Sentencia CP-498-17 — Registro 12597
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Extorsión Continuada, se declara sin lugar el recurso de casacón interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO NO SON DE RECIBO. - En el primer motivo, la Defensa Pública cuestiona la aplicación del concurso de delitos: delito continuado, pero para ello se basa en cuestionar la carga probatoria revelando desconocimiento respecto a la naturaleza del recurso de casación por infracción de ley (ut supra explicada), pues en lugar de apoyarse en los hechos declarados probados, verdad incuestionable en esta clase de recurso, apela a reevaluar medios probatorios. El segundo motivo tampoco se basa en un entendimiento equívoco del Derecho Penal; la Defensa Pública argumenta que lo declarado probado no es un delito consumado sino uno tentado; para fundamentar tal argumento indica que no se identifica el elemento subjetivo requerido.- Es claro que el argumento no tiene relación con el fundamento, pues el primero atañe al Iter Criminis entretanto el segundo a la tipicidad; entiéndase que la ausencia de elemento subjetivo (dolo, en este caso), descarta la existencia de tipicidad y con ella, la existencia de delito; entretanto la progresión del delito, desde el inicio de ejecución hasta su agotamiento el elemento subjetivo es el mismo (dolo), pues el mismo conocimiento y voluntad tiene el sujeto activo cuando inicia su actuar, también cuando no puede conseguir la consumación (tentativa) o cuando lo logra y agota el delito. El Recurso de Casación, en ninguno de sus dos motivos, es atendible; el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Extorsión que hemos estudiado, en su versión consumada y en concurso de delito continuado, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia es consecuente al Principio de Legalidad. El factum señala que, en el mes de junio de 2015, el acusado Josué Efraín Castro Coello, se persono hasta el negocio de la señora S221, exigiendo la entrega de L 200.00, los viernes de cada semana, caso contrario causaría la muerte de ella y de su familia, por lo que la testigo comenzó a realizar la entrega de la cantidad requerida los días señalados hasta el día 30 de octubre del mismo año, día en que el acusado fue aprehendido por la policía Nacional. - El relato en su conjunto satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión: i.- La conducta criminosa, que es obligar a la señora S221 a entregar una cantidad de dinero, como efectivamente aconteció en los días y cantidad exigido por el acusado; ii.- La modalidad criminosa que es la intimidación hecha a la señora S221 de causarle un mal a ella y a su familia en caso de no acatar la orden de entregar las cantidades de dinero; amenazas que por su naturaleza tenían apariencia de verdad y posible; y que consecuentemente fue suficiente para causar la intimidación; iii.- El ánimo de lucro perseguido por el acusado, al ser el acto exigido el traspaso de dominio de dinero, provocando daño al patrimonio de la víctima y el consecuente incremento injusto e ilegal en el patrimonio del destinatario del dinero. El tipo penal indica que el sujeto activo debe actuar con el fin de obtener un beneficio de carácter económico, es decir que el legislador reprocha la finalidad de la conducta y no el resultado de lucro, es así que no se exige que tal fin sea logrado. Para efectos de consumación, demanda el legislador que el sujeto pasivo sea obligado a realizar cualquiera de los tres supuestos descritos, siendo uno de ellos “hacer o dejar de hacer una cosa”, que es lo que precisamente describe el hecho probado: La testigo S221, ante la intimidación recibida (amenaza de muerte) se vio obligada a entregar una cantidad de dinero al acusado Josué Efraín Castro Coello, materializándose el verbo rector del tipo; por decirlo en otra manera: la Testigo protegida S221 fue obligada a entregar una cantidad de dinero.- Podemos entonces determinar que la entrega de dinero se llevó a cabo en dieciocho ocasiones por cuatro meses (julio a octubre) sin contar junio al no determinarse cuando se hizo la primera entrega, lo que se traduce en 18 delitos, incluyendo el del día 30 de octubre, pues el acusado fue aprehendido después de que le fuese entregado el dinero por parte de la ofendida. Los delitos son consumados, pues el acusado logró obligar a la ofendida a entregar el dinero y además fueron agotados, pues en 17 veces el acusado logró aprovechar el producto del delito; por otra parte, al obedecer la totalidad de delitos a un mismo plan, previamente concebido por el sujeto activo, es posible determinar que estamos ante un delito continuado. Por lo explicado, es legalmente acertada la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Josué Efraín Castro Coello, por la conducta realizada, sin consideración a la figura de la tentativa regulada en el artículo 15, esto porque el delito cometido es el de Extorsión Consumado y Continuado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:
Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante esta única instancia, escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Josué Efraín Castro Coello que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio, tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada y lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley es correcto asentar que en resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Josué Efraín Castro Coello, las sanciones por múltiples delitos de extorsión consumados, en concurso de delito continuado: 25 años de reclusión y multa de 83.33 salarios mínimos (sin individualizar). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 15 a 20 años de y multa de 1000 a 1,333.33 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación.
Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Josué Efraín Castro Coello, tenía la edad de 18 años al momento de los hechos, soltero, ayudante de bus (cobrador) y no tenía antecedentes policiales (f. 43).- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- prisión por 15 años; y ii.- multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 498-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor José Efraín Castro Coello, como autor del delito de Extorsión Continuada, a la pena de veinticinco años de reclusión más una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos, que deberá entregar a la Tesorería General de la República; Segundo: Que el señor José Efraín Castro Coello, queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, y como consecuencia se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró al señor José Efraín Castro Coello, responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con ocasión a la comisión de su acto delictivo. No procede condenar en costas al señor José Efraín Castro Coello. Son Partes En Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Dinabel López Durón, en su condición de defensores públicos del señor José Efraín Castro Coello, como parte recurrentes, y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la Instancia Único. En el mes de junio de dos mil quince, el señor Josué Efraín Castro Coello llegó hasta el negocio del testigo protegido con clave S 221, ubicado en la Colonia Central del Sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés, exigiéndole doscientos lempiras semanales, pagaderos cada viernes, caso contrario le causaría la muerte a ella y su familia. La testigo protegido procedió a realizar las entregas semanales del dinero exigido y fue hasta el día veintinueve de octubre del mismo año, que denunció los hechos ante la Fuerza Nacional Antiextorsión. Derivado de lo anterior, agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, realizaron un seguimiento y entrega controlada de dos billetes de cien lempiras, previamente individualizados a partir de sus series. Una vez que la testigo protegido entregó el referido dinero al señor Josué Efraín Castro Coello en fecha 30 de octubre de 2015, inmediatamente fue identificado y capturado por los agentes policiales y puesto a la orden del Ministerio Público. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Primer Motivo Casación a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 222 en relación al artículo 37 del Código Penal. Segundo Motivo Haber incurrido los juzgadores en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 222 en relación al artículo 15 del Código Penal. Precepto Autorizante Los motivos enunciados se encuentran establecidos en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Primer Motivo De Casación Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Explicación Del Primer Vicio Aplicación Indebida Del Artículo 222 En Relación Al 37 Del Código Penal.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “Primero: En el mes de junio de dos mil quince, el señor Josué Efraín Castro Coello llego hasta el negocio del testigo protegido con clave S221, ubicado en la colonia Central del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortes exigiéndole doscientos lempiras semanales, pagaderos cada viernes, caso contrario le causaría la muerte a ella y su familia. La testigo protegido procedió a realizar las entregas semanales del dinero exigido y fue hasta el día veintinueve de octubre del mismo año, que denunció los hechos ante la Fuerza Nacional Antiextorsión, Derivado de lo anterior, agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, realizaron un seguimiento y entrega contralada de los billetes deciente lempiras, previamente individualizados a partes de sus series. Una vez que la testigo protegido entrego el referido dinero al señor Josué Efraín Castro Coello en fecha 30 de octubre del 2015, inmediatamente fue identificado y capturado por los agentes policiales y puesto a la orden del Ministerio Publico. De la valoración de la prueba realizada por el A-quo queda claro que no existen elementos que asegure lo depuesto por el testigo protegido, en el sentido de que Josué Efraín Castro Coello estaba llegando a su negocio y que en varias ocasiones le había entregado esa cantidad de dinero por temor a su poner el riesgo su vida y la de su familia, no se realizaron investigaciones que acreditaran pagos anteriores al del día de la captura de mi representado. Con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por un supuesto de delito extorsión continuada, pues en los hechos probados no existen elementos los subjetivos que puedan subsumirse en una acción u omisión que lesione o ponga en peligro efectivo y continuado el bien jurídicamente protegido por la ley penal. Interpretación Pretendida Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del articulo 222 en relación al 37 del Código Penal. Explicación Del Segundo Motivo De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestío iuris”[1]. En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el delito por el cual mi representada ha sido injustamente condenada. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación del artículo previamente señalado en la exposición de los motivos de casación. Explicación Del Segundo Vicio. Falta De aplicación Del Artículo 222 Relacionado Con El 15 Del Código Penal. Los hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido S-221, según lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configuran el delito de Extorción continuada, pues en él no se le atribuye al imputado el apoderamiento de bienes propiedad del ofendido, por la intervención de los agentes antiextorsión al ser capturado en la entrega contralada que se montó en concierto con el ofendido por la denuncia interpuesta.- Es importante acotar que este delito no es de mera actividad sino de resultado, lo cual viene determinado por el ánimo de lucro y que se requiere obtener para si o cualquier organización el dinero, bienes o servicios,- En ese sentido haber interrumpido esa consumación o ese aprovechamiento de dinero en la entrega controlada por los Agentes antiextorsión hace que el delito quede en su grado de ejecución de tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, en este orden de ideas la interposición de la denuncia y el operativo montado en la entrega controlada son aspectos que se salen del conocimiento y del control de mi representado, no dependen de él. Interpretación Pretendida Con este segundo motivo de casación pretendo que, al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare Con Lugar el recurso de mérito, dictando una sentencia condenatoria para el señor Josué Elías Sánchez Soriano por el delito de extorsión en su grado de ejecución de Tentativa, conforme a nuestro derecho penal vigente. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos de casación Primer Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Indebida aplicación de la figura penal de extorsión; Pretensión: Se declare con lugar el recurso, declarando la aplicación indebida de la norma. La Defensa Pública basa su recurso, en donde alega defecto in iudicando, en un criterio particular de que no existen elementos que respalden lo declarado por la Testigo Protegida S221, de que el acusado Josué Efraín Castro Coello, haya estado llegando a su negocio en repetidas ocasiones a recoger dinero, antes del día en que fuese aprehendido por los agentes de policía. Segundo Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 15 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la figura de la tentativa; Pretensión: Se someta a control de logicidad la sentencia, declarando con lugar el motivo, dictando una sentencia condenatoria a favor del acusado por el delito de Extorsión en Tentativa. Expone la Defensa Pública, que, al analizar los hechos probados, se determina que en el cuadro fáctico no se identifica el elemento subjetivo que configura el delito de extorsión continuada; no se le atribuye al acusado el apoderamiento de bienes propiedad del ofendido por la intervención de los agentes de policía, al ser aprehendido aquel en el momento de la entrega del dinero por la ofendida, lo que hace que la consumación haya sido interrumpida. Del Tipo Penal de Extorsión A partir de 1984, año en que entró en vigencia el actual Código Penal, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, haciendo reformas a su tipificación en tres ocasiones con la anterior codificación, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017 y ahora con el Código Penal 130-2017. Fueron las tipificaciones del delito de Extorsión con el Código Penal 144-83: Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 en fecha 12 de marzo de 1984 y vigente el 12 de marzo de 1985; Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; y Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 el 27 de febrero de 2017, y vigente a partir de dicha fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para los meses de junio a octubre de 2015, que es el ámbito temporal fijado en el factum, era el contenido en el Decreto Legislativo 100-2014, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La pena de reclusión anterior será incrementada en un tercio (1/3) cuando la víctima sea un Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad y Diputados del Congreso nacional y cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad. El Delito de extorsión es de orden público y el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.”. Elementos del delito de Extorsión del Decreto 100-2014 Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos (Código Penal 144-83), siendo éstos: Elementos Objetivos: Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que podía cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realizara el acto de violencia o intimidación; Sujeto Pasivo era designado por el legislador como “persona natural o jurídica”, lo que implica que podía ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. Objeto material del delito, era el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo pretendía apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad: todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso era “obligar”. El legislador consideraba consumado el delito desde que el sujeto activo obligaba al sujeto pasivo a realizar cualquiera de las tres conductas que describía el tipo, siempre que cualquiera de ellas hubiese tenido como fin que el sujeto activo lograra un beneficio económico injusto, aun cuando esto no se lograse materializar; siendo estas conductas: a) “Hacer o dejar de hacer alguna cosa”, con independencia de si se tratase de un acto lícito o ilícito; b) “Suscribir documentos para obtener pagos de dinero”, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y c) “Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado”, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste que, la conducta que pretendía conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo debía ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distinguía el delito de extorsión del delito de coacciones; Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio estafa definida por la violencia o la intimidación: a) La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obligaba a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente debía de darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podían darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia para conseguir el beneficio patrimonial era ejercida en el mismo momento; b) La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; era necesario que la intimidación fuese de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre promedio) le provocase la consecuencia descrita, ergo la amenaza debía tener apariencia de grave y verdadera; considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no debía esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza hubiese tenido la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pudiesen mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debía -como mínimo- ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima hubiese tenido cualidades que le hagan invulnerable; c) La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar.- El destinatario del hecho amenazante podía ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces era posible amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo.- Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debía ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permitían prever situaciones en donde quien hacía la exigencia era un funcionario público, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. Punibilidad: El delito de extorsión estaba conminado con dos penas principales: i.- Una pena de prisión de 15 a 20 años; ii.- Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tenía margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de Extorsión, además debía imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que debía de cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la consecuencia penal de comiso cuando fuese procedente.
Las penas principales se incrementaban en un tercio (1/3) a razón de la cualificación del sujeto pasivo; disponía el legislador que dicho incremento se haría efectivo cuando la víctima del delito de extorsión hubiese sido: “Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad Diputados del Congreso Nacional y Cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad” Señalaba la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”.2.- Elemento Subjetivo. Como elemento subjetivo el tipo penal de Extorsión requería de dolo: Conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho animo se materializara para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado ya, la conducta ejercida por el sujeto activo debía buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realizaba o no la conducta exigida. Del Concurso de Delitos: Delito Continuado Tras haber hecho análisis de la figura delictiva objeto de imputación, corresponde para dar respuesta al reproche de la Defensa Pública, situarnos en el último elemento de la Teoría del Delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; en este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad y los Concursos de Delitos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. En un derecho penal de acto, corresponde imponer una pena por cada delito cometido por la persona, y por tanto cuando existan varios delitos corresponderá imponer varias penas; sin embargo, en el Derecho Penal puede ocurrir el fenómeno de que una conducta se ajuste a varios delitos y que a todos ellos corresponda una pena. - El campo del Derecho Penal que estudia estos fenómenos se le llama Concurso de Delitos. Existe concurso de delito cuando una misma persona realiza una conducta antijurídica que se adecúa a dos o más tipos penales, cada uno merecedores de sanción penal; partiendo de la definición, constituye concurso de delito el concurso ideal o formal (Unidad de Conductas con pluralidad de lesiones) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real o Material (Pluralidad de conductas con pluralidad de lesiones), sin embargo, el legislador nacional también denomina como concurso de delitos al delito continuado, lo cual no es un verdadero concurso, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad; queda excluido del tema de concurso de delitos el llamado concurso aparente de delitos, por ser éste, tarea de la adecuación de la tipicidad. El delito continuado, al momento en que los hechos ocurrieron, estaba previsto en el artículo 37 del Código Penal 144-83, que creaba la ficción legal considerando como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que se encuadraban en una misma tipificación y que protegían el bien jurídico propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que hubiese sido como respuesta a un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias de ejecución; la pena única a imponer era el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que el concurso de delito continuado no era aplicable en los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad hubiese sido menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta con ocasión del concurso de delito continuado. Eran requisitos de este tipo de concurso: Unidad de bien jurídico protegido: Los delitos cometidos debían ser de aquellos que protegen el bien jurídico propiedad, ya sea bienes corporales (bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmuebles por destino) o incorporales (derechos personales); Unidad de tipo penal: Las diferentes conductas penales debían subsumirse en un solo tipo penal en perjuicio de la propiedad, ergo no concurría el Concurso Continuado cuando las diferentes conductas eran subsumibles en varios tipos penales, aun cuando éstos eran en perjuicio de la propiedad; Unidad de sujeto activo: Que implica que, en los diversos delitos debía figurar siempre el mismo sujeto activo; Unidad o pluralidad de sujetos pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podían realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; Unidad de fin: en virtud de la cual se exigía que el sujeto activo actuara con dolo en todos los delitos cometidos; Diversidad de conducta humana, la cual podía realizarse mediante acciones u omisiones; Diversidad de título de participación: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podía participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, coautor, cómplice, cómplice necesario o inductor. Identidad del comportamiento delictivo: Definía que el sujeto activo realizara las diferentes conductas delictivas basado en un mismo modus operandi, lo cual podía consistir: i) Realizando las conductas delictivas en un solo momento; ii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento a un plan preconcebido; iii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos aprovechando idénticas o similares circunstancias en la ejecución. Es claro entonces que el concurso continuado o delito continuado, era esa forma especial de ejecución reiterada de diversos tipos penales mediante un plan preconcebido o aprovechando las mismas o similares circunstancias, haciendo el legislador una presunción de que todos ellos constituyen un solo delito para efectos de imposición de una sola pena; no se trataba de un tipo penal, tampoco de una circunstancia agravante, sino una disposición político criminal del legislador orientada a favorecer al sujeto activo con una pena más favorable.
Como consecuencia jurídica, es la presunción de que todos estos delitos independientes debían ser considerados como uno solo delito continuado y por tanto las diferentes penas que correspondían imponer al responsable por las diversas conductas delictivas, eran sustituidas por una sola pena atenuada, por ello es que señalamos al inicio, que el concurso continuado o delito continuado en realidad no es un tipo penal, sino una disposición político criminal que favorece al culpable de varios delitos en contra de la propiedad al determinar la imposición de una sola pena, es decir que el delito continuado es una figura a favor del reo donde se hace presunción de que los diversos delitos son uno solo, exclusivamente para efectos de imposición de pena. De la Tentativa El iter criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes, de los que son relevantes para el Derecho Penal. El iter criminis se divide en tres fases:
Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente;
Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá de si estamos ante una tentativa o un delito consumado; La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo: debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, se refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito; para ello, en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito, partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, lo que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final, la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: 1) El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada);
El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidónea); 3) El Sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución, y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante de un peligro para el bien jurídico protegido. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la Procedencia del Primer y Segundo Motivo. - El Primer y Segundo Motivo no son de RECIBO. - En el primer motivo, la Defensa Pública cuestiona la aplicación del concurso de delitos: delito continuado, pero para ello se basa en cuestionar la carga probatoria revelando desconocimiento respecto a la naturaleza del recurso de casación por infracción de ley (ut supra explicada), pues en lugar de apoyarse en los hechos declarados probados, verdad incuestionable en esta clase de recurso, apela a reevaluar medios probatorios. El segundo motivo tampoco se basa en un entendimiento equívoco del Derecho Penal; la Defensa Pública argumenta que lo declarado probado no es un delito consumado sino uno tentado; para fundamentar tal argumento indica que no se identifica el elemento subjetivo requerido.- Es claro que el argumento no tiene relación con el fundamento, pues el primero atañe al Iter Criminis entretanto el segundo a la tipicidad; entiéndase que la ausencia de elemento subjetivo (dolo, en este caso), descarta la existencia de tipicidad y con ella, la existencia de delito; entretanto la progresión del delito, desde el inicio de ejecución hasta su agotamiento el elemento subjetivo es el mismo (dolo), pues el mismo conocimiento y voluntad tiene el sujeto activo cuando inicia su actuar, también cuando no puede conseguir la consumación (tentativa) o cuando lo logra y agota el delito. El Recurso de Casación, en ninguno de sus dos motivos, es atendible; el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Extorsión que hemos estudiado, en su versión consumada y en concurso de delito continuado, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia es consecuente al Principio de Legalidad. El factum señala que, en el mes de junio de 2015, el acusado Josué Efraín Castro Coello, se persono hasta el negocio de la señora S221, exigiendo la entrega de L 200.00, los viernes de cada semana, caso contrario causaría la muerte de ella y de su familia, por lo que la testigo comenzó a realizar la entrega de la cantidad requerida los días señalados hasta el día 30 de octubre del mismo año, día en que el acusado fue aprehendido por la policía Nacional. - El relato en su conjunto satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión: i.- La conducta criminosa, que es obligar a la señora S221 a entregar una cantidad de dinero, como efectivamente aconteció en los días y cantidad exigido por el acusado; ii.- La modalidad criminosa que es la intimidación hecha a la señora S221 de causarle un mal a ella y a su familia en caso de no acatar la orden de entregar las cantidades de dinero; amenazas que por su naturaleza tenían apariencia de verdad y posible; y que consecuentemente fue suficiente para causar la intimidación; iii.- El ánimo de lucro perseguido por el acusado, al ser el acto exigido el traspaso de dominio de dinero, provocando daño al patrimonio de la víctima y el consecuente incremento injusto e ilegal en el patrimonio del destinatario del dinero. El tipo penal indica que el sujeto activo debe actuar con el fin de obtener un beneficio de carácter económico, es decir que el legislador reprocha la finalidad de la conducta y no el resultado de lucro, es así que no se exige que tal fin sea logrado. Para efectos de consumación, demanda el legislador que el sujeto pasivo sea obligado a realizar cualquiera de los tres supuestos descritos, siendo uno de ellos “hacer o dejar de hacer una cosa”, que es lo que precisamente describe el hecho probado: La testigo S221, ante la intimidación recibida (amenaza de muerte) se vio obligada a entregar una cantidad de dinero al acusado Josué Efraín Castro Coello, materializándose el verbo rector del tipo; por decirlo en otra manera: la Testigo protegida S221 fue obligada a entregar una cantidad de dinero.- Podemos entonces determinar que la entrega de dinero se llevó a cabo en dieciocho ocasiones por cuatro meses (julio a octubre) sin contar junio al no determinarse cuando se hizo la primera entrega, lo que se traduce en 18 delitos, incluyendo el del día 30 de octubre, pues el acusado fue aprehendido después de que le fuese entregado el dinero por parte de la ofendida. Los delitos son consumados, pues el acusado logró obligar a la ofendida a entregar el dinero y además fueron agotados, pues en 17 veces el acusado logró aprovechar el producto del delito; por otra parte, al obedecer la totalidad de delitos a un mismo plan, previamente concebido por el sujeto activo, es posible determinar que estamos ante un delito continuado. Por lo explicado, es legalmente acertada la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Josué Efraín Castro Coello, por la conducta realizada, sin consideración a la figura de la tentativa regulada en el artículo 15, esto porque el delito cometido es el de Extorsión Consumado y Continuado. Decisión: El recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos debe ser desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:
Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante esta única instancia, escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Josué Efraín Castro Coello que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio, tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada y lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley es correcto asentar que en resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Josué Efraín Castro Coello, las sanciones por múltiples delitos de extorsión consumados, en concurso de delito continuado: 25 años de reclusión y multa de 83.33 salarios mínimos (sin individualizar). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 15 a 20 años de y multa de 1000 a 1,333.33 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación.
Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Josué Efraín Castro Coello, tenía la edad de 18 años al momento de los hechos, soltero, ayudante de bus (cobrador) y no tenía antecedentes policiales (f. 43).- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- prisión por 15 años; y ii.- multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al reo Josué Efraín Castro Coello; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Josué Efraín Castro Coello, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor de un mínimo de dieciocho delitos consumados de extorsión, en perjuicio de la señora S221, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 15 años; y ii.- multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000.- Segundo: El cumplimiento de la pena de prisión impuesta deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo Josué Efraín Castro Coello, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Josué Efraín Castro Coello, a cumplir las penas accesorias siguientes por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2).- Cuarto: Se impone al reo Josué Efraín Castro Coello, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Quinto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Josué Efraín Castro Coello civilmente responsable por las consecuencias resultantes de un mínimo de 18 delitos de extorsión consumados; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Sexto: No procede imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- Séptimo: No procede condenar al reo Josué Efraín Castro Coello, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.”.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García magistrada coordinadora por ley José Olivio Rodríguez VÁSQUEZ MAGISTRADO Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-498-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once en el proceso No. 218-2010, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia.