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Sentencia CP-485-18 — Registro 14245

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este apartado valorativo es que recae el objeto de recurso, pues la censora del fallo considera que el sentenciador infringió la regla de la lógica en su principio de razón suficiente al valorar el acervo probatorio evacuado en juicio. En el caso actual y concreto, la censora del fallo señala la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valora de manera conjunta el acervo probatorio de cargo, ello por considerar que la declaración de la víctima establece que los tres imputados participaron en los hechos, versión que es apoyada por la declaración del policía Francisco Javier Barahona. Igualmente, considera que es irrelevante que la prueba de ADN excluya a los encartados como donadores del perfil genético encontrados en la chumpa y el pantalón que vestía la víctima el día de los hechos, ya que, esta situación en vez de desvirtuar el actuar de los encartados, fortalece los dichos de los testigos. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal al hacer análisis de la valoración intelectiva de los medios de prueba evacuados en juicio, da razón al recurrente al considerar la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, pues el sentenciador ha realizado inferencias valorativas falaces, que tienen apariencia de ser ciertas, pero que carecen de veracidad y suficiencia, pues no existe un encadenamiento lógico entre la premisa probatoria y la premisa valorativa, lo que conlleva a la construcción de una conclusión fáctica que ciertamente no deriva de valoración probatoria respetuosa de la regla de la lógica. Establece la intelectiva (f. 236), que los dichos de los testigos Francisco Javier Barahona Durón y el testigo protegido Corona, no fueron respaldados por prueba científica (dictamen pericial de serología y genética forense), ya que ésta excluye a los acusados en cuanto haber penetrado vaginal o analmente a la ofendida. Sin embargo, observa la Sala de lo Penal que esta conclusión no es apodíctica, porque según la dinámica del hecho narrada por los testigos y plasmada en la valoración descriptiva de la prueba, fueron ocho (8) los participantes o los sujetos activos del delito de violación en perjuicio de la testigo protegida Corona. El razonamiento intelectivo judicial se constituye como una falacia anfibológica, pues el medio de prueba pericial no necesariamente excluye a los acusados como autores responsables del delito que se les acusa, ya que, si fueron ocho (8) los supuestos participantes, y el medio de prueba pericial de serología y genética forense excluye a los tres acusados como donadores del perfil genético encontrados en las prendas de vestir de la víctima, no necesariamente implica que estos también son excluidos como responsables materiales del delito. Se ha sostenido por la Sala de lo Penal, que el sentenciador tiene libertad al momento de formar su estado de convicción en relación a la acusación basándose en el acumulado probatorio presentado en juicio, más este estado de convicción debe respetar en todo momento las reglas del correcto entendimiento humano, esto es la lógica, las máximas de la experiencia y la psicología (las cuales han sido explicadas anteriormente). El sentenciador puede considerar en favor de los acusados el hecho de que el dictamen de serología y genética forense los excluya como donadores del perfil genético encontrados en las prendas de vestir de la víctima, más no puede afirmar sin más, que el hecho de que estos no sean los donadores, necesariamente implica que estos no son responsables como autores del delito, pues este razonamiento no es lógicamente comprobable y derivado de la prueba. Ello es así en atención al caso concreto, porque según la dinámica del hecho narrada por los testigos de cargo y plasmada en la valoración descriptiva de la prueba, fueron ocho (8) los participantes en el acto sexual realizado en contra de la libertad sexual de la víctima, lo que implica que el donante del perfil genético encontrado en el pantalón y la chumpa que vestía la víctima, puede ser uno o dos de ellos y no necesariamente conlleva a la exclusión de los otros seis (6) o siete (7) participantes, esto es así comprobado por la derivación lógica. Ergo, el Tribunal de instancia puede apreciar en conjunto la prueba producida en juicio para formar su estado de convicción, pero no puede desviar el cauce lógico o el recto sentido derivado de la prueba, y alcanzar conclusiones que tienen apariencia de ser verdaderas, pero que carecen de veracidad y suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, es procedente anular la sentencia recurrida y ordenar el reenvío de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, pues la premisa fáctica que fundamenta la parte dispositiva del fallo, deriva de una valoración probatoria que ciertamente vulnera la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente y veracidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 485-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 485-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Carlos Alberto Carmona Zúniga, Nahúm Ramirez Pérez y Abel Ramírez Pérez, como autores penalmente responsables del delito de violación especial, en perjuicio de Testigo Protegido Corona. Segundo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: No procedió comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, defensores públicos de los señores Carlos Alberto Carmona Zúniga, Nahún Ramírez Pérez y Abel Ramírez Pérez, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: En fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), aproximadamente a las seis (6:00 am) de la mañana, la Testigo Protegido Corona, fue evaluada por el Doctor en medicina forense Gerardo Alfredo Camoriano Ponce, quien determinó que dicha Testigo Corona, no presentó ninguna lesión en el área vaginal ni anal; sin embargo, presentó tres escoriaciones y dos equimosis en diferentes áreas de su cuerpo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente:“EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION ÚNICO MOTIVO. “No haber Observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del CPP. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo respecto a la absolución por el delito de Violación Especial, evidentemente infringe la reglas de la lógica, específicamente en el postulado de derivación, en el principio de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; produciendo consecuentemente, una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación de Violación Especial, pues a su criterio, ha sido evidente la falta de actividad probatoria para determinar la certeza sobre la participación de los encausados CARLOS ALBERTO CARMONA ZUNGA, NAHUN RAMIREZ PEREZ y ABEL RAMIREZ PEREZ en la perpetración de dicha acción delictiva. Expuesto lo anterior, veamos en que consiste la prueba de cargo evacuada, así como los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: PRUEBA DE CARGO Con la declaración de la Ofendida Testigo PROTEGIDO CORONA se estableció que después de ingerir una cerveza y sostener una discusión con su compañero de hogar, se retiró del lugar de donde se encontraba, cuando es abordada por 8 personas del sexo masculino, entre ellos los hoy enjuiciados quienes la agarran de pies y manos y la llevan chineada a un callejón oscuro atrás de la Escuela 21 de Octubre, donde la alumbran con sus celulares y le practican sexo vía vaginal y la obligan a realizarles sexo oral eyaculando en su rostro, diciéndole con palabras soeces que si no se callaba la iban a matar, cuando pasa una patrulla grita y es auxiliada por estos; deposición que fue corroborada con la declaración del Policía MILITAR FRANCISCO JAVIER BARAHONA DURÓN al referir que al escuchar los gritos de auxilio en el lugar antes mencionado observan a ocho personas quienes al ver la presencia policial salen corriendo del lugar, encontrando en el lugar de los hechos al señor Carlos Alberto Carmona, quien estaba con los pantalones hasta la rodilla y casi en contacto con la ofendida, quien estaba completamente desnuda en una acera, otros agentes policiales salen en persecución de las otras personas logrando dale captura a los encausados Nahún Ramírez Pérez y Abel Ramírez Pérez, quienes son reconocidos por la víctima. Con el Dictamen Médico Forense de Evaluación Físico: Se acreditó que efectivamente la ofendida presentaba en el área extragenital tórax y mama, una equimosis roja en el cuadrante inferior interno de aureola izquierda y otra en el hipogastrio; y escoriaciones en cara anterior, tercio proximal de pierna derecha y en el área paragenital (la espalda) tres escoriaciones en región lumbar izquierda, en región lumbar derecha y en región sacro, línea media. Área Genital vaginal sin laceraciones equimosis o hematomas; Himen con rupturas antiguas mayores a diez días; área anal sin área de borramientos y sin lesiones. Que, con dicho Dictamen, si bien es cierto no se evidencia que en el área genital no haya lesiones o evidencia de lesiones o evidencia de violencia esto no descarta ni les quita credibilidad a los dichos de la ofendida, pues esta manifestó que a ella también la obligaron a tener sexo oral, pero además presenta excoriaciones y equimosis en las áreas antes mencionadas, reforzando más los dichos de la ofendida. Así mismo se estableció con el Dictamen de Serología y Genética Forense que tanto en la chumpa como en el pantalón que portaba la ofendida en al momento que sucedieron los hechos, se detectó una mezcla de perfiles genéticos, que no corresponde a los hoy encartados. Sin embargo, el hecho de que dicha prueba de ADN no dé positiva y no corresponda a ninguno de los acusados, esto en vez de desvirtuar los dichos de la víctima, por el contrario, los fortalece, porque esto demuestra que en el delito participaron más de tres personas tal como la ha referido la víctima y lo declarado el policía Francisco Javier Barahona en Juicio Oral y Público. Aunado a lo anterior el perito experto Gerardo Camoriano refiere que el semen encontrado en el pantalón de la víctima, sugiere una eyaculación a ese nivel o que alguien lo utilizó para limpiarse después de haber eyaculado, lo cual también coincide con los dichos de la ofendida. Tomando en consideración lo antes expuesto, vemos que la afirmación del Tribunal expuesta en el apartado de Valoración Conjunta de la Prueba, en cuanto a que los dichos del testigo Francisco Javier Barahona Durón y los de la testigo protegido Corona, no fueron respaldados con la prueba científica, porque esta excluye a los acusados en cuanto haber penetrado vaginalmente o analmente a la ofendida, ya que el fluido vaginal no corresponde al perfil genético de ninguno de los acusados y que por lo tanto no se acreditó con la prueba científica la participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron traído a este proceso. Argumento que es desacertado, ya que desvalora la declaración de la víctima, en el sentido de que esta ha dejado claramente establecido que los tres imputados participaron en los hechos objeto del presentes juzgamiento, versión que es apoyada con la declaración del policía Francisco Javier Barahona, en relación a que los tres enjuiciados se encontraban en el lugar de los hechos, en el momento que la ofendida pedía gritos de auxilio, y es en ese preciso momento que el encartado Carmona es encontrado con los pantalones hasta la rodilla, situación que impide que huya del lugar mientras que el resto de los otros atacantes se dan a la fuga, dándole persecución al resto de los agresores y como consecuencia la detención de Nahún Ramírez Pérez y Abel Ramírez Pérez. De igual manera, se torna irrelevante para valorar la participación de los enjuiciados, la circunstancia de que la prueba de ADN excluya a los encartados de las muestras de semen obtenidos tanto de la chumpa como la del pantalón de la testigo protegido Corona, ya esta situación en vez de desvirtuar el actuar de los encartados, fortalece los dichos tanto de la ofendida como la del testigo, que en la agresión sexual participaron más de tres personas. El contenido de los supra indicados medios de prueba, conduce a la ineludible conclusión, que los imputados ejecutaron los elementos del artículo 140 numeral 2 del Código Penal, que comprende la figura de la Violación Especial; en vista que con los testimonios vertidos en juicio tanto por la víctima como por el testigo Francisco Javier Barahona Durón se puede constatar, que los señores Carlos Alberto Carmona Zuniga, Nahún Ramírez Pérez y Abel Ramírez Pérez participaron activamente en la ejecución de los hechos, así como que la intención de éstos a través de las amenazas a muerte era el acceso carnal vaginal y bucal de la testigo protegido Corona, cumpliéndose con ello, el primer requisito cómo ser la intimidación o la amenaza de causarle un perjuicio grave o inminente; y que no pueda oponer resistencia debido a la cantidad de personas que participan en los hechos, cumpliéndose el segundo requisito. Con esta acción se cumplen los requisitos exigidos por la norma penal para la configuración del delito de Violación Especial; de manera, que al no concluir el Tribunal que los acusados son responsables a título de autores del ilícito penal de Violación Especial, ha incurrido en inobservancia a las reglas de la sana crítica, específicamente infringió la Regla Lógica en el postulado de la Derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de Suficiencia. En resumen, si el Juzgador se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado, y hubiese considerado la misma en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le dé la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: dar el curso legal correspondiente al presente recurso. La impugnante denuncia la infracción a la regla de la lógica de derivación, en el principio de razón suficiente, al considerar que la decisión judicial carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en juicio. A continuación, cita los medios de prueba de cargo evacuados en juicio, los cuales son los siguientes: 1. Declaración rendida por la Testigo Protegido Corana (introducida mediante lectura autorizada a juicio); 2. Declaración testifical rendida por el Policía Militar Francisco Javier Barahona Durón; 3. Dictamen forense de evaluación física; y, 4. Dictamen de serología y genética forense. Posteriormente, arguye que la declaración de la víctima establece que los tres imputados participaron en los hechos, versión apoyada por la declaración del policía Francisco Javier Barahona. Igualmente, considera irrelevante que la prueba de ADN excluya a los encartados como donadores del perfil genético, ya que, esta situación en vez de desvirtuar el actuar de los encartados, fortalece los dichos de los testigos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. II. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este apartado valorativo es que recae el objeto de recurso, pues la censora del fallo considera que el sentenciador infringió la regla de la lógica en su principio de razón suficiente al valorar el acervo probatorio evacuado en juicio. En el caso actual y concreto, la censora del fallo señala la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valora de manera conjunta el acervo probatorio de cargo, ello por considerar que la declaración de la víctima establece que los tres imputados participaron en los hechos, versión que es apoyada por la declaración del policía Francisco Javier Barahona. Igualmente, considera que es irrelevante que la prueba de ADN excluya a los encartados como donadores del perfil genético encontrados en la chumpa y el pantalón que vestía la víctima el día de los hechos, ya que, esta situación en vez de desvirtuar el actuar de los encartados, fortalece los dichos de los testigos. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal al hacer análisis de la valoración intelectiva de los medios de prueba evacuados en juicio, da razón al recurrente al considerar la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, pues el sentenciador ha realizado inferencias valorativas falaces, que tienen apariencia de ser ciertas, pero que carecen de veracidad y suficiencia, pues no existe un encadenamiento lógico entre la premisa probatoria y la premisa valorativa, lo que conlleva a la construcción de una conclusión fáctica que ciertamente no deriva de valoración probatoria respetuosa de la regla de la lógica. Establece la intelectiva (f. 236), que los dichos de los testigos Francisco Javier Barahona Durón y el testigo protegido Corona, no fueron respaldados por prueba científica (dictamen pericial de serología y genética forense), ya que ésta excluye a los acusados en cuanto haber penetrado vaginal o analmente a la ofendida. Sin embargo, observa la Sala de lo Penal que esta conclusión no es apodíctica, porque según la dinámica del hecho narrada por los testigos y plasmada en la valoración descriptiva de la prueba, fueron ocho (8) los participantes o los sujetos activos del delito de violación en perjuicio de la testigo protegida Corona. El razonamiento intelectivo judicial se constituye como una falacia anfibológica, pues el medio de prueba pericial no necesariamente excluye a los acusados como autores responsables del delito que se les acusa, ya que, si fueron ocho (8) los supuestos participantes, y el medio de prueba pericial de serología y genética forense excluye a los tres acusados como donadores del perfil genético encontrados en las prendas de vestir de la víctima, no necesariamente implica que estos también son excluidos como responsables materiales del delito. Se ha sostenido por la Sala de lo Penal, que el sentenciador tiene libertad al momento de formar su estado de convicción en relación a la acusación basándose en el acumulado probatorio presentado en juicio, más este estado de convicción debe respetar en todo momento las reglas del correcto entendimiento humano, esto es la lógica, las máximas de la experiencia y la psicología (las cuales han sido explicadas anteriormente). El sentenciador puede considerar en favor de los acusados el hecho de que el dictamen de serología y genética forense los excluya como donadores del perfil genético encontrados en las prendas de vestir de la víctima, más no puede afirmar sin más, que el hecho de que estos no sean los donadores, necesariamente implica que estos no son responsables como autores del delito, pues este razonamiento no es lógicamente comprobable y derivado de la prueba. Ello es así en atención al caso concreto, porque según la dinámica del hecho narrada por los testigos de cargo y plasmada en la valoración descriptiva de la prueba, fueron ocho (8) los participantes en el acto sexual realizado en contra de la libertad sexual de la víctima, lo que implica que el donante del perfil genético encontrado en el pantalón y la chumpa que vestía la víctima, puede ser uno o dos de ellos y no necesariamente conlleva a la exclusión de los otros seis (6) o siete (7) participantes, esto es así comprobado por la derivación lógica. Ergo, el Tribunal de instancia puede apreciar en conjunto la prueba producida en juicio para formar su estado de convicción, pero no puede desviar el cauce lógico o el recto sentido derivado de la prueba, y alcanzar conclusiones que tienen apariencia de ser verdaderas, pero que carecen de veracidad y suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, es procedente anular la sentencia recurrida y ordenar el reenvío de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, pues la premisa fáctica que fundamenta la parte dispositiva del fallo, deriva de una valoración probatoria que ciertamente vulnera la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente y veracidad. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 485-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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