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Sentencia CP-464-17 — Registro 13263

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. El recurso no es de recibo En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. Para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley se debe de tener en cuenta la declaración de hechos probados de la sentencia, como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe de estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. Extrañamente el Recurrente no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, valorando los medios de prueba de descargo y de cargo, insistiendo que ésta fue insuficiente, contradictoria, dudosa y no creíble, para probar el delito por el cual fue condenado el señor Feliciano Matheu Gómez; con ello el Recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una modificación de los hechos declarados probados a efecto de desvincular a sus representados de los delitos, algo prohibido por la ley como se ha explicado. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porqué el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la participación del acusado Feliciano Matheu Gómez en el delito de homicidio simple en perjuicio de José maría Vásquez Campos. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciando; en otras palabras, la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Al realizar el análisis del expediente de mérito, se constata que de conformidad con la sentencia denunciada, el juicio oral y público se llevó a cabo en fechas dieciséis, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de mayo, doce, catorce, dieciséis y diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Por otro lado, observa esta sala que se señaló audiencia para individualizar la pena, en fecha 3 de agosto de dos mil diecisiete, quedando las partes notificadas y citadas en estrados. No ha observado esta Sala, en el acta de debate correspondiente, ninguna reclamación realizada por la defensa del procesado, en el acto de ser notificado sobre las fechas de continuación del debate, así como tampoco respecto a la fecha de la celebración de la audiencia de individualización de pena. Al respecto, ya la sala de lo penal ha sido del criterio que resulta indispensable para este tipo de reclamación, por la naturaleza del recurso, que el impetrante haya realizado reclamo oportuno a efecto de subsanar el proceso, tal como está señalado en el artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal. En consecuencia, el impetrante ha consentido la decisión del Tribunal. Finalmente en el presente caso, el señalamiento de la audiencia de individualización, no ha afectado ni incidido gravemente en la concentración de los actos del debate, ni en la inmediación del juzgador, con la prueba vertida por las partes en el juicio oral y público, o en su correcta valoración intelectiva, pues obviamente debe entenderse que la audiencia de debate o juicio propiamente dicho, concluye con el fallo, acto procesal que ha quedado debidamente registrado tanto en el acta del debate elaborado por el secretario, como en la anotaciones personales de los jueces y en la grabación de audio del juicio, instrumento o herramienta orientadas precisamente a conservar frescas la memoria del juzgador, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. En todo caso, de considerar la defensa del imputado, que el señalamiento de las audiencias de continuación del debate o en su caso, la de individualización de la pena, ocasionaban perjuicio a los derechos de su representado, al no haber intentado la defensa del acusado, subsanar los defectos denunciados en el momento procesal oportuno, la Sala de lo Penal entiende que los defectos ahora alegados, eventualmente han sido tácitamente aceptados o convalidados por la defensa en atención a su inactividad procesal, siendo oportuno recordar que de acuerdo al artículo 363 tercer párrafo in fine, del Código Procesal Penal; es requisito -al denunciar quebrantamiento de las formas procesales- que el recurrente haya intentado subsanar el defecto procesal alegado en casación ante el Tribunal de Juicio, agotando el recurso de reposición y dejado plasmada tal objeción en el acta de debate como reserva de casación para posteriormente poder alegarlo como un motivo, por lo que al no constar tal extremo, el motivo de casación alegado por el recurrente debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 464-2017 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Feliciano Matheu Gómez, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José María Vásquez Campos a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Feliciano Matheu Gómez, a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Tercero: No procedió condenar en costas al señor Feliciano Matheu Gómez.- Cuarto: No se decretó el comiso. SON PARTES: El Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, en su condición de defensor privado del señor Feliciano Matheu Gómez, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: ÚNICO.- En fecha siete de abril del año dos mil quince, en la aldea Yaruche del municipio de Belén Gualcho, departamento de Ocotepeque, cuando eran aproximadamente las once de la noche, JOSÉ MARÍA VÁSQUEZ CAMPOS, junto a FELICIANO MATHEU GÓMEZ y otra persona, luego de estar departiendo, se marcharon de la propiedad de la señora MARÍA REYNA ROMÁN JACINTO, en dirección hacia abajo, y cuando habían avanzado aproximadamente quince metros de distancia, FELICIANO MATHEU GÓMEZ y su acompañante, le infirieron varios machetazos en diferentes partes del cuerpo, a JOSÉ MARÍA VÁSQUEZ CAMPOS, causándole de inmediato la muerte.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. PRIMER MOTIVO: Que se basa en la aplicación indebida del Artículo 116 del Código Penal, que preceptúa: “Quién de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Código (Código Penal), comete el delito de HOMICIDIO SIMPLE, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión” PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal: EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal se Sentencia declaró corno UNICO ¡TECHO PROBADO, siguiente: “Que en fecha siete (7) de Abril del año dos mil quince, en la aldea Yaruconte del Municipio de de Belén Gualcho, Departamento de Ocotepeque, cuando eran aproximadamente las once de la noche, JOSE MARIA VASQUEZ CAMPOS, junto a FELICIANO MATHEU GOMEZ y otra persona, luego de estar departiendo, se marcharon de la propiedad de la señora MARIA REYNA ROMAN JACINTO, en dirección hacia abajo, y cuando habían avanzado aproximadamente quince metros de distancia, FELICIANO MATHEU GOMEZ y su acompañante, le infirieron varios machetazos en diferentes partes del cuerpo a JOSE MARIA VASQUEZ CAMPOS, causándole la de inmediato la muerte”.- ESTE HECHO PROBADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA, es no solamente carente de credibilidad, sino contradictorio y dudoso, desde el momento en que se dice que los hechos ocurrieron en el año del dos mil quince, cuando que el suceso aconteció en el año dos mil doce (2012), así se demuestra en el requerimiento fiscal como en el acta de detención del ofendido José María Campos. Además se inculpa a mi defendido FELICIANO MATHEU GOMEZ, como el autor de los hechos, junto con otra persona, cuando que esta persona es JOSE WILLIANS MATHEU VASQUEZ, contra quien también se presentó el requerimiento Fiscal, y quien falleció violentamente, cuando gozaba de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, suponiéndose su muerte en venganza de los familiares del ofendido JOSE MARIA VASQUEZ, por ser este el verdadero autor del suceso.- ESE HECHO PROBADO, ADEMAS DE SER CONTRADICTORIO, SE FALTA A LA VERDAD A LO QUE SE PROBO EN EL DEBATE.- En el Debate llevado a cabo el fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, es lo siguiente: La defensa propone la declaración del testigo DOMINGO MATHEU GOMEZ, quien declararía sobre el verdadero responsable de causar la muerte de José María Vásquez, el Fiscal acepta el medio de prueba. El Fiscal formaliza la acusación en contra de Feliciano Matheu Gómez. La Defensa rechaza la formalización de cargos. Al procederse a evacuar prueba, la fiscalía propone la evacuación del doctor ELIAS EUCEDA, para que ratifique el dictamen médico, quien ratifica las heridas del hoy occiso José María Vásquez Campos. En brazo derecho 2, 3 en la cara, 1, en región parietal izquierda, otra en región izquierda de cuello, que son bordes nítidos con que es compatible con arma blanca (machete) Herida en scalp que abarca cuello cabelludo y se va una capa que rodea el cráneo, pero que no lo fractura; herida de forma triangular ¿al ser preguntado como se explica (dice no recordar) al ser preguntado ¿Qué es shock ipobolemico? Dice pérdida de sangre. Al ser preguntado ¿si las heridas que sufrió son las que produjeron la pérdida de sangre? Responde que sí y que lo que realmente lo mató fue las heridas del cráneo. Al ser preguntado por la defensa ¿Cuánto tiempo había pasado del deceso de esta persona al momento del levantamiento del cadáver? Contestó: Unas 10 o 12 horas, que según las características de las heridas fueron causadas las cinco (5) por el mismo tipo de arma. Las cuatro (4) primeras tienen las mismas características, la quinta no recuerda. DICHO DICTAMEN ES CONTRADICTORIO, POR UN LADO, DICE QUE LAS CINCO HERIDAS ERAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS POR LA MISMA ARMA Y LUEGO DICE QUE LA QUINTA NO RECUERDA. COMO QUE SE PRETENDIERA ESTABLECER QUE EXISTE LA PARTICIPACION DE OTRA PERSONA EN LOS HECHOS.- En el debate se producen suspensiones porque la Fiscalía no ubica a dos de sus testigos MARIA ROMAN y OSCAR HERNANDEZ, a quienes supone ser de cargo, y al ser evacuada la testigo MARIA REINA ROMAN, esta lo único que relata es que: A las diez de la noche, supuesto día de los hechos, llegó a su pulpería JOSE MARIA VASQUEZ, (el occiso) junto con Feliciano (mi defendido) y Willian a comprar unos churros, que cree que andaban ebrios por la hora en que llegaron, que no sabe si andaban arma, que el finado le sonó la puerta y les vendió tres ZAMBOS. ESTA TESTIGO NO ARROJA NINGUN MERITO, MAS QUE EL FINADO ANDABA CON MI DEFENDIDO Y CON OTRO LLAMADO WILLIAN.- NO ES DE CARGO, POR LO TANTO NO MERECE VALORACION JURIDICA PARA UN FALLO CONDENATORIO.- EL OTRO TESTIGO DE LA FISCALIA, OSCAR HERNANDEZ, dice haber salido a traer unas pastillas que tenía la mujer enferma y don Feliciano con don Willian estaban tomando una cerveza y él salió y vio que lo llevaban a bracete para abajo y, ante la pregunta del fiscal, ¿a qué lugar fue a comprar pastillas? Contesta: Donde doña Reina. Ante otra pregunta del Fiscal a que horas llegó a esa pulpería a comprar las pastillas? Contesta: Que como a las once de la noche. Se contradice con la testigo María Reina Román, pues esta dijo que llegaron como a las diez de la noche y solo compraron unos churros, no indica que hayan tomado cerveza. Dice este testigo que estaban otras personas que no conocía en la pulpería. También en esto se contradice con la testigo anterior, quien relató que en el momento en que llegaron Feliciano, Willinas y el Finado, no llegó nadie más. - Ante la pregunta del Fiscal ¿Si estaba en ese lugar don José María Vásquez? Contestó: Que si estaba. ¿Ante otra pregunta del Fiscal, ¿Quiénes se lo llevaron de dicho lugar? Contesta: ¿Que Willians y don Chano? ¿Ante la pregunta para donde se lo llevaron? Contesta: Para abajo. Ante la pregunta del Fiscal ¿Qué hicieron? Contesta: Le dieron con el machete. Ante la pregunta clave es que el Fiscal, le pregunta al testigo ¿Quién le dio con el machete? CATEGORICAMENTE CONTESTO: Que fue Willians. Y posteriormente ante preguntas cuantiosas del Fiscal. Lo hacen decir que los dos le dieron con el machete. Posteriormente ante preguntas del Fiscal ¿A qué horas fueron esos hechos? Contesta: Que a las diez de la noche. Cuando primeramente declaró que eran las once de la noche, cuando llegó a la pulpería a comprar las pastillas, después dice que cran las diez de la noche. Este testigo ante las preguntas de esta defensa, también se contradice en la hora de los hechos, no sabe en qué parte y dice que, en el momento de los hechos, él estaba en un falso. Posteriormente dice que se fueron primero ellos y él se quedó. (Se entiende que se quedó en la pulpería. Ante la pregunta de la defensa ¿si observó que ellos andaban armados? Contestó: No haber visto si machete. Después de las preguntas de esta defensa, LA FISCALIA VUELVE A PREGUNTAR ANTE LAS CONTRADICCIONES QUE HACEN DUDAR EL TESTIMONIO DE ESTE TESTIGO. Para que aclare, ¿cómo es que dice haber visto que ambos le dieron con machete, y también dice que no les vio machete? Contestó: que les vio machete cuando le estaban dando y en cuanto dice que los vio corriendo dice haberlos visto sentados. Lo que es de observar es que el mismo ente acusador acepta que existen contradicciones y dudas. EXISTIENDO TODAS ESTAS CONTRADICCIONES E INCONSISTENCIAS EN ESAS PRUEBAS, NO SE PUEDE JUSTIFICAR UN FALLO CONDENATORIO. MAXIME QUE CUANDO EL MEDICO QUE RATIFICO EL DICTAMEN, POR UN LADO, DICE QUE LAS CINCO LESIONES ERAN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE HABER SIDO CON LA MISMA ARMA BLANCA, Y TAMBIÉN DEJA DUDA AL DECIR POSTERIORMENTE QUE DE LA QUINTA TIENE DUDA. TAMBIÉN ES CONTRADICTORIO Y POR LO TANTO LO QUE EXISTE EN ESTE DEBATE SON CONTRADICCIONES Y DUDAS. POR PARTE DE ESTA DEFENSA SE LLAMO A DECLARAR AL TESTIGO DOMINGO MATHEU GOMEZ, (hermano del acusado) declara: Que el día siete (7) de Abril del 2012, sábado de Gloria, a eso de las once de la noche, estaba en su casa durmiendo y recibió una llamada diciendo que habían matado a José María Vásquez, l se levantó y quiso ir al lugar pero su esposa le dijo a donde va y él le dijo dicen que mataron a Cherna, y ella le dijo no valla porque fue Willians, él le dijo mi hijo verdad, ella le contestó si el (Willians) que él llegó y le dijo a ella que él había sido; le pregunto dónde estaba Wilians y le contestó que él estaba en la casa, él se fue y Willians estaba con un machete a haz de la puerta, que él le preguntó hijo que has hecho, a todo eso está todo ensangrentado, le contestó, lo pique, a quien le preguntó y le contestó a Cherna, porque ellos lo habían humillado en el norte, que él le preguntó a Chema, porque ellos lo habían humillado en el norte, que él le preguntó con quién lo hiciste y le contestó que él solo, que él le dijo a Willians, no salgas y cerró la puerta y se acostó, no salió porque sabiendo que su hijo era el del hecho no podía salir, que después un familiar del difunto José María, lo fue a amenazar a él a su casa y le dijo que lo iba a matar donde lo viera. Que estando en vida su hijo recibió amenazas del padre del difunto, lo sentencio que lo iban a matar y en efecto lo mataron un familiar de ellos, mismo que llegó diciendo ya lo matamos, pero desgraciadamente como se necesitan pruebas para hacer una acusación el no pudo hacer nada, solo se confirmó quién lo había hecho y está en proceso de investigación, desgraciadamente hoy nadie se presta para atestiguar y uno sin testigos no puede hacer nada. CON ESTE TESTIMONIO SE CORROBORA LA FALSEDAD DEL TESTIGO OSCAR HERNANDEZ, QUIEN SE CONTRADIJO EN SU TESTIMONIO, PRIMERO DICIENDO QUE FUE WILLIANS QUIEN MACHETEO AL FINADO Y DESPUES QUE FUERON AMBOS. DE HABER SIDO AMBOS, TALVEZ YA LE HUBIERAN DADO MUERTE A MI DEFENDIDO, PERO SABIENDO QUE EL AUTOR FUE WILLIANS, HICIERON VENGANZA CON SU PROPIA MANO, LASTIMOSAMENTE, AUNQUE NO SE PUEDE PROBAR, PERO EL SIMPLE HECHO DE QUE A WILLIANS LE DIERON MUERTE, LOGICAMENTE PROVIENE DE LOS MISMOS HECHOS. Improcedentemente se incorporó la declaración del testigo MIGUEL ANGEL ESTRADA, este testigo es aún más contradictorio con el testimonio de OSCAR HERNANDEZ y MARIA REINA ROMAN, por un lado dice que los hechos fueron entre once (11) y doce (12) de la noche, que estaban tomando, cuando vio el movimiento se fue; después dice que quien le estaba dando con el machete, fue Willians, después los dos con Feliciano y por otro lado dice que ellos pasaron y vieron tirado al finando. Habla de la existencia de doce brazadas y veinte metros, cuando que existe una diferencia considerable entre brazadas y metros, brazadas es corta distancia y veinte metros es una distancia considerable. Después hace referencia de haber llegado a las once de la noche, cuando que la dueña de la pulpería dijo que pasaron comprando únicamente churros y se fueron a las diez de la noche; el otro testigo Oscar Hernández, hace mención de once de la noche y este testigo hace mención de once a doce de la noche, SU VERSION NO PUEDE SER CREIBLE.- Por todas esas razones considera esta defensa de que se aplicó indebidamente el artículo 166 del Código Penal, pues este calificativo tiene cabida en un caso donde donde exista dudas, contradicciones ni inconsistencias como en el presente caso por lo que procedía era una sentencia absolutoria.-“ “SEGUNDO MOTIVO: Que se basa en la no aplicación del Artículo 339 del Código Procesal Penal que preceptúa: Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. EXPLICION DEL MOTIVO: Como podrá Observarse, en todo el debate si bien existen pruebas fehacientes, estas son con las que se acredita que el único responsable de la Muerte del señor JOSE MARIA VASQUEZ CAMPOS, es el otro imputado contra quien también se inició el requerimiento Fiscal el señor JOSE WILLIANS MATHEU VASQUEZ, quien se dice falleció el uno (1) de Septiembre del año (2013) supuestamente por haberle dado muerte por venganza de parte de familiares del también occiso José María Vásquez Campos, la muerte real del señor Josa Willians se encuentra acreditado en autos mediante el atestado legal del Registro Civil Municipal. Y en cuanto a la participación de mi defendido FELICIANO MATEHU GOMEZ, las pruebas evacuadas en el debate no son determinantes al existir contradicciones, dudas e inconsistencias entre los testimonios de los testigos MARIA REINA ROMAN, OSCAR HERNANDEZ Y MIGUEL ESTRADA, testigos estos a los cuales el Tribunal les dio valor probatorio en perjuicio de mi cliente, aun cuando existen suficientes inconsistencias y contradicciones en sus testimonios, al no ser concordantes en la hora de hechos, al no ser concordantes si fue únicamente Willians el participante y si son dos los participantes además de contradecirse en tiempo y espacio sobre la hechos.- POR TODO ELLO CONSIDERO QUE SE DEBIO APLICAR LA DUDA RAZONABLE A FAVOR DEL IMPUTADO FELICIANO MATHEU GOMEZ Y ABSOLVERLO DE TODA RESPONSABILIDAD, PUES ANTE LA DUDA RAZONABLE ES FREFERIBLE ABSOLVER A UN CULPABLE QUE CONDENAR A UN INOCENTE.- Esta defensa considera que este motivo de casación es de recibo.- IV.-Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Que se basa en medios de prueba o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Titulo IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Que se basa en medios o elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Artículo 3 11 numeral 2 que preceptúa “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral” En relación al Artículo 311 numeral 2 “Las Lecturas Autorizadas Los testimonios o pericias practicas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible su reproducción en el acto del juicio oral” nos remitimos al medio de prueba testimonial del (testigo) MIGUEL ANAGEL ESTRADA, en virtud de que en la audiencia de debate no se hizo presente, donde no existió participación de la defensa para interrogar, por lo que se violentan los principios de CONTRADICCION E INMEDIACION, que rigen el proceso penal. la imposibilidad o dificultad para su comparecía al debate no fueron debidamente justificadas. - INCORPORANDOSE, MEDIANTE LECTURA, Violentándose derechos y garantías otorgadas por nuestra Constitución de la República en su Artículo 90 que se refieren al debido proceso y con violación al Artículo 101 párrafo 10 de la Ley Adjetiva que señala: “A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho en consecuencia A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba…” La defensa no pudo interrogar al testigo en el debate para evacuar el principio de contradicción y el tribunal no tuvo la inmediación para valorar su testimonio y fallar conforme a ese principio. - Por lo que considera esta defensa que es de Recibo este motivo casación. Que se basa en medios o elementos probatorios incorporados por lectura, en violación de las normas. Considero que, aunque la ley habla de incorporación mediante lecturas que podrán ser incorporadas excepcionalmente, esta no es la regla porque hay excepciones y esas excepciones deben ser debidamente probados y no aplicarlas antojadizamente. - También infringe los Artículos 12 que se refiere A LA LEALTAD PARA CON LA JUSTICIA. Los Juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuarán con absoluta lealtad a la justicia. La infracción dolosa de esta disposición, especialmente en los casos de ocultación de pruebas o la presentación de pruebas falsas, será sancionado con suspensión del ejercicio profesional. A consideración de esta defensa, el ente acusador prefirió no llevar a los estados estos medios incorporados mediante lectura, pretendiendo ocultar la evacuación de estos medios probatorios porque eran decisivos al someterlos ante el Tribunal de Sentencias, al ser evacuados mediante los Principios de Contradicción e Inmediación que regulan el debido proceso.-” “SEGUNDO MOTIVO: La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal.- También se invoca corno infringido por falta de aplicación, como ser los artículos 312, 313 que mandan: El debate podrá realizarse en una o varias sesiones que, para todos los efectos se tendrán corno una sola. Tribunal de Sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince días cuando 1) ... .2) ... 3) no comparezcan los testigos o peritos. Artículo 313 Reanudación. Nueva Sustanciación del debate. Si la audiencia no se reanuda el día…. o, en su caso dentro del plazo establecido, la sustanciación del juicio DEBERA DE INICIARSE DE NUEVO. - Articulo 318 señalamiento de fecha y hora para el debate. Dentro de…. Fijará la fecha y la hora en que iniciará el juicio oral y público. Dicha fecha deberá estar comprendida entre los diez (10) y los treinta (30) días siguientes. Excepcionalmente el Tribunal podrá prorrogar este plazo por auto motivado, hasta por quince (15) días. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es de dejar claro, que este Recurso de Casación, consiste en señalar que el Tribunal sobrepaso dichos términos en el caso del señalamiento de la Audiencia para el Debate fue iniciado el 16/6/2017, posteriormente se dieron suspensiones PEPO LOS QUINCE DIAS que la ley ordena Concluyeron y aun así el Juicio continuo hasta el tres de agosto del 2017, en que se dictó Sentencia, la cual adolece de ese vicio. Por lo que la hace nula. Sobre este punto ya existen un número considerable en el Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Santa Rosa de Copán. - Esta defensa considera que este motivo de casación es de recibo. -” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:

1.Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. * Norma que se denuncia infringida: Artículo 116 del Código Penal. * Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. * Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. * Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el único hecho probado en la sentencia es carente de credibilidad, es contradictorio y dudoso, ya que con toda la prueba que se desarrolló en juicio es evidente que hubo infracción de la ley sustantiva por la correcta aplicación del artículo 116 del Código Penal Vigente. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. El recurso no es de recibo En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. Para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley se debe de tener en cuenta la declaración de hechos probados de la sentencia, como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe de estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. Extrañamente el Recurrente no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, valorando los medios de prueba de descargo y de cargo, insistiendo que ésta fue insuficiente, contradictoria, dudosa y no creíble, para probar el delito por el cual fue condenado el señor Feliciano Matheu Gómez; con ello el Recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una modificación de los hechos declarados probados a efecto de desvincular a sus representados de los delitos, algo prohibido por la ley como se ha explicado. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porqué el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la participación del acusado Feliciano Matheu Gómez en el delito de homicidio simple en perjuicio de José maría Vásquez Campos. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. * Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. * Norma que se denuncia infringida: Artículo 339 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no aplicación indebida del artículo 339 del Código Procesal Penal. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que se case la sentencia Establece el recurrente que el vicio se produce en la no aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, en la que se descarta la participación de su defendido Feliciano Matheu Gómez, ya que las pruebas evacuadas en el debate no son determinantes, ya que existen contradicciones, dudas e inconsistencias entre los testimonios de los testigos María Reina Román, Oscar Hernández y Miguel Estrada, ya que los mismos no son concordantes entre sí, por lo que debió aplicar duda razonable y dictar un fallo absolutorio. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo. El recurso no es de recibo Argumenta el recurrente que el juzgador no aplico el artículo 339 del Código Procesal Penal, que versa sobre la resolución que refiere: “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; así mismo será absuelto en caso de duda razonable” …, sigue manifestando el recurrente en su exposición casacional que en la prueba realizada en el debate el único responsable de la muerte del señor José María Vásquez es el otro imputado y no Feliciano Matheu Gomez, ya que las pruebas evacuadas en el debate no son determinantes al existir contradicciones , dudas e inconsistencias entre los testimonios de cargo, por lo que debió considerarse absolverlo por duda razonable. Esta Sala de lo Penal, observa que la norma indicada como vulnerada por el motivo de casación, es una norma de naturaleza típicamente procesal y no una norma material o de derecho penal sustantivo. El recurrente equivoca la vía recursiva, pues al no tratarse de una norma penal o de carácter sustantiva, impide o hace imposible a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por lo expuesto, lo procedente es desestimar el motivo de casación invocado por la recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Incorporación por lectura de medios de prueba en violación a las normas establecidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente que se remite al medio de prueba testimonial de Miguel Ángel Estrada, en virtud que en la audiencia de debate no se hizo presente, donde no existió participación de la defensa para interrogar, por lo que se violentan los principios de contradicción e inmediación que rigen el proceso penal, además no fueron debidamente justificada la imposibilidad o dificultad para su comparecencia en el debate. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2) del artículo 311, que señala que podrán ser introducidos por lectura “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”; Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en forma previa a la audiencia de debate: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 1. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal constata en la foliada judicial que la introducción de la declaración rendida por el Señor Miguel Ángel Estrada en la audiencia inicial de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012) (F. 16 vuelto), a la audiencia de debate de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017) (F. 126) se ajusta al presupuesto excepcional que regula el artículo 311.2 del Código Procesal Penal. La declaración del Señor Miguel Ángel Estrada, fue propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013) (F.80) y admitida por el Tribunal de Sentencia para su reproducción en la audiencia de debate, por lo que la defensa privada del acusado era sabida desde entonces que el testigo Miguel Ángel Estrada sería llamado a estrado.- Aconteció para la audiencia de debate que el testigo no pudo ser localizado para ser citados o llevados a prestar su declaración testifical, aun a pesar de que la Secretaria del Tribunal trató de localizar los mismos antes y después de iniciado la audiencia: 1. A folio 127 informa al Tribunal que se avisó de parte del departamento de administración de la Corte Suprema de Justicia, que se devolvían la solicitud del edicto respectivo, en virtud que la redacción de la fecha había un error por lo que no se realizaría la publicación respectiva, solicitando la Fiscal que luego de lo informado solicita se haga de nuevo la publicación respectiva con las correcciones respectivas ; por lo que el tribunal al haber escuchado el informe de La Secretaría y lo solicitado accede a dicha solicitud se pide la publicación de edictos por una radio emisora, para que se hagan presentes a más tardar el 09 de junio del año en curso. 2. A folio 128 la Fiscalía solicita informe sobre la segunda publicación de edictos, lo cual se hace por medio de La Secretaría y en la que la Fiscalía solicita en vista de no haberse presentado y en la que no se pudo localizar solicita que dicha declaración del señor Miguel Ángel Estrada se ha introducida por lectura en base al artículo 311 del Código Procesal Penal y en la que seguidamente se da lectura del mismo. Las diligencias enumeradas comprobaron que era extraordinariamente difícil la localización del testigo Miguel Ángel Estrada (Art. 311.2 C.P.P.), resolviendo de manera correcta el Tribunal de sentencia introducir por lectura las declaraciones hechas por éstos en la audiencia inicial, misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. La declaración del testigo Miguel Ángel Estrada, revisten de esencialidad, pues no sólo se trata de un testigo presencial, sino de que en relación a los hechos juzgados, el Tribunal considera coincidente y coherente entre sí con las otras declaraciones testificales, y que sirvió de refuerzo con los demás pruebas de cargo, por lo que era necesario allegar sus declaraciones a la audiencia de debate, esto con independencia a la valoración que debía hacerse de las mismas conforme a las reglas de la sana critica, lo cual no puede ser objeto de revisión por esta Corte de Casación por desbordar el marco de impugnación opuesto por la Censora, tal y como lo limita el artículo 350 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto es criterio de esta Sala que se debe desestimar este motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 312,313 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. * Pretensión: Decretar la nulidad del debate. Establece el recurrente que deja claro en este recurso de casación en señalar que el Tribunal sobrepaso dichos términos en el caso del señalamiento de la audiencia para el debate ya que fue iniciado el 16 de junio de 2017, posteriormente se dieron suspensiones, pero los 15 días que la ley ordena concluyeron y aun así el juicio continuo hasta el 03 de agosto de 2017 en que se dictó sentencia. De las Reglas para la Realización del Juicio Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir en las diferentes audiencias que conformen el debate, entre éste y el fallo, y entre el fallo y la emisión de la sentencia; la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (Razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días) y una respuesta pronta a los justiciables. Conforme a las normas procesales vigentes para el año dos mil trece la etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía de celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 cpp); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 cpp), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea ésta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 cpp), siendo importante mencionar que la práctica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, manda que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados/as de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia debían de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de complejidad. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los quince días: la nulidad del debate por disolución de la inmediación (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciando; en otras palabras, la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Al realizar el análisis del expediente de mérito, se constata que de conformidad con la sentencia denunciada, el juicio oral y público se llevó a cabo en fechas dieciséis, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de mayo, doce, catorce, dieciséis y diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Por otro lado, observa esta sala que se señaló audiencia para individualizar la pena, en fecha 3 de agosto de dos mil diecisiete, quedando las partes notificadas y citadas en estrados. No ha observado esta Sala, en el acta de debate correspondiente, ninguna reclamación realizada por la defensa del procesado, en el acto de ser notificado sobre las fechas de continuación del debate, así como tampoco respecto a la fecha de la celebración de la audiencia de individualización de pena. Al respecto, ya la sala de lo penal ha sido del criterio que resulta indispensable para este tipo de reclamación, por la naturaleza del recurso, que el impetrante haya realizado reclamo oportuno a efecto de subsanar el proceso, tal como está señalado en el artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal. En consecuencia, el impetrante ha consentido la decisión del Tribunal. Finalmente en el presente caso, el señalamiento de la audiencia de individualización, no ha afectado ni incidido gravemente en la concentración de los actos del debate, ni en la inmediación del juzgador, con la prueba vertida por las partes en el juicio oral y público, o en su correcta valoración intelectiva, pues obviamente debe entenderse que la audiencia de debate o juicio propiamente dicho, concluye con el fallo, acto procesal que ha quedado debidamente registrado tanto en el acta del debate elaborado por el secretario, como en la anotaciones personales de los jueces y en la grabación de audio del juicio, instrumento o herramienta orientadas precisamente a conservar frescas la memoria del juzgador, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. En todo caso, de considerar la defensa del imputado, que el señalamiento de las audiencias de continuación del debate o en su caso, la de individualización de la pena, ocasionaban perjuicio a los derechos de su representado, al no haber intentado la defensa del acusado, subsanar los defectos denunciados en el momento procesal oportuno, la Sala de lo Penal entiende que los defectos ahora alegados, eventualmente han sido tácitamente aceptados o convalidados por la defensa en atención a su inactividad procesal, siendo oportuno recordar que de acuerdo al artículo 363 tercer párrafo in fine, del Código Procesal Penal; es requisito -al denunciar quebrantamiento de las formas procesales- que el recurrente haya intentado subsanar el defecto procesal alegado en casación ante el Tribunal de Juicio, agotando el recurso de reposición y dejado plasmada tal objeción en el acta de debate como reserva de casación para posteriormente poder alegarlo como un motivo, por lo que al no constar tal extremo, el motivo de casación alegado por el recurrente debe ser desestimado. V. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa Privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de los acusados Fito De Paz Gomez y Walter Alexander Gómez Iraheta que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Feliciano Matheu Gómez, una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de José María Vásquez Campos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Feliciano Matheu Gómez, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. IV. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos y por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, en su condición de defensor privado del señor Feliciano Matheu Gómez, en la causa instruida por el delito de homicidio simple en perjuicio de José María Vásquez Campos. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Copan, departamento de Copan. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-464-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012