Sentencia CP-462-18 — Registro 14240
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Robo de Vehículo Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En el caso actual, es conveniente dar respuesta unitaria a ambos recursos porque los vicios que se alegan por parte de la representación pública del señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar, y la representación privada del señor Marlon Antonio Rivera Mercado, son en esencia los mismos al resaltar en sus exposiciones lo siguiente: 1. El sentenciador infringe la regla lógica de derivación al concluir la responsabilidad penal de los acusados en el delito que se les imputa, a partir de una prueba de cargo que resulta insuficiente para acreditar tal condición, ello debido porque con lo único que cuenta es con la declaración del ofendido, la cual no es corroborada con los demás medios probatorios, así como que la declaración del agente de policía que participó en la captura de los acusados, no es más que un testigo de referencia que no puede aportar más que lo manifestado por el testigo presencial; y, 2. No existe medio de prueba que acredite que el objeto material del delito sea de ajena pertenencia, puesto que, el ente acusador no presentó prueba documental que acreditara que el vehículo en cuestión sea pertenencia del supuesto ofendido, con lo cual no se acreditó un elemento objetivo del tipo penal. Antes de dar respuesta al fondo del asunto, la Sala de lo Penal recuerda a los recurrentes que la función al dar respuesta a un motivo como el presente, no consiste en valorar alternativamente la prueba practicada en instancia, pero su función revisora si puede determinar la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador. En relación al primer argumento de reproche, el sentenciador para acreditar la participación criminal de los señores Marlon Antonio Rivera Mercado y Miguel Okeli Sanabria Aguilar, se fundamentó en la declaración testifical incorporada mediante lectura autorizada al debate, del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, y el cual declaró lo siguiente: “…fue asaltado la noche del 23 de noviembre de 2015, por dos hombres, uno de ellos le apuntó con una pistola y el otro lo despojó de sus pertenencias, le indicaron que caminara adelante del vehículo por la acera, mientras estacionaba el vehículo pudo notar un turismo color dorado que pasó a su lado…interpuso la denuncia a las nueve, permaneció en el peaje hasta las 2:45 de la mañana, hora en que el carro que le robaron iba pasando, lo reconoció y los detuvieron, había que reconocer a las personas que me habían llevado el carro, el joven que anda el reloj hacia el frente, el de camisa verde, la juez pregunta su nombre y manifiesta que se llama Marlon Antonio Rivera Mercado, él fue quien me encañonó con una pistola, el otro que está hacia la derecha hacia los ventanales, esquina del escritorio, la juez pregunta el nombre y dice que se llama Miguel Okeli Sanabria Aguilar, me pidió los documentos, las llaves del carro y al momento de ser detenido él iba conduciendo el vehículo mío….” Asimismo, en la declaración testifical del agente de investigación Juan Carlos Vásquez, el cual manifestó lo siguiente: “… el ofendido interpuso la denuncia que le habían robado su vehículo y que tenía fe que en el peaje lo iba a ubicar y se fueron para allá, y venía un turismo Kia dorado en donde se conducían tres personas, en el 22R iba Miguel y dijo el ofendido que fue él quien lo había despojado de su vehículo, también identificó a Marlon. A las interrogantes de las partes manifestó que el ofendido identificó a Marlon y Miguel en una diligencia e identificó el vehículo…”. El tribunal de sentencia coligió a partir de las declaraciones precitadas (f. 252), que les da validez para tener por acreditados los hechos ocurridos en fecha 23 de noviembre de 2015, pues de la declaración del ofendido José Félix Octavio Pérez, es más que evidente que basta su relato para darse cuenta que los dos acusados lo despojaron de su vehículo marca Toyota 22R; extremo que consideró a su vez confirmado con la declaración del agente de investigación Juan Carlos Vásquez y con la prueba documental como ser acta de decomiso y acta de inspección ocular, las cuales considera prueba suficiente para tener plenamente probado el delito de robo de vehículo agravado y la participación de los acusados Miguel Okeli Sanabria y Marlon Antonio Rivera. Como se ha mencionado anteriormente, la Sala de lo Penal no puede realizar una valoración alternativa de los medios de prueba relacionados, más al hacer el análisis de racionalidad de la valoración intelectiva del tribunal de instancia, sí puede concluir que la misma es respetuosa de la regla lógica de derivación que ambos recurrentes denuncian como infringida, pues existe una secuencia lógica entre la premisa probatoria y la premisa valorativa que conlleva a la construcción apodíctica de la fundamentación fáctica de la sentencia. La inferencia valorativa encuentra correspondencia con los medios de prueba valorados, los cuales resultaron veraces en su contenido para el sentenciador al hacer una ponderación conjunta del acumulado probatorio. Por esta razón, se colige que la fundamentación probatoria de la sentencia respeta el canon de racionalidad exigido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo que permite la validez de su fundamentación fáctica. En relación al segundo argumento de reproche, es dable recordar que la protección de la ley penal no se reduce a la propiedad en el sentido de dominio del Código Civil (art. 613), como parecen exigir los recurrentes, sino que se extiende a las demás relaciones jurídicas con las cosas, constitutivas de derechos reales, es decir, el poder que se tiene sobre bienes o que se puede llegar a tener en virtud de derechos que reconocen su fuente en relaciones personales (obligaciones). La protección penal se extiende, pues, tanto a la tenencia, posesión, dominio y demás derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas procedente de otros títulos o de situaciones jurídicas que conceden facultades idóneas para aumentar los bienes de una persona, ya se encuentren dentro del patrimonio del sujeto, ya operen todavía como expectativas ciertas, en tanto pertenezcan a una determinada persona física o jurídica. Y más todavía, la ley penal no titubea en proteger la pertenencia que tiene origen en un título vicioso y hasta ilícito, frente a terceros sin derecho a poner fin a la pertenencia inválida o ilegítima.[3]Es por ello que no tienen razón los recurrentes al argüir la exigibilidad del documento acreditativo del dominio del objeto material del delito por parte del ofendido, para acreditar la realización del elemento objetivo de ajenidad del bien mueble del delito de robo de vehículo agravado, pues basta con acreditar, como así tuvo por acreditado el sentenciador, que quien conducía el vehículo tipo Pick Up 22R, era el señor José Félix Octavio Pérez, y que éste fue despojado del mismo mediante violencia por parte de los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Rivera Mercado, repartiéndose un rol de funciones para lograr la consecución del fin de la empresa criminal que emprendieron y así lucrarse indebidamente. Por lo anteriormente expuesto, los recursos decaen y no son objeto de recibimiento..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 462-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 462-2018 por Quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los acusados Josué Gabriel Ramírez Reyes, Miguel Okeli Sanabria Aguilar, Gustavo de Jesús Antúnez Reyes y Marlon Antonio Rivera Mercado, del delito de Robo Agravado, en perjuicio de José Félix Pérez Amaya. Segundo: Absolvió a los señores Josué Gabriel Ramírez Reyes y Gustavo de Jesús Antúnez Reyes, del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de José Félix Octavio Pérez Amaya. Tercero: Condenó al acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar, como autor penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, a la pena principal de trece (13) años y cuatro (04) meses de reclusión, debiéndose computar desde el día en que el condenado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que determine la ley. Cuarto: Condenó al acusado Marlon Antonio Rivera Mercado, como autor penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, a la pena principal de trece (13) años y cuatro (04) meses de reclusión, debiéndose computar desde el día en que el condenado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que determine la ley. Quinto: Condenó a los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal por el delito que han sido condenados. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los acusados Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Séptimo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: No procedió comiso. Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Erika Yamileth Hernández Zamora, defensora pública del acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar; y, las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, defensoras privadas del acusado Marlon Antonio Rivera Mercado. Son partes en única instancia: los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García, defensores públicos del acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar, como recurrentes; las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, apoderadas defensoras del acusado Marlon Antonio Rivera Mercado, también como recurrentes; y, la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Este Tribunal de Sentencia como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente por mayoría de votos: UNICO: Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince a eso de las ocho y cuarenta minutos de la noche, en la colonia los Laureles de esta ciudad de San Pedro sula, el señor JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA, se encontraba conduciendo su vehículo marca Toyota, tipo pick up, color negro, placas PP09254 cuando fue interceptado por un vehículo color dorado, en el que se conducían cuatro personas, entre ellos MARLON ANTONIO RIVERA MERCADO Y MIGUEL OQUELI SANABRIA AGUILAR, quienes se bajaron de dicho vehículo, procediendo Marlon Antonio Rivera, a encañonar al señor José Félix Octavio Pérez, mientras Miguel Oqueli Sanabria, le exigía los documentos y las llaves de su vehículo, luego de lo cual dejaron abandonado al señor Félix Octavio Pérez llevándose con ellos el vehículo Toyota.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Erika Yamileth Hernández Zamora, defensora pública del acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal, PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida, la mayoría del Tribunal valora prueba de cargo insuficiente y a la vez dudosa que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer la mayoría del Tribunal Sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las regla de la lógica por ser esta la más inobservada por la mayoría del Tribunal de Sentencias y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por la mayoría del tribunal de sentencias debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo la mayoría del tribunal de sentencias para condenar a Miguel Okeli Sanabria Aguilar no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de “Robo de Vehículo Agravado” por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que el único hecho estimado y declarado probado se deriva de prueba que da lugar a dudas y por ende no terminante. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, específicamente la documental con la que consideramos no haberse acreditado plenamente la propiedad del vehículo supuestamente robado por nuestro representado, es decir a quien pertenecía el mismo, en este caso al ofendido José Félix Octavio Pérez Amaya del cual supuestamente fue despojado en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince como a eso de las ocho y cuarenta minutos de la noche en la Colonia los Laureles de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, refiriéndonos específicamente en el presente caso al Toyota, tipo Pick Up, color negro, placas PP09254; por consiguiente no estando de acuerdo esta defensa pública con la supuesta participación de mi representado Miguel Okeli Sanabria Aguilar en los hechos investigados, en vista que los testigos de cargo propuestos por el ente acusador consideramos por una parte ser insuficientes, es decir que existe duda que el imputado haya participado en el hecho que se le imputa, específicamente con el único testigo presencial de cargo JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA, por lo que a todas luces se puede deducir que el mismo carece de credibilidad por las siguientes razones: a) Que la declaración del Testigo José Félix Octavio Pérez Amaya la misma no encontró sustento alguno con el resto de la prueba de cargo presentada en juicio, en vista que en la prueba documental presentada por el ente acusador no constaba quien era el propietario del vehículo tipo Toyota Pick Up color negro, Placas PP09254; b) Por otra parte la mediocridad que se manejó en el presente caso por parte del Ministerio Público y los agentes investigadores del mismo, en vista que ninguno de ellos se preocupó por conseguir la documentación correspondiente a la propiedad del supuesto vehículo robado Toyota Pick Up color negro, para demostrar la veracidad del relato del supuesto ofendido José Félix Octavio; y c) Por último el hecho que se haya presentado al testigo de cargo Agente de Policía JUAN CARLOS VASQUEZ quien resulto ser de referencia por lo que le contó el supuesto ofendido y por ende ignorar lo sucedido en la dinámica de los hechos que le constare por sus propios sentidos. Siendo así al valorarse en su conjunto ambas declaraciones, con el resto de la prueba aportada en juicio oral no nos da la certeza que nuestro representado fuese el autor del robo del vehículo automotor supra indicado. Siendo así consideramos que la declaración de los testigos de cargo no debió ser tomadas en cuenta por la mayoría del Tribunal Sentenciador, por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que la declaración de estos testigos quedó huérfana, por lo que partiendo de esas manifestaciones de los testigos de cargo y prueba documental somos del criterio que los mismos no son suficientes para condenar a nuestro representado por el delito que se le acusa. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración los testigos de cargo y prueba documental nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que la mayoría del Tribunal juzgador basa su fallo en una declaración que no encuentra sustento en otro medio de prueba confiable y concluyente. Considera la defensa publica que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado Miguel Okeli Sanabria Aguilar para conocer con certeza si este en realidad participo como autor directo del robo del vehículo tipo Toyota Pick Up, color negro, Placas PP09254. Por todo ello los testigos de cargo no son suficientes en vista como se dijo antes uno por no encontrar respaldo probatorio en otro medio de prueba y el otro por ser de referencia, donde los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Robo de Vehículo Agravado a mi representado Miguel Okeli Sanabria Aguilar, por lo que la apreciación de la mayoría del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado Miguel Okeli Sanabria Aguilar haya robado el vehículo Toyota Pick Up color negro donde no se acredito en juicio a quien perteneciera el mismo y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración del José Félix Octavio Pérez Amaya la cual es impropia carente de veracidad plena, siendo mínima no resultando corroborable con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a Miguel Okeli Sanabria como autor directo porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo José Félix Octavio Pérez Amaya. Por último existe un Voto Particular Disidente de la Juez Abogada CLAUDIA MARIA SOLIS por no compartir la decisión de la mayoría del Tribunal en cuanto al fallo condenatorio dictado contra el señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar, por ser del firme criterio que de la prueba traída a juicio por el Ministerio Publico para sustentar su acusación y valorando las mismas conforme a las reglas de la sana critica, no resulto convincente para acreditar con grado de certeza y más allá de toda duda razonable que efectivamente los hechos de la acusación sean constitutivos de un ilícito. Arguye la Juez Disidente en su fallo que la prueba toral en la presente causa, por ser el único testigo presencial, es la declaración que rindió en audiencia inicial el supuesto ofendido JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA (puesto que a la audiencia inicial del juicio oral y público, donde median los principio de inmediación y contradicción directa de los intervinientes en el debate, no logró el ente acusador hacerlo llegar), declaración esta que relata una dinámica de hechos por los cuales fueron detenidos los ahora acusados Marlon Antonio, Miguel Okeli y otras dos personas más. Sin embargo, para lograr sustentar esta declaración o indicio, el ente acusador trajo a juicio únicamente la declaración del Agente Policial JUAN CARLOS VASQUEZ quien resultó ser un testigo presencial únicamente del momento de la detención de los sujetos, sin embargo, sobre la dinámica en sí de los hechos, es meramente un testigo de referencia, limitándose a repetir lo que el supuesto ofendido les relato en su momento. Finaliza diciendo la Juez Disidente en su fallo que los medios de prueba presentados en juicio oral, no fueron suficientes para poder crear la certeza que efectivamente existiera el delito de Robo de Vehículo en la presente causa, ya que la declaración del señor José Félix Octavio Pérez no encontró sustento alguno con el resto de la prueba de cargo, al no demostrar en juicio el ente acusador con ninguno de los medios probatorios, que el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, color negro, que le fue decomisado a los acusados, efectivamente sea propiedad del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, quien puede en todo caso relatar una dinámica de hechos, pero no se trata solo de relatos, sino que se debe demostrar lo dicho (declaración esta que como ya se dijo, no se hizo ante el Tribunal), sobre todo demostrar la propiedad del bien mueble que supuestamente le fue despojado, pues uno de los elementos del tipo penal de robo es precisamente que el bien mueble despojado sea de ajena pertenencia, es decir que se debió demostrar la propiedad del vehículo (Toyota Pick Up negro) en la presente causa, sea de su legítima propiedad o de un tercero, pues el acta de decomiso solo demuestra que objetos le fueron encontrados a los detenidos, más NO que dicho automotor le pertenezca efectivamente al que denuncia, ni que sus dichos sean veraz o ciertos. Por lo anteriormente la Juez Disidente discrepó con la resolución de la mayoría del Tribunal, quienes dieron total credibilidad a la prueba de cargo, la cual se consideró suficiente para dar por acreditada la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado, encontrando culpable a los señores Marlon Antonio Rivera Mercado y Miquel Okeli Sanabria Aguilar, sin ser a su ver, suficiente dicha prueba para demostrar la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado como se señaló anteriormente. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”. Las recurrentes, Abogadas Nadia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, apoderadas defensoras del señor Marlon Antonio Rivera Mercado, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Falta de aplicación del Sentenciador lo dispuesto en la normativa penal, concerniente a la Inobservancia en la Valoración de las Pruebas conforme y arreglo a la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Invocamos la inobservancia de la norma adjetiva contenida en los artículos 202, en relación con los artículos 336 y 338 regla número CUARTA, numeral 2, Del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en los Artículos 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Mostraremos que el sentenciador ha infringido la Norma Procesal Penal descrita en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, que taxativamente expresa lo siguiente: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Tal es el error que de forma puntual, se mostrará a continuación: PRIMERO: En el presente caso, el Tribunal “por mayoría” valora prueba de cargo, que lejos de establecer la convicción de lo sucedido, genera duda en la investigación de la verdad, y así lo ha expresado el sentenciador que no comparte la decisión mayoritaria en cuanto al fallo condenatorio dictado a nuestro representado MARLON ANTONIO RIVERA MERCADO, y expresa su criterio EN EL VOTO PARTICULAR DISIDENTE expresado en la sentencia que hoy se recurre, mismo en el que establece que " de la prueba traída a juicio por el Ministerio Publico para sustentar la acusación y valorando estas pruebas conforme a las reglas de la sana critica, no resulta convincente para esta Juzgadora, que han acreditado con grado de certeza y más allá de toda duda razonable que efectivamente los hechos expuestos en la acusación sean constitutivos de un ilícito, sustentando lo anterior en el análisis de la prueba toral en la presente causa, que es el único testigo presencial de los hechos, consistente en la declaración que rindió en audiencia inicial el supuesto ofendido JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA (puesto que a la audiencia de juicio oral y público, donde median los principios de inmediación y contradicción directa de los intervinientes en el debate, no logro el ente acusador hacerle llegar), declaración esta que relata únicamente una dinámica de hechos por los cuales fueron detenidos los ahora acusados y otras dos personas; sin embargo, para lograr sustentar esta declaración o indicio, el ente acusador trajo a juicio UNICAMENTE la declaración del agente Policial JUAN CARLOS VASQUEZ, quien resulta ser únicamente un testigo presencial del momento de la detención de los hoy imputados, sin embargo de la dinámica en sí de los hechos es meramente un testigo de referencia, limitándose a repetir lo que el supuesto ofendido le relato en su momento,… (nótese que el testigo supuesto ofendido, no relata estos mismos dichos en su declaración brindada en audiencia inicial e introducida a este juicio por lectura).- para esta Juzgadora, los medios de prueba documentales de cargo, no son suficientes para poder crear certeza que efectivamente existió el delito de robo de vehículo en la presente causa, ya que la declaración del supuesto ofendido no encuentra sustento alguno con el resto de la prueba de cargo, al no demostrar el acusador en juicio con medio probatorio alguno que el vehículo marca Toyota Pick Up. Color negro que le fue decomisado a los acusados, efectivamente sea propiedad del señor FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA, quien puede en todo caso relatar una dinámica de hechos, pero no se trata solo de relatarlos, sino que debe demostrar lo dicho (declaración esta que como ya se dijo no se hizo ante el Tribunal) sobre todo, debió el ente fiscal demostrar la propiedad de un bien jurídico protegido que supuestamente fue despojado, pues el tipo penal incoado requiere que el bien mueble despojado sea efectivamente de ajena pertenencia.- que en el juicio que nos ocupa, se evacuo un auto motivado de devolución de vehículo, que no corresponde al vehículo de supuesta propiedad del ofendido, sino al otro vehículo decomisado a los otros dos imputados, que no era el mismo que sustenta la presente acusación, a tal efecto, no se evacuo prueba alguna que demostrara la legitima propiedad del vehículo que se supone era despojado, y tampoco se acredito que se tratara del mismo vehículo que refiere la acusación fiscal”.- Esta defensa considera que el Tribunal Sentenciador en “su mayoría” incurre en claras y varias omisiones, que derivan en la fundamentación imprecisa de su sentencia, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de derivación, al valorar prueba de cargo insuficiente y a la vez dudosa para la investigación de la verdad, pues no se determinó la existencia del hecho punible ni se logró establecer el grado de responsabilidad de los imputados en los hechos punibles. La mayoría del Tribunal, arribo a una conclusión en la sentencia emitida en contra de nuestro representado, carente de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, pues esta carece de elementos suficientes, que permitan producir un razonamiento intelectivo que establezca la participación cierta del imputado en el hecho ilícito que se le juzga y por el contrario, la acción imputada resulta gravemente dudosa para deducir la responsabilidad del imputado como autor del delito incoado, pues del análisis de los medios de prueba evacuados, se establece la inexistencia de un señalamiento de manera certera por parte del ofendido hacia nuestro representado en los hechos que se le imputan y más aún, en la inexistencia de medio de prueba alguno que sustente los dichos de una persona que se señala como ofendido de un hecho, en el que supuestamente se le despoja de un bien mueble del que es incapaz de acreditar no solo su legal pertenencia, sino en la individualización del mismo; nótese que en la lectura de la declaración del supuesto ofendido, no establece características individualizantes del bien que supuestamente le fuera despojado, aunado a lo anterior, carece el presente de juicio de la evacuación de medio de prueba documental u otro que establezca la existencia de un bien mueble de ajena pertenencia que fuera despojado a su propietario por alguno de los imputados en la presente causa.- SEGUNDO: Como punto de partida, de la demostración que haremos, se requiere constatar el material fáctico de la sentencia para luego afrontarlo con los medios de prueba que fueron evacuados en la audiencia de juicio oral y público y la Línea de jurisprudencia de la honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como hecho probado único, “La Mayoría” del tribunal Sentenciador, establece que “En fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, a eso de las ocho y cuarenta minutos de la noche, en la colonia los Laureles de esta ciudad de San Pedro sula, el señor JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA, se encontraba conduciendo su vehículo tipo Pick Up, color negro, … Cuando fue interceptado por un vehículo color dorado, en el que se conducían cuatro personas entre ellos MARLON ANTONIO RIVERA MERCADO Y OTRO, quienes se bajaron de dicho vehículo, procediendo MARLON ANTONIO RIVERA MERCADO, a encañonar al señor JOSE FELIX OCTAVIO PEREZ AMAYA, mientras MIGUEL OQUELI SANABRIA, le exigía los documentos y las llaves del vehículo, luego de lo cual dejaron abandonado al señor FELIX OCTAVIO PEREZ, llevándose ellos el vehículo TOYOTA”. De la simple lectura de la prueba de cargo, específicamente la prueba documental, consistente, se puede establecer que en primer lugar el ente acusador no fue capaz de establecer las características individualizantes siquiera del supuesto vehículo despojado, al no presentar para su evacuación en la audiencia de juicio oral y publica cuya sentencia se recurre, la documentación indubitada que establezca esta característica y más aún, que establezca la propiedad del vehículo automotor que se refuta como despojado, lo que dirime en el hecho que no se demostró que el objeto del delito incoado fuera de ajena pertenencia; Como único medio de prueba para establecer la participación de nuestro representado en los hechos imputados, se evacuo por lectura, la declaración del supuesto ofendido, el señor FELIX OCTAVIO PEREZ declaración esta que relata únicamente una dinámica de hechos por los cuales fueron detenidos los ahora acusados y otras dos personas; sin embargo, para lograr sustentar esta declaración o indicio, el ente acusador trajo a juicio UNICAMENTE la declaración del agente Policial JUAN CARLOS VASQUEZ, quien resulta ser únicamente un testigo presencial del momento de la detención de los hoy imputados, sin embargo de la dinámica en sí de los hechos es meramente un testigo de referencia, limitándose a repetir lo que el supuesto ofendido le relato en su momento,… testigo este último en conjunto con la del supuesto ofendido que no encontraron sustento alguno con el resto de la prueba de cargo presentada y evacuada en juicio, al carecer de la identificación del supuesto objeto automotor despojado y de su propietario.- si a lo anterior le agregamos que en la displicente investigación del presente caso, se careció de los medios de prueba indiciarios que permitieran en su conjunto sustentar los dichos del supuesto ofendido, nos encontramos con un fallo condenatorio sustentado únicamente en el dicho NO corroborado de un supuesto ofendido que no establece de manera concreta a través de medio de prueba alguno, su condición como tal, únicamente a través de su testimonio como ya se dijo no corroborado, por lo tanto es criterio que estas declaraciones de los dos agentes supra referidos no debieron ser valoradas por la mayoría del Tribunal Sentenciador, por ser meramente de referencia una de ellas, y la otra por ser presencial únicamente de la detención de los acusado y no así de los hechos traídos a juzgamiento.- El hecho probado en esencia plantea que el imputado fue detenido mientras conducía un vehículo que había sido robado horas antes. Que, en el momento de la detención, de nuestro representado, dicho automóvil conducido por otro de los acusados, era de ajena pertenencia; Ante tal situación fáctica la doctrina legal de esta Sala ha establecido la pauta siguiente: Sí se declara como probado en juicio que el imputado que se conduce como pasajero, en un vehículo robado concertó previamente con las personas que despojaron el vehículo de su legítimo conductor. Sin embargo, se declaró probado este hecho aun y cuando ni siquiera se estableció la ajena pertenencia del automotor o vehículo supuestamente despojado; el hecho probado establece que nuestro representado en compañía del otro imputado (MIGUEL OQUELI, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OBJETO DE DELITO) tenían dolosamente el vehículo más no se ha declarado como parte del hecho probado la acreditación del objeto como de ajena pertenencia, lo incurre en la carencia del requisito de la norma penal, que establece: “comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos “(artículo 218 C.P.) Así la confrontación entre hecho probado y medios de prueba evacuados reluce que se carece de congruencia. Ello en virtud que en ningún tracto del hecho probado de la sentencia se declara o manifiesta la existencia sobre algún documento o medio de prueba que establezca la ajena pertenencia del vehículo en el que se conducían los ahora imputados al momento de su detención.- La cuestión pertinente, la existencia o no de documentación que establezca la propiedad del bien objeto del delito, deviene como carga de la prueba al ente fiscal, que no procuro acreditar en el presente juicio extremos tan esenciales para acreditar y sustentar su imputación; sin embargo la “mayoría del Tribunal Sentenciador” llega a una conclusión fáctica subjetiva, que no pudo establecerse en el hecho investigado. “Esto lleva implícito que los hechos probados declarados en la sentencia deben ser aceptados como verdades indiscutibles y a partir de ahí verificar la comparación de los mismos con los medios de prueba evacuados en juicio con el afán de demostrar que tales hechos establecido por el juzgador, no son compatibles con los medios de prueba evacuados en juicio,” La razón que hace propicio el recurso de quebranto de forma para tales discusiones es que, no se puede determinar que existió en el caso “medios de prueba que sustentaran la acusación del ente fiscal”… es una cuestión sobre los hechos que se deriva de la valoración de la insuficiente prueba aportada. De la prueba lógica, conforme a la sana critica, se determina la existencia de los tramos del hecho probado y de estos se concluye si existió prueba suficiente u cualquier otra circunstancia para establecer la concurrencia del delito incoado y la certeza de participación de nuestro representado en los hechos que se le imputan. Así toda conclusión a que se deba llegar a partir de las pruebas aportadas, debe ser asentada por el tribunal que tuvo contacto directo con la prueba. Así cito el tribunal supremo español: “Pero todo ello por supuesto sin que, en ningún caso, resulte permisible que nuestra actividad se inmiscuya en la función estrictamente valorativa de la prueba, que corresponde, en principio, a la soberanía del Tribunal “a quo”. Habiéndose afirmado reiteradamente en este sentido que la prueba practicada en el juicio oral es inmune a la revisión en lo que DEPENDE DE LA INMEDIACION.”[1] Así entonces queda engarzado que es una exigencia del principio de inmediación que el órgano jurisdiccional que determina toda cuestión sobre los hechos sea el mismo órgano que tuvo contacto directo con la prueba en el debate. Y este principio no tiene excepciones, así la inmediación no es fraccionable, por ello no tiene cabida que la mayoría del tribunal declare los hechos tangibles y uno de los Juzgadores determine lo contrario, esto es la inexistencia de prueba suficiente que determine la existencia del ilícito denunciado, así como medio probatorio suficiente que sustente la presente acusación.- Ante ello, el recurso de casación por quebrantamiento de forma ofrece la ventaja que en caso de declararse con lugar, por haber el A QUO concluido de forma incoherente u omisa sobre los hechos probados, conforme al principio de valoración de la prueba conforme a la sana critica, el caso se remite nuevamente al tribunal de instancia para un nuevo debate. Entonces toda situación sobre los hechos se volverá a debatir y se llegará a determinar mediante fallo de un tribunal que gozó de inmediación con la prueba. Por eso el recurso casación de quebranto de forma, en la modalidad descrita, es el único adecuado para la revisión de la coherencia u exhaustividad que condujo a la mayoría del tribunal para llegar a cada una de su partes del hecho probado, en contradicción, con el Juzgador que a través de su voto disidente, establece la inexistencia de prueba suficiente que establezca de manera certera la comisión de un ilícito, por la falta de acreditación de la propiedad de un bien mueble (automotor), así como la posible participación por parte de nuestro representado en los hechos imputados.- En ello me remito a la doctrina del Catedrático catalán Nieva Fennoll, el cual manifiesta: “Cuando se exige la oralidad en la prueba, más que la forma oral lo que se está reivindicando es la inmediación en la práctica de la prueba, y justamente esa inmediación es la que, ciertamente, el juez no puede perder jamás. La inmediación es una conquista jurídica y social a la que no podemos renunciar, sobre todo observando cómo en muchos sitios todavía no se ha logrado alcanzar esa meta.”[2] Reclamación realizada para la subsanación del yerro incurrido: Presentado en este acto y denunciado en el presente motivo de casación en virtud de haberse producido el vicio in procediendo en el acto mismo del sentenciador.- Interpretación pretendida: Según los hechos, la correcta interpretación de la insuficiencia de prueba existente en el presente caso, que derive en un fallo absolutorio a favor de nuestro representado, que conforme a la norma adjetiva se declare con lugar el presente recurso, anulando la sentencia recurrida y ordenando la realización de un nuevo juicio oral y público en la presente causa.”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa pública del acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: resolver conforme a derecho. La censora del fallo centra su reproche en denunciar que el sentenciador infringe la regla de la lógica de derivación, cuando da por acreditada la participación criminal del señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar, en el delito de robo de vehículo agravado, en perjuicio del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, a partir de la declaración del ofendido que carece de sustento con el resto de la prueba de cargo presentada en juicio; así como que no consta quién es el propietario del vehículo tipo Toyota, tipo Pick Up, color negro, placas PP09254, ya que el Ministerio Público y los agentes investigadores no se preocuparon por aportar la documentación correspondiente a la propiedad del vehículo supuestamente robado, por esta razón no se tiene certeza de que el acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar, sea autor del robo de vehículo automotor. Finalmente, relaciona el voto disidente razonado en instancia, con el cual se muestra de acuerdo por concluir que, de la prueba evacuada en juicio, no es suficiente para colegir razonablemente que el acusado sea autor penalmente responsable del delito de robo de vehículo agravado que se le imputa. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada del acusado Marlon Antonio Rivera Mercado. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto y ordenar la celebración de un nuevo juicio. Las censoras del fallo inician la exposición de su recurso relacionado el voto disidente de instancia. Luego de lo cual, arguyen que la mayoría del tribunal incurre en infracción de la regla lógica de derivación, ya que, del análisis de los medios de prueba se establece la inexistencia de un señalamiento de manera certera por parte del ofendido hacia el acusado Marlon Antonio Rivera Mercado, en los hechos que se le imputan, y más aún, es incapaz de acreditar la legal pertenencia del vehículo e individualizar el mismo. No se establecen las características individualizantes del vehículo, se carece de un medio de prueba documental que acredite la existencia de un bien mueble de ajena pertenencia, lo cual es un elemento objetivo del tipo penal. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones De Palma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. En el caso actual, es conveniente dar respuesta unitaria a ambos recursos porque los vicios que se alegan por parte de la representación pública del señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar, y la representación privada del señor Marlon Antonio Rivera Mercado, son en esencia los mismos al resaltar en sus exposiciones lo siguiente: 1. El sentenciador infringe la regla lógica de derivación al concluir la responsabilidad penal de los acusados en el delito que se les imputa, a partir de una prueba de cargo que resulta insuficiente para acreditar tal condición, ello debido porque con lo único que cuenta es con la declaración del ofendido, la cual no es corroborada con los demás medios probatorios, así como que la declaración del agente de policía que participó en la captura de los acusados, no es más que un testigo de referencia que no puede aportar más que lo manifestado por el testigo presencial; y, 2. No existe medio de prueba que acredite que el objeto material del delito sea de ajena pertenencia, puesto que, el ente acusador no presentó prueba documental que acreditara que el vehículo en cuestión sea pertenencia del supuesto ofendido, con lo cual no se acreditó un elemento objetivo del tipo penal. Antes de dar respuesta al fondo del asunto, la Sala de lo Penal recuerda a los recurrentes que la función al dar respuesta a un motivo como el presente, no consiste en valorar alternativamente la prueba practicada en instancia, pero su función revisora si puede determinar la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador. En relación al primer argumento de reproche, el sentenciador para acreditar la participación criminal de los señores Marlon Antonio Rivera Mercado y Miguel Okeli Sanabria Aguilar, se fundamentó en la declaración testifical incorporada mediante lectura autorizada al debate, del señor José Félix Octavio Pérez Amaya, y el cual declaró lo siguiente: “…fue asaltado la noche del 23 de noviembre de 2015, por dos hombres, uno de ellos le apuntó con una pistola y el otro lo despojó de sus pertenencias, le indicaron que caminara adelante del vehículo por la acera, mientras estacionaba el vehículo pudo notar un turismo color dorado que pasó a su lado…interpuso la denuncia a las nueve, permaneció en el peaje hasta las 2:45 de la mañana, hora en que el carro que le robaron iba pasando, lo reconoció y los detuvieron, había que reconocer a las personas que me habían llevado el carro, el joven que anda el reloj hacia el frente, el de camisa verde, la juez pregunta su nombre y manifiesta que se llama Marlon Antonio Rivera Mercado, él fue quien me encañonó con una pistola, el otro que está hacia la derecha hacia los ventanales, esquina del escritorio, la juez pregunta el nombre y dice que se llama Miguel Okeli Sanabria Aguilar, me pidió los documentos, las llaves del carro y al momento de ser detenido él iba conduciendo el vehículo mío….” Asimismo, en la declaración testifical del agente de investigación Juan Carlos Vásquez, el cual manifestó lo siguiente: “… el ofendido interpuso la denuncia que le habían robado su vehículo y que tenía fe que en el peaje lo iba a ubicar y se fueron para allá, y venía un turismo Kia dorado en donde se conducían tres personas, en el 22R iba Miguel y dijo el ofendido que fue él quien lo había despojado de su vehículo, también identificó a Marlon. A las interrogantes de las partes manifestó que el ofendido identificó a Marlon y Miguel en una diligencia e identificó el vehículo…”. El tribunal de sentencia coligió a partir de las declaraciones precitadas (f. 252), que les da validez para tener por acreditados los hechos ocurridos en fecha 23 de noviembre de 2015, pues de la declaración del ofendido José Félix Octavio Pérez, es más que evidente que basta su relato para darse cuenta que los dos acusados lo despojaron de su vehículo marca Toyota 22R; extremo que consideró a su vez confirmado con la declaración del agente de investigación Juan Carlos Vásquez y con la prueba documental como ser acta de decomiso y acta de inspección ocular, las cuales considera prueba suficiente para tener plenamente probado el delito de robo de vehículo agravado y la participación de los acusados Miguel Okeli Sanabria y Marlon Antonio Rivera. Como se ha mencionado anteriormente, la Sala de lo Penal no puede realizar una valoración alternativa de los medios de prueba relacionados, más al hacer el análisis de racionalidad de la valoración intelectiva del tribunal de instancia, sí puede concluir que la misma es respetuosa de la regla lógica de derivación que ambos recurrentes denuncian como infringida, pues existe una secuencia lógica entre la premisa probatoria y la premisa valorativa que conlleva a la construcción apodíctica de la fundamentación fáctica de la sentencia. La inferencia valorativa encuentra correspondencia con los medios de prueba valorados, los cuales resultaron veraces en su contenido para el sentenciador al hacer una ponderación conjunta del acumulado probatorio. Por esta razón, se colige que la fundamentación probatoria de la sentencia respeta el canon de racionalidad exigido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo que permite la validez de su fundamentación fáctica. En relación al segundo argumento de reproche, es dable recordar que la protección de la ley penal no se reduce a la propiedad en el sentido de dominio del Código Civil (art. 613), como parecen exigir los recurrentes, sino que se extiende a las demás relaciones jurídicas con las cosas, constitutivas de derechos reales, es decir, el poder que se tiene sobre bienes o que se puede llegar a tener en virtud de derechos que reconocen su fuente en relaciones personales (obligaciones). La protección penal se extiende, pues, tanto a la tenencia, posesión, dominio y demás derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas procedente de otros títulos o de situaciones jurídicas que conceden facultades idóneas para aumentar los bienes de una persona, ya se encuentren dentro del patrimonio del sujeto, ya operen todavía como expectativas ciertas, en tanto pertenezcan a una determinada persona física o jurídica. Y más todavía, la ley penal no titubea en proteger la pertenencia que tiene origen en un título vicioso y hasta ilícito, frente a terceros sin derecho a poner fin a la pertenencia inválida o ilegítima.[3]Es por ello que no tienen razón los recurrentes al argüir la exigibilidad del documento acreditativo del dominio del objeto material del delito por parte del ofendido, para acreditar la realización del elemento objetivo de ajenidad del bien mueble del delito de robo de vehículo agravado, pues basta con acreditar, como así tuvo por acreditado el sentenciador, que quien conducía el vehículo tipo Pick Up 22R, era el señor José Félix Octavio Pérez, y que éste fue despojado del mismo mediante violencia por parte de los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Rivera Mercado, repartiéndose un rol de funciones para lograr la consecución del fin de la empresa criminal que emprendieron y así lucrarse indebidamente. Por lo anteriormente expuesto, los recursos decaen y no son objeto de recibimiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa pública del acusado Miguel Okeli Sanabria Aguilar. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa privada del acusado Marlon Antonio Rivera Mercado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó a los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado, a la pena de trece (13) años y cuatro (04) meses de reclusión, por ser coautores responsables penalmente del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Félix Octavio Pérez Amaya; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. El delito de robo de vehículo automotriz terrestre agravado, está previsto en el Código Penal 130-2017, como delito de Robo con Violencia Agravado (artículos 361 y 363 numeral 9), cuyo marco de pena abstracto es de ocho (08) años a diez (10) años y ocho (08) meses de prisión. A partir de lo expuesto, se concluye que corresponde para los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo: prisión por ocho (8) años. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 70, 482, 361 y 363 numeral 9) del Código Penal 130-2017; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública del señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor Marlon Antonio Rivera Mercado. 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas a los ahora condenados Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado; en consecuencia, reforma los pronunciamientos tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: “Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Miguel Okeli Sanabria Aguilar, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable del delito de Robo con Violencia Agravado, en perjuicio de José Félix Octavio Pérez Amaya, a la pena principal de prisión por ocho (8) años. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor Marlon Antonio Rivera Mercado, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable del delito de como autor penalmente responsable del delito de Robo con Violencia Agravado, en perjuicio de José Félix Octavio Pérez Amaya, a la pena principal de prisión por ocho (8) años. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Quinto: Se condena a los señores Miguel Okeli Sanabria Aguilar y Marlon Antonio Rivera Mercado, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión.” 4) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 462-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Vid STS (Sala 2°), 12-7-2009, (No. rec. 2049/2008), FD.
[2] Alba Fennoll, Jordi; Oralidad e Inmediación en la Valoración de la prueba, luces y sombras; Revista de Proceso Civil; v.1, n.2: 27-41, jul./set., 2010; Universidad de Barcelona. España.
[3] CREUS, Carlos. “DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. TOMO I”. Pról. CREUS, Carlos. Edit. Astrea., Edición 6, actualizada y ampliada. Buenos Aires, Argentina. Pág. 387.