento lógico. Señala que, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al analizar el tipo penal establecido en el artículo 289 del Código Penal vigente de falsificación de documentos públicos en su modalidad de uso, se concentra en el verbo rector de a sabiendas, sobre el cual el Diccionario de la Lengua Española da su definición: tener un pleno conocimiento; que es imposible que su defendido haya poseído pleno conocimiento sobre los documentos que se tachan supuestamente de falsedad, tanto más que en el hecho probado primero, se establece claramente: en compañía de otra persona de sexo masculino, que según los libros de novedades responde al nombre de José Ilovares, y quien crea una duda razonable de que si pudo tener un conocimiento pleno sobre la procedencia de los documentos cuestionados de falsedad y que existe la incertidumbre a la presente fecha de que sean originales, por la carencia del Peritaje Calígrafo en el debate oral y público. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala de lo Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor, en su exposición del motivo de quebrantamiento de forma emplea una mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana crítica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia y mencionado otros motivos ajenos a este Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hace revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa. Único motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; Pretensión: Se anule el fallo condenatorio. El censor del fallo denuncia que el sentenciador de instancia en el transcurso del debate oral y público, evacuó medio de prueba Inspección a un expediente judicial registrado bajo número 442-2008, propuesta por la parte defensora, a pesar de que se interpuso la renuncia sobre dicho medio de prueba, y de manera arbitraria el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, lo sometió al contradictorio y por ende se violentó el debido proceso. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es, cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan con una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, ha revisado el acumulado judicial, apreciando en el mismo que en fecha 19 de octubre de 2009 se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 261), en la cual la defensa privada ofertó la prueba Inspección judicial en el expediente registrado bajo número 442-2008, del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el cual fue admitido por el Tribunal de Sentencia; la prueba propuesta por la parte defensora, al haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia pasó a formar parte del proceso, rigiendo el Principio de Comunidad de Prueba, el que explica que una vez admitida una prueba su utilidad como base de argumento, disponibilidad o renuncia de ésta sale de la esfera exclusiva del proponente para convertirse en un instrumento común para todas las partes intervinientes, es decir, el medio de prueba pasa a ser parte del proceso y de allí la obligación del órgano juzgador de valorar los medios de prueba de manera conjunta, pudiendo atribuirle el importe que su libre convicción le señale a partir del razonamiento hecho con base en las reglas de la sana crítica, con independencia de que ese importe favorezca o perjudique la teoría del caso del propio proponente del medio de prueba. Con base en tal principio, las partes litigantes de común acuerdo podrán renunciar a un medio de prueba cuando de manera posterior a su admisión lleguen al convencimiento de que el mismo carece de la pertinencia o utilidad que en apariencia tenía al momento de su admisión, de lo cual podrá acceder el Tribunal de Sentencia, si coincidiere con tal razón, pero también está facultado para rechazar dicha petición cuando a su parecer, el fundamento no tenga el peso atribuido por los solicitantes. Retornando al caso de estudio el Tribunal de Sentencia consultó a la parte acusadora, misma que manifestó: “En el caso del Ministerio Público si haría la utilidad acreditar una vez más la existencia de una evasión, porque lo que estaba persiguiendo es la colaboración de una evasión de Nora Elizabeth Lazo Jiménez.” “El Ministerio Público no renuncia a ningún medio de prueba.” La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el recurrente falsea parte de los hechos, pues como argumento indica que el Tribunal de Sentencia evacuó medio de prueba Inspección a un expediente judicial registrado bajo número 442-2008, a pesar de que se interpuso la renuncia sobre dicho medio de prueba, éste lo sometió al contradictorio y por ende violentó el Debido Proceso, de lo cual observamos que las actuaciones judiciales se encuentran conforme a derecho, por lo que el proceso ha seguido su curso de acuerdo a la normativa procesal penal hasta dictarse la sentencia correspondiente, sin que se pueda observar violación alguna al Debido Proceso. DECISIÓN. Desestimar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de uso, en perjuicio de la Fe Pública y como consecuencia le impuso una pena de seis (6) años de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de uso, está establecido en el artículo 459 del Decreto 130-2017, como delito de Uso de Documento Falso, aplicando una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, reducida en un tercio 1/3 y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público; quedando una pena de dos (2) años nueve (9) meses a cuatro (4) años de prisión, y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días. A partir de lo expuesto, se concluye que para el señor Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, sí corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de atenuantes y agravantes, fijándose la pena dentro del marco establecido para el delito, en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho; el señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, de profesión Abogado, realizó la conducta en su condición de profesional del derecho, por lo cual conforme al Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho, donde el articulo 1) impone deberes a todo Abogado, como ser -entre otros- la defensa de la justicia y el respeto a la ley; el artículo 5) hace referencia a que el Abogado debe defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas legales; articulo 8) claramente establece que la conducta del Abogado debe caracterizarse por la honradez y la franqueza, no debiendo aconsejar ni ejecutar actos dolosos, desfigurar los hechos, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer o desviar la rápida y eficaz administración de justicia. Por lo anterior se fijan las nuevas penas en su límite máximo de cuatro (4) años de prisión, y multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras por día, lo que nos da un total de diez mil lempiras exactos (L10,000.00); las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo y Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos Armando Bonilla Enamorado, defensor privado, como parte recurrente; 2) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, de generales conocidas en el acumulado judicial, a las penas principales de cuatro (4) años de prisión y multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras ( L 20.00), por día, lo que nos da un total de diez mil lempiras exactos (L 10,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. 3) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. - Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. -Firma y Sello. – Michelle Alessandra Izaguirre Colindres -Receptora Adscrita. Secretaria General.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 503-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.
[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.