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Sentencia CP-480-17 — Registro 13264

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de tres derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian tres violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrolladas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen inválida la sentencia. El defecto de forma señalado es superado, por mucho, por el defecto de fondo que presenta el recurso: el recurrente sólo se limita a señalar que existe violación de tres derechos fundamentales de manera abstracta, sin puntear en que consiste la violación, cómo se produjo ésta y qué agravio provoca.- Recuérdese que no justifica un recurso (cualquiera que sea éste: ordinario o extraordinario), el mero hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial, sino que debe existir un agravio, entendiéndose como tal la disparidad entre lo resuelto con lo mandado por la ley. En el presente caso, el recurrente presentó impugnación en contra de la sentencia señalando que se violentó el Estado Material de Inocencia, el Debido Proceso y el Juicio Previo, es decir tres derechos fundamentales, esperándose entonces que explicara cómo se produjeron tales violaciones: a. Respecto al Estado de Inocencia, brevemente relacionado Ut Supra, la Sala de lo Penal era expectante que se señalase si la violación se produjo como consecuencia de consideración de prueba ilícita o por falta de consideración de prueba lícita a la cual indebidamente se calificó como ilícita, por inobservancia de un debido proceso probatorio, por omisión de una debida motivación, por inexistencia de un debido razonamiento probatorio o por insuficiente carga probatoria de cargo.- Pero, adicionalmente la Sala de lo Penal además esperaba encontrar una amplia explicación del vicio, tanto a nivel de concepto como de la forma que se produjo en el caso concreto y, finalmente pero no menos importante, cómo el vicio incidió negativamente en la decisión tomada por los jueces. B. De igual forma, respecto al Derecho a un Debido Proceso Legal u a un Juicio Previo. el recurrente quedó a deber el identificar cuál de los principios informadores fue el violentado, el acto procesal que contiene el defecto, las gestiones realizadas para sanear y, en su caso, subsanar el defecto, y finalmente como el defecto afecto la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, el Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate; el recurrente indica que no se probó la participación de su representado en los hechos ilícitos, dado que las declaraciones de los testigos B1 y B2 no eran contestes, no se expresaba con seguridad y firmeza en sus dichos, estableciendo el testigo B1 que venía a trabajar y eran tres personas que participaron en el hecho, el otro testigo B2 que eran cuatro y uno era el ofendido, estableciendo que el ente acusador ha efectuado una investigación ineficiente, en cuanto al dictamen no concuerda con los elementos metálicos que fueron obtenidos en la autopsia según el perito no fueron disparados por el arma que fue periciada, pretendiendo el ente fiscal acreditar con la declaración de los testigos que era una escopeta 22 porque es usual en la localidad ese tipo de arma; además de establecer los alegatos anteriores también cuestiona que existe deficiencia de actividad probatoria y ausencia de prueba en cuanto a los testigos protegidos ya que cuestionan la fiabilidad o credibilidad de ellos en virtud de que la defensa no pudo verlos, todos estos alegatos no explican de qué forma se violentó el Estado de Inocencia y/o el Debido Proceso Legal y el juicio previo, sino que son un fútil esfuerzo de emparejar la segunda instancia con la única instancia. Esta Sala de lo Penal establece que el recurrente ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar tres motivos distintos bajo un mismo título, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializo con la actuación del Tribunal de Sentencia, por lo que es procedente es declarar sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 480-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Wilfredo Amaya Ramos, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Víctor Menjívar Bardales, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Se declaró la responsabilidad civil del señor Wilfredo Amaya Ramos; Tercero: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: No se declaró el comiso de objeto alguno. SON PARTES: Los Abogados José Roberto Izaguirre y Dinabel López, en su condición de defensores públicos del señor Wilfredo Amaya Ramos, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las once y media de la mañana, el señor Víctor Efraín Menjivar Bardales en compañía de tres de sus empleados transitaba por el lugar conocido como El Cerro donde tenía una propiedad ubicada en la aldea la Citronela, lugar donde se encontraba esperándolo escondido entre la maleza Wilfredo Amaya Ramos con un machete y con un rifle calibre 22 LR, que al verlos venir realizó cuatro disparos contra Víctor motivado por el rencor que sentía contra éste como consecuencia de un despido y una denuncia que Víctor había interpuesto en su contra. Segundo: Dichos disparos impactaron en la humanidad de Víctor causándole heridas por arma de fuego producidas por balas de calibre 22 LR, dispuestas de la siguiente manera; 1) Orificio de entrada: de 1 x 0.9 cm, excéntrico hacia arriba y a la derecha a nivel del pectoral derecho a 140 centímetros altura de talón y 3 cm de la línea media. 2) orificio de entrada de 1x1 centímetros excéntrico hacía abajo y hacía la derecha sobre la región pectoral izquierda a 138 centímetros altura de talón y a 7 centímetros de la línea media. 3) orificio de entrada en región glútea derecha de 1 x 0.9 centímetros excéntrico y a la derecha a 96 centímetros de la altura del talón y a 13 centímetros de la línea media. 4) Orificio de entrada en la cara dorsal de la falange proximal del quinto dedo de la mano izquierda de 1x0.9 centímetros de altura del hombro, excéntrico hacia abajo. Siendo la herida que le causa la muerte la establecida en el numeral 1) por laceración de Aorta Ascendente y Torácica. Tercero: Que después de haber realizado los disparos Wilfredo Amaya salió de entre la maleza dirigiéndose hacia donde Víctor había caído realizando otros disparos y procediendo a darle vuelta con los pies.” Recurso de Casación. Motivos y Argumento El recurrente Abogado Marlon Alberto Martínez Logan, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de ASESINATO en perjuicio de VICTOR MENJIVAR BARDALES, tal como lo establece: PRIMERO: En fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las once y media de la mañana, el señor Víctor Efraín Menjívar Bardales en compañía de tres de sus empleados transitaba por el lugar conocido como El Cerro donde ten/a una propiedad ubicada en la aldea la Citronela, lugar donde se encontraba esperándolo escondido entre la maleza Wilfredo Amaya Ramos con un machete y con un rifle calibre 22 LR, que al verlos venir realizó cuatro disparos contra Víctor motivado por el rencor que sentía contra este como consecuencia de un despido y una denuncia que Víctor había interpuesto en su contra. SEGUNDO: Dichos disparos impactaron en la humanidad de Víctor causándole heridas por arma de fuego producidas por balas calibre 22 LR, dispuestas de la siguiente manera; 1) Orificio de entrada: de 1x0.9 cm, excéntrico hacia arriba y a la derecha a nivel del pectoral derecho a .140 centímetros de altura de talón y 3cm de la línea medía. 2) Orificio de entrada de 1x1 centímetros excéntricos hacía abajo y hacia la derecha sobre la región pectoral izquierda a 138 centímetros altura de talón y a 7 centímetros de la línea media. 3) Orificio de entrada en región glútea derecha de 1x0.9 centímetros excéntricos y a la derecha a 96 centímetros de la altura del talón y a 13 centímetros de la línea medía. 4) Orificio de entrada en la cara dorsal de la falange proximal del quinto dedo de la mano izquierda de 1x0.9 centímetros de altura del hombro, excéntrico hacia abajo. Siendo la herida que le causa la muerte la establecida en el numeral 1) por laceración de Aorta Ascendente y Torácica. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de ASESINATO en perjuicio de VICTOR MENJIVAR BARDALES. El Estado de inocencia es a... un estado inherente a la persona humana... este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos ( art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra[1]. El Ministerio Público ha sido incapaz de enervar el estado de inocencia de mi cliente, lo único que se probó que hay una persona que falleció, en un hecho constitutivo de un delito, mas no se probó la participación de mi representado en los hechos ilícitos, dado que las declaraciones de los testigos B1 y B2 no eran contestes, al testigo identificado con B1 al momento de rendir su testimonio no se expresaba con seguridad y firmeza en sus dichos, además manifestó que venía de trabajar y que eran tres personas las que participaron en el hecho. El testigo B2 dijo que fueron cuatro y uno era el hoy occiso, al final expresó que eran seis (6) personas, y de haber sido así donde estaban estas personas, los testigos narran un asesinato, lógico lo primero que hace el testigo B1 es salir corriendo no sabía para donde agarrar, el otro dice que salieron corriendo a corta distancia del hecho, si el objetivo era darle muerte para que iba a dejar testigos, es claro que dos pueden ponerse de acuerdo para difamar. Es así que el ente acusador ha efectuado una investigación ineficiente, en cuanto al dictamen no concuerda los elementos metálicos que fueron obtenidos en la autopsia según el perito no fueron disparados por el arma que fue periciada, pretendiendo el ente fiscal acreditar con la declaración de los testigos que era una escopeta 22 porque es usual en la localidad ese tipo de arma. Refiriendo que en una relación a la denuncia que fue leída este no es un elemento primordial para que una persona estuviera molesta al grado de dar muerte a otra, dicha denuncia no se investigan y la misma lo que refiere es que cabe la sospecha que Wilfredo haya participado en los hechos denunciados por el hoy occiso, pues a la fecha ya han transcurrido más de ocho meses, desde la muerte del señor Víctor Menjívar Canales, y durante ese tiempo no pasó ningún acontecimiento de relevancia en relación a lo denunciado. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.-[2] Ante la deficiente actividad probatoria y ausencia de prueba confiable en nuestro caso, la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran las posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado, la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Es así que el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor WILFREDO AMAYA RAMOS.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. único motivo. *Norma autorizante: Artículos 361 del Código Procesal Penal. * Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. * Concepto de la infracción: Violación al principio de estado de inocencia, al debido proceso y al juicio previo. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece el recurrente que el Tribunal sentenciador vulneró el estado de inocencia, el debido proceso y el juicio previo en virtud de la ineficiente actividad probatoria y ausencia de prueba confiable, ya que lo único que se probó es que hay una persona que falleció y que no se probó la participación de su representado en los hechos ilícitos, ya que las declaraciones de los testigos protegidos con clave “B1” y “B2”, no eran contestes y al rendir sus testimonios no se expresaban con seguridad y firmeza en sus dichos. Por otra parte, el recurrente refiere que la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de los testimonios de los testigos protegidos con clave “B1” y “B2”, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales u otras circunstancias que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si en definitiva existieran razones para dudar de lo veracidad de lo declarado. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del CPP; c. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido, la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó:“67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que:“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, como la violación a ese principio informador, contenido en el debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y a. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes, de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. a. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. a. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio y explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede efectuar cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio le interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos: errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.)De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de tres derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian tres violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrolladas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen inválida la sentencia. El defecto de forma señalado es superado, por mucho, por el defecto de fondo que presenta el recurso: el recurrente sólo se limita a señalar que existe violación de tres derechos fundamentales de manera abstracta, sin puntear en que consiste la violación, cómo se produjo ésta y qué agravio provoca.- Recuérdese que no justifica un recurso (cualquiera que sea éste: ordinario o extraordinario), el mero hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial, sino que debe existir un agravio, entendiéndose como tal la disparidad entre lo resuelto con lo mandado por la ley. En el presente caso, el recurrente presentó impugnación en contra de la sentencia señalando que se violentó el Estado Material de Inocencia, el Debido Proceso y el Juicio Previo, es decir tres derechos fundamentales, esperándose entonces que explicara cómo se produjeron tales violaciones: a. Respecto al Estado de Inocencia, brevemente relacionado Ut Supra, la Sala de lo Penal era expectante que se señalase si la violación se produjo como consecuencia de consideración de prueba ilícita o por falta de consideración de prueba lícita a la cual indebidamente se calificó como ilícita, por inobservancia de un debido proceso probatorio, por omisión de una debida motivación, por inexistencia de un debido razonamiento probatorio o por insuficiente carga probatoria de cargo.- Pero, adicionalmente la Sala de lo Penal además esperaba encontrar una amplia explicación del vicio, tanto a nivel de concepto como de la forma que se produjo en el caso concreto y, finalmente pero no menos importante, cómo el vicio incidió negativamente en la decisión tomada por los jueces. B. De igual forma, respecto al Derecho a un Debido Proceso Legal u a un Juicio Previo. el recurrente quedó a deber el identificar cuál de los principios informadores fue el violentado, el acto procesal que contiene el defecto, las gestiones realizadas para sanear y, en su caso, subsanar el defecto, y finalmente como el defecto afecto la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, el Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate; el recurrente indica que no se probó la participación de su representado en los hechos ilícitos, dado que las declaraciones de los testigos B1 y B2 no eran contestes, no se expresaba con seguridad y firmeza en sus dichos, estableciendo el testigo B1 que venía a trabajar y eran tres personas que participaron en el hecho, el otro testigo B2 que eran cuatro y uno era el ofendido, estableciendo que el ente acusador ha efectuado una investigación ineficiente, en cuanto al dictamen no concuerda con los elementos metálicos que fueron obtenidos en la autopsia según el perito no fueron disparados por el arma que fue periciada, pretendiendo el ente fiscal acreditar con la declaración de los testigos que era una escopeta 22 porque es usual en la localidad ese tipo de arma; además de establecer los alegatos anteriores también cuestiona que existe deficiencia de actividad probatoria y ausencia de prueba en cuanto a los testigos protegidos ya que cuestionan la fiabilidad o credibilidad de ellos en virtud de que la defensa no pudo verlos, todos estos alegatos no explican de qué forma se violentó el Estado de Inocencia y/o el Debido Proceso Legal y el juicio previo, sino que son un fútil esfuerzo de emparejar la segunda instancia con la única instancia. Esta Sala de lo Penal establece que el recurrente ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar tres motivos distintos bajo un mismo título, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializo con la actuación del Tribunal de Sentencia, por lo que es procedente es declarar sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el recurrente. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de Wilfredo Amaya Ramos que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Wilfredo Amaya Ramos, una pena principal de reclusión de veinte (20) años de reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de Víctor Menjívar Bardales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Wilfredo Amaya Ramos, conforme el CP-144-83 al ser de 20 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Alberto Martínez Logan, en su condición de defensor público del señor Wilfredo Amaya Ramos, en la causa instruida por el delito de asesinato en perjuicio de Víctor Menjivar Bardales. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. José Olivio Rodríguez Vásquez. magistrado coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-480-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de recurso de casación penal N= 304-2010, de fecha 30 de mayo del 2011

[2] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, CP= 02-2009. Pág., 9 y 10.-