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Sentencia CP-469-17 — Registro 12592

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado del delito de extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso es de recibo. En cuanto al testigo protegido CX0029-2014, el tribunal de sentencia expone en su motivación la base jurídica y normativa de su criterio de exclusión del medio de prueba, invocando los artículos 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal, la mayoría de los jueces señaló que la declaración del testigo CX-0029-2014, vulneró el derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo y por ello carecen de aptitud probatoria. Los señores jueces se fundan en las siguientes consideraciones: i.- La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igual de condiciones a las otras partes o de decidir no hacerlo; ii.- Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado deberá de poder conocer la identidad de los testigos y peritos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo; iii.- Advierte que el testigo protegido es distinto al testigo anónimo: el primero es aquel cuya identidad es conocida por las partes, pero que es objeto de medidas de protección del estado a efecto de asegurar sus bienes, su integridad corporal o su vida, por riesgo existente como consecuencia de su participación en el proceso; en cambio el segundo es aquel cuya identidad es desconocida por las partes del proceso; iv.- El testigo anónimo no permite el ejercicio del derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales.- El testigo Anónimo restringe el núcleo duro del derecho de defensa. Recuerda la Sala de lo Penal que en el sistema normativo no es extraño la colisión de derechos fundamentales, debiendo los órganos jurisdiccionales resolver mediante un adecuado juicio de ponderación de intereses; tratándose de derechos fundamentales ninguno podrá provocar el desconocimiento de otro, debiendo los tribunales resolver a modo que todos los colisionantes subsistan entre sí, ello sin perjuicio de que el punto de equilibrio entre éstos pueda ser situado en distintos grados a depender su naturaleza (criterio objetivo) y a depender el caso concreto (criterio subjetivo). En el caso sub judice los derechos fundamentales en colisión son: por una parte el derecho de defensa del acusado, en específico el derecho a conocer la identidad de los testigos de cargo para poder ejercer un debido contradictorio; derecho de defensa que nuestra codificación primaria la declara inviolable, lo que implica que jamás se podrá desconocer pero ello no quiere decir que no pueda ser limitado en aras del respeto de otros derechos fundamentales; y por otra parte el derecho del testigo a la protección de intereses personales propios o de terceros con los que esté vinculado, que pueden ser desde la imagen, la propiedad, hasta la integridad física o la vida, cuando se encontrasen amenazados como consecuencia de su participación en un proceso penal. Así entonces el punto de equilibrio entre los derechos fundamentales que se identifican en conflicto deberá de determinarse no solo sobre la base a consideraciones de la naturaleza de cada derecho (criterio objetivo), sino también sobre la base al caso concreto (criterio subjetivo); se insiste que es importante identificar conforme al caso concreto la situación de hecho que origina la colisión de los derechos fundamentales, pues el solo señalar que los derechos en colisión son el de defensa y el derecho de protección de intereses subjetivos del testigo protegido es una posición muy abstracta y generalizada, que deberá de ser individualizada al determinar que aspecto del derecho de defensa es el comprometido y que interés en específico del testigo protegido es el que se pretende proteger, pues por ejemplo si se tratase del honor o la propiedad el punto donde se fijara el equilibrio será distinto si se tratase del derecho a la integridad corporal, o si se tratase del derecho a la vida, ello a depender precisamente lo que ha motivado la implementación de las medidas de protección en el caso particular. Lo que si es importante es tener en consideración que ningún derecho fundamental es absoluto pero tampoco ninguno puede ser sacrificado su núcleo esencial en aras de la observancia de otro, por lo que pueden ser sujetos a condiciones razonables de ejercicio precisamente en una situación de colisión de derechos fundamentales, lo que obliga a identificar el punto en donde ambos puedan verse observados en la medida y extensión que mantenga la indisponibilidad del núcleo esencial, todo en consideración al caso concreto que se está juzgando. Para que lo anterior pueda entenderse de mejor manera debe de tenerse presente que existen dos posturas respecto a la definición de lo que se conoce como el “Núcleo Esencial” de los derechos fundamentales[3]: i.- Teoría Absolutista: que postulan, de manera general, que los derechos humanos tienen una naturaleza estática, cuyo contenido esencial se ubica en el centro del derecho fundamental, distinto de la periferia. Dicho núcleo se constituye como límite absoluto en abstracto, sin importar situaciones históricas y el caso concreto, y ii.- Teoría Relativa que, si bien reconoce la existencia de un contenido esencial indisponible, niega la posibilidad que éste pueda ser definido bajo una contemplación abstracta, debiéndose hacer tal definición por una calificación judicial, lo que permitiría su adaptación a las situaciones sociales imperantes y al caso concreto; esta la teoría que abraza la Sala de lo Penal y que aplica en el presente caso como se ha explicado al inicio de párrafo, y que es distinta a la teoría absolutista que ha aplicado el tribunal de sentencia.

En el caso concreto la protección al testigo que se identificó después como CX0029-2014, fueron implementadas en la etapa de investigación preliminar y mantenidas hasta la terminación del proceso judicial en la primera instancia. Las medidas fueron adoptadas por riesgo a la vida del testigo, quien como víctima del delito recibió amenazas de muerte a él y a su familia por eso interpuso la respectiva denuncia, ya habían llegado dos o tres veces exigiéndole la entrega de una cantidad de dinero de forma periódica, todo lo anterior según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público; tales hechos fueron de consideración por el Juzgado de Letras Seccional para que en fecha 02 de abril de 2014 diera la debida protección visual, disponiendo mantener la reserva de sus datos de identificación por el riesgos de que éste o su familia pudiese sufrir algún atentado contra la integridad o la vida como consecuencia de participar en el proceso como testigo (f. 25) . Datos del requerimiento fiscal fueron referidos por el testigo protegido cuando declaró en esa oportunidad, exigiéndole la entrega de dinero y amenazándole de causarle la muerte en caso de no hacerlo, por lo que se entendió en ese momento que la amenaza no solo iba dirigida al testigo protegido y a su familia.- De lo anterior se colige que los derechos fundamentales en colisión son por una parte el que atañe a la persona acusada y su derecho de poder ejercer defensa, para ello la necesidad de conocer la identidad de los testigos para poder preparar la defensa y desarrollarla en un proceso de interrogatorio y, por otra parte, el derecho a la vida del testigo protegido y eventualmente de las personas que componen su familia, como consecuencia de los actos de represalia que pudiese sufrir por su participación como testigo, todo de parte del grupo que llego a solicitar el dinero. Así las cosas la Sala de lo Penal considera entonces que ambos derechos deben de ceder parte del campo de su amparo a favor del otro: El derecho de defensa debe de mantenerse permitiendo al acusado o en su caso a su apoderado legal, estar presente al momento en que el testigo protegido rinda declaración, poder interrogarlo, inclusive mediante la formulación de preguntas que normalmente pudiesen ser censuradas, como las preguntas sugestivas o con preguntas que pudiesen parecer impertinentes, pero debiendo ceder en el hecho de que la aportación de información básica de identidad del testigo debe de estar restringida para el acusado y para su apoderado defensor; y por otra parte el derecho a la defensa de la vida del testigo, garantizando mediante su participación en el proceso sin la revelación de información básica que pueda identificarle a él o a su familia, pero debiendo de ceder dicho derecho en su obligación de participar, lo que implica comparecer las veces que sea requerido para informar en las actuaciones procesales que se requieran (declaración testifical, reconocimiento en rueda, reconstrucción de hechos, etc.), además de tener la obligación de contestar de manera fiel a la verdad tantas preguntas le sean formuladas por cualquiera de las partes y en especial por la defensa técnica de la persona acusada siempre que no implique la revelación de información de identidad. En este punto la Sala de lo Penal desea abrir un paréntesis para hacer una acotación importante: en la sentencia la mayoría del tribunal ha hecho una distinción entre el testigo protegido con el testigo anónimo, señalando que éste último es violatorio al derecho de defensa en base una consideración abstracta lo que merece dos reflexiones por parte este ad-quem: i.- No existe tal distinción entre las clases de testigos referida: la legislación penal nacional define quienes son las personas que deben de comparecer como testigos en los procesos en esta materia y además propone las medidas de protección en caso de que exista riesgo fundado de que éstos pudiesen sufrir en sus bienes, en sus personas o en la de terceros vinculados con éstos, algún tipo de agresión intimidatoria o vindicativa por su participación, siendo una de esas medidas la reserva de los datos de identidad; entonces a lo que llama el tribunal de sentencia como testigo anónimo, sigue siendo un testigo protegido bajo una particular medida de protección; y ii.- La Sala de Sentencia hace una declaración absoluta al señalar que lo que identifica como testigo anónimo es violatorio al derecho de defensa y a partir de ello procede la exclusión en el presente caso de la declaración del testigo CX-0029-2014 (f. 152 v.), rendida en la audiencia de debate celebrada en fecha 01 de junio de 2016 (F. 150), sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en el caso concreto.- Como se ha explicado Ut Supra no se puede desconocer que “242. […] La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada”, empero tampoco es posible obviar que existe “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal [que] puede justificar la adopción de medidas de protección. […] [consistentes] tanto [en] medidas procesales (como la reserva de datos de identificación o de características físicas que individualicen a la persona) como extraprocesales (como la protección de su seguridad personal).”, de allí entonces la necesidad de la ponderación de los derechos colisionantes como se ha señalado, pues “244. […] tan grave decisión sólo puede adoptarse en cada caso particular y con completo conocimiento de las circunstancias concretas del mismo. Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales y que se adoptan siempre con control absoluto de los intervinientes para evitar que los costos a la práctica de alguno de los derechos que importa la defensa en juicio sean mínimos y que en ningún evento entrabe o limite el ejercicio del núcleo esencial de esa garantía.”. (Todas las citas: Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile; lo resaltado no se aprecia en el original). Retornando al caso de marras, se aprecia en la foliada judicial que en fecha 01 de junio de 2016 se celebró la audiencia de debate (f. 150), en donde compareció de manera personal el testigo CX-0029-2014, quien fue preguntado de manera directa por las partes; en específico se le cedió el turno a la defensa pública para que haga uso del interrogatorio, manifestando la defensa pública que “No tiene preguntas (f. 152 vuelto).- Se colige que el medio de prueba en mención fue ofertado, admitido y evacuado en la audiencia de debate, relacionado en la sentencia pero excluido de valoración por la mayoría del tribunal bajo un criterio desatinado de ilegalidad; se subraya que el pronunciamiento casacional fuese distinto en caso de que el tribunal hubiese considerado asignarle deméritos a la declaración del testigos por la escasa información, ilogicidad en el contenido de lo declarado, falta de un debido contradictorio, etc., pues ello son aspectos de valoración de la prueba que atañen exclusivamente al tribunal juzgador; lo improcedente fue la decisión del tribunal de negarle absoluto valor a los medios de prueba por considerar que éstos fueron producto de violación al derecho de defensa bajo un criterio que desconoce el derecho a la protección a la vida del testigo protegido. El tribunal de sentencia, en apoyo a su decisión, hace eco a citas parciales de criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), a saber: Informe No. 176/10 casos 12.576, 12.611 y 12.612 de la Comisión Interamericana Sobre Derechos Humanos, la que estableció dos consideraciones importantes: Por una parte “236. La garantía contemplada en el artículo 8.2.f de la Convención Americana constituye una de las garantías mínimas a las que tiene derecho toda persona […] dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa”; “237. […] el anonimato de quienes intervienen en un proceso penal, en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas de la justicia. Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte […]. En esa medida, el recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurso a los testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la Corte y por la Comisión Interamericanas en principio como una violación de la garantía del debido proceso a interrogar a los testigos, y de la garantía sobre el carácter público de los procesos penales.”; pero, por otra parte, (lo omitido por el tribunal juzgador) que “240. […] existen circunstancias en las cuales la investigación y juzgamiento de cierto tipo de delitos […] pueden exponer a quienes participan en la administración de justicia a amenazas serias contra su vida o su integridad personal. No cabe duda de que los Estados también tienen la obligación de prevenir la violencia contra quienes colaboran con la administración de justicia, y de proteger sus derechos a la vida y la integridad. En casos así, la jurisprudencia internacional ha aceptado que se adopten ciertas medidas excepcionales destinadas a proteger a los testigos frente a peligros reales derivados de su colaboración con las causas penales, siempre y cuando dichas medidas excepcionales no afecten las garantías esenciales del debido proceso, lo cual ha de evaluarse en cada caso particular. En los términos de la CIDH, “dichas medidas deben evaluarse caso por caso, aunque siempre disponiendo que su carácter o aplicación no comprometan las garantías inderogables de los encausados a un juicio justo, incluidos su derecho a la defensa y a ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial”.- En conclusión: “[…], el derecho del acusado a interrogar o a que se interrogue los testigos presentados en su contra podría en principio estar sujeto a restricciones en instancias limitadas. Debe reconocerse a este respecto que los empeños por investigar y procesar los delitos, incluidos los vinculados con terrorismo, pueden en algunas instancias generar amenazas contra la vida e integridad de los testigos y, de esa manera, plantear aspectos complejos vinculados a la forma en que esos testigos pueden ser identificados durante el proceso penal sin comprometer su seguridad. [Véase CIDH, Informe sobre Colombia 1999, Cap. V, párrs. 67-69, que es citado parcialmente por el tribunal de sentencia] Estas consideraciones nunca pueden servir de base para comprometer las protecciones inderogables de un acusado respecto del debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate.”.- El criterio de la CIDH es precisamente el plasmado por esta Sala de lo Penal en esta sentencia, y del cual solo ha hecho una referencia parcial el tribunal de sentencia que emitió la resolución impugnada. En la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 de la Corte IDH que resolvió el caso Palamara Iribarne vs. Chile, se hace un pronunciamiento respecto a la denuncia de la violación de los artículos 8 y 25 de la convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y en específico sobre “c) Garantías judiciales en los procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne” en donde se plantea como problemática el mantenimiento de la reserva de las diligencias sumariales al acusado, indicando el tribunal supranacional que ello constituye violación al principio de publicidad: 177. La Corte considera que la imposibilidad de acceder a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que el señor Palamara Iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. […]. - 178. Además, íntimamente ligado con lo anterior, la Corte Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea203. Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” (Lo resaltado no aparece en el original). - Es pues que la cita hecha por el tribunal de sentencia refiere a la violación del debido proceso, por falta de publicidad en procesos judiciales de índole militar, lo que incluyó por estar “íntimamente ligado con lo anterior” la violación al derecho al acusado de examinar a los testigos de cargo y de descargo con el objeto de ejercer el derecho de defensa, ello por ausencia de contradictorio; derecho que ciertamente debe de ser observado en todo proceso judicial y que en el caso venido a casación fue observado, dado que el acusado y su equipo legal tuvieron conocimiento de la existencia del testigo protegido desde la presentación del requerimiento fiscal, teniendo la oportunidad su representación legal de examinarlo directamente, formulándole las preguntas  en la audiencia de debate; por tanto el ejercicio del derecho de defensa mediante la contradicción fue materializado en el presente caso, por lo que constituye una aseveración errónea señalar que de forma absoluta ésta no se presentó en especial cuando no existe denuncia de parte de la representación legal del acusado que pudiese poner en evidencia que ello efectivamente fue así; ahora bien es un aspecto de derecho distinto la valoración al medio de prueba, la cual puede ser positiva o negativa a consideración del tribunal de sentencia de aspectos que se derivan de la inmediación y de la suficiente información corroborativa extraída de un robusto contradictorio. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, la Corte IDH resolvió el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (el a-quo hace la cita Lori Berenton), resolviendo la denuncia de la violación del artículo 8 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. de la misma, en especifico del derecho de las partes a interrogar a los testigos, donde se señala como vicio la prohibición legal de formular preguntas a una clase de testigos en particular y del derecho de contar con un apoderado legal lo cual no permitía la ley peruana sino hasta la declaración de la persona acusada: “183. La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que el artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 aplicado a este caso, impidió ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes de la policía y del ejército que hubiesen participado en las diligencias de investigación. Por otra, tal como ha sido consignado (supra párr. 88.27), la falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara la presunta víctima hace que aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. 184. La Corte Interamericana ha señalado, como lo ha hecho la Corte Europea, que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.”.- En el presente caso en el acumulado judicial se registró que las partes no solo tuvieron la oportunidad de examinar directamente al testigo CX-0029-2014, sino que lo hicieron en las mismas condiciones, por lo que la resolución de la Corte IDH no es aplicable al caso concreto que provoca esta sentencia de casación. Sentencia del 25 de noviembre de 2005, la Corte IDH resolvió el caso García Asto y Ramírez vs. Perú, la cual fue citada por el tribunal de sentencia sin señalar cual es la Ratio Decidendi aplicable al caso concreto. Para este tribunal de casación la conclusión a la que debemos arribar es que no es la figura de protección de testigos: reserva de identidad, la que causa reproche por el sistema de protección de derechos humanos interamericano, sino la valoración de la prueba sujeta a dichas medidas.- La decisión tomada por el tribunal de sentencia de excluir el medio de prueba testifical fue hecha sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en consideración a los méritos del caso concreto, sino bajo un criterio absolutista, de carácter meramente abstracto, que además desconoce los dictados de la CIDH y de la Corte IDH pues el sistema interamericano de derechos humanos reconoce la necesidad de protección de testigos y que una de esas medidas de protección es la reserva de identidad, condicionado a que ello no debe de desconocer el derecho de defensa ni el derecho de inocencia de la persona acusada. Por todo, el motivo debe de ser otorgado. En cuanto a la “Entrega Vigilada” el tribunal de sentencia de la ciudad de La Ceiba, fue del criterio que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) realizaron una operación de “Entrega Vigilada” preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión del acusado Fredy Ramiro Sosa Cáceres, su registro personal, la incautación de dinero, la incautación de dos teléfonos celulares, el vaciado del contenido de los teléfonos referidos y el estudio del contenido de los celulares. Operación de “Entrega Vigilada” que a criterio del a-quo, fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, excluyéndola de valoración; siendo esto la protesta del Ministerio Público amparada en la razón que da la ley, pues es claro para la Sala de lo Penal que el tribunal de sentencia ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza distinta. Como se ha explicado la Entrega Vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 CPP), pero que en el interés de la obtención de inteligencia se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión Estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público.- Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito, empero en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI Entrega Vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación del sospechoso, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero ésta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una “Entrega Vigilada” (TEI), pues la policía se limitan a presenciar el hecho delictivo y a realizar luego de ello las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada),  no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la FNA y con su orientación realizar la entrega posterior del dinero, no deberá de ser como consecuencia coacción de que los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá de ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones, se insiste, no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un “Agente Encubierto”, pues ésta se ve intricada en el delito mucho antes a la intervención de los agentes del estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la Entrega Supervisada hecha por el FNA es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), pueden ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberán de ser valorados (positiva o negativamente), conforme las regla de la sana critica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: La Corte de Apelaciones de la materia, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la FNA “16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura.”. (Al respecto también ver sentencias del 10 de diciembre de 2018 en exp 0801-2018-96, del 08 de abril de 2019 en exp 0801-2019-40, del 29 de marzo del 2019 en exp 0801-2019-34, entre otras; todas de la Corte de Apelaciones en Materia de Extorsión). Lo explicado determina que el motivo planteado por el Ministerio Público debe de ser estimado, pues se ha excluido indebidamente medios de prueba bajo un criterio equivoco de ilegalidad, debiendo haber sido valorados (positiva o negativamente), conforme las reglas de la sana critica; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, son de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso en respuesta a la acción penal planteada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 469-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Ángel Adalid Solares Díaz, del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido CX0029-2014; Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público, ni ordenar comiso de objeto alguno, se ordena devolver los objetos presentados como prueba material cuando la sentencia adquiera carácter firme. SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y las Abogadas Gladis Lamar Ortíz y Dinabel López Durón, en su condición de defensoras públicas del señor Ángel Adalid Solares Díaz, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando la prueba practicada en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO: La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida en fechas 01 y 23 de Junio del año 2016, siguió procedimiento de enjuiciamiento criminal al señor Ángel Adalid Solares Díaz, por al comisión de un presunto delito de Extorsión en perjuicio Testigo CX.0029-2014.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente Abogada Liana Lourdes Soto, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Esa Sala de lo Penal ha emitido Doctrina Legal[1] en la que establece que concurre vicio in procedendo de exclusión de prueba de valor decisivo, cuando el A-quo ha estimado ilícita la prueba sin serlo y que producto de ello se halla dictado un fallo injusto. En el caso subjudice, el Juzgador dictó una sentencia absolutoria a favor de ÁNGEL ADALID SOLARES DÍAZ por el delito de Extorsión, al haber declarado ilícita tanto la declaración del testigo protegido CX-0029-2014 así como la diligencia de “entrega vigilada” en la cual participaron los agentes Norgen Eduardo Silva Cárcamo y Luis Fernando Cálix Flores, miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) que tuvo como consecuencia la detención del acusado. Por qué no es ilícita la declaración del Testigo Protegido. El sentenciador en un ejercicio de garantismo mal concebido declara que el testimonio de la persona con clave CX0023-20 14 vulneré el derecho de defensa, el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, ya que, según sus estimaciones, al hacerse reserva de su identidad es imposible de valorar. Es así que al establecer la ilicitud de la referida deposición no fue posible acreditar la intimidación ejecutada sobre la víctima a efecto de que esta entregara dinero. En cuanto a lo considerado por la mayoría del Tribunal, sobre el hecho de que el denunciante siendo un Testigo Protegido no pudo ser examinado por la contraparte, en virtud del obstáculo que representa indagar acerca de la relación de este con el acusado, es oportuno referir que la Ley de Protección de Testigos en el Proceso Penal, establece en su artículo 12, como medida Adicional de Protección, las Medidas Procesales Jurisdiccionales entre las cuales se contempla en el numeral dos el anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma, medida que legítimamente se adoptó en el presente caso, por ello, la valoración efectuada por los jueces Sentenciadores está totalmente adentrada en la disipación o desenfreno legal, puesto que la parte defensora obtuvo los datos que quiso de este. Sobre la Protección de Testigos, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en la resolución del Amparo APC0992-14, interpuesto a favor de testigos Protegidos, contra las actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual se inadmitió la protección para la declaración en Debate de los Testigos, Sala Señaló “....en efecto se han vulnerado el derecho a la defensa al Ministerio Público, y consecuentemente a un debido proceso, al ponerse en situación de vulnerabilidad la integridad física o la vida misma de estos testigos que han estado protegidos por el estado……”, de manera que, reconoce la obligación que le corresponde al Estado de garantizar la integridad física de los Testigos, en conclusión la medida adoptada para proteger al testigo no vulnera el derecho a la defensa del sindicado. Es menester puntualizar que las medidas de salvaguarda a ciertos testigos en causas que entrañan extremo peligro se ideó para que operaran también durante el enjuiciamiento, por lo que el sentenciador incurre en severo error cuando sostiene que funcionan una vez concluido el debate. De forma que, el derecho a la prueba pudo alcanzar su total eficacia al concederle al imputado el derecho a intervenir en la prueba de la acusación o lo que es lo mismo, a discutir la fiabilidad y veracidad de las pruebas de cargo. Al respecto, en el artículo 8.2.f de la CADH y en el artículo 14.3.d del PIDCP, se reconoce al acusado el derecho de interrogar a los testigos de cargo y de descargo, lo que efectivamente pudo realizar en el desarrollo del presente proceso. Asimismo, se aprecia del análisis de la sentencia censurada, que la mayoría de los juzgadores no realizaron un juicio de proporcionalidad de la medida adoptada, dado que en este caso el ente acusador 0pta por ponderar dos factores en conflicto: por un lado, la obligación del Estado de brindar seguridad a la ciudadanía, mediante la potestad de ejercer el ius puniendi, que se realiza a través del proceso penal; y, por otro, garantizar el derecho de defensa del acusado. Es así que, se acepta que el derecho fundamental a la defensa no es absoluto y que, por tanto, puede ser ilimitado en determinados casos. Así que se admite que se mantenga la reserva de la identidad del testigo, debido a que es necesario proteger la vida e integridad del ofendido y la de sus familiares, ya que estos en delitos de extorsión corren grave riesgo, pues basta ver las informaciones periodísticas para damos cuenta que a diario son exterminados ciudadanos a causa de este flagelo; no obstante, la reserva de identidad del testigo siempre permitió que lo expresado fuere controvertido por la Defensa, como de hecho se hizo. Conforme a lo expuesto, la declaración del Testigo Protegido, no fue la única prueba de cargo, en tal virtud, tampoco se infringió el artículo 90 de la Constitución de la República, ya que la deposición del Testigo Protegido clave CX-0029-2014, fue complementada por la declaración de los policías, Acta de Diligencia Policial, la Evidencia Física consistente en: dos billetes de 100 Lempiras con series BY6547417 e YBW0470497, razones de peso que conducen a afirmar que se logró quebrantar el estado de inocencia del encausado; vale decir que existe posición de la Sala de lo Penal al respecto en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación No. SP-116-2016, de fecha 29 de marzo del 2017. Por las razones expresadas, no es legítimamente aceptable que se sostenga que la reserva de identidad del testigo ocasione la imposibilidad de averiguar sobre las motivaciones de este, generando así indefensión, porque el Tribunal A-quo en la substanciación del debate, previo a recibir la información, corrobora de quién se trata, además de que en todo momento el contradictorio viabiliza la exploración. En cuanto a lo establecido en el voto concurrente, sobre a que no hubo reconocimiento del acusado por parte del Testigo Protegido, se asegura que el cobro del vulgarmente llamado impuesto de guerra no siempre lo efectúa quien da el ultimátum, lo cual resalta la intervención de los policías, que de forma objetiva determinan que el encartado fue comisionado para recoger el dinero. En este orden de planteamientos, resulta evidente el grave error de derecho en el que incurrió un Tribunal sentenciador que indebidamente sanciona la inconstitucionalidad de los artículos 237-A numeral 4 del Código Procesal y los artículos 11 y 12 de la Ley de Protección a Testigos al excluir en toda su dimensión la prueba aportada por el Ministerio Público, pues la medida de reserva de identidad, mas no el anonimato como quiere hacer parecer el órgano juzgador, como ya se indicó fue correctamente aplicada por la acusación pública, consecuentemente, es un despropósito total no dar valor a la figura del testigo protegido, alegando supuestas vulneraciones a derechos fundamentales. Sobre los aspectos referidos, la mayoría de los juzgadores están desconociendo que una violación al ya señalado Derecho de Defensa debe producir forzosamente un perjuicio, es decir, que se haya producido una indefensión efectiva, ya sea en la defensa material (no auto-incriminación, ser informado de los motivos de su detención en ese mismo acto...) o en la defensa técnica (ejercida por el profesional de derecho que le representa); por lo que de no ser así cobra valor preeminente el axioma “no hay nulidad sin perjuicio”; sobre los extremos señalados, la Sala de lo Constitucional a través de la sala de lo Constitucional ha establecido la resoluciones adoptadas por el Tribunal de Sentencias de la ciudad de La Ceiba lesionan de manera sistemática el debido proceso legal, en tanto en cuanto aseveran que la admisión de la protección a testigos violenta el derecho de defensa, pues como lo ha dejado bien claro la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esta se produce cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, no obstante el Juez debe valorar conforme a los principios de idoneidad y proporcionalidad si los medios de prueba serán útiles para el esclarecimiento de los hechos. (Ver Amparo Penal número 0348-2014 de fecha treinta y un días del mes de julio de dos mil quince). La diligencia de entrega vigilada al estar amparada en la ley especial no vulnera el debido proceso. El Tribunal de Sentencias de La Ceiba dieta que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión al emplear la técnica de entrega vigilada, sin autorización judicial, y bajo ningún criterio de “urgencia”, transgreden el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en los artículos 90 y 82 constitucionales causando de esta manera la expulsión de todo lo que se deriva de la diligencia, por consiguiente las versiones de los agentes Norgen Silva y Luis Calix, atinentes a la vigilancia, las actas policiales y de registro personal, así como la evidencia consistente en los billetes y el teléfono celular son fruto de un árbol envenenado, por lo que carecen de aptitud probatoria en función de su carácter ilícito. Esta decisión adoptada por el Juzgador se reprocha a través del recurso de casación ya que la misma generó la destrucción de un acervo probatorio decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria (circunstancia que el mismo Juzgador admite en el libelo del fallo). Al establecer el sentenciador que ante la ausencia de controles judiciales en la entrega vigilada se contempla como ineficaz un medio de la contundencia del testimonio Norgen Silva, quien manifestó que el 01 de abril de 2014 observó al encartado con una joven recogiendo dinero en el negocio del testigo protegido, siendo lo anterior ratificado en actas que también fueron segregadas del proceso, aniquiló la prueba de cargo. Resulta evidente honorable Sala, que la decisión adoptada por el Tribunal de La Ceiba se aparta de la legalidad, por cuanto la diligencia referida no vulnera derecho o garantía fundamental alguna por las razones que a continuación se exponen, y que la misma Sala de lo Penal ha dejado plenamente subrayadas en el sentido de que no se aprecia vulneración al derecho de Defensa[2] por las causas esgrimidas por el A-quo en el fallo que se impugna. Si bien es cierto que el artículo 82 de la Constitución de la República, establece que el derecho de defensa es inviolable, no menos cierto es, que el ejercicio de este derecho es viable a partir de la intimación, que es cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participe, es decir que a partir de éste momento, la persona informada tiene la calidad de imputado y con ello surgen un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal, tal como establece el artículo 15 y 101 del Código Procesal Penal; y con ello no pretendemos decir, que previo al acto de intimación a un sospechoso no le asista derecho alguno, ya que ello no es así, dado que éste por su condición humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes, pero sí es importante aclarar tal como lo señalamos anteriormente, que sólo es después de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputado y de allí en adelante es que devienen los efectos de la inobservancia de los preceptos procesales supracitados. Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, al momento en que se realiza la entrega vigilada y el ciudadano ÁNGEL ADALID SOLARES DÍAZ es requerido por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión encontrándosele en posesión directa de la evidencia consistente en dos billetes de 100 lempiras con BY6547417 e YBW0470497, producto del pago de la extorsión, éste aún no tenía la calidad de detenido y aun así, tampoco ya estando materialmente detenido posteriormente, no fue interrogado por parte de los agentes, ni tampoco medió de su parte acción alguna que provocase o facilitase el hallazgo de la evidencia (llámese dinero decomisado); por lo que no se le ha vulnerado el derecho de defensa argüido por el Sentenciador. Tampoco debe estimarse que el acto de la entrega vigilada constituye un medio provocador para la ejecución del delito por parte de la autoridad, ya que la conducta del acusado de recoger el dinero del pago de la extorsión, se trata de un acto provocado por el mismo procesado y no por la autoridad, quien efectivamente tuvo participación una vez consumada la acción de aquel; es por ello que resulta erróneo el parecer de la Sala primero del Tribunal de Sentencia de La Ceiba en el sentido de declarar ilícita el acto de entrega vigilada y lo que de ella se derivó como son el decomiso de la evidencia y la detención del ahora acusado, por estimar que esta debió en su momento ser autorizada previamente por una autoridad judicial o por parte del Ministerio Público para luego ser convalidada por un juez de garantías, pues de manera alguna con la práctica de las mismas se vulneró derecho fundamental alguno al procesado. Y es que afirmarnos tal situación y llamarnos la atención de esta Sala de lo Penal, porque a nivel nacional, con única excepción de esa Sala Primera del Tribunal de La Ceiba, la diligencia de la entrega vigilada sin previa autorización judicial en los casos de extorsión ha constituido un vital apoyo para declarar un fallo condenatorio en hechos análogos al de autos; es más, sin perjuicio de nuestro acostumbrado respeto al Juzgador, no podemos guardar silencio en nuestro argumento recursivo, respecto que si bien la estructura y contenido del libelo del fallo recurrido es una rica fuente de desarrollo jurisprudencial, provoca demasiado daño a la impartición de justicia; y si a ello sumamos la condición actual (como en el presente caso), en el cual una persona recibe una nota o una llamada extorsiva, no va a estar interesado en confirmar si la amenaza en contra de su vida o la de su familia es real o no; basta tener sentido común y ver las noticias que nos informan que a diario mueren personas víctimas de la extorsión que se negaron a pagar. Es por ello que así como el caso subjudice, el ciudadano (a) que ha recibido la extorsión, denuncia el hecho y a su extorsionador ante las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quien de inmediato en pro de la protección de la vida e integridad física del denunciante y su entorno familiar y de su bienes, procede a investigar sin dilación alguna la denuncia, pero no puede procesar al criminal, sino hasta que se ha consumado el acto de entrega del pago de la extorsión, so pena del riesgo que representa en contra de la vida o integridad física y psicológica que ello conlleva para el sujeto pasivo (generalmente la victima propiamente dicha, ejemplificado en el Testigo Protegido Clave CX-0029-2014. No hay duda de que la autorización judicial es la regla general en las técnicas especiales de investigación, pero esta norma presenta una excepción por motivos de urgencia. En el expediente se evidencia que para los investigadores era materialmente irrealizable gestionar una orden del juez que aprobase la entrega vigilada, porque de conformidad al testimonio de Luis Fernando Cálix Flores se adelantó el cobro de la extorsión, puesto que inicialmente iba a ser un jueves, pero el acusado llegó dos días antes a hacer sus fechorías, dejando a contrapié a la Fuerza Antiextorsión, que tuvo que actuar prestamente para evitar un perjuicio mayor, recalcando que en todo momento se respetó el artículo 28 de La Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Una situación de urgencia deviene cuando se hace necesaria la asistencia inmediata en la constatación de un crimen, porque como ya se expresó al no haber provocación en la comisión del ilícito los policías simplemente aprehendieron a un delincuente infraganti. La dimensión en la cual se resuelven las controversias sobre derechos fundamentales es la de la ponderación, lo cual implica que la respuesta a una colisión entre derechos fundamentales ha de reconocerse por el peso que cada uno de ellos exprese. En rigor, las reflexiones que anteceden demuestran que los derechos fundamentales no son absolutos. Ellos han sufrido y sufren en el Estado constitucional una necesaria ductilidad, haciéndolos relativos y hasta cierto punto maleables; aunado al hecho de que el juzgador en su sentencia definitiva conjetura en exceso, pues pergea que el supuesto paquete podría tener la forma de correspondencia, algo absolutamente fuera de lugar, en vista de que quedó plenamente demostrado en la vista oral que comprendió dos simples billetes de cien lempiras. Además, hablar de la destrucción o constricción del derecho de defensa por la no participación de un abogado en el mero acto de la entrega suena a extralimitación, dada la naturaleza misma de la actividad de constatación del delito, puesto que significaría alertar al sujeto sometido a investigación. Cabe acotar que el Ministerio Público dio el visto bueno a la ejecución del procedimiento, poniendo en autos al juzgado de garantías, por lo que sorprende sobremanera la afirmación del Tribunal de Sentencias en el sentido de que los agentes actuaron inconsultamente. Resulta evidente que el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, al haberla declarado ilícita sin serlo, pues debió haberse valorado en un juico cuyo fin hubiese sido otro, un fallo condenatorio, dado que las diligencias de entrega vigilada, registro y el decomiso están provistas de toda la legalidad, y es por ellos que solicitamos que se admita la presente acción en su único motivo, para que una vez que se lleve a cabo un nuevo juicio, conocido por un Tribunal de Sentencia constituido por jueces distintos a los que conocieron el presente, se logre evitar la impunidad como la que ahora destacamos. Haciéndose hasta este momento dicho reclamo, pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.

Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en el proceso. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: Que se anule el fallo. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador incurrió en vicio in procedendo al haber excluido prueba de valor decisivo, ya que dictó sentencia absolutoria a favor de Ángel Adalid Solares Díaz por el delito de extorsión, al haber declarado ilícita tanto la declaración del testigo protegido CX-0029-2014 así como la diligencia de “entrega vigilada” en la cual participaron los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA). Establece el sentenciador que excluye el testimonio de la persona con clave CX0023-2014 ya que vulneró el derecho de defensa, el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, ya que no pudo ser examinado por la contraparte, en virtud del obstáculo que representa indagar acerca de la relación de éste con el acusado, es decir, al hacerse la reserva de su identidad es imposible de valorar. Así mismo con la entrega vigilada el tribunal de sentencia la declaro ilícita ya que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión al emplear la técnica de entrega vigilada, sin autorización judicial y bajo ningún criterio de urgencia, transgrede el debido proceso y el derecho de defensa. De la exclusión y falta de consideración de prueba con valor decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De las Técnicas Especiales de Investigación: La entrega vigilada. Conforme la Real Academia Española investigación es toda acción y efecto de investigar, lo que constituye: i.- una acción que describe la conducta de hacer diligencias para descubrir algo; ii.- actividades de carácter intelectual y/o experimentales, que se ejecutan de manera sistemática, con el objeto de aumentar los conocimientos sobre un hecho, campo o materia; iii.- proceso de determinación de hechos ilegales que le son atribuidos a una persona sospechosa. En el ámbito penal a la investigación que tiene por objeto descubrir la verdad sobre el cometimiento de un hecho tipificado como delito, a lo que se le denomina investigación criminal. Es a través de la investigación criminal que se realizan procesos sistemáticos, acumulados y progresivos que, con base científica, sirven para comprobar tanto la existencia del hecho que puede ser calificado como delito, como la persona o personas que le dieron lugar; entretanto método de investigación se le conoce al conjunto de tareas, procedimientos y de técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación criminal.

Conforme el artículo 279 del Código Procesal Penal y el artículo 44 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, el proceso de investigación del delito esta encomendado a la policía de investigación, en sus diferentes ramas, incluyendo la Agencia Técnica de Investigación del Ministerio Público, y en su defecto a la Policía Preventiva, pero todos ellos debiendo seguir los métodos de investigación que dicte el Ministerio Público y bajo su coordinación (Ver también los artículos 59.4, 101.11, 175, 192, 203, 204, 268, 272 del Código Procesal Penal entre otros). Ahora bien, son técnicas especiales de investigación (en adelante TEI) “…aquellas actividades y habilidades técnicas y/o científicas que dentro del marco de la Constitución y las leyes se desarrollan o utilizan para la investigación de los delitos […] que requieran una investigación especial o compleja, con el objeto de combatirlos eficazmente.” (Art. 2.24 Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, 2.20 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, art. 2.24 de la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo y art. 28 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos).- Para la Sala de lo Penal las TEI son las realizadas para la investigación de hechos que constituyen delitos, tienen por objeto la obtención de inteligencia, es decir la recopilación de información sobre el delito, que incluye forma, lugares, participantes y evidencia que a posteriori pueda servir como medios de prueba en el proceso de juzgamiento y, además para la obtención de inteligencia que permitan la creación de política efectiva para la prevención del delito. Las TEI, previo al 30 de mayo de 2015, estaban regladas para la investigación de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, narcotráfico (Convención de Viena), delitos de criminalidad organizada (Convención de Palermo) y para la investigación de bienes de origen ilícito, sin que se deba entender que no era posible su utilización para la investigación criminal de otros delitos o en otros tipo de procesos judiciales, pues conforme al Principio de Libertad Probatoria, era posible su implementación siempre que ello fuese conforme los principios convencionales y constitucionales imperantes. Después de la fecha señalada y con la entrada en vigor de la Ley Especial contra el Lavado de Activo, las TEI pueden seguir siendo utilizadas en la investigación de cualquier delito, pero ya conforme las reglas dispuestas normativamente en dicha ley (Art. 49). En la actualidad las TEI están regladas tanto en normas supranacionales como en normas nacionales: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena de 1988), en vigor desde el 11 de noviembre de 1990, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 11 de diciembre de 1991: Art. 1.g, y 11; Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) en vigor desde el 29 de septiembre de 2003, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 2 de diciembre de 2003: Art. 2.i, 20, 29.1.g;

Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales: Recomendación 36; Decreto Legislativo No. 026-2010, que contiene la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Ley de Privación de Dominio), publicada en Art. 3.8 reformado, 3.9 reformado, 3.10 reformado, 27 al 31; Decreto Legislativo 241-2010, que contiene la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo publicado en La Gaceta No. 32,389 en fecha 11 de diciembre de 2010 y vigente a partir de la fecha de su publicación: art. 2.24, 68 al 74; Decreto Legislativo No. 243-2011, que contiene la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, publicada en La Gaceta No. 32,731 en fecha 26 de enero de 2012, y vigente veinte días después: todo su contenido; y Decreto Legislativo No. 144-2014 que contiene la Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en La Gaceta No. 33,718 en fecha 30 de abril de 2015, y vigente 30 días después: Art. 2.20, 49 al 62. Las TEI pueden ser típicas o atípicas, estando dentro de las primeras aquellas cuya regulación este prevista en normas supranacionales o nacionales como ser: i.- el informante o colaborador; ii.- agente encubierto o revelador; iii.- la entrega vigilada o controlada; iv.- intervención de las comunicaciones privadas.- Se llaman técnicas de investigación atípicas aquellas que, aun cuando no estén regladas en la legislación por normas supranacionales o normas nacionales, pueden ser de ejecución en la investigación del delito bajo el principio de libertad probatoria, siempre que no impliquen transgresión de derechos fundamentales o, de ser así, bajo autorización judicial, como por ejemplo: i.- Hackeo de sistemas informáticos para efectos de obtención, inclusión o modificación de información o documentos, traspaso de posesión o dominio de bienes, etc., ii.- Vigilancia electrónica o informática, etc. En consideración al motivo de casación, nos centraremos en desarrollar brevemente la TEI típica denominada como “Entrega Vigilada”. La Convención de Palermo la conceptualiza como “… la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos” (Art. 2.i, ver además el art. 1.g de la Convención de Viena, art. 68 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 51 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos).- Se resalta que el propósito de la operación es la obtención de inteligencia que permita determinar: i.- identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión del delito; ii.- reclutar informantes sobre la organización delictiva y/o la comisión de delitos; iii.- identificar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, para lograr su apoderamiento; iv.- lograr la identificación y recopilación de elementos probatorios; iv.- identificación de las formas de ejecución del delito para su prevención; y/o, v.- prestar auxilio internacional en la investigación de delitos cometidos en otros Estados (Art. 3.8, Ley de Privación de Dominio y 51 de la Ley Especial contra del Lavado de Activos). La entrega vigilada puede ser con o sin sustitución, entendiéndose por ésta última cuando las remesas ilícitas o sospechosas sean interceptadas para efecto sustituirlas total o parcialmente por otros objetos similares de naturaleza lícita, liberándolas para que prosigan el transito programado por los autores del delito (Art. 11 de la Convención de Viena de 1988).- Además la entrega vigilada, en consideración al origen, tránsito y destino de las remesas ilícitas o sospechas, pueden ser (Art. 20.4 de la Convención de Palermo): Entrega vigilada interna: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas que tienen como origen y destino el territorio nacional; Entrega Vigilada de Externa: Cuando la operación se origina en el territorio nacional cuyo destino sea un país extranjero; Entrega Vigilada de Transito; Cuando la remisa ilícita o sospechosa tiene como origen y destino países distintos al hondureño, pero éstas cursan por territorios o espacios bajo la jurisdicción del estado nacional; Entrega vigilada de destino: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas de transito internacional teniendo como destino el territorio nacional. Para la práctica de la entrega vigilada se requerirá autorización de órgano jurisdiccional, porque las agencias de policía, obligadas a prevenir el delito y evitar su ejecución, proceden contrario sensu a consentir y facilitar su ejecución, claro está con el propósito de obtener inteligencia del delito y de sus autores (Art. 28 de la Ley de Privación de Domino y 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 52 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos); el órgano jurisdiccional determinará la necesidad de su ejecución para la obtención de la inteligencia, los servidores del estado que participaran en la operación y, en especial la ausencia de lesión o peligro no justificado de derechos fundamentales de terceros, ello como consecuencia de: i.- la peligrosidad de la remesa ilícita o sospechosa, dada su naturaleza; ii.- propósito perseguido por el o los autores del delito con la remesa ilícita o sospechosa; iii.- peligro que represente para las personas, para el medio ambiente, para el Estado, entre otros, el tránsito en el territorio nacional de la remisa ilícita o sospechosa. Es importante señalar que los servidores públicos o informantes autorizados a participar en la entrega vigilada quedarán exentos de responsabilidad por la comisión de todo delito relacionado con la entrega vigilada, siempre que éste sea de menor o igual entidad al que se está investigando y distinto a los delitos contra la libertad ambulatoria, libertad sexual, la integridad física y la vida independiente y que además no hayan tenido el papel de agente provocador del delito (Art. 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y 53 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Excepcionalmente el Ministerio Público podrá autorizar la TEI de entrega vigilada, cuando dadas las circunstancias de tiempo o riesgo de revelación de la intervención estatal, no sea posible obtener de inmediato la autorización judicial, con la obligación de dar cuenta de ésta dentro de las próximas 24 horas a ejecutada, para su convalidación total o parcial o su anulación (Art. 28 de la Ley de Privación de Dominio y 60 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Finalmente es de distinguir la entrega vigilada de la entrega controlada: i.- En entrega vigilada la función de los agentes del estado es la vigilancia pasiva de las remesas ilícitas o sospechosas; ii.- En la entrega controlada la intervención de los agentes del Estado es activa, mediante la infiltración del grupo organizado por un agente encubierto, por lo que la autorización judicial tendría que obtenerse con relación a todas las TEI que se pretendan ejecutar. Las Naciones Unidas recomiendan que los Estados formulen, desarrollen y/o perfeccionen programas de capacitación dirigidos a los operadores de justicia penal y servidores públicos relacionados, dirigidos a la ejecución de las técnicas especiales de investigación, incluidas, entre otras, la entrega vigilada (Convención de Palermo, art. 29). De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso es de recibo. En cuanto al testigo protegido CX0029-2014, el tribunal de sentencia expone en su motivación la base jurídica y normativa de su criterio de exclusión del medio de prueba, invocando los artículos 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal, la mayoría de los jueces señaló que la declaración del testigo CX-0029-2014, vulneró el derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo y por ello carecen de aptitud probatoria. Los señores jueces se fundan en las siguientes consideraciones: i.- La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igual de condiciones a las otras partes o de decidir no hacerlo; ii.- Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado deberá de poder conocer la identidad de los testigos y peritos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo; iii.- Advierte que el testigo protegido es distinto al testigo anónimo: el primero es aquel cuya identidad es conocida por las partes, pero que es objeto de medidas de protección del estado a efecto de asegurar sus bienes, su integridad corporal o su vida, por riesgo existente como consecuencia de su participación en el proceso; en cambio el segundo es aquel cuya identidad es desconocida por las partes del proceso; iv.- El testigo anónimo no permite el ejercicio del derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales.- El testigo Anónimo restringe el núcleo duro del derecho de defensa. Recuerda la Sala de lo Penal que en el sistema normativo no es extraño la colisión de derechos fundamentales, debiendo los órganos jurisdiccionales resolver mediante un adecuado juicio de ponderación de intereses; tratándose de derechos fundamentales ninguno podrá provocar el desconocimiento de otro, debiendo los tribunales resolver a modo que todos los colisionantes subsistan entre sí, ello sin perjuicio de que el punto de equilibrio entre éstos pueda ser situado en distintos grados a depender su naturaleza (criterio objetivo) y a depender el caso concreto (criterio subjetivo). En el caso sub judice los derechos fundamentales en colisión son: por una parte el derecho de defensa del acusado, en específico el derecho a conocer la identidad de los testigos de cargo para poder ejercer un debido contradictorio; derecho de defensa que nuestra codificación primaria la declara inviolable, lo que implica que jamás se podrá desconocer pero ello no quiere decir que no pueda ser limitado en aras del respeto de otros derechos fundamentales; y por otra parte el derecho del testigo a la protección de intereses personales propios o de terceros con los que esté vinculado, que pueden ser desde la imagen, la propiedad, hasta la integridad física o la vida, cuando se encontrasen amenazados como consecuencia de su participación en un proceso penal. Así entonces el punto de equilibrio entre los derechos fundamentales que se identifican en conflicto deberá de determinarse no solo sobre la base a consideraciones de la naturaleza de cada derecho (criterio objetivo), sino también sobre la base al caso concreto (criterio subjetivo); se insiste que es importante identificar conforme al caso concreto la situación de hecho que origina la colisión de los derechos fundamentales, pues el solo señalar que los derechos en colisión son el de defensa y el derecho de protección de intereses subjetivos del testigo protegido es una posición muy abstracta y generalizada, que deberá de ser individualizada al determinar que aspecto del derecho de defensa es el comprometido y que interés en específico del testigo protegido es el que se pretende proteger, pues por ejemplo si se tratase del honor o la propiedad el punto donde se fijara el equilibrio será distinto si se tratase del derecho a la integridad corporal, o si se tratase del derecho a la vida, ello a depender precisamente lo que ha motivado la implementación de las medidas de protección en el caso particular. Lo que si es importante es tener en consideración que ningún derecho fundamental es absoluto pero tampoco ninguno puede ser sacrificado su núcleo esencial en aras de la observancia de otro, por lo que pueden ser sujetos a condiciones razonables de ejercicio precisamente en una situación de colisión de derechos fundamentales, lo que obliga a identificar el punto en donde ambos puedan verse observados en la medida y extensión que mantenga la indisponibilidad del núcleo esencial, todo en consideración al caso concreto que se está juzgando. Para que lo anterior pueda entenderse de mejor manera debe de tenerse presente que existen dos posturas respecto a la definición de lo que se conoce como el “Núcleo Esencial” de los derechos fundamentales[3]: i.- Teoría Absolutista: que postulan, de manera general, que los derechos humanos tienen una naturaleza estática, cuyo contenido esencial se ubica en el centro del derecho fundamental, distinto de la periferia. Dicho núcleo se constituye como límite absoluto en abstracto, sin importar situaciones históricas y el caso concreto, y ii.- Teoría Relativa que, si bien reconoce la existencia de un contenido esencial indisponible, niega la posibilidad que éste pueda ser definido bajo una contemplación abstracta, debiéndose hacer tal definición por una calificación judicial, lo que permitiría su adaptación a las situaciones sociales imperantes y al caso concreto; esta la teoría que abraza la Sala de lo Penal y que aplica en el presente caso como se ha explicado al inicio de párrafo, y que es distinta a la teoría absolutista que ha aplicado el tribunal de sentencia.

En el caso concreto la protección al testigo que se identificó después como CX0029-2014, fueron implementadas en la etapa de investigación preliminar y mantenidas hasta la terminación del proceso judicial en la primera instancia. Las medidas fueron adoptadas por riesgo a la vida del testigo, quien como víctima del delito recibió amenazas de muerte a él y a su familia por eso interpuso la respectiva denuncia, ya habían llegado dos o tres veces exigiéndole la entrega de una cantidad de dinero de forma periódica, todo lo anterior según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público; tales hechos fueron de consideración por el Juzgado de Letras Seccional para que en fecha 02 de abril de 2014 diera la debida protección visual, disponiendo mantener la reserva de sus datos de identificación por el riesgos de que éste o su familia pudiese sufrir algún atentado contra la integridad o la vida como consecuencia de participar en el proceso como testigo (f. 25) . Datos del requerimiento fiscal fueron referidos por el testigo protegido cuando declaró en esa oportunidad, exigiéndole la entrega de dinero y amenazándole de causarle la muerte en caso de no hacerlo, por lo que se entendió en ese momento que la amenaza no solo iba dirigida al testigo protegido y a su familia.- De lo anterior se colige que los derechos fundamentales en colisión son por una parte el que atañe a la persona acusada y su derecho de poder ejercer defensa, para ello la necesidad de conocer la identidad de los testigos para poder preparar la defensa y desarrollarla en un proceso de interrogatorio y, por otra parte, el derecho a la vida del testigo protegido y eventualmente de las personas que componen su familia, como consecuencia de los actos de represalia que pudiese sufrir por su participación como testigo, todo de parte del grupo que llego a solicitar el dinero. Así las cosas la Sala de lo Penal considera entonces que ambos derechos deben de ceder parte del campo de su amparo a favor del otro: El derecho de defensa debe de mantenerse permitiendo al acusado o en su caso a su apoderado legal, estar presente al momento en que el testigo protegido rinda declaración, poder interrogarlo, inclusive mediante la formulación de preguntas que normalmente pudiesen ser censuradas, como las preguntas sugestivas o con preguntas que pudiesen parecer impertinentes, pero debiendo ceder en el hecho de que la aportación de información básica de identidad del testigo debe de estar restringida para el acusado y para su apoderado defensor; y por otra parte el derecho a la defensa de la vida del testigo, garantizando mediante su participación en el proceso sin la revelación de información básica que pueda identificarle a él o a su familia, pero debiendo de ceder dicho derecho en su obligación de participar, lo que implica comparecer las veces que sea requerido para informar en las actuaciones procesales que se requieran (declaración testifical, reconocimiento en rueda, reconstrucción de hechos, etc.), además de tener la obligación de contestar de manera fiel a la verdad tantas preguntas le sean formuladas por cualquiera de las partes y en especial por la defensa técnica de la persona acusada siempre que no implique la revelación de información de identidad. En este punto la Sala de lo Penal desea abrir un paréntesis para hacer una acotación importante: en la sentencia la mayoría del tribunal ha hecho una distinción entre el testigo protegido con el testigo anónimo, señalando que éste último es violatorio al derecho de defensa en base una consideración abstracta lo que merece dos reflexiones por parte este ad-quem: i.- No existe tal distinción entre las clases de testigos referida: la legislación penal nacional define quienes son las personas que deben de comparecer como testigos en los procesos en esta materia y además propone las medidas de protección en caso de que exista riesgo fundado de que éstos pudiesen sufrir en sus bienes, en sus personas o en la de terceros vinculados con éstos, algún tipo de agresión intimidatoria o vindicativa por su participación, siendo una de esas medidas la reserva de los datos de identidad; entonces a lo que llama el tribunal de sentencia como testigo anónimo, sigue siendo un testigo protegido bajo una particular medida de protección; y ii.- La Sala de Sentencia hace una declaración absoluta al señalar que lo que identifica como testigo anónimo es violatorio al derecho de defensa y a partir de ello procede la exclusión en el presente caso de la declaración del testigo CX-0029-2014 (f. 152 v.), rendida en la audiencia de debate celebrada en fecha 01 de junio de 2016 (F. 150), sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en el caso concreto.- Como se ha explicado Ut Supra no se puede desconocer que “242. […] La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada”, empero tampoco es posible obviar que existe “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal [que] puede justificar la adopción de medidas de protección. […] [consistentes] tanto [en] medidas procesales (como la reserva de datos de identificación o de características físicas que individualicen a la persona) como extraprocesales (como la protección de su seguridad personal).”, de allí entonces la necesidad de la ponderación de los derechos colisionantes como se ha señalado, pues “244. […] tan grave decisión sólo puede adoptarse en cada caso particular y con completo conocimiento de las circunstancias concretas del mismo. Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales y que se adoptan siempre con control absoluto de los intervinientes para evitar que los costos a la práctica de alguno de los derechos que importa la defensa en juicio sean mínimos y que en ningún evento entrabe o limite el ejercicio del núcleo esencial de esa garantía.”. (Todas las citas: Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile; lo resaltado no se aprecia en el original). Retornando al caso de marras, se aprecia en la foliada judicial que en fecha 01 de junio de 2016 se celebró la audiencia de debate (f. 150), en donde compareció de manera personal el testigo CX-0029-2014, quien fue preguntado de manera directa por las partes; en específico se le cedió el turno a la defensa pública para que haga uso del interrogatorio, manifestando la defensa pública que “No tiene preguntas (f. 152 vuelto).- Se colige que el medio de prueba en mención fue ofertado, admitido y evacuado en la audiencia de debate, relacionado en la sentencia pero excluido de valoración por la mayoría del tribunal bajo un criterio desatinado de ilegalidad; se subraya que el pronunciamiento casacional fuese distinto en caso de que el tribunal hubiese considerado asignarle deméritos a la declaración del testigos por la escasa información, ilogicidad en el contenido de lo declarado, falta de un debido contradictorio, etc., pues ello son aspectos de valoración de la prueba que atañen exclusivamente al tribunal juzgador; lo improcedente fue la decisión del tribunal de negarle absoluto valor a los medios de prueba por considerar que éstos fueron producto de violación al derecho de defensa bajo un criterio que desconoce el derecho a la protección a la vida del testigo protegido. El tribunal de sentencia, en apoyo a su decisión, hace eco a citas parciales de criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), a saber: Informe No. 176/10 casos 12.576, 12.611 y 12.612 de la Comisión Interamericana Sobre Derechos Humanos, la que estableció dos consideraciones importantes: Por una parte “236. La garantía contemplada en el artículo 8.2.f de la Convención Americana constituye una de las garantías mínimas a las que tiene derecho toda persona […] dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa”; “237. […] el anonimato de quienes intervienen en un proceso penal, en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas de la justicia. Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte […]. En esa medida, el recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurso a los testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la Corte y por la Comisión Interamericanas en principio como una violación de la garantía del debido proceso a interrogar a los testigos, y de la garantía sobre el carácter público de los procesos penales.”; pero, por otra parte, (lo omitido por el tribunal juzgador) que “240. […] existen circunstancias en las cuales la investigación y juzgamiento de cierto tipo de delitos […] pueden exponer a quienes participan en la administración de justicia a amenazas serias contra su vida o su integridad personal. No cabe duda de que los Estados también tienen la obligación de prevenir la violencia contra quienes colaboran con la administración de justicia, y de proteger sus derechos a la vida y la integridad. En casos así, la jurisprudencia internacional ha aceptado que se adopten ciertas medidas excepcionales destinadas a proteger a los testigos frente a peligros reales derivados de su colaboración con las causas penales, siempre y cuando dichas medidas excepcionales no afecten las garantías esenciales del debido proceso, lo cual ha de evaluarse en cada caso particular. En los términos de la CIDH, “dichas medidas deben evaluarse caso por caso, aunque siempre disponiendo que su carácter o aplicación no comprometan las garantías inderogables de los encausados a un juicio justo, incluidos su derecho a la defensa y a ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial”.- En conclusión: “[…], el derecho del acusado a interrogar o a que se interrogue los testigos presentados en su contra podría en principio estar sujeto a restricciones en instancias limitadas. Debe reconocerse a este respecto que los empeños por investigar y procesar los delitos, incluidos los vinculados con terrorismo, pueden en algunas instancias generar amenazas contra la vida e integridad de los testigos y, de esa manera, plantear aspectos complejos vinculados a la forma en que esos testigos pueden ser identificados durante el proceso penal sin comprometer su seguridad. [Véase CIDH, Informe sobre Colombia 1999, Cap. V, párrs. 67-69, que es citado parcialmente por el tribunal de sentencia] Estas consideraciones nunca pueden servir de base para comprometer las protecciones inderogables de un acusado respecto del debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate.”.- El criterio de la CIDH es precisamente el plasmado por esta Sala de lo Penal en esta sentencia, y del cual solo ha hecho una referencia parcial el tribunal de sentencia que emitió la resolución impugnada. En la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 de la Corte IDH que resolvió el caso Palamara Iribarne vs. Chile, se hace un pronunciamiento respecto a la denuncia de la violación de los artículos 8 y 25 de la convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y en específico sobre “c) Garantías judiciales en los procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne” en donde se plantea como problemática el mantenimiento de la reserva de las diligencias sumariales al acusado, indicando el tribunal supranacional que ello constituye violación al principio de publicidad: 177. La Corte considera que la imposibilidad de acceder a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que el señor Palamara Iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. […]. - 178. Además, íntimamente ligado con lo anterior, la Corte Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea203. Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” (Lo resaltado no aparece en el original). - Es pues que la cita hecha por el tribunal de sentencia refiere a la violación del debido proceso, por falta de publicidad en procesos judiciales de índole militar, lo que incluyó por estar “íntimamente ligado con lo anterior” la violación al derecho al acusado de examinar a los testigos de cargo y de descargo con el objeto de ejercer el derecho de defensa, ello por ausencia de contradictorio; derecho que ciertamente debe de ser observado en todo proceso judicial y que en el caso venido a casación fue observado, dado que el acusado y su equipo legal tuvieron conocimiento de la existencia del testigo protegido desde la presentación del requerimiento fiscal, teniendo la oportunidad su representación legal de examinarlo directamente, formulándole las preguntas en la audiencia de debate; por tanto el ejercicio del derecho de defensa mediante la contradicción fue materializado en el presente caso, por lo que constituye una aseveración errónea señalar que de forma absoluta ésta no se presentó en especial cuando no existe denuncia de parte de la representación legal del acusado que pudiese poner en evidencia que ello efectivamente fue así; ahora bien es un aspecto de derecho distinto la valoración al medio de prueba, la cual puede ser positiva o negativa a consideración del tribunal de sentencia de aspectos que se derivan de la inmediación y de la suficiente información corroborativa extraída de un robusto contradictorio. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, la Corte IDH resolvió el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (el a-quo hace la cita Lori Berenton), resolviendo la denuncia de la violación del artículo 8 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. de la misma, en especifico del derecho de las partes a interrogar a los testigos, donde se señala como vicio la prohibición legal de formular preguntas a una clase de testigos en particular y del derecho de contar con un apoderado legal lo cual no permitía la ley peruana sino hasta la declaración de la persona acusada: “183. La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que el artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 aplicado a este caso, impidió ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes de la policía y del ejército que hubiesen participado en las diligencias de investigación. Por otra, tal como ha sido consignado (supra párr. 88.27), la falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara la presunta víctima hace que aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. 184. La Corte Interamericana ha señalado, como lo ha hecho la Corte Europea, que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.”.- En el presente caso en el acumulado judicial se registró que las partes no solo tuvieron la oportunidad de examinar directamente al testigo CX-0029-2014, sino que lo hicieron en las mismas condiciones, por lo que la resolución de la Corte IDH no es aplicable al caso concreto que provoca esta sentencia de casación. Sentencia del 25 de noviembre de 2005, la Corte IDH resolvió el caso García Asto y Ramírez vs. Perú, la cual fue citada por el tribunal de sentencia sin señalar cual es la Ratio Decidendi aplicable al caso concreto. Para este tribunal de casación la conclusión a la que debemos arribar es que no es la figura de protección de testigos: reserva de identidad, la que causa reproche por el sistema de protección de derechos humanos interamericano, sino la valoración de la prueba sujeta a dichas medidas.- La decisión tomada por el tribunal de sentencia de excluir el medio de prueba testifical fue hecha sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en consideración a los méritos del caso concreto, sino bajo un criterio absolutista, de carácter meramente abstracto, que además desconoce los dictados de la CIDH y de la Corte IDH pues el sistema interamericano de derechos humanos reconoce la necesidad de protección de testigos y que una de esas medidas de protección es la reserva de identidad, condicionado a que ello no debe de desconocer el derecho de defensa ni el derecho de inocencia de la persona acusada. Por todo, el motivo debe de ser otorgado. En cuanto a la “Entrega Vigilada” el tribunal de sentencia de la ciudad de La Ceiba, fue del criterio que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) realizaron una operación de “Entrega Vigilada” preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión del acusado Fredy Ramiro Sosa Cáceres, su registro personal, la incautación de dinero, la incautación de dos teléfonos celulares, el vaciado del contenido de los teléfonos referidos y el estudio del contenido de los celulares. Operación de “Entrega Vigilada” que a criterio del a-quo, fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, excluyéndola de valoración; siendo esto la protesta del Ministerio Público amparada en la razón que da la ley, pues es claro para la Sala de lo Penal que el tribunal de sentencia ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza distinta. Como se ha explicado la Entrega Vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 CPP), pero que en el interés de la obtención de inteligencia se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión Estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público.- Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito, empero en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI Entrega Vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación del sospechoso, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero ésta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una “Entrega Vigilada” (TEI), pues la policía se limitan a presenciar el hecho delictivo y a realizar luego de ello las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada), no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la FNA y con su orientación realizar la entrega posterior del dinero, no deberá de ser como consecuencia coacción de que los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá de ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones, se insiste, no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un “Agente Encubierto”, pues ésta se ve intricada en el delito mucho antes a la intervención de los agentes del estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la Entrega Supervisada hecha por el FNA es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), pueden ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberán de ser valorados (positiva o negativamente), conforme las regla de la sana critica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: La Corte de Apelaciones de la materia, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la FNA “16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura.”. (Al respecto también ver sentencias del 10 de diciembre de 2018 en exp 0801-2018-96, del 08 de abril de 2019 en exp 0801-2019-40, del 29 de marzo del 2019 en exp 0801-2019-34, entre otras; todas de la Corte de Apelaciones en Materia de Extorsión). Lo explicado determina que el motivo planteado por el Ministerio Público debe de ser estimado, pues se ha excluido indebidamente medios de prueba bajo un criterio equivoco de ilegalidad, debiendo haber sido valorados (positiva o negativamente), conforme las reglas de la sana critica; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, son de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso en respuesta a la acción penal planteada. DECISION. Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-469-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencias de fecha 30 de mayo del 2011 (Exp. Sp 154-2009); 27 de enero del 2011 (SP- 322-2009) y 04 de febrero del 2011 (SP- 90-2011).

[2] Sentencia dictada en fecha 16 de mayo del 2013 (Exp. SP-3972012)

[3] Magallanes Martínez, Víctor Hugo Hiram, Contenido esencial de los derechos fundamentales y juez constitucional, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, No. 41, México, 2016, pp. 235-270, p. 235. Disponible en https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/viewFile/31571/28559