Sentencia CP-491-18 — Registro 14246
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de Presunción de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el tribunal le concede valor probatorio al Testigo Protegido denominado Alfa, único testigo que incrimina directamente al acusado señor Miguel Ángel Interiano Melgar, en la muerte violenta del señor Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G.. Estima que la declaración del testigo protegido Alfa genera duda sobre si en verdad observó al acusado cometer el hecho, al incurrir en incongruencias. Estima que la declaración de este testigo que incrimina al acusado no es suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado, pues genera duda racional, la que no tomaron en cuenta los juzgadores. Reprocha que, si bien el tribunal dio credibilidad a la declaración del testigo Ángel Cecilio Ochoa Erazo, este es testigo de referencia, por lo que pierde valor. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenar al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, por el delito de Asesinato en perjuicio de Belizario Vásquez Flores y Lilian Yolibeth Vásquez Gutiérrez, ha sido constitucionalmente obtenida, incorporada lícitamente al juicio oral. Concretamente, el tribunal ha utilizado como medios de prueba: declaración del Testigo Protegido denominado Alfa, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, corroborada por lo declarado por el testigo de referencia Agente Ángel Cecilio Ochoa Erazo, asignado a la Dirección Policial de Investigación, encargado de la investigación del presente caso, y de los medios de prueba de cargo siguientes: 1) Prueba Documental: Dos certificados de defunción de los ahora occisos Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G., tres actas de nacimiento que corresponden al acusado y los occisos, dos actas de levantamiento de cadáver, ratificadas por la Doctora Milady Díaz Molina, del occiso Belizario Vásquez Flores, que hace constar que falleció a consecuencia de varios disparos de arma de fuego tipo pistola o sub ametralladora; y del cadáver de L. Y. V. G., que hace constar que falleció también a consecuencia de varios disparos de arma de fuego, acta de inspección ocular ratificada por el Agente Ángel Antonio López López, en la escena del delito, que determina el hallazgo de los cuerpos de quien en vida fueran Belizario Vásquez Flores y la joven L. Y. V. G., y que hace constar que en la requisa de la escena del delito se encontró. revestimiento de bala color café, tres casquillos color amarillo que en su base se lee Águila 9 mm, inmediato al lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, asimismo Prueba Pericial consistente en los dictámenes de autopsia del señor Belizario Vásquez Flores que hace constar: presentaba diecisiete heridas de proyectiles de arma de fuego, del cuerpo se extrajeron diez elementos metálicos, cinco de calibre 9 mm y cinco de calibre desconocido, causa de la muerte laceración pulmonar con hemotórax. Y dos dictámenes de autopsia practicados al cadáver de la joven L. Y. V. G., que presentó tres heridas de proyectil de arma de fuego que produjeron laceración cerebral, y con el hallazgo de tres elementos metálicos uno calibre 9 mm disparado por pistola o sub ametralladora y los otros dos sin lograr identificar el calibre, medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Miguel Ángel Interiano Melgar en el delito de que se le acusa. Por todo lo anterior, esta Sala considera que en este caso, el acusado ha sido sometido a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de presunción de inocencia en que ha sido encontrado culpable del delito de que se le juzga debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra, por lo que concluye que la sentencia impugnada no ha infringido el precepto constitucional que garantiza el derecho de presunción de inocencia consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República, ni de las leyes de referencia..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, al valorar los siguientes medios de prueba al testigo de cargo, denominado Testigo protegido Alfa, al que el tribunal de sentencia le da total credibilidad probatoria al considerarla contundente, y considerar que no expone una razón suficiente para dotarlo de credibilidad debido a todas sus incongruencias. Y por considerar que al valorar los testigos de la defensa señores Samuel Arita y Fidel Interiano, el tribunal de sentencia viola el principio lógico de la derivación, al no darles credibilidad. Esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio al dotar de suficiente credibilidad a lo declarado por el Testigo protegido denominado Alfa, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí, pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, al estar constituida por inferencias razonables deducidas de las pruebas de cargo siguientes: declaración rendida por el testigo de referencia Agente Ángel Cecilio Ochoa Erazo, asignado a la Dirección Policial de Investigación, encargado de la investigación del presente caso, y de los medios de prueba de cargo siguientes: 1) Prueba Documental: Dos certificados de defunción de los ahora occisos Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G., tres actas de nacimiento que corresponden al acusado y los occisos, dos actas de levantamiento de cadáver, ratificadas por la Doctora Milady Díaz Molina, del occiso Belizario Vásquez Flores, que hace constar que falleció a consecuencia de varios disparos de arma de fuego tipo pistola o sub ametralladora; y del cadáver de L. Y. V. Gutiérrez, que hace constar que falleció también a consecuencia de varios disparos de arma de fuego, acta de inspección ocular ratificada por el Agente Ángel Antonio López López, en la escena del delito, que determina el hallazgo de los cuerpos de quien en vida fueran Belizario Vásquez Flores y la joven L. Y. V. G., y que hace constar que en la requisa de la escena del delito se encontró. revestimiento de bala color café, tres casquillos color amarillo que en su base se lee Águila 9 mm, inmediato al lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, asimismo Prueba Pericial consistente en los dictámenes de autopsia del señor Belizario Vásquez Flores que hace constar: presentaba diecisiete heridas de proyectiles de arma de fuego, del cuerpo se extrajeron diez elementos metálicos, cinco de calibre 9 mm y cinco de calibre desconocido, causa de la muerte laceración pulmonar con hemotórax. Y dos dictámenes de autopsia practicados al cadáver de la joven L. Y. V. G., que presentó tres heridas de proyectil de arma de fuego que produjeron laceración cerebral, y con el hallazgo de tres elementos metálicos uno calibre 9 mm disparado por pistola o sub ametralladora y los otros dos sin lograr identificar el calibre, medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Miguel Ángel Interiano Melgar en el delito del que se le acusa y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando. En el presente caso, la prueba de descargo consistente en las declaraciones de los testigos Samuel Arita y Fidel Interiano, al ser contradictorias con la prueba de cargo vertidas en juicio por parte del Fiscal, a las que el A quo le ha otorgado credibilidad. Esta sala considera que son lógicos, coherentes y suficientes los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio para restarles credibilidad y valor probatorio a la prueba de descargo. Por lo anterior, esta sala concluye que en el presente caso, el A quo no ha violado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba incorporada al juicio..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL C. P. DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.
Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Belizario Vásquez Flores; y en la que también se le impuso al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Lilibeth Yolibeth Vásquez Gutiérrez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En concurso real de delitos, sumadas las penas impuestas por los dos delitos de asesinato impuestas al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, este deberá cumplir una pena acumulada de 40 años de reclusión, sin embargo, la duración máxima de las penas acumuladas por varios delitos, conforme al límite legal, no podría en ningún caso exceder de 30 años de reclusión. (art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87).0 Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Miguel Ángel Interiano Melgar como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente, con una pena abstracta para cada delito de asesinato con la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, e conforme al artículo 192 primer párrafo del Código Penal. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en el caso que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el máximo de cumplimiento de la pena es de 40 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva al señor Miguel Ángel Interiano Melgar de la nueva legislación penal, ya que no representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “ Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, han pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-491-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Belizario Vásquez Flores, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la menor L. Y. V. G., a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, responsable civilmente. Cuarto: No se decretó el comiso. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes: Los Abogados Sergio Antonio Reyes Mejía y José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensores privados del señor Miguel Ángel Interiano Aguilar, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados“UNO: El día Domingo treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciséis (2016), como a eso de las seis con treinta minutos de la tarde, en el caserío Las Pilas del municipio de Florida, Copán, transitaba por un camino real con destino a su casa de habitación el señor BELIZARIO VASQUEZ FLORES acompañado de su hija de catorce años de edad L. Y. V. G., de pronto fueron sorprendidos por un vehículo color rojo que se les atravesó en el camino del cual se bajaron del lado del copiloto el señor MIGUEL ÁNGEL INTERIANÓ MELGAR, quien se hacía acompañar de una persona no identificada que conducía el vehículo, quienes portaban armas de fuego en sus manos y sin mediar palabra dispararon contra la humanidad del señor BELIZARIO VASQUEZ FLORES y la menor de edad L. Y. V. G., Una vez efectuado el hecho el acusado MIGUEL ÁNGEL INTERIANÓ MELGAR con su acompañante subieron nuevamente al vehículo en el cual de trasportaban regresando por el lugar donde venían con destino al municipio de Florida, Copán. DOS: Luego se comprobó según los dictámenes de Autopsia que el cuerpo del señor BELIZARIO VASQUEZ FLORES presentaba diecisiete heridas de proyectil disparados por arma de fuego, que le produjo laceración pulmonar con hemotórax, por su parte el cuerpo de la menor de edad L. Y. V. G. presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego que le produjo traumatismo cráneo encefálico abierto con laceración cerebral, heridas por las cuales fallecieron inmediatamente.- Una vez hechas las diligencias de mérito el señor Miguel Ángel Interiano Melgar fue aprehendido y puesto a la orden de la autoridad judicial para su enjuiciamiento por los hechos en referencia.” RECURSO DE CASACIÓN. Los Recurrentes Abogados Sergio Antonio Reyes Mejía y José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensores privados del señor Miguel Ángel Interiano Aguilar, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal, el cual establece que “En todos los casos en que, con arreglo a este código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, infracción de precepto constitucional.” MOTIVO ÚNICO: Para efectos de este motivo se cita como infringidos los artículos Constitucionales: 89 que garantiza que “Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho de la presunción o estado de inocencia se violenta en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que, todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas establecidas por ese código; relacionados con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, el cual también se considera infringido y que establece en qué casos debe dictarse una sentencia absolutoria. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El tribunal, al dictar una sentencia condenatoria violó lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, el cual manda que, si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará una sentencia absolutoria asimismo será absuelto en caso de duda razonable. Lo anterior es porque después de haberse realizado el debate y deliberar, el tribunal consideró darle valor probatorio positivo al testigo protegido denominado Alfa, único testigo que directamente incrimina a nuestro representado, el señor Miguel Ángel Interiano Melgar, en la muerte violenta del señor Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G., sin embargo, la declaración de este testigo genera duda en relación a que, si el mismo en verdad observó a nuestro defendido cometer el hecho, por las circunstancias siguientes, que el tribunal sentenciador omitió en su sentencia: 1) Dijo que, los hechos sucedieron a las seis y media de la tarde del 31 de enero de 2016, (para esa fecha y a esa Hora ya es oscuro). 2) Dijo que observó los hechos a una distancia de por lo menos 100, metros o sea que no fue a menos de esa distancia. 3) Dijo que, la persona que aseguró ser el señor Miguel Ángel Interiano Melgar, vestía pantalón gris, andaba con sombrero y con burros café, y que disparó con arma de fuego, tipo escuadra. 4) De la otra persona que, dijo también participó en el hecho, no se fijó en ningún detalle. 5) Expresó que no se fijó en detalles del vehículo, en el que se transportaban los atacantes, siendo este un objeto de mayor tamaño que los que describió. 6) Otro aspecto que el tribunal no tomó en cuenta, relacionado con este testigo, es que dijo que, la policía llego al lugar de los hechos (después de sucedidos los mismos), a las seis de la tarde pero dijo que, los hechos habían sucedido a las seis y media de la tarde, ante esta incongruencia dijo el testigo que, se había equivocado. El tribunal sentenciador debió de aplicar la experiencia, y al valorar esta declaración, situarse como un observador objetivo, y concluir que, siendo las seis y media de la tarde de un 31 de enero, ya esta oscuro, y que, en esa circunstancia y a una distancia de cien metros, es difícil que se pueda identificar a una persona, máxime si anda con sombrero, también es casi imposible que se puedan observar con precisión detalles como, el tipo y color de los zapatos y el tipo de arma de fuego con la que dice disparó el señor Miguel Ángel Interiano Melgar, tal y como no pudo identificar estas características en la otra persona. También cómo es posible que, este testigo no haya podido dar más características que el color del vehículo, del que, se bajaron según él las dos personas, que cometieron el hecho, siendo este un objeto de mayor tamaño que un arma de fuego o un par de Zapatos. Con todas estas incongruencias, el tribunal sentenciador no debió de creer en lo que, el testigo alfa declaró o por lo menos dudar de lo que dijo y siendo que, él es el único que incrimina a nuestro representado, debió de dictar una sentencia absolutoria. Como Podrá observar la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que si bien, existe la declaración de este testigo, que incrimina a nuestro representado, la misma, por los motivos antes expuestos, no es suficiente para enervar el estado de inocencia del mismo, pues genera duda racional, duda que no tomaron en cuenta los juzgadores, y si bien se dio la declaración del señor Ángel Cecilio Ochoa Erazo, el mismo es un testigo de referencia del testigo protegido Alfa, por ende al generar duda la declaración del testigo protegido Alfa, pierde su valor la declaración del testigo Ochoa Erazo. El tribunal al darle credibilidad a este testigo de la forma en que lo hizo también violenta el principio constitucional del debido proceso, al no tomar en cuenta lo dispuesto en el precepto 336 primer párrafo del Código Procesal Penal, mismo al que nos hemos referido. Sobre lo alegado en este motivo, no se presentó reclamo alguno, ante el Tribunal de Sentencia de la Entrada, Nueva Arcadia Copán, pues la infracción de los preceptos constitucionales se dio en la sentencia que se recurre.”IV.- Continúan manifestando los Recurrentes en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. MOTIVO ÚNICO: Que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. EXPLICACION DEL MOTIVO: No obstante haber expuesto en el motivo anterior que hubo infracción de preceptos constitucionales, además de eso, el tribunal de sentencia, al valorar la prueba de cargo y de descargo, violó, la regla de la sana crítica de la lógica, en su postulado de la derivación. Con relación al testigo de cargo, protegido identificado como Alfa, en el ordinar primero de la valoración de la prueba, expuso el tribunal que, este declaró: que él estaba sacando la cosecha cuando vio un carro rojo y vio al muchacho y la muchacha caminando frente a un potrero, el carro se les atravesó, del cual salieron dos individuos armados, uno con arma larga y el otro portaba una escuadra, y les dispararon sin mediar palabras, los terminaron, se subieron al carro, salieron para el lado de Florida, quedándose allí tranquilo acostado, de ahí llego llegó la policía, y le tomaron datos, como había sido la muerte y de la investigación. Al interrogatorio dijo que, el hecho sucedió en Las Pilas, Florida, Copán, cuando dos sujetos se transportaban en un carro rojo, que un individuo al que no conocía de tez trigueña, alto gordito conducía el carro, de ayudante andaba Miguel Interiano y al bajarse fue el primero que disparó contra la humanidad de Belizario Vásquez Flores. Luego el tribunal en el numeral quinto de la valoración de la sentencia establece que, le da total credibilidad probatoria a la prueba del ente acusador y hace énfasis en la declaración del testigo ALFA, al considerarla contundente, por haber narrado, sin dejar duda alguna de sus apreciaciones y que la misma declaración se vuelve verosímil, con relación a la prueba pericial, al establecer la cantidad de heridas que presentaba el cuerpo del señor Belizario Vásquez Flores, así como los resultados de los indicios encontrados en el cuerpo de las víctimas, que resultaron ser, según los laboratorios de balística, cinco de esos elementos metálicos, de calibre 9mm, y que fueron disparados por pistola o sub ametralladora así como también haber encontrado residuos de pólvora en la camisa del occiso, extremos que ratifica lo dicho por el testigo protegido, al dejar acreditado en juicio que, el señor Miguel Ángel Interiano Melgar disparó sin mediar palabra contra de la humanidad de los occisos, con una arma de fuego tipo escuadra, así como refiere que se utilizó otro tipo de arma en el hecho, la cual era portada por el otro sujeto quien conducía el vehículo. El tribunal le da credibilidad a este testigo únicamente porque la prueba pericial concluye que, la causa de muerte de los ofendidos fue por heridas por proyectiles de arma de fuego, y que además por lo elementos metálicos que se extrajo de los ofendidos, que en el caso del señor Belizario Vásquez Flores, resultaron ser cinco ojivas o balas del calibre 9 mm, disparados por pistola o sub ametralladora y otros cinco elementos metálicos que, no se logró establecer calibre ni tipo de arma que los disparó; de toda esta prueba científica no hay duda; pero no es una razón verdadera para concluir que el testigo protegido Alfa, es creíble, porque coincide o es coherente con la prueba pericial, que aunque no especifica el tribunal a que prueba pericial se refiere, entendemos que se trata de los dictámenes de autopsia, pues estos dictámenes no pueden ser concordante con la declaración del testigo Alfa ya que, los mismos dictámenes únicamente refieren, causa de muerte, manera de muerte, lesiones en las victimas, objeto que las provocó, no se refieren a la participación de persona alguna en los hechos ni forma en que sucedieron los hechos. Entonces no hay razón suficiente para que el tribunal crea que, lo que el testigo declaró está apegado a la realidad, tomando en consideración además todas las incongruencias de este testigo, que ya explicamos en el motivo anterior ya que para no ser repetitivos, no los explicamos de nuevo. Todo lo anterior demuestra que el testigo al cual el tribunal considera creíble, en verdad no lo es. No tiene razón el tribunal al concluir, en verdad no lo es: No tiene razón el tribunal al concluir que es concordante lo que el testigo declaró con la prueba pericial, y que por eso le da credibilidad; pues el principio lógico de la derivación, exige que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir la conclusión, lo cual no es posible con el razonamiento utilizado por el tribunal con relación al testigo protegido Alfa. Con relación a los testigos de la defensa, el tribunal de sentencia, al valorar los mismos, viola el mismo principio lógico de la derivación, al no darle valor alguno a los testigos de la defensa, Samuel Arita y Fidel Interiano, exponiendo sobre estos testigos, que no consiguen ser valorados en sentido exculpatorio y que, según el tribunal es entendible que tratan de favorecer al imputado con sus dichos, el primero por ser compañero de trabajo y el segundo por ser su padre; aduce el tribunal de que no son consistentes entre si, al señalar las horas en que estuvieron en casa del padre del imputado, lo cual no es cierto, pues ambos testigo si son concordantes tanto en la fecha como en la hora en que estuvieron en casa del señor Miguel Ángel Interiano Melgar se fue para su casa. Tampoco es valedero el razonamiento de que, no se toman en cuenta, por ser el primero compañero de trabajo y el segundo ser el padre del imputado, para o creer en dichos testigos, pues aunque tengan esa condición si son testigos que presenciaron esos hechos que narran, se les debe dar credibilidad. Con relación al testigo José Vicente Chacón López, quien es testigo presencial, no explica el tribunal el motivo por el cual no le da credibilidad, se limita a que les llama la atención que el mismo al presenciar un hecho tan doloroso por ser oriundo del lugar no aviso a los familiares a quienes debía de conocer y que prefirió irse a dormir a una barraca en vez de seguir su camino a casa. No puede el tribunal suponer que el testigo Chacón López conocía a los familiares de los ofendidos, pero suponiendo de que el testigo conocía a los familiares de las ofendidas, y que no les haya informado del hecho, no es una inferencia razonable para no creer en lo dicho por este testigo. Sobre lo alegado en este motivo, no se presentó reclamo alguno, ante el Tribunal de Sentencia de la Entrada, Nueva Arcadia Copán, pues el vicio señalado se dio en la sentencia que se recurre.” Fundamentación
Infracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso.
Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen: Cita como infringido el artículo Constitucional 89 que garantiza: “Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas establecidas por ese código” y relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal que establece los casos en que debe dictarse una sentencia absolutoria. después de haberse realizado el debate. El tribunal considera darle valor probatorio positivo al Testigo Protegido denominado Alfa, único testigo que directamente incrimina al acusado señor Miguel Ángel Interiano Melgar, en la muerte violenta del señor Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G.. La declaración de este testigo genera duda de si en verdad observó al acusado cometer el hecho, por considerar que siendo las seis y media de la tarde de un 31 de enero, ya estaba oscuro y que, en esa circunstancia y a una distancia de cien metros, es difícil que se pueda identificar a una persona, máxime si anda con sombrero, también es casi imposible que se puedan observar con precisión detalles como, el tipo y color de los zapatos y el tipo de arma de fuego con la que dice disparó el señor Miguel Ángel Interiano Melgar, tal y como no pudo identificar estas características en la otra persona. Y cómo es posible que este testigo no haya podido dar más características que el color del vehículo del que se bajaron -según él- las dos personas que cometieron el hecho, siendo éste un objeto de mayor tamaño que un arma de fuego o un par de zapatos. Incongruencias por las que el tribunal sentenciador no debió creer lo que declaró el testigo alfa o por lo menos dudar de lo que dijo, siendo que es el único que incrimina al acusado, por lo que debió dictar una sentencia absolutoria. La declaración de este testigo, que incrimina al acusado no es suficiente para enervar el estado de inocencia del mismo, pues genera duda racional, duda que no tomaron en cuenta los juzgadores, y si bien se dio credibilidad a la declaración del testigo Ángel Cecilio Ochoa Erazo, este es testigo de referencia, al generar duda la declaración del testigo protegido Alfa, pierde valor la declaración del testigo de referencia. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico Para el examen de la Presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De la procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de Presunción de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el tribunal le concede valor probatorio al Testigo Protegido denominado Alfa, único testigo que incrimina directamente al acusado señor Miguel Ángel Interiano Melgar, en la muerte violenta del señor Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G.. Estima que la declaración del testigo protegido Alfa genera duda sobre si en verdad observó al acusado cometer el hecho, al incurrir en incongruencias. Estima que la declaración de este testigo que incrimina al acusado no es suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado, pues genera duda racional, la que no tomaron en cuenta los juzgadores. Reprocha que, si bien el tribunal dio credibilidad a la declaración del testigo Ángel Cecilio Ochoa Erazo, este es testigo de referencia, por lo que pierde valor. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenar al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, por el delito de Asesinato en perjuicio de Belizario Vásquez Flores y Lilian Yolibeth Vásquez Gutiérrez, ha sido constitucionalmente obtenida, incorporada lícitamente al juicio oral. Concretamente, el tribunal ha utilizado como medios de prueba: declaración del Testigo Protegido denominado Alfa, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, corroborada por lo declarado por el testigo de referencia Agente Ángel Cecilio Ochoa Erazo, asignado a la Dirección Policial de Investigación, encargado de la investigación del presente caso, y de los medios de prueba de cargo siguientes: 1) Prueba Documental: Dos certificados de defunción de los ahora occisos Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G., tres actas de nacimiento que corresponden al acusado y los occisos, dos actas de levantamiento de cadáver, ratificadas por la Doctora Milady Díaz Molina, del occiso Belizario Vásquez Flores, que hace constar que falleció a consecuencia de varios disparos de arma de fuego tipo pistola o sub ametralladora; y del cadáver de L. Y. V. G., que hace constar que falleció también a consecuencia de varios disparos de arma de fuego, acta de inspección ocular ratificada por el Agente Ángel Antonio López López, en la escena del delito, que determina el hallazgo de los cuerpos de quien en vida fueran Belizario Vásquez Flores y la joven L. Y. V. G., y que hace constar que en la requisa de la escena del delito se encontró. revestimiento de bala color café, tres casquillos color amarillo que en su base se lee Águila 9 mm, inmediato al lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, asimismo Prueba Pericial consistente en los dictámenes de autopsia del señor Belizario Vásquez Flores que hace constar: presentaba diecisiete heridas de proyectiles de arma de fuego, del cuerpo se extrajeron diez elementos metálicos, cinco de calibre 9 mm y cinco de calibre desconocido, causa de la muerte laceración pulmonar con hemotórax. Y dos dictámenes de autopsia practicados al cadáver de la joven L. Y. V. G., que presentó tres heridas de proyectil de arma de fuego que produjeron laceración cerebral, y con el hallazgo de tres elementos metálicos uno calibre 9 mm disparado por pistola o sub ametralladora y los otros dos sin lograr identificar el calibre, medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Miguel Ángel Interiano Melgar en el delito de que se le acusa. Por todo lo anterior, esta Sala considera que en este caso, el acusado ha sido sometido a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías, entre ellos el derecho de presunción de inocencia en que ha sido encontrado culpable del delito de que se le juzga debido a que en que en juicio se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra, por lo que concluye que la sentencia impugnada no ha infringido el precepto constitucional que garantiza el derecho de presunción de inocencia consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República, ni de las leyes de referencia. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Casación por quebrantamiento de forma por considerar que en la valoración de la prueba de cargo y descargo no se observaron las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de la derivación. Con relación al testigo de cargo, denominado Testigo protegido Alfa. En la sentencia el tribunal establece que le da total credibilidad probatoria a la prueba del ente acusador y hace énfasis en la declaración del testigo ALFA, al considerarla contundente. El tribunal le da credibilidad a este testigo porque la prueba pericial concluye que, la causa de muerte de los ofendidos fue por heridas por proyectiles de arma de fuego, y que además por lo elementos metálicos que se extrajo de los ofendidos, que en el caso del señor Belizario Vásquez Flores, resultaron ser cinco ojivas o balas del calibre 9 mm, disparados por pistola o sub ametralladora y otros cinco elementos metálicos que, no se logró establecer calibre ni tipo de arma que los disparó. No es una razón verdadera para concluir que el testigo protegido Alfa, es creíble, porque coincide o es coherente con la prueba pericial, que entendemos son los dictámenes de autopsia, pues los dictámenes no son concordantes con la declaración del testigo Alfa ya que únicamente refieren, causa de muerte, manera de muerte, lesiones en las victimas, objeto que las provocó, no se refieren a la participación de persona alguna en los hechos, ni forma en que sucedieron los hechos. Por lo que no hay razón suficiente para que el tribunal crea que lo que el testigo declaró, está apegado a la realidad, tomando en consideración además todas las incongruencias del testigo. Lo anterior demuestra que el testigo Alfa al cual el tribunal considera creíble, en verdad no lo es, por el principio lógico de la derivación, exige que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir la conclusión, lo cual no es posible el testigo protegido Alfa. Al valorar los testigos de la defensa, el tribunal de sentencia, viola el principio lógico de la derivación, al no darle valor a los testigos de la defensa, Samuel Arita y Fidel Interiano, el primero por ser compañero de trabajo y el segundo por ser su padre, al considerar que esas declaraciones no son consistentes entre sí, al señalar las horas en que estuvieron en casa del padre del imputado, lo cual no es cierto, pues ambos testigo si son concordantes tanto en la fecha como en la hora en que el señor Miguel Ángel Interiano Melgar se fue para su casa. El testigo José Vicente Chacón López, quien es testigo presencial, no explica el tribunal el motivo por el cual no le da credibilidad en forma razonable para no creer en que dice la verdad. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. Concepto específico: En la valoración de la prueba de cargo y descargo no se observaron las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de la derivación. Con relación al testigo de cargo, denominado Testigo protegido Alfa. En la sentencia el tribunal establece que le da total credibilidad probatoria a la prueba del ente acusador y hace énfasis en la declaración del testigo ALFA, al considerarla contundente. No hay razón suficiente para que el tribunal crea que, lo que el testigo declaró está apegado a la realidad, tomando en consideración además todas las incongruencias del testigo. Al valorar los testigos de la defensa, el tribunal de sentencia, también viola el principio lógico de la derivación, al no darle valor a los testigos de la defensa, Samuel Arita y Fidel Interiano. De la procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, al valorar los siguientes medios de prueba al testigo de cargo, denominado Testigo protegido Alfa, al que el tribunal de sentencia le da total credibilidad probatoria al considerarla contundente, y considerar que no expone una razón suficiente para dotarlo de credibilidad debido a todas sus incongruencias. Y por considerar que al valorar los testigos de la defensa señores Samuel Arita y Fidel Interiano, el tribunal de sentencia viola el principio lógico de la derivación, al no darles credibilidad. Esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio al dotar de suficiente credibilidad a lo declarado por el Testigo protegido denominado Alfa, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí, pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, al estar constituida por inferencias razonables deducidas de las pruebas de cargo siguientes: declaración rendida por el testigo de referencia Agente Ángel Cecilio Ochoa Erazo, asignado a la Dirección Policial de Investigación, encargado de la investigación del presente caso, y de los medios de prueba de cargo siguientes: 1) Prueba Documental: Dos certificados de defunción de los ahora occisos Belizario Vásquez Flores y de la joven L. Y. V. G., tres actas de nacimiento que corresponden al acusado y los occisos, dos actas de levantamiento de cadáver, ratificadas por la Doctora Milady Díaz Molina, del occiso Belizario Vásquez Flores, que hace constar que falleció a consecuencia de varios disparos de arma de fuego tipo pistola o sub ametralladora; y del cadáver de L. Y. V. Gutiérrez, que hace constar que falleció también a consecuencia de varios disparos de arma de fuego, acta de inspección ocular ratificada por el Agente Ángel Antonio López López, en la escena del delito, que determina el hallazgo de los cuerpos de quien en vida fueran Belizario Vásquez Flores y la joven L. Y. V. G., y que hace constar que en la requisa de la escena del delito se encontró. revestimiento de bala color café, tres casquillos color amarillo que en su base se lee Águila 9 mm, inmediato al lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, asimismo Prueba Pericial consistente en los dictámenes de autopsia del señor Belizario Vásquez Flores que hace constar: presentaba diecisiete heridas de proyectiles de arma de fuego, del cuerpo se extrajeron diez elementos metálicos, cinco de calibre 9 mm y cinco de calibre desconocido, causa de la muerte laceración pulmonar con hemotórax. Y dos dictámenes de autopsia practicados al cadáver de la joven L. Y. V. G., que presentó tres heridas de proyectil de arma de fuego que produjeron laceración cerebral, y con el hallazgo de tres elementos metálicos uno calibre 9 mm disparado por pistola o sub ametralladora y los otros dos sin lograr identificar el calibre, medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Miguel Ángel Interiano Melgar en el delito del que se le acusa y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando. En el presente caso, la prueba de descargo consistente en las declaraciones de los testigos Samuel Arita y Fidel Interiano, al ser contradictorias con la prueba de cargo vertidas en juicio por parte del Fiscal, a las que el A quo le ha otorgado credibilidad. Esta sala considera que son lógicos, coherentes y suficientes los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio para restarles credibilidad y valor probatorio a la prueba de descargo. Por lo anterior, esta sala concluye que en el presente caso, el A quo no ha violado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba incorporada al juicio. DECISIÓN. La Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación de Infracción de Precepto Constitucional y del motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por los Abogados Sergio Antonio Reyes Mejía y José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensores privados del señor Miguel Ángel Interiano Aguilar. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.
Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Belizario Vásquez Flores; y en la que también se le impuso al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Lilibeth Yolibeth Vásquez Gutiérrez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En concurso real de delitos, sumadas las penas impuestas por los dos delitos de asesinato impuestas al acusado Miguel Ángel Interiano Melgar, este deberá cumplir una pena acumulada de 40 años de reclusión, sin embargo, la duración máxima de las penas acumuladas por varios delitos, conforme al límite legal, no podría en ningún caso exceder de 30 años de reclusión. (art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87).0 Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Miguel Ángel Interiano Melgar como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente, con una pena abstracta para cada delito de asesinato con la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, e conforme al artículo 192 primer párrafo del Código Penal. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en el caso que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el máximo de cumplimiento de la pena es de 40 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva al señor Miguel Ángel Interiano Melgar de la nueva legislación penal, ya que no representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 360 del Código Procesal Penal. 53, 68 y 373 del Código Penal vigente, y FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional y el único motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, invocados por los Abogados Sergio Antonio Reyes Mejía y José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensores privados del señor Miguel Ángel Interiano Melgar, en la causa en que se condenó al señor Miguel Ángel Interiano Melgar, a la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Belizario Vásquez Flores; y en la que se impuso al mismo señor Miguel Ángel Interiano Melgar la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Asesinato en perjuicio de Lilibeth Yolibeth Vásquez Gutiérrez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, penas privativas de libertad que en concurso real no podrán exceder de 30 años de reclusión; Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por no representar la nueva ley penal un beneficio a favor del acusado Miguel Ángel Interiano Melgar; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintiuno de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-491-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005