Sentencia CP-497-18 — Registro 14732
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo usoo de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la defensa privada transcribe las declaraciones testificales de cargo, se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa de instancia, pues si la prueba es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputa, no es una cuestión que atañe al motivo invocado por el recurrente. O bien, el concluir que el sentenciador a vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y que los testigos no han sido concordantes entre sí mismos como entre ambos, es una apreciación subjetiva del recurrente en la que pasa por alto la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Francisco Aguilera Sosa, una pena principal de reclusión de trece (13)años cuatro (4) meses de reclusión, como cómplice simple del delito de asesinato en perjuicio de Abimael Laínez Molina, la que deberán cumplir en el Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle; o donde el Juez de Ejecución considere más conveniente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, el cual, al habérsele condenado como cómplice simple, según el artículo 61 párrafo segundo, establece: “…A los cómplices de un delito consumado o intentado, se le debe imponer la pena prevista por la Ley para los autores del mismo delito, rebajada en un tercio (1/3)”. Quedando la pena con un margen abstracto de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Francisco Aguilera Sosa, conforme el CP-144-83 al ser de 13 años 4 meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 años 4 meses a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Decreto 184-2013, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 497-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 497-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José Germán López Vásquez, como autores del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Luis García Ramos a la pena de veinte años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José Germán López Vásquez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José Germán López Vásquez a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: No procedió el comiso. SON PARTES: El Abogado Wilson Saúl Martínez, en su condición de defensor privado de los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José Germán López Vásquez, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO.- En fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), a eso de la una de la mañana (1.00am), en el lugar conocido como Los Robles, de la aldea El Tule, municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martin López Vásquez y José Germán López Vásquez armados de machetes esperaban a Luis García Ramos quien al llegar a dicho lugar fue rodeado por Miguel Angel López Vásquez, Martin López Vásquez y José Germán López Vásquez y procedieron a asestarle varios machetazos, que le causaron múltiples heridas que le provocaron la muerte como consecuencia de trauma cráneo encefálico abierto, heridas contuso cortantes en miembros superiores inferiores.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados Wilson Saúl Martínez Cardoza y Luz Angelica Smith Mejía, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación indebida del Artículo 117, numeral Uno del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN: El precepto penal que se relaciona como infringido por aplicación indebida, dispone: “Articulo 117. Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.) Alevosía; 2.)…… 3.)…. 4.) ……..” El Articulo trescientos sesenta del Código Procesal Penal nos establece claramente que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley; cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto; en el caso de autos esto es lo que ha ocurrido, ya que el tribunal sentenciador del hecho Único declarado como hecho probado, estableció que concurre la circunstancia que exige el tipo penal de Asesinato como es la Alevosía, con lo cual incurre en una infracción por aplicación errónea de este tipo penal; y desarrollaremos en este motivo los conceptos por los que afirmamos que esa aseveración del Tribunal es contradictoria con todas las circunstancias del proceso que sirven de fundamento a ese supuesto hecho probado. En primer lugar, debemos de analizar el concepto de lo que es Alevosía no solo al tenor de lo que dispone nuestro Código Penal, sino también analizando algunos conceptos doctrinarios para así tener un criterio más amplio de esta circunstancia agravante, que en el caso de autos también sirvió para calificar, según el Tribunal, las acciones de nuestros clientes como el de un Asesinato.- El Articulo 27 del Código Penal en su numeral dos nos establece que es Alevosía: “…….2) Ejecutar el delito con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgos para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido;…..”.De esta definición legal podemos inferir que quien realice un acto con alevosía, el objetivo principal del autor es realizar su cometido de una forma planificada, denotando un dolo de mayor intensidad en lograr el acto, sin tener riesgo de que la víctima pueda reaccionar e impedir que se consuma el mismo; y que además esa reacción de la víctima no resulte en un daño contra la integridad física del agresor; con lo cual es evidente que la Alevosía requiere el desarrollo de actividades que deben de estar directamente asociadas y específicamente planificadas para lograr el resultado arriba mencionado. Ahora analizando la doctrina del jurista Español SANTIAGO MIR PUIG, que en su libro DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, 5° EDICIÓN en sus páginas 646 y 647 nos expresa los siguientes conceptos sobre esta agravante: “……A) agravantes que denotan mayor peligrosidad del hecho a) Por la especial facilidad de comisión Aumentan el injusto penal porque suponen (ex ante) un mayor peligro para el bien jurídico……pero el sujeto ha de querer utilizar las mencionadas circunstancias objetivas que facilitan el hecho para lo cual basta aprovecharlas conscientemente esto referido en el párrafo numerado diez de la página 646. Ahora bien, en el párrafo numerado trece de la página 647 del mencionado libro el autor nos ilustra con los siguientes términos: “……ejemplos de ataques alevosos son los que se producen por la espalda y sin desafío previo o estando la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Puesto que la ley exige que se tienda a evitar una posible defensa procedente del ofendido, no concurrirá alevosía por el hecho de que se evite una defensa proveniente de terceros.” Al hacer un análisis conjunto, tanto de lo que establece nuestra Legislación Penal como de la Ilustración Doctrinaria que arriba hemos referido en cuanto a lo relacionado con la agravante de la Alevosía debemos concluir que: En particular la persona que supuestamente comete un hecho aprovechándose de la circunstancia de la Alevosía, debe QUERER UTILIZARLA O EMPLEARLA o sea, debe actuar en su ánimo la firme decisión de cometer el hecho criminal dolosamente, así mismo, el agente debe de cumplir con todos los requisito que exige la circunstancia agravante. Analizado lo siguiente debemos llamar la atención de esa Sala de lo Penal, que en el juicio o debate, el Ministerio Publico no presento ningún elemento de prueba de que nuestros defendidos actuaran con alevosía; hemos ilustrado con el jurista Santiago Mir Puig, que la Alevosía se dará en circunstancias tales que la posibilidad de la defensa sea nula o muy escasa, ya que al observar los ejemplos que nos da para el caso alguien que este en su cama está en una posición corporal, en donde para defenderse debe primero incorporarse, o no digamos si además se encuentra dormido la capacidad defensiva esta anulada completamente, también nos habla de los ataques por la espalda y a traición entendiendo que en el primero de los casos lo que se evita por el agente es que se le pueda ver al momento de realizar el ataque, lo que disminuye en gran manera la posibilidad de defensa, la traición estaría relacionada entonces con un ataque que la víctima no esperaría por las circunstancias de la relación personal existente entre víctima y ofensor; pero así mismo nos dice el jurista que se daría la alevosía también en aquellos ataques sin desafío previo, o sea aquellos donde interviene ya sea la sorpresa por la rapidez del accionar del ofensor aunque el ataque sea de frente; si observamos lo común a todos estos ejemplos es la forma súbita e imprevista en que se debe realizar un ataque para que el mismo pueda considerarse alevoso; en el caso que nos ocupa el Tribunal de Sentencia en sus argumentos establecen: “El delito de ASESINATO, necesariamente tiene que ser doloso, esto es así, por disposición de nuestra normativa penal, al reunir los elementos objetivos y subjetivos del tipo” esta aseveración es correcta cuando manifiestan que se necesita analizar tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo para subsumir los hechos; Honorables Magistrado el error de interpretación del Tribunal de Sentencia, se encuentra en el caso que nos ocupa, al expresar en la sentencia impugnada en el acápite fundamentos jurídicos hecho tercero lo siguiente: “Cuando concurre la alevosía, se persigue el aseguramiento del hecho, lo que es propio solo del dolo directo. Alcance que reúnen las acciones de los señores Miguel Ángel, José Germán y Martin todos de apellidos López Vásquez, al momento de actuar sobre seguro de su fin criminal y de su persona, con el propósito o voluntad especifica de cegarle la vida al señor Luis García Ramos, actuando sobre seguro que este no se defendiera de tal agresión, puesto que al sorprenderlo totalmente desprevenido, sus agresores de manera imprevista, fulgurante y repentina le propinan varios machetazos que le ocasionan múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo, y como consecuencias de tales heridas falleció. Siendo un acto consciente y querido por los acusados y en esa intención de producir el resultado consiste el dolo„„,reuniéndose por lo tanto los elementos objetivos y subjetivos constitutivos del tipo penal de Asesinato.” En base a lo anterior, esta defensa le plantea a esa Honorable Sala que del hecho Único declarado como probado podemos inferir una clara contradicción entre este y los argumentos del Tribunal de Sentencia de que el hecho debe calificarse como un ASESINATO por existir la circunstancia de Alevosía; esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue de manera imprevista, fulgurante y repentina o sea alevoso, pero en el hecho único declarado probado describen una acción que dista mucho de ser imprevista, fulgurante y repentina, tal contradicción haría que la Sentencia contenga una clara Infracción al ordenamiento Penal sustantivo, en específico, como señalábamos, al Numeral 1) del Artículo 117 del Código Penal, relacionado con el numeral 2) del artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Antes de pasar a analizar esa contradicción, como punto importante debemos señalar a esa Honorable Sala, que los sentenciadores mismos dicen en su sentencia, que, en el caso específico, no existe otra circunstancia más relacionada con la calificación de Homicidio al de Asesinato, es más dicen que no hay otra agravante; esto lo decimos, para que en la contestación de este recurso la contraparte no quiera alegar otras circunstancias que pretendan calificar el hecho como Asesinato. Así entonces Honorable Sala de lo Penal llamamos su atención a la sentencia recurrida, específicamente en su apartado de hecho probado, UNICO, los sentenciadores dicen: “,,,,,los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martin López Vásquez y José Germán López Vásquez armados de machetes esperaban a Luis García Ramos quien al llegar a dicho lugar fue rodeado por Miguel Ángel López Vásquez, Martin López Vásquez y José German López Vásquez y procedieron a asestarle varios machetazos, ….”; como podrán observar Honorables Magistrados la sentencia en el acápite de Fundamentos Jurídicos en su apartado tercero dice que nuestros representados actuaron “sobre seguro que este no se defendiera de tal agresión, puesto que al sorprenderlo totalmente desprevenido, sus agresores de manera imprevista fulgurante y repentina le propinaron varios machetazos”, esto es una elucubración de los sentenciadores que contradice palmariamente con la descripción que hace el Tribunal del hecho único; ahora bien pasemos a analizar porque la defensa alega que el hecho probado único se contradicen con los fundamentos jurídicos que sirven para calificar el hecho como un asesinato. Existen varios elementos que desvanecen la tesis errada del Tribunal sobre la concurrencia de la circunstancia de la alevosía, cuando los Sentenciadores establecen que con solo la presencia de un acto con dolo directo está presente la alevosía, este razonamiento nos llevaría a la supresión del tipo penal de homicidio simple y solo quedarían el asesinato y el homicidio culposo. El Tribunal de Sentencia soslaya que el Asesinato es un homicidio con una circunstancia cualificante entre estas se encuentra la alevosía, que tiene como uno de los elemento sine-quanon, que en la ejecución del hecho se realice asegurando que no hay riesgos para los procesados por los actos que pudiera realizar el ofendido; ¿Es un acto seguro y sin riesgo para los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martin López Vásquez y José Germán López Vásquez que portaban machetes y al encontrarse con Luis García Ramos que también portaba machete, al llegar este último al lugar, aquellos lo rodearon y procedieron a asestarle varios machetazos, tal como alega el Tribunal, en la muerte que hoy provoca el presente proceso?; las respuestas Honorables magistrados son evidentes: el hecho de que el ahora ofendido Luis García Ramos portaba un machete marca gavilán con empuñadura de caucho color negro, suprime uno de los elementos que debe de darse para que exista alevosía, el cual es, que se ataje toda posibilidad de que el autor sufra algún daño por parte del ofendido; no puede haber ataque de manera imprevista, fulgurante y repentina si la acción específica se realizó en un campo libre, en el camino que utilizan rutinariamente los supuestos hechores y el ofendido en donde se encontraron y estaban de pie todos con machete en la mano; sumado a esto se encuentra que ninguna de las lesiones encontradas en el ofendido fueron en la espalda, el encuentro fue de frente, por lo que podemos decir de manera categórica que NO existió ataque de manera imprevista, fulgurante y repentina; que el Tribunal Sentenciador tratando de que encajara la tesis del Ministerio Publico de que el hecho era un asesinato, incurre en un error de interpretación aplicando incorrectamente la circunstancia de alevosía; es así Honorables Magistrado que hemos logrado poner en evidencia que la sentencia recurrida ha infringido las normas penales sustantivas alegadas, por lo tanto este motivo de Casación está plenamente demostrado, lo que daría fundamento a que sea otorgado el mismo, en consecuencia que la calificación del hecho se realice correctamente de asesinato a homicidio simple, que es la decisión que pedimos sea tomada por esa Sala sin que esto signifique que aceptamos la culpabilidad de nuestros clientes.” IV. Siguen manifestando los Recurrentes en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Haber excluido del desarrollo del Debate y en consecuencia de la Sentencia una prueba decisoria para la averiguación de la verdad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 N O 2, ultima parte, del código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Se citan como infringidos para este motivo los artículos 198 y 199 del Código Procesal Penal, en relación con el Artículo 243 del mismo cuerpo de Leyes, lo cuales dicen: “Artículo 198: Finalidad de los medios de prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código”. “Artículo 199: Medios de prueba permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren directa o indirectamente al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad y no son desproporcionados ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Existiendo testigos presenciales y siendo posible su citación a juicios su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.” El Código Procesal Penal, redefinió las normas de investigación y enjuiciamiento de los delitos, tratando de colocar como fin último de todo proceso la justicia penal y no se puede logar una justicia real más que por el camino de la verdad; en el Código de Procedimientos anterior no quedo bien establecido esta loable aspiración y coloco al Juez como un todopoderoso, por eso llevaba viciado su criterio al momento de los fallos; para evitar esa concentración de poder jurisdiccional, se creó primero el Ministerio Público y luego en el actual Código Procesal se crearon tres categorías de Jueces: De Instrucción (de Letras), Sentenciadores y de Ejecución; ahora bien, resulta que ahora se está comenzando a erigir un terrible Leviatán: El Ministerio Público al que en muchos casos no le interesa la averiguación de la verdad, sino que “ganar” los juicios, claro esta actitud es fomentada por la connivencia de muchos operadores de justicia que acceden con inusitada frecuencia a peticiones, violatorias del proceso penal y de la Constitución de la República. Esto tenemos que mencionarlo, ya que en el desarrollo de este Motivo de Casación observara esa Honorable Sala de lo Penal como el Fiscal, desprovisto de Objetividad (que le ordena tenerla, la propia Ley del Ministerio Público) y respaldado por el Tribunal de Sentencia, logro que un elemento de Prueba toral para la averiguación de la verdad se dejara de lado y por lo consiguiente la sentencia misma carecería de esta apreciación eficaz de tal medio de prueba, que daba base a toda la estrategia de Defensa de nuestros patrocinados. El Artículo 198 del Código Procesal Penal, desarrolla en parte lo dicho en el párrafo anterior ya que sin duda alguna su espíritu es dejar claro que lo más importante en un proceso penal, no es más que buscar LA VERDAD, ya que supedita la utilidad de los medios de prueba a buscarla, o sea debemos entonces deducir que las pruebas son un medio para lograr un fin elevado y sin son idóneas para tal cometido entonces es un desaguisado jurídico no tomar en cuenta tal o cual medio de prueba, ya que sería un atentado contra la propia razón de ser del Código Procesal Penal. El Artículo 199 del Código Procesal Penal, desarrolla y reafirma los postulado que contiene el artículo 198 del mismo Código, ya que en su primer párrafo, incluso nos deja sentado que hay una plena LIBERTAD PROBATORIA al decirnos que los hechos del proceso pueden demostrarse utilizando cualquier medio probatorio aunque no aparezca en el mismo Código este postulado del Código no es más que un remarcamiento del fin del Código Procesal, de buscar la Justicia por medio de la Averiguación de la verdad; y que para dicha averiguación no debe haber obstáculos que alguien interprete que provengan del mismo Código. Expuestos estos conceptos, debemos decir que el Tribunal Sentenciador, quebranto el procedimiento, tal como lo dijimos al momento de la Sentencia, derivado del hecho que en el debate excluyo la RECONSTRUCCION DE HECHOS, esta exclusión de prueba, presenta varias inconsistencias ya que como expondremos la reconstrucción de hechos fue solicitada por la defensa en el momento procesal oportuno, se fundamentó en las circunstancias que constituye un elemento de prueba pertinente, vital, que sería el único que llevaría a establecer la verdad, pues el referido medio probatorio permitiría colocar a cada quien en el punto de referencia para poder encontrar a los verdaderos responsables del hecho; este medio probatorio fue objetado por el Ministerio Público argumentando que debió haberse evacuado en la etapa preparatoria, soslayando que esa Institución sobre la base del principio de objetividad debió haber acompañado la solicitud de evacuar este medio prueba y además el Tribunal se contradice, al decir que no era el momento procesal para admitirlo que iba a conocer la prueba y del resultado de la prueba vamos a dejar abierto el espacio para evacuar o no dicho medio de prueba. Posteriormente en el desarrollo del juicio los testigos protegidos propuestos por el Ministerio Publico identificados claves A y B a pesar de haber sido citado en dos ocasiones no se presentaron a la audiencia de debate y el Tribunal de Sentencia admitió sus declaraciones como prueba documental incorporando como lecturas autorizadas violentando la inmediatez, el principio de contradicción y con el agravante que al no desarrollar la reconstrucción de hecho deja en total indefensión a nuestros representados. El fundamento de este motivo de Casación protege todo lo aseverado en los párrafos anteriores, o sea que los medios de prueba son un medio para descubrir la verdad, por lo tanto, si los Tribunales de Sentencia soslayan ese fin de la carga probatoria atentan directamente contra el procedimiento, es así que le hacemos ver a esa Honorable Sala que el Tribunal sentenciador en el debate dice, que oportunamente se van a pronunciar sobre la reconstrucción de hechos solicitada por la defensa y posteriormente al no lograr la comparecencia de los testigos de cargo del Ministerio Publico procede a incorporar mediante lectura autorizada la declaración de estos testigos y nuevamente la defensa solicita la reconstrucción de hechos; en pocas palabras ese medio de prueba era vital para que el Tribunal de Sentencia lograran ese mandato de la ley, porque el acta de levantamiento del cadáver por la Doctora Forense no fue en la escena del crimen, si no que se realizó en la casa de habitación del ahora ofendido, los técnicos de inspecciones oculares y el álbum fotográfico lo realizaron de igual manera que la médico forense en un lugar diferente a la escena del crimen en una vivienda, sumado a esto el técnico de inspecciones oculares no se presentó a la audiencia del juicio oral público para que pudiera ser interrogado por las partes, por lo que es evidente que el Tribunal Sentenciador al desestimar realizar la RECONSTRUCCION DE LO HECHOS se priva de conocer la verdad de los hechos y sus circunstancias; tal medio de prueba cumplía con los presupuestos de los Artículos 198 y 199 del Código Procesal Penal los cuales son averiguar la verdad por cualquier medio de prueba; por lo que la defensa fue reiterativa y en todos los momentos procesales del debate que correspondía propuso el medio probatorio antes desarrollado. Honorable Sala de lo Penal este motivo de casación está debidamente fundamentado y daría pie en consecuencia, que se otorgare el mismo y siendo que por tal quebrantamiento de forma el Tribunal de Sentencia ya tiene viciado su conocimiento no solo sobre el medio de prueba desestimado, sino sobre todos los otros de la defensa que interdependían de aquel, es en consecuencia que el debate debe ser nuevamente reproducido desde el momento procesal oportuno con un Tribunal diferente al actual Sentenciador.” “SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el Tribunal Sentenciador la regla de la Sana Critica en la Valoración de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 N° 3, ultima parte, es el fundamento de este motivo de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para efectos de este motivo de Casación se considera Infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal que dice: “Artículo 202.- Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La sana crítica nos las explica el Jurista JOSÉ I CAFERATA NORES, en su texto “La prueba en el proceso Penal” Pág. 45,: “El sistema de libre convicción a sana Critica racional, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye,….teniendo un límite infranqueable: El respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, se caracteriza este sistema por la posibilidad, de que el magistrado, logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba en total libertad, pero respetando, al hacerlo los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica principios de la Psicología y la experiencia común…..”. Al analizar el Artículo 202 del Código Procesal Penal en conjunto con la doctrina referida podemos concluir que los Tribunales de Justicia deben regir su valoración de prueba por razonamientos que sean lógicos y debe de valorar en su conjunto no en forma aislada sino que oponiendo unas pruebas con las otras; o sea no vasta hacer una repetición mecánica de los medios probatorios, así como tampoco basta para desestimar un medio de prueba decir que no se le da credibilidad por tal o cual razón sino que hay que explicar las razones que tiene el tribunal para desestimarla. En el caso A de autos, el Tribunal Sentenciador no utilizo las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba ya que la prueba de cargo tiene una serie de contradicciones y la misma no se efectuó bajo las reglas del debate oral que permitiera el contradictorio con el derecho de la defensa a preguntar a los testigos de cargo; tenemos la situación que uno de los imputados recibió una fuerte lesión en su cabeza que es mencionado por el testigo clave B, pero sobre esto no relaciona absolutamente nada el Tribunal, porque estos elementos de prueba generan dudas en el desarrollo de los acontecimientos declarados como hechos probados por los Sentenciadores. Para poder fundamentar este motivo de casación debemos en consecuencia señalar todos los puntos en los que el Tribunal no utilizo la sana crítica para este fin, en consecuencia debemos de analizar la limitada prueba vertida en el juicio que consiste en la comparecencia de la Doctora Matilde Mejía que realizo el levantamiento del cadáver en una casa y al preguntarle la defensa por qué no se persono a la área donde sucedieron los hechos contesto: No, mi escena es donde está el cuerpo eso lo hace inspecciones oculares; en el acta de inspecciones oculares, incorporada mediante lectura, con su respectivo álbum fotográfico realizada por el agente Dimas Reyes Salgado la que se efectuó en el interior de una vivienda el referido agente NO se hizo presente al debate, limitando a la defensa el derecho de interrogatorio, por lo tanto esa acta no paso el proceso de contradicción, violentando el derecho consagrado de defensa. Igual sucede con la declaración de los testigos identificados con claves A y B que fue incorporadas mediante lecturas presentan las contradicciones de manifestar que los hechos sucedieron a la una de la mañana en un camino en la montaña, sin claridad, no pudieron precisar que estaban haciendo, para donde iban y en qué lugar se situaron al momento de los hechos, contestando de forma irreverente uno de ellos que uno puede caminar a la hora que sea, pero la mayor contradicción en la valoración de las pruebas por Tribunal es que rompe con las reglas de la lógica, una premisa no puede ser la mitad verdadera y la mitad falsa, o es verdadera o es falsa, en que nos fundamentados para sostener este planteamiento, en el hecho que le dan credibilidad y valor probatorio a la declaraciones de los testigos identificados como A y B incorporadas mediante lectura, pero lo hacen fragmentando su valoración y tomando solo lo que abona a las interpretaciones subjetivas encaminadas a condenar a nuestros representados, porque los relatos de A y B son contradictorios entre sí, y además el testigo B introduce un aspecto relevante como es la circunstancia de que relata que el imputado Miguel Ángel recibió una herida por un golpe con machete que le propino el señor Luis García, quien se batió machete en mano y esto no fue considerado por los sentenciadores, contradicción evidente en sus razonamiento, porque las reglas de la lógica como lo expresamos anteriormente se sustenta en el hecho de que las premisas son verdaderas o falsas, no puede ser medianamente cierto o medianamente falso, este hecho rompe con las reglas del pensamiento humano, hemos demostrado en este motivo de casación que los argumentos del Tribunal de Sentencia son un castillo de arena que se derrumba con el más mínimo embate de las pruebas de la defensa, tal es así, que no permitieron realizar la reconstrucción de hechos. Por lo tanto, Honorable Sala, este motivo de casación está sobradamente demostrado, y daría pie al conceder el mismo, anular la sentencia recurrida, y siendo que el bloque de pruebas debe ser evaluado nuevamente, se debe ordenar repetir el debate, con un Tribunal diferente al que conoció el presente; por ser las infracciones al procedimiento propias de la redacción de la sentencia, no pudimos recurrir de las mismas más que por este recurso de Casación que estamos interponiendo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 117 numeral 1 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establecen los recurrentes que el tribunal sentenciador ocurrió en error al establecer en el hecho único probado, que concurre la circunstancia de alevosía en el tipo penal de asesinato, incurriendo en una infracción por aplicación errónea de este tipo penal, ya que esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue de manera imprevista, fulgurante y repentina o sea alevosa, ya que la misma no pudo haberse realizado de manera imprevista, fulgurante y repentina si la acción específica se realizo en campo libre, sumado a esto se encuentra que ninguna de las lesiones encontradas en el ofendido fueron en la espalda. Del delito de Asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan los derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho fundamental para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de asesinato. El delito de asesinato protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (parricidio o infanticidio); b. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir delito contra el Derecho de Gentes; y c. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según su estructura: a. Tipo penal especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (Homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento dar muerte; 2. Según su contenido: a. Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la alevosía. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar lo siguiente: Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas a su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y, 3. Alevosía de prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc. En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al avizorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la Premeditación. La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera implica planeamiento y por ende premeditación. (Ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp. 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persiste en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y, 3. Elemento psicológico: frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El examen del hecho único declarado probado por la sentencia impugnada de fecha 26 de junio de 2018, arroja como resultado la plena identificación de la modalidad criminosa contemplada en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, por lo que es esta la norma que debe ser aplicada al caso concreto, tal y como lo hiciera el tribunal de Sentencia. Conforme al hecho probado único, el cual fue transcrito Ut Supra, los juzgadores establecieron: 1. Los hechos ocurrieron en fecha 12 de marzo de 2016, a eso de la una de la mañana (01:00 a.m.), en el lugar conocido como los Robles, de la aldea El Tule, Municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara. 2. Los señores Miguel Ángel, Martín y José German todos de apellidos López Vargas, armados de machetes esperaban a Luís García Ramos. 3. Una vez al llegar al lugar fue rodeado y procedieron a asestarle varios machetazos, que le causaron múltiples heridas que le provocaron la muerte como consecuencia de trauma cráneo encefálico abierto, heridas contuso cortantes en miembros superiores e inferiores. Como lo explica el A quo, tal acción de dar muerte al señor Luis García Ramos, aniquilando cualquier posibilidad de defensa, al haberlo sorprendido y en grupo de tres contra él, lo que limita la posibilidad de reaccionar para defenderse, la situación de indefensión en que se encontraba Luís García aprovechada por sus agresores y asegurando la falta de riesgo para sus victimarios; criterio de los juzgadores que, a considerar lo declarado probado, es correcto, pues la circunstancia alevosa proditoria se origina por: *Momento del hecho: el hecho fue realizado a eso de la una de la mañana a fin de facilitar su consumación y huida.- *Forma de realizar el hecho: Los acusados como lo señala el hecho probado, armados de machetes esperan a Luís García Ramos, quien al llegar al lugar fue rodeado por los tres imputados y proceden a asestarle varios machetazos que le provocan la muerte.-*Número de participantes: El hecho fue realizado por tres (3) personas armadas con machetes: Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José German López Vásquez. Es claro entonces que el hecho fue resultado de una decisión producto de un razonamiento de la forma ideal de llevar a cabo el delito y de una situación psicológica de frialdad de ánimo para ejecutarlo tal como se había representado. Los hechos descritos permiten identificar la existencia de una alevosía proditoria, pues los hechos idearon una forma de ejecución que permitiese minimizar los riesgos de una posible defensa y además asegurar en una alta probabilidad el resultado ante la seguridad que los medios y forma elegidos le proporcionaron. Por lo anterior el motivo debe ser desestimado. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 198 y 199 en relación con el artículo 243 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: haber excluido del desarrollo del debate y en consecuencia de la sentencia una prueba decisoria para la averiguación de la verdad. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: El debate debe ser nuevamente reproducido. Establecen los recurrentes que el tribunal sentenciador quebranto el procedimiento, ya que en el debate excluyo la reconstrucción de hechos, en la que se presenta varias inconsistencias ya que fue solicitada por la defensa, propuesta que fue objetada por el Ministerio Público y en la que el tribunal se contradice, al decir que no era el momento procesal oportuno para admitirlo, que iba a conocer la prueba y del resultado de la prueba vamos a dejar abierto el espacio para evacuar o no dicho medio de prueba. Tal medio de prueba era vital ya que sería el único medio que llevaría a establecer la verdad. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Considera los peticionarios que el tribunal sentenciador excluyó prueba de valor decisivo como es la reconstrucción de hechos, ya que es una prueba decisoria para la averiguación de la verdad. La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el único motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar, posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Un detenido examen de los antecedentes revela que en la audiencia de proposición de pruebas (F12-F13) no se propuso la prueba de reconstrucción de hechos sino hasta la realización del juicio oral y público en la etapa incidental según artículo 320 del Código Procesal Penal (acta de debate F44 a F50), en donde la defensa pública propone la reconstrucción de hechos, considerante este elemento de prueba útil para establecer la verdad de los hechos, objetando en su momento el Ministerio Público dicha reconstrucción de hecho, estableciendo el Tribunal de Sentencia en su decisión de no admitirlo por no ser el momento procesal oportuno, estableciendo que van a conocer la prueba y del resultado de la prueba vamos a dejar abierto el espacio para evacuarlo o no dicho medio de prueba, pero en primer lugar el Tribunal no conoce la prueba y es necesario conocer ciertos elementos, aquí en la audiencia para poder decidir si la evacuamos o no, cediendo la palabra tanto al Ministerio Público y la Defensa Pública, en la que se dan por notificados.Por lo expuesto, esta Sala de lo Penal entiende que no admite la reconstrucción de hechos, y la condiciona, ante la cual la defensa guardó silencio, aceptando en forma tácita que se hiciera depender de la concurrencia de ciertas condiciones la práctica del medio probatorio antes relacionado, además no se desprende del acta de debate, oposición, ni reserva de casación de la defensa, ante la resolución de no admitir el medio de prueba de reconstrucción de hechos. En cualquier caso, esta Sala de lo Penal considera que no cabe hablar aquí de exclusión de prueba decisiva para la litis, en tanto que no se trata de una prueba desechada por ilícita sin serlo, o rechazada sin motivación alguna, como tampoco de omisión de toda referencia a ella, o de una prueba que habiendo sido admitida ha dejado de evacuarse, por las razones expuestas, y sin que conste en el acta de debate protesta alguna de la defensa. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal desestima el motivo de casación invocado por los recurrentes. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: No haber observado el Tribunal Sentenciador las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: El debate debe ser nuevamente reproducido. Establecen las recurrentes que el Tribunal Sentenciador no utilizó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, ya que la prueba de cargo tiene una serie de contradicciones y las mismas no se efectuaron bajo las reglas del debate oral que permitiera el contradictorio con el derecho de defensa a preguntar a los testigos de cargo, violentando el derecho consagrado de defensa, estableciendo además los recurrentes que la mayor contradicción en la valoración de las pruebas por el Tribunal es que rompe con las reglas de la lógica ya que una premisa no puede ser la mitad verdadera y la mitad falsa. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal, en el presente caso el alegato de la recurrente no es de recibo, pues no establece de manera precisa que se violenta las reglas de la sana critica, mencionado la regla de lógica y no desarrollándola ni estableciendo cuál de las leyes de la lógica dice haber violado el Tribunal sentenciador y en qué puntos considera no se observaron dichas reglas, sino que únicamente se circunscribe a realizar alegatos de instancia y por el contrario esta Sala de casación si advierte que no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. Decisión. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José German López Vásquez, una pena principal de reclusión de veinte (20) años de reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de Luís García Ramos, la que deberá cumplir en el establecimiento penal quedando sujeto a trabajar en obras públicas o labores del establecimiento conforme a la ley que regula el sistema penitenciario nacional, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el Decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Hugo Antonio Orellana Perdomo, conforme el CP-144-83 al ser de 20 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados Wilson Saúl Martínez Cardoza y Luz Angélica Smith Mejía, en su condición de defensor privado de los señores Miguel Ángel López Vásquez, Martín López Vásquez y José German López Vásquez , en la causa instruida por el delito de asesinato en perjuicio de Luis García Ramos. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 497-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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