Sentencia CP-461-19 — Registro 14239
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito Defraudación Fiscal, en perjuicio de La Administración Publica, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. De manera previa, es necesario precisar que el precepto autorizante citado por el recurrente establece que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba; se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que de la base fáctica de la sentencia no se desprende una modalidad criminosa que pueda catalogarse como de defraudación fiscal, al no concurrir un acto típico-penal de "usar indebidamente franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe” ya que lo que reflejan, es que él imputado introdujo al país un vehículo al amparo de la dispensa que se la había otorgado como diputado al Congreso Nacional, y luego, cuando ya no ejercía esa función (un año cinco meses de dejar el cargo), efectuó un traspaso de dicho vehículo al señor Javier Francisco Obando Velásquez; no mostrando un acto de utilización indebida de la franquicia aduanera. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha doce de diciembre del año dos mil siete, se recibió en la aduana de Puerto Cortés, la dispensa número 602007-203, de fecha veintinueve de noviembre del año 2007, otorgada a favor del señor Roger Arquímedes Quiroz, quien fungió como diputado del Congreso Nacional en el periodo comprendido del 25 de enero del 2006 al 25 de enero del 2010, misma que amparaba la introducción del vehículo Porsche, modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta, color negro basalto metalizado, serie WP1ZZZ9PZ8LA15274, motor 63814371, procedente de Alemania, importado por la empresa Alemautos SA de CV por un valor de un millón ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L. 1,084,567.50) libre del pago de impuestos arancelarios; frente a esta situación y por su condición de diputado y beneficiario de la dispensa tenía la obligación de pedir autorización a SEFIN en caso de enajenar el vehículo antes descrito. EL 28 de noviembre del 2012 se inscribió traspaso de propiedad del vehículo ya relacionado a favor del señor Javier Francisco Obando Velásquez, en virtud de haberse celebrado compraventa con el acusado el 01 de julio de 2011, es decir, un (01) año, cinco (05) meses y seis (06) días de haberse concluido su periodo como diputado al Congreso Nacional. El enfoque jurídico que el sentenciador le dio a estos hechos dados como probados, fue de defraudación fiscal por considerar que el acusado aun sin ostentar la envestidura de diputado al Congreso Nacional, debió contar con la autorización del SEFIN para enajenar el vehículo antes descrito, el no hacerlo, implico que el Estado de Honduras dejara de percibir en concepto de ingresos la cantidad de un millón nueve mil catorce lempiras con cincuenta centavos (L. 1.009, 014.50), y como se dijo, es sobre este enfoque con el cual se muestra en desacuerdo el recurrente, por considerar que su representado no uso indebidamente su exención o privilegio fiscal, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del ejercicio de la función que se desempeñaba como diputado al Congreso Nacional. El tipo penal de defraudación fiscal ha sido ampliamente explicada de manera precedente por la Sala de lo Penal, y en concreto no se encuentra en el desarrollo de los dos hechos probados, un comportamiento fraudulento o artimañoso que, objetivamente, puede ser valorada como orientada a conseguir un beneficio que le dispense en todo o en parte el pago de tributos o el de aprovechar el ejercicio de su función como diputado al Congreso Nacional para la obtención de beneficios fiscales con el fin de lograr mayores ganancia en la enajenación de vehículos, pues del mismo hecho probado se describe, que el vehículo automotor Porsche, Modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta se adquirió mediante dispensa número 602007-203 en fecha 29 de noviembre de 2007 a favor del acusado Roger Arquímedes Quiroz, es decir, dicho vehículo estuvo bajo su custodia y uso dos (02) años, un (01) mes y catorce (14) días, tiempo durante el cual el imputado debía pedir la autorización al SEFIN para poder enajenar, al encontrarse en el ejercicio de la función como diputado al Congreso Nacional; sin embargo, al culminar su periodo como diputado, ya no se encontraba al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, para haber hecho uso indebidamente de su exención o privilegio fiscal, pues el vehículo referido, fue enajenado después del ejercicio de su función. Al analizar los hechos probados de la sentencia, se destaca que los mismos no son suficientemente expresivos respecto del tipo penal por el cual se le condenó al acusado Roger Arquímedes Quiroz, encontrándose un vacío fáctico en relación a si su actuar fue fraudulento o artimañoso. De conformidad a lo antes expuesto, esos hechos no permiten la apreciación de una obtención de beneficios fiscales de manera indebida, porque no existe en los hechos probados ningún elemento fáctico que conduzca a esta conclusión. En consecuencia, el recurso resulta ser procedente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 461-2019, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 461-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Roger Arquímedes Quiroz, por el delito Defraudación Fiscal, en perjuicio de La Administración Publica, a la pena de seis (6) años de reclusión más una multa equivalente al cincuenta (50%) por ciento de lo defraudado correspondiente a trescientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y seis lempiras con veintisiete centavos (L. 339,636.27). SEGUNDO: Condenó al señor Roger Arquímedes Quiroz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el termino de duración de la condena. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del acusado Roger Arquímedes Quiroz, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No condenó en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aída Cerrato Chinchilla, defensores privados del imputado Roger Arquímedes Quiroz. Son partes en única instancia: Los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aída Cerrato Chinchilla, defensores privados, en su condición de recurrentes; y, el Abogado Sammir Issam Hassaff Brant Andonie, procurador judicial del Estado de Honduras en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha doce de Diciembre del año dos mil siete, se recibió en la Aduana de Puerto Cortés, la dispensa número 602007-203, de fecha veintinueve de noviembre del año 2007, otorgada a favor del señor ROGER ARQUIMIDEZ QUIROZ, quien fungió como diputado del Congreso Nacional en el periodo comprendido del 25 de Enero del 2006 al 25 de Enero del 2010, misma que amparaba la introducción del vehículo Porsche, Modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta, color negro basalto metalizado, serie WP1ZZZ9PZ8LA15274, motor 63814371, procedente de Alemania, importado por la empresa ALEMAUTOS SA DE CV por un valor de UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 1, 084,567.50) libre del pago de impuestos arancelarios, consignándose en dicha dispensa la obligación del beneficiario de pedir autorización a SEFIN en caso de enajenar dicho vehículo. SEGUNDO: El 28 de noviembre del año dos mil doce, se inscribió un traspaso de propiedad del vehículo antes descrito a favor del señor JAVIER FRANCISCO OBANDO VELASQUEZ, mediante el formulario 420 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en virtud de haberse celebrado compraventa con el acusado, el primero de julio de 2011, sin contar con la autorización del SEFIN, lo que implica que el Estado dejo de percibir en concepto de ingresos la cantidad de UN MILLON NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 1.009, 014.50)” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aída Cerrato Chinchilla, procedieron a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “I. ANTECEDENTES INDISPENSABLES QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE RECURRIR EN RECURSO DE CASACION Y QUE MUESTRA LA ILEGAL SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA. 1. El derecho a impugnar la sentencia de condena está reconocido en nuestra legislación por exigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) y como lo estipula el Art. 8.2, literal "h" de dicho Tratado Internacional, tal derecho está concebido como una garantía a favor del indiciado. En el presente caso del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, esa facultad concedida por la ley, se constituye no sólo en ese esencial derecho para él, sino en una demanda real de justicia frente a la administración de justicia, y frente a la grave arbitrariedad que ha significado su condena, decretada por el Tribunal de Sentencia. 2. El Ministerio Público presentó en 4 de abril de 2015, requerimiento fiscal en contra del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, fundamentando su imputación en el hecho que habiendo introducido al país un vehículo marca Porche, modelo Cayene, año 2008, bajo el amparo de la dispensa número 6020072003, por ostentar la condición de diputado al Congreso Nacional (período 2006-2010); el 1 de julio de 2011, procedió a traspasar el mismo sin contar con la autorización de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por lo que incurrió en el delito de DEFRAUDACION FISCAL bajo el tipo penal contendio en el Art. 392-D, numeral 8 del Código Penal: "LA ENAJENACION, A CUALQUIER TITULO, POR PARTE DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PUBLICOS, DE BIENES O MERCANCIAS QUE HAYAN SIDO INTRODUCIDAS AL PAIS AL AMPARO DE FRANQUICIAS ADUANERAS, SALVO QUE AQUELLAS SE EFECTUEN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY". 3. A lo largo del proceso, y en todos los diferentes momentos procesales en que la ley se lo demanda, el Ministerio Público, mantuvo esta imputación en contra del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, bajo el tipo penal referido, y asi fue calificado por los órganos jurisdiccionales. Así, en audiencia de declaración de imputado (Folios 96 y 97); en la audiencia incial (Folios 116 al 121); en la audiencia preliminar (Folios 169 1 172); en el auto de apertura a juicio (Folios 173 al 176); en la formalización de acusación en el debate (Folio 313, vuelto, donde el Ministerio Público, "FORMALIZA ACUSACION HACIENDO UNA NARRACION DE HECHOS TAL Y COMO CONSTAN EN EL REQUERIMIENTO FISCAL"); y en sus conclusiones del juicio oral y público (Folio 353, vuelto, que corresponde a la propia sentencia definitiva dictada: "En tal sentido estimó que la conducta realizada por el ahora encausado se encuentra. tipificada en el articulo 392-D, numeral 8 del CP"), la imputación siempre se mantuvo sobre el delito de DEFRAUDACION FISCAL, antes citado, del Art. 392-D, numeral 8 del Código Penal, siendo en consecuencia, el delito por el cual a lo largo del proceso se defendió nuestro representado. Es más, en ningún momento el Ministerio Público (único acusador en la audiencia de debate) amplió o modificó su imputación al amparo del Art. 321 del Código Procesal Penal, es decir siempre mantuvo su acusación durante todo el proceso por el tipo penal ya referido; y como es de lógico entendimiento, fue sobre ese delito que la defensa del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ realizó su oposición de parte, NO POR OTRO TIPO PENAL. 4. A pesar de la posición acusatoria sostenida por el Ministerio Público: La pretensión de condena del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por el delito de DEFRAUDACION FISCAL del Art. 392-D, numeral 8 del Código Penal, y sobre la cual el acusado ejerció su derecho de defensa, de forma intempestiva, y sin que se pudiera ejercer oposición, el Tribunal de Sentencia, de forma sorpresiva, decide condenarlo no por el delito imputado por el Ministerio Público, sino por otro tipo penal de DEFRAUDACION FISCAL que no fue de interés del órgano acusador, y sobre el cual NO EXISTIÓ CONTRADICTORIO DURANTE EL DEBATE. El Tribunal introduce, reiteramos, intempestivamente en su sentencia, como fundamento de condena el numeral 4, del Art. 392-D del Código Penal, que concibe como DEFRAUDACION FISCAL: "El uso indebido de franquicias extensiones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe". Tipo penal que, además de no ser aplicable al caso del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, no tuvo su defensa la oportunidad procesal de oponerse y defenderse del mismo, y poder indicar, en consecuencia, por qué no reúne las condiciones de tipicidad frente a los hechos sometidos a juicio. Notándose con ello, la intención del Tribunal de Sentencia de forzar la condena de nuestro representado cuando advierte en el dictado de la sentencia que el tipo penal imputado por el Ministerio Público no encajaba en los hechos que se habían probado durante el juicio, puesto que exige que el autor del delito sea funcionario o empleado público, condición que no ostentaba el señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, puesto que, al momento de la realización de los hechos, él había dejado de ser diputado al Congreso Nacional un año y medio antes, por lo cual el tipo penal por el que se le había sometido a proceso, no se ajustaba al hecho imputado y acreditado durante el juicio; y ante ello, propone como fundamento legal de su condena un tipo penal que no fue objeto de debate. II. DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE CASACION. ACLARACION PREVIA: Los motivos de casación que a continuación se desarrollan, están ordenados por la afectación que ocasiona el agravio a nuestro representado; en consecuencia, solicitamos de la Honorable Sala de lo Penal su resolución en el orden ofrecido, y de esa forma, restituir de manera más eficiente los derechos violentados al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ. PRIMER MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u otro precepto del mismo carácter que deba ser observado en la aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). SEÑALAMIENTO DE LAS NORMAS PENALES INFRINGIDAS. El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por aplicación indebida, es el Art. 392-D, numeral 4, del Código Penal (en adelante CP), que concibe como DEFRAUDACION FISCAL: "El uso indebido de franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe". Y por derivación de la indicada infracción, se ha violentado, al obviarse su aplicación, el Art. 1 del Código Penal, que consagra el principio de legalidad en materia penal: "Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito" EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. A) Contenido de los hechos probados. Debido a que la estructuración del presente motivo de casación parte de los hechos probados de la sentencia penal, en le presente caso el Tribunal de Sentencia, estableció como la realidad fáctica probada, la siguiente: "PRIMERO: En fecha doce de diciembre del año dos mil siete, se recibió en la aduana de Puerto Cortes, la dispensa número 602007-203, de fecha veintinueve de noviembre del año 2007, otorgada a favor del señor ROGER ARQUIMIDEZ QUIROZ, quien fungió como diputado del Congreso Nacional en el periodo comprendido del 25 de enero del 2006 al 25 de enero del 2010, misma que amparaba la introducción del vehículo Porshe, Modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta, color negro basalto metalizado, serie WPIZZZ9PZ8LA15274, motor 63814371, procedente de Alemania, importado por la empresa ALEMAUTOS SA DE CV por un valor de UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 1,084,567.50) libre del pago de impuestos arancelarios, consignándose en dicha dispensa la obligación del beneficiario de pedir autorización a SEFIN en caso de enajenar dicho vehículo. SEGUNDO: el 28 de noviembre del año dos mil doce, se inscribió un traspaso de propiedad del vehículo antes descrito a favor del señor JAVIER FRANCISCO OBANDO VELASQUEZ, mediante el formulario 420 de la Dirección Ejecutiva de ingresos, en virtud de haberse celebrado compraventa con el acusado, el primero de julio de 2011, sin contar con la autorización del SEFIN, lo que implica que el Estado dejó de percibir en concepto de ingresos la cantidad de UN MILLON NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 1,009,014.50)" B) La manera en que se aplicó indebidamente el Art. 392, literal D, numeral 4, del CP. El presente motivo de casación, como en efecto lo cita el Art. 360 del CPP. parte de un elemento indispensable: los hechos probados de la sentencia. Son esos hechos probados la base para la aplicación del derecho, puesto que como su nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas circunstancias probadas a las que hay que asignarles una norma jurídica para determinar la consecuencia de la sentencia: la absolución o condena del imputado. Por ello, para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente aplicada, debe hacerse una obligatoria referencia a los hechos probados de la sentencia, y así estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que se emita, producto de la relación que deben tener con la norma jurídica que la resolución les asigna[1]. En relación a la sentencia que hoy se revisa, partiendo inicialmente de la narración de acontecimientos consignados anteriormente, resulta clara la aplicación indebida del tipo penal de DEFRAUDACION FISCAL bajo el amparo del Art. 392-D, numeral 4 del CP. por el cual -de forma sorpresiva- el Tribunal de Sentencia decidió condenar al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, en vista que los hechos probados antes transcritos, no encajan en el tipo penal de DEFRAUDACION FISCAL, antes referido, ya que los mismos no expresan ningún acto tipico-penal de "usar indebidamente franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe"; lejos de ello, los hechos probados manifiestan que: a) En 12 de diciembre de 2007, se recibió en la aduana de Puerto Cortes, la dispensa número 602007-203, de 29 de noviembre del año 2007, otorgada a favor del señor ROGER ARQUIMIDEZ QUIROZ, quien fungió como diputado del Congreso Nacional en el periodo comprendido del 25 de enero del 2006 al 25 de enero del 2010, misma que amparaba la introducción del vehículo Porshe, Modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta, color negro basalto metalizado, serie WPIZZZ9PZ8LA15274, motor 63814371, procedente de Alemania; b) El 28 de noviembre del año dos mil doce, se inscribió un traspaso de propiedad del vehículo antes descrito a favor del señor JAVIER FRANCISCO OBANDO VELASQUEZ, mediante el formulario 420 de la Dirección Ejecutiva de ingresos, en virtud de haberse celebrado compraventa con el acusado, el 1 de julio de 2011, sin contar con la autorización del SEFIN. Es decir, los hechos probados no relatan la conducta típica de usar indebidamente una franquicia, exención o un privilegio fiscal por el cargo de diputado al Congreso Nacional que desempeñó el señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, desde el 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2010, ya que lo que reflejan es que él introdujo al país un vehículo al amparo de la dispensa que se la había otorgado como diputado al Congreso Nacional, y luego, cuando ya no ejercía esa función (un año cinco meses de dejar el cargo), efectuó un traspaso de dicho vehículo al señor JAVIER FRANCISCO OBANDO VELASQUEZ. Los hechos probados de la sentencia, refieren que durante el periodo en que nuestro representado fungió como Diputado al Congreso Nacional, utilizó la dispensa emitida a su favor por ostentar dicho cargo, concretamente el 12 de diciembre de 2007; siendo el traspaso del vehículo referido, un acto posterior al tiempo en que él fungió como Diputado, puesto que el mismo ocurrió el 1 de julio de 2011. No muestran los hechos probados de la sentencia recurrida un acto de utilización indebida de la franquicia aduanera, menos aún cuando esa realidad fáctica de la sentencia expresa que la dispensa venía consignada al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por haber sido diputado al Congreso Nacional (del 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2010). ¿Cómo puede entonces estimarse la comisión del delito de defraudación fiscal bajo el tipo penal en que se fundamenta la sentencia, si la franquicia o dispensa otorgada a su nombre, fue debidamente utilizada cuando la importación del vehículo amparado en ese beneficio fiscal se efectuó en una fecha en que él ostentaba el cargo de Diputado al Congreso Nacional, siendo en virtud de esa función que se le emitió dicha dispensa?; ¿Dónde se encuentra entonces su indebido empleo?: ¿Cómo estimar el tipo penal referido, si los mismos hechos probados nos informan que cuando el vehículo fue traspasado a favor del señor JAVIER FRANCISO OBANDO VELASQUEZ, el señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ ya no era diputado al Congreso Nacional? Y es la propia sentencia recurrida la que reconoce que el acusado del dio una correcta o debida utilización a la dispensa otorgada a su favor, cuando en la propia VALORACION DE LA PRUEBA, el Tribunal de Sentencia se fundamenta en el establecimiento de los hechos probados, en la "COPIA DE LA DISPENSA OFICIAL NUMERO 6020072013". De esa forma, en el primer CONSIDERANDO, numeral 8, de la VALORACION DE LA PRUEBA, la sentencia hace expresa referencia a este medio de prueba, señalando: "COPIA DE LA DISPENSA OFICIAL NUMERO 6020072013, misma que obra a folios 19 al 22 del proceso de mérito. En la cual se acredita que al imputado ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, le fue otorgado el beneficio de adquirir un vehículo, mediante dispensa oficial, en el cual se determina las características del mismo, el plazo para la importación y el procedimiento a seguir en caso de enajenación" (Pág. 17 de la sentencia). Al reconocer este medio de prueba, el mismo Tribunal de Sentencia sabe que la dispensa oficial concedida determina que la misma se otorgó al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por ser diputado propietario de Choluteca al Congreso Nacional del periodo comprendido del 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2010; que el documento fue emitido el 29 de noviembre de 2007, es decir dentro del período referido; y que la misma señala que será VALIDA POR UN AÑO IMPRORROGABLE (validez que vencía el 29 de noviembre de 2008). Así, si los mismos hechos probados señalan que la importación del vehículo se efectuó por nuestro representado el 12 de diciembre de 2007. dicha importación se efectuó durante la vigencia de la dispensa, y con ello no puede estimarse que ROGER ARQUIMEDES QUIROZ haya efectuado un uso indebido de la misma, por tanto, el tipo penal por el cual se le ha condenado, no encaja en la descripción de hechos que la misma resolución establece. Así, por un lado, ha resultado evidente la infracción de ley en que ha incurrido el Tribunal de Sentencia, con la estimación sorpresiva del tipo penal del Art. 392-D, numeral 4 del CP, puesto que dicho precepto penal sustantivo no se corresponde con los hechos probados establecidos en la sentencia de condena, y por tanto, no se apega al derecho, ni a la justicia, el haber condenado al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por el delito de Defraudación Fiscal. Por otro lado, y eso lo sabe muy bien el Tribunal de Sentencia, y se recoge de las actuaciones procesales comentadas en los ANTECEDENTES del presente recurso de casación, que el tipo penal por el cual se siguió la imputación en contra de nuestro representado, y por el cual se calificó el hecho objeto del proceso desde la presentación del requerimiento fiscal hasta las conclusiones establecidas por el Ministerio Público al cierre de la audiencia de debate, fue el que contempla el Art. 392-D, numeral 8, del CP. que alude a la conducta de: "LA ENAJENACION, A CUALQUIER TITULO, POR PARTE DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PUBLICOS, DE BIENES O MERCANCIAS QUE HAYAN SIDO INTRODUCIDAS AL PAIS AL AMPARO DE FRANQUICIAS ADUANERAS, SALFO QUE AQUELLAS SE EFECUEN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY". Siendo, objetivamente, el tipo penal que más se aproxima de los hechos imputados. Pero al reconocer el propio Tribunal de Sentencia, antes de proferir su sentencia, que tal infracción penal no encajaba en los hechos irmputados, puesto que el referido delito exige que al momento de producirse la enajenación de los bienes (en este caso el vehículo importado por nuestro representado) el autor de dicha enajación debe necesariamente ostentar la condición de FUNCIONARIO O EMPLEADO PUBLICO, que en el caso de ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, no concurría, puesto que para la fecha en que enajenó o traspasó dicho automotor (1 de julio de 2011) tenía más de 1 año, 5 meses de haber dejado la función de diputado al Congreso Nacional, y que por tanto, condenarle por dicha infracción conllevaba una clara infracción de ley, es que fraudulentamente, el Tribunal de Sentencia, de forma forzada, ha intentado calificar los hechos en el tipo penal del Art. 392-D numeral 4, del CP, sin éxito alguno, ya que como sobradamente se ha expuesto, el mismo tampoco se encuadra en la situación fáctica establecida en los hechos probados de la Sentencia. C) La manera en que, de forma derivada, se violentó el Art. 1del CP, por la indebida aplicación del artículo 392-D numeral 4 del CP. Por lo anterior, resulta que la aplicación indebida que ha efectuado el Tribunal de Sentencia del Art. 392-D, numeral 4, del CP, ha significado una grave violación del Principio de Legalidad Penal, contemplado en el Art. 1 del mismo CP, que prescribe: "Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito", mandato que ha sido ignorado por el Tribunal de Sentencia, con el afán de justificar su forzada e ilegítima decisión de condenar al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por el delito de DEFRAUDACION FISCAL. Por tanto, la sentencia debió en todo momento absolver al imputado, al no existir norma jurídica que encuadre el hecho de haber traspasado el vehículo que importó al amparo de la dispensa de mérito, cuando había dejado su función de Diputado al Congreso Nacional. En todo caso, basado en el principio de intervención mínima, no es el derecho penal el ámbito legal para haber sancionado dicha conducta, sino la vía administrativa, a través de la sanción pecuniaria que corresponda; que como consta en las diligencias judiciales, nuestro representado procedió a enterar, mediante el pago de los impuestos y multas que la final la administración tributaria le impuso (tal como se constata con la resolución de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras del 29 de diciembre de 2017 (folios 369-372), mediante la cual se dejó sin valor ni efecto la consignación del valor del vehículo para fines de pago de impuestos, y por tanto se le asignó un valor FOB al vehículo por la cantidad de $13,482.25, de la que se derivó en consecuencia la nueva obligación tributaria por un valor sustancialmente inferior al señalado en la acusación sobre obligaciones fiscales dejadas de percibir, quedando un nuevo valor en la cantidad de L. 206.719.00 mismo que, como consta en autos (folios 343-346), se procedió a realizar su efectivo pago, cumpliéndose con la obligación tributaria; y menos debió hacerse intervenir el derecho penal cuando, mediante la resolución de 18 de mayo de 2018, la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, procede a autorizar la venta del vehículo (folio 373-376). De lo anteriormente expuesto, el vicio del que adolece la sentencia impugnada, sólo puede ser corregido mediante la acogida al presente motivo de casación, y de esa forma casar la sentencia recurrida, y proceder a la emisión de la sentencia absolutoria que corresponde emitir para garantizar la tutela al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ del Principio de Legalidad en materia penal. SEGUNDO MOTIVO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Haber incurrido el juzgador en incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el Artículo 337 del Código Procesal Penal (CPP). PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se comprendido en el Art. 362.6 del Código Procesal Penal (CPP). SEÑALAMIENTO DE LAS NORMAS INFRINGIDAS. Tal como lo indica el presente motivo de casación, la norma directamente infringida es el Art. 337 del CPP, que señala: "Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso." A la vez, por infracción al Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación, se han infringido los Arts. 82, párrafo primero de la Constitución de la República, y el 4, párrafo primero del CPP, que, de forma unísona, prescriben "El derecho de defensa es inviolable". Además de violentar la garantía judicial contenida en el Art. 8.2, literal "e" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas... c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; ...", EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 1. Tal como se explicó al comienzo del presente recurso, el Ministerio Público presentó en 4 de abril de 2015, requerimiento fiscal en contra del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, fundamentando su imputación en el hecho que habiendo introducido al país un vehículo marca Porche, modelo Cayene, año 2008, bajo el amparo de de la dispensa número 6020072003, por ostentar la condición de diputado al Congreso Nacional (periodo 2006-2010), el 1 de julio de 2011, procedió a traspasar el mismo sin contar con la autorización de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Es decir que el hecho reprochado penalmente al imputado consistió en que efectuó el traspaso del vehículo que había importado bajo dispensa, sin tener la autorización que correspondía. y la calificación jurídica establecida por el acusador de la sociedad sobre esos hechos fue el delito de DEFRAUDACION FISCAL bajo el tipo penal contendio en el Art. 392 D. numeral 8 del Código Penal: "LA ENAJENACION, A CUALQUIER TITULO, POR PARTE DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PUBLICOS, DE BIENES O MERCANCIAS QUE HAYAN SIDO INTRODUCIDAS AL PAIS AL AMPARO DE FRANQUICIAS ADUANERAS, SALFO QUE AQUELLAS SE EFECUEN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY". 2. Durante todo el proceso, y en todos los diferentes momentos procesales en que la ley lo demanda, el Ministerio Público, mantuvo esta imputación en contra del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, bajo los hechos y el tipo penal referidos, y así fue calificado por los órganos jurisdiccionales. Así, en audiencia de declaración de imputado (Folios 96 y 97); en la audiencia incial (Folios 116 al 121); en la audiencia preliminar (Folios 169 1 172); en el auto de apertura a juicio (Folios 173 al 176); en la formalización de acusación en el debate (Folio 313, vuelto, donde el Ministerio Público, "FORMALIZA ACUSACION HACIENDO UNA NARRACION DE HECHOS TAL Y COMO CONSTAN EN EL REQUERIMIENTO FISCAL"); y en sus conclusiones del juicio oral y público (Folio 353, vuelto, que corresponde a la propia sentencia definitiva dictada: "En tal sentido estimó que la conducta realizada por el ahora encausado se encuentra tipificada en el artículo 292-D, numral 8 del CP"), la imputación siempre se mantuvo sobre el delito de DEFRAUDACION FISCAL, antes citado, del Art. 392-D, numeral 8 del Código Penal, siendo en consecuencia, el delito por el cual a lo largo del proceso se defendió nuestro representado. Es más, en ningún momento el Ministerio Público (único acusador en la audiencia de debate) amplió o modificó su imputación al amparo del Art. 321 del Código Procesal Penal, es decir siempre mantuvo su acusación durante todo el proceso por el tipo penal ya referido; y como es de lógico entendimiento, fue sobre ese delito que la defensa del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ realizó su oposición de parte, NO POR OTROS HECHOS NI POR OTRO TIPO PENAL. 3. A pesar de la posición acusatoria sostenida por el Ministerio Público: La pretensión de condena del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por el delito e DEFRAUACION FISCAL del Art. 392-D, numeral 8 del Código Penal, y sobre la cual el acusado ejerció su derecho de defensa, de forma intempestiva y sorpresiva, sin que el imputado pudiera ejercer oposición, el Tribunal de Sentencia, variando el sentido de la acusción, convirtiéndose en propio acusador y por tanto ejerciendo un rol que no le corresponde, decide condenarlo no por el delito imputado por el Ministerio Público, sino por otro tipo penal de DEFRAUDACION FISCAL que no fue de interés del órgano acusador, y sobre el cual NO EXISTIO CONTRADICTORIO DURANTE EL DEBATE. De esa manera, el Tribunal introduce como fundamento de condena el numeral 4, del Art. 392-D del Código Penal, que concibe como DEFRAUDACION FISCAL: "El uso indebido de franquicias extensiones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe", Así el Tribunal de Sentencia, ya no reprocha el hecho que se hubiese traspasado el vehículo sin autorización de la Secretaría de Finanzas, y por un funcionario público, sino que se reprocha al acusado el haber usado de forma indebida la dispensa a él otorgada; y todo ello sin darle la oportunidad a ROGER ARQUIMEDES QUIROZ de defenderse sobre ese nuevo hecho introducido por el Tribunal de Sentencia, cual es el haber utilizado indebidamente la franquicia o dispensa otorgada. Así, la Sentencia introduce un tipo penal que, además de no ser aplicable al caso del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ -como se ha explicado en el primer motivo de casación- no tuvo su defensa la oportunidad procesal de oponerse y defenderse del mismo, y poder indicar, en consecuencia, por qué no reunía las condiciones de tipicidad frente a los hechos sometidos a juicio. 4. A pesar de saber el Tribunal de Sentencia, que no podía cambiar la imputación, porque lo tiene vedado por exigencia de Principio Acusatorio, decide condenar al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ por un delito sobre el cual no pudo defenderse en ningún momento, y realizó esa ilegítima acción al enterarse que el tipo penal imputado por el Ministerio Público no encajaba en los hechos que se habían probado durante el juicio, ya que exige que el autor del delito sea funcionario o empleado público, condición que no ostentaba el señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, puesto que, al momento de la realización de los hechos, él había dejado de ser diputado Congreso Nacional un año y medio antes, por lo cual el tipo penal por el que se le había sometido a juicio, no se ajustaba al hecho imputado y acreditado en el debate; y ante ello, propone como fundamento legal de su condena un tipo penal que no fue objeto de controversia entre las partes. Esa maniobra irregular del Tribunal de Sentencia, en su afán de condenar a nuestro representado, se hizo sin meditar que de por medio se le violantaba su derecho a la defensa, que Constitucional, y Legalmente está reconocido en los Arts. 82, párrafo primero y 4, párrafo primero, de la Constitución de la República y del Código Procesal Penal, respectivamente. En ningún momento, se le permitió al señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ poder probar y argumentar, el porqué no había incurrido en el deltio de DEFRAUDACION FISCAL que por propia iniciativa de manera inesperada e ilegal le imputa el Tribunal de Sentencia y le sirviera para condenarlo cual si fuera acusador en juicio, con el especial agravante, que no le concedió oportunidad de oposición, ¿Es esa actitutd compatible con el estado constitucional de derecho que se jacta de ser nuestro país? ¿Se corresponde esa conducta con el mandato establecido en el Art. 1 del CPP, que manda a los Tribunales llevar el juicio previo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y del Código Procesal Penal, y con el respeto estricto de los derechos del imputado?, ¿Qué respeto al principio de contradicción otorgó el Tribunal de Sentencia? Así, el comportamiento anómalo del órgano judicial no sólo se traduce en la violación de normas procesales, sino de derechos fundamentales del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, provocando con ello un grave perjuicio a su persona al violentársele sus garantías judiciales; infracción que impide legitimar la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. 5. En la obra DERECHO PROCESAL PENAL DE HONDURAS. MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO, respecto de este motivo de casación, se indica: "Ya hemos visto, que el numeral 4 del Artículo 362 CPPHond, en una de sus hipótesis, hace alusión al vicio de "incongruencia omisiva". Por ello, el presente numeral se refiere al caso en que la sentencia establezca otros hechos o asigne una calificación de forma distinta a como se ha concebido en la acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, o, en su caso, en la ampliación de la acusación que se hiciere y su respectiva contestación (y con la reforma al Art. 337, hasta en conclusiones en la audiencia de debate) siempre y cuando ese establecimiento de hechos o calificación, se efectúe en perjuicio del imputado. Nos referimos entonces a la incongruencia extra petitum, puesto que la sentencia ha otorgado más de lo peticionario por el acusador, tanto en el hecho como en el derecho, perjudicando, en consecuencia, al imputado. Los cabales términos de correlación ente acusación y sentencia se encuentran concebidos en el Articulo 337 del CPPHond, de tal suerte que le es prohibido al juzgador rebasar los limites establecidos en la acusación, puesto que al hacerlo, por un lado genera indefinición al imputado por pronunciarse más allá de las posiciones del contendor (y sobre las cuales en consecuencia no hubo oposición), y. por otro, vulnera el principio acusatorio, al situarse no como tercero imparcial con facultades únicas de juzgar, sino como acusador, al establecer un hecho o asignar una calificación no solicitada por el Ministerio Público o el acusador privado." [2] Y la calificación que ofrece, de manera sorpresiva la sentencia, ha sido en perjuicio del imputado, puesto que le encuentra responsable de otra tipología de DEFRAUDACION FISCAL, con la consecuencia jurídica de imponerle una pena de 6 años de reclusión y una multa de L.339,636.27; delito que jamás se ha calificado en beneficio del acusado, puesto que de forma fraudulenta intenta aplicarle las mismas consecuencias jurídicas del tipo penal por el cual se imputó la Defraudación al acusado, con un cambio sorpresivo de hechos y de una calificación jurídica, ante la imposibilidad de calificar los hechos en el tipo penal interesado por el Ministerio Público. 6. Así las cosas, la garantía judicial establecida en el Art. 8.2, literal "e" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consistente en: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas... c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; ...", fue ignorada por el Tribunal de Sentencia, puesto que negó al inculpado la posibilidad de disponer de medios procesales para refutar el tipo penal que se introduce en la sentencia de condena; no contando el acusado con ningún tiempo para poder materializar su oposición. 7. Ese grave perjuicio a los derechos y garantías del señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, sólo puede ser reparado declarando con lugar el motivo de casación de mérito, ordenando la anulación de la presente sentencia, y la devolución de las actuaciones al Tribunal de Sentencia, para que éste emita su resolución definitiva bajo el marco de los hechos establecidos en la acusación del Ministerio Público, y bajo el tipo penal del Artículo 392-D, numeral 8 del CP, que fue el sostenido a lo largo del proceso por el Ministerio Público. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto la sentencia definitiva, esa infracción a la Constitución, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Código Procesal Penal, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP. SOLICITUD DE CELEBRACION DE AUDIENCIA DE CASACION. De conformidad al Art. 364, párrafo último de CPP, y para dar mayor efectividad al presente recurso de casación, y por tratarse de un caso en que se han volanteado de forma flagrante las garantías judiciales, el derecho de defensa y el principio de legalidad en materia penal, que asisten al señor señor ROGER ARQUIMEDES QUIROZ, y por la connotación que ha provocado su injusta y arbitraria condena, solicitamos a la Honorable Sala de lo Penal ordenar la celebración de audiencia de casación para que esta parte defensora tenga la posibilidad de explicar y sustentar oralmente el presente recurso.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. En relación a la solicitud de audiencia de casación oral, esta Sala de lo Penal, estima imnecesaria la misma, a razón, que la pena eventualmente a imponer no sería superior a los ocho (8) años y la razón de su solicitud para darle la posibilidad al recurrente de explicar y sustentar oralmente el presente recurso, resultaria excesivo, por considerar que el escrito recursivo refleja claridad en su interposición. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 392-D numeral 4 del Código Penal decreto 144-83. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo que contienen el tipo penal de Defraudación Fiscal por obtención de beneficios fiscales de manera ilícita; Pretensión: Case la sentencia recurrida y proceda a la emisión de una sentencia absolutoria en favor del emputado Roger Arquímedes Quiroz. Aqueja el censor, que en relación a la sentencia que hoy se revisa, partiendo inicialmente de la narración de los hechos probados, resulta clara la aplicación indebida del tipo penal de Defraudación Fiscal bajo el amparo del artículo 392D numeral 4 del Código Penal; sorprendentemente el Tribunal de Sentencia decidió condenar al señor Roger Arquímedes Quiroz, cuando no encajan en el tipo penal de referido, a criterio de los recurrentes los hechos probados no expresan ningún acto típico-penal de "usar indebidamente franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe”. Reitera los censores que los hechos probados no relatan la conducta típica de usar indebidamente una franquicia, exención o un privilegio fiscal por el cargo de diputado al Congreso Nacional que desempeñó el señor Roger Arquímedes Quiroz, desde el 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2010, ya que lo que reflejan es que él introdujo al país un vehículo al amparo de la dispensa que se la había otorgado como diputado al Congreso Nacional, y luego, cuando ya no ejercía esa función (un año cinco meses de dejar el cargo), efectuó un traspaso de dicho vehículo al señor Javier Francisco Obando Velásquez; no mostrando un acto de utilización indebida de la franquicia aduanera, menos aún cuando esa realidad fáctica de la sentencia expresa que la dispensa venía consignada al señor Roger Arquímedes Quiroz por haber sido diputado al Congreso Nacional (del 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2010). Se preguntan los recurrentes ¿Cómo puede entonces estimarse la comisión del delito de defraudación fiscal bajo el tipo penal en que se fundamenta la sentencia, si la franquicia o dispensa otorgada a su nombre, fue debidamente utilizada cuando la importación del vehículo amparado en ese beneficio fiscal se efectuó en una fecha en que él ostentaba el cargo de Diputado al Congreso Nacional, siendo en virtud de esa función que se le emitió dicha dispensa?; ¿Dónde se encuentra entonces su indebido empleo?. Concluyen los recurrentes, que ha resultado evidente la infracción de ley en que ha incurrido el Tribunal de Sentencia, con la estimación sorpresiva del tipo penal del Art. 392D numeral 4 del Código Penal decreto 144-83, puesto que dicho precepto penal sustantivo, no corresponde con los hechos probados establecidos en la sentencia de condena y que basado en el principio de intervención mínima, no es el derecho penal el ámbito legal para haber sancionado dicha conducta, sino la vía administrativa, a través de la sanción pecuniaria que correspondiera. Del Delito de Defraudación Fiscal en General Es importante recordar que buena parte de los recursos financieros del Estado provienen de los ingresos que perciba por impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones, entre otros (Art. 361.1 de la Constitución de la República). Los tributos, aportaciones en dinero que los gobernados (nacionales y extranjeros) tienen obligación de pagar al Estado de Honduras, con el propósito de que este tenga suficientes recursos, para prestar los servicios públicos que la población requiere. La obligación tributaria surge entre el Estado cuando se produce el hecho generador o imponible previsto en la ley (Art. 13 Código Tributario, en adelante CT), quedando el Estado en la potestad legal de cobrar el mismo, incluso por la vía de apremio, pues sin las contribuciones el Estado no podría subsistir. El hecho generador o imponible es el acto real o supuesto que, de acuerdo con la ley, tipifica cualquier clase de tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (Art. 39 CT). Los impuestos son la fuente principal de recursos para el Estado, siendo dos los principales: 1).- el impuesto sobre la renta y 2).- el impuesto sobre ventas, rigiéndose ambos por la ley. En la relación Tributaria intervienen dos partes: 1. El sujeto activo, el cual lo constituye el Estado como destinatario de los tributos y; 2. El sujeto pasivo, constituido por las personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento de las obligaciones Tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o en su calidad de responsable del Tributo (Art. 17 y 18 CT): a. Son contribuyentes son las personas naturales o jurídicas directamente sujetas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse respecto al hecho generador en el supuesto previsto en la ley como hecho imponible (Art. 20 CT); b. Son responsables las personas que por disposición expresa de la ley deben cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes, bien sea porque los representan o porque han percibido o retenido los tributos de aquellos (Art. 24 CT). En el caso de las personas jurídicas son, por un lado, contribuyentes cuando realizan un hecho imponible adquiriendo la obligación de tributar; por otra parte, las personas jurídicas pueden ser al mismo tiempo responsables cuando hayan percibido o retenido los tributos de los contribuyentes. Ahora bien, la persona jurídica, como ficción legal está representada por una persona natural, la cual es designada por la ley o por la escritura de constitución o los Estatutos, a depender de la naturaleza de la persona jurídica; siendo esta persona natural a su vez responsable en su calidad de representante legal o mandataria de la persona jurídica frente la obligación tributaria (Art. 25.2 CT). Cuando una persona natural o jurídica, por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión la ley le mande a retener el tributo de un contribuyente, con la obligación de enterarlo al Estado dentro del término que la ley le señala, se convierte en un Agente de Retención (Art. 29 CT); La retención deberá de efectuarse en el momento en que se realice por parte del Contribuyente el hecho generador del Tributo (Art. 59 CT); debiendo las cantidades enterarse a la Tesorería General de la República o a la institución bancaria que la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas haya facultado para tal efecto, dentro de los plazos señalados en las leyes tributarias (Art. 63 CT); El Agente Retenedor se constituye entonces como único y directo responsable del importe retenido o, en su caso, que haya dejado de retener (Art. 30 CT).- Cuando el agente de retención sea una persona jurídica, son solidariamente responsables del tributo retenido o que debió retenerse, los mandatarios o representantes legales de aquella (Art. 26.3 CT). Las autoridades tributarias que al ejercer las facultades de verificación o comprobación conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de disposiciones fiscales, determinarán mediante resolución las obligaciones omitidas (Art. 69 CT); mismas que serán exigibles a partir del día siguiente a aquel en que termine el plazo o término legal en que debieron ser pagadas (Art. 72 CT).- El no entero de los tributos retenidos o recaudados, su entero parcial o fuera de los plazos legales establecido en las leyes especiales por parte de los agentes de retención, obligará a éstos a pagar a la Hacienda pública no solo las sumas debidas, sino además los recargos y/o sanciones por incumplimiento que determine la ley (Art. 121 CT), siempre que éstas no hayan prescrito (Art. 136 CT). La inobservancia de las leyes tributarias por parte de los contribuyentes o responsables constituyen infracciones tributarias, mismas que podrán producirse por acción u omisión (Art. 155 y 157 CT) y pueden calificarse como faltas tributarias y, alternativamente o al mismo tiempo, como delitos tributarios (Art. 156 CT), siendo independiente unos de otros aun cuando provenga de una misma conducta comisiva u omisiva (Art. 161 CT).- Son delitos Tributarios (Art. 186 CT): 1. El Contrabando; 2. Instigación pública a la demora o no pago de los Tributos; y 3. La Defraudación Fiscal. Particularmente, el delito de Defraudación Fiscal, lo encontramos tipificado en el artículo 392-D del Código Penal decreto 144-83, que establece que “constituye delito de Defraudación Fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de impuestos, contribuciones o tasas, medios o documentos, que originen un beneficio indebido con perjuicio del fisco en una cantidad igual o mayor a los cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00), incluidas las sanciones.”. Es el no pago de los tributos que conforme a ley corresponde enterar al contribuyente o al responsable, en el tiempo y/o en la cantidad señalado por ésta. Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: A. Sujeto Activo: Serán sujetos activos los Contribuyentes (Art. 20 CT) y/o los responsables (Art. 24 CT); B. Sujeto Pasivo es la Hacienda Pública; Como consecuencia, para que el Estado pueda proceder penalmente por este delito, será necesario que la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, por medio del ente recaudador de los tributos (antes Dirección Ejecutiva de Ingresos), formule acusación a través de la Procuraduría General de la República o Ministerio Público (Art. 188 CT); C. Objeto Material Del Delito son los Tributos, que pueden ser impuestos, contribuciones o tasas, los cuales, en lugar de ser enterados a la Hacienda Pública, reportan un beneficio injusto para el sujeto activo o para un tercero por decisión de aquel, siempre que éstos superen los L. 50,000.00. D. Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es la conducta de evadir, que implica dejar de enterar al fisco los tributos debidos, ya sea por su falta de pago, ya sea por el uso indebido de exenciones o beneficios fiscales. E. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; El tipo penal define como verbo rector “evadir”, el cual no debe de entenderse como la simple omisión de dejar de enterar el tributo obligado, pues entonces no tendría sentido que el tipo penal en cuestión determinara que la conducta puede ser realizada por también por acción, teniendo como consecuencia inmediata que todo aquel que por una u otra razón no pague un tributo en el tiempo legal estaría incurriendo en el delito. La Conducta de “evadir” debe de lograrse como consecuencia comportamiento fraudulento o artimañoso, con el que el sujeto activo consiga dejar de pagar el tributo en el tiempo señalado en la ley o conseguir un beneficio que le dispense en todo o en parte el pago de tributos y que no le correspondía conforme a ley; tal conducta fraudulenta hace definir el tipo penal como precisamente Defraudación Fiscal. Como ELEMENTO SUBJETIVO el tipo penal de defraudación fiscal es de carácter doloso, pues debe de existir el conocimiento del sujeto activo de que su conducta es fraudulenta o artimoñosa y su voluntad de materializarlo, con el propósito de no enterar a la Hacienda Pública el tributo que conforme a ley corresponde, en el tiempo y/o en la cantidad señalada por ésta, ya sea por su no pago o por el uso de exenciones o beneficios fiscales que no le corresponden por ley. La penalidad del delito de defraudación fiscal está definida por el artículo 392-E, el cual determina una escala a depender del monto del tributo y de las sanciones dejadas de percibir por parte de la Hacienda Pública: A. Reclusión de 3 a 6 años, cuando el monto se encuentre entre los L. 50,000.01 y los L. 100,000.00; B. Reclusión de 3 a 9 años, cuando el monto se encuentre entre L. 100,000.01 a L. 500,000.00; C. Reclusión de 6 a 12 años, cuando el monto se encuentre entre L. 500,000.01 en adelante. Además de la pena de reclusión, el artículo instituye como segunda pena principal una multa del 50% del monto defraudado o de aquel que se estima defraudado. Adicionalmente el artículo 392-D del Código Penal hace una enumeración de conductas independiente constituyen comportamientos delictivos de Defraudación Fiscal, a las que deben de sumarse los elementos generales del tipo penal básico descrito en el primer párrafo, que como se ha indicado son: i).- Falta de pago de un tributo dentro del término legal; ii).- Beneficio de cualquier tipo como consecuencia de esa falta de pago para el sujeto activo o un tercero, procurado así por aquel; iii).- Perjuicio a la hacienda pública en una cantidad igual o mayor a L. 50,000.00, sumado tanto el tributo adeudado como las sanciones por el impago. Tales supuestos son un total de 20 supuestos, dividiéndose éstos en cuatro categorías: A. Conductas Fraudulentas: Numeral 1: Cuando medie violación o falsificación de sellos, timbres, marcas, precintos, candados, conocimientos de embarque, facturas comerciales, certificados de origen, documentos o cualquier otro medio de seguridad o que se realice cualquier operación que altere la calidad, clase, cantidad, peso, valor y procedencia de los bienes o mercancías; Numeral 2: Las sustituciones de mercancías Importadas temporalmente por otros bienes o mercancías en el momento de su reimportación; Numeral 3: La disminución total o parcial de cualquier impuesto, contribución o tasa análoga a los que se originan con motivo de cualquier operación o transacción fraudulenta; Numeral 10: La clasificación o valoración indebida de los bienes o mercancías importadas, con fines de disminuir el pago de los tributos respectivos; Numeral 11: La disminución indebida del valor o de la cantidad de los bienes o mercancías, objeto de aforo por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos; Numeral 12: El otorgamiento u obtención fraudulenta de alguna concesión, permiso o licencia, para importar bienes o mercancías, total o parcialmente libres de impuestos; Numeral 13: La tasación de bienes o mercancías objeto de remate con un valor inferior al monto de los impuestos, contribuciones y tasas a pagar; Numeral 14: Llevar dos (2) o más sistemas contables, registros o respaldos documentales en perjuicio del fisco; Numeral 15: Ocultar; alterar o destruir total o parcialmente los registros contables, así como la documentación relativa de los asientos contables, antes de la prescripción del plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria; Numeral 16: Intentar o evadir el pago de tributos propios o ajenos, provocando o intentando provocar su insolvencia patrimonial o la de un tercero; Numeral 18: Exhibir libros de contabilidad, registros o respaldos documentales contradictorios con los datos que surjan de las declaraciones o de las informaciones que obran en poder de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o que resulten de las investigaciones o verificaciones hechas por ésta; cuando la veracidad de tales hechos haya sido demostrada; Numeral 19: Omitir en las declaraciones o informaciones que les suministre a las autoridades tributarias, datos o informaciones que de cualquier modo tergiversen sus obligaciones tributarias; B. Uso u Obtención de Beneficios Fiscales de manera Indebida: Numeral 4: El uso indebido de franquicias extensiones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe; Numeral 5: La utilización de bienes o mercancías introducidas al país, al amparo de franquicias o regímenes especiales o que implique la reducción del pago de tributos, con fines o propósitos distintos de aquellos para los cuales fue concedido el beneficio fiscal; Numeral 9: La enajenación, a cualquier título de bienes o mercancías depositadas en almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros, en regímenes especiales aduaneros y asociaciones, cooperativas u otros establecimientos similares que efectúen o reciban importaciones libres de gravámenes; C. Abuso de Autoridad: Numeral 8: La enajenación, a cualquier título, por parte de funcionarios o empleados públicos, de bienes o mercancías que hayan sido introducidas al país al amparo de franquicias aduaneras, salvo que aquellas se efectúen en cumplimiento de la ley; D. Inobservancia de Ley: Numeral 6: La realización de cualquier acto de comercio con base en documentos que amparen bienes o mercancías, total o parcialmente exentos del pago de los gravámenes aduaneros, sin haber cumplido las formalidades aduaneras o legales, según corresponda; Numeral 7: La enajenación, a cualquier título de bienes o mercancías importadas temporalmente, cuando no se hayan llenado las formalidades aduaneras para la nacionalización definitiva de los mismos; Numeral 17: El incumplimiento de los responsables o agentes de retención de retener, los valores correspondientes, cuando no se subsane tal hecho en la forma prevista en el Artículo 184 del Código Tributario; Numeral 20: Realizar sus operaciones en establecimientos o locales clandestinos. Se entenderá por tales los que, siendo obligatorio declararlos u obtener autorización o licencia ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no lo hubiesen hecho. Finalmente constituye Defraudación Fiscal la reincidencia en el no pago o en el pago total de un tributo dentro del plazo legal, cuando el contribuyente o responsable haya sido ya objeto de sanción previamente (Art. 183 CT). De la procedencia del recurso. El Recurso es de recibo. De manera previa, es necesario precisar que el precepto autorizante citado por el recurrente establece que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba; se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que de la base fáctica de la sentencia no se desprende una modalidad criminosa que pueda catalogarse como de defraudación fiscal, al no concurrir un acto típico-penal de "usar indebidamente franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del carácter Institucional del beneficiario, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe” ya que lo que reflejan, es que él imputado introdujo al país un vehículo al amparo de la dispensa que se la había otorgado como diputado al Congreso Nacional, y luego, cuando ya no ejercía esa función (un año cinco meses de dejar el cargo), efectuó un traspaso de dicho vehículo al señor Javier Francisco Obando Velásquez; no mostrando un acto de utilización indebida de la franquicia aduanera. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha doce de diciembre del año dos mil siete, se recibió en la aduana de Puerto Cortés, la dispensa número 602007-203, de fecha veintinueve de noviembre del año 2007, otorgada a favor del señor Roger Arquímedes Quiroz, quien fungió como diputado del Congreso Nacional en el periodo comprendido del 25 de enero del 2006 al 25 de enero del 2010, misma que amparaba la introducción del vehículo Porsche, modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta, color negro basalto metalizado, serie WP1ZZZ9PZ8LA15274, motor 63814371, procedente de Alemania, importado por la empresa Alemautos SA de CV por un valor de un millón ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L. 1,084,567.50) libre del pago de impuestos arancelarios; frente a esta situación y por su condición de diputado y beneficiario de la dispensa tenía la obligación de pedir autorización a SEFIN en caso de enajenar el vehículo antes descrito. EL 28 de noviembre del 2012 se inscribió traspaso de propiedad del vehículo ya relacionado a favor del señor Javier Francisco Obando Velásquez, en virtud de haberse celebrado compraventa con el acusado el 01 de julio de 2011, es decir, un (01) año, cinco (05) meses y seis (06) días de haberse concluido su periodo como diputado al Congreso Nacional. El enfoque jurídico que el sentenciador le dio a estos hechos dados como probados, fue de defraudación fiscal por considerar que el acusado aun sin ostentar la envestidura de diputado al Congreso Nacional, debió contar con la autorización del SEFIN para enajenar el vehículo antes descrito, el no hacerlo, implico que el Estado de Honduras dejara de percibir en concepto de ingresos la cantidad de un millón nueve mil catorce lempiras con cincuenta centavos (L. 1.009, 014.50), y como se dijo, es sobre este enfoque con el cual se muestra en desacuerdo el recurrente, por considerar que su representado no uso indebidamente su exención o privilegio fiscal, concedidos al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón del ejercicio de la función que se desempeñaba como diputado al Congreso Nacional. El tipo penal de defraudación fiscal ha sido ampliamente explicada de manera precedente por la Sala de lo Penal, y en concreto no se encuentra en el desarrollo de los dos hechos probados, un comportamiento fraudulento o artimañoso que, objetivamente, puede ser valorada como orientada a conseguir un beneficio que le dispense en todo o en parte el pago de tributos o el de aprovechar el ejercicio de su función como diputado al Congreso Nacional para la obtención de beneficios fiscales con el fin de lograr mayores ganancia en la enajenación de vehículos, pues del mismo hecho probado se describe, que el vehículo automotor Porsche, Modelo Cayene, año 2008, tipo camioneta se adquirió mediante dispensa número 602007-203 en fecha 29 de noviembre de 2007 a favor del acusado Roger Arquímedes Quiroz, es decir, dicho vehículo estuvo bajo su custodia y uso dos (02) años, un (01) mes y catorce (14) días, tiempo durante el cual el imputado debía pedir la autorización al SEFIN para poder enajenar, al encontrarse en el ejercicio de la función como diputado al Congreso Nacional; sin embargo, al culminar su periodo como diputado, ya no se encontraba al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, para haber hecho uso indebidamente de su exención o privilegio fiscal, pues el vehículo referido, fue enajenado después del ejercicio de su función. Al analizar los hechos probados de la sentencia, se destaca que los mismos no son suficientemente expresivos respecto del tipo penal por el cual se le condenó al acusado Roger Arquímedes Quiroz, encontrándose un vacío fáctico en relación a si su actuar fue fraudulento o artimañoso. De conformidad a lo antes expuesto, esos hechos no permiten la apreciación de una obtención de beneficios fiscales de manera indebida, porque no existe en los hechos probados ningún elemento fáctico que conduzca a esta conclusión. En consecuencia, el recurso resulta ser procedente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 337 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Haber incurrido el juzgador en incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad de reclamo previo, en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente expone en el desarrollo de su recurso, que durante todo el proceso y en todos los diferentes momentos procesales en que la ley lo demanda, el Ministerio Público, mantuvo la imputación en contra del señor Roger Arquímedes Quiroz, bajo los hechos y el tipo penal consignado en el artículo 392-D numeral 8 del Código Penal y así fue calificado por los Órganos Jurisdiccionales, tanto en audiencia de declaración de imputado (F. 96 y 97); en la audiencia inicial (F. 116 al 121); en la audiencia preliminar (F. 169 al 172); en el auto de apertura a juicio (F. 173 al 176); y, en la formalización de acusación en el debate (F. 313v); el Ministerio Público, formaliza acusación haciendo una narración de hechos tal y como constan en el requerimiento fiscal; igualmente en sus conclusiones del juicio oral y público (F. 353v); estima los recurrentes, que la conducta realizada por el ahora encausado se encuentra tipificada en el artículo 292-D, numeral 8 del Código Penal, la que siempre se mantuvo sobre el delito de defraudación fiscal, del artículo 292-D, numeral 8, siendo en consecuencia, el delito por el cual a lo largo del proceso se defendió su representado. Continuó en su queja los censores que en ningún momento el Ministerio Público (único acusador en la audiencia de debate) amplió o modificó su imputación al amparo del artículo 321 del Código Procesal Penal. A pesar de la posición acusatoria sostenida por el Ministerio Público, la pretensión de condena del señor Roger Arquímedes Quiroz por el delito de defraudación fiscal fue fundamentada por los juzgadores en el artículo 392-D, numeral 4, de forma intempestiva y sorpresiva, sin que el imputado pudiera ejercer oposición, variándose el sentido de la acusación. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre el motivo de casación por Quebrantamiento de forma, en virtud de haber prosperado el motivo de casación de infracción de ley sustantiva, invocado por los recurrentes. V. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aída Cerrato Chinchilla, actuando en su condición de defensores privados del acusado Roger Arquímedes Quiroz. Segundo: Casa la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Roger Arquímedes Quiroz, por el delito Defraudación Fiscal en perjuicio de La Administración Publica, revocando la misma. Tercero: Que Debemos Absolver y Absolvemos al señor Roger Arquímedes Quiroz, como autor responsable penalmente del delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de La Administración Publica, revocándose como consecuencia todas las medidas cautelares impuestas en razón de dicha causa criminal.Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 461-2019.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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[1] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Pág. 587.
[2] DERECHO PROCESAL PENAL DE HONDURAS. MANUAL TEORICO-PRACTICO. Pág. 602.