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Sentencia CP-47-18 — Registro 13091

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del primer motivo. EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal considera como requisito imprescindible de las sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita su comprensión no solo por el justiciable al que afectan directamente, sino también por el tribunal que conoce la sentencia en vía recurso y, además, por la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en acceder a una resolución pública dictada por los tribunales. Con los hechos probados en la sentencia habrán de relacionarse los fundamentos jurídicos de esta, lo que exige que la descripción de lo que la sentencia considera probado sea lo suficientemente contundente y desprovista de dudas, al menos en los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen un todo congruente. Se ha explicado previamente que la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión, o bien, se considera hechos probados no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato; también ocurrirá el vicio cuando no sea posible encuadrar los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas. En el caso actual, los recurrentes formulan reproche porque a su parecer el hecho probado no es suficientemente claro para atribuir a Fredys Antonio Orellana Madrid, el título de autor material del delito de homicidio en perjuicio de José Alexander Sierra Fúnez, ello porque “no se determina quién disparó materialmente el arma que causó la muerte a la víctima, y que la dicción portando armas de fuego… no se indica si tal acción se predica sobre el Fredys Antonio Orellana Madrid…”. Al remitirnos al contenido del fáctum de la sentencia establece que el veintisiete de febrero del año dos mil once, a las ocho de la noche, José Alexander Sierra Funez se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia 23 de septiembre, del municipio de La Lima, Cortés, cuando llegaron tres personas, entre ellos Fredys Antonio Orellana Madrid, quienes lo sacaron de la vivienda, llevándolo encañonado con armas de fuego, recorriendo unos cuantos metros hasta llegar frente a la pulpería Evita de ese mismo sector, donde Fredys Antonio Orellana Madrid, haciendo uso de un arma de fuego le infirió una herida en la región parietal derecha causándole la muerte. De lo anterior fácilmente puede establecerse que el hecho probado único de la sentencia es suficientemente claro y terminante para concluir la participación criminal a título de autor del acusado Fredys Antonio Orellana Madrid, en el delito de homicidio en perjuicio del señor José Alexander Sierra Fúnez, no existiendo duda que el acusado portaba un arma de fuego con la cual le infirió una herida a su víctima en la región parietal derecha. Tampoco se identifica en la base fáctica de la sentencia el empleo de términos o frases ininteligibles que hagan incomprensible el relato o juicios dubitativos que generen incertidumbre en relación a la acusación. Por ello, se concluye por esta superioridad que no concurre el quebrantamiento de forma denunciado porque el hecho probado de la sentencia no sea claro ni terminante, pues éste es lo suficientemente diáfano para que las partes procesales, el Tribunal de Casación y la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en acceder a una resolución pública dictada por los tribunales, se enteren de las razones fácticas por las cuales el sentenciador realizó el reproche de culpabilidad sobre el acusado. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...EL RECURSO NO ES RECIBO. El censor del fallo cita el artículo 90 de la Constitución de la República como precepto constitucional infringido y no hace ninguna explicación adicional al respecto. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el debido proceso. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el lacónico planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 47-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Fredys Antonio Orellana Madrid, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de la vida de José Alexander Sierra Fúnez, imponiéndole la pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Condenó al señor Fredys Antonio Orellana Madrid a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, debiéndose computar el abono del tiempo en que se ha mantenido en efectiva prisión preventiva. Tercero: Declaró al condenado Fredys Antonio Orellana Madrid, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el cual es condenado. Cuarto: No condenó en costas. Quinto: No procedió el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, los Abogados German Girón Pineda y Maritza Jannette Rivera Ramírez, defensores privados del señor Fredys Antonio Orellana Madrid. Son partes en única instancia: los Abogados German Girón Pineda y Maritza Jannette Rivera Ramírez, defensores privados del señor Fredys Antonio Orellana Madrid, como recurrente; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El veintisiete (27) de febrero del año dos mil once (2011), a las ocho de la noche, JOSE ALEXANDER SIERRA FUNEZ se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia 23 de septiembre, del municipio de La Lima, Cortés, cuando llegaron tres personas, entre ellos FREDYS ANTONIO ORELLANA MADRID, quienes lo sacaron de la vivienda, llevándolo encañonado con armas de fuego, recorriendo unos cuantos metros hasta llegar frente a la pulpería Evita de ese mismo sector, donde FREDYS ANTONIO ORELLANA MADRID haciendo uso de un arma de fuego le infirió una herida en la región parietal derecha causándole la muerte.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Los recurrentes, Abogados German Girón Pineda y Maritza Jannette Rivera Ramírez, defensores privados del señor Fredys Antonio Orellana Madrid, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACION DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y DETERMINATE, PRECEPTO AUTORIZANTE 362.1, El hecho probado tiene el siguiente acápite; en fecha veintisiete de febrero del año das mil once el venia por la calle principal del cementerio de la colonia veintitrés de septiembre de la lima cortes tres jóvenes estaban en la casa color salmón mire que lo traían como dos de le casa donde estaba el joven encañonado a una pulpería evita, se detuvieron el joven Fredy saco un arma corta y le disparo en la cabeza se escuchó un impacto, el joven calla salieron corriendo por la calle principal del cementerio. A causa de la anterior, no se determina quien disparo materialmente el arma que causó la muerte de la víctima, el grado de visibilidad no permite identificar precisamente es decir autor material. La dicción “portando armas de fuego dispararon no se indica si tal acción se predice sobre FREDYS ANTONIO ORELLANA MADRID u otra persona, por lo tanto, se carece de precisión para determinar cuál es la acción de Llamar, el haber directamente detonado arma, o estar presente mientras se ejecute esta acción y ello agrave con la fundamentación jurídica la sentencie dicte un silogismo tendiendo a una directa participación, en lugar de una coautoría. AGOTAMIENTO PREVIO DE RECURSOS; el vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo o la presentación de casación.” “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. TERCER MOTIVO, LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CODIGO PARA LA REALIZACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE; ART. 3B2.5 CODIGO PROCESAL PENAL en relación a los articulo 242 y dos 244, 311 del código procesal penal. En la marca del presente recurso es que el sentenciador ha causado efectiva indefensión con su interpretación de la prueba en perjuicio de nuestro representado. ELLO en virtud del siguiente contexto procesal; el testigo reconoció de forma clara y contundente a los acusado en audiencia de prueba anticipada, después de haber dado una descripción física detallada de los hechos., compareció a la vista publica el testigo HENRY NAHUN NUNEZ, quien manifiesta QUE EN EL DOS MIL CATORCE con DORLIN RODRIGUE LE DIERON CAPTURA, El 21 octubre a FREDYS ANTONIO ORELLANA, que el testigo protegido les manifestó que identificando como una de las personas que participo en la muerte del ahora occiso el 27 febrero 2011 Sin embargo el día de la evacuación de las pruebas durante el debate se observó como costa en actas que es profundamente contradictoria la declaración mediante prueba anticipa y la declaración del señor HENRY NAHUN NUÑEZ, al establecer el primera que sala se trataba de UNA PERSONA RETENIDA par escándalo, el testimonio del testigo protegido es contradictorio al dictamen de autopsia que estable que solo se trata de un disparo. Lo anterior carta toda análisis objetivo de la prueba de cargo incongruentes entre sí de allí es clara que no se aprecie la duda razonable que a todas luces no se razono mediante el intelecto del sentencia tal parece que la tesis acusatoria para este tribunal es santa palabra la actividad procesal defectuosa anterior genera indefensión, la cual se define como cuando una irregularidad procesal que impide o disminuye una oportunidad de defensa o intervención a la parte cuando esta oportunidad ha sido reconocida por la ley, en el presente caso es patentado, ya que se consume una irregularidad procesal, la que no fue un yerro procesal sin incidencia material, sino que también impidió el ejercicio efectivo de una defensa y de un análisis imparcial de los defectos del proceso y de la evacuación de la prueba, “además agrega que se escuchó un impacto el joven cavo salieron corriendo, además en la escena no se encontró indicio alguno respecto al delito, solamente un orifico de impacto de bala, que la declaración del testigo protegido se relacione con la del policía HENRY NAHUN NUÑEZ, pues si fue de referencia DE este razonamiento se deduce que el intelecto de los juzgadores se parcializa hacia la tesis acusatoria no dándole valor alguno a la duda razonable por lo que no son claros al establecer quien de varias persona realizo la acción material de este hecho, aunado a ello la prueba de carga es totalmente Contradictoria al establecer detalles mínimas que no concuerdan entre si a tal grado que la prueba científica especifica que la herida fue de larga distancia por no contar con ahumamiento y la testigo protegido manifiesta que le puesto el arma en la frente parietal derecho además que no se agotó el procedimiento de los edictos como lo establece el artículo 311 de la norma procesal, dejando esta un ventaja al acusador a tal grado que al juzgador toma partido en la acusación y más bien debiendo ser un arbitrador se convinieron en Juez y parte condenando maliciosamente a nuestra representado sin lugar a dudas no se hizo uso del indubio pro-reo. PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE SE VIOLO Artículo 90 de la constitución de la república, nadie puede ser juzgado sin las garantías y el debido proceso que manda la ley.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación.

Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor Fredys Antonio Orellana Madrid. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. *Concepto de la infracción: el hecho probado de la sentencia no es claro ni terminante. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto de sentenciar. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expresa el censor del fallo que el hecho probado de la sentencia no determina quién disparo materialmente el arma que causó la muerte de la víctima, no permite identificar al autor material. Considera que la dicción “portando armas de fuego…” no se indica si tal acción se predica sobre Fredys Antonio Orellana Madrid u otra persona, por lo tanto, carece de precisión para determinar cuál es la acción a reprochar. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c.Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del tribunal de sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 1. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 2. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal considera como requisito imprescindible de las sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita su comprensión no solo por el justiciable al que afectan directamente, sino también por el tribunal que conoce la sentencia en vía recurso y, además, por la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en acceder a una resolución pública dictada por los tribunales. Con los hechos probados en la sentencia habrán de relacionarse los fundamentos jurídicos de esta, lo que exige que la descripción de lo que la sentencia considera probado sea lo suficientemente contundente y desprovista de dudas, al menos en los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen un todo congruente. Se ha explicado previamente que la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión, o bien, se considera hechos probados no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato; también ocurrirá el vicio cuando no sea posible encuadrar los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas. En el caso actual, los recurrentes formulan reproche porque a su parecer el hecho probado no es suficientemente claro para atribuir a Fredys Antonio Orellana Madrid, el título de autor material del delito de homicidio en perjuicio de José Alexander Sierra Fúnez, ello porque “no se determina quién disparó materialmente el arma que causó la muerte a la víctima, y que la dicción portando armas de fuego… no se indica si tal acción se predica sobre el Fredys Antonio Orellana Madrid…”. Al remitirnos al contenido del fáctum de la sentencia establece que el veintisiete de febrero del año dos mil once, a las ocho de la noche, José Alexander Sierra Funez se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia 23 de septiembre, del municipio de La Lima, Cortés, cuando llegaron tres personas, entre ellos Fredys Antonio Orellana Madrid, quienes lo sacaron de la vivienda, llevándolo encañonado con armas de fuego, recorriendo unos cuantos metros hasta llegar frente a la pulpería Evita de ese mismo sector, donde Fredys Antonio Orellana Madrid, haciendo uso de un arma de fuego le infirió una herida en la región parietal derecha causándole la muerte. De lo anterior fácilmente puede establecerse que el hecho probado único de la sentencia es suficientemente claro y terminante para concluir la participación criminal a título de autor del acusado Fredys Antonio Orellana Madrid, en el delito de homicidio en perjuicio del señor José Alexander Sierra Fúnez, no existiendo duda que el acusado portaba un arma de fuego con la cual le infirió una herida a su víctima en la región parietal derecha. Tampoco se identifica en la base fáctica de la sentencia el empleo de términos o frases ininteligibles que hagan incomprensible el relato o juicios dubitativos que generen incertidumbre en relación a la acusación. Por ello, se concluye por esta superioridad que no concurre el quebrantamiento de forma denunciado porque el hecho probado de la sentencia no sea claro ni terminante, pues éste es lo suficientemente diáfano para que las partes procesales, el Tribunal de Casación y la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en acceder a una resolución pública dictada por los tribunales, se enteren de las razones fácticas por las cuales el sentenciador realizó el reproche de culpabilidad sobre el acusado. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor Jhoel Omar Pineda Guardado. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.5 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 242, 244 y 311 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicioAcciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expresan los recurrentes que el sentenciador ha causado efectiva indefensión para el acusado, debido a la interpretación que hace de la prueba evacuada en juicio. Considera que la declaración del testigo Henry Nahúm Núñez es contradictoria con la del testigo protegido, y este último a su vez es contradictorio su testimonio con el dictamen pericial de autopsia que establece que se trata de un solo disparo. Lo anterior lo evalúa como un análisis carente de objetividad, ya que la prueba es totalmente contradictoria, además que con el testigo protegido no se agotó el procedimiento de los edictos que establece el artículo 311 del Código Procesal Penal. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido a: “a) garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 1. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación.Por todo lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es recibo. Es importante señalar que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero establece como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en expediente SP 318-2010). En el caso presente, el recurrente denuncia que el sentenciador ha causado efectiva indefensión al acusado, sin embargo, al intentar sustentar la explicación de su recurso, se dedica a elaborar alegatos propios de instancia, tales como que la declaración testifical del señor Henry Nahúm Núñez es contradictoria con la declaración del testigo protegido, y que esta a su vez es contradictoria con el dictamen de autopsia. Necesariamente este Tribunal de Casación debe tomar en cuenta la respuesta dada por la parte recurrida cuando establece que el motivo interpuesto no contiene los requerimientos mínimos que exige el recurso de casación, pues no cumple con los requisitos formales de elegir con puntualidad la causal, no desbordar sus alegaciones y elaborar planteamientos claros y precisos. Por lo anterior, procede la desestimación del recurso. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada del señor Jhoel Omar Pineda Guardado. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: no determinado por el recurrente. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: no determinado por el recurrente. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. El recurrente no hace explicación alguna de su recurso. De la procedencia del recurso. El recurso no es recibo. El censor del fallo cita el artículo 90 de la Constitución de la República como precepto constitucional infringido y no hace ninguna explicación adicional al respecto. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el debido proceso. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el lacónico planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada del señor Fredys Antonio Orellana Madrid. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor Fredys Antonio Orellana Madrid. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Fredys Antonio Orellana Madrid, la pena principal de 15 años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de homicidio, en perjuicio de la vida de José Alexander Sierra Fúnez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados German Girón Pineda y Maritza Jannette Rivera Ramírez, defensores privados del señor Fredys Antonio Orellana Madrid; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los Abogados German Girón Pineda y Maritza Jannette Rivera Ramírez, defensores privados del señor Fredys Antonio Orellana Madrid; 3) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Fredys Antonio Orellana Madrid; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. - Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-47-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.