Sentencia CP-476-18 — Registro 14242
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por del delito de Actos de Lujuria Agravados, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En el caso presente, la censora del fallo fundamenta su reclamo en que el sentenciador valoró la prueba de cargo (declaración testifical de la menor A. J. H. C., y, el dictamen pericial de psicología forense elaborado y ratificado en el debate por el Licenciado Jonathan González Gallego) contrario a la regla de la lógica de derivación. Esto en razón porque no ha concedido plena credibilidad al testimonio a pesar de estar concatenado por la prueba científica derivada de las conclusiones de la pericia practicada por el psicológico forense; así como que no hay margen para establecer que la menor en su testimonio tenga motivos para querer faltar a la verdad o resentimiento que reste veracidad a su declaración; por lo que el Tribunal no ha logrado vincular en forma conjunta y armónica la totalidad de las pruebas evacuadas al juicio. Antes de dar respuesta al fondo del asunto, la Sala de lo Penal recuerda que su función al dar respuesta a un motivo como el presente, no consiste en valorar alternativamente la prueba practicada en instancia, pero su función revisora si puede determinar la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador de instancia. Cuando se trata de valorar prueba testifical, han de tomarse en cuenta por el sentenciador de instancia, criterios como son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación, los cuales son parámetros mínimos de contraste a que ha de someterse la declaración de la víctima. En el caso actual y presente, no se identifica la infracción a la regla lógica de derivación en la valoración intelectiva del testimonio de la menor A. J. H. C., pues según el sentenciador (párrafo segundo del numeral dos de la valoración probatoria) el testimonio de la menor no goza de credibilidad puesto que refiere que en fecha 6 de agosto del 2016, fue la última vez que el ahora encausado la tocó, lo cual quedó totalmente descartado con la prueba de inspección judicial al Libro de Asistencia de la Escuela “Teresa Madrid”, con el cual se acredita que ese día el encausado no asistió a dicho centro educativo, ya que se le concedió permiso; y en el hipotético caso que se creyera a la declarante, no hay congruencia porque el Ministerio Público acusó por los hechos acaecidos específicamente en la fecha antes referida (6 de agosto de 2016) y no por los sucedidos en el mes de julio, por consiguiente no le da credibilidad. En este sentido, si bien la recurrente arguye en la exposición de su recurso que la valoración decae ante el hecho que el acusado solicitó su permiso el mismo día de su emisión, es decir, que ineludiblemente tuvo que comparecer al centro educativo ese día sábado 6 de agosto de 2016, para obtener la autorización del director para ausentarse; esta Sala de lo Penal, al hacer una revisión minuciosa del acta de debate en donde consta la diligencia de inspección judicial, así como su respectiva valoración descriptiva e intelectiva, verifica que no ha quedado acreditado en la causa que el acusado haya permanecido en el centro educativo en la fecha que señala la impugnante en su recurso. Tampoco se desprende que exista un reclamo de su representación ante la insuficiencia de motivación que realizara el juzgador sobre la valoración (descriptiva e intelectiva) del medio de prueba denominado inspección judicial por omitir esta circunstancia que en su caso sería relevante para cambiar la ecuación valorativa. O bien, tampoco se ha presentado prueba como lo autoriza el artículo 369 del Código Procesal Penal, para hacer constar que fue hasta en esa fecha en donde el acusado solicitó permiso para no asistir a dicho centro educativo y hacer constar que la diligencia es contraria a como fue plasmada en el acta de debate o por la sentencia. Se verifica entonces según lo descrito en el acta de debate (f. 246) y según la valoración descriptiva e intelectiva del juzgador (f. 272 y 273) que no ha existido un vicio lógico de derivación por infracción del principio de razón suficiente, pues contrario a lo argüido por el recurrente en su reclamo, sí existió una valoración conjunta y armónica de todo el acervo producido en juicio (testifical, pericial, documental e inspección judicial), y tal como lo señala el sentenciador en su motivación, el ente acusador al momento de formalizar los cargos en la etapa intermedia del proceso (f. 106), circunscribió los hechos de su acusación a los acaecidos en fecha 6 de agosto 2016, los cuales no fueron objeto de ampliación de la acusación conforme dispone el artículo 321 del Código Procesal Penal. Asimismo, el sentenciador resta credibilidad al dictamen de psicología forense (párrafo segundo del numeral tercero de la valoración probatoria) porque aduce que no refleja nada vinculante al hecho objeto de enjuiciamiento, refiere de un aislamiento producto del proceso de adaptación en otro centro educativo que es distinto al que ha estudiado la menor y la represión que le encontró como mecanismo de defensa es propio de la edad ya que está en formación y no tiene una tendencia sexual definida. De lo antes expuesto, nuevamente arguye el fiscal que, según el interrogatorio realizado al perito al momento de la ratificación del dictamen de psicología forense en el debate, este fue claro al exponer que la menor tiene un conflicto sexual por los dos diagnósticos realizados y que estos resultados corroboran la versión rendida por la menor en su testimonio. Para dar respuesta a este reclamo, bastaría remitirse a la intelectiva del juzgador en donde expresa que no hay prueba que sostenga la acusación del Ministerio Público, porque quedó acreditado que, en la fecha del 6 de agosto de 2016, el acusado no se encontraba en el centro educativo. Al no haberse acreditado para el sentenciador los hechos formalizados en la acusación, no puede sostener racionalmente que el acusado fue quien realizó los tocamientos impúdicos que en definitiva sean los causantes de los resultados del dictamen psicológico. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Penal observa que el sentenciador ha realizado un proceso de valoración probatoria que ciertamente ha respetado las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la lógica de derivación que se denuncia como infringida en su principio de razón suficiente. Esto porque las premisas valorativas derivan de las premisas probatorias que las generan y que le permitieron construir la conclusión fáctica de la sentencia. El motivo único decae y no es objeto de recibimiento..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 476-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 476-2018 por Quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Lempira, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Marcio Alexander Pinto Tejada, del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de A. J. H. C.. Segundo: Sin costas. Tercero: No procedió comiso. Cuarto: Sin responsabilidad civil. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Sugeil Vega Montoya, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado Mario José Cárdenas Ruíz, defensor privado del señor Marcio Alexander Pinto Tejada, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: UNO.- En fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis fue evaluada físicamente la menor A. J. H. C., en las oficinas del Ministerio Público de la ciudad de Gracias, Lempira, por el Médico Forense. DOS.- Al momento de la evaluación la ofendida A. J. H. C., contaba con la edad de nueve años.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogada Sugeil Vega Montoya, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo casación encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio de este ente acusador no es más que, el resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica, es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que Vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatar10 de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución m omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley[1]. Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo incorporados legalmente al juicio, mismo que estuvieron integrados por prueba testifical, pericial y documental, que se detalla a continuación: TESTIFICAL a) Declaración de la menor A. J. H. C., tomada como prueba anticipada, mediante el uso de cámara de G. quien al interrogatorio dirigido manifiesta: “En algún momento el maestro Marcio Alexander Pinto le hizo algo que a usted no le gustara? Si.- ¿Qué fue lo que le hizo? Me tocaba la vulva.- ¿En qué lugar ocurrían esos tocamientos por parte del profesor Marcio? Cuando yo estaba en el aula escribiendo él llegaba y me tocaba cuando a los demás les ponía trabajo y el aprovechaba.- ¿Quiénes se encontraban cuando él le tocaba sus partes íntimas? en el corredor él llegaba allí salía de la dirección y cuando salió estaba con la esposa la profesora Dolores, el director el profe Wilson todos estaban allí.- ¿ Esas personas que usted dice que estaban allí cuando él la tocaba estaban viendo lo que él le estaba haciendo a usted? No, el salía como que a otra cosa iba.- ¿Salía de dónde? De la dirección como me sentaba enfrente a esperar a una compañera.- ¿ En qué lugar se encontraba usted? Enfrente de la dirección esperando a una compañera que fue a comprar y el salió de allí de la dirección disimuladamente.- ¿ A quién estaba esperando? A una compañera que se llama Annie.- ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba esperando a Annie? Yo estaba sentada entonces él me empezó a toca.- ¿En dónde era que él la tocaba? Bajaba la mano aquí y me hacía así (señaló que le tocaba de arriba hacia abajo).- ¿El te decía algo cuando la tocaba?¡ Amorcito[…….].- ¿Recuerda usted la fecha de la última vez que el profesor la toco? El seis de agosto en una recreo-vía.- ¿Recuerda el lugar donde ocurrió esa última vez? Enfrente de la dirección estaba allí sentada.- ¿cómo se enteró su mamá de lo que estaba pasando? Una noche le pregunté si uno se embarazaba cuando le tocaban la vulva, ella me dijo que no y yo sentía aquella sofocación como cuando uno hace algo y yo al siguiente día le conté que él me estaba tocando.- ¿Por qué le preguntó a la mamá si las niñas quedaban embarazadas con tocarlas ? por una charla que escuché de un compañero mío que decía que no había que dejarse tocar y él me tocaba a ml.- ¿La fecha en que escuchó a su compañero hablar acerca de sexualidad recuerda la fecha? Seis de agosto.- ¿A qué hora fue que él habló de eso? Como a las nueve de la mañana.- ¿En qué fecha le contó a su mamá lo que supuestamente el profesor le hacía El siete de agosto.- ¿Por qué usted decidió hacerlo hasta esa fecha y no anteriormente? Me sentía con miedo”.- b) Declaración de la señora ANA MARIA CACERES HERNANDEZ, quien manifestó lo siguiente: “ese sábado seis de agosto, ellos van los sábados a la escuela porque la recreo-vía se desarrolla solo esos días, pero un domingo por la mañana que fue el día siguiente siete de agosto, mi hija se levantó muy temprano ella me llamaba desde la parte de afuera y me decía mamá venga me llamaba yo pensé que se había levantado con un poco de hambre temprano y cuando yo le dije ya voy mamaíta linda espéreme cuando yo voy para la cocina ella me hizo una pregunta que me quedo perpleja pero que me quito el aliento cuando me dijo “mamá si un hombre lo toca a uno se embaraza” y me le quedé viendo yo y le digo si la tocan no se embaraza pero porque pregunta eso y me dijo yo le voy a decir una cosa pero no me vaya a regañar que pasó le dije yo, fíjese que el profesor a mí me toca las partes me toco la vulva y ella se tocó en ese ratito la vulva y como él le hacía cuando le tocaba allí,(….) ese sábado hubo un ensayo en donde los mismos maestros le prepararon un discurso y el tema de ese discurso era el embarazo en adolescentes eran varios temas y Cristian Joel alumno del sexto grado le dieron ese tema los mismos maestros lo prepararon, el discurso se bien el contenido del discurso porque yo soy compañera maestra de la mamá de ese niño y yo sabía el contenido que tenía el discurso, la niña fue a esa recreo-vía y estaban ensayando allí dentro del salón de la dirección estaban ensayando ese discurso(….) PERICIAL a) Dictamen de Evaluación clínica elaborado y ratificado en el debate por la doctora YOLANDA MARIA CALIX ORELLANA, en sus conclusiones indica que no encontró evidencias le lesiones en el área genital, para genital y extra genital. b) Dictamen pericial de Psicología Forense elaborado y ratificado en el debate por el Licenciado JHONATAN GONZÁLEZ GALLEGO establece como diagnostico el siguientes: “1.- Personalidad en formación con rasgos de aislamiento o retraimiento social, impulsividad y dependencia habilidades de comunicación, estabilidad y serenidad, Regresión, represión y fantasía como mecanismo de defensa. 2.- Conflicto sexual o una vivencia del cuerpo femenino como amenaza. 3.- Necesidad de apoyo y protección a causa de una preocupación por sí misma o un temor a la sexualidad. 4.- niveles de ansiedad leve ocasionados por presiones o ambientes restrictivos. 5.- Capacidad intelectual normal alta (CI 110-119). DOCUMENTAL a) Certificación de nacimiento de la menor A.J. H. C.. El Tribunal al realizar la valoración conjunta de la probanza del Ministerio Público “refiere que la prueba en estudio(declaración de la menor ofendida) no goza de confiabilidad, en virtud que la menor habla que en fecha seis de agosto del 2016 fue la última vez que el acusado la tocó, sin embargo su dicho queda descartado por cuanto a través de la inspección judicial al libro de asistencia de la Escuela Teresa Madrid, la cual goza de entera credibilidad para estos juzgadores básicamente con lo que respecta a que ese día en cuestión el ahora encausado no asistió a dicho centro educativo ya que se le concedió Permiso…”, esta afirmación del juzgador resulta desacertada, por cuanto que el relato de la menor ha sido claro y preciso, sin ambigüedades por cuanto ha manifestado que el acusado la ha tocado en varias veces en el aula de clase y comenzó en julio lo recuerda porque se había doblado un pie por la Feria Juniana y el último el día fue seis de agosto cuando estaba en sentada enfrente de la dirección esperando a su amiga Annie, ese día se desarrollaba una recreo vía y el acusado le toco la vulva, juzgador que demerita su dicho porque al realizar la inspección judicial al libro de asistencia observó que el acusado solicitó permiso ese día sábado seis de agosto del 2016, y el propio tribunal como diligencia para mejor proveer para constatar el documento que contiene el permiso como tal, revisó la carpeta académica del encausado donde consta todos los permisos que los docentes solicitan, confirmando que efectivamente el día en cuestión el acusado pidió permiso, sin embargo el juzgador no logra derivar que el permiso tiene como fecha de emisión el mismo día del hecho en cuestión, e indica: “Solicito concederme permiso para el día de hoy sábado para resolver asuntos de carácter personal fuera de la ciudad” calza la firma del acusado, el sello de la escuela y firma ilegible del director, entonces cómo es posible que el juzgador le dé credibilidad a ese permiso cuando de la lectura se infiere que el acusado hizo la solicitud de permiso el mismo día en que ocurrieron los hechos, tuvo que asistir a la escuela el día sábado seis de agosto en la mañana para obtener la autorización o visto bueno del director para ausentarse, el acusado en su solicitud le está pidiendo permiso para ausentarse el mismo día que confecciona el documento, no se está refiriendo a la solicitud de permiso para una fecha próxima o futura, sino el mismo de su elaboración, por lo tanto el acusado estuvo presente en la escuela, tal y como lo ha indicado la menor que este aprovechando que ella estaba sentada enfrente de la dirección le toco su vulva, provocando en al menor una preocupación de quedar embarazada como consecuencia de los tocamientos; Consecuentemente carece de veracidad la valoración que realiza el Tribunal respecto a establecer que el dictamen del psicólogo no refleja nada vinculante al hecho por el aislamiento de la menor es producto del proceso de adaptación a otro centro educativo que es distinto al que ha estudiado, y que la represión que le encontró como mecanismo de defensa es propio de edad ya que está en formación y no tiene una tendencia sexual definida, en tal situación este documento no refiere nada a lo que concierne a la investigación que se está realizando, esta apreciación del juzgador es equivocada pues precisamente el psicólogo Jonatan González, ha manifestado que la menor presenta un conflicto sexual que se traduce a una preocupación por si misma por temor a la sexualidad, indicando además que no es común a las edades infantes, respaldando su experticia con los pruebas psicológicas en la cual la menor ha dibujado un árbol fálico, las figuras de mujer y hombre con pronunciación de la pelvis y zona genital, y la anulación de las manos en ambas figuras, por lo que dichos dibujos vienen a establecer un indicador significativo que puede asociarse a tocamientos, y a pregunta directa del fiscal respecto ¿si encontró en la niña consecuencias psicológicas de abuso sexual?, el experto responde que sí, “porque los dos dibujos, aunado a lo que la menor cuenta en su narración con el resultado de las pruebas se puede decir que su testimonio tiene una base científica en las pruebas podemos decir que por su edad infante la experiencia sexual no va acorde a lo que sería su edad una experiencia sexual no va acorde con lo que es su edad entonces si podemos decir que hay un evento sexual no adecuado que ella lo ha presenciado o lo ha vivido” diagnostico que es recalcado cuando el consultor técnico le hace la pregunta ¿sobre el segundo diagnóstico textualmente que es un conflicto sexual o vivencia del cuerpo femenino como amenaza podría ilustrarnos un poco conforme a eso? “En los dibujos que usted tiene ella dibujó la primera persona que es una mujer y en los manuales de diseño infantil lo que se espera que una niña dibuje sería a alguien de su mismo sexo, una persona vestida, relativamente normal sin ningún énfasis sexual en ningún momento a menos que sea adolescente pero allí como usted los puede ver todo esto viene de dos diagnósticos tanto del hombre y de la mujer que tiene el énfasis de la zona genital, pélvica y es triangular ello lo mira y el manual lo ve como un conflicto sexual, tiene anulación de manos que toda parte anulada es una parte de conflicto y en ese caso será un malestar, entonces una relación del testimonio de ella con las pruebas entendemos que hay un conflicto tanto en la zona pélvica enfatizada y anulación de manos y ella vino a la Fiscalía en este caso a una denuncia de tocamientos entonces hay una asociación tanto con lo que ella está diciendo como con las pruebas; entonces partiendo de la conclusión que emite el experto forense en el área de la psicología, el juzgador no logró derivar que la menor decía la verdad respecto que el acusado la tocaba en su zona íntima, porque su dicho se ve reflejado en las pruebas psicológicas, y no como erróneamente ha derivado que la menor no tiene una tendencia sexual definida, pues esto no es lo que revelaron los test proyectivos, mismos que no fueron manipulados por la menor, pues como lo ha manifestado el psicólogo que aunque sean entrenados siempre se va a proyectar algo diferente en test psicométricos los que al observar si están falseados se aplica para reforzar el test proyectivo, por lo que la valoración a la que arribó el juzgador es errónea, pues la conclusión no encuentra correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia, violentando así la lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. Finalmente, con respecto a la declaración de la madre de la menor Ana María Cáceres Hernández, su testimonio es congruente, sin contradicciones ni ambigüedades respecto como su hija le contó que estaba siendo tocada sus partes íntimas por el maestro de grado Marcio Pinto, y que la última vez sucedió en al recreo vía realizada en la escuela el día sábado 6 de agosto del 2016, tomando como punto de partida del descubrimiento de los tocamientos abusivos, el discurso dado por el alumno Cristian Joel del sexto, sobre el tema el embarazo en adolescentes para que la menor ofendida le manifestara a su mamá al día siguiente lo que estaba sucediendo, no compartiendo la valoración que realiza el juzgador de restarle credibilidad a su dicho, por el hecho que la menor ha mentido, cuando ha sido lo contrario pues la prueba científica confirma un abuso sexual. La Sala Penal en el fallo SP 354-14, ha indicado que aspectos deben tenerse en cuenta cuando se va a valorar el testimonio del menor: “el Tribunal Imprescindiblemente deberá tener en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un testigo sea sincero, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad. Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponder a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp. 014-2007y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp. 060-2010 de la Sala de lo Penal)”. En síntesis el Tribunal ha incurrido en violación de la regla de la lógica, de derivación, pues no ha concedido plena credibilidad y virtualidad a la declaración brindada por la menor A. J. H. C., a pesar de estar concatenada por la prueba científica derivada de las conclusiones de la pericias practicadas por el psicólogo forense respectivamente, no dan margen para dudar que la menor que en su testimonio se visualicen motivos para sospechar intención alguna de querer faltar a la verdad, o resentimiento que resten veracidad a dicha declaración; por lo que el Tribunal no ha logrado vincular en forma conjunta y armoniosa la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio, y conducir a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, quien debió ser condenado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, por ende al haberse dictado un fallo absolutorio, el Tribunal infringió el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, vulnerando como antes se ha expuesto, las reglas de la Sana Crítica. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que se desarrolle un nuevo juicio, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: dar el curso legal correspondiente al presente recurso. La censora del fallo inicia la exposición de su reclamo, haciendo una relación de los medios de prueba evacuados en juicio, los cuales son los siguientes: Testifical: 1. Declaración de la menor A. J. H. C.; 2. Declaración de la señora Ana María Cáceres Hernández. Pericial: 1. Dictamen de evaluación clínica elaborado y ratificado por la doctora Yolanda María Calix Orellana; y, 2. Dictamen pericial de psicología forense elaborado y ratificado en el debate por el Licenciado Jonathan González Gallego. Documental: 1. Certificación de acta de nacimiento. Luego de ello, identifica los postulados intelectivos que considera transgreden la regla de la lógica de derivación y son los correspondientes al de la declaración de la menor A. J. H. C. y el respectivo peritaje psicológico a ella realizado; y arguye que el tribunal de sentencia ha incurrido en violación a la regla de la lógica de derivación, pues no ha concedido plena credibilidad a la declaración de la menor A. J. H. C., a pesar de estar concatenada por la prueba científica derivada de las conclusiones de la pericia practicada por el psicológico forense; asimismo, no hay margen para establecer que la menor en su testimonio tenga motivos para querer faltar a la verdad o resentimiento que reste veracidad a su declaración; por lo que el Tribunal no ha logrado vincular en forma conjunta y armónica la totalidad de las pruebas evacuadas al juicio. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. a Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. En el caso presente, la censora del fallo fundamenta su reclamo en que el sentenciador valoró la prueba de cargo (declaración testifical de la menor A. J. H. C., y, el dictamen pericial de psicología forense elaborado y ratificado en el debate por el Licenciado Jonathan González Gallego) contrario a la regla de la lógica de derivación. Esto en razón porque no ha concedido plena credibilidad al testimonio a pesar de estar concatenado por la prueba científica derivada de las conclusiones de la pericia practicada por el psicológico forense; así como que no hay margen para establecer que la menor en su testimonio tenga motivos para querer faltar a la verdad o resentimiento que reste veracidad a su declaración; por lo que el Tribunal no ha logrado vincular en forma conjunta y armónica la totalidad de las pruebas evacuadas al juicio. Antes de dar respuesta al fondo del asunto, la Sala de lo Penal recuerda que su función al dar respuesta a un motivo como el presente, no consiste en valorar alternativamente la prueba practicada en instancia, pero su función revisora si puede determinar la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador de instancia. Cuando se trata de valorar prueba testifical, han de tomarse en cuenta por el sentenciador de instancia, criterios como son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación, los cuales son parámetros mínimos de contraste a que ha de someterse la declaración de la víctima. En el caso actual y presente, no se identifica la infracción a la regla lógica de derivación en la valoración intelectiva del testimonio de la menor A. J. H. C., pues según el sentenciador (párrafo segundo del numeral dos de la valoración probatoria) el testimonio de la menor no goza de credibilidad puesto que refiere que en fecha 6 de agosto del 2016, fue la última vez que el ahora encausado la tocó, lo cual quedó totalmente descartado con la prueba de inspección judicial al Libro de Asistencia de la Escuela “Teresa Madrid”, con el cual se acredita que ese día el encausado no asistió a dicho centro educativo, ya que se le concedió permiso; y en el hipotético caso que se creyera a la declarante, no hay congruencia porque el Ministerio Público acusó por los hechos acaecidos específicamente en la fecha antes referida (6 de agosto de 2016) y no por los sucedidos en el mes de julio, por consiguiente no le da credibilidad. En este sentido, si bien la recurrente arguye en la exposición de su recurso que la valoración decae ante el hecho que el acusado solicitó su permiso el mismo día de su emisión, es decir, que ineludiblemente tuvo que comparecer al centro educativo ese día sábado 6 de agosto de 2016, para obtener la autorización del director para ausentarse; esta Sala de lo Penal, al hacer una revisión minuciosa del acta de debate en donde consta la diligencia de inspección judicial, así como su respectiva valoración descriptiva e intelectiva, verifica que no ha quedado acreditado en la causa que el acusado haya permanecido en el centro educativo en la fecha que señala la impugnante en su recurso. Tampoco se desprende que exista un reclamo de su representación ante la insuficiencia de motivación que realizara el juzgador sobre la valoración (descriptiva e intelectiva) del medio de prueba denominado inspección judicial por omitir esta circunstancia que en su caso sería relevante para cambiar la ecuación valorativa. O bien, tampoco se ha presentado prueba como lo autoriza el artículo 369 del Código Procesal Penal, para hacer constar que fue hasta en esa fecha en donde el acusado solicitó permiso para no asistir a dicho centro educativo y hacer constar que la diligencia es contraria a como fue plasmada en el acta de debate o por la sentencia. Se verifica entonces según lo descrito en el acta de debate (f. 246) y según la valoración descriptiva e intelectiva del juzgador (f. 272 y 273) que no ha existido un vicio lógico de derivación por infracción del principio de razón suficiente, pues contrario a lo argüido por el recurrente en su reclamo, sí existió una valoración conjunta y armónica de todo el acervo producido en juicio (testifical, pericial, documental e inspección judicial), y tal como lo señala el sentenciador en su motivación, el ente acusador al momento de formalizar los cargos en la etapa intermedia del proceso (f. 106), circunscribió los hechos de su acusación a los acaecidos en fecha 6 de agosto 2016, los cuales no fueron objeto de ampliación de la acusación conforme dispone el artículo 321 del Código Procesal Penal. Asimismo, el sentenciador resta credibilidad al dictamen de psicología forense (párrafo segundo del numeral tercero de la valoración probatoria) porque aduce que no refleja nada vinculante al hecho objeto de enjuiciamiento, refiere de un aislamiento producto del proceso de adaptación en otro centro educativo que es distinto al que ha estudiado la menor y la represión que le encontró como mecanismo de defensa es propio de la edad ya que está en formación y no tiene una tendencia sexual definida. De lo antes expuesto, nuevamente arguye el fiscal que, según el interrogatorio realizado al perito al momento de la ratificación del dictamen de psicología forense en el debate, este fue claro al exponer que la menor tiene un conflicto sexual por los dos diagnósticos realizados y que estos resultados corroboran la versión rendida por la menor en su testimonio. Para dar respuesta a este reclamo, bastaría remitirse a la intelectiva del juzgador en donde expresa que no hay prueba que sostenga la acusación del Ministerio Público, porque quedó acreditado que, en la fecha del 6 de agosto de 2016, el acusado no se encontraba en el centro educativo. Al no haberse acreditado para el sentenciador los hechos formalizados en la acusación, no puede sostener racionalmente que el acusado fue quien realizó los tocamientos impúdicos que en definitiva sean los causantes de los resultados del dictamen psicológico. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Penal observa que el sentenciador ha realizado un proceso de valoración probatoria que ciertamente ha respetado las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la lógica de derivación que se denuncia como infringida en su principio de razón suficiente. Esto porque las premisas valorativas derivan de las premisas probatorias que las generan y que le permitieron construir la conclusión fáctica de la sentencia. El motivo único decae y no es objeto de recibimiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Sugeil Vega Montoya, en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha tres de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 476-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
22 de 22
[1] SP78-14.