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Sentencia CP-478-18 — Registro 14244

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de cinco delitos de Asesinato en Concurso Real, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la No Procedencia de la retroactividad de la ley penal (Código Penal 130-2017).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, al valorar las declaraciones vertidas por los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009 que narran hechos poco creíbles, por haber estado en la casa donde fallecieron los ofendidos y salir con vida de dicho lugar e incurrir en las inconsistencias siguientes: a) El Testigo protegido B-30-2009 dice que Franklin le dispara a Edgardo pero ya no menciona a Delmy; b) El Testigo A-30-2009 menciona a Héctor que dispara a Carmen y Daniela y al hacer una relación dice que Héctor le dispara a Delmy y Carmen, existiendo contradicción porque quien le dispara a Delmy según el Testigo A-30-2009 es Franklin y B-30-2009 dice que es Héctor, A-30-2009 menciona a Josué que dispara a Helen y B-30-2009 dice que le dispara a Helen y Daniela. Asimismo, por considerar que el Perito Balístico Octavio Valenzuela, concluye que en el hecho del 30 de septiembre de 2013 participaron 4 armas de fuego y que al acusado Héctor José Diaz Escobar no se le decomisó arma de fuego posterior a los hechos, ni que haya habido casquillo y arma de fuego periciada que lo vincule a los hechos. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, entre ellas la declaración de los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009, quien fueron contestes y coherentes en los hechos esenciales al declarar que identifican plenamente a tres personas armadas que participaron en los hechos acaecidos el 30 de septiembre de 2013, entre 11 y 12 de la noche, en la Colonia 10 de septiembre, sector Chamelecón, pasaje 62, vivienda en que también funciona el Jardín de Niños “Mi Segundo Hogar”, entre ellos al acusado Héctor José Díaz Escobar, quien realizó conjuntamente con sus dos acompañantes, ejecutó las acciones ilícitas que dan como resultado la muerte violenta por disparo de arma de fuego de los señores David Edgardo Rivera Carias, Carmen Valdivieso López, Delmy Rosaura Carias, Helen Aracely Rivera Carias y de la niña Daniela Alejandra Martinez, de cinco años de edad. Lo anterior por ser el acusado Héctor José Díaz Escobar, y sus dos acompañantes personas conocidas para sus familias, al ser vecinos del mismo lugar. Las declaraciones de los testigos de cargo son testigos oculares que presenciaron los hechos directamente por medio de sus sentidos, y si bien incurren en algunas inconsistencias las mismas son intrascendentes para enervar la participación del imputado en los hechos que se le imputan, aun y cuando al momento de su detención en momentos posteriores a los hechos, no haya sido encontrado en posesión de arma alguna. Por lo anterior, esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio para dotar de credibilidad a la prueba de reproche y demás agregadas al juicio, no infringen la regla de sana crítica, de la lógica, de derivación integrado por el principio de razón suficiente, pues están dotadas de razón y justificación adecuada para alcanzar un estatuto de verdad, afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia que resultan congruentes y guardan correlación entre sí. La motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, en virtud que el razonamiento del juzgador está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas de testigos, periciales y documentales incorporadas al juicio y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron determinando, deducciones razonables originadas en las pruebas. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el A quo se no ha violado las reglas de la sana crítica, lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en la valoración de las declaraciones rendidas en juicio por los testigos protegidos de cargo, al haberlas dotado de plena credibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 478-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 478-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Héctor José Díaz Escobar, como autor del delito de cinco delitos de Asesinato en Concurso Real, en perjuicio de David Edgardo Rivera Carías, Carmen Valdivieso López, Delmi Rosaura Carías, Helen Aracely Rivera Carías y Daniela Alejandra Martínez, a la pena de veintiún años de reclusión, por cada uno de los delitos efectuados, haciendo un total de ciento cinco años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Héctor José Díaz Escobar, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Héctor José Díaz Escobar, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.- Cuarto: No procedió declarar el comiso.- Quinto: Absolvió al señor Héctor José Díaz Escobar, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Héctor José Díaz Escobar, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados. “PRIMERO: En fecha 30 de septiembre del año 2013, aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche, en la colonia 10 de septiembre del sector de Chamelecón, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en una casa de habitación donde funcionaba el Jardín de Niños denominado Mi segundo Hogar, se encontraban en el interior del mismo, los señores David Edgardo Rivera Carias, Carmen Valdivieso López, Delmy Rosaura Carias, Helen Aracely Rivera Carias y la niña Daniela Alejandra Martinez, de cinco años de edad, cuando llego Héctor José Díaz Escobar en compañía de dos personas del sexo masculino, portando todos ellos armas de fuego, aparentando que huían de la policía, por lo que los habitantes del lugar los dejaron ingresar al interior de la vivienda, luego uno de los jóvenes pregunto por Edgardo, por lo que al escuchar su nombre salió David Edgardo y sin mediar palabras empezaron a dispararle en múltiples ocasiones, acto seguido Héctor José Díaz Escobar y sus acompañantes ingresaron a una de las habitaciones empezaron a disparar contra Carmen Valdivieso López, Delmy Rosaura Carias, Helen Aracely Rivera Carias y la niña Daniela Alejandra Martinez, causándoles la muerte; seguidamente, Héctor José Díaz Escobar con los dos acompañantes huyen del lugar, siendo Héctor José Díaz detenido posteriormente y remitido ante las autoridades competentes.” Recurso de Casación. El recurrente Abogado Ramón Benedicto Matamoros, en su condición de defensor público del señor Héctor José Díaz Escobar, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por haberse violentado las Reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la comprendido en el artículo 202 en relación con El artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO La norma Procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal Sentenciador valora prueba de cargo que en ningún momento quebranta el estado de inocencia del imputado; lo anterior lo decimos en virtud de existir un sin número de inconsistencias en los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009 quienes narran hechos poco creíbles y que a la vez estando en la casa donde fallecieron los ofendidos salen con vida de dicho lugar; a vía de ilustración mencionamos algunas inconsistencias como estas: a) El Testigo protegido A-30-2009 menciona que Franklin dispara a Edgardo y Delmy, pero el Testigo protegido B-30-2009 dice que Franklin le dispara a Edgardo pero ya no menciona a Delmy; b) El Testigo A-30-2009 menciona a Héctor que dispara a Carmen y Daniela y al hacer una relación dice que Héctor le dispara a Delmy y Carmen, existiendo contradicción porque quien le dispara a Delmy según el Testigo A-30-2009 es Franklin y B-30-2009 dice que es Héctor, A-30-2009 menciona a Josué que dispara a Helen y B-30-2009 dice que le dispara a Helen y Daniela, es decir que la controversia entre estos testigos protegidos es Helen y Daniela y la muerte de Helen y Edgardo es Franklin y Josué, queremos hacer notar que esta prueba anticipada de los testigos Protegidos de cargo que se realizó fueron testigos presenciales del hecho quienes se encontraban reunidos a las once (11) y doce (12) de la noche esperando noticias de una señora de nombre Selma, existiendo contradicciones e inconsistencias entre estos dos testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009; y c) En lo referente al Perito Balístico Octavio Valenzuela, concluye que en el hecho del 30 de septiembre de 2013 participaron 4 armas de fuego y que no hubo decomiso en el cual a mi representado se le haya encontrado posteriormente un arma de fuego y hubiese hecho alguna vinculación con algún casquillo y con arma de fuego que el perició. SEGUNDO: De lo antes dicho consideramos que los testigos protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009 faltan a la verdad en sus dichos, en vista que como se dijo antes existen contradicciones entre ellos, al igual de que fueron testigos presenciales del hecho estos salieron con vida, por experiencia sabemos que este tipo de criminales no dejan testigos con vida cuando han los han visto cometer un crimen para que posteriormente los denuncien ante las autoridades policiales, consideramos que dichos testigos protegidos de cargo son espurios por tener un interés manifiesto en querer perjudicar a mi representado Héctor José Díaz Escobar; por lo que sus testimonios en juicio oral y público fue condicionado; en tanto que el contenido de sus dichos pone de manifiesto que no era posible como se dijo antes que los mismos se hallan estado en esa vivienda el día de los asesinatos, que los hayan visto y que los dejaran con vida para que posteriormente los identificaran y ser capturados, partiendo de esta manifestación de los testigos protegidos supra dichos somos del criterio que los mismos son espurios.- con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería ser basada únicamente o de manera decisiva en testigos protegidos dudosos. Así pues, la compatibilidad de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta y; 2) que esa declaración del Testigo Protegido no sea decisiva; en definitiva las consecuencias de las limitaciones en la disponibilidad del medio de prueba solamente pueden perjudicar al que ha de proponerlo y no al derecho de defensa de aquél contra el que se propone dicho medio de prueba.- Por consiguiente la defensa del imputado Héctor José Díaz Escobar duda de la declaración de los testigos protegidos “A-30-2009 y B-30-2009” en relación a la condición de percepción objetiva o externa de los mismos, es decir si en realidad estuvieron el día de los hechos en el lugar y a la hora de suscitarse el mismo, en vista que consideramos ser inconsistentes como ilógicas, ya que la lógica nos indica por una parte que alguien que va a cometer un delito se va a dejar ver su rostro, y por otra que van a dejar testigos con vida para que los identifiquen, consideramos que el Tribunal sentenciador no valoró con prudencia a los testigos protegidos por las razones antes señaladas, concluyendo que el tribunal debió tomar en cuenta que dichas declaraciones no eran creíbles y absolver a nuestro representado por prueba espuria. TERCERO: Que con la prueba documental, pericial y testifical propuestos por el Ministerio Fiscal los mismos no nos revelan la verdad real y concluyente de la existencia del delito de Asesinato, para deducirle responsabilidad por tal ilícito al imputado Héctor José Díaz, de hecho el razonamiento del Juzgador no proviene de declaraciones verdaderas o creíbles por las razones supra señaladas, considerando haber hecho falta una investigación más profunda por parte de Los Investigadores y del ente acusador, por lo que esa deficiencia en un estado de derecho con el que contamos no puede permitirse, mucho menos que se condene a una persona con testigos de cargo no creíbles a quienes no les importa inculpar a Héctor José Díaz Escobar; no podemos permitir que la negligencia del ente acusador de no proporcionar la prueba pertinente sea recargada en el Juzgador y este a su vez al imputado, condenándolo con pruebas deficientes en todos sus aspectos, considerando esta defensa que en el transcurso del debate en ningún momento pudo establecerse fehacientemente si en verdad alguno de los testigos en realidad vio quien le disparo a los ofendidos por las contradicciones señaladas, por ser estos no creíbles, generando duda razonable o razón suficiente para dudar de los hechos por no ser los mismos confiables dudando de su veracidad. En conclusión queremos dejar claro que en el caso de mérito hubo desprecio valorativo por parte del Juzgador al valorar las pruebas periciales como las testifícales de cargo, debiendo el Tribunal haber desglosado en su interioridad las reglas de la sana critica en que se apoyaba para valorar dichas pruebas que van contra la lógica de acuerdo a la libre convicción o de conciencia del Juzgador, conociendo el Juzgador los medios probatorios como ilustración únicamente, no existiendo valoración de la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad de acuerdo a la experiencia común como una de las normas de las reglas de la sana crítica, no teniendo un convencimiento cierto e indubitable como para poder haber llegado a la certeza de acreditarle al imputado la responsabilidad de tal ilícito, derivando el mismo a colusiones falsas cuando existen testigos no creíbles antes supra indicados, considerando que el Juzgador estaba desprovisto de una verdad inobjetable como para que el mismo concluyera con una derivación adecuada para tener como verdad la culpabilidad absoluta del acusado y desde este punto de vista si se están inobservando las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente; faltándole contundencia a la prueba de cargo, lo lógico es que les hubiera asistido la “DUDA” y por consiguiente “ABSOLVERLO” de toda responsabilidad tal y como lo dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal, en consecuencia con fundamento en esas circunstancias la defensa no está de acuerdo con la sentencia de mérito por lo que el fallo no está dictado conforme a las exigencias de los artículos citados, por ende el recurso interpuesto debe ser declarado Con Lugar anulando la sentencia de A-quo. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” FUNDAMENTACIÓN. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen. Violación de las reglas de la sana critica, en virtud de existir un sin número de inconsistencias en los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009 los que narran hechos poco creíbles y a la vez estando en la casa donde fallecieron los ofendidos salen con vida de dicho lugar. Las inconsistencias siguientes: a) El Testigo protegido B-30-2009 dice que Franklin le dispara a Edgardo pero ya no menciona a Delmy; b) El Testigo A-30-2009 menciona a Héctor que dispara a Carmen y Daniela y al hacer una relación dice que Héctor le dispara a Delmy y Carmen, existiendo contradicción porque quien le dispara a Delmy según el Testigo A-30-2009 es Franklin y B-30-2009 dice que es Héctor, A-30-2009 menciona a Josué que dispara a Helen y B-30-2009 dice que le dispara a Helen y Daniela. El Perito Balístico Octavio Valenzuela, concluye que en el hecho del 30 de septiembre de 2013 participaron 4 armas de fuego y que no hubo decomiso en el cual al acusado Héctor José Diaz Escobar se le haya encontrado posteriormente un arma de fuego o hecho vinculación con algún casquillo y arma de fuego periciada. Existen contradicciones entre los testigos presenciales del hecho que salieron con vida, y por experiencia sabe que este tipo de criminales no dejan testigos con vida cuando los han visto cometer un crimen para que posteriormente los denuncien ante las autoridades policiales. Considera que los testigos protegidos de cargo son espurios por tener un interés manifiesto en perjudicar al acusado Héctor José Díaz Escobar. Hubo desprecio valorativo del juzgador al valorar las pruebas periciales, como las testifícales de cargo, por lo que el tribunal de juicio ha inobservado las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, porque ha faltado contundencia a la prueba de cargo, por lo que lo lógico es que al persistir la duda hubiese absuelto al acusado de toda responsabilidad. Concepto General del recurso. Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Concepto específico: Los testigos protegidos de cargo son espurios por tener un interés manifiesto en perjudicar al acusado Héctor José Díaz Escobar. Hubo desprecio valorativo del juzgador al valorar las pruebas periciales, como las testifícales de cargo, por lo que el tribunal de juicio ha inobservado las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, al valorar las declaraciones vertidas por los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009 que narran hechos poco creíbles, por haber estado en la casa donde fallecieron los ofendidos y salir con vida de dicho lugar e incurrir en las inconsistencias siguientes: a) El Testigo protegido B-30-2009 dice que Franklin le dispara a Edgardo pero ya no menciona a Delmy; b) El Testigo A-30-2009 menciona a Héctor que dispara a Carmen y Daniela y al hacer una relación dice que Héctor le dispara a Delmy y Carmen, existiendo contradicción porque quien le dispara a Delmy según el Testigo A-30-2009 es Franklin y B-30-2009 dice que es Héctor, A-30-2009 menciona a Josué que dispara a Helen y B-30-2009 dice que le dispara a Helen y Daniela. Asimismo, por considerar que el Perito Balístico Octavio Valenzuela, concluye que en el hecho del 30 de septiembre de 2013 participaron 4 armas de fuego y que al acusado Héctor José Diaz Escobar no se le decomisó arma de fuego posterior a los hechos, ni que haya habido casquillo y arma de fuego periciada que lo vincule a los hechos. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a la prueba de cargo, entre ellas la declaración de los testigos Protegidos de cargo A-30-2009 y B-30-2009, quien fueron contestes y coherentes en los hechos esenciales al declarar que identifican plenamente a tres personas armadas que participaron en los hechos acaecidos el 30 de septiembre de 2013, entre 11 y 12 de la noche, en la Colonia 10 de septiembre, sector Chamelecón, pasaje 62, vivienda en que también funciona el Jardín de Niños “Mi Segundo Hogar”, entre ellos al acusado Héctor José Díaz Escobar, quien realizó conjuntamente con sus dos acompañantes, ejecutó las acciones ilícitas que dan como resultado la muerte violenta por disparo de arma de fuego de los señores David Edgardo Rivera Carias, Carmen Valdivieso López, Delmy Rosaura Carias, Helen Aracely Rivera Carias y de la niña Daniela Alejandra Martinez, de cinco años de edad. Lo anterior por ser el acusado Héctor José Díaz Escobar, y sus dos acompañantes personas conocidas para sus familias, al ser vecinos del mismo lugar. Las declaraciones de los testigos de cargo son testigos oculares que presenciaron los hechos directamente por medio de sus sentidos, y si bien incurren en algunas inconsistencias las mismas son intrascendentes para enervar la participación del imputado en los hechos que se le imputan, aun y cuando al momento de su detención en momentos posteriores a los hechos, no haya sido encontrado en posesión de arma alguna. Por lo anterior, esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio para dotar de credibilidad a la prueba de reproche y demás agregadas al juicio, no infringen la regla de sana crítica, de la lógica, de derivación integrado por el principio de razón suficiente, pues están dotadas de razón y justificación adecuada para alcanzar un estatuto de verdad, afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia que resultan congruentes y guardan correlación entre sí. La motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, en virtud que el razonamiento del juzgador está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas de testigos, periciales y documentales incorporadas al juicio y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron determinando, deducciones razonables originadas en las pruebas. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el A quo se no ha violado las reglas de la sana crítica, lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en la valoración de las declaraciones rendidas en juicio por los testigos protegidos de cargo, al haberlas dotado de plena credibilidad. Decisión. La Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de Defensores Públicos del señor Héctor José Díaz Escobar. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Héctor José Díaz Escobar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Héctor José Díaz Escobar, la pena de 21 años de reclusión, por cada delito de Asesinato en perjuicio de los señores David Edgardo Rivera Carías, Carmen Valdivieso López, Delmi Rosaura Carías, Helen Aracely Rivera Carías y de la niña Daniela Alejandra Martínez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En concurso real de delitos sumadas las penas por los cinco delitos de asesinato impuestas al acusado Héctor José Díaz Escobar, hacen un total de ciento cinco años de reclusión, sin embargo, conforme al límite legal, las penas acumuladas no pueden exceder de 30 años de reclusión. (Art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87). Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Héctor José Díaz Escobar, como persona responsable de cinco delitos de asesinato, le correspondería ser sancionado penalmente, para cada delito de asesinato con la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, conforme al artículo 192 primer párrafo del Código Penal. Por penas acumuladas, de imponer la pena de veinte años de prisión por cada delito de Asesinato harían un total de cien años de reclusión en concurso real, sin embargo, la ley dispone que cuando alguno de los delitos por los que hubiere sido penado excediera de 20 años, como en este caso, el máximo de cumplimiento de pena sería de 40 años de prisión. Por tanto, en el presente caso, no corresponde la aplicación retroactiva al señor Héctor José Díaz Escobar, de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio, respecto al quantum de la pena en comparación con la ley penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 362.3 del Código Procesal Penal. 65 y 616 del Código Penal, FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de Defensores Públicos del señor Héctor José Díaz Escobar, en la causa en que se condenó al acusado Héctor José Díaz Escobar, la pena de 21 años de reclusión, por cada delito de Asesinato en perjuicio de los señores David Edgardo Rivera Carías, Carmen Valdivieso López, Delmi Rosaura Carías, Helen Aracely Rivera Carías y de la niña Daniela Alejandra Martínez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, penas acumuladas que en concurso real hacen un total de ciento cinco años de reclusión, pero por el límite legal, no puede exceder de 30 años de reclusión, que deberá cumplir el señor Héctor José Díaz Escobar. (Art. 35 del Código Penal. Decreto 144-87), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por no representar la nueva ley penal un beneficio a favor del acusado Héctor José Díaz Escobar; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha tres de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 478-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005