Sentencia CP-470-18 — Registro 14728
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El primer alegato recursivo consiste en denunciar que el hecho probado único de la sentencia no está sustentado (derivado) de la prueba evacuada en sesión de juicio, ya que, la única prueba sobre la cual el sentenciador funda su juicio de culpabilidad, es en la declaración del ofendido Rolando Antonio Martínez, la cual, según arguye, no está corroborada por ningún otro medio probatorio. En este sentido, la Sala de lo Penal procederá a revisar el proceso intelectivo seguido por el juzgador en su fundamentación probatoria, para determinar si existe algún vicio o infracción a las reglas de la sana crítica, en especial, a la regla lógica de derivación la cual es la que de manera tácita considera infringida. Así las cosas, al remitirnos a folios 134 y 135 de la pieza de instancia, el sentenciador expresa intelectivamente las razones de su conclusión de condena, expresando inter alia, que después de relacionar todos los elementos de prueba evacuados en la presente causa, existe prueba directa y suficiente para acreditar el atentado en contra del señor Rolando Antonio Martínez López, el cual fue realizado por el imputado Ramón Antonio Bertrand Mena, quien aprovechó que el ofendido se encontraba en las afueras de su vivienda para dispararle, y quien solo le dijo “hey primo” y en ese momento el ofendido observó quiénes fueron las personas que le dispararon desde el vehículo. Asimismo, le da entero crédito a los medios de prueba de cargo (testifical y documental) por apreciar en ellas un alto grado de confiabilidad, consistencia y congruencia, aparte de no evidenciar la existencia de otros medios de prueba contundentes que pudieran desvirtuarlas o contraponerse a ellas. Recuerda la Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Al contraponer lo anteriormente expuesto con la valoración probatoria de la instancia, se evidencia que la misma en manera alguna quebranta la regla de la lógica de derivación, pues las conclusiones valorativas se circunscriben al elemento probatorio que las deriva y no alcanza conclusiones más allá de su contenido. El ofendido (única prueba para acreditar la autoría del acusado) reconoció como a uno de sus dos atacantes al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, a quien dijo conocerlo desde hace muchos al haber sido compañeros de escuela. Por ende, luego que el sentenciador somete a examen de fiabilidad su testimonio, es libre de determinar si le da credibilidad o no siempre que someta su valoración a las reglas del correcto entendimiento humano. Asimismo, como segundo argumento de reproche, el censor reclama que de la actividad probatoria se deriva el elemento subjetivo del tipo de injusto de lesiones y no de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Un tema clásico que ha sido abordado en muchas ocasiones por esta Sala de lo Penal, y en la que se ha dejado sentado que para adentrarnos y averiguar qué intención tenía el sujeto activo en el momento de la comisión del delito, se debe partir de elementos objetivos o circunstancias que rodean la acción delictiva. Entre ellos figuran las palabras proferidas por el agresor al cometer el delito, el arma utilizada, atendiendo especialmente a su naturaleza, calidad, tamaño y contundencia, la región corporal más o menos vital atacada, la profundidad de las heridas causadas, la fuerza, vigor o saña de las acciones, la reiteración de las mismas, la posibilidad o no de continuarlas hasta la producción de la muerte, si el agente muestra arrepentimiento, así como la desviación del curso causal, derivados principalmente de la asistencia sanitaria al herido. En este sentido, la fundamentación fáctica y fundamentación probatoria de la sentencia develan -sin género de dudas- que la intención del acusado Ramón Antonio Bertrand Mena, era la de causar la muerte del señor Rolando Antonio Martínez López, pues le disparó con un arma de fuego en reiteradas ocasiones en zonas vitales del cuerpo causándole múltiples heridas en el abdomen y tórax, que de no haber sido por la oportuna asistencia de los facultativos sanitarios, hubiesen derivado en la muerte del ofendido. Lo anterior es razón suficiente para que el sentenciador logre derivar la participación culpable del acusado en los hechos de que se le acusa, respeta la regla de la sana crítica de la lógica en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad, los razonamientos intelectivos que ha utilizado son veraces y suficientes. El primer motivo decae y no es objeto de recibimiento.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y,b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, la pena principal de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la vida de Rolando Antonio Martínez López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (artículo 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, la cual debe ser rebajada en un cuarto (¼) al tratarse de una tentativa acabada, lo que nos da un nuevo marco abstracto de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena que supera la impuesta al acusado en la sentencia (13 años y 4 meses). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 470-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días de junio del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el expediente SP 470-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, como autor material directo del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor Rolando Antonio Martínez López, a una pena de trece años (13) y cuatro (4) meses de reclusión, previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de prisión preventiva que venía sufriendo durante la secuela de la presente causa, y la que deberá cumplir en la Granja Penal de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho. Segundo: Condenó al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena de reclusión, así como también a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, al acusado Ramón Antonio Bertrand Mena. No decretó comiso alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Armando Zelaya Ferrera, defensor privado del señor Ramón Antonio Bertrand Mena. Son partes en única instancia: el Abogado Armando Zelaya Ferrera, defensor privado del señor Ramón Antonio Bertrand López, como parte recurrente; y, la Abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “ÚNICO: En fecha tres (03) de agosto de dos mil once (2011), a las ocho de la noche (8:00p.m.), el ofendido señor ROLANDO ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, se encontraba en las afueras de su vivienda ubicada en Residencial Los Llanos de la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, cuando pasó un vehículo de color negro, marca Toyota Corolla, y en el interior del vehículo se conducían el hoy imputado RAMÓN ANTONIO BERTRAND MENA y su hermano señor RAMÓN ANTONIO BERTRAND MENA y su hermano señor ALEN GEOVANY BERTRAND MENA, quienes al ver al ofendido le dijeron “hey primo” y de inmediato le dispararon en reiteradas ocasiones el imputado y su acompañante, cayendo gravemente el ofendido ROLANDO ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, el cual le infirieron cuatro disparos, y viéndolo en el suelo los hechores se dieron a la fuga y los familiares del ofendido lo llevaron a que recibiera asistencia médica al Hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, y gracias a la intervención de los médicos el ofendido no perdió la vida.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Armando Zelaya Ferrera, defensor privado del señor Ramón Antonio Martínez López, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. I.- PRIMER MOTIVO DE CASACION.- “Inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE. “El precepto autorizante es el artículo 362, numeral 3, del Código Procesal Penal”. Previo a desarrollar el presente motivo, es procedente aclarar, para los efectos sucesivos, que este motivo de casación se dirige como dardo certero a demostrar que el tribunal de Sentencias recurrido, al realizar el ejercicio intelectivo sobre la prueba aportada en juicio, ha incurrido en un grave vicio de fundamentación, tal como lo llama Francisco Danllanese “Fundamentación Probatoria Intelectiva”, en vista que ese es el momento en donde el sentenciador debecir de forma clara, precisa y contundente, porque un medio de prueba le merece crédito, y como debe vincularla a los demás elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio, y al no haber sucedido así en el caso que nos ocupa, ha resultado que se dictó una sentencia contraria a lo que revelan los hechos estimados y declarados como probados.- Es pues, sobre esta valoración que se ha realizado por parte del sentenciador en la prueba aportada por el Ministerio Publico, que recae el reproche sobre este motivo que se está impetrando, referido sobre todo a la vulneración por parte del Tribunal de Sentencias de las reglas de la sana critica.- Tal y como lo ha reconocido la Jurisprudencia Costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son. Las de la experiencia, la Psicología y la Lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados.- Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia y las reglas de la lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia, concordancia entre sus elementos, y derivación, necesidad de una justificación adecuada para ser verdad.- La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y tercero excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente, las afirmaciones, deducciones y conclusiones, deben guardar adecuada correlación entre ellas, verdadera, el razonamiento deberivar de elementos auténticos, y suficientes, los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga..-El Juez al apreciar los elementos de prueba incorporados al proceso, debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la Psicología y de la experiencia común que deben siempre de informar el desenvolvimiento de la sentencia. Su razonamiento no debe ser arbitrario ni violar las máximas de la experiencia, debe mantener una congruente relación entre las premisas que establece y las conclusiones a que llega, y debe expresar su pensamiento, consignando por escrito las razones que lo condujeron a la decisión. - Esta exigencia es necesaria para que el control de logicidad del fallo sea posible. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El artículo que se invoca como infringido es el artículo 202, del Código Procesal Penal que prescribe lo siguiente.- “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica.- El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” en relación a lo dispuesto en los artículos 336 y 338 del mismo instrumento legal.- En base a lo anterior esta defensa encuentra que el Tribunal de Sentencias ha inobservado el sistema de valoración proclamado por el Código Procesal Penal, en la presente sentencia de acuerdo a lo siguiente. El juzgador estableció como una verdad probada en el hecho UNICO de la sentencia recurrida lo siguiente. PRIMERO.- “En fecha — 3 — de Agosto del año dos mil once -2011 -, a las ocho de la noche -8. p. m. — el ofendido señor ROLANDO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, se encontraba en las afueras de su vivienda ubicada en la Residencial Los Llanos, de la Ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, cuando paso un vehículo de color negro, marca Toyota corolla, y en el interior del vehículo se conducían el hoy imputado RAMON ANTONIO BERTRAND MENA, y su hermano ALEN GEOVANY BERTRAND MENA, quienes al ver al ofendido le dijeron “hey primo” y de inmediato le dispararon en reiteradas ocasiones el imputado y su acompañante, cayendo gravemente el ofendido ROLANDO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, el cual le infirieron cuatro disparos, y viéndolo en el suelo los hechores se dieron a la fuga y los familiares del ofendido lo llevaron a que recibiera asistencia médica al Hospital San Francisco de esta Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, y gracias a la intervención de los médicos el ofendido no perdió la vida. De este UNICO hecho considerado probado, encontramos que esa declaración de verdad no aparece sustentada en la sentencia por valoración de las pruebas que fueron incorporadas al proceso y cuyo trabajo intelectivo aparece recogido en el acápite de valoración probatoria, razonamientos valorativos que la defensa no comparte, por considerar que el tribunal de sentencias no ha observado las reglas de la sana crítica, de tal manera que no ha concluido de la prueba lo que realmente estas apuntan, de lo que resulta que lo ha llevado a tener por probado un hecho UNICO que no puede ser sostenidos por esa prueba como continuación.- SITUACION DE LA ACUSACION Y LA DEFENSA ANTE LA LEY.- 1.- Método Inductivo y Deductivo.- La sentencia recurrida está fundada en su totalidad sobre el concepto de la acusación- la fiscalía- y es en cierto modo una pieza acusatoria.-En materias penales para que la presunción tenga eficacia jurídica, es indispensable que el Legislador explícitamente la establezca. En cambio para la defensa, la posición de una duda demostrada, basta para que ella tenga efectividad jurídica. una presunción racional en labios de la defensa cobra la forma de una afirmación, pero una afirmación en labios de la acusación no tiene el mismo acento. Sin embargo en este proceso esa posición esta invertida.- Cada vez que el orden probatorio, exige que los hechos deben estar probados, y no solo probados sino plenamente probados, debe partir de los medios de prueba que afirmen, y que se saque adelante esa afirmación, transcribiendo textualmente, discriminadamente, el testimonio o los testimonios respectivos, o la prueba en que se afirma o se funda.- Por el contrario la sentencia del Tribunal recurrido, enuncia un razonamiento, lo acepta apriorísticamente y luego culmina en la deducción afirmativa.- La sentencia no ha seguido un método inductivo, es decir no llegar a una conclusión sin el análisis objetivo de las realidades del proceso que le hayan servido de apoyo.- La sentencia contra el acusado RAMON ANTONIO BERTRAND MENA, ha seguido el método deductivo, o sea la afirmación categórica pre conceptual, para luego acudir a pruebas no reconocidas ni examinadas. Valga recordar la prueba central “La declaración del Ofendido” No se presentaron oras pruebas que validaran dicha declaración, siendo entonces las deducciones de culpabilidad abiertamente antijurídicas. - Incubo y Sucubo.- No existe una prueba directa, que apoye la declaración del ofendido, sino motivos de carácter subalterno, lo que ha habido es una contaminación, pero de una impresión - hecho subjetivo - a la prueba penal - hecho objetivo - hay una gran distancia. Agrega la sentencia...” y quienes les pagaron para que a él lo mataran son Roger Sinai Quintanilla y Oliver Quintanilla, porque ellos aducen que yo les quite unas tierras. Que es una declaración que quebranta el Estado de Inocencia que constitucionalmente favorece al imputado.- Tal deducción viola todo principio de la prueba, ya que concluye que la sola declaración del ofendido es suficiente para derribar la Presunción de inocencia, cuando es precisamente lo que había que probar en juicio.- Se puede aceptar que por una deficiencia instructiva no se fue hasta el fondo y no se investigó el móvil que tuvieron los ejecutores materiales, pero antes de ser una prueba en contra, lo es en pro, porque la imputación de un delito no se puede hacer sobre la base de la suposición, yo no imputo sino que defiendo, mientras que los jueces si imputan, en otros términos no hay prueba sobre la participación del acusado, mucho menos de la autoría intelectual, si la hubiera tendría que estar concretada en hechos, entonces sería necesario decir “se le pago ese dinero y queda demostrada en tal forma el pago económico, se les convecino por medio de tales o cuales razonamientos, y aquí están las pruebas entonces porque no se han traído esas pruebas”, porque no existen. El único testigo que podía declarar por la parte fiscal, no declaro por no haber sido citado en legal y debida forma, ya que como consta en el Acta de Debate, tanto la parte fiscal como la Defensa, solicitaron se reprogramara el juicio, por la inasistencia del Testigo de la parte fiscal, al no haber sido citado, a lo solicitado el Tribunal A Quo ni siquiera se pronunció, y procedió a la iniciación del Debate, sin contar con ningún testigo, que acreditara lo dicho por el ofendido en su declaración y que indica al delito de Lesiones y no al delito de Tentativa de Homicidio, ya que como narran los hechos probados ....y viéndolo en el suelo los hechores se dieron a la fuga ...”, como ilustraba el Jurisconsulto hondureño Raúl Suazo Lagos en sus Lecciones de Derecho Penal I. . . . y a enemigo que huye puente de plata.- La normativa Penal en su artículo 15 tipifica los elementos del Homicidio Intentado, los cuales son.- l.- Quien con la intención de cometer un delito determinado.- 2.- Ejecuta actos inequívocos de ejecución.- 3.- Y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.- Uno de los requisitos que no se cumpla, no tipifica el delito de Tentativa, sino el delito de Lesiones, ya que la Tentativa es un delito muy especializado, porque subsumió el Delito Frustrado del anterior Código Penal.- Entonces no se cumple, el tercer requisito de que no se consumó la Tentativa, por causas ajenas a la voluntad del agente. Aparte de que el Tribunal Sentenciador recurrido, no discernió lo anteriormente relacionado, de que si pudo haber un delito, no era el de tentativa sino el de Lesiones, tampoco acertó en cuanto a la culpabilidad del encartado, ya que si valoramos el medio de prueba testifical, entre comillas, en estricto apego a las reglas de la sana critica, en su conjunto y de forma armónica, llegaremos a la única conclusión que el acusado es inocente. No tomo en cuenta el A- quo que el mal manejo de los indicios o prueba indiciaria ha llevado a muchos inocentes a la cárcel o a la muerte, tal, lo que dice el renombrado tratadista Yesis Reyes Alvarado en cuanto a la prueba indiciaria, segunda edición páginas 201 y 202, 1989, lo que literalmente se transcribe. “Para que la certeza sea resultado de una suma es imprescindible que el legislador señale cual es el numero de indicios a partir del cual se considera obtenida esa convicción pues de lo contrario no sabríamos si siendo el resultado de la suma dos cuatro o diez indicios hemos o no obtenido la certeza.” Esa prueba Testifical del ofendido, sin otra prueba que confirmara lo dicho, es de valor decisivo, ya que si el tribunal de sentencias hubiera considerado en la forma indicada dicha probanza, hubiese llegado a la conclusión de la no participación del encausado en el delito de Tentativa de Asesinato.- El valor decisivo de la prueba, lo produce pues, la posibilidad de generar otra conclusión diferente a la concebida por el juzgador, de haberse estimado la prueba en la forma indicada en este recurso, posibilidad que aparece manifiesta, ya que al restarle el valor probatorio a la Declaración del testigo ALEN GEOVANNY BERTAND MENA, el tribunal solo tomo en cuenta la declaración del ofendido, llegando a una conclusión de condena aplicando normas ajenas a la cuestión debatida tal y como lo hemos demostrado, resolución contraria a lo que la prueba le indica. Este numeral no es de recibo, la valoración de la prueba testifical no es revisable en casación, lo que sí es revisable son las causas o motivos por los cuales se valora o no se valora un testigo, en el presente caso no hay ningún testigo que corrobore, la declaración del ofendido, y no toma en cuenta la Declaración del testigo de la Defensa ALEN GEOVANY BERTRAND MENA, que declara que el encartado RAMON ANTONIO BERTRAND MENA, nunca estuvo en el lugar de los hechos, sino que el que andaba en compañía con el era el señor MARCOS SOTO, y no mi representado.” no tomando en cuenta esta manifestación, el tribunal de sentencia no lo analiza, pero las máximas de la experiencia nos enseñan la tendencia del Tribunal de sentencia de tomar en el debate, solamente la prueba aportada por la parte fiscal” si se analiza en armonía, tanto la declaración del ofendido como la declaración del testigo de la defensa ALEN ANTONIO BERTRAND MENA, como pide el recurrente, llegarían a la conclusión de la inocencia del encartado. Si como prueba categórica y de mayor relevancia para dictar un fallo contradictorio contra el encausado, tal lo expuesto por el tribunal de sentencia, es la Declaración Testifical del ofendido, esta es contradictoria con la Declaración testifical del Testigo de la defensa. “la forma más común de burlar la ley consiste en declarar que concurre un requisito o presupuesto cuando en el proceso no obra legalmente producido, es decir porque supone una prueba o porque se niega su existencia se le da un alcance factico o jurídico que no tiene.”“Por haberse producido el vicio en el acto propio de sentenciar, no ha sido posible su reclamación tal y como lo exige 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal.” II.-“SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA INVOCADO.- Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente, o excluya o deje de considerar una prueba de carácter decisivo, en violación de las normas contenidas en el título VI del libro segundo de este código. PRECEPTO AUTORIZANTE.- “El precepto autorizante es el artículo 362, párrafo 2 y párrafo 4 del Código Procesal Penal, en relación con el311, párrafos 2 y 4 del mismo cuerpo de ley” CONCEPTO DE LA INFRACCION. Tal como consta en el acta de debate, al preguntarle a la Secretaria si confirma la asistencia de los Testigo, la Secretaria manifiesta que se encuentra propuesto un testigo del MP, mismo que no pudo ser citado, ya que consta en el expediente que la receptora al trasladarse a la dirección indicada no lo encontró en ese lugar y se desconoce su nueva dirección, por lo tanto, no pudo ser citado el testigo. Se le cede la palabra al Fiscal del MP, pronunciándose de la siguiente manera… “ En efecto esta persona ha cambiado su domicilio que aparece registrado en el expediente de mérito desde el año 2011, lo más seguro que ya no vive en el mismo sitio pero en reiterada ocasiones no lo encontraron en la ciudad de catacamas y me extraña que no esté aquí y que no lo hayan podido citar, lo más seguro es que ya no vive en el mismo lugar, por lo cual solicito que se reprograme la fecha del juicio oral y público, y el MP se comprometerá en este acto a citarlo en legal y debida forma.- Se le cede la palabra a la Defensa, Esta defensa...en cuanto a lo solicitado por el MP...se adhiere, ya que si bien es cierto mi representado se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva, no es menos cierto que para esta defensa también es de suma importancia que el ofendido pueda comparecer a juicio para que el Honorable Tribunal tenga esa inmediación al poder escuchar el testimonio rendido en estrados, por lo cual esta defensa estaría solicitando se reprograme la presente audiencia. El Juzgado Resuelve por unanimidad de votos dar inicio al presente juicio de Debate…” El testigo propuesto por el agente fiscal, no tenían alguna imposibilidad de asistir al juicio y únicamente se les tenían que volver a citar para que comparecieran en juicio, ya que lo actuado viola el principio de inmediación y contradicción.- Lo anterior excluyo o dejo de considerar una prueba de valor decisivo., “Este motivo es también decisivo, y que si el Tribunal de sentencias baso su sentencia condenatoria en esa prueba Testifical, el testigo debió ser citado por Edictos, lo cual no ocurrió, porque el testigo tampoco acudió al juicio.” Por haberse producido el vicio en el acto propio de sentenciar de sentenciar, no ha sido posible su reclamación, tal y como lo exige el artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: resolver el recurso interpuesto. El censor del fallo inicia la exposición de su primer motivo, explicando en qué consisten las reglas de la sana crítica, y luego de ello conceptualiza como infracción que el hecho probado de la sentencia no aparece sustentado por las pruebas aportadas al proceso. Expresa que la sentencia contra el acusado Ramón Antonio Bertrand Mena, ha seguido el método deductivo, ya que la prueba central es la declaración del ofendido Rolando Antonio Martínez López, y no se presentaron otras pruebas que validaran dicha declaración, siendo entonces meras deducciones de culpabilidad por parte del juzgador. Asimismo, expresa que el delito en cuestión, en todo caso trata de un delito de lesiones y no de un delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, puesto que, los hechores se dieron a la fuga y no se configuraron todos los requisitos exigidos por el delito tentado. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”, II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El primer alegato recursivo consiste en denunciar que el hecho probado único de la sentencia no está sustentado (derivado) de la prueba evacuada en sesión de juicio, ya que, la única prueba sobre la cual el sentenciador funda su juicio de culpabilidad, es en la declaración del ofendido Rolando Antonio Martínez, la cual, según arguye, no está corroborada por ningún otro medio probatorio. En este sentido, la Sala de lo Penal procederá a revisar el proceso intelectivo seguido por el juzgador en su fundamentación probatoria, para determinar si existe algún vicio o infracción a las reglas de la sana crítica, en especial, a la regla lógica de derivación la cual es la que de manera tácita considera infringida. Así las cosas, al remitirnos a folios 134 y 135 de la pieza de instancia, el sentenciador expresa intelectivamente las razones de su conclusión de condena, expresando inter alia, que después de relacionar todos los elementos de prueba evacuados en la presente causa, existe prueba directa y suficiente para acreditar el atentado en contra del señor Rolando Antonio Martínez López, el cual fue realizado por el imputado Ramón Antonio Bertrand Mena, quien aprovechó que el ofendido se encontraba en las afueras de su vivienda para dispararle, y quien solo le dijo “hey primo” y en ese momento el ofendido observó quiénes fueron las personas que le dispararon desde el vehículo. Asimismo, le da entero crédito a los medios de prueba de cargo (testifical y documental) por apreciar en ellas un alto grado de confiabilidad, consistencia y congruencia, aparte de no evidenciar la existencia de otros medios de prueba contundentes que pudieran desvirtuarlas o contraponerse a ellas. Recuerda la Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Al contraponer lo anteriormente expuesto con la valoración probatoria de la instancia, se evidencia que la misma en manera alguna quebranta la regla de la lógica de derivación, pues las conclusiones valorativas se circunscriben al elemento probatorio que las deriva y no alcanza conclusiones más allá de su contenido. El ofendido (única prueba para acreditar la autoría del acusado) reconoció como a uno de sus dos atacantes al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, a quien dijo conocerlo desde hace muchos al haber sido compañeros de escuela. Por ende, luego que el sentenciador somete a examen de fiabilidad su testimonio, es libre de determinar si le da credibilidad o no siempre que someta su valoración a las reglas del correcto entendimiento humano. Asimismo, como segundo argumento de reproche, el censor reclama que de la actividad probatoria se deriva el elemento subjetivo del tipo de injusto de lesiones y no de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Un tema clásico que ha sido abordado en muchas ocasiones por esta Sala de lo Penal, y en la que se ha dejado sentado que para adentrarnos y averiguar qué intención tenía el sujeto activo en el momento de la comisión del delito, se debe partir de elementos objetivos o circunstancias que rodean la acción delictiva. Entre ellos figuran las palabras proferidas por el agresor al cometer el delito, el arma utilizada, atendiendo especialmente a su naturaleza, calidad, tamaño y contundencia, la región corporal más o menos vital atacada, la profundidad de las heridas causadas, la fuerza, vigor o saña de las acciones, la reiteración de las mismas, la posibilidad o no de continuarlas hasta la producción de la muerte, si el agente muestra arrepentimiento, así como la desviación del curso causal, derivados principalmente de la asistencia sanitaria al herido. En este sentido, la fundamentación fáctica y fundamentación probatoria de la sentencia develan -sin género de dudas- que la intención del acusado Ramón Antonio Bertrand Mena, era la de causar la muerte del señor Rolando Antonio Martínez López, pues le disparó con un arma de fuego en reiteradas ocasiones en zonas vitales del cuerpo causándole múltiples heridas en el abdomen y tórax, que de no haber sido por la oportuna asistencia de los facultativos sanitarios, hubiesen derivado en la muerte del ofendido. Lo anterior es razón suficiente para que el sentenciador logre derivar la participación culpable del acusado en los hechos de que se le acusa, respeta la regla de la sana crítica de la lógica en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad, los razonamientos intelectivos que ha utilizado son veraces y suficientes. El primer motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 4) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 311 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, o excluya o deje de considerar una prueba de carácter decisivo. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: resolver el recurso interpuesto. Expresa el censor del fallo que un testigo propuesto por el Ministerio Público no pudo ser citado, ya que se desconocía su dirección domiciliaria. El testigo propuesto no tenía imposibilidad de asistir al juicio y únicamente se les tenía que volver a citar para que compareciera a juicio, ya que lo actuado viola el principio de inmediación y concentración. Por lo anterior, considera que el sentenciador dejó de considerar prueba de valor decisivo. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. Con ocasión del motivo presentado es oportuno señalar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal, obligan al órgano juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y, conforme el artículo 333, sólo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de allí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo; entre esos vicios tenemos el advertido por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que prevé como reprochable cuando la sentencia “deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”, refiriéndose a aquellos medios de prueba que a pesar de haber sido admitidos y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir, que no existe ninguna mención al medio de prueba en la sentencia, exigiéndose además para la configuración del vicio que el medio de prueba dejado de considerar sea de valor decisivo. Asimismo, y como se ha expuesto anteriormente, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. De lo antes expuesto, se evidencia como requisito indispensable para la configuración de uno u otro vicio, que el medio de prueba sea reproducido en juicio, y tal como expresa el recurrente, el medio de prueba testifical de cargo no fue reproducido porque no lo citaron para que compareciera a juicio, lo que imposibilita entonces que el medio de prueba haya sido dejado de considerar o excluido de la valoración probatoria. El recurrente pudo y debió hacer su reclamo por otra vía recursiva, bien por otro motivo de quebrantamiento de forma, o bien por una infracción de precepto constitucional. Además de lo anterior, siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega, por lo que la denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndose sido subsanado por no haberse alegado en el momento procesal en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 Código Procesal Penal). El segundo motivo decae y no es objeto de recibimiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada del señor Ramón Antonio Bertrand Mena. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y,b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ramón Antonio Bertrand Mena, la pena principal de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la vida de Rolando Antonio Martínez López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (artículo 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, la cual debe ser rebajada en un cuarto (¼) al tratarse de una tentativa acabada, lo que nos da un nuevo marco abstracto de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena que supera la impuesta al acusado en la sentencia (13 años y 4 meses). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Armando Zelaya Ferrera, defensor privado del señor Ramón Antonio Bertrand Mena; 2) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Ramón Antonio Bertrand Mena. 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 470-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
2