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Sentencia CP-476-17 — Registro 12451

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia HA Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La Censora considera que el Tribunal de Instancia al imponer al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, la pena concreta de dieciséis años nueve meses de reclusión, por la comisión del delito de homicidio, no es congruente con la petición de la defensa pública que solicitó la imposición de la pena mínima de reclusión en la audiencia de individualización de la pena, ya que con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, que no sólo exige tomar en consideración elementos de carácter accidental como son las agravantes y atenuantes, sino además la peligrosidad y los daños causados. A juicio de la recurrente, el juzgador de instancia aplico erróneamente el artículo 69 del Código Penal en virtud de que tomó en consideración para establecer la pena concreta el término medio de la pena, cuando la norma ya establece que será dentro del rango mínimo y máximo señalados por la ley para cada delito, y las circunstancias en que el mismo se haya cometido, debe aumentarse o disminuirse en su caso, la proporción correspondiente a esos términos señalados, por lo que al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes y en la que no existió información que sugiere una especial peligrosidad de los mismos, tal como consta en la audiencia de individualización de la pena y en la sentencia. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. Del desarrollo del recurso de casación la censora establece que se le impuso a su representado el señor Selvin Alfredo Hernández Portillo una pena de dieciséis años nueve meses de reclusión, pena que no es congruente con el artículo 69 del Código Penal, ya que el tribunal sentenciador al momento de imponer la pena concreta, lo ha interpretado incorrectamente, ya que en el numeral cuarto de la fundamentación jurídica el tribunal sentenciador estableció que para individualizar la pena se tomó como referencia legal lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, precepto que autoriza a los jueces a considerar las atenuantes y agravantes que se hayan alegado y probado en la audiencia de individualización de pena; considera, que de no haber estas circunstancias, debemos imponer la pena media, pero no es ese el caso; pues se ha acreditado en la presente causa que el condenado Selvin Alfredo Hernández Portillo, no tiene antecedentes penales, circunstancia que lo hace acreedor a una rebaja de un año de reclusión partiendo del término medio hacia abajo; sin embargo, se ha establecido también en la respectiva audiencia que el condenado no ha tenido buena conducta, pues ha sido detenido en varias ocasiones por conductas reñidas con la ley, por lo que se le aumenta tres meses partiendo del término medio hacia arriba, por lo que debe imponérsele una pena concreta de dieciséis años con nueve meses de reclusión, estableciendo con respecto al condenado, que la información sugiere que no existe una especial peligrosidad de los mismos. En torno a esta cuestión la Sala de lo Penal considera pertinente tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El artículo 69 del Código Penal establece cuáles son los criterios que debe valorar el juzgador para aplicar la pena concreta en un caso determinado, incluyendo en ellos las atenuantes, agravantes, la peligrosidad, antecedentes personales, circunstancias en que se suscitaron los hechos, los males producidos por el delito sobre todo los de naturaleza económica. En este sentido es necesario recordar que para la imposición de una pena determinada por la comisión de una infracción penal es necesario llevar a cabo un procedimiento de concreción de la misma. En nuestro Derecho dicha concreción se establece en distintas fases, concediendo en primer lugar el protagonismo a la ley y otorgando en segundo lugar una mayor o menor participación a los Jueces o Tribunales encargados de su aplicación. En este sentido, la pena no puede venir representada con carácter general por una magnitud única, es decir, la ley no puede determinar la pena de un modo absoluto, pues un modelo de penas de esta forma estructurado infringiría el principio de igualdad (que exige tratar desigualmente los casos desiguales). De esta manera, la pena ha de estar abierta a que una pluralidad de datos sobre el hecho producido y sobre el sujeto que lo cometió, distintos de los que ya han sido tomados en consideración para fijar el marco penal abstracto, tengan asimismo un reflejo sobre la misma en cualquiera de las fases de su concreción. Así pues, estamos hablando de un sistema de penas sólo relativamente determinadas, de tal modo que el proceso de determinación de la pena ha de venir configurado necesariamente a través de un equilibrio de funciones que en el mismo han de atribuirse a las instancias de la ley y del juez[1]. Ello explica porqué en aras del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y del Principio de Contradicción, el Código Procesal Penal ordena el señalamiento de una audiencia de individualización de la pena, de tal forma que las partes acrediten mediante las pruebas necesarias, las circunstancias indicadas por el artículo 69 de nuestro texto punitivo; en este sentido la Sala constata que en la audiencia para individualizar la pena, señalada por el Tribunal de Instancia, el Ministerio Público no acreditó mediante los elementos de prueba correspondientes circunstancias agravantes u otras que permitieran al juez fijar una pena mayor a la impuesta. Tampoco logró acreditar la peligrosidad del imputado Selvin Alfredo Hernández Portillo, en tanto que no basta alegar de soslayo y sin mayor razonamiento que el condenado es peligroso. En este sentido es necesario recordar, que la peligrosidad no puede ser presumida, sino que ha de estar probada; en otro caso no será posible aplicarla como circunstancia relevante para la determinación de la pena. El juicio de peligrosidad se divide en dos momentos. En la fase de diagnóstico se trata de analizar si el sujeto reúne los síntomas que pueden indiciar su peligrosidad. En primer lugar, habrá que tener en cuenta el delito que haya cometido y ponerlo en relación con la personalidad del sujeto. Aquí pueden ser muy importantes datos como la forma de ejecución, los motivos, su actitud ante el hecho realizado, etc. Es decir, factores que pueden ser muy significativos para descubrir la personalidad del sujeto. El estudio de las características típicas de la personalidad del sujeto es muy importante, pues serán un indicio de que la posible peligrosidad del mismo radica en componentes más o menos permanentes de su personalidad, y no en el delito concreto que haya cometido. Naturalmente, habrá que examinar otros factores, como los biológicos, los ambientales, etc.… En la fase de prognosis se trata de formular ya el juicio de peligrosidad criminal, es decir, el pronóstico acerca de la probabilidad de que el sujeto realice hechos delictivos en el futuro. Como métodos de prognosis se utilizan los siguientes: a) el método intuitivo, que se basa en las apreciaciones subjetivas del juez sin apoyo científico ni técnico; b) el método científico se basa en el estudio de la personalidad del sujeto por especialistas y técnicos mediante procedimientos científicos; y c) el método estadístico, que se basa en la aplicación de las tablas de predicción creadas por los criminólogos norteamericanos y alemanes, y consiste en la elaboración de un cálculo de probabilidades con la ayuda de dichas tablas y teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del sujeto[2]. Siendo que en el caso de autos la representación del Ministerio Público no alegó ni acreditó en el momento procesal oportuno la peligrosidad del sujeto, el juzgador de instancia al individualizar la pena ha infringido lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. 2) El Censor sostiene que no apreciándose la concurrencia de agravantes ni atenuantes, el Tribunal Sentenciador ha debido imponer la pena mínima, al respecto es criterio de esta Sala y lo ha expresado ya en fallos anteriores (vid. SP 98-2010) que la teoría del margen de libertad que sigue nuestro código, demanda que la pena concreta ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena fijado por el juzgador dentro de cuyos límites han de jugarse consideraciones de orden preventivo[3], En este sentido, el artículo 69 citado, deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, de tal manera que el juez tiene un margen de discrecionalidad reglada para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la sanción; de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta. A criterio de esta Sala, el juzgador aplicó incorrectamente los criterios establecidos por la ley para la determinación de la pena concreta, por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el presente Recurso de Casación en su único motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, una pena principal de reclusión de dieciséis (16) años nueve (09) meses de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Santos Orlando Ramírez Suate, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Al haberse declarado ha lugar el único motivo en el Recurso por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Pública, y de acuerdo al artículo 116 del Código Penal 144-83, al haber cometido el delito de homicidio, y al no existir circunstancias agravantes ni atenuantes, ni haber acreditado la peligrosidad, se le debe imponer al imputado Selvin Alfredo Hernández Portillo a una pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303,304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Como consecuencia se casa la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (F114), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, reformándose el número primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Se debe condenar y se condena al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, de generales conocidas en el acumulado judicial como autor responsable materialmente de un delito consumado de Homicidio, en perjuicio del señor Santos Orlando Ramírez Suate, a la pena de quince (15) años de reclusión. ii) Declara firme y ejecutable los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Selvin Alfredo Hernández Portillo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-476-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santos Orlando Ramírez Suate, a la pena de diecisiete años con nueve meses de reclusión; Segundo: Condenó al señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró al señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, civilmente responsable de la reparación de daños materiales, morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito; Cuarto: Sin costas; Quinto: No procede el comiso. SON PARTES: Los Abogados Gladys Lamar Ortíz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: ÚNICO.- En fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciséis, como a las tres y treinta minutos de la tarde en aldea El Mango del municipio de La lguala, departamento de Lempira, específicamente en el solar de la casa donde vive la señora Pastora Quintanilla, SELVIN ALFREDO HERNÁNDEZ PORTILLO utilizando un arma de fuego le dio muerte al señor SANTOS ORLANDO RAMIREZ SUATE.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Elsy Karina Domínguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: EXPRESION DE MOTIVO DE CASACION Único motivo: Infracción de precepto penal que debió ser observado para la aplicación de del artículo 69 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra en el artículo 360 del Código Procesal Penal. XPOSICION MOTIVO UNICO. En artículo 69 del Código Penal se lee así: “El Juez determinara en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. En la motivación de la sentencia el Juez consignara expresamente las circunstancias señaladas en el párrafo anterior que ha tenido en cuenta para determinar la extensión de la pena. Artículo que ha sido aplicado indebidamente por el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la pena con lo establecido al referido artículo. PRIMERO: De conformidad al análisis y estudio exhaustivo del caso sub judice donde al abocamos al contexto de la fundamentación Jurídica en el apartado cuarto de la sentencia recurrida, encontramos que el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempira al realizar la individualizar la pena tomo como referencia legal lo establecido por el artículo 69 del Código Penal, precepto autorizante a los Jueces de considerar las atenuantes y agravantes que se hayan alegado y probado en la audiencia de individualización de pena; este Tribunal de Sentencia, considera, que de no estar estas circunstancia, se deben imponer la pena media, pero no es el caso; pues se ha acreditado en la presente causa que el condenado SELVIN ALFREDO HERNANDEZ PORTILLO, no tiene antecedentes penales, circunstancia que lo hace acreedor a un rebaja de un año de reclusión partiendo del término medio hacia abajo, sin embargo, se ha establecido también en la respectiva audiencia que al condenado no ha tenido buena conducta, pues ha sido detenido en varias ocasiones por diversas conductas reñidas con la ley, por lo se le aumenta la pena de tres meses partiendo del término medio hacia arriba, por lo que se impuso una pena concreta de dieciséis años con nueve meses de reclusión, esta pena el Tribunal Sentenciador lo hizo sin realizar el análisis del precepto, Artículo 69 del Código Penal, pese que se trata de una pena de carácter compuesto por lo que se debe combinar con el artículo que le antecede, es decir con el artículo 68, del mismo cuerpo legal, constituyendo esto vicio de fundamentación de la sentencia respeto al aumento o disminución de la pena. SEGUNDO: Ya que al darse lectura del artículo 69 en complemento del 68 referido, se observa sin mucho esfuerzo alguno que la pena que impone el Estado de Honduras al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido, debe aumentarse o disminuirá en su caso, la proporción correspondiente a esos termino señalados, por lo que si el indiciado SELVIN ALFREDO HERNANDEZ PORTILLO, no tiene antecedentes penales lo justo hubiese sido imponerle el mínimo de la pena y, como señala el A-quo- que no ha tendido buena conducta aumentándole tres meses a partir del mínimo, es decir de los quince años como pena mínima que impone el Legislador a este acción delictiva por lo que la pena a imponer seria quince años tres meses, no la pena impuesta que fue de dieciséis años nueve meses. TERCERO: De tal manera que la pena aplicada debe estar supeditada a lo preceptuado por nuestra legislación Nacional Véase Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que en la sentencia recurrida se hace el cálculo de la pena a partir del término medio de la pena siendo incongruente con el articulado de nuestra Ley por lo que se le agrava a mi representado su condena. La Sala de lo Penal ha declarado que no se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.2); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 5.1); Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 9) por lo que si bien los Tribunales en su administración de Justicia gozan de independencia, sin embargo, está sometida al imperio de la Constitución de la República los Tratados y las Ley, por lo que obliga a los Tribunales de Justicia ordinaria la imposición de penas con arreglo a la norma legalmente establecida.- En este caso al no haberse aplicado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada, para tal efecto se proceda a anular la pena emitida por el A-quo de dieciséis años nueve meses contra mi representado SELVIN ALFREDO HERNANDEZ PORTILLO por aplicar indebidamente el articulo 69 complementado con el 68 del Código Penal. INTERPRETACION PRETENDIDA. De lo anterior se desprende que la individualización de dieciséis años nueve meses de pena impuesta a mi representado fue erróneamente impuesta, en vista de no ser la forma como el Tribunal debió determinar en la sentencia la pena aplicada, para tal efecto pretendemos que se anule dicha pena del A-quo y se declare con lugar el recurso de casación interpuesto por haberse infringido una Ley sustantiva.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados;

Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 69 del Código Penal. Concepto de la infracción: Infracción de precepto penal que debió ser observado para la aplicación del artículo 69 del Código Penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador, no aplicó debidamente el artículo 69 del Código Penal, en virtud de que tomó en consideración, para establecer la pena concreta, el término medio de la pena, cuando la norma ya establece que será dentro del rango mínimo y máximo señalados por la ley para cada delito, y las circunstancias en que el mismo se haya cometido, debe aumentarse o disminuirse en su caso, la proporción correspondiente a esos términos señalados, por lo que al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes y en la que no existió información que sugiere una especial peligrosidad de los mismos, tal como consta en la audiencia de individualización de la pena, por lo que al haberse calculado la pena a partir del término medio de la pena es incongruente con el articulado de la ley por lo que se le agrava a mi representado su condena, por lo que debió imponérsele a mi representado el mínimo de la pena. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La Censora considera que el Tribunal de Instancia al imponer al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, la pena concreta de dieciséis años nueve meses de reclusión, por la comisión del delito de homicidio, no es congruente con la petición de la defensa pública que solicitó la imposición de la pena mínima de reclusión en la audiencia de individualización de la pena, ya que con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, que no sólo exige tomar en consideración elementos de carácter accidental como son las agravantes y atenuantes, sino además la peligrosidad y los daños causados. A juicio de la recurrente, el juzgador de instancia aplico erróneamente el artículo 69 del Código Penal en virtud de que tomó en consideración para establecer la pena concreta el término medio de la pena, cuando la norma ya establece que será dentro del rango mínimo y máximo señalados por la ley para cada delito, y las circunstancias en que el mismo se haya cometido, debe aumentarse o disminuirse en su caso, la proporción correspondiente a esos términos señalados, por lo que al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes y en la que no existió información que sugiere una especial peligrosidad de los mismos, tal como consta en la audiencia de individualización de la pena y en la sentencia. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. Del desarrollo del recurso de casación la censora establece que se le impuso a su representado el señor Selvin Alfredo Hernández Portillo una pena de dieciséis años nueve meses de reclusión, pena que no es congruente con el artículo 69 del Código Penal, ya que el tribunal sentenciador al momento de imponer la pena concreta, lo ha interpretado incorrectamente, ya que en el numeral cuarto de la fundamentación jurídica el tribunal sentenciador estableció que para individualizar la pena se tomó como referencia legal lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, precepto que autoriza a los jueces a considerar las atenuantes y agravantes que se hayan alegado y probado en la audiencia de individualización de pena; considera, que de no haber estas circunstancias, debemos imponer la pena media, pero no es ese el caso; pues se ha acreditado en la presente causa que el condenado Selvin Alfredo Hernández Portillo, no tiene antecedentes penales, circunstancia que lo hace acreedor a una rebaja de un año de reclusión partiendo del término medio hacia abajo; sin embargo, se ha establecido también en la respectiva audiencia que el condenado no ha tenido buena conducta, pues ha sido detenido en varias ocasiones por conductas reñidas con la ley, por lo que se le aumenta tres meses partiendo del término medio hacia arriba, por lo que debe imponérsele una pena concreta de dieciséis años con nueve meses de reclusión, estableciendo con respecto al condenado, que la información sugiere que no existe una especial peligrosidad de los mismos. En torno a esta cuestión la Sala de lo Penal considera pertinente tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El artículo 69 del Código Penal establece cuáles son los criterios que debe valorar el juzgador para aplicar la pena concreta en un caso determinado, incluyendo en ellos las atenuantes, agravantes, la peligrosidad, antecedentes personales, circunstancias en que se suscitaron los hechos, los males producidos por el delito sobre todo los de naturaleza económica. En este sentido es necesario recordar que para la imposición de una pena determinada por la comisión de una infracción penal es necesario llevar a cabo un procedimiento de concreción de la misma. En nuestro Derecho dicha concreción se establece en distintas fases, concediendo en primer lugar el protagonismo a la ley y otorgando en segundo lugar una mayor o menor participación a los Jueces o Tribunales encargados de su aplicación. En este sentido, la pena no puede venir representada con carácter general por una magnitud única, es decir, la ley no puede determinar la pena de un modo absoluto, pues un modelo de penas de esta forma estructurado infringiría el principio de igualdad (que exige tratar desigualmente los casos desiguales). De esta manera, la pena ha de estar abierta a que una pluralidad de datos sobre el hecho producido y sobre el sujeto que lo cometió, distintos de los que ya han sido tomados en consideración para fijar el marco penal abstracto, tengan asimismo un reflejo sobre la misma en cualquiera de las fases de su concreción. Así pues, estamos hablando de un sistema de penas sólo relativamente determinadas, de tal modo que el proceso de determinación de la pena ha de venir configurado necesariamente a través de un equilibrio de funciones que en el mismo han de atribuirse a las instancias de la ley y del juez[1]. Ello explica porqué en aras del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y del Principio de Contradicción, el Código Procesal Penal ordena el señalamiento de una audiencia de individualización de la pena, de tal forma que las partes acrediten mediante las pruebas necesarias, las circunstancias indicadas por el artículo 69 de nuestro texto punitivo; en este sentido la Sala constata que en la audiencia para individualizar la pena, señalada por el Tribunal de Instancia, el Ministerio Público no acreditó mediante los elementos de prueba correspondientes circunstancias agravantes u otras que permitieran al juez fijar una pena mayor a la impuesta. Tampoco logró acreditar la peligrosidad del imputado Selvin Alfredo Hernández Portillo, en tanto que no basta alegar de soslayo y sin mayor razonamiento que el condenado es peligroso. En este sentido es necesario recordar, que la peligrosidad no puede ser presumida, sino que ha de estar probada; en otro caso no será posible aplicarla como circunstancia relevante para la determinación de la pena. El juicio de peligrosidad se divide en dos momentos. En la fase de diagnóstico se trata de analizar si el sujeto reúne los síntomas que pueden indiciar su peligrosidad. En primer lugar, habrá que tener en cuenta el delito que haya cometido y ponerlo en relación con la personalidad del sujeto. Aquí pueden ser muy importantes datos como la forma de ejecución, los motivos, su actitud ante el hecho realizado, etc. Es decir, factores que pueden ser muy significativos para descubrir la personalidad del sujeto. El estudio de las características típicas de la personalidad del sujeto es muy importante, pues serán un indicio de que la posible peligrosidad del mismo radica en componentes más o menos permanentes de su personalidad, y no en el delito concreto que haya cometido. Naturalmente, habrá que examinar otros factores, como los biológicos, los ambientales, etc.… En la fase de prognosis se trata de formular ya el juicio de peligrosidad criminal, es decir, el pronóstico acerca de la probabilidad de que el sujeto realice hechos delictivos en el futuro. Como métodos de prognosis se utilizan los siguientes: a) el método intuitivo, que se basa en las apreciaciones subjetivas del juez sin apoyo científico ni técnico; b) el método científico se basa en el estudio de la personalidad del sujeto por especialistas y técnicos mediante procedimientos científicos; y c) el método estadístico, que se basa en la aplicación de las tablas de predicción creadas por los criminólogos norteamericanos y alemanes, y consiste en la elaboración de un cálculo de probabilidades con la ayuda de dichas tablas y teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del sujeto[2]. Siendo que en el caso de autos la representación del Ministerio Público no alegó ni acreditó en el momento procesal oportuno la peligrosidad del sujeto, el juzgador de instancia al individualizar la pena ha infringido lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. 2) El Censor sostiene que no apreciándose la concurrencia de agravantes ni atenuantes, el Tribunal Sentenciador ha debido imponer la pena mínima, al respecto es criterio de esta Sala y lo ha expresado ya en fallos anteriores (vid. SP 98-2010) que la teoría del margen de libertad que sigue nuestro código, demanda que la pena concreta ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena fijado por el juzgador dentro de cuyos límites han de jugarse consideraciones de orden preventivo[3], En este sentido, el artículo 69 citado, deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, de tal manera que el juez tiene un margen de discrecionalidad reglada para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la sanción; de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta. A criterio de esta Sala, el juzgador aplicó incorrectamente los criterios establecidos por la ley para la determinación de la pena concreta, por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el presente Recurso de Casación en su único motivo. Decisión. Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.

Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.

Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Selvin Alfredo Hernández Portillo, una pena principal de reclusión de dieciséis (16) años nueve (09) meses de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Santos Orlando Ramírez Suate, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Al haberse declarado ha lugar el único motivo en el Recurso por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Pública, y de acuerdo al artículo 116 del Código Penal 144-83, al haber cometido el delito de homicidio, y al no existir circunstancias agravantes ni atenuantes, ni haber acreditado la peligrosidad, se le debe imponer al imputado Selvin Alfredo Hernández Portillo a una pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303,304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Como consecuencia se casa la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (F114), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, reformándose el número primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Se debe condenar y se condena al acusado Selvin Alfredo Hernández Portillo, de generales conocidas en el acumulado judicial como autor responsable materialmente de un delito consumado de Homicidio, en perjuicio del señor Santos Orlando Ramírez Suate, a la pena de quince (15) años de reclusión. ii) Declara firme y ejecutable los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Selvin Alfredo Hernández Portillo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal, y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimento. NOTIFIQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-476-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Vid. en este sentido: BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ANGEL, en AAVV, Lecciones de Consecuencias Jurídicas del Delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 219-220.

[2] Lecciones de Consecuencias Jurídicas del Delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 219-220.

[3] Véase en ese sentido Cobo del Rosal M, Vives Antón. 5ta edición. Tirant lo Blanch. Valencia 1999. P 930