Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-480-18 — Registro 14729

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de asociación ilícita, atentado y Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala observa que el recurrente basa su tercer motivo de casación por quebrantamiento de forma por la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. Alega concretamente que conforme a los artículos 338 y 340 del Código Procesal penal, la sentencia absolutoria, deberá se redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En ese caso, el presidente del tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. El Artículo 340 del Código Procesal Penal, establece: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia Absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada cumplido lo anterior”. El Artículo 343 del Código Procesal Penal dice: “Segunda fase. Audiencia para determinar la pena concreta... En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los Artículos 338 y 340, en lo procedente.” Que de la redacción del acta de debate se desprende que el juicio se llevó a cabo el 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis. Sin embargo, la sentencia fue notificada al recurrente el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años con tres meses después de haber concluido el juicio, algo que perjudica al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos. Esta Sala considera que, en el presente caso, consta de autos folio 407) que las sesiones del juicio oral y público se llevaron a cabo los días 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis y que la audiencia para la notificación de la sentencia fue notificada al recurrente hasta el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años, tres meses después de haber concluido el juicio; sin embargo, esta Sala considera que no obstante constituye una irregularidad procesal, en el presente caso, no llega a dar lugar a anular el juicio en tanto que no ha provocado un estado de indefensión al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, pues al ser notificada la sentencia le ha empezado a correr el plazo de veinte días, establecido en el artículo 363 del Código Procesal Penal para interponer el recurso de casación, derecho a recurrir que el recurrente ha ejercitado para impugnar la sentencia. Por lo anterior, esta Sala desestima el tercer motivo de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el recurrente.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, falla imponer al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos: 1) La pena de 13 años, 4 meses de reclusión, por el delito de Asociación Ilícita, perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) La pena de 1 año de reclusión por el delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Y la pena de 13 años, 4 meses de reclusión por el delito de Asesinato en grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de los señores Jaime Meraz, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodriguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, o sea lo que hace un total de 81 años de reclusión, en concurso real, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Sin embargo, el artículo 35 del Código Penal, impone un límite legal para el cumplimiento de penas acumuladas en concurso real, que en ningún caso puede exceder de 30 años de reclusión. (Decreto 144-87) Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como responsable le correspondería del sancionado penalmente con las penas abstractas siguientes: 1) Por el Delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales: De 6 a 10 años de prisión y Multa de 100 a 500 días (Art. 554 del Código Penal); 2) Por el delito de Atentado en perjuicio del orden Público: De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, por aumentarse la pena de 1 a 3 años de prisión y multa 100 a 300 días en 1/3, por haber cometido el delito de Atentado mediante el uso de armas de fuego; 3) De 15 a 20 años de prisión, por cada uno de los 5 delitos de Asesinato en grado de tentativa acabada, cometidos en perjuicio de los señores Jaime Meraz, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodriguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, lo cual da 75 años de prisión. Lo cual, en concurso real, da un total de 82 años y 4 meses de prisión, y la pena de Multa de 233.33 días, mas las penas de suspensión de ciudadanía, inhabilitación absoluta, prohibición de tenencia y portación de armas y prohibición de residencia y aproximación a las víctimas, todas por el tiempo de duración de la pena. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en concurso real si alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el límite máximo de duración de la pena a cumplir sería de 40 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

  • Decreto 184-2013, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de presunción de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el tribunal le concede valor probatorio a la prueba del Testigo Protegido ESP-2, a del Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, por considerar que faltan a la verdad de los hechos, y al Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, por estimar que no se basa en medios de prueba confiables como ser fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a todo lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad; ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenar al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos por los delitos de Asociación Ilícita, Atentado, Asesinato en grado de ejecución de Tentativa, han sido constitucionalmente obtenidas e incorporadas lícitamente al juicio oral. Concretamente, para acreditar los hechos de fecha 3 de julio de 2013, el tribunal ha utilizado como medios de prueba los siguientes: Testigos Wilson Javier Carranza Bonilla, Adolfo Vásquez, Dictamen de Evaluación física Médica Número 0188 ratificado en juicio por la Doctora Kenia Maria Sarabia Lucido, oficio DGPN planilla 095-2015, acta de inspección ocular. Para acreditar los hechos de fecha 11 de febrero de 2014, se presentaron los medios de prueba siguientes: testigo Protegido ESP-2, Jaime José Meraz Oseguera, Douglas Javier Calderón Tercero, José Edil Rodriguez Colindres, Juan Miguel Juárez Bonilla, Luis Alberto Escoto Castellanos, Dictamen de Médico Numero 0319 ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Jaime José Meraz Oseguera,  Martinez, Dictamen Médico Numero 0320, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Luis Alberto Escoto Calderón, Dictamen de Médico Numero 0321, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Juan Miguel Juárez Bonilla, Dictamen de Médico Numero 0322, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Douglas Javier Calderón Tercero, oficio DGPN planillas No. 0175-2015. Para acreditar los hechos relacionados al delito de Asociación Ilícita se presentaron los medios de prueba siguientes: Informe de 10 de marzo del 2014, informe de la Banda Los Espinoza 05/nov/2013, ratificado por el Agente HO3505, álbum fotográfico que identifica parte de los miembros de la Banda de los Espinoza, ratificado y explicado en juicio por el Coronel Rubén Almendares Herrera, con relación al peritaje del perito Silva, Peritaje elaborado por Perito señor Daniel Edgardo Silva Alvarado,  extracción de los videos y 26 fotografía de las micro SD, evidencias que comprenden 1 CD con filmaciones de los miembros de la Banda de los Espinoza y 4 memorias color negro. Medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos en los hechos ilícitos por los que se le juzga. Por todo lo anterior, esta Sala considera que en este caso, las razones vertidas en juicio para dotar de credibilidad a los medios de prueba de reproche, consistentes en las declaraciones del Testigo Protegido ESP-2, y del Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, y al medio de prueba documental consistente en el Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, son concluyentes y perfectamente válidas para adquirir certeza positiva acerca de la participación culpable del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos en el hecho justiciable. Por lo expuesto, esta sala, por entender que ha sido sometido a juicio y juzgado con observancia de los derechos, formalidades y garantías establecidas en la Constitución de la República, en un juicio que ha generado prueba de cargo suficiente para dictar sentencia condenatoria en su contra, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe el derecho de presunción de inocencia del señor acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque en el presente caso cuando el tribunal de juicio accede a la petición del Ministerio Público, en la etapa de incidentes del juicio, presenta como medios de prueba cuatro memorias micro SD de color negro, recatados de los teléfonos de los policías Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, en que aparecen imágenes de los miembros de la Banda de los Espinoza, y pide que sea juramentado el Perito de Videos Forense Daniel Edgardo Silva Alvarado, para la sustracción de videos y fotografías, y propone como testigos a cuatro policías, a pesar de la oposición de la defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque, debido a que esas memorias no pertenecen ni fueron decomisadas a ninguno de los imputados, por haber solicitado la juramentación de un perito a esa altura del proceso, perito que tuvo tiempo suficientes para preparar el juicio, y testigos a estos policías, por entender que desde el requerimiento al acusado Gonzalo Alexis Luque el Ministerio Público sabía de estos testigos, todo lo cual causa indefensión al acusado Gonzalo Alexis Luque, pues la defensa del acusado no tenía conocimiento de dichos medios de prueba, que en ningún momento eran prueba nueva o desconocida, pues desde que inició sabían de su existencia, por lo que incumple los requisitos exigidos por el artículo 320 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que el derecho de defensa garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso sea juzgada por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantías establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. El derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en los derechos procesales. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia no ha infringido el derecho de defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos dado que el artículo 320 del Código Procesal Penal es claro, en su primer párrafo está orientado a la recepción de recusaciones, excepciones, causas de nulidad y exclusión de medios de prueba por causa de ilicitud siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces. El segundo párrafo, del artículo 320 se refiere a proposición de nuevos medios de prueba, y cuyo único requisito dispuesto por el legislador es que los medios de prueba propuestos en la etapa incidental del juicio, se puedan practicar sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El tercer párrafo de la misma disposición, determina el momento en que el tribunal ha de resolver las cuestiones planteadas, ya sea en el mismo acto de su presentación o en forma diferida, al momento de dictar la sentencia. En este caso, la fiscalía del Ministerio Público propuso en la etapa de incidentes del juicio oral y público los medios de prueba ya relacionados, los que el tribunal de juicio comprobó que se podían evacuar sin necesidad de suspender las sesiones del juicio, por lo que resolvió admitirlos. Esta Sala estima que el acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos ha sido juzgado con observancia de los derechos, formalidades y garantías, entre ellos del derecho de defensa, en virtud de que el imputado y su abogado defensor han tenido la oportunidad procesal de: a) Conocer los cargos y la prueba en que se ampara la contraparte; b) Contar con el tiempo suficiente para la preparación de la defensa; c) Participar en el proceso en condiciones iguales; d) Poder la persona imputada ejercer materialmente la defensa y contar con una defensa letrada; e) De controvertir lo señalado o presentado por la contraparte; f) Presentar los medios probatorios en pro de acreditar su razón; g) Formular peticiones en los momentos procesales oportunos y obtener del órgano jurisdiccional la pronta respuesta; h) Conocer las razones que fundamentan las decisiones judiciales; i) De poder contar con la posibilidad de recurrir la decisión judicial sin sanción o censura alguna; entre otros. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de derecho defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República en relación al artículo 320 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, al valorar los siguientes medios de prueba siguientes: declaraciones del Testigo Protegido ESP-2 y del testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, a los que el Tribunal les da credibilidad total, por considerar que son creíbles, claros y coherentes en sus dichos, con lo que el recurrente estima que el tribunal de juicio ha violentado la regla de la lógica de derivación, en sus características de suficiencia y veracidad. Asimismo, el medio de prueba de Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, al que también concede plena credibilidad, violentando con ello la regla de la Sana Critica, de la lógica en el principio de derivación. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, presentada en juicio por el Ministerio Público, consistente en las declaraciones del Testigo Protegido ESP-2 y del testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, y prueba documental consistente en el Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, son lógicas, coherentes y suficientes, para con ellas y demás prueba de cargo debidamente incorporada al juicio, logren formar la convicción en los miembros del tribunal sobre la certeza de la participación del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos en los hechos ilícitos por los que se le juzga. En este caso, los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí. No infringe la regla 1ógica de derivación pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia están constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas, por lo que desestima el motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 480-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 480-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Gonzalo Alexis Luque Ramos y Pedro Celestino Espinoza Martínez, como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Gonzalo Alexis Luque Ramos y Pedro Celestino Espinoza Martínez, como autores del delito de Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de un año de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como autor de cinco delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de los señores Jaime Meras, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodríguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor Pedro Celestino Espinoza Martínez, como autor de dos delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de los señores Adolfo Vásquez Vásquez y Wilson Javier Carranza Bonilla, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Quinto: Las penas de reclusión que deberán cumplir los condenados una en pos de otra comenzando por las más graves se detallan de la siguiente manera: Gonzalo Alexis Luque Ramos, un total de ochenta y un años, el señor Pedro Celestino Espinoza Martínez, un total de cuarenta y un años de reclusión. Sexto: Condenó a los señores Gonzalo Alexis Luque Ramos y Pedro Celestino Espinoza Martínez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Séptimo: Se declaró a los señores Gonzalo Alexis Luque Ramos y Pedro Celestino Espinoza Martínez, responsables civilmente.- Octavo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Noveno: Se declaró el comiso de cuatro memorias MicroSD, de color negro, dos con capacidad de 2GB, una con capacidad de 4GB, y una con capacidad de 512GB y un CD, que contienen imágenes y videos de los miembros de la banda de los Espinoza.” SON PARTES: El Abogado Carlos Eduardo Inestroza Molina, en su condición de defensor privado del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Durante los años 2013 y 2014, los señores PEDRO CELESTINO ESPINOZA MARTINEZ, ALIAS “PEDRIN” y GONZALO ALEXIS LUQUE RAMOS, entre otros, forman parte de un grupo denominado banda de “los Espinozas”, liderado por otra persona llamada PEDRO CELESTINO ESPINOZA BAIRES, ALIAS "CACASTE" y conformado por más de diez personas, quienes se dedicaban a realizar acciones reñidas con la Ley, en las comunidades de las Delicias, el Tablón, Quebrada Amarilla, las Uvas, lugares pertenecientes a la Jurisdicción del Municipio de San Luis, Comayagua, entre otros; es así que, ante las denuncias verbales de algunos habitantes de las comunidades aledañas al Municipio de San Luis, Comayagua, de que ésta banda fuertemente armada con diversos tipos de armas de fuego, le había dado muerte a varias personas y a miembros de la Policía Nacional, robos a vehículos repartidores y a personas, extorsiones mediante el denominado cobro de impuesto de guerra, despojar de sus propiedades a los legítimos propietarios y otros, se conformaron varios equipos para realizar operativos policiales y militares, a fin de dar con la ubicación de este grupo de personas denominado banda de “los Espinozas”. SEGUNDO: En fecha 03 de julio del año 2013, un equipo Policial conformado por varios agentes, entre ellos, Adolfo Vásquez Vázquez, Wilson Javier Carranza Bonilla y José Santos García, se desplazaron para realizar un operativo de rutina en los lugares aledaños al Municipio de San Luis, Comayagua; y cuando iban transitando, a eso de las 9:30 de mañana, a bordo del Vehículo doble cabina, color Rojo, tipo Pick Up, a la altura del lugar conocido como Las Uvas, Jurisdicción de la Aldea el Tablón, Municipio de San Luis, Comayagua, fueron interceptados por el grupo de individuos denominados banda de “los Espinoza”, quienes sin mediar palabras atacaron a los agentes con disparos de arma de fuego, entre ellos, el señor Pedro Celestino Espinoza Martínez, alias “PEDRIN”, quien disparó en contra de la humanidad del señor Wilson Carranza, infiriéndole a éste un rozón de bala en la región frontal, momento en el cual, sus compañeros logrando tirarse al suelo, rodaron y repelieron el ataque evitando así ser heridos, prestándole auxilio a su compañero Carranza, quien fue trasladado a una clínica del Municipio de San Luis y posteriormente trasladado al Hospital Colonial de Comayagua, donde recibió atención Médica. TERCERO: En fecha 11 de febrero del año 2014, entre las 7:00 a 7: 30 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Preventiva realizaban un patrullaje de rutina, y cuando iban transitando a la altura de la Aldea Las Delicias, Municipio de San Luis, Comayagua, fueron interceptados por el grupo de personas denominados banda “los Espinoza”, quienes vestían con fatigas militares, otros con chumpas color negro y gorros en la cabeza, cuando uno de ellos identificado como Pedro Celestino Espinoza Baires, alias “Cacaste”, le expresó a los agentes “identifíquense hijos de puta”, quienes de inmediato procedieron a atacar a disparos a los agentes con diferentes armas de fuego, disparando entre ellos, Gonzalo Luque Ramos, resultando heridos los Policías Jaime Josué Meraz Oseguera, a quien le infirieron una herida que produjo: A) Fractura expuesta grado IV A de femur izquierdo, B) Herida en escotro izquierdo. C) Orquiectomía izquierda; Luis Alberto Escoto Castellón, a quien le infirieron una herida que produjo una fractura expuesta de falange 1 del dedo índice izquierdo, fractura expuesta del 2 0 dedo derecho; Juan Miguel Juárez Bonilla, a quien le infirieron una herida que produjo: a) trauma toraco abdominal; b) hemotórax; c) Neumotórax; y Douglas Javier Calderón, a quien le infirieron una herida en el hombro derecho. También conformaba el equipo policial el agente Edil Emilio Rodríguez Colindres, quien resultó herido en la parte del cuello, en el lado izquierdo. Los Policías se tiraron al suelo, se escondieron en unos palos de café y repelieron el ataque, lo que ocasionó que se fueran del lugar el grupo de individuos entre ellos Gonzalo Luque Ramos. Luego los Policías heridos, fueron trasladados de emergencia al Hospital Militar de Tegucigalpa, para que les prestaran atención Medica en dicho centro hospitalario.” RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Carlos Eduardo Inestroza Molina, en su condición de defensor privado del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “De La Infracción de Precepto Constitucional Primer Motivo Invocado: Infracción del Precepto Constitucional Contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República: Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 89 de la Constitución de la República: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Explicación del Motivo Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Estas normas constitucionales tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca legalmente su culpabilidad”, asimismo, con el artículo 339 del Código Procesal Penal: “RESOLUCION. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo será absuelto en caso de duda razonable.” Con base a lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que debe referirse al hecho del proceso y fundarse en el derecho. De ahí que en el juicio lógico se deba aplicar el razonamiento lógico, el cual se compone de un conjunto de juicios que mantienen entre si relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados a los que denominamos premisas, podemos llegar deductivamente a un juicio que no conocíamos y que llamamos conclusión. La obtención de dicha conclusión debe asegurar la validez de la estructura lógica de los juicios que componen las premisas. En el presente caso, no se cumple con un razonamiento lógico para poder culpar a mi representado de los delitos por el que se le condena, pues los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público no sólo son insuficientes, sino que de los mismos, no se puede arribar a un fallo condenatorio. Lo anterior, también viene reforzado por las reglas de la derivación lógica, que nos indican que para que dicho criterio tome lugar, debe fácilmente permitir deducir un enunciado verdadero a partir de otro u otros que se tienen como válidamente verdaderos. La lógica, en su aspecto deductivo, posee unos mecanismos por medio de los cuales es capaz de determinar si el razonamiento es válido o no; es decir, si de la unión de los términos de las premisas se puede concluir lógicamente la conclusión. Es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten justicia en un proceso penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un juicio justo y apegado a derecho, el hecho de condenar con prueba insuficiente, constituye una flagrante vulneración a la “PRESUNCION DE INOCENCIA “manifestando la sala en esta sentencia citada, lo siguiente: “El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). (lo subrayado es nuestro). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: "118 [...] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia [...]”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “…. es un estado inherente a la persona humana ..”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. (lo subrayado es nuestro) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme [...].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, [...]”. siendo concretamente nuestra postura que la prueba evacuada en juicio fue insuficiente para poder declarar culpable a mi defendido, para el caso señores Magistrados, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de tentativa, solo se evacuaron dos testigos a los cuales el Tribunal les da credibilidad, sin embargo esta postura atenta contra el principio de inocencia de mi patrocinado; pues el testigo protegido ESP-2 manifestó “el 11 de febrero del año 2014, él se encontraba en las Delicias, y cuando el agarre de los Espinoza, él miró al señor Gonzalo Luque Ramos, con una chumpa negra, que la gente le tenía miedo a estas personas, ya que mataban, asaltaban carros repartidores se adueñaban de fincas, él se tiró por un bordito y miró que todos salieron de la casa de doña Dorca Ramos, sacaron armas, entonces él se escondió en un palo de café y miró a Gonzalo Ramos que iba con un rifle 22, cuando venían ellos, dijo Pedro Celestino, Alias Cacaste, “demuéstrense hijos de puta quienes son ustedes”, pensó que era con él y se escondió, pero era con la policía que se agarraron a tiros, después agarraron de “juida” y se fueron para una finca que se llama los naranjos. Posteriormente él escuchó que se agarraron con la Policía y que Pedro estaba muerto. La defensa dejó acreditado la contradicción de este testigo al haber manifestado En juicio que Gonzalo iba con un rifle 22 y en la audiencia inicial declaró que era una escopeta, con lo cual consideramos que este testigo miente, porque en primer lugar manifiesta que vio los hechos y posteriormente manifiesta que él escuchó que se agarraron con la policía, hay que preguntarse entonces ¿vio o escuchó? Dejando la duda sobre sus dichos. De igual manera declaró el policía Juan Miguel Juárez Bonilla, quien manifestó que salieron el 1 1 de febrero del año 2014 salieron en una misión de dar captura a la Banda denominada los Espinoza, llegando como a las siete de la mañana, observando a un grupo de 15 a 20 personas, unos andaban con indumentaria policial chumpas negras, peludos, los agarraron a disparos y varios compañeros de él salieron heridos; manifestó además que antes ya contaba con un padrón fotográfico que ellos manejaban de la Banda de los Espinoza, sobre las personas que lo atacaron dijo reconocer a Gonzalo y mencionó que en ese entonces era una persona alta, trigueña, andaba chumpa negra y con una gorra, que mencionó y señaló que estaba en la sala de juicios, que él los observó a todos, porque tenía que proteger su vida, su reacción fue protegerse de los disparos... Si analizamos la versión de este policía, podemos concluir también que miente, que en ningún momento pudo reconocer a mi defendido en el supuesto ataque que sufrieron, ya que como el mismo lo dice, "tuvo que protegerse de los disparos" entonces como es posible que sea tan preciso y pudo identificar a Gonzalo Alexis, entre 15 a 20 personas que él mismo manifestó que habían; sin duda alguna señores magistrados éste testigo miente y como el mismo lo declaró, que tenía un padrón fotográfico de todos los que supuestamente integraban la banda de los Espinoza, lo más seguro, que fue por fotografía que identificó a mi patrocinado, ya que no es posible que haya podido identificarlo en el supuesto ataque, y con la agravante aún, como él lo declaró, a una distancia de unos 100 metros de la casa donde se encontraban los Espinoza, Io cual es imposible poder identificar plenamente a alguien que lo ataca a esa distancia y sobre todo dentro de un bosque donde la visibilidad no es clara debido a los árboles que impiden tener una vista mejor y máxime cuando, así como lo narró el testigo, su reacción fue protegerse de los disparos; por ende no podía observar detenidamente a nadie pues su prioridad era salvar su vida, por lo que también este testigo miente, igual que el testigo anterior. Lo mismo sucede respecto al delito de Asociación ilícita por el cual también el Tribunal declaró culpable a mi patrocinado, y donde el Ministerio Público solo presentó como testigos para la acreditación de este delito a dos Testigos, siendo Cesar Eduardo Larach, quien ratificó el informe elaborado el 10 de Marzo del año 2014, donde informa que mi defendido fue detenido fue detenido el 9 de marzo de dicho año, por considerarlo responsable por Escándalo Público, (vaya que gran delito) y que según investigaciones realizadas por la DNIC de Comayagua y según declaraciones de Testigos Protegidos, los cuales afirman que el sospechoso (mi defendido) Gonzalo Alexis Luque Ramos es miembro de la banda delictiva “los Espinoza” y que éste fue visto por testigos que también disparó ese día contra los policías; señores Magistrados solo aprecien como un testigo protegido, que sólo con el hecho de desconocer su identidad es atentatorio contra el derecho de presunción de inocencia; nos referimos al pues el testigo protegido ESP-2 el cual no fue contundente ni coherente como lo afirma el Juzgador, pues entró en varias contradicciones y no periféricas sino de fondo lo cual resta credibilidad a sus dichos. Y también se presentó el informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, el cual señores Magistrados narra un aserie de eventos, los cuales no tienen respaldo alguno en medios de prueba confiables como ser fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a todo lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad; ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal, como lo dejaremos establecido más adelante en otro motivo de casación, pues ninguna de ellas fue tomada por testigos que supuestamente estaban infiltrados en la supuesta banda y a la cual quieren vincular a mi defendido dudando de la procedencia de los mismos. NO SE REALIZO RECLAMO EN SU OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR ESTOS HECHOS: SE EXPRESA CONCRETAMENTE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: Con base a la exposición clara y precisa de los hechos constitutivos de este motivo de Casación, pretendemos que este máximo Tribunal de Justicia, case la sentencia recurrida, por flagrante y clara violación Al Principio de Presunción de Inocencia, por falta de pruebas en contra de mi patrocinado, declarando la inocencia de mi Representado.” “Segundo Motivo Invocado: Infracción del Precepto Constitucional Contenido en el artículo 82 la Constitución de la República; Derecho de Defensa, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa desde el punto de vista de la parte actora es una reacción a la lesión del bien jurídicamente tutelado, y desde la perspectiva de la persona acusada es una reacción a la acción penal del Estado; Por ello vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. Normalmente este derecho lo asociamos con la persona imputada, la que ante la acusación debe de tener la oportunidad de oposición. El Derecho de Defensa se ve lesionado cuando alguna de las partes se ve imposibilitado de defender sus intereses subjetivos a falta de espacios, es decir cuando no se tiene la oportunidad de: i).- conocer los cargos (la persona imputada) y la prueba en que se ampara la contraparte; ii).- de contar con el tiempo suficiente para la preparación de la defensa; iii).- participar en el proceso en condiciones iguales; iv).- de poder la persona imputada ejercer materialmente la defensa y contar con una defensa letrada; v).- de controvertir lo señalado o presentado por la contraparte; vi).- de presentar los medios probatorios en pro de acreditar su razón; vii).- de formular peticiones en los momentos procesales oportunos y obtener del órgano jurisdiccional la pronta respuesta; viii).- de conocer las razones que fundamentan las decisiones judiciales; ix).- de poder contar con la posibilidad de recurrir la decisión judicial sin sanción o censura alguna; entre otros. El derecho de Defensa entonces es un presupuesto básico para el desarrollo del proceso penal y consecuente de un proceso legítimo, permitiendo a las partes, en igualdad de condiciones, a la formulación de peticiones, intervención y presentación de medios efectivos para con concreción; Pero además el Derecho de Defensa implica limitaciones constitucionales y legales que racionalicen su ejercicio a estadios aceptables de respeto de la dignidad humana; Entiéndase entonces que el Derecho de Defensa no es absoluto, pues debe de ejercerse en armonía al debido proceso y por ende las partes no podrán abanderar actuaciones bajo el derecho de defensa que impliquen inobservancia a normas esenciales de procedimiento, estatuidas precisamente para equilibrar la igualdad en su ejercicio; El derecho de defensa se ve satisfecho cuando las partes tienen los espacios para hacerlo valer, con independencia de que lo hagan. (lo resaltado es nuestro). Tratándose del derecho a la presentación y valoración de prueba, implica que a las partes, en igualdad de condiciones, debe de dárseles la oportunidad de ofrecer los medios de prueba (nominados o innominados), que siendo lícitos y objetivamente confiables puedan demostrar su razón; Oportunidad que está definida por el debido proceso en los tiempos y modos que permitan su ejercicio y a la vez que no impliquen la transgresión del derecho de defensa de la contra parte. Ver sentencia 148-2014 (Lo resaltado es nuestro). Transcrita la Doctrina Anterior, en el caso que nos ocupa, manifestamos que el Ministerio Público en el comienzo del juicio y precisamente en la etapa de incidentes, comprendida en el artículo 320 del Código Procesal Penal, presentó como medios de prueba lo siguiente: cuatro memorias micro SD de color negro, los cuales fueron recatados de los teléfonos de Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, aparecen imágenes de los miembros de la banda los Espinoza, para tal efecto estaríamos solicitando que sea juramentado el perito de Videos Forense el señor Daniel Edgardo Silva Alvarado a fin de que proceda a la sustracción de videos y fotografías; habiendo manifestado la defensa de mi defendido " presentando oposición a que se admitieran dichos medios de prueba, del Ministerio Público, ya que ellos en su momento tuvieron la oportunidad de presentar esta prueba y causa indefensión a mi cliente" habiendo manifestado la defensa pública "esas memorias no pertenecen o fueron decomisadas a ninguno de los imputados aquí presentes, por lo que nos oponemos, el Ministerio Público está solicitando una juramentación de peritos cómo es posible que a esta altura del proceso el Ministerio Público este proponiendo la juramentación de un perito, han tenido tiempo para preparar este juicio y no venir a esta altura a sorprender a la defensa con nuevos medios de prueba, propone lo que son testigos, estos policías que supuestamente fueron heridos, desde que se presenta requerimiento a Gonzalo Alexis Luque el Ministerio Público ya sabía quiénes eran los testigos, la defensa se opone a estos medios de prueba que son ofrecidos a esta altura del proceso, no son requisitos de nuestra normativa procesal penal, no son hechos nuevos, esas pericias se tuvieron que haber evacuado en la fase preliminar". Replica el Ministerio Público: ya el artículo 320 párrafo segundo el legislador fue sabio al dejar este párrafo de dejar a las partes ofrecer nuevos medios de prueba siempre y cuando no suspendan las sesiones del juicio, si bien los chips no se ofertaron en los medios de prueba estamos en un momento oportuno para ofrecer los mismos ya que no atrasaran el proceso, los testigos están ya en la sala para ser evacuados y la pericia será puesta a la orden el día de mañana. Se sigue desprendiendo del acta de debate (etapa de incidentes) lo siguiente “Tribunal Resuelve: admitir la prueba del ministerio Público de las 4 memorias micro SD y a los cuatro testigos que ha propuesto en incidentes por considerar que el 320 es claro al diferenciar tres párrafos uno se refiere a hechos nuevos para proponer incidentes y no para proponer nuevos medios de prueba. El primer párrafo refiere a los incidentes y el segundo a las nuevas pruebas y las nuevas pruebas solo requiere como requisito que no interrumpa las sesiones del juicio y en tal sentido y habiendo manifestado que están presentes los testigos que ha referido el ministerio público y que se ponen a la orden las cuatro memorias que serán analizadas por Daniel Edgardo Silva Alvarado como perito explicará Rubén Almedares que igual está presente estimamos que no habrá retraso a la causa, se cumplen los requisitos además de ser útiles, pertinentes y proporcionales, por lo que de igual forma esta para varios días...” (Lo resaltado es nuestro). Como puede apreciarse señores Magistrados los Tribunales de Sentencia siguen cometiendo yerros en lo que respecta a la interpretación del artículo 320 del Código procesal Penal, pues consideran que sólo basta que estén presentes los testigos y que se cuente con los medios de prueba ofertados en el momento y que no retrasen la continuidad del juicio para poder admitirlos, aspecto contrario a la JURISPRUDENCIA emanada de Ustedes señores Magistrados de la Sala de lo Penal, donde establecen que esta mala práctica de los Tribunales atenta contra el principio del Derecho de Defensa citando la Jurisprudencia siguiente: “Señala el artículo 320 del Código Procesal Penal que a petición de cualquiera de las partes el Tribunal de Sentencia abrirá un espacio para la formulación de cuestiones incidentales, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces; Además agrega en su segundo párrafo que las partes también podrán proponer nuevos medios de prueba que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. Específicamente, respecto a la admisión de medios de prueba en la etapa incidental en la audiencia de debate, esta Sala de lo Penal ha fijado doctrina legal, contenida en la sentencia del 22 de septiembre del 2011 contenida en el Exp 3902009, sentencia del 16 de Agosto del 2012 en el Exp 163-2010, sentencia de fecha 08 de Noviembre del 2012 en el Expediente 323-2010 y sentencia del 24 de Enero del 2013 en el Exp 360-2010, señalando que “…. si bien existe una norma que establece la posibilidad de presentar prueba en cualquier etapa del proceso, ello debe entenderse que es sin perjuicio de contravenir otros derechos de las partes en el proceso, por lo que para ello habrá que observar las formalidades que la ley establece, en otras palabras cada etapa, contempla su momento procesal o formalidades para posibilitar la presentación de pruebas, así tenemos la prueba anticipada, la audiencia inicial, la audiencia de proposición de pruebas, las diligencias para mejor proveer, etc... todo ello con el propósito de que las partes puedan intervenir en igualdad de condiciones V con conocimiento previo suficiente como para contrarrestar lo que la otra parte pretende con determinado medio probatorio; por ello el momento procesal por excelencia para garantizar la igualdad procesal es la audiencia de proposición de pruebas en la cual las partes dan a conocer los medios de prueba con que cuentan para establecer sus pretensiones en luicio. marchando a partir de ese momento con conocimiento recíproco de la pretensiones probatorias mutuas garantizando con ello el derecho de defensa para ambas partes, en ese orden de ideas constituye un contrasentido que se interprete que la intención del artículo 320 del Código Procesal Penal sea admitir cualquier medio de prueba con la única condición de que se trate de prueba nueva y que no suspenda el debate, pues se correría el riesgo de que las partes abusen de esta posibilidad proponiendo solo una prueba en la audiencia probatoria y pretendan introducir el resto de la prueba al amparo del artículo 320 ya citado, bajo el argumento que es prueba nueva y que no suspenderá el debate, lo que si ocasionaría graves violaciones al derecho de defensa. En este orden de ideas la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado y ha dejado establecido que cuando se trate de proponer un medio de prueba de conformidad con el artículo supracitado, tiene que haberse fundado en un hecho no conocido al momento de la proposición de las pruebas y previo a la celebración del debate, circunstancia que no concurrió en el presente caso concreto. El derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso de defenderse de los cargos, de demostrar su versión de los hechos, de acceder a las pruebas de cargo, el derecho a proponer y evacuar prueba en los momentos procesales oportunos, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna, lo cual no aconteció en el caso subjudice, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.” Tal Doctrina legal permite lograr un equilibrio entre el debido proceso y el derecho de defensa, de modo que las panes puedan tener la oportunidad de proponer nueva prueba en defensa de sus intereses al abrigo del artículo 320 del Código Procesal Penal, pero también que dicha potestad no implique violación del derecho de defensa de la contra parte, al verse sorprendida de un medio de prueba que le era desconocido y contra el cual no tuvo la oportunidad de prepararse; El admitir la posibilidad de que la prueba pueda proponerse en etapa de incidentes, sin mayor exigencia que la misma no implique suspensión de la audiencia de debate, es decir sin la exigencia de que sea vinculada a hechos nuevos o de nuevo conocimiento. abre una puerta que lelos de garantizar los derechos de las partes representaría una ventaja procesal para quien emplee tales métodos. siempre en detrimento de los principios que el Código Procesal garantiza a la parte que lealmente exhibió sus pretensiones probatorias en la audiencia de proposición de pruebas, fomentando con ello la institucionalización de formas procesales que pueden permeabilizar la deslealtad o premiar la improvisación. (lo resaltado es nuestro) ver sentencia 148-2014. Sin lugar a dudas al haber el Tribunal de Sentencia, admitido prueba en la etapa de incidentes, de conformidad a lo establecido por el artículo 320 del Código Procesal Penal, sin cumplir los requisitos ya dichos por la Jurisprudencia de ésta Sata Penal citada anteriormente, vulnera el Derecho de defensa de mi representado, tal y como lo manifiesta la sala en su jurisprudencia citada, pues el Tribunal no mantuvo la balanza equitativa entre las partes intervinientes en el proceso, pues la inclinó al ministerio público, con su decisión de admitir la prueba que no cumplía con los requisitos antes señalados, medios de prueba consistentes en cuatro memorias micro SD de color negro, los cuales fueron recatados de los teléfonos de Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, donde aparecen imágenes de los miembros de la banda los Espinoza, y además solicitó en esta etapa del proceso, la juramentación del perito de Videos Forense el señor Daniel Edgardo Silva Alvarado a fin de que proceda a la sustracción de videos y fotografías, y el Tribunal simplemente accedió a lo peticionado por el Ministerio Público, causando una indefensión a mi patrocinado, pues no se tenía conocimiento de dichos medios de prueba, y propuso también la declaración de cuatro testigos, supuestas víctimas, medios de prueba que en ningún momento eran prueba nueva o desconocida, pues desde que inició el proceso ellos ya sabían de la existencia de los mismos, no cumpliendo por lo tanto con los requisitos exigidos por éste articulo 320 del Código Procesal y de lo cual esta Sala de lo Penal emitió la Jurisprudencia antes citada. Tal y como lo manifiestan ustedes señores Magistrados en la Jurisprudencia antes citada, “con la actuación del Tribunal de Sentencia todo ello con el propósito de que las panes puedan intervenir en igualdad de condiciones y con conocimiento previo suficiente como para contrarrestar lo que la otra parte pretende con determinado medio probatorio; por ello el momento procesal por excelencia para garantizar la igualdad procesal es la audiencia de proposición de pruebas en la cual las partes dan a conocer los medios de prueba con que cuentan para establecer sus pretensiones en juicio, marchando a partir de ese momento con conocimiento recíproco de la pretensiones probatorias mutuas garantizando con ello el derecho de defensa para ambas partes,...” SE REALIZO RECLAMO EN SU OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR ESTOS HECHOS: SE EXPRESA CONCRETAMENTE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: con base a la exposición clara y precisa de los hechos constitutivos de este motivo de Casación, pretendemos que este máximo Tribunal de Justicia, case la sentencia recurrida, por flagrante y clara violación Al PRINCIPIO DE DEFENSA en contra de mi patrocinado, declarando la ABSOLUCIÓN de mi Representado.” IV.- Continúa manifestando el recurrente en su “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Primer Motivo Invocado: En la valoración de la Prueba, no se observaron las Reglas de la Sana Critica. Precepto Autorizante: articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. 3.- De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica" .- Al respecto, se ha señalado que: “…. La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva....” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de 'o Penal); De este modo, las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza... " (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la "Lógica no formal", llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y" ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit. pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Ver sentencia 315-2014. El Ministerio Público presentó como testigos a los siguientes: Testigo Protegido ESP-2 manifestó “el 11 de febrero del año 2014, él se encontraba en las Delicias, y cuando el agarre de los Espinoza, él miró al señor Gonzalo Luque Ramos, con una chumpa negra, que fa gente le tenía miedo a estas personas, ya que mataban, asaltaban carros repartidores se adueñaban de fincas, él se tiró por un bordito y miró que todos salieron de la casa de doña Dorca Ramos, sacaron armas, entonces él se escondió en un palo de café y miró a Gonzalo Ramos que iba con un rifle 22, cuando venían ellos, dijo Pedro Celestino, Alias Cacaste, "demuéstrense hijos de puta quienes son ustedes", pensó que era con él y se escondió, pero era con la policía que se agarraron a tiros, después agarraron de “juida” y se fueron para una finca que se llama los naranjos. Posteriormente él escuchó que se agarraron con la Policía y que Pedro estaba muerto. La defensa dejó acreditado la contradicción de este testigo al haber manifestado En juicio que Gonzalo iba con un rifle 22 y en la audiencia inicial declaró que era una escopeta, con lo cual consideramos que este testigo miente, porque en primer lugar manifiesta que vio los hechos y posteriormente manifiesta que él escuchó que se agarraron con la policía, hay que preguntarse entonces ¿vio o escuchó? Dejando la duda sobre sus dichos. De igual manera declaró el policía Juan Miguel Juárez Bonilla, quien manifestó que salieron el 11 de febrero del año 2014 salieron en una misión de dar captura a la Banda denominada los Espinoza, llegando como a las siete de la mañana, observando a un grupo de 15 a 20 personas, unos andaban con indumentaria policial chumpas negras, peludos, los agarraron a disparos y varios compañeros de él salieron heridos; manifestó además que antes ya contaba con un padrón fotográfico que ellos manejaban de la Banda de los Espinoza, sobre las personas que lo atacaron dijo reconocer a Gonzalo y mencionó que en ese entonces era una persona alta, trigueña, andaba chumpa negra y con una gorra, que mencionó y señaló que estaba en la sala de juicios, que él los observó a todos, porque tenía que proteger su vida, su reacción fue protegerse de los disparos... Si analizamos la versión de este policía, podemos concluir también que miente, que en ningún momento pudo reconocer a mi defendido en el supuesto ataque que sufrieron, ya que como el mismo lo dice, “tuvo que protegerse de los disparos” entonces como es posible que sea tan preciso y pudo identificar a Gonzalo Alexis, entre 15 0 20 personas que él mismo manifestó que habían; sin duda alguna señores magistrados éste testigo miente y como el mismo lo declaró, que tenía un padrón fotográfico de todos los que supuestamente integraban la banda de los Espinoza, lo más seguro, que fue por fotografía que identificó a mi patrocinado, ya que no es posible que haya podido identificarlo en el supuesto ataque, y con la agravante aún, como él lo declaró, a una distancia de unos 100 metros de la casa donde se encontraban los Espinoza, lo cual es imposible poder identificar plenamente a alguien que lo ataca a esa distancia y sobre todo dentro de un bosque donde la visibilidad no es clara debido a los árboles que impiden tener una vista mejor y máxime cuando, así como lo narró el testigo, su reacción fue protegerse de los disparos; por ende no podía observar detenidamente a nadie pues su prioridad era salvar su vida, por lo que también este testigo miente, igual que el testigo anterior. Sin embargo, el Tribunal le da credibilidad total a estos testigos y manifiesta que los mismos son creíbles, claros y coherentes en sus dichos, violentado de esta amera las Reglas de la lógica de Derivación, en sus características de suficiencia y veracidad. Porque este mismo testigo protegido, que dice haber observado a mi defendido portando un arma 22, lo manifestó en juicio, sin embargo en la audiencia inicial dijo que mi defendido andaba o portaba una Escopeta; y en un video que fue incorporado de manera ilegal al juicio por el Ministerio Público, como lo indicaremos más adelante, según versión del testigo Coronel Almendrares, aparece mi patrocinado portando una AK47; prueba que contradice a este testigo protegido que solo mintió en este proceso, ya que primero dijo que este portaba una Escopeta y luego manifestó que mi defendido portaba un rifle 22, dichos que a todas luces restan credibilidad a este testigo protegido. Lo mismo sucede respecto al delito de Asociación ilícita por el cual también el Tribunal declaró culpable a mi patrocinado, y donde el Ministerio Público solo presentó como testigos para la acreditación de este delito a dos Testigos, siendo ellos Cesar Eduardo Larach, quien ratificó el informe elaborado el 10 de Marzo del año 2014, donde informa que mi defendido fue detenido fue detenido el 9 de marzo de dicho año, por considerarlo responsable por Escándalo Público, (vaya que gran delito) y que según investigaciones realizadas por la DNIC de Comayagua y según declaraciones de Testigos Protegidos, los cuales afirman que el sospechoso (mi defendido) Gonzalo Alexis Luque Ramos es miembro de la banda delictiva "los Espinoza" y que éste fue visto por testigos que también disparó ese día contra los policías; señores Magistrados solo aprecien como un testigo protegido, que sólo con el hecho de desconocer su identidad es atentatorio contra el derecho de presunción de inocencia; nos referimos al pues el testigo protegido ESP-2 el cual no fue contundente ni coherente como lo afirma el Juzgador, pues entró en varias contradicciones y no periféricas sino de fondo lo cual resta credibilidad a sus dichos. Y también se presentó el informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, el cual señores Magistrados narra un aserie de eventos, los cuales no tienen respaldo alguno en medios de prueba confiables como ser fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a todo lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad; ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal, como lo dejaremos establecidos en el siguiente motivo de casación, pues ninguna de ellas fue tomada por testigos que supuestamente estaban infiltrados en la supuesta banda y a la cual quieren vincular a mi defendido; y donde el Tribunal le da credibilidad Total a estos medios de prueba, dando credibilidad también el Tribunal a estos informes, que no tienen sustento probatorio alguno, violentando también el principio Lógico de Derivación. Dejamos constancia que no habíamos hecho reclamo previo alguno en virtud de que este vicio se da en el momento de dictar la sentencia. Segundo Motivo Invocado: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a Juicio. Precepto Autorizante: articulo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Ministerio Público en el comienzo del juicio y precisamente en la etapa de incidentes, comprendida en el artículo 320 del Código Procesal Penal, presentó como medios de prueba lo siguiente: cuatro memorias micro SD de color negro, los cuales fueron recatados de los teléfonos de Walter Alexander Zuniga y Darwin Espinoza Zúniga, aparecen imágenes de los miembros de la banda los Espinoza, para tal efecto estaríamos solicitando que sea juramentado el perito de Videos Forense el señor Daniel Edgardo Silva Alvarado a fin de que proceda a la sustracción de videos y fotografías; habiendo manifestado la defensa de mi defendido " presentando oposición a que se admitieran dichos medios de prueba, Del Ministerio Público, ya que ellos en su momento tuvieron la oportunidad de presentar esta prueba y causa indefensión a mi cliente" habiendo manifestado la defensa pública "esas memorias no pertenecen o fueron decomisadas a ninguno de los imputados aquí presentes, por lo que nos oponemos, el Ministerio Público está solicitando una juramentación de peritos cómo es posible que a esta altura del proceso el Ministerio Público este proponiendo la juramentación de un perito, han tenido tiempo para preparar este juicio y no venir a esta altura a sorprender a la defensa con nuevos medios de prueba, propone lo que son testigos, estos policías que supuestamente fueron heridos, desde que se presenta requerimiento a Gonzalo Alexis Luque el Ministerio Público ya sabía quiénes eran los testigos, la defensa se opone a estos medios de prueba que son ofrecidos a esta altura del proceso, no son requisitos de nuestra normativa procesal penal, no son hechos nuevos, esas pericias se tuvieron que haber evacuado en la fase preliminar". Replica el Ministerio Público: ya el artículo 320 párrafo segundo el legislador fue sabio al dejar este párrafo de dejar a las partes ofrecer nuevos medios de prueba siempre y cuando no suspendan las sesiones del juicio, si bien los chips no se ofertaron en los medios de prueba estamos en un momento oportuno para ofrecer los mismos ya que no atrasaran el proceso, los testigos están ya en la sala para ser evacuados y la pericia será puesta a la orden el día de mañana. Se sigue desprendiendo del acta de debate (etapa de incidentes) lo siguiente “Tribunal Resuelve: admitir la prueba del ministerio Público de las 4 memorias micro SD y a los cuatro testigos que ha propuesto en incidentes por considerar que el 320 es claro al diferenciar tres párrafos uno se refiere a hechos nuevos para proponer incidentes y no para proponer nuevos medios de prueba. El primer párrafo refiere a los incidentes y el segundo a las nuevas pruebas y las nuevas pruebas solo requiere como requisito que no interrumpa las sesiones del juicio y en tal sentido y habiendo manifestado que están presentes los testigos que ha referido el ministerio público y que se ponen a la orden las cuatro memorias que serán analizadas por Daniel Edgardo Silva Alvarado como perito explicará Rubén Almendares que igual está presente estimamos que no habrá retraso a la causa, se cumplen los requisitos además de ser útiles, pertinentes y proporcionales, por lo que de igual forma esta para varios días...” (lo resaltado es nuestro). Como puede apreciarse señores Magistrados los Tribunales de Sentencia siguen cometiendo yerros en lo que respecta a la interpretación del artículo 320 del Código procesal Penal, pues consideran que sólo basta que estén presentes los testigos y que se cuente con los medios de prueba ofertados en el momento y que no retrasen la continuidad del juicio para poder admitirlos, aspecto contrario a la JURISPRUDENCIA emanada de Ustedes señores Magistrados de la Sala de lo Penal, donde establecen que esta mala práctica de los Tribunales atenta contra el principio de Presunción de Inocencia, citando la Jurisprudencia siguiente: “Señala el artículo 320 del Código Procesal Penal que a petición de cualquiera de las partes el Tribunal de Sentencia abrirá un espacio para la formulación de cuestiones incidentales, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces; Además agrega en su segundo párrafo que las partes también podrán proponer nuevos medios de prueba que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. Específicamente, respecto a la admisión de medios de prueba en la etapa incidental en la audiencia de debate, esta Sala de lo Penal ha fijado doctrina legal, contenida en la sentencia del 22 de septiembre del 2011 contenida en el Exp 3902009, sentencia del 16 de Agosto del 2012 en el Exp 163-2010, sentencia de fecha 08 de Noviembre del 2012 en el Expediente 323-2010 y sentencia del 24 de Enem del 2013 en el Exp 360-2010, señalando que “…..si bien existe una norma que establece la posibilidad de presentar prueba en cualquier etapa del proceso, ello debe entenderse que es sin perjuicio de contravenir otros derechos de las partes en el proceso, por lo que para ello habrá que observar las formalidades que la ley establece, en otras palabras cada etapa, contempla su momento procesal o formalidades para posibilitar la presentación de pruebas, así tenemos la prueba anticipada, la audiencia inicial, la audiencia de proposición de pruebas, las diligencias para mejor proveer, etc... todo ello con el propósito de que las partes puedan intervenir en igualdad de condiciones y con conocimiento previo suficiente como para contrarrestar lo que la otra parte pretende con determinado medio probatorio; por ello el momento procesal por excelencia para garantizar la igualdad procesal es la audiencia de proposición de pruebas en la cual las partes dan a conocer los medios de prueba con que cuentan para establecer sus pretensiones en juicio, marchando a partir de ese momento con conocimiento recíproco de la pretensiones probatorias mutuas garantizando con ello el derecho de defensa para ambas partes, en ese orden de ideas constituye un contrasentido que se interprete que la intención del artículo 320 del Código Procesal Penal sea admitir cualquier medio de prueba con la única condición de que se trate de prueba nueva V que no suspenda el debate. pues se correría el riesgo de que las partes abusen de esta posibilidad proponiendo solo una prueba en la audiencia probatoria V pretendan introducir el resto de la prueba al amparo del artículo 320 va citado, balo el argumento que es prueba nueva V que no suspenderá el debate. lo que si ocasionaría graves violaciones al derecho de defensa. En este orden de ideas la Sala de lo Penal va se ha pronunciado V ha delado establecido que cuando se trate de proponer un medio de prueba de conformidad con el artículo supracitado. tiene que haberse fundado en un hecho no conocido al momento de la proposición de las pruebas V previo a la celebración del debate, circunstancia que no concurrió en el presente caso concreto. El derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso de defenderse de los cargos, de demostrar su versión de los hechos, de acceder a las pruebas de cargo, el derecho a proponer y evacuar prueba en los momentos procesales oportunos, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna, lo cual no aconteció en el caso subjudice, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.”. Tal Doctrina legal permite lograr un equilibrio entre el debido proceso y el derecho de defensa, de modo que las partes puedan tener la oportunidad de proponer nueva prueba en defensa de sus intereses al abrigo del artículo 320 del Código Procesal Penal, pero también que dicha potestad no implique violación del derecho de defensa de la contra parte, al verse sorprendida de un medio de prueba que le era desconocido y contra el cual no tuvo la oportunidad de prepararse; El admitir la posibilidad de que la prueba pueda proponerse en etapa de incidentes, sin mayor exigencia que la misma no implique suspensión de la audiencia de debate, es decir sin la exigencia de que sea vinculada a hechos nuevos o de nuevo conocimiento, abre una puerta que lejos de garantizar los derechos de las partes representaría una ventaja procesal para quien emplee tales métodos, siempre en detrimento de los principios que el Código Procesal garantiza a la parte que lealmente exhibió sus pretensiones probatorias en la audiencia de proposición de pruebas, fomentando con ello la institucionalización de formas procesales que pueden permeabilizar la deslealtad o premiar la improvisación . (lo resaltado es nuestro) ver sentencia 148-2014. De lo establecido anteriormente por ustedes señores Magistrados se desprende que lo actuado por el Tribunal no es correcto incluso la interpretación que ellos hacen del artículo 320 del Código Procesal Penal para incorporar prueba de previo conocimiento por el Ministerio Público, va en contra de la JURISPRUENCIA EMANADA DE USTEDES, como sala rectora de las jurisprudencias en materia penal y que muchos Tribunales de Sentencia no cumplen solo por el hecho de manifestar que no están de acuerdo con su Jurisprudencia, situación que solo va a cambiar con los fallos que ustedes emitan dando a conocer y ratificar su jurisprudencia, como en el presente caso. Se hace la aclaración que se presentó el reclamo oportuno para subsana r este yerro del Tribunal de Sentencia, en la etapa de incidentes. Tercer Invocado: Inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO En el Libro Segundo, relativo al Procedimiento Ordinario, del Código Procesal Penal, propiamente en el artículo 263, se establecen las “Etapas de la Investigación y el Juzgamiento”; siendo la última, que se señala con el número tres, la que corresponde al “debate o juicio oral y público”. Y en el artículo 266 del mismo Código, bajo la rúbrica “Los actos integrantes del debate”, se determinan tales actos, que son los siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio y 3) Deliberación y sentencia. O sea, pues, que la deliberación y la sentencia son actos comprendidos dentro del concepto general del debate o juicio oral y público. Es decir que entre las reglas establecidas en el mencionado Código para la realización del juicio oral y público, están comprendidas las relativas a esa tercera y última parte, o sea la deliberación y la sentencia. Veamos, entonces, cuáles son las reglas relativas a esa tercera etapa, en especial las referentes a los fallos de condena, con relación a los que se dan dos fases. La primera corresponde al juicio oral y público, en la cual se declara la culpabilidad del imputado (artículo 342 del Código Procesal Penal); y, en la segunda se determina la pena concreta (artículo 343 del mismo Código). Ahora, para la redacción, lectura y notificación de la sentencia se hace remisión a los artículo 338 y 340, disposición esta relativa a la sentencia absolutoria, la que según esa norma deberá se redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes; en ese caso el Presidente del Tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. El Artículo 340 del Código Procesal Penal, establece: Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia Absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su presidente. acto seguido el secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación... El Artículo 343 del Código Procesal Penal dice: segunda fase. Audiencia para determinar la pena concreta... En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los Artículos 338 y 340, en lo procedente. Que de la redacción del acta de debate se desprende que el juicio se llevó a cabo los días 01, 02, y 24 de Febrero del año dos mil dieciséis, sin embargo Honorables Magistrados la sentencia en cuestión me fue notificada el día jueves 24 de Mayo de este año Dos Mil Dieciocho, es decir DOS AÑOS CON TRES MESES después de haber concluido el juicio, algo insólito, que perjudica a mi representado. Es evidente, entonces, la inobservancia de las reglas establecidas en e' Código Procesal Penal para la realización del debate, específicamente las relativas a la última etapa, correspondiente a la deliberación y a la sentencia, Esta Honorable Sala de lo Penal, cuando se alega este vicio, por inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público, se ha referido de la siguiente forma: “ La mencionada irregularidad procesal, constituye un vicio o defecto de forma, que de acuerdo a las reglas que regulan la realización de la audiencia de debate o de juicio oral y público, produce el efecto jurídico de anular los actos consumados del debate para tener que volver a comenzar el juicio desde el inicio. La interrupción de las sesiones del juicio más allá del tiempo máximo de quince días, se opone a los principios de inmediación y de concentración de los actos del proceso. Lo anterior, sin que el A Quo haya dictado auto motivado que justifique el incumplimiento de los términos judiciales, de conformidad con la ley. Por lo anterior, en vista de haber constatado la inobservancia de las reglas que regulan la celebración de la audiencia de juicio, se declara con lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, alegado por el recurrente.” Ver sentencia número SP436-2012 de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciséis. Que con la inobservancia del plazo establecido para dictar sentencia, le ha negado a mi defensor el Derecho de recurrir el fallo de forma pronta y expedita, pues evidente que DOS AÑOS CON TRES MESES de haber concluido el Juicio se me notifica la sentencia, EN FECHA 24 DE MAYO DE ESTE AÑO 2018; tiempo más que suficiente para que estuviera resuelto ya este Recurso de Casación, violentado de esta manera el artículo 7 en su numeral 5 de la convención Americana de los Derechos Humanos, que establece lo siguiente: “Toda persona detenida o arrestada debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad , sin perjuicio que continúe el proceso...”. El artículo 8 de dicha convención, también establece, en su numeral 1, lo siguiente: toda persona tiene Derecho a ser oída con todas las garantías y dentro De un plazo razonable...” Por lo tanto solicito que se case esta sentencia y se anule el fallo condenatorio dictado en contra de mi defendido.” Fundamentación Infracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Primer Motivo. Resumen. Infracción del Precepto Constitucional Contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República: que literalmente dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. En el presente caso, no se cumple con un razonamiento lógico para poder culpar al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos de los delitos por los que se le condena, pues los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público no sólo son insuficientes, sino que con ellos no se puede arribar a un fallo condenatorio. Para el caso, por el delito de Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, solo se evacuaron dos testigos a los cuales el tribunal les da credibilidad, lo que atenta contra el principio de inocencia, pues el Testigo Protegido ESP-2 manifestó que: “El 11 de febrero del año 2014, él se encontraba en las Delicias, y cuando el agarre de los Espinoza, él miró al señor Gonzalo Luque Ramos, con una chumpa negra, que la gente le tenía miedo a estas personas, ya que mataban, asaltaban carros repartidores se adueñaban de fincas, él se tiró por un bordito y miró que todos salieron de la casa de doña Dora Ramos, sacaron armas, entonces él se escondió en un palo de café y miró a Gonzalo Ramos que iba con un rifle 22, cuando venían ellos, dijo Pedro Celestino, Alias Cacaste, “demuéstrense hijos de puta quienes son ustedes”, pensó que era con él y se escondió, pero era con la policía que se agarraron a tiros, después agarraron de “juida” y se fueron para una finca que se llama los naranjos. Posteriormente él escuchó que se agarraron con la Policía y que Pedro estaba muerto. La defensa dejó acreditado la contradicción de este testigo al haber manifestado en juicio que Gonzalo iba con un rifle 22 y en la audiencia inicial declaró que era una escopeta, con lo cual consideramos que este testigo miente, y deja dudas sobre sus dichos. De igual manera declaró el Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, manifestó que salieron el 11 de febrero del año 2014 en una misión de dar captura a la Banda denominada los Espinoza, llegando como a las siete de la mañana, observando a un grupo de 15 a 20 personas, unos andaban con indumentaria policial, chumpas negras, peludos, los agarraron a disparos y varios compañeros de él salieron heridos; manifestó además que antes ya contaba con un padrón fotográfico que ellos manejaban de la Banda de los Espinoza, sobre las personas que lo atacaron dijo reconocer a Gonzalo y mencionó que en ese entonces era una persona alta, trigueña, andaba chumpa negra y con una gorra, que mencionó y señaló que estaba en la sala de juicios, que él los observó a todos, porque tenía que proteger su vida, su reacción fue protegerse de los disparos... Si analizamos la versión de este policía, podemos concluir también que miente, que en ningún momento pudo reconocer a Gonzalo Alexis Luque Ramos en el supuesto ataque que sufrieron, ya que como el mismo lo dice, "tuvo que protegerse de los disparos" entonces cómo es posible que sea tan preciso y pudo identificar a Gonzalo Alexis, entre 15 a 20 personas que él mismo manifestó que habían, por lo que este testigo miente y como el mismo lo declaró, que tenía un padrón fotográfico de todos los que supuestamente integraban la banda de los Espinoza, lo más seguro, que fue por fotografía que identificó al acusado, ya que no es posible que haya podido identificarlo en el supuesto ataque, y con la agravante aún, como él lo declaró, a una distancia de unos 100 metros de la casa donde se encontraban los Espinoza. El testigo protegido ESP-2 no fue contundente, ni coherente como lo afirma el juzgador, pues entró en varias contradicciones y no periféricas, sino de fondo lo cual resta credibilidad a sus dichos. También se presentó el informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, narra eventos que no tienen respaldo alguno en medios de prueba confiables como ser fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a todo lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad; ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal, pues ninguna de ellas fue tomada por testigos que supuestamente estaban infiltrados en la supuesta banda y a la cual quieren vincular a Gonzalo Alexis Luque Ramos por lo que duda de la procedencia de los mismos. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico Para el examen de la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de presunción de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque el tribunal le concede valor probatorio a la prueba del Testigo Protegido ESP-2, a del Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, por considerar que faltan a la verdad de los hechos, y al Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, por estimar que no se basa en medios de prueba confiables como ser fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a todo lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad; ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal. Esta Sala considera que, en el presente caso, el tribunal de sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia, dado que la prueba de cargo utilizada para enervar su estado de inocencia y condenar al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos por los delitos de Asociación Ilícita, Atentado, Asesinato en grado de ejecución de Tentativa, han sido constitucionalmente obtenidas e incorporadas lícitamente al juicio oral. Concretamente, para acreditar los hechos de fecha 3 de julio de 2013, el tribunal ha utilizado como medios de prueba los siguientes: Testigos Wilson Javier Carranza Bonilla, Adolfo Vásquez, Dictamen de Evaluación física Médica Número 0188 ratificado en juicio por la Doctora Kenia Maria Sarabia Lucido, oficio DGPN planilla 095-2015, acta de inspección ocular. Para acreditar los hechos de fecha 11 de febrero de 2014, se presentaron los medios de prueba siguientes: testigo Protegido ESP-2, Jaime José Meraz Oseguera, Douglas Javier Calderón Tercero, José Edil Rodriguez Colindres, Juan Miguel Juárez Bonilla, Luis Alberto Escoto Castellanos, Dictamen de Médico Numero 0319 ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Jaime José Meraz Oseguera, Martinez, Dictamen Médico Numero 0320, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Luis Alberto Escoto Calderón, Dictamen de Médico Numero 0321, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Juan Miguel Juárez Bonilla, Dictamen de Médico Numero 0322, ratificado en juicio por el Dr. Dagmar Lizzethe sobre las heridas sufridas por el señor Douglas Javier Calderón Tercero, oficio DGPN planillas No. 0175-2015. Para acreditar los hechos relacionados al delito de Asociación Ilícita se presentaron los medios de prueba siguientes: Informe de 10 de marzo del 2014, informe de la Banda Los Espinoza 05/nov/2013, ratificado por el Agente HO3505, álbum fotográfico que identifica parte de los miembros de la Banda de los Espinoza, ratificado y explicado en juicio por el Coronel Rubén Almendares Herrera, con relación al peritaje del perito Silva, Peritaje elaborado por Perito señor Daniel Edgardo Silva Alvarado, extracción de los videos y 26 fotografía de las micro SD, evidencias que comprenden 1 CD con filmaciones de los miembros de la Banda de los Espinoza y 4 memorias color negro. Medios de prueba de cargo que llevaron al tribunal de juicio a la convicción positiva sobre la certeza de la participación del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos en los hechos ilícitos por los que se le juzga. Por todo lo anterior, esta Sala considera que en este caso, las razones vertidas en juicio para dotar de credibilidad a los medios de prueba de reproche, consistentes en las declaraciones del Testigo Protegido ESP-2, y del Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, y al medio de prueba documental consistente en el Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, son concluyentes y perfectamente válidas para adquirir certeza positiva acerca de la participación culpable del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos en el hecho justiciable. Por lo expuesto, esta sala, por entender que ha sido sometido a juicio y juzgado con observancia de los derechos, formalidades y garantías establecidas en la Constitución de la República, en un juicio que ha generado prueba de cargo suficiente para dictar sentencia condenatoria en su contra, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe el derecho de presunción de inocencia del señor acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de los artículos 82 de la Constitución de la República de Honduras, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Segundo motivo. Resumen. Infracción del Precepto Constitucional Contenido en el artículo 82 la Constitución de la República; Derecho de Defensa, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Al comienzo del juicio precisamente en la etapa de incidentes, el Ministerio Público presentó como medios de prueba cuatro memorias micro SD de color negro, recatados de los teléfonos de los policías Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, en que aparecen imágenes de los miembros de la Banda de los Espinoza, y pide que sea juramentado el Perito de Videos Forense Daniel Edgardo Silva Alvarado, para la sustracción de videos y fotografías, con la oposición de la defensa técnica del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos a la admisión de dichos medios de prueba del Ministerio Público, porque en su momento tuvieron la oportunidad de presentar esta prueba y causar indefensión y por considerar que esas memorias no pertenecen o fueron decomisadas a ninguno de los imputados presentes, y por estarse solicitando la juramentación de peritos a esta altura del proceso, perito que ha tenido tiempo para preparar el juicio y no venir en este momento a sorprender a la defensa con nuevos medios de prueba, y a proponer como testigos a estos policías que supuestamente fueron heridos, por entender que desde el requerimiento al acusado Gonzalo Alexis Luque el Ministerio Público sabía de estos testigos. La defensa se opuso a estos medios de prueba por no ser hechos nuevos, pericias se tuvieron que haber evacuado en la fase preliminar. A lo cual el Ministerio Público replicó que el artículo 320, párrafo segundo deja a las partes ofrecer nuevos medios de prueba siempre y cuando no suspendan las sesiones del juicio, pues si bien los chips no se ofertaron en los medios de prueba está en un momento oportuno para ofrecerlos por no atrasar el proceso, los testigos que están en la sala para ser evacuados y la pericia será puesta a la orden el día de mañana. Y el Tribunal resuelve: admitir la prueba del Ministerio Público de las 4 memorias micro SD y a los cuatro testigos que ha propuesto en incidentes por considerar que el 320 es claro al diferenciar tres párrafos uno se refiere a hechos nuevos para proponer incidentes y no para proponer nuevos medios de prueba. El recurrente considera que es un contrasentido que se interprete que la intención del artículo 320 del Código Procesal Penal sea admitir cualquier medio de prueba con la única condición de que se trate de prueba nueva y que no suspenda el debate, pues se correría el riesgo de que las partes abusen de esta posibilidad proponiendo solo una prueba en la audiencia probatoria y pretendan introducir el resto de la prueba al amparo del artículo 320 ya citado, bajo el argumento de que es prueba nueva y que no suspenderá el debate, lo que sí ocasionaría graves violaciones al derecho de defensa. Estima que el Tribunal accedió a lo peticionado por el Ministerio Público, causando una indefensión al acusado Gonzalo Alexis Luque, pues no se tenía conocimiento de dichos medios de prueba, y propuso también la declaración de cuatro testigos, supuestas víctimas, medios de prueba que en ningún momento eran prueba nueva o desconocida, pues desde que inició el proceso ellos ya sabían de la existencia de los mismos, no cumpliendo por lo tanto con los requisitos exigidos por este artículo 320 del Código Procesal. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el consultor internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[2] Concepto especifico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 320 del Código Procesal Penal. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque en el presente caso cuando el tribunal de juicio accede a la petición del Ministerio Público, en la etapa de incidentes del juicio, presenta como medios de prueba cuatro memorias micro SD de color negro, recatados de los teléfonos de los policías Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, en que aparecen imágenes de los miembros de la Banda de los Espinoza, y pide que sea juramentado el Perito de Videos Forense Daniel Edgardo Silva Alvarado, para la sustracción de videos y fotografías, y propone como testigos a cuatro policías, a pesar de la oposición de la defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque, debido a que esas memorias no pertenecen ni fueron decomisadas a ninguno de los imputados, por haber solicitado la juramentación de un perito a esa altura del proceso, perito que tuvo tiempo suficientes para preparar el juicio, y testigos a estos policías, por entender que desde el requerimiento al acusado Gonzalo Alexis Luque el Ministerio Público sabía de estos testigos, todo lo cual causa indefensión al acusado Gonzalo Alexis Luque, pues la defensa del acusado no tenía conocimiento de dichos medios de prueba, que en ningún momento eran prueba nueva o desconocida, pues desde que inició sabían de su existencia, por lo que incumple los requisitos exigidos por el artículo 320 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que el derecho de defensa garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso sea juzgada por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantías establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. El derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en los derechos procesales. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia no ha infringido el derecho de defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos dado que el artículo 320 del Código Procesal Penal es claro, en su primer párrafo está orientado a la recepción de recusaciones, excepciones, causas de nulidad y exclusión de medios de prueba por causa de ilicitud siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces. El segundo párrafo, del artículo 320 se refiere a proposición de nuevos medios de prueba, y cuyo único requisito dispuesto por el legislador es que los medios de prueba propuestos en la etapa incidental del juicio, se puedan practicar sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El tercer párrafo de la misma disposición, determina el momento en que el tribunal ha de resolver las cuestiones planteadas, ya sea en el mismo acto de su presentación o en forma diferida, al momento de dictar la sentencia. En este caso, la fiscalía del Ministerio Público propuso en la etapa de incidentes del juicio oral y público los medios de prueba ya relacionados, los que el tribunal de juicio comprobó que se podían evacuar sin necesidad de suspender las sesiones del juicio, por lo que resolvió admitirlos. Esta Sala estima que el acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos ha sido juzgado con observancia de los derechos, formalidades y garantías, entre ellos del derecho de defensa, en virtud de que el imputado y su abogado defensor han tenido la oportunidad procesal de: a) Conocer los cargos y la prueba en que se ampara la contraparte; b) Contar con el tiempo suficiente para la preparación de la defensa; c) Participar en el proceso en condiciones iguales; d) Poder la persona imputada ejercer materialmente la defensa y contar con una defensa letrada; e) De controvertir lo señalado o presentado por la contraparte; f) Presentar los medios probatorios en pro de acreditar su razón; g) Formular peticiones en los momentos procesales oportunos y obtener del órgano jurisdiccional la pronta respuesta; h) Conocer las razones que fundamentan las decisiones judiciales; i) De poder contar con la posibilidad de recurrir la decisión judicial sin sanción o censura alguna; entre otros. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de derecho defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República en relación al artículo 320 del Código Procesal Penal. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. El Ministerio Público presentó los siguientes medios de prueba Testigo Protegido ESP-2, testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, y el informe de la Banda de los Espinoza. El Testigo Protegido ESP-2 y el policía Juan Miguel Juárez Bonilla mienten, el primero porque manifiesta que vio los hechos y posteriormente manifiesta que él escuchó que se agarraron con la policía, dejando la duda sobre sus dichos y el segundo, considera que también miente, porque no pudo reconocer al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, en el supuesto ataque que sufrieron, ya que “tuvo que protegerse de los disparos” entonces no pudo ser tan preciso en identificar a Gonzalo Alexis, entre 15 o 20 personas que manifestó que habían y debido a que tenía un padrón fotográfico de los miembros que integraban la Banda de los Espinoza, y es seguro, que fue por fotografía que identificó al acusado, ya que no es posible que lo haya podido identificar en el supuesto ataque, a una distancia de unos 100 metros de la casa donde se encontraban los Espinoza, lo que es imposible sobre todo por el bosque donde la visibilidad no es clara debido a los árboles. A pesar de lo anterior, el Tribunal les da credibilidad total a estos testigos y manifiesta que los mismos son creíbles, claros y coherentes en sus dichos, violentado de esta manera las Reglas de la lógica de Derivación, en sus características de suficiencia y veracidad. El testigo protegido, dice haber observado al acusado portando un arma 22 en juicio, pero en la audiencia inicial dijo que portaba una escopeta, y en un video incorporado ilegalmente al juicio, según versión del testigo Coronel Almendrares, aparece el acusado portando una AK47, lo que contradice al testigo protegido. Respecto al delito de Asociación ilícita por el que se declaró culpable al acusado, el Ministerio Público solo presentó como testigos a dos Testigos, siendo ellos Cesar Eduardo Larach, quien ratificó el informe elaborado el 10 de marzo del año 2014, donde informa que el acusado fue detenido el 9 de marzo de dicho año, por escándalo público, y que según investigaciones realizadas por la DNIC de Comayagua y según declaraciones de Testigos Protegidos, ellos afirman que el acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos es miembro de la Banda delictiva "los Espinoza" y que éste fue visto por testigos y que disparó ese día contra los policías. El testigo protegido ESP-2 que sólo con desconocer el tribunal su identidad es atentatorio contra el derecho de presunción de inocencia, no fue contundente, ni coherente como lo afirma el juzgador, pues entró en varias contradicciones no periféricas, sino de fondo lo cual resta credibilidad a sus dichos. Se presentó el informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, el cual narra un aserie de eventos, que no tienen respaldo en medios de prueba confiables como ser, fotografías de las supuestas reuniones de la Banda, fotografías del lugar donde supuestamente se reunían, aspectos que darían credibilidad a lo expuesto en ellos, sin embargo solo son pensamientos escritos que no se traducen a la realidad, ya que 25 imágenes de fotografías y 25 videos fueron incorporadas de manera ilegal, pues ninguna de ellas fue tomada por testigos que supuestamente estaban infiltrados en la supuesta banda y a la cual vinculan al acusado; y a los que el Tribunal le da total credibilidad, informes a los que el tribunal da credibilidad y que no tienen sustento probatorio alguno, violentando también el principio Lógico de Derivación. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[3]. Concepto específico: El Ministerio Público presentó los medios de prueba consistente en las declaraciones del Testigo Protegido ESP-2 y del testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, a los que el Tribunal les da credibilidad total, por considerar que son creíbles, claros y coherentes en sus dichos, con lo que el recurrente estima que el tribunal de juicio ha violentado la regla de la lógica de derivación, en sus características de suficiencia y veracidad. Asimismo, el Ministerio Público presenta el medio de prueba de Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, al que también concede plena credibilidad, violentando con ello la regla de la Sana Critica, de la lógica en el principio de derivación. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, al valorar los siguientes medios de prueba siguientes: declaraciones del Testigo Protegido ESP-2 y del testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, a los que el Tribunal les da credibilidad total, por considerar que son creíbles, claros y coherentes en sus dichos, con lo que el recurrente estima que el tribunal de juicio ha violentado la regla de la lógica de derivación, en sus características de suficiencia y veracidad. Asimismo, el medio de prueba de Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, al que también concede plena credibilidad, violentando con ello la regla de la Sana Critica, de la lógica en el principio de derivación. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, presentada en juicio por el Ministerio Público, consistente en las declaraciones del Testigo Protegido ESP-2 y del testigo Policía Juan Miguel Juárez Bonilla, y prueba documental consistente en el Informe de la Banda de los Espinoza, ratificado en juicio por el agente H03505, son lógicas, coherentes y suficientes, para con ellas y demás prueba de cargo debidamente incorporada al juicio, logren formar la convicción en los miembros del tribunal sobre la certeza de la participación del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos en los hechos ilícitos por los que se le juzga. En este caso, los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí. No infringe la regla 1ógica de derivación pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia están constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas, por lo que desestima el motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. Medios probatorios no incorporados legalmente a juicio.

Segundo Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal.Concepto de la Infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a Juicio. El Ministerio Público en el comienzo del juicio y precisamente en la etapa de incidentes, comprendida en el artículo 320 del Código Procesal Penal, presentó como medios de prueba lo siguiente: cuatro memorias micro SD de color negro, los cuales fueron recatados de los teléfonos de Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, aparecen imágenes de los miembros de la banda los Espinoza, para ello solicita que sea juramentado el perito de Videos Forense el señor Daniel Edgardo Silva Alvarado a fin de que proceda a la sustracción de videos y fotografías. La defensa del acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos presenta oposición a que se admitieran dichos medios de prueba, ya que el Ministerio Público, en su momento tuvo oportunidad de presentar esta prueba y esta causa indefensión al acusado. La defensa pública considera que se opone porque "esas memorias no pertenecen o fueron decomisadas a ninguno de los imputados aquí presentes” y debido a que el Ministerio Pública solicita juramentación de peritos a esa altura del proceso con el fin de sorprender a la defensa con nuevos medios de prueba y propone como testigos, a los policías que supuestamente fueron heridos, cuando desde que se presenta el requerimiento al señor Gonzalo Alexis Luque, el Ministerio Público sabía quiénes eran los testigos. La defensa se opone a estos medios de prueba por no ser hechos nuevos, esas pericias se tuvieron que haber evacuado en la fase preliminar. El Ministerio Público considera que el artículo 320 párrafo segundo permite a las partes ofrecer nuevos medios de prueba siempre y cuando no suspendan las sesiones del juicio, y el tribunal resuelve admitir la prueba del ministerio Público de las 4 memorias micro SD y a los cuatro testigos que ha propuesto en incidentes por considerar que el 320 es claro al diferenciar tres párrafos, uno se refiere a hechos nuevos para proponer incidentes y no para proponer nuevos medios de prueba, pues considera que basta que estén presentes los testigos y que se cuente con los medios de prueba ofertados en el momento y que no retrasen la continuidad del juicio para poder admitirlos. Concepto General del recurso “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se bese en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo; o b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. a) Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción del precepto constitucional, específicamente cuando se invoque la conculcación de la presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral. b) Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y en otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[4] Concepto específico: El admitir la posibilidad de que la prueba pueda proponerse en etapa de incidentes, sin mayor exigencia que la misma no implique suspensión de la audiencia de debate, representaría una ventaja procesal para quien emplee tales métodos, por lo que no es correcto la interpretación que ellos hacen del artículo 320 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma en que resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que el Ministerio Público en el comienzo del juicio en la etapa de incidentes, comprendida en el artículo 320 del Código Procesal Penal, presenta como medios de prueba cuatro memorias micro SD de color negro, rescatados de los teléfonos de Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, en que aparecen imágenes de los miembros de la Banda de los Espinoza, para lo que solicita sea juramentado el Perito de Videos Forense señor Daniel Edgardo Silva Alvarado, para que proceda a la sustracción de videos y fotografías; y propone como testigos, a cuatro policías que supuestamente fueron heridos, o lo que la defensa se opuso por considerar que a que se admitieran dichos medios de prueba, ya que el Ministerio Público, en su momento tuvo oportunidad de presentar esta prueba y esta causa indefensión al acusado. La defensa pública considera que se opone porque esas memorias no pertenecen o haber sido decomisadas a ninguno de los imputados, por solicitar, la juramentación de peritos a esa altura del proceso, con el fin de sorprender a la defensa con nuevos medios de prueba y propone como testigos a los policías supuestamente heridos, cuando desde que se presenta requerimiento al señor Gonzalo Alexis Luque, el Ministerio Público sabía quiénes eran los testigos. Y el tribunal resuelve admitir la prueba del ministerio Público de las 4 memorias micro SD y a los cuatro testigos que ha propuesto en incidentes por considerar que el 320 es claro al diferenciar tres párrafos uno se refiere a hechos nuevos para proponer incidentes y no para proponer nuevos medios de prueba, pues considera que basta que estén presentes los testigos y que se cuente con los medios de prueba ofertados en el momento y que ellos no atrasen la continuidad del juicio. Esta Sala considera que, las razones vertidas por el Tribunal de juicio para declarar la pertinencia y utilidad de los medios de prueba propuestos en la etapa de incidentes por el Fiscal del Ministerio Público, consistentes en 4 memorias micro SD para lo cual pide sea juramentado el Perito de Videos Forense señor Daniel Edgardo Silva Alvarado, y a cuatro testigos Policía heridos, son razonables, válidas y procedentes, en virtud de que el artículo 320 del Código Procesal Penal en su tercer párrafo, referente a la proposición de medios de prueba en la etapa de incidentes del juicio, establece como único requisito que los medios de prueba propuestos no retrasen la audiencia de juicio. En el presente caso, la evidencia consistente en las 4 memorias micro SD recuperadas de los teléfonos celulares de los policías Walter Alexander Zúniga y Darwin Espinoza Zúniga, y del perito propuesto para ser juramentado, así como la propuesta de cuatro testigos, ofrecidos por el fiscal todos ellos se encontraban en la sala, por lo que el tribunal consideró que eran admisibles por no retrasar la continuidad del juicio, y cumplir con el querido establecido en la ley. Esta Sala considera que al haber sido admitidos en la etapa de incidentes del juicio y valorados por el tribunal para con ellos y los demás medios de prueba agregados a juicio, formar su convicción, el tribunal de juicio no ha infringido norma procesal alguna, todo ello con fundamente en lo dispuesto en el artículo 320 del Código Procesal Penal, que faculta al órgano jurisdiccional a admitir medios de prueba por la vía incidental, siempre que no retrasen la audiencia de juicio, lo que en este caso la sentencia impugna no adolece del defecto o vicio de forma que invalide la sentencia. Casación de Quebrantamiento de forma. La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. El artículo 266 del Código Procesal Penal, establece los actos integrantes del debate, que son los siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio y 3) Deliberación y sentencia. La deliberación y la sentencia son actos comprendidos dentro del concepto general del debate o juicio oral y público. Las reglas relativas a esa tercera etapa, en especial las referentes a los fallos de condena, con relación a los que se dan dos fases. La primera corresponde al juicio oral y público, en la cual se declara la culpabilidad del imputado (artículo 342 del Código Procesal Penal); y, en la segunda se determina la pena concreta (artículo 343 del mismo Código). Para la redacción, lectura y notificación de la sentencia se hace remisión a los artículos 338 y 340, disposición relativa a la sentencia absolutoria, la que según esa norma deberá ser redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En ese caso, el presidente del tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. El Artículo 340 del Código Procesal Penal, establece: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada.”. El Artículo 343 del Código Procesal Penal dice: “Segunda fase. Audiencia para determinar la pena concreta... En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los Artículos 338 y 340, en lo procedente.” Que de la redacción del acta de debate se desprende que el juicio se llevó a cabo el 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis. Sin embargo, la sentencia fue notificada al recurrente el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años con tres meses después de haber concluido el juicio, algo que perjudica al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos. Es decir, con la inobservancia del plazo establecido para dictar sentencia, lo que ha negado al acusado el derecho de recurrir el fallo de forma pronta y expedita, pues es evidente que es tiempo más que suficiente para que estuviera resuelto el recurso de casación, violentado de esta manera el artículo 7 en su numeral 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y artículo 8 de dicha convención, también establece, en su numeral 1, lo siguiente: “toda persona tiene Derecho a ser oída con todas las garantías y dentro de un plazo razonable...”Concepto General del recurso “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se bese en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo; o b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. a) Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción del precepto constitucional, específicamente cuando se invoque la conculcación de la presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral. b) Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y en otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[5] Concepto específico. Inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. Dado que del acta de debate se desprende que el juicio se llevó a cabo el 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis. Sin embargo, la sentencia fue notificada al recurrente el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años con tres meses después de haber concluido el juicio, algo que perjudica al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su tercer motivo de casación por quebrantamiento de forma por la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. Alega concretamente que conforme a los artículos 338 y 340 del Código Procesal penal, la sentencia absolutoria, deberá se redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En ese caso, el presidente del tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. El Artículo 340 del Código Procesal Penal, establece: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia Absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada cumplido lo anterior”. El Artículo 343 del Código Procesal Penal dice: “Segunda fase. Audiencia para determinar la pena concreta... En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los Artículos 338 y 340, en lo procedente.” Que de la redacción del acta de debate se desprende que el juicio se llevó a cabo el 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis. Sin embargo, la sentencia fue notificada al recurrente el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años con tres meses después de haber concluido el juicio, algo que perjudica al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos. Esta Sala considera que, en el presente caso, consta de autos folio 407) que las sesiones del juicio oral y público se llevaron a cabo los días 01, 02, y 24 de febrero del año dos mil dieciséis y que la audiencia para la notificación de la sentencia fue notificada al recurrente hasta el jueves 24 de mayo de dos mil dieciocho, o sea dos años, tres meses después de haber concluido el juicio; sin embargo, esta Sala considera que no obstante constituye una irregularidad procesal, en el presente caso, no llega a dar lugar a anular el juicio en tanto que no ha provocado un estado de indefensión al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, pues al ser notificada la sentencia le ha empezado a correr el plazo de veinte días, establecido en el artículo 363 del Código Procesal Penal para interponer el recurso de casación, derecho a recurrir que el recurrente ha ejercitado para impugnar la sentencia. Por lo anterior, esta Sala desestima el tercer motivo de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. DECISIÓN. Esta Sala resuelve No ha lugar los dos motivos de casación por Infracción de Precepto Constitucional y los tres motivos de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado Carlos Eduardo Inestroza Molina, en su condición de defensor privado del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, falla imponer al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos: 1) La pena de 13 años, 4 meses de reclusión, por el delito de Asociación Ilícita, perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) La pena de 1 año de reclusión por el delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Y la pena de 13 años, 4 meses de reclusión por el delito de Asesinato en grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de los señores Jaime Meraz, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodriguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, o sea lo que hace un total de 81 años de reclusión, en concurso real, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Sin embargo, el artículo 35 del Código Penal, impone un límite legal para el cumplimiento de penas acumuladas en concurso real, que en ningún caso puede exceder de 30 años de reclusión. (Decreto 144-87) Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como responsable le correspondería del sancionado penalmente con las penas abstractas siguientes: 1) Por el Delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales: De 6 a 10 años de prisión y Multa de 100 a 500 días (Art. 554 del Código Penal); 2) Por el delito de Atentado en perjuicio del orden Público: De 3 a 4 años de prisión y Multa de 300 a 400 días, por aumentarse la pena de 1 a 3 años de prisión y multa 100 a 300 días en 1/3, por haber cometido el delito de Atentado mediante el uso de armas de fuego; 3) De 15 a 20 años de prisión, por cada uno de los 5 delitos de Asesinato en grado de tentativa acabada, cometidos en perjuicio de los señores Jaime Meraz, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodriguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, lo cual da 75 años de prisión. Lo cual, en concurso real, da un total de 82 años y 4 meses de prisión, y la pena de Multa de 233.33 días, mas las penas de suspensión de ciudadanía, inhabilitación absoluta, prohibición de tenencia y portación de armas y prohibición de residencia y aproximación a las víctimas, todas por el tiempo de duración de la pena. El Código Penal (Decreto 130-2017) establece que en concurso real si alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable excede de 20 años, el límite máximo de duración de la pena a cumplir sería de 40 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal al acusado Gonzalo Alexis Luque Ramos, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 362. 2 y 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar los dos motivos de casación por Infracción de Precepto Constitucional y los tres motivos de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por el Abogado Carlos Eduardo Inestroza Molina, en su condición de defensor privado del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos; Segundo: No procede la aplicación retroactiva de la ley penal contenida en el Decreto 130-2017 y por no representar un beneficio a favor del señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior; Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual se condenó al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión; se condenó al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como autor del delito de Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de un año de reclusión; se condenó al señor Gonzalo Alexis Luque Ramos, como autor de cinco delitos de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de los señores Jaime Meras, Douglas Javier Calderón, Edil Emilio Rodríguez, Juan Miguel Juárez y Luis Alberto Escoto, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión que suman 66 años, 8 meses de reclusión; penas de reclusión que deberá de cumplir el señor Gonzalo Alexis Luque Ramos una en post de otra comenzando por las más graves, hasta cumplir un total de ochenta y un años, penas acumuladas en concurso real, que por disposición de la ley no podrá exceder de treinta (30) años de reclusión, por la razones expuestas, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, a la responsabilidad civil proveniente de los delitos por los que se condena, sin costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio y el comiso de cuatro memorias MicroSD, de color negro, dos con capacidad de 2GB, una con capacidad de 4GB, y una con capacidad de 512GB y un CD, que contienen imágenes y videos de los miembros de la banda de los Espinoza; Cuarto: Queda incólume e inalterable la sentencia de mérito respecto del acusado Pedro Celestino Espinoza Martínez, quien ha sido condenado por los delitos de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de 13 años, 4 meses; por el delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de 1 año de reclusión; y por el delito se Asesinato en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Adolfo Vásquez Vásquez y Wilson Javier Carranza Bonilla, a dos penas de 13 A, 4 meses de reclusión, o sea 26 años 8 meses, penas que deberá de cumplir una en post de otra comenzando por las más graves, hasta cumplir un total de 41 años de reclusión, penas acumuladas en concurso real, que por disposición de la ley no podrá exceder de treinta (30) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, a la responsabilidad civil proveniente de los delitos por los que se condena, sin costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio y el comiso de cuatro memorias MicroSD, de color negro, dos con capacidad de 2GB, una con capacidad de 4GB, y una con capacidad de 512GB y un CD, que contienen imágenes y videos de los miembros de la banda de los Espinoza, en virtud de no haber presentado recurso de casación contra la sentencia impugnada; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General. Corte Suprema de Justicia.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 480-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[2] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[3] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005

[4] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 119 y 120.,

[5] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 119 y 120.,