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Sentencia CP-496-18 — Registro 15661

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de agosto de 2014, del Exp. 070-2012). Razón por la cual se declara sin lugar el motivo de Casación por quebrantamiento de forma alegado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Obdulio Rodríguez Rivera, una pena principal de quince (15) años, seis (6) meses de reclusión, por haber sido encontrado responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de G. R. R. C.. Conforme se señala en la sentencia, se estimó como agravante la siguiente: Estar vinculados el agraviado y el ofensor, por el matrimonio, la unión de hecho o ser entre si ascendientes o descendientes por consanguinidad o colaterales. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de violación (Art.249), debe imponerse una pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años de prisión, aumentada en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo ( empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de catorce (14) años) quedando una nueva pena de doce (12) a diecisiete (17) años cuatro meses de prisión; prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración hasta diez (10) años cuando la pena impuesta sea superior a los cinco (5) años; más las penas accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la patria potestad por el doble del tiempo de la duración de la condena (art.267); y anotación en el Registro de Agresores Sexuales del Juzgado de Ejecución competente, entre tanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas (Art. 267 NCP). Además de las penas accesorias de suspensión de la ciudadanía por disposición Constitucional (Art. 41.2) y de inhabilitación absoluta (Art.58) ambas por el tiempo de prisión. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado: el acusado José Obdulio Rodríguez Rivera, al momento de los hechos era mayor de edad, hondureño, padre de la menor ofendida de doce años de edad G. R. R. C. y labrador; teniendo la existencia de las circunstancias agravantes siguientes: ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza (Art.32 NCP); circunstancia de parentesco (Art.33), como atenuante, el no tener antecedentes penales (Art. 31 NCP). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé un marco abstracto de la pena dentro del cual se encuentra la pena individualizada que fue impuesta a los acusados conforme el decreto código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. .."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-496-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Obdulio Rodríguez Rivera, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor G. R. R. C., a la pena de quince años, seis meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor José Obdulio Rodríguez Rivera, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor José Obdulio Rodríguez Rivera. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Yobany Armando Valladares Aly, en su condición de defensor privado del señor José Obdulio Rodríguez Rivera, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Primero: Que el mes de octubre del año dos mil seis, en el interior de la casa de habitación que compartían el imputado José Obdulio Rodríguez Rivera, y la menor G. R. R. C. ubicada en barrio San Isidro del Municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara, cuando la menor G. R. R. C. tenía la edad de doce años, fue penetrada vaginalmente por su padre biológico, el señor José Obdulio Rodríguez Rivera.” Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Yobany Armando Valladares Aly, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Motivos de casación primer motivo: Por infracción de Precepto Constitucional. Segundo: motivo de casación: Por Quebrantamiento de forma. Primer motivo de casación: infracción de precepto constitucional. Precepto autorizante: Artículo 84 de la Constitución de la República. Explicación del motivo. La sentencia censurada en este acto viola el contenido del artículo 84 de la Constitución de la República, el cual literalmente dice: art... 84 ...Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente ... El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan y además la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección” la sentencia censurada es consecuencia de la audiencia en juicio oral y público realizado, en ese juicio oral, el presidente del Tribunal al abrir el debate tiene además, de la obligación de confirmar la presencia de las partes intervinientes, lo que le informara el secretario del tribunal, tiene la obligación sine gua non de realizar el acto de intimación hacia el imputado, esto es, el presidente luego de confirmada la presencia de las partes, informara al imputado de la importancia del acto que se está desarrollando exhortándole para que esté atento a lo que suceda en el juicio ...Esto para que el imputado no esté alejado mentalmente del hecho que le están juzgando y por lo mismo provoca indefensión del mismo imputado, en el caso de autos en el inicio del juicio oral el Presidente del Tribunal luego de verificada la presencia de las partes, paso inmediatamente al siguiente punto cual fue de darle o cederle la palabra al Fiscal para que en forma breve oral sumaria expusiera su planteamiento de conformidad a la formalización de la acusación .. jamás realizo el acto de intimación que conlleva específicamente el artículo 319 del Código Procesal Penal y contenido en el artículo 84 constitucional lo anterior se corrobora de una simple lectura de la primera página del acta de juicio oral que corre agregado en autos.- Esta acción es violatoria a todas luces del artículo 84 de la Constitución de la República y relacionado al artículo 319 del Código Procesal Penal, recuérdese que ese acto de la intimación es un requisito Sine Qua Non es una condición o ingrediente necesario y esencial de carácter obligatorio para la continuación del debate, esto violado por el mismo tribunal de Sentencias, esta defensa como elemento toral considera que el imputado no fue informado en el inicio del juicio oral y público los alcances de ese acto y con toda claridad, de sus derechos y de los hechos que se le imputan esto provoca indefensión. ...Acordémonos que las garantías enmarcadas en la Constitución de la República están en la cúspide de la pirámide del derecho interno de una nación por lo tanto su observancia es obligatoria, considero legal conceptuado igualmente en el artículo 82 de la Constitución de la República que instaura: El derecho de defensa es inviolable. Por lo anteriormente expuesto se considera que la sentencia impugnada viola evidentemente el artículo 84 de la Constitución de la República y contenido en el acto de intimación que obliga el artículo 319 del Código Procesal Penal y que fuera ampliamente relacionado en el presente motivo relacionado al artículo 82 de la misma Constitución de la República por lo que se ha juzgado a mi defendido en un abierto y flagrante irrespeto de las formalidades, derechos y garantías que establece la ley y específicamente lo que establece el Artículo 1ro del Código Procesal Penal que literalmente dice: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respecto estricto a los derechos del Imputado, ósea que el Honorable Tribunal de Sentencia en esta condena prácticamente actuó por presunciones violentando el debido proceso y otros preceptos legales. Agravio El agravio que se le causa a mi representado es haberlo privado de su libertad de manera ilegal al violarse preceptos Constitucionales y jurídicos debidamente establecidos. aplicación pretendida Que se declare la nulidad de la sentencia recurrida de fecha 11 de mayo del año 2018 para que sea dictada una nueva sentencia apegada a derecho. - El presente reclamo se hace por haberse incurrido en el vicio procesal denunciado en el juicio oral desarrollado que sirvió como base a la sentencia ahora recurrida.” Continúa manifestando el recurrente en su segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. Precepto autorizante: artículo 336 del código de procedimientos penales. Explicación del motivo. La prueba de cargo en todo proceso penal debe ser directa, en principio, circunstancial e indiciaria, al referirnos a la prueba directa nos referimos que el tribunal debe verificar e identificar objetivamente lo sucedido por quienes son parte en el juicio, por el análisis de las declaraciones, prueba científicas aportada, huellas, restos y vestigios hallados o dejados, el tiempo trascurrido de la denuncia, si las pruebas son recientes o son extemporáneas por el transcurso del tiempo, si la persona rinde declaración objetiva y si el Ministerio Publico realizo las investigaciones correctas, asimismo valorando el grado de madurez de la persona, hacer análisis, si la primera declaración existe madurez y en la segunda declaración siendo una persona mayor de veintiún años pudo cambiar su versión, otras circunstancias que pudieron ser ocasionadas al no poner la denuncia en su momento con lo cual el tribunal se formaría un criterio humano mediante un proceso mental razonado, una operación lógica, que consiste en un razonamiento inductivo cuyo contenido ha de reflejarse en la sentencia en el caso de autos la sentencia impugnada infringe el artículo 336 del Código Procesal Penal, pues a la supuesta ofendida G. R. R. C. el tribunal, al recibir su testimonio le hace una serie de preguntas que no aparecen en la sentencia, como el interrogatorio de preguntas hechas por el representante del Ministerio Publico, como el interrogatorio de preguntas hechas por la defensa, que debió de establecerse en la sentencia que se pide la nulidad cuya apreciación del Tribunal en esta sentencia son incongruentes con la fundación fáctica del resultado, al no tomar en cuenta otros aspectos mencionados por la supuesta ofendida en su declaración ofendida estos aspectos no fueron probados por el ministerio público ni tomados en cuenta por el Tribunal: Si en la fecha cuando tenía siete años verificar si su madre cayó enferma, probar que esta menor en ese entonces se quedaba sola con su padre y él siempre le rosaba la vulva con el pene y su mama no se daba cuenta porque tomaba medicamentos. Verificar si en la vivienda vivía con sus dos hermanos porque no se les tomo la declaración para probar ¿si era cierto que como a las seis de la tarde su padre los mando a jugar futbol a uno y al otro a donde un vecino a traer comida y sangro bastante? Si su madre estaba en el mismo cuarto y porque no se dio cuenta, no se acredito que medicamento tomaba, si a los catorce años salió embarazada y la llevo donde un señor llamado Denis para que abortara porque el Ministerio Publico no investigo a esta persona para consolidar los extremos de la denuncia.- el segundo supuesto aborto dice que sangro mucho y seguía abusando de ella y fue atendida en el Centro de Salud Pública del Municipio de San Luis Santa Bárbara porque no se constató este hecho. no se constató que abogada le dijo que lo denunciara a la madre de la supuesta ofendida cómo es posible que se le de credibilidad a estas declaraciones ya que el ministerio público ni tan siquiera investigo cual era el nombre correcto de la persona que le provoco el primer aborto, asimismo no investigo en el centro de salud si la ofendida había sido atendida en ese centro de salud esto para corroborar la denuncia interpuesta, Estas declaraciones no pueden ser contundentes en virtud que el Ministerio Publico no hizo las investigaciones de las misma teniendo todos los medios y logística para realizar las investigaciones, y el tribunal de sentencia en esta sentencia prejuzga y ordena de forma arbitraria y le da credibilidad a la misma y no es cierto que estén acreditados los hechos declarados probados por lo que se recurre a esta sentencia. En esta sentencia no aparece interrogatorio del representante de la fiscalía, no aparece el interrogatorio del Presiente del Tribunal de Sentencia, ni el interrogatorio de la defensa, ósea que estos extremos debieron ser consignados en la sentencia como requisitos de la misma. El tribunal al hacer un examen exhaustivo de todos estos elementos devino en aplicar el contenido del artículo 336 del Código Procesal Penal que a la letra señala Art. 336 normas para la deliberación y la votación: El tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate las que se hayan apreciado en su conjunto y de acuerdo a la regla de la sana critica. El Tribunal de sentencias deliberara y votara respecto de todas las cuestiones debatidas en la primera fase del juicio oral según el siguiente orden: 1...2.-Las relativas a la existencia del hecho, su calificación y demás circunstancias del delito, a la participación que en el haya tenido al imputado y a los casos de concurso de leyes o delitos… El Tribunal de Sentencias debió sujetarse a los parámetros de la sana critica racional y entre sus reglas encontramos las reglas del entendimiento humano como la lógica, la psicología y la experiencia común, al valorar las pruebas conforme a la sana critica el tribunal debe tener en cuenta las leyes de la lógica: como ser la ley de la identidad, ley de contradicción, Ley del Tercer Excluido y la Ley de la Razón suficiente así: La sentencia reclamada viola los siguientes conceptos: Ley de Identidad: El Tribunal no aprecio la prueba relacionando todo lo relativo AL delito, como por ejemplo el Dictamen Médico propuesto como prueba documental por parte el agente investigador por lo que el agente Fiscal se vuelve contradictorio y que conste que la prueba científica está por encima de todas las pruebas y todas las pruebas aportadas tanto del Trabajador Social como la prueba Psicológica son extemporáneas a la fecha que supuestamente ocurrieron los hechos a la fecha que realizaron su trabajo y o se le puede dar credibilidad, asimismo el tribunal no se pronunció de la declaración hecha por mi defendido ni le dieron ningún valor, y estas circunstancias se consideran violatorias al derecho a la defensa como al debido proceso.-Y todo la prueba aportada por el Ministerio Público son contradictorias en tiempo y espacio.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe anunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Primer Motivo Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 84 de la Constitución de la República en relación al artículo 319 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Informar al imputado de la importancia del acto que se está desarrollando, exhortándole para que este atento a lo que suceda en el juicio; Reclamación ex ante: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, para que sea dictada una nueva sentencia que apegada a derecho. Establece el recurrente que el Presidente del Tribunal luego de verificada la presencia de las partes, pasó inmediatamente al siguiente punto, cual fue darle o cederle la palabra al fiscal, para que en forma breve, oral y sumaria expusiera su planteamiento de conformidad a la formalización de la acusación, pero jamás realizó el acto de intimación que conlleva específicamente el artículo 319 del Código Procesal Penal y contenido en el artículo 84 constitucional, lo anterior se corrobora de una simple lectura de la primera página del acta de juicio oral que corre agregado en autos. Esta acción es violatoria a todas luces del artículo 84 de la Constitución de la República y relacionado al artículo 319 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. El pretensor plantea que el Presidente del Tribunal luego de verificada la presencia de las partes, pasó inmediatamente al siguiente punto cual fue darle o cederle la palabra al fiscal, para que en forma breve, oral y sumaria expusiera su planteamiento de conformidad a la formalización de la acusación, pero jamás realizó el acto de intimación que conlleva específicamente el artículo 319 del Código Procesal Penal y contenido en el artículo 84 constitucional, que lo anterior se corrobora de una simple lectura de la primera página del acta de juicio oral que corre agregado en autos, que con esta acción se violenta el artículo 84 de la Constitución de la República en relación al artículo 319 del Código Procesal Penal. Al examinar las diligencias, esta Sala de lo Penal ha constatado que no ha existido violación del artículo 84 de la Constitución de la República, mismo que establece: “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y, además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.” Motivo que ha relacionado el recurrente como infringido en relación a lo determinado en el artículo 319 del Código Procesal Penal, que instituye: “El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Iniciada ésta y a falta de conformidad del imputado con la acusación, el presidente comprobará la presencia de las partes y de los testigos, peritos e intérpretes, en su caso. Cuando sea previsible que el debate se prolongue más de una sesión, el tribunal, oyendo a las partes, podrá disponer que se cite a cada perito o testigo para el día y hora que corresponda dentro del calendario de sesiones que se establezca. Inmediatamente, declarará abierto el debate y después concederá la palabra, por su orden, al fiscal y al acusador privado, en su caso, y al defensor, para que expongan oralmente y en forma breve y sumaria las posiciones planteadas en la formalización de la acusación y en la contestación de cargos.” Debe tenerse en consideración que una vez que el señor José Obdulio Rodríguez Rivera, realizó su presentación voluntaria, en fecha 02 de agosto 2012 (F.26) le fueron respetados todos sus derechos y le fue seguido el proceso apegado a la garantía del debido proceso, sin que se pueda desprender del mismo una lesión material al derecho de defensa ya que fue informado de las razones de su detención y de los derechos que le asistían, así como el haber sido asistido por un abogado; de la misma manera se le dio la oportunidad de presentar medios de prueba, no haciendo uso de su derecho de corroborar su declaración (F. 13 tomo II). Observamos que el juicio oral y público, se llevó a cabo respetándose también el estado de inocencia, se refleja en el acta de debate que: “el presidente del tribunal informa a José Obdulio Rodriguez Rivera sobre sus derechos” (F.71), disponiendo el a-quo en la audiencia de juicio del mínimo de actividad probatoria (F.71 tomo II), en el cual proporcionó sus datos generales y se puede observar que rindió su declaración y no se observa que exista manifestación de la defensa, en la que exponga reclamación por omisión del presidente del tribunal de sentencia en sus funciones; en las que se hubiere coartado los derechos al acusado, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales. El presidente del Tribunal de Sentencia ha actuado conforme a ley informando al acusado de la totalidad de los derechos que le asisten, por lo que el proceso cumple con las formalidades establecidas en la normas primarias y secundarias, no es posible hacer trascender esa irregularidad, pues, en consecuencia, de lo anterior no se aprecia la Vulneración al Precepto Constitucional alegado por la defensa en el primer motivo del recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio iura novit curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Segundo Motivo. Norma Autorizante Citada: Artículo 336 del Código de Procedimientos Penales; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; Concepto de la infracción: Infracción a las reglas del entendimiento humano como la lógica la psicología, la experiencia común y la ley de identidad; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 336 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, para que sea dictada una nueva sentencia que apegada a derecho. Establece el recurrente que a la supuesta ofendida G. R. R. C., el tribunal al recibir su testimonio le hace una serie de preguntas que no aparecen en la sentencia, como el interrogatorio de preguntas hechas por el representante del Ministerio Publico, como el interrogatorio de preguntas hechas por la defensa, que debió establecerse en la sentencia que se pide la nulidad cuya apreciación del Tribunal en esta sentencia son incongruentes con la fundamentación fáctica del resultado, al no tomar en cuenta otros aspectos mencionados por la supuesta ofendida en su declaración, estos aspectos no fueron probados, por el ministerio público ni tomados en cuenta por el Tribunal De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…[1]” Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa, señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.[2] El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Segundo Motivo. El motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. En el caso de autos el recurrente no señala con exactitud cuál es la regla de la sana critica considera fue violentada por el tribunal de sentencia, ni como tal violación tiene repercusión determinante en la decisión de fondo adoptada.- La Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal respecto a que la falta de indicación de la regla específica de la sana crítica en el recurso produce como resultado la imposibilidad de resolución del recurso; así en las sentencias del 16 de noviembre de 2009 en el Exp 396-2007, del 11 de diciembre de 2009 en el Exp 136-2008, del 22 de marzo de 2011 en el Exp 387-2008, del 20 de octubre de 2011 en el Exp 360-2009, del 24 de agosto de 2010 en el Exp 023-2010, entre otras.- Específicamente este Tribunal de Casación ha señalado: “Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de agosto de 2014, del Exp. 070-2012). Razón por la cual se declara sin lugar el motivo de Casación por quebrantamiento de forma alegado. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Se declara no ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Obdulio Rodríguez Rivera, una pena principal de quince (15) años, seis (6) meses de reclusión, por haber sido encontrado responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de G. R. R. C.. Conforme se señala en la sentencia, se estimó como agravante la siguiente: Estar vinculados el agraviado y el ofensor, por el matrimonio, la unión de hecho o ser entre si ascendientes o descendientes por consanguinidad o colaterales. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de violación (Art.249), debe imponerse una pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años de prisión, aumentada en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo ( empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de catorce (14) años) quedando una nueva pena de doce (12) a diecisiete (17) años cuatro meses de prisión; prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración hasta diez (10) años cuando la pena impuesta sea superior a los cinco (5) años; más las penas accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la patria potestad por el doble del tiempo de la duración de la condena (art.267); y anotación en el Registro de Agresores Sexuales del Juzgado de Ejecución competente, entre tanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas (Art. 267 NCP). Además de las penas accesorias de suspensión de la ciudadanía por disposición Constitucional (Art. 41.2) y de inhabilitación absoluta (Art.58) ambas por el tiempo de prisión. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado: el acusado José Obdulio Rodríguez Rivera, al momento de los hechos era mayor de edad, hondureño, padre de la menor ofendida de doce años de edad G. R. R. C. y labrador; teniendo la existencia de las circunstancias agravantes siguientes: ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza (Art.32 NCP); circunstancia de parentesco (Art.33), como atenuante, el no tener antecedentes penales (Art. 31 NCP). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé un marco abstracto de la pena dentro del cual se encuentra la pena individualizada que fue impuesta a los acusados conforme el decreto código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Yobany Armando Valladares Aly, defensor privado, en la causa instruida contra el procesado José Obdulio Rodríguez Rivera, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor G. R. R. C.. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado José Obdulio Rodríguez Rivera. Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, -Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. - Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. -Firma y Sello. – Michelle Alessandra Izaguirre Colindres -Receptora Adscrita. Secretaria General.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 496-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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[1] Ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal y Exp 88-09 de fecha 20 de octubre del 2011.

[2] Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156.