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Sentencia CP-484-18 — Registro 14730

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

....". El recurso no es de recibo. Visto y analizado el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público, el mismo se contrae a denunciar la infracción al principio de legalidad contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República, por considerar que la antijuricidad de la conducta reprochada al acusado, no solamente queda abarcada por el tipo penal de violación especial, sino también, hay que acudir al tipo penal de lesiones en concurso ideal medial. Expresa que el delito de violación solamente consume las lesiones producidas por la violencia, cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, por ejemplo, leves hematomas en los muslos o lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo premeditado, sino como forzosa consecuencia del acceso carnal forzado. De lo anterior, colige que, al aplicar el concurso ideal medial, el margen abstracto de punibilidad debe oscilar entre 18 años y 9 meses a 25 años de reclusión y no solamente 15 años como determinó la instancia. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal ha expresado a través de su jurisprudencia, que el principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa. El censor considera la infracción a este principio, en síntesis porque el sentenciador no aplicó el concurso ideal medial de lesiones con violación especial, sino que consideró que“… Si bien el Ministerio Público acusó también por el delito de lesiones al imputado Elvin Omar López, por la herida provocada en el rostro de E. Y. L., lo cierto es que tanto la herida producida en el rostro por parte del imputado como también los golpes que el imputado le profirió a la ofendida con piedras, estima el tribunal que fueron realizados con la intención de accesarla sexualmente, ya que, al resistirse físicamente E. Y. cuando éste la agarró, ella corrió gritando y pidiendo auxilio por lo que procedió a golpearla constantemente con las piedras hasta desmayarla y una vez quedando inconsciente E., este procedió a penetrar su pene en la vagina de ésta, sin que ella pudiera oponer resistencia debido a que la ofendida quedó inconsciente producto de los golpes recibidos….” En relación a lo expuesto, este Tribunal de Casación hace hincapié en que la subsunción típica que peticiona la acusación en sede casacional, es equívoca, pues si bien pueden concurrir las conductas antijurídicas de lesiones y violación como delitos autónomos, aun cuando este último sea realizado en su modalidad criminosa de vis absoluta o fuerza o violencia sobre el sujeto pasivo, ello debe apreciarse en concurso real y no en concurso ideal medial como peticiona el ente fiscal, pues siempre que se erija la fuerza o violencia física como modalidad criminosa, existirá en mayor o menor medida, un grado de agresión para vencer a la víctima que se resiste al acceso carnal o que tenga la posibilidad de desplegarla. El concurso ideal medial es caracterizado por la unidad de fin, en el que un delito es medio para lograr el otro, el cual es la finalidad última de su voluntad y disposición. Es decir, en todo caso, si el agente fiscal consideró la pluralidad dolosa de las acciones, pudo y debió calificar un concurso real de lesiones y violación especial, más ello debió ser objeto de probanza para delimitar el dolo diferenciado entre uno y otro delito, pues según la dinámica del hecho, el dolo de lesiones o animus laedendi debió preceder al ánimo lascivo que debió surgir posterior a la agresión física precedente y que generó el acceso carnal. Para que el relato del fáctum permitiese dicha subsunción, el acusado debió iniciar con la sola intención de lesionar físicamente a E. Y. L., y, posteriormente, debió surgir en él el ánimo lascivo que realizaría el tipo penal de violación especial. Todo ello queda en margen de supuesto porque el recurrente peticiona la aplicación de un concurso ideal medial, lo que resulta impropio al tratarse de un delito de violación especial cuya modalidad criminosa es de fuerza o violencia en las. Dicho en otras palabras, existe una contradicción ontológica en la subsunción típica que propone el ente fiscal, pues si arguye la existencia de un concurso ideal medial, está determinando a su vez que la finalidad dolosa del autor era la realización del delito de violación especial; en consecuencia, si existieron lesiones en el iter Criminis del delito, estos obedecen a la modalidad criminosa empleada y no a un tipo penal diferenciado que queda en consunción con el tipo penal complejo. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso presente, contrario arguye el recurrente, el hecho probado único de la sentencia no permite apreciar un concurso ideal medial del delito de lesiones con el delito de violación especial, sino solamente este último en su modalidad criminosa de fuerza o violencia sobre las personas. Además de ello, la Sala de lo Penal ha explicado en la respuesta al motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, que el concurso ideal medial es caracterizado por la unidad de la finalidad dolosa, en el que necesariamente se debe acudir a un delito para realizar posteriormente el otro que guía y dirige el comportamiento del autor, así como que existe una contradicción ontológica en la subsunción típica que propone el ente fiscal, pues si arguye la existencia del concurso ideal medial, está determinando a su vez que la finalidad dolosa del autor era la realización del delito de violación especial; en consecuencia, si existieron lesiones en el iter criminis del delito de violación especial, estos obedecen a la modalidad criminosa empleada y no a un tipo penal diferenciado que queda en consunción con el tipo penal reprochado. El recurso no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..". No es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 4. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 5. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 6. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: d. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; e. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y f. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: IV. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. V. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. VI. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la penamás alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Elvin Omar López Sierra, la pena de quince (15) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de E. Y. L. F.; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias penales de trabajo por el tiempo de la condena en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario y responsabilidad civil derivadas del delito. El delito de violación especial reprochado al acusado, se encuentra comprendido en el artículo 249 del Código Penal 130-2017, el cual establece que constituye delito de violación el acceso camal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2 La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Asimismo, establece el artículo 253 del Código Penal 130-2017, que la pena contemplada en el artículo anterior puede aumentarse hasta en un tercio (1/3) si el autor hace uso de armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos. En el presente caso, según el fáctum de la sentencia, la víctima fue reducida en su voluntad a consecuencia de los golpes realizados por el acusado con objetos contundentes y porque hizo uso de un arma blanca tipo navaja, infiriéndole una herida a la altura del rostro, accediéndola posteriormente vía vaginal para satisfacer su ánimo libidinoso. Uno de los medios empleados (arma blanca) para la realización de la conducta criminosa, se considera para esta superioridad como un instrumento peligroso para la vida o la salud de la víctima, lo que permite contemplar un margen abstracto de punibilidad de trece (13) años hasta diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, pena privativa de la libertad que se encuentra dentro del margen abstracto de la pena concreta de reclusión impuesta en instancia (quince (15) años). En este sentido, se concluye que no es aplicable la retroactividad del Código Penal 130-2017, pues no representa un beneficio respecto al quantum de la pena privativa de la libertad, de conformidad a lo establecido en su artículo 616; ello sin perjuicio de las demás penas principales que se deben imponer con la vigente norma sustantiva, que sin duda lejos de beneficiar al penado, le agravarían su situación jurídica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 484-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 484-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Elvin Omar López Sierra, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de la joven E. Y. L. F., a la pena de quince (15) años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara. Segundo: Condeno al señor Elvin Omar López Sierra, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Elvin Omar López Sierra, a favor de la víctima E. Y. L. F., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No decretó comiso por no haber sido puesta a disposición del tribunal, piezas de convicción o ejecución alguna. Sexto: Absolvió al señor Elvin Omar López Sierra, por su supuesta responsabilidad penal en el delito de Lesiones, en perjuicio de E. Y. L. F., en virtud de haber sido incluido como un elemento de violencia para el delito de violación especial por el cual ha sido condenado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado Gilberto Navas Izaguirre, defensor privado del señor Elvin Omar López Sierra, como recurrida. Hechos probados de la instancia. “UNICO: El día veintinueve de julio del 2006, como a eso de las 8:00 de la noche, la joven E. Y. L. F., salió de su casa de habitación ubicada en la Aldea Los Chorros, Plan de la Mesa de Sabanagrande, en vista de que fue enviada por su madre a la casa de su hermana ubicada en la misma aldea, a recoger un dinero, y cuando iba por el camino se encontró con el imputado Elvin Omar López Sierra, quien la saludó, continuando su paso la joven E., y luego de un rato, el imputado Elvin Omar le salió al paso contrario portando una navaja y dos piedras de gran tamaño, procediendo a inferirle a E. Y., una herida en el rostro y a golpearla con las piedras en su cuerpo, a lo cual ésta luchaba y trataba de correr pidiendo auxilio, sin embargo, en el sitio no había luz ni viviendas cercanas, por lo que éste la continuó golpeando hasta que la joven E. Y. perdió el conocimiento cayendo al suelo, lo cual fue aprovechado por el imputado Elvin Omar López para despojarla de su ropa, luego de lo cual le introdujo el pene en la vagina de ésta, sin que E. pudiera oponer ningún tipo de resistencia.” Recurso de casación. Motivos y argumentos. La parte recurrente, Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por Violación de los artículos 95 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 2, 36 y 136 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales y penales citados como infringidos por la violación textualmente dicen: El Artículo 95 de la Constitución de la República en su parte conducente indica: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley…” El Artículo 321 Constitucional dispone: “Los servidores del estado no tienen más facultad que las que expresamente les confiere la ley. todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. El Artículo 2 del Código Penal prescribe: “no se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley”. El Artículo 36 del Código Penal establece: “Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte. El artículo 136 del Código Penal vigente al momento de los hechos preceptuaba: “Será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años, quien produce una lesión en la que no concurra ninguna de las circunstancias dañinas a que se refiere los tres. Artículos anteriores pero que ocasiona, enfermedad o incapacidad para el trabajo por un término no menor de diez (10) días ni mayor de treinta (30) días, o que produzca la pérdida inutilización o debilitamiento de un miembro u órgano no principal o deje cicatriz visible y permanente en el rostro”. El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “ÚNICO: El día veintinueve de julio de 2006, como a eso de las 8:00 de la noche la joven E. Y. L. F. salió de su casa de habitación ubicada en la Aldea Los Chorros, Plan de la Mesa de Sabanagrande en vista que fue enviada por su madre a la casa de su hermana ubicada en la misma aldea a recoger un dinero y cuando iba por el camino se encontró con el imputado Elvin Omar López Sierra quien la saludó, continuando su paso la joven E. y luego de un rato el imputado Elvin Omar le salió al paso contrario portando una navaja y dos piedras de gran tamaño, procediendo a inferirle a E. Y. una herida en el rostro y a golpearla con las piedras en su cuerpo, a lo cual esta luchaba y trataba de correr pidiendo auxilio, sin embargo en el sitio no había luz ni viviendas cercanas, por lo que éste la continuó golpeando hasta que la joven E. Y. perdió el conocimiento cayendo al suelo, lo cual fue aprovechado por el imputado Elvin Omar López para despojarla de su ropa, luego de lo cual le introdujo el pene en la vagina de esta, sin que E. pudiera oponer ningún tipo de resistencia.” Cuando la total significación antijurídica de una conducta punible queda cubierta mediante la aplicación de una sola norma penal, nos encontramos ante un concurso de normas; pero si es necesario acudir conjuntamente a dos preceptos para abarcar la total ilicitud del hecho, estamos ante un concurso de delitos. Lo anterior viene a colación porque el Juzgador al hacer la fundamentación jurídica estimó que “el enjuiciado tenía la intención de cometer el ilícito de violación, configurándose el dolo directo como elemento subjetivo del tipo descrito y la acción típica que configura dicho delito, puesto que la lesión en el rostro también forma parte de la violencia ejercida por el imputado para poder accesar sexualmente a la joven E. Y. L., sin que se tratare de otro delito independiente como lo ha solicitado el Ministerio Público”. El Ministerio Público disiente con el razonamiento del Tribunal de Sentencia y sostiene que la doctrina apunta a que cuando el menoscabo de la integridad corporal o de la salud física se ha producido como consecuencia de la violencia empleada para vencer la resistencia de la víctima al ataque contra su libertad sexual, el régimen de concurso es el medial, y ello porque el delito de violación requiere el empleo de violencia, pero no exige la causación de lesiones corporales, de modo que el ataque a la salud y a la integridad corporal protegidos por el tipo de lesiones no es elemento indispensable del delito contra la libertad sexual. Así, se ha señalado que “la violación solamente consume las lesiones producidas por la violencia cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, por ejemplo, leves hematomas en los muslos o lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo premeditado sino como forzosa consecuencia del acceso carnal forzado”. Pero cuando se infieren fuertes lesiones “deliberadas y adicionales”, como medio de vencer la resistencia de la víctima, pero con entidad sustancial autónoma (corte en el rostro y pedradas en la cabeza con secuela de 21 días de incapacidad), procede la aplicación de lo dispuesto en el art. 36 del Código Penal Vigente, en relación con el tipo de Lesiones. El criterio manejado en este punto por la Sala de instancia no es acertado. Interpreta que no se detecta en el acusado un ánimo de lesionar que se superponga al de violar. Ese tipo de razonamiento parece reclamar un inexigible dolo específico en los delitos de lesiones. No es así: basta el dolo genérico; incluso en su modalidad eventual. Se aprecia, en consecuencia, vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, pues la pena al solamente considerarse el delito de Violación Especial oscila entre los 15 y 20 años de Reclusión, siendo lo correcto un aumento de 1/4 a dicho rango punitivo de acuerdo a lo establecido en los artículos 36, 136 y 140 numeral 2 del Código Penal. Es decir que el Juzgador tuvo que ponderar entre el abstracto de 18 años 9 meses a 25 años. Por tanto, en el anterior pronunciamiento se infringe por violación, es decir falta de aplicación, tanto el artículo 95 de la Carta Magna, como las demás disposiciones penales relacionadas, pues es evidente que si en la sentencia se condenó al Procesado ELVIN OMAR LÓPEZ SIERRA por el delito de Violación Especial, estipulando que este absorbió el delito de Lesiones, se ha omitido imponer la pena principal de acuerdo al mínimo y al máximo definido en abstracto por el legislador; de manera que se ha desconocido por parte del juzgador el principio de legalidad rector en la construcción dogmática de la teoría del delito. El principio de legalidad expresado en la fórmula de Von Feuerbach como “Nullum crimen nulla poena sine lege”, constituye una exigencia indiscutible en todo Estado de Derecho que da contenido a cuatro garantías básicas: La garantía criminal, que requiere que la sanción se halle determinada por la Ley; La garantía penal, que exige que la ley señale la pena que corresponde al hecho; La garantía jurisdiccional, demanda que la exigencia del delito y la imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según el procedimiento legalmente establecido y finalmente; La garantía de ejecución, que exige que también la ejecución de la sentencia se sujete a una ley que la regule. En función del respeto a la legalidad que debe prevalecer en las decisiones de los funcionarios, puesto que el constituyente de 1982 declaró en el artículo 321 de La Constitución de La República que los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad se demanda del supremo órgano de justicia la corrección de la extralimitación detectada en la sentencia. En ese mismo orden de ideas el Código Penal en su artículo 2 manda que no procede imponer otras penas que las ya establecidas previamente en la ley. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE El Ministerio Público deja claro que la infracción denunciada es por falta de aplicación de los preceptos sustantivos citados, reguladores del universal principio de legalidad en materia penal, expresando además que la pretensión es que se aplique adecuadamente lo determinado en el artículo 36 del Código Penal, imponiéndose la pena de reclusión de acuerdo al margen de 18 años 9 meses a 25 años que surge del concurso entre el delito de Violación Especial y Lesiones. EXPOSICION DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación de los Artículos 36 y 136 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos penales y legalmente citados como infringidos por Falta de Aplicación establecen que cuando un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte. Y en el caso subjudice al examinar el fáctum, se evidencia también la incorrecta desestimación de los artículos 36 y 136 del Código Penal, ya que se describen en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado incurrió en los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL y LESIONES, pues se relata que este golpeó con piedras a la ofendida, además de herirle la cara con una navaja, lo cual la dejó en un estado de inconsciencia que luego aprovechó para introducirle su pene en la vagina. En el concurso medial se ha cambiado el régimen y se debe imponer una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, no pudiendo exceder de la suma de las penas concretas que deberían ser impuestas separadamente por cada uno de los delitos. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción de los artículos 36 y 136 del Código Penal por Falta de Aplicación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1]En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debenunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, fiscal del Ministerio Público. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 95 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 2, 36 y 136 del Código Penal. Concepto de la infracción: infracción al principio de legalidad. Pretensión: aplicar adecuadamente el artículo 36 del Código Penal, imponiendo la pena de reclusión en un margen abstracto de 18 años 9 meses a 25 años, que surge del concurso entre el delito de violación especial y lesiones. El censor del fallo inicia la exposición de su reclamo, en una cita de los artículos 95 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 2, 36 y 136 del Código Penal; así como del hecho probado único de la sentencia. Luego de lo cual, arguye que la antijuricidad de la conducta punible no solamente queda abarcada por el tipo penal de violación especial, sino también, hay que acudir al tipo penal de lesiones; ello porque el delito de violación requiere el empleo de violencia, pero no exige la causación de lesiones corporales, de modo que el ataque a la salud y a la integridad corporal protegidos por el delito de lesiones, no es un elemento indispensable del delito contra la libertad sexual. Continúa expresando que la violación solamente consume las lesiones producidas por la violencia cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, por ejemplo, leves hematomas en los muslos o lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo premeditado, sino como forzosa consecuencia del acceso carnal forzado. De lo anterior, concluye que nos encontramos ante un concurso ideal medial de lesiones con violación especial, por lo que considera que el margen abstracto de punibilidad, debe oscilar entre 18 años y 9 meses a 25 años de reclusión. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente la exigencia de Lex Praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2], son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años una pena de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive, cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Visto y analizado el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público, el mismo se contrae a denunciar la infracción al principio de legalidad contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República, por considerar que la antijuricidad de la conducta reprochada al acusado, no solamente queda abarcada por el tipo penal de violación especial, sino también, hay que acudir al tipo penal de lesiones en concurso ideal medial. Expresa que el delito de violación solamente consume las lesiones producidas por la violencia, cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, por ejemplo, leves hematomas en los muslos o lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo premeditado, sino como forzosa consecuencia del acceso carnal forzado. De lo anterior, colige que, al aplicar el concurso ideal medial, el margen abstracto de punibilidad debe oscilar entre 18 años y 9 meses a 25 años de reclusión y no solamente 15 años como determinó la instancia. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal ha expresado a través de su jurisprudencia, que el principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa. El censor considera la infracción a este principio, en síntesis porque el sentenciador no aplicó el concurso ideal medial de lesiones con violación especial, sino que consideró que“… Si bien el Ministerio Público acusó también por el delito de lesiones al imputado Elvin Omar López, por la herida provocada en el rostro de E. Y. L., lo cierto es que tanto la herida producida en el rostro por parte del imputado como también los golpes que el imputado le profirió a la ofendida con piedras, estima el tribunal que fueron realizados con la intención de accesarla sexualmente, ya que, al resistirse físicamente E. Y. cuando éste la agarró, ella corrió gritando y pidiendo auxilio por lo que procedió a golpearla constantemente con las piedras hasta desmayarla y una vez quedando inconsciente E., este procedió a penetrar su pene en la vagina de ésta, sin que ella pudiera oponer resistencia debido a que la ofendida quedó inconsciente producto de los golpes recibidos….” En relación a lo expuesto, este Tribunal de Casación hace hincapié en que la subsunción típica que peticiona la acusación en sede casacional, es equívoca, pues si bien pueden concurrir las conductas antijurídicas de lesiones y violación como delitos autónomos, aun cuando este último sea realizado en su modalidad criminosa de vis absoluta o fuerza o violencia sobre el sujeto pasivo, ello debe apreciarse en concurso real y no en concurso ideal medial como peticiona el ente fiscal, pues siempre que se erija la fuerza o violencia física como modalidad criminosa, existirá en mayor o menor medida, un grado de agresión para vencer a la víctima que se resiste al acceso carnal o que tenga la posibilidad de desplegarla. El concurso ideal medial es caracterizado por la unidad de fin, en el que un delito es medio para lograr el otro, el cual es la finalidad última de su voluntad y disposición. Es decir, en todo caso, si el agente fiscal consideró la pluralidad dolosa de las acciones, pudo y debió calificar un concurso real de lesiones y violación especial, más ello debió ser objeto de probanza para delimitar el dolo diferenciado entre uno y otro delito, pues según la dinámica del hecho, el dolo de lesiones o animus laedendi debió preceder al ánimo lascivo que debió surgir posterior a la agresión física precedente y que generó el acceso carnal. Para que el relato del fáctum permitiese dicha subsunción, el acusado debió iniciar con la sola intención de lesionar físicamente a E. Y. L., y, posteriormente, debió surgir en él el ánimo lascivo que realizaría el tipo penal de violación especial. Todo ello queda en margen de supuesto porque el recurrente peticiona la aplicación de un concurso ideal medial, lo que resulta impropio al tratarse de un delito de violación especial cuya modalidad criminosa es de fuerza o violencia en las. Dicho en otras palabras, existe una contradicción ontológica en la subsunción típica que propone el ente fiscal, pues si arguye la existencia de un concurso ideal medial, está determinando a su vez que la finalidad dolosa del autor era la realización del delito de violación especial; en consecuencia, si existieron lesiones en el iter Criminis del delito, estos obedecen a la modalidad criminosa empleada y no a un tipo penal diferenciado que queda en consunción con el tipo penal complejo. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, fiscal del Ministerio Público. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas sustantivas que se denuncian infringidas: artículos 36 y 136 del Código Penal 144-83. Concepto de la infracción: falta de aplicación. Pretensión: aplicar adecuadamente el artículo 36 del Código Penal, imponiendo la pena de reclusión en un margen abstracto de 18 años 9 meses a 25 años, que surge del concurso entre el delito de violación especial y lesiones. El censor del fallo arguye que al examinar el fáctum de la sentencia, se evidencia la incorrecta desestimación de los artículos 36 y 136 del Código Penal, ya que describen en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado incurrió en los delitos de violación especial y lesiones, pues se relata que este golpeó con piedras a la ofendida, además de herirle la cara con una navaja, lo cual la dejó en un estado de inconsciencia que luego aprovechó para introducirle su pene en la vagina. Del delito de violación sexual. Ha decretado el Tribunal de Sentencia, que el hecho segundo declarado probado es base para sancionar penalmente al acusado Leonel Castellano Chacón, por un delito de violación, denunciando la censora que tal hecho es atípico, pues no se encuadra al ámbito situacional previsto en la norma penal del artículo 140 del Código Penal. El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual.- Debe entenderse por libertad sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (Razón) y volitivas (Voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar así como lo relativo a lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros.- Entretanto la indemnidad sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; Tales personas son: a. Los menores de catorce años de edad aun cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad; en consecuencia la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual.- b. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre; en consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la libertad sexual encontramos el tipificado en el artículo 140 del Código Penal que contiene el delito de Violación Sexual, el que en su supuesto simple (violación sexual simple), señala como tal “el acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al conyugue de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, un perjuicio grave e inminente”; así pues constituyen elementos objetivos del tipo penal: Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer, igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer, más lo que si siempre deberá presentarse es la participación de un hombre como sujeto activo y/o pasivo, al requerirse la conducta de acceso carnal, por cuanto no constituye violación sexual (sin perjuicio que se encuadre en otra figura penal) cuando los sujetos activos y pasivos son ambas mujeres; b. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, el cual consiste en el acceso carnal, entendido como el coito o penetración que haga el miembro viril del hombre, en la vagina de una mujer o en el ano o la boca de otra persona (mujer u hombre), con indiferencia si se da o no. la eyaculación o el orgasmo; c. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, prevista de dos maneras en el tipo penal en estudio: i. Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acceso carnal, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; ii. Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de este tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero(a) de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que conozca y quiera el resultado acceso carnal conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. Pero además del supuesto señalado, el artículo 140 del Código Penal tipifica el delito de violación especial, como el acceso carnal, con persona de uno u otro sexo, cuando no medie violencia o amenaza (intimidación), en contra de persona alguna, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de 14 años de edad, pues aun cuando ésta preste su consentimiento, este se considera viciado a razón de la edad, afectando la conducta la indemnidad sexual, como se ha explicado ya; b. Cuando el sujeto pasivo, por causa ajena al sujeto activo, se halle privado de la razón o voluntad, lo cual es aprovechado por éste para sostener el acceso carnal; son los casos en donde el sujeto pasivo adolece de un trastorno mental permanente o transitorio, endógeno o exógeno, que le inhibe o elimina las capacidades cognitivas y/o volitivas; c. Cuando el sujeto pasivo por cualquier causa preexistente no pueda oponer resistencia, por causa distinta a la violencia; este supuesto prevé los casos de disminución o ausencia en las capacidades motoras del individuo víctima, por su inmovilización por medios mecánicos o en los casos de agotamiento extremo; d. Cuando el sujeto activo, a efecto de anular la voluntad y/o resistencia del sujeto pasivo, le suministre sustancias psicotrópicas, estupefacientes o alcohol; es válido anotar que es indiferente si tales sustancias o estupefacientes son de uso lícito, restringido o ilícito, siempre que sean suministrado para conseguir alterar la voluntad del sujeto pasivo al que después se accesa carnalmente; y e. Cuando siendo el sujeto activo encargado de la guarda o custodia del sujeto pasivo, se valga de figura de la autoridad que le coloca en tal posición, como medio para acceder a éste; son los casos conocidos como violación por prevalimiento, en donde el sujeto activo logra doblegar la voluntad del sujeto pasivo gracias a la figura de autoridad que representa para éste, como consecuencia del ejercicio de la guarda o custodia legalmente conferida o asumida por circunstancias de hecho. El artículo 140 prevé circunstancias que si bien aparecen enumeradas en el listado de los casos de violación especial, son circunstancias agravantes del delito de violación simple, que motivan el aumento de la pena, pues cada una de ellas exige como condición que el sujeto activo cometa la violación mediante violencia o intimidación en las personas; ergo tales circunstancias si bien pueden presentarse igualmente en los casos de violación especial, no dispone la norma un aumento de pena, por lo que solo podrán ser apreciadas a efecto de la individualización de la pena concreta.- Son las circunstancias agravantes del delito de violación simple: a. Cuando el sujeto activo comete el delito de violación a sabiendas de que es portador de una enfermedad de transmisión sexual, incurable al momento del cometimiento del hecho; b. Cuando la violación sea realizada por varios sujetos activos en una misma dinámica de hecho; c. Cuando la violación sea cometida por un sujeto activo reincidente del delito de violación; d. Cuando la mujer víctima del delito de violación se encuentre en estado de embarazo; e. Cuando la mujer, como consecuencia del delito de violación, quede en estado de embarazo (agravante por resultado); y f. Cuando el sujeto pasivo del delito de violación sea una persona mayor de 70 años de edad. Igualmente debe apreciarse el elemento subjetivo para que las circunstancias agravantes sean apreciadas, es decir el sujeto activo debe tener conocimiento sobre la existencia de la circunstancia de hecho y la voluntad de ejecutar la conducta de violación sexual sobre su base.- Ahora bien en el caso específico de la agravación por resultado (cuando la mujer quede en estado de embarazo como producto de la violación), el sujeto activo deberá representarse la posibilidad de dicha circunstancia (dolo eventual), obrando con indiferencia ante ella. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso presente, contrario arguye el recurrente, el hecho probado único de la sentencia no permite apreciar un concurso ideal medial del delito de lesiones con el delito de violación especial, sino solamente este último en su modalidad criminosa de fuerza o violencia sobre las personas. Además de ello, la Sala de lo Penal ha explicado en la respuesta al motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, que el concurso ideal medial es caracterizado por la unidad de la finalidad dolosa, en el que necesariamente se debe acudir a un delito para realizar posteriormente el otro que guía y dirige el comportamiento del autor, así como que existe una contradicción ontológica en la subsunción típica que propone el ente fiscal, pues si arguye la existencia del concurso ideal medial, está determinando a su vez que la finalidad dolosa del autor era la realización del delito de violación especial; en consecuencia, si existieron lesiones en el iter criminis del delito de violación especial, estos obedecen a la modalidad criminosa empleada y no a un tipo penal diferenciado que queda en consunción con el tipo penal reprochado. El recurso no es objeto de recibimiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. No es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 4. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 5. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 6. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: d. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; e. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y f. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: IV. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. V. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. VI. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Elvin Omar López Sierra, la pena de quince (15) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de E. Y. L. F.; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias penales de trabajo por el tiempo de la condena en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario y responsabilidad civil derivadas del delito. El delito de violación especial reprochado al acusado, se encuentra comprendido en el artículo 249 del Código Penal 130-2017, el cual establece que constituye delito de violación el acceso camal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2 La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Asimismo, establece el artículo 253 del Código Penal 130-2017, que la pena contemplada en el artículo anterior puede aumentarse hasta en un tercio (1/3) si el autor hace uso de armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos. En el presente caso, según el fáctum de la sentencia, la víctima fue reducida en su voluntad a consecuencia de los golpes realizados por el acusado con objetos contundentes y porque hizo uso de un arma blanca tipo navaja, infiriéndole una herida a la altura del rostro, accediéndola posteriormente vía vaginal para satisfacer su ánimo libidinoso. Uno de los medios empleados (arma blanca) para la realización de la conducta criminosa, se considera para esta superioridad como un instrumento peligroso para la vida o la salud de la víctima, lo que permite contemplar un margen abstracto de punibilidad de trece (13) años hasta diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, pena privativa de la libertad que se encuentra dentro del margen abstracto de la pena concreta de reclusión impuesta en instancia (quince (15) años). En este sentido, se concluye que no es aplicable la retroactividad del Código Penal 130-2017, pues no representa un beneficio respecto al quantum de la pena privativa de la libertad, de conformidad a lo establecido en su artículo 616; ello sin perjuicio de las demás penas principales que se deben imponer con la vigente norma sustantiva, que sin duda lejos de beneficiar al penado, le agravarían su situación jurídica. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público 3) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Elvin Omar López Sierra. 4) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha treinta de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 484-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2]Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.