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Sentencia CP-488-17 — Registro 12594

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Droga, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El Recurso No es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha analizado la valoración probatoria hecha por el Tribunal de Sentencia, teniendo como norte la naturaleza del delito por el cual ha encontrado responsable al Señor Jesús Alejandro Faraj Flores, no encontrando violación a las reglas de la sana critica, en específico a la regla lógica de derivación por falta de razón suficiente, tal y como denuncio el Recurrente. El Recurrente protesta contra la valoración hecha por el A-Quo cuestionando primero la falta de actos de investigación, lo que es ajeno al contenido de la sentencia y, aún más, al proceso de valoración intelectiva de la prueba.- Además el recurrente increpa que en el juzgamiento no se tomó en consideración las circunstancias personales de la persona acusada, poniendo entre dicho que se tratase de una conducta de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, en específico que el acusado haya realizado actos de comercio con la droga o haya coadyuvado para que terceros lo hicieran.- Es importante anotar que fue objeto de contradictorio las posturas de las partes, planteadas en sus respectivas teorías del caso: i.- El Ministerio Público acuso al Señor Jesús Alejandro Faraj Flores, de poner a disposición su vivienda para el resguardo de droga a fin de que otros traficaran con ella, calificando ello como delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas; ii.- La Defensa Privada: que la droga incautada en la habitación del acusado Jesús Alejandro Faraj había sido adquirida por éste para su consumo, como consecuencia de tener una adicción crónica a la marihuana.- Ambas partes presentaron prueba a efecto de sustentar sus posiciones, mismas en que coincidía tanto en torno al hallazgo de la droga, su tipo, cantidad, como a que estaba bajo la custodia del acusado; distando respecto a la finalidad de la droga.- Tras la evacuación de los medios de prueba el tribunal de sentencia descartó que el acusado realizará actos de comercio con la droga, es decir que vendiera la droga, también descarto que realizara actos de inducción al consumo de la droga, pero también descarto que la totalidad de la droga incautada fuese para su consumo personal tanto inmediato como diferido, por lo que derivó que el acusado realizó una facilitación de local para que un tercero realizara conductas de tráfico ilícito de droga; es pues que dentro de las premisas que fueron consideradas por el a-quo estuvieron las circunstancias personales del acusado, que fueron introducidas como datos a valorar tanto por los dictámenes toxicológicos, como las declaraciones testificales, en especial la de la Señora Angela Herlinda Flores Espinal, cuyas valoraciones intelectivas constan en la resolución que se impugna. El A-Quo al valorar el medio de prueba in comento derivo que la droga encontrada en la habitación del acusado, la cual tenía un peso de 136.4g, no era compatible para el consumo personal inmediato sino que la posesión del acusado tenía como objeto la facilitación de un lugar para que otros realizaran actividades de tráfico de drogas, lo que se subsume en el delito de facilitación intencional de local previsto en el artículo 22 de la Ley de Drogas; Constituyeron premisas del silogismo judicial: i.- En la habitación del acusado se encontró la cantidad de 136.4 gramos de marihuana; ii.- Que la droga incautada no es compatible para el consumo personal inmediato desde el punto de vista médico forense; iii.- Que el acusado no es consumidor crónico de la droga y que por tanto la cantidad incautada no era para el consumo diferido; iv.- Que el acusado no realiza actos de comercio con la droga (venta de droga), ni tampoco realiza conductas de inducción de consumo de drogas.- Entonces a partir de esas premisas los Juzgadores concluyeron que: “el acusado en su declaración pretende establecer que los 136.4 gramos de marihuana encontrados en su habitación… estaban destinados a su consumo personal… su dicho no ha encontrado sustento alguno en la prueba científica practicada…”. “… se ha acreditado que el acusado residía en la casa allanada…. Y que al momento del allanamiento se registra en el acta respectiva que en la parte de atrás de la casa se encuentra construido un cuarto que era el dormitorio de Jesús Alejandro, en el que se encontró hierba seca dentro de bolas plásticas transparentes en una cantidad superior a la estimada como consumo personal inmediato, lo que solo puede indicar que el acusado mantenía la droga en su casa con la finalidad de que la misma fuera distribuida a terceras personas…”. “…la cantidad decomisada, según el dictamen toxicológico, no es la indicada para un consumo personal inmediato, de su cantidad (136.4 gramos) solo se puede concluir que la misma se tenía en la casa a efecto de ser distribuida a terceros.” Por ello, al ser el criterio que no existe mérito para calificar los hechos como tráfico de drogas, al haberse encontrado droga en la vivienda y al no ser compatible para el consumo personal inmediato, ni tampoco para el consumo personal diferido, concluyeron los juzgadores que el hecho se trata de una facilitación de local que es una conducta que se encuentra tipificada en el artículo 22 de la ley de drogas.- Esta conclusión del A-Quo encuentra razón suficiente en la prueba reproducida en debate. Por lo expresado no es procedente atender el recurso interpuesto por la Defensa Privada.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: A. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Jesús Alejandro Faraj Flores que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Jesús Alejandro Faraj Flores, como autor responsable de un delito consumado de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las penas principales de: seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación al consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del Señor Jesús Alejandro Faraj, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 136.47 gramos de marihuana considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Jesús Alejandro Faraj Flores conforme el CP-144-83 al ser de 06 años de reclusión y multa de L. 50,000.00, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-170-2019 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, con un valor mínimo por día de L. 20.00 y máximo de L. 5,000.00 (Art. 53 NCP), lo fija un margen abstracto de multa de L. 2,000.00 a L 2,500,000.00.- Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentenciaen los Recursos de Casación SP-488-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Jesús Alejandro Faraj Flores, como autor del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras que deberá enterar en la Tesorería General de la República, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Jesús Alejandro Faraj Flores.- Tercero: Se decretó el comiso de ciento treinta y seis punto ocho gramos de marihuana.- No procede el comiso de diez mil lempiras y ciento setenta dólares solicitado por el Ministerio Público. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El abogado Marlon Reniery Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del señor Jesús Alejandro Faraj Flores, como parte recurrente y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: A las seis de la mañana del día seis de marzo de dos mil dieciséis la Juez Ejecutor Heidi Maldonado nombrada por el Juzgado de Letras con competencia territorial a nivel nacional, realizó el allanamiento de la vivienda de Jesús Alejandro Faraj, localizada en Residencial Las Hadas, bloque G casa número 7210, con el propósito de capturarlo por suponerlo responsable de un delito de Asesinato en perjuicio de Roberto Nieto Cruz. Segundo: La juez ejecutor acompañada de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inició el registro de todos los ambientes de la vivienda los que dividieron por cuadrantes, y a eso de las diez y treinta de la mañana iniciaron el registro del dormitorio de Jesús Alejandro Faraj ubicado en la parte de atrás de la casa. Al revisar un gavetero color café y blanco se encontró que Jesús Alejandro tenía en la primera gaveta dentro de dos bolsas de plástico transparente, ciento treinta y seis puntos cuatro (136.4) gramos de marihuana, con el propósito de distribuirlos a terceras personas. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo Infracción de 1 dispuesto en el artículo 202, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al inobservarse las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba único Vicio Que Adolece La Sentencia. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Fundamentación: en cuanto a la valoración de los hechos como probados y concatenándolos con la valoración jurídica hecha por el Honorable tribunal de Sentencia, los Juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuir. Dicha violación se configura de la forma siguiente: Como elemento previo, conviene señalar que la ley lógica de la derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad.[1] Es decir al hacer el análisis de todo el proceso penal el Tribunal de Sentencia no se debe encerrar en el entorno estrictamente jurídico para llegar a una conclusión, al atribuirle un injusto penal a una persona debemos tener en cuenta circunstancias personales del imputado, para establecer y juzgar con certeza la acción penal invocada por el ente acusador, en el caso de marras el Tribunal de Sentencias no hace ningún análisis ya sea para bien o para mal de estas circunstancia personales del encartado que lo lleven de manera lógica a concluir al Honorable Tribunal de Sentencia, que dichas circunstancias personales están íntimamente relacionadas con la acción penal señalada por el Órgano Fiscal, por ejemplo quien es el Imputado, déjeme decirles Honorables Magistrados que es un muchacho de 22 años que vive en la colonia las Hadas, de clase media alta, que estudio en una escuela Bilingüe, y que al momento de ser detenido estudiaba en una Universidad Privada, (podría tratarse de un hijo nuestro por ejemplo), este fue un hecho probado en el juicio estas circunstancias personales del Imputado. Una vez determinada esas circunstancias estrictamente personales del Imputado, llegamos a las circunstancias Materiales de la comisión del Delito que el Ministerio Publico acusa con ahínco al Jovenzuelo, y señala como hechos Probados que esta defensa no pone en duda, ya que son circunstancias debidamente comprobadas en el Juicio como ser que se encontraron 136 gramos de marihuana, en una gaveta de un mueble del cuarto de habitación del muchacho acusado. Honorables Magistrados sabemos de antemano por la idiosincrasia informativa de este país que el precio de esa cantidad anda en el Mercado de la venta de esa hierba como en Cuatrocientos Lempiras (LPS 400.00). pero según el Ministerio Publico sin ninguna diligencia Investigativa solo con el hallazgo inevitable (como lo relaciona el acta de allanamiento) esta circunstancia de hallazgo se llama facilitación De Local Para El Trafico De Drogas, para el Ministerio Publico no existe más investigación solo ese hallazgo de esa cantidad de hierba para determinar que en el cuarto donde habita el joven acusado se Facilita dicha habitación para el Trafico de Drogas, por Dios Santo, en pleno siglo 21 como la santa Inquisición, el muchacho este, solo por tener esa pequeña cantidad de hierba es una persona que tiene que ser tratada como los grande capos de la droga en este país, extremos que es avalado por el Honorable Tribunal de Sentencia, al afirmar sin Ninguna Prueba en la parte final del párrafo primero del numeral segundo de su reducida sentencia lo siguiente “lo que solo puede indicar que el acusado mantenía droga en su casa con la finalidad de que la misma fuera distribuida a terceras personas” es tan descabellada dicha aseveración cuando no existió un tan solo medio de prueba evacuada en juicio, que sospechara siquiera que en esa habitación, aparte de la casa principal, se distribuyera drogas a terceras personas, por lo que nos preguntamos cómo el tribunal llega a esa conclusión?, si solo tiene en su poder documentación de decomiso de la droga no otra prueba que confirme lo que el Tribunal afirma de manera temeraria. Es decir si el Ministerio Publico define como hallazgo inevitable el encontrar la marihuana como única diligencia, definamos que es hallazgo, “cosa material o inmaterial que se halla o descubre” esa es la definición, ósea fue un hecho que se encontró no producto de una investigación, ni mucho menos se investigó si existían circunstancia o entrevistas a testigos que si allí se distribuía drogas, para llegar a la conclusión letal inquisitiva del Honorable Tribunal, que los 440 lempiras de marihuana serían destinados a distribuirlas a terceras personas Posiblemente, nos preguntamos en materia penal existe la posibilidad que alguien cometió un delito para ser condenado? No nos enseñan en las aulas de clases de la Facultad de Derecho, que en materia penal si no hay certeza no se puede condenar a una persona, el Honorable Tribunal de Sentencia deja una serie de dudas en valoración de hechos médiate la sana critica que nos vemos en la obligación de recurrir a la Honorable Sala de lo penal para que enmiende este desaguisado Jurídico. En las colonias en vías de desarrollo mal llamadas marginales cuando decomisan marihuana que es destinada a la venta, se encuentran balanzas, carrucos ya hechos para su distribución, dinero en diferentes denominaciones, el Ministerio Publico acredita pruebas como actas de vigilancia, personas comprando, vendiendo, fumando etcétera, en este caso no existió absolutamente nada de eso, pero el Honorable Tribunal encargado de Impartir Justicia se va más allá de los medios de prueba evacuados y dice si bien es cierto el muchacho Jesús Alejandro Faraj Flores, es consumidor de drogas, este no es un consumidor crónico, por ende este facilitaba el local de donde duerme para distribuir la droga, por lo que nos preguntamos, ¿si este queda descartado para la distribución de la droga porque, no se la fumaba toda, ¿Quién distribuía los 400 lempiras de marihuana en la colonia Las Hadas, La Mama, La Hermana, la respuesta no la establece el Honorable Tribunal de sentencia. Lo que hace el Tribunal de Sentencia es acompañar al Ministerio Publico, mediante su sentencia en la destrucción y condenándolo prácticamente a Muerte a este Joven que lo que debió es mandarlo a rehabilitación y no a recluirlo con verdaderos, traficantes asesinos etcétera. Este motivo de casación podría ser muy reducido pero es la actualidad de nuestro país esto este tipo de condenas se están dando en nuestro país debemos Investigar más y no ser complacientes con el Ministerio Publico ya que con reducida Investigación en este caso es nula la Investigación pero de manera errónea el Honorable Tribunal de Sentencia con este tipo de condenas socaba los cimientos del Poder Judicial de este País que esta tan señalado a Nivel nacional por lo que de manera respetuosa se estudie a profundidad el análisis mediante la Sana Critica que de manera errónea concluye el Honorable Tribunal de Sentencia. Así las cosas, en el apartado denominado Valoración de Pruebas de la Sentencia recurrida, concretamente en cuanto a la Fundamentación Jurídica del fallo recurrido el tribunal le da toda una interpretación ilógica a la única Prueba de hallazgo inevitable, tendiente a socavar el estado de inocencia del imputado y es así que aparte de ser contradictoria dicha valoración Jurídica, con los hechos probados, el Honorable Tribunal detalla cómo ser cierto que mi patrocinado facilito el local donde habitaba para traficar o Distribuir según ellos la marihuana encontrada. Incidencia Del Vicio En El Fallo: El vicio reprochado incide en el fallo, al plasmarse en la Fundamentación Jurídica que lógicamente se desprende de los hechos Probados de la Irregular Sentencia que sin tener o evacuar un tan solo medio de prueba el tribunal basa su sentencia de facilitación De Local Para El Tráfico De Droga en lo siguiente “lo que solo puede indicar que el acusado mantenía droga en su casa con la finalidad de que la misma fuera distribuida a terceras personas”. De haberse razonado mediante las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, no se habría subsumido tales acciones a las normas penales señaladas en el mismo, y por tanto se habría absuelto al Joven Jesús Alejandro Faraj Flores del delito de facilitación Para El Trafico De Drogas establecido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de drogas y Sustancia Psicotrópicas Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Vicio Denunciado: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. Fundamentación Jurídica. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: A. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), B. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o C. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: A. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); B. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y C. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; Concepto de la infracción: Violación al principio lógico de derivación en su apartado de suficiencia;

Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia definitiva; y Pretensión: Se case la sentencia impugnada. El Defensor Privado identifica el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente, como aquel que ha sido inobservado por el tribunal de sentencia en el proceso de valoración de los medios de prueba. - Explica que los jueces no hacen ningún análisis de las circunstancias personales del acusado, las que están íntimamente relacionadas con la acción penal. Indica que no se pone en duda la incautación de 136 gramos de marihuana, encontrados en la habitación del acusado, pero considera violatoria la conclusión de que “el acusado mantenía droga en su casa con la finalidad de que la misma fuera distribuida a terceras personas”, ello porque no se investigo si allí se distribuía droga: no existe declaración de testigos, vigilancias, constatación de personas comprando, vendiendo o fumando, etc. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del Delito De Facilitación De Local Para El Tráfico Ilícito De Drogas. La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, discutida y aprobada por el Congreso Nacional bajo el decreto número 126/89, fue creada con el propósito de sancionar todo lo relativo a los delitos de drogas ilícitas y drogas controladas, instituyendo una serie de tipos penales para ese efecto. Esta Ley, por su carácter especial, tiene características particulares, como ser: a) Las normas generales que contenía el Código Penal (artículos 1 al 115) eran aplicables a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por disposición del artículo 12 del Código Penal, siempre que no se colisionaran con lo regulado en la ley especial; b) El bien jurídico que protegía los tipos penales contenidos en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, era la Salud de la Población del Estado de Honduras, es decir, la salud de la comunidad conformada por el conjunto de personas miembros de la sociedad. Un bien de carácter difuso y por cuanto es un tipo penal de peligro; y c) El objeto material de los tipos penales que antes se encontraban en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, eran las drogas, estupefacientes y sustancias ilícitas y controladas. La Ley conceptualiza que debemos entender por droga, por estupefacientes y por sustancias controladas en su artículo 5 en sus numerales 12, 17 y 33 respectivamente. Los tipos penales contenidos en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica podían ser clasificados en: Producción: a.- Art. 16 sanciona a quien ilícitamente siembre, plante, cultive o coseche plantas estupefacientes; b.- Art. 17 a quien fabrique ilícitamente drogas, estupefacientes o sustancias controladas que produzca dependencia; y c.- Art. 24 a quien, con fines ilícitos, tenga en su poder sustancias químicas, básicas y esenciales, así como insumos, para la fabricación de drogas. 1. Facilitación Del Consumo: a.- Art. 18 sanciona a quien trafique con drogas; y b.- Art. 20 a quien induzca a otra persona al uso indebido del mismo tipo de sustancias; 2. Cooperación Con Actividades Ilícitas Relativas A Drogas: a.- Art. 19 sanciona el financiamiento o cualquier acto preparatorio conducente a la realización de actos de elaboración o tráfico de drogas; b.- Art. 22 a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias peligrosas; y c.- Art. 23 a quien a sabiendas, por si o por interpósita persona, natural o jurídica, realice con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier tipo, o suministre información falsa para la apertura de cuentas o para la realización de operaciones de la misma naturaleza con dinero proveniente de las actividades del tráfico ilícito de drogas controladas.- Este último tipo penal fue reemplazado por las regulaciones de la Ley contra el Lavado de Activos. 3. Preceptos Que Regulan Figuras Cualificadas: a.- Art. 25 dispone agravar la pena al funcionario o empleado público en general que, valiéndose de su cargo, participe en la comisión de cualquiera de los delitos; b.- Art. 28, señala el aumento de la pena de un tercio más cuando los delitos sean cometidos por dos o más personas que formen parte de una organización (Es un tipo especial de Asociación Ilícita); y c.- Art. 29 que agrava la pena cuando el sujeto activo oponga resistencia a la autoridad mediante el uso de armas de fuego;4. Inducción: Art. 21 castiga la inducción a la ejecución de cualquiera de los delitos contemplados en la Ley; 4. Consumo: a.- Art. 26 sanciona el consumo ilícito de drogas, con la aplicación de medidas de seguridad. b.- Art. 27 señala que en caso de que sea un extranjero el que sea condenado por consumo ilícito de droga, será expulsado del territorio nacional previo pago de la multa correspondiente. En todas las tipificaciones se debe de tener en cuenta que no basta para su calificación que se presenten los elementos objetivos, sino que además se requiere la comprobación de los elementos subjetivos. Entre los delitos tipificados encontramos el de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de drogas, contenido en el artículo 22, y que indica que: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local… aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.”. Debe entenderse que el delito se presenta bajo dos hipótesis: a.- Cuando la persona almacena o tiene en depósito droga o estupefacientes ilícitos, a cargo y cuenta de un tercero quien la comercializa, siempre que el primero no tenga participación alguna en los actos posteriores o simultáneos de comercialización, siendo su única participación el tener en almacenamiento o deposito la droga; Dicho almacenamiento en el bien inmueble puede realizarse dentro de una edificación o fuera de éste (como por ejemplo enterrado o escondida en un vehículo sin uso), siendo indiferente para la calificación del delito conforme la tipificación anterior, el tipo de droga o la cantidad de droga que se tratare, pues lo determinante era la intencionalidad del sujeto activo, la cual debía de ser inequívoca de almacenar la droga para que un tercero la comercializara, aun cuando no se pudiese acreditar la identidad de dicha tercera persona. b.- Cuando el sujeto activo facilita intencionalmente un bien inmueble a fin de otras personas puedan usarlo como lugar para el consumo de drogas ilícitas. Esta Sala de lo Penal hace muchos años afincó doctrina legal sobre la configuración de dicho delito in comento en las sentencias de fecha de fecha 22 de enero del 2007 en el Exp 060-2006, de fecha seis de febrero del 2007 en el Exp 156-2005 y de fecha 30 de mayo del 2005 en el Exp 2220-2004, siendo la última mencionada la que sentó la postura, señalándose: “…Que al confrontar los motivos de casación con la sentencia recurrida, se aprecia que efectivamente existe Infracción de Ley, al haberse aplicado el delito de Tráfico de Drogas, cuando en los hechos probados específicamente en el numeral "QUINTO", se establece "Que la droga encontrada en una de las habitaciones interiores de la vivienda como se ha dicho sometida a registro, fue introducida allí con el conocimiento y aprobación del imputado D.A.M.A., verdades indiscutibles que se subsumen en el tipo penal de Facilitación de Local para tráfico Ilícito de Drogas peligrosas, consecuentemente lo aplicado por el Tribunal recurrido en su sentencia carece de los indicadores necesarios para tipificar la conducta del imputado en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en tal razón la calificación que hace el ad quem resulta ser una apreciación no acorde con el cuadro fáctico de la sentencia impugnada…”. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Podía ser cualquier persona natural. El artículo 22 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo identifica como “...quien...”, sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; 2. Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo era el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas podrá participar como actor además del Ministerio público, la Procuraduría General de la República; 3. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, que en este caso era facilitar, lo que abarcaba el conjunto de conductas comisivas y omisivas del sujeto activo que se resumía en facilitar un bien inmueble, con o sin edificación, para que un tercero realizara una conducta constitutiva de tráfico ilícito de droga u otra conducta tipificada relacionada;4. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implicaba las formas en que se podía facilitar un local: a.- Comúnmente consistía en la conducta comisiva del sujeto activo de almacenar, guardar o esconder droga ilícita en un bien inmueble, por cuenta y encargo de un tercero, para que este la comercializara, sin que el sujeto activo hubiese participado en este proceso final; b.- Pero además la facilitación de local podía consistir en una conducta omisiva de no impedir, debiendo y pudiendo hacerlo, a un tercero que realizara el almacenamiento, que guardara o escondiera droga ilícita en el bien inmueble; c.- La modalidad criminosa se extendía a permitir, por acción o por omisión, que en el inmueble se almacenara, guardara o escondiera instrumentos, productos o ganancias de la actividad de tráfico ilícito de droga; d.- En el otro supuesto del delito, la modalidad implicaba el de facilitar intencionalmente el bien inmueble, por actos comisivos u omisivos, para que una o más personas consumieran en él drogas ilícitas.- En resumen cualquier forma en donde el sujeto activo intencionalmente facilitara el bien inmueble como un instrumento en el proceso de tráfico ilícito de droga que realizara un tercero/s, o como lugar para el consumo de drogas ilícitas de una o más personas, con independencia si se trataba de un hecho único o se trataba de una situación habitual. No existía delito si el local era usado para el consumo propio de drogas ilícitas. Como elemento subjetivo el tipo penal exigía que el sujeto activo realizara la conducta con dolo, es decir, que se condujese con el conocimiento de que estaba realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia había señalado que el estudio de la intencionalidad buscada por el sujeto activo con su actuar era determinante para la calificación del delito, así en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: “…esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo…”. De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso No es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha analizado la valoración probatoria hecha por el Tribunal de Sentencia, teniendo como norte la naturaleza del delito por el cual ha encontrado responsable al Señor Jesús Alejandro Faraj Flores, no encontrando violación a las reglas de la sana critica, en específico a la regla lógica de derivación por falta de razón suficiente, tal y como denuncio el Recurrente. El Recurrente protesta contra la valoración hecha por el A-Quo cuestionando primero la falta de actos de investigación, lo que es ajeno al contenido de la sentencia y, aún más, al proceso de valoración intelectiva de la prueba.- Además el recurrente increpa que en el juzgamiento no se tomó en consideración las circunstancias personales de la persona acusada, poniendo entre dicho que se tratase de una conducta de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, en específico que el acusado haya realizado actos de comercio con la droga o haya coadyuvado para que terceros lo hicieran.- Es importante anotar que fue objeto de contradictorio las posturas de las partes, planteadas en sus respectivas teorías del caso: i.- El Ministerio Público acuso al Señor Jesús Alejandro Faraj Flores, de poner a disposición su vivienda para el resguardo de droga a fin de que otros traficaran con ella, calificando ello como delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas; ii.- La Defensa Privada: que la droga incautada en la habitación del acusado Jesús Alejandro Faraj había sido adquirida por éste para su consumo, como consecuencia de tener una adicción crónica a la marihuana.- Ambas partes presentaron prueba a efecto de sustentar sus posiciones, mismas en que coincidía tanto en torno al hallazgo de la droga, su tipo, cantidad, como a que estaba bajo la custodia del acusado; distando respecto a la finalidad de la droga.- Tras la evacuación de los medios de prueba el tribunal de sentencia descartó que el acusado realizará actos de comercio con la droga, es decir que vendiera la droga, también descarto que realizara actos de inducción al consumo de la droga, pero también descarto que la totalidad de la droga incautada fuese para su consumo personal tanto inmediato como diferido, por lo que derivó que el acusado realizó una facilitación de local para que un tercero realizara conductas de tráfico ilícito de droga; es pues que dentro de las premisas que fueron consideradas por el a-quo estuvieron las circunstancias personales del acusado, que fueron introducidas como datos a valorar tanto por los dictámenes toxicológicos, como las declaraciones testificales, en especial la de la Señora Angela Herlinda Flores Espinal, cuyas valoraciones intelectivas constan en la resolución que se impugna. El A-Quo al valorar el medio de prueba in comento derivo que la droga encontrada en la habitación del acusado, la cual tenía un peso de 136.4g, no era compatible para el consumo personal inmediato sino que la posesión del acusado tenía como objeto la facilitación de un lugar para que otros realizaran actividades de tráfico de drogas, lo que se subsume en el delito de facilitación intencional de local previsto en el artículo 22 de la Ley de Drogas; Constituyeron premisas del silogismo judicial: i.- En la habitación del acusado se encontró la cantidad de 136.4 gramos de marihuana; ii.- Que la droga incautada no es compatible para el consumo personal inmediato desde el punto de vista médico forense; iii.- Que el acusado no es consumidor crónico de la droga y que por tanto la cantidad incautada no era para el consumo diferido; iv.- Que el acusado no realiza actos de comercio con la droga (venta de droga), ni tampoco realiza conductas de inducción de consumo de drogas.- Entonces a partir de esas premisas los Juzgadores concluyeron que: “el acusado en su declaración pretende establecer que los 136.4 gramos de marihuana encontrados en su habitación… estaban destinados a su consumo personal… su dicho no ha encontrado sustento alguno en la prueba científica practicada…”. “… se ha acreditado que el acusado residía en la casa allanada…. Y que al momento del allanamiento se registra en el acta respectiva que en la parte de atrás de la casa se encuentra construido un cuarto que era el dormitorio de Jesús Alejandro, en el que se encontró hierba seca dentro de bolas plásticas transparentes en una cantidad superior a la estimada como consumo personal inmediato, lo que solo puede indicar que el acusado mantenía la droga en su casa con la finalidad de que la misma fuera distribuida a terceras personas…”. “…la cantidad decomisada, según el dictamen toxicológico, no es la indicada para un consumo personal inmediato, de su cantidad (136.4 gramos) solo se puede concluir que la misma se tenía en la casa a efecto de ser distribuida a terceros.” Por ello, al ser el criterio que no existe mérito para calificar los hechos como tráfico de drogas, al haberse encontrado droga en la vivienda y al no ser compatible para el consumo personal inmediato, ni tampoco para el consumo personal diferido, concluyeron los juzgadores que el hecho se trata de una facilitación de local que es una conducta que se encuentra tipificada en el artículo 22 de la ley de drogas.- Esta conclusión del A-Quo encuentra razón suficiente en la prueba reproducida en debate. Por lo expresado no es procedente atender el recurso interpuesto por la Defensa Privada. Decisión: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: A. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Jesús Alejandro Faraj Flores que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Jesús Alejandro Faraj Flores, como autor responsable de un delito consumado de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las penas principales de: seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación al consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del Señor Jesús Alejandro Faraj, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 136.47 gramos de marihuana considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Jesús Alejandro Faraj Flores conforme el CP-144-83 al ser de 06 años de reclusión y multa de L. 50,000.00, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-170-2019 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, con un valor mínimo por día de L. 20.00 y máximo de L. 5,000.00 (Art. 53 NCP), lo fija un margen abstracto de multa de L. 2,000.00 a L 2,500,000.00.- Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Abogado Marlon Reniery Duarte Amador, defensor privado del acusado Jesús Alejandro Faraj Flores.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Jesús Alejandro Faraj Flores.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; misma que deberá de ejecutarse conforme las normas del Código Penal 144-83, lo que incluye cualquier solicitud de libertad condicional.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora por ley. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-488-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] DE LA RUA, Fernando, La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación, 2° ed., Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 155.