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Sentencia CP-485-17 — Registro 12593

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Parricidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo.- La Defensa Pública identifica como el razonamiento judicial vicioso, la afirmación de la mayoría del tribunal de sentencia de que la prueba de cargo del Ministerio Público es creíble y coherente entre sí, pues considera que ello es una derivación errónea al no existir tal coherencia por ser la prueba contradictoria.- Argumento recursivo que si bien esta correctamente planteado, carece de razón pues la prueba no es contradictoria y por ello la conclusión derivada del tribunal de sentencia es correcta. La primera contradicción denunciada por el recurrente es entre el contenido de la declaración de la Señora Brenda Lizeth Castellanos Enamorado y Sara Nohemí Herrera Duvon, pues considera que mientras la primera indica que estaba a un metro del lugar en donde el acusado agredió a la ofendida, la segunda señala que no había nadie en el lugar pues la Señora Brenda se encontraba dentro de la casa.- Ello no es una contradicción, sino que más bien es consecuente con lo declarado por las testigos: La Señora Brenda Castellanos explico que se encontraba cerca del baño, a un metro de la pileta en donde se estaba desarrollando la discusión entre el acusado y la ofendida y que después de que el primero disparo a la segunda y que dijese “vayan a recoger a esa vieja de puta”, ella corrió a llamar por teléfono a Tito (esposo) (f. 85 v.), lo que explica que el porque la testigo Sara Herrera declarase que al escuchar un disparo y después al acusado decir “vayan a recoger a esa vieja puta”, ella fue al lugar y después llamo a la Señora Brenda (quien se encontraba hablándole a su esposo en ese momento); Por otra parte los testigos Eustaquio Cruz Mercado e Isidro Cruz Mercado, dos señores de más de 60 años de edad, quienes caminaban juntos por la calle, cuando pasaron por la casa de la ofendida, observaron a ésta discutiendo con el acusado en la glorieta (primera vivienda) pero no que vieron a nadie más, y que después de avanzar cerca de 20 metros escucharon un disparo, es pues que los testigos no observaron cuando la ofendida se desplazó a la pileta a lavar, siendo seguida por el acusado (con arma en mano según la testigo Sara Herrera), momento en que la testigo Brenda Castellanos se colocó detrás del baño a ver lo que estaba ocurriendo, de cuyo lugar vio como el acusado dio muerte a la ofendida. La segunda contradicción que señala la Defensa Pública que existe es entre la declaración de la testigo Brenda Castellanos y el álbum fotográfico que acompaña el acta de inspección ocular; pues mientras que la primera señala que había focos (bombilla) encendidas alrededor del lugar, las imágenes del álbum muestran que las viviendas no tenían suministro de energía eléctrica.- Al respecto es importante tomar en consideración que el acusado, al momento de declarar en debate, explicó que llegaba a casa de la ofendida a cargar su teléfono celular, y que además detalló que atrás de la glorieta “hay luz”, refiriéndose que había un foco o bombilla; por lo que la conclusión del tribunal de sentencia de que había servicio eléctrico fue correctamente derivada, en especial porque las fotografías que acompañan al acta de inspección fueron tomadas por el agente de investigación en horas del día, sin el cuidado de documentar a detalle todo el escenario del crimen, incluyendo una mención expresa si las viviendas tenían o no servicio de energía eléctrica.- Finalmente, en cuanto a la luz de la lámparas alcanzaba hasta donde estaban el acusado y la ofendida (como forma de cuestionar la capacidad de percepción visual de la testigo Brenda Castellanos), ello depende de el numero de bombillas, el poder lumínico de éstas, su ubicación u distancia; lo que en todo caso debe de conjugarse con el hecho de que la testigo Castellanos estaba a una distancia aproximada de 1 a 3 metros de distancia, por lo que podía percibir son mayor dificultad lo que estaba ocurriendo. Lo referido hace que la conclusión del tribunal de sentencia sea acorde con el principio lógico de derivación: la prueba es coherente entre sí.

Por otra parte, como tercera y última contradicción denunciada por la defensa pública, se cuestiona la ubicación de la herida de la víctima, pues el recurrente aduce que mientras la testigo Brenda Castellanos relata que el acusado disparo de frente a la ofendida, la herida que fue documentada en el levantamiento cadavérico fue ubicada en el costado derecho de ésta.- Aquí tampoco existe contradicción: La dinámica de los hechos descrita por la Señora Brenda, es que en un momento de la discusión el acusado golpeo en la mejilla a la ofendida, lo que hizo que ésta perdiera el equilibrio cayendo en el borde de la pileta y que al ponerse de pie el acusado le disparo en una ocasión; entretanto el acta de levantamiento cadavérico muestra que la ofendida murió como consecuencia de una herida producida por arma de fuego cuya herida de entrada esta en el antebrazo posterior derecho con salida en antebrazo anterior, con reingreso del proyectil en tórax derecho a nivel de axila y salida en espalda media, dibujando una trayectoria de: arriba/abajo, derecha/izquierda, adelante/atrás, lo que exige que el brazo derecho de la víctima haya estado en posición paralela al tórax (no extendido), y además que la boca del arma estuviera al costado derecho de la víctima, pues solo así el proyectil pudo ingresar en el antebrazo derecho, salir de éste y reingresar en el tórax (recordemos que todos los testigos indican que solo fue hecho un disparo); como consecuencia ello hace descartar la teoría de que existía un forcejeo por la posesión del arma, pues ello exigiría que la ofendida hubiese estado con los brazos extendidos hacia enfrente sujetando/halando el arma de fuego.- Por tanto: ha sido bien derivado que el tribunal de sentencia concluyera que el acusado disparo a la ofendida, teniendo como premisa la información brindada por los medios de prueba de cargo, los que califico como coherentes entre sí..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Diomedes Fito Martínez Velásquez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Diomedes Fito Martínez Velásquez, como autor responsable de un delito consumado de parricidio, en perjuicio de la Señora Rosa Isabel Martínez Guillen, la pena principal de treinta años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de femicidio (Art. 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias; ello porque la muerte de la ofendida fue producida por quien ese entonces era su compañero de hogar, en el marco de una relación desigual de poder; delito que tiene como penas: Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; y Tipo Penal agravado cuando, entre otros, entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra del señor Diomedes Fito Martínez Velásquez, esto no solo porque la pena principal individualizada de 30 años de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (De 25 a 30 años de prisión), sino porque en conjunto el CP-144-83 le es más beneficioso al prever una única pena principal, entretanto el CP-130-2017 prevé dos penas principales para el mismo delito: la prisión y las reglas de conducta a cumplir en un plazo de 3 meses a 10 años de manera sucesiva a la pena de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal....2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentenciaen los Recursos de Casación SP-485-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual Primero: Condenó al señor Diomedes Fito Martínez Velásquez también conocido como Diomedes Tito Martínez Velásquez, como autor del delito de Parricidio, en perjuicio de la señora Rosa Isabel Martínez Guillén a la pena de treinta años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Diomedes Fito Martínez Velásquez también conocido como Diomedes Tito Martínez Velásquez.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del señor Diomedes Fito Martínez Velásquez también conocido como Diomedes Tito Martínez Velásquez, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero.

  • El día 29 de septiembre del año dos mil trece, entre las seis y seis treinta de la tarde, la señora Rosa Isabel Martínez Guillen y su marido Diomedes Fito Martínez Velásquez conocido como Diomedes Tito Martínez Velásquez, se encontraban contiguo a la pila receptora de agua de su casa de habitación, ubicada en la aldea El Chagüiton, municipio de Namasigüe, de esta jurisdicción, discutiendo acaloradamente entre ambos. Segundo. - En ese momento, Diomedes sacó el arma de fuego que portaba, y disparó contra la humanidad de ROSA provocándole una herida penetrante en el tórax causándole la muerte; acto seguido el señor Martínez Velásquez se dio a la fuga. Tercero: Una vez herida, la señora Rosa Isabel fue auxiliada por Brenda Lizeth Castellanos y Sara Nohemí Herrera Dubon quienes junto al hijo de Rosa de nombre Tito la trasladaron hacia el Hospital de la ciudad de Choluteca donde les manifestaron que la misma, había fallecido. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. - Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo La mayoría de los juzgadores han incurrido en el vicio que da lugar a la interposición del presente recurso de casación, al haber inobservado las reglas de la lógica en la valoración de la prueba testifical, precisamente en las apreciaciones hechas a los testigos Brenda Lizeth Castellanos y Sara Noemí Herrera. Si bien en cierto dichos testigos comparecieron al juicio oral y público, sus testimonios son contradictorios e ilógicos, pues es imposible determinar qué fue lo que realmente ocurrió, al momento de ser confrontados y valorados los medios probatorios en su conjunto, no existe coherencia y sustento en sus dichos. La probanza testifical que se alude en el párrafo anterior, para el juzgador constituye prueba suficiente para producir en sus mentes, la convicción de que mi representado es culpable del delito acusado, pero el Sentenciador con dicha valoración intelectiva, quebranta indiscutiblemente la lógica y, en consecuencia, el sistema de sana crítica. La testigo Brenda Lizeth Castellanos, manifestó: “Que eso fue un 29 de septiembre de 2013 entre seis y seis treinta de la tarde, que en ese momento la deponente estaba preparando la cena fuera de la casa; recordó que se acercó dónde estaba Diomedes con Rosa Isabel discutiendo; dijo que Diomedes le dijo a Rosa que la iba a matar, refirió que Diomedes le disparo y luego de eso le dijo a ella que fueran a recoger a Rosa porque ya la había matado; que llamó a su compañero de hogar e hijo de Diomedes y Rosa Isabel para llevar a Rosa al Hospital pero ella murió en el camino…..Que ella vivía en la casa que está a la par de la casa donde sucedió el hecho, que ella estaba a un metro de donde sucedió todo; dijo que había un foco frente a donde estaba por lo que había visibilidad; recordó que Rosa y Diomedes discutían de manera recurrente, que el arma que tenía Diomedes era una 38, que Diomedes le disparó; manifestó que Diomedes residía en “El Coyolar…que el disparo se hizo de frente, que Rosa quiso esquivar el disparo”. La testigo Sara Noemí Herrera, depuso: “Que eso fue el 29 de septiembre del año dos mil trece, Rosa tenía una venta de golosinas, dijo la deponente que mientras ella vendía en la glorieta Diomedes y Rosa discutían, refirió que rosa se fue en dirección a la pila y Diomedes la siguió, recordó que momentos después escuchó el disparo, que lo sucedido fue como a las seis o seis treinta de la tarde, que luego de escuchar el disparo vio a Diomedes salir corriendo; dijo que de la glorieta a la pila hay ocho metros de distancia. Que su esposo se llama Diomedes Tito (hijo): que el hecho fue como a las seis de la tarde; quienes auxiliaron a Rosa fueron Brenda, su persona y luego su cuñado Tito, Brenda Se Encontraba Se Encontraba En La Casa De Ella; la testigo dijo que solo esperó que Diomedes saliera del lugar para ir donde doña Rosa; Brenda No Estaba Con Doña Rosa, Brenda Estaba Afuera y le dijo que miró con referencia a los hechos”. Para la mayoría de los jueces sentenciadores, resulta creíble la declaración de la señora Brenda, pues a consideración de ellos, la testigo pudo percibir los hechos por sus propios sentidos y además que vive contiguo a la casa de habitación donde sucedieron los mismos. Lo cierto es que al ser confrontados los medios que se describieron anteriormente, es imposible determinar qué fue lo que pasó realmente, pues dichos testimonios presentan contradicciones y no se relacionan entre sí. En la deposición de la testigo Brenda estableció que se percató de la discusión entre el señor Diomedes y Rosa, razón por la cual se acercó al lugar de los hechos, pero al momento de analizar el testimonio de Sara, esta manifestó; “que luego de escuchar el disparo salió en busca de auxilio y refirió que Brenda estaba en la casa y que no estaba con doña Rosa...” (lo resaltado no corresponde al texto original). Con dicho testimonio se excluye a Brenda como conocedora de los hechos, pues no se encontraba en el lugar donde se desarrollaron los mismos. Es así que las declaraciones de cargo no guardan coherencia y concordancia. Las valoraciones que hacen los jueces en cuanto a declarar la culpabilidad de mi patrocinado no se desprenden de prueba alguna, algo que evidentemente no es razonable y que no corresponde al correcto entendimiento humano, pues las mismas no deben ser diferentes a lo que realmente se evacuo en el juicio oral y público. Por las razones anteriormente expuestas se concluye que la mayoría de jueces sentenciadores en la valoración de la prueba de reproche ha infringido la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y suficientes. En relación al medio de prueba denominado acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico, el mismo ilustra el lugar donde ocurrieron, los hechos, el agente Carlos Rodríguez, lo describe: el solar, la separación de las casas y la distancia entre la pila de agua y las vivienda, entre otras circunstancias; en las fotografías anexas al acta de inspección se puede observar que no hay energía eléctrica, dicho medio de prueba al ser confrontado con el testimonio de la señora Brenda, se puede evidenciar una clara contradicción, pues la claridad no puede llegar hasta la pila. En cuanto al acta de levantamiento cadavérico, en la descripción de las heridas se estableció que Rosa Isabel tenía una herida de 0.5x0.5 cm de diámetro localizada en el lado derecho del tórax anterior, al ser nuevamente confrontada la declaración de la señora Brenda Lizeth Castellanos, esta manifestó que el disparo lo había hecho mi representado de frente a la víctima a una distancia no mayor a 40 centímetros, pero resulta incoherente con el acta de levantamiento cadavérico, pues la herida mortal se ubica de costado y no de frente, tal como lo expresó la testigo. Es así que debe restársele credibilidad a lo manifestado por la testigo Castellanos y como se manifestó anteriormente, las apreciaciones efectuadas por la mayoría de los jueces sentenciadores, no se desprenden de prueba, algo que evidentemente no es razonable y que no corresponde al correcto entendimiento humano, pues las valoraciones que hagan los jueces, no deben ser diferentes a lo que realmente se evacuo en el juicio oral y público, en nuestro caso también se viola la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y coherentes. La verosimilitud del testimonio no es otra cosa que el reflejo del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia. Es inverosímil lo ilógico, lo que contraviene las reglas de la experiencia o el sentido común; cuando se impugna credibilidad por inverosimilitud no se ha hace otra cosa que desarrollar mediante repreguntas aquellas reglas, haciendo que el testigo le suministre al Juez las respuestas que luego permitan valorar la prueba; el apartamiento de las reglas de la experiencia, la lógica y/o el sentido común harán incurrir al funcionario judicial en errores de hecho por falso raciocinio. La impugnación de credibilidad está íntimamente relacionada con la identidad temática de las reglas de la sana critica, la ciencia, la lógica y la experiencia. Ambos aspectos se interrelación y retroalimentan mutuamente. La capacidad del testigo para percibir cualquier asunto sobre la declaración, esta se relaciona con algunos criterios para la apreciación del testimonio, uno de ellos son los principios técnicos científicos sobre la percepción de los hechos controvertidos. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de la clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano y se lleve a cabo un nuevo debate con nuevos jueces, que se apliquen de forma correcta estas reglas, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; Concepto de la infracción: Violación al principio lógico de derivación en su apartado de suficiencia; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y Pretensión: Se debe de anular la sentencia recurrida. La Defensa Pública plantea que el sentenciador ha inobservado las reglas de la lógica en la valoración de la prueba testifical: declaración de la señora Brenda Lizeth Castellanos en quien baso su pronunciamiento condenatorio. Explica que la mayoría de los jueces declararon que la prueba de cargo era creíble, aun cuando la prueba es contradictoria. - El recurrente señala: La Señora Brenda Castellanos señaló que se percato de la discusión entre el acusado y la ofendida, razón pro la que se acercó al lugar, entretanto la testigo Sara Noemi, refirió que la Señora Brenda no se encontraba en el lugar; Con las fotografías acompañadas al acta de inspección ocular se puede observar que no hay energía eléctrica en el lugar, contrario a lo señalado por la testigo Brenda Castellanos, pues la claridad no puede llegar hasta la pila; El levantamiento de cadáver determina que las heridas de la Señora Rosa Isabel estaban localizadas en el tórax anterior (costado), por lo la testigo Brenda Castellanos indicó que el disparo lo había realizado el acusado de frente a la víctima. Concluye que la sentencia debe de ser casada como consecuencia de la violación a las reglas del correcto entendimiento humano. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.

En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.

Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - El recurso no es de recibo.- La Defensa Pública identifica como el razonamiento judicial vicioso, la afirmación de la mayoría del tribunal de sentencia de que la prueba de cargo del Ministerio Público es creíble y coherente entre sí, pues considera que ello es una derivación errónea al no existir tal coherencia por ser la prueba contradictoria.- Argumento recursivo que si bien esta correctamente planteado, carece de razón pues la prueba no es contradictoria y por ello la conclusión derivada del tribunal de sentencia es correcta. La primera contradicción denunciada por el recurrente es entre el contenido de la declaración de la Señora Brenda Lizeth Castellanos Enamorado y Sara Nohemí Herrera Duvon, pues considera que mientras la primera indica que estaba a un metro del lugar en donde el acusado agredió a la ofendida, la segunda señala que no había nadie en el lugar pues la Señora Brenda se encontraba dentro de la casa.- Ello no es una contradicción, sino que más bien es consecuente con lo declarado por las testigos: La Señora Brenda Castellanos explico que se encontraba cerca del baño, a un metro de la pileta en donde se estaba desarrollando la discusión entre el acusado y la ofendida y que después de que el primero disparo a la segunda y que dijese “vayan a recoger a esa vieja de puta”, ella corrió a llamar por teléfono a Tito (esposo) (f. 85 v.), lo que explica que el porque la testigo Sara Herrera declarase que al escuchar un disparo y después al acusado decir “vayan a recoger a esa vieja puta”, ella fue al lugar y después llamo a la Señora Brenda (quien se encontraba hablándole a su esposo en ese momento); Por otra parte los testigos Eustaquio Cruz Mercado e Isidro Cruz Mercado, dos señores de más de 60 años de edad, quienes caminaban juntos por la calle, cuando pasaron por la casa de la ofendida, observaron a ésta discutiendo con el acusado en la glorieta (primera vivienda) pero no que vieron a nadie más, y que después de avanzar cerca de 20 metros escucharon un disparo, es pues que los testigos no observaron cuando la ofendida se desplazó a la pileta a lavar, siendo seguida por el acusado (con arma en mano según la testigo Sara Herrera), momento en que la testigo Brenda Castellanos se colocó detrás del baño a ver lo que estaba ocurriendo, de cuyo lugar vio como el acusado dio muerte a la ofendida. La segunda contradicción que señala la Defensa Pública que existe es entre la declaración de la testigo Brenda Castellanos y el álbum fotográfico que acompaña el acta de inspección ocular; pues mientras que la primera señala que había focos (bombilla) encendidas alrededor del lugar, las imágenes del álbum muestran que las viviendas no tenían suministro de energía eléctrica.- Al respecto es importante tomar en consideración que el acusado, al momento de declarar en debate, explicó que llegaba a casa de la ofendida a cargar su teléfono celular, y que además detalló que atrás de la glorieta “hay luz”, refiriéndose que había un foco o bombilla; por lo que la conclusión del tribunal de sentencia de que había servicio eléctrico fue correctamente derivada, en especial porque las fotografías que acompañan al acta de inspección fueron tomadas por el agente de investigación en horas del día, sin el cuidado de documentar a detalle todo el escenario del crimen, incluyendo una mención expresa si las viviendas tenían o no servicio de energía eléctrica.- Finalmente, en cuanto a la luz de la lámparas alcanzaba hasta donde estaban el acusado y la ofendida (como forma de cuestionar la capacidad de percepción visual de la testigo Brenda Castellanos), ello depende de el numero de bombillas, el poder lumínico de éstas, su ubicación u distancia; lo que en todo caso debe de conjugarse con el hecho de que la testigo Castellanos estaba a una distancia aproximada de 1 a 3 metros de distancia, por lo que podía percibir son mayor dificultad lo que estaba ocurriendo. Lo referido hace que la conclusión del tribunal de sentencia sea acorde con el principio lógico de derivación: la prueba es coherente entre sí.

Por otra parte, como tercera y última contradicción denunciada por la defensa pública, se cuestiona la ubicación de la herida de la víctima, pues el recurrente aduce que mientras la testigo Brenda Castellanos relata que el acusado disparo de frente a la ofendida, la herida que fue documentada en el levantamiento cadavérico fue ubicada en el costado derecho de ésta.- Aquí tampoco existe contradicción: La dinámica de los hechos descrita por la Señora Brenda, es que en un momento de la discusión el acusado golpeo en la mejilla a la ofendida, lo que hizo que ésta perdiera el equilibrio cayendo en el borde de la pileta y que al ponerse de pie el acusado le disparo en una ocasión; entretanto el acta de levantamiento cadavérico muestra que la ofendida murió como consecuencia de una herida producida por arma de fuego cuya herida de entrada esta en el antebrazo posterior derecho con salida en antebrazo anterior, con reingreso del proyectil en tórax derecho a nivel de axila y salida en espalda media, dibujando una trayectoria de: arriba/abajo, derecha/izquierda, adelante/atrás, lo que exige que el brazo derecho de la víctima haya estado en posición paralela al tórax (no extendido), y además que la boca del arma estuviera al costado derecho de la víctima, pues solo así el proyectil pudo ingresar en el antebrazo derecho, salir de éste y reingresar en el tórax (recordemos que todos los testigos indican que solo fue hecho un disparo); como consecuencia ello hace descartar la teoría de que existía un forcejeo por la posesión del arma, pues ello exigiría que la ofendida hubiese estado con los brazos extendidos hacia enfrente sujetando/halando el arma de fuego.- Por tanto: ha sido bien derivado que el tribunal de sentencia concluyera que el acusado disparo a la ofendida, teniendo como premisa la información brindada por los medios de prueba de cargo, los que califico como coherentes entre sí. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Diomedes Fito Martínez Velásquez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Diomedes Fito Martínez Velásquez, como autor responsable de un delito consumado de parricidio, en perjuicio de la Señora Rosa Isabel Martínez Guillen, la pena principal de treinta años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de femicidio (Art. 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias; ello porque la muerte de la ofendida fue producida por quien ese entonces era su compañero de hogar, en el marco de una relación desigual de poder; delito que tiene como penas: Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; y Tipo Penal agravado cuando, entre otros, entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra del señor Diomedes Fito Martínez Velásquez, esto no solo porque la pena principal individualizada de 30 años de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (De 25 a 30 años de prisión), sino porque en conjunto el CP-144-83 le es más beneficioso al prever una única pena principal, entretanto el CP-130-2017 prevé dos penas principales para el mismo delito: la prisión y las reglas de conducta a cumplir en un plazo de 3 meses a 10 años de manera sucesiva a la pena de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, a favor del acusado Diomedes Fito Martínez Velásquez.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (f. 99), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca; debiendo ejecutarse la misma conforme las normas contenidas en el Código Penal 144-83, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García magistrada coordinadora por ley José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-485-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL