Sentencia CP-461-18 — Registro 14238
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL TERCER MOTIVO. EL TERCER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Se alega como motivo del recurso la existencia de incongruencia omisiva por la vía del artículo 362.4 del Código Procesal Penal, alegando que la sentencia no ha resuelto todos los puntos que han sido objeto de acusación. En concreto, lo relativo al pronunciamiento de la señora Dilma Lizeth Brizuela, como cómplice del delito de violación especial, en perjuicio de L. F. M.. La llamada incongruencia omisiva o fallo corto constituye un vicio que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. Son condiciones necesarias para la casación de una sentencia por la apreciación de este vicio, las siguientes: 1) Que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no extremos fácticos; 2) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado oportunamente; 3) Que se trate de efectivas pretensiones y no de meros argumentos en que apoyen una pretensión; y, 4) Que no consten en la sentencia, ya de modo directo o expreso, ya de modo indirecto o implícito, la resolución de la pretensión que se denuncia omitida. Además de los anteriores requisitos, es necesario recordar el contenido del 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal, el cual refiere del recurso de casación por quebrantamiento de la forma, e indica que deberá el recurrente, de una manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. En este sentido, establece el artículo 142 del Código Procesal Penal, la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de poder aclarar las expresiones obscuras, corregir errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución y sea antes de la notificación. No obstante, si el órgano jurisdiccional no lo hace oficiosamente, dicho precepto concede la oportunidad a las partes procesales para que soliciten las aclaraciones o adiciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De los preceptos procesales relacionados se determina que no existe el vicio denunciado, puesto que el sentenciador mediante auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (f. 280), rectificó la omisión referida e hizo pronunciamiento absolutorio de la señora Dilma Brizuela Vásquez, como cómplice responsable penalmente del delito de violación especial en perjuicio de L. F. M. R.. En consecuencia, el vicio procesal que hoy se denuncia en casación, fue enmendado por el sentenciador por el remedio procesal del artículo 142, lo que imposibilita la configuración del vicio alegado. Con esta previsión se busca evitar es que el ad quem haya de reponer actuaciones al momento de dictar sentencia, con las consiguientes dilaciones, para obtener el pronunciamiento omitido. Este remedio está al servicio de la agilidad procesal, evita la interposición de un recurso, se consigue la omisión producida con evidente economía procesal que potencializa el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El tercer motivo decae y debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 461-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el expediente SP 461-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Genaro Turcios Hernández, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de F. M. R., decretando su inmediata libertad. Segundo: No condenó en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Gerlin Padilla, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, los Abogados Marlon Iván Rodríguez Escalón y Lucio Ferrera Salgado, defensores privados del señor Genaro Turcios Hernández, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Valorando la prueba practicada en el juicio de acuerdo con los reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: Uno: L. F. M. R., nació el dieciséis de abril del 2002, en la ciudad de el Progreso, departamento de Yoro, hija de María Altagracia Romero Méndez y Alberto Mejía Flores, que en los años dos mil quince y dos mil dieciséis vivió en la aldea Toloa Creeck, pero que actualmente vive en la aldea palos blancos del municipio del Progreso, Yoro. Dos: En el año 2016, resultó embarazada L. F., de una persona distinta a la persona de Genaro Turcios Hernández, dando a luz un varón el cinco de enero del año dos mil diecisiete, inscribiéndolo en el Registro Nacional de las personas con el nombre de Genaro David Mejía Romero. Tres: Que L. F. M. R., refleja características de personalidad como: Introversión, pasividad, sumisión, inseguridad, timidez, tendencia a la fantasía y tendencia al aislamiento como mecanismos de defensa. Cuatro; En fecha 20 de julio del año 2017, Genaro Turcios Hernández se presentó voluntariamente ante el Juzgado de Letras seccional de Tela para que se le siguiera proceso penal por el delito de violación especial.” III. RECURSOS DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Gerlin Padilla, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO PRIMERO: “Adolecer la Sentencia de Motivación fáctica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al estar desprovista de razonamiento Judicial suficiente, la Sentencia que hoy se cuestiona por esta vía Impugnativa contiene un vicio grave, mismo que impide conocer su Justificación; es decir, la seguridad a la partes o quien la lea, de que ésta decisión Judicial no obedece a voluntades irracionales sino a conclusiones a las que ha llegado el Tribunal en base a un proceso intelectivo que apoya su decisión y la vuelven Jurídicamente aceptable. En ese contexto, con una evanescente y vacía referencia; el Tribunal Sentenciador es del criterio en el apartado Valoración Probatoria de la Sentencia: “que resulta procedente se absuelva del delito que se les imputa a ambos procesados”; pero en lo atinente a la encausada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, de quien constituye la pretensión acusatoria, participó a título de cómplice en el delito de Violación especial, siendo víctima L. F. M. R.; el Tribunal no desnuda de forma comprensible, los motivos de hecho, que fundamentan su decisión exculpatoria, y es, esa omisión del Juzgador en el fallo traído a casación, el cual denunciamos como una infracción a la norma Adjetiva 362. 3, por cuanto, ante la ausencia de motivación en su resolución en ese punto, sometido a Juicio; el sentenciador no demuestra que el fallo corresponde a una razonada decisión en términos fácticos y no, a un simple y arbitrario acto de voluntad, de quien está llamado a Juzgar. Ante tal insuficiencia del Juzgador, en la valoración probatoria de la resolución impugnable, no quedaron establecidas las consideraciones que el Tribunal estimó, respecto de cada uno de los medios probatorios que fueron evacuados en Juicio, especialmente los tendientes a demostrar la responsabilidad de la señora Dilma Lizet Brizuela Vásquez; comprometiendo la eficacia del derecho de defensa, puesto que, ante el desconocimiento de las razones de su decisión; no puede establecerse si ésta corresponde o se deriva de un juicio racional y objetivo; dando vida con ello, a una Sentencia defectuosa y arbitraria, claramente subsumible en el supuesto establecido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal; error que también va en detrimento de la normativa penal adjetiva cuando manda que la sentencias deben redactarse bajo ciertas reglas debiendo expresar vía escrita "las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios igualmente 338 Regla 4.2 del Código procesal Penal, pues, el Juzgador está en la obligación de explicitar la lógica Jurídica que subyace a su Decisión Judicial, y es a través de esa motivación[1], que permite a las partes, el proceso de fiscalización de la interpretación intelectiva que utiliza, en el proceso de valoración de la probanza incorporada a Juicio. Desde ese prisma, el fallo supra referido, impidió conocer a las partes y específicamente al Ministerio Público, el valor atribuido al acervo probatorio ofertado y que corresponde a los testimonios presenciales de cargo rendidos de L. F. M. R., María Altagracia Romero Méndez, Lener Gustavo Mejía Romero, así como también el valor otorgado a la prueba documental, pericial y el resto de la probanza probatoria de cargo, destilada en Juiciopara sustentar la tesis acusatoria en referencia a la culpabilidad de la acusada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, y además, si el iter lógico utilizado en la valoración de estos medios probatorios está apartado de la arbitrariedad y error, e integra la lógica y la razonabilidad. Esta falencia en la Sentencia constituye un error esencial, y nos conduce indefectiblemente a patentizar, el vicio que hoy se reprocha. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado, en el acto mismo d sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. MOTIVO SEGUNDO: “El Fallo está desprovisto de Suficiente Motivación Jurídica". PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Al respecto, el autor Fernando de la Rúa escribe que la “falta de motivación, en realidad es la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del Juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determina la aplicación de una norma de ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión” (lo resaltado en negrita es nuestro). Visto desde esa óptica, la motivación de las resoluciones judiciales, constituyen no solamente el conjunto de razonamientos de hecho, sino, con igual relevancia de derecho, realizados por el sentenciador, y que sirven para sustentar su decisión. Al analizar la Sentencia hoy impugnada, es fácilmente detectable el vicio existente puesto que, si bien, existe un razonamiento del Derecho en relación al co-acusado Genaro Turcios Hernández; la misma carece totalmente de motivación Jurídica mediante la cual, el Tribunal Sentenciador razone Jurídicamente su decisión respecto de la acusada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, enjuiciada como cómplice, por el delito de Violación Especial, en perjuicio de L. F. M. R.; decisión a la que, debió llegar mediante razonamientos provenientes del ordenamiento Jurídico vigente y aplicables al caso en referencia y así plasmarlo en la Sentencia. Este desacierto constituye una omisión parcial del Iuris, en razón de que los cinco numerales que conforman el apartado de Fundamentación Jurídica del fallo recurrido, conforman una valoración del derecho aplicado pero únicamente en la decisión tomada a favor de Genaro Turcios Hernández, y no en razón de ambos acusados, como era lo legal y pertinente.- Resulta entonces imposible discernir si la decisión Judicial atinente a Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, responde a una correcta interpretación y aplicación del Derecho, lo que se traduce en la vulneración a las exigencias contenidas en la norma penal Adjetiva 141, que claramente consigna bajo pena de nulidad el deber de motivación de la resoluciones, haciendo clara alusión a las Sentencias Definitivas, ajustándose a cabalidad en el vicio In Procedendo preceptuado en la Normal Procesal Penal Hondureña, precisamente en el artículo 3623, precepto autorizante que ya hemos invocado. Por lo cual consideramos que el vicio al que hemos hecho alusión concurre en la presente causa y por lo tanto debe declararse procedente el presente motivo. Por haberse producido el vicio In Procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. MOTIVO TERCERO: “En la parte resolutiva de la sentencia se omitió el elemento esencial consistente en, la resolución de todas las cuestiones debatidas”. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 4, de Código Procesal Penal. La Máxima objeto de recurso, se centra en que, en cuanto el Juzgador omitió realizar pronunciamiento, en relación a la participación o no, de la señora Dilma Lizeth Brizuela, como cómplice del delito de Violación Especial en la parte dispositiva de la sentencia; aun cuando el Ministerio Publico mantuvo su pretensión sobre el mismo, a lo largo del proceso, allegando a la Audiencia de Debate Oral, probanza encaminada a sustentar su petición, delimitando además los hechos y la acción penal en razón de la mencionada. Como sabemos, la Sentencia constituye un todo y en ese sentido, debe resolver todas las cuestiones debatidas tanto por el acusador, como por la defensa de las personas llevadas a Juicio Oral. En el caso subjudice, el Ministerio Publico como ente el cual descansa la función procesal acusatoria, fijó el objeto del proceso desde la formalización de acusación, demarcando el hecho punible y además, bajo diferentes grados de participación, a Genaro Turcios Hernández y Dilma Brizuela Vásquez como personas procesadas; postura que fue sostenida durante el desarrollo de la audiencia de Juicio y aún en la fase de conclusiones solicitando una sentencia condenatoria atinente a ambos acusados: “En relación a la participación de Dilma Brizuela, dijo, que ésta había cooperado para que se diera la relación sexual entre Genaro y L., en la casa de la acusada se había llevado a cabo las tres relaciones sexuales , y que ella fue la persona, que los había presentado y prestado la casa para que se consumara la relación sexual por lo cual consideraba que era, una cómplice del delito de Violación Especial.” (Véase, Antecedentes Procesales, párrafo Primero, de la Sentencia),”. En ese mismo orden de ideas, la cuestión que denunciamos imprejuzgada, fue debidamente planteada; en tal sentido, el defecto por incongruencia omisiva en la sentencia proferida, se hace patente, cuando en la parte resolutiva del fallo, el Tribunal no resuelve bien denegando o accediendo, respecto a la declaratoria o no de culpabilidad de la acusada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez. En esa misma línea, tampoco resulta posible para las partes, deducir su decisión del conjunto de razonamientos de hecho y derecho, que conforman la sentencia proferida; puesto que, estos resultan abiertamente inclinados a justificar su decisión en relación al acusad Genaro Turcios Hernández únicamente. Este desajuste, entre el fallo y los términos de la acusación, comprende una sustancial omisión de la resolución, de todas cuestiones en los que discurrió la controversia, en tanto, ésta estuvo delimitada hacia dos partícipes, y en consecuencia; el vicio denunciado converge en ese punto, por lo que solicitamos se declare procedente el presente motivo. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia de motivación fáctica insuficiente. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: declarar procedente el motivo. El censor del fallo arguye que, en lo atinente a la encausada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, de quien se constituye pretensión acusatoria por su participación a título de cómplice en el delito de violación especial, siendo víctima L. F. M. R., el sentenciador no expresa de forma suficiente y comprensible los motivos de hecho que fundamentan su decisión exculpatoria. Asimismo, expresa que el sentenciador no estimó cada uno de los medios de prueba evacuados en juicio, especialmente los tendientes a demostrar la responsabilidad penal de la señora Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, comprometiendo la eficacia del derecho de defensa, puesto que al desconocer las razones fácticas de su exculpación, no puede establecerse si corresponde a un juicio racional u objetivo. En concreto, alega que existe motivación fáctica insuficiente en relación a los testimonios de los señores L. F. M. R., María Altagracia Romero Méndez y Lener Gustavo Mejía Romero, así como también a la prueba documental y pericial evacuada en juicio. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia de motivación jurídica insuficiente. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: declarar procedente el motivo. Arguye el recurrente que al analizar la sentencia impugnada, es detectable el vicio de motivación jurídica insuficiente, puesto que, si bien existe un razonamiento de derecho en relación a la absolución del acusado Genaro Turcios Hernández, la misma carece de motivación jurídica mediante la cual razone su decisión respecto a la acusada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, enjuiciada a título de cómplice, por el delito violación especial, en perjuicio de L. F. M. R.. De la motivación. En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es la motivación y de ello poder concluir cuando hay carencia de motivación, insuficiencia de motivación o motivación contradictoria en la sentencia recurrida. El artículo 141 del Código Procesal Penal prescribe que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el cual en su capítulo III de la parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indicando que una decisión carente de motivación equivale a una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la sana crítica está asociado con el motivo de casación distinto contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). También es posible que exista motivación suficiente, pero que la misma sea contradictoria, lo que genera falta de claridad y coherencia dentro de la sentencia y conlleva confusión a sus destinatarios, vicio in procedendo que genera el mismo efecto procesal que en los supuestos de insuficiencia o carencia de motivación. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también es la forma como el juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando este al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado, es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica, cuando tales motivaciones son totalmente carentes y cuando son contradictorias: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal); 3. Motivación fáctica o jurídica contradictoria: Implica la existencia de juicios contrapuestos que se excluyen entre sí, realizable cuando hay contradicción entre la motivación y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración probatoria o motivación jurídica, lo que resta seguridad a la decisión que se toma por el juzgador, al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes que hacen dudar de lo acertado de su decisión. De la procedencia del primer y segundo motivo. El primer y segundo motivo no son de recibo. En el caso actual, el recurrente ha seguido al momento de interponer su recurso, el cauce procesal ordenado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, respetando la debida técnica casacional al desarrollar su primer y segundo motivo de forma clara y separada. No obstante, para este Tribunal de Casación, es conveniente dar respuesta unitaria a ambos motivos, puesto que, los vicios que se alegan, son insuficiencia de motivación, tanto fáctica como jurídica, respecto a la decisión del juzgador de absolver a la acusada Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, por su supuesta participación, a título de cómplice, en el delito de violación especial, en perjuicio de L. F. M. R.. Y al hacer análisis de juricidad de ambos motivos, corresponden como respuesta los mismos razonamientos para uno y otro, uno desde la perspectiva fáctica y otro desde la perspectiva jurídica, por lo que si se hace de manera individual, conllevaría redundancia en la fundamentación de la sentencia de casación. Así las cosas, la Sala de lo Penal enfatiza en la importancia de una motivación suficiente, para la correcta emisión de la sentencia definitiva, no solo por garantía procesal que constituye, (artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal), sino también por finalidad última que persigue, que no es más que dar a conocer a las partes, al Tribunal de Casación, y, en definitiva, a cualquier persona que tenga interés en el proceso, del factor racional por el cual el juzgador decidió de una determinada manera y no de otra. Por ende, la labor de motivación legitima la administración de justicia y ejerce una especie de control sobre la potestad que éste tiene al decidir el caso concreto. Su insuficiencia o carencia es algo más que un defecto formal; puede ser también la exteriorización de deficiencias en el proceso de valoración probatoria y decisión, de quiebras en la lógica de razonamiento que no solo se subsanaran en ocasiones con el enriquecimiento de la fundamentación de la sentencia, sino eventualmente con una decisión distinta fruto de la disciplina mental motivadora. La motivación es mucho más que un deber de “cortesía” con las partes, es una garantía de defensa que tienen frente al posible arbitrio judicial. También hay que recordar que no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación, y, en su caso, si el razonamiento que constituye, lógica y jurídicamente, es suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión. Por esta razón, prima la calidad de la motivación sobre su extensión. En el caso presente, arguye el censor del fallo que el sentenciador no motivó suficientemente (fáctica y jurídica) en lo atinente al pronunciamiento absolutorio de la señora Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, de quien se constituye pretensión acusatoria por su participación a título de cómplice, en el delito de violación especial, siendo víctima L. F. M. R., pues considera que no expresa de forma comprensible los motivos de hecho y de derecho que fundamentan su decisión exculpatoria. De lo antes expuesto, la Sala de lo Penal verifica que consta respuesta en la sentencia, de modo indirecto o implícito, siendo admisible esta cuando en la decisión se manifiesta la negativa de una pretensión de la cual dependa la omitida, y siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión manifiesta. Esta también conlleva que ha sido respondida de manera implícita si la argumentación del Tribunal para llegar a su convicción sea de tal naturaleza que la haga compatible con otra pretensión dependiente de aquella, con lo que de alguna manera se está respondiendo sobre la pretensión omitida. Y en este caso, el sentenciador motiva de manera suficiente, tanto fáctica como jurídicamente, el fallo absolutorio de la acusación formulada contra el señor Genaro Turcios Hernández, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de L. F. M. R.. Al no haberse acreditado para el sentenciador el delito de violación especial y la autoría del señor Turcios Hernández en dicho delito, esto presupone entender que tampoco da por acreditada la complicidad de la señora Dilma Lizeth Brizuela Vásquez, en el delito y la participación que no consideró acreditado. En otras palabras, no se puede ser cómplice de alguien que no es autor de un delito que no ha existido, y no es que resulte irrelevante que el sentenciador se explaye en explicar por qué no considera cómplice a la señora Brizuela Vásquez, en un delito que no considerado acreditado, más ello no es lo suficientemente trascedente para ocasionar la nulidad del pronunciamiento, puesto que al dar respuesta suficiente sobre las razones por las cuales no consideró realizada la conducta antijurídica y la participación del supuesto autor en ella, de manera implícita se está dando respuesta sobre la acusación formulada por la cómplice de aquél supuesto autor. En definitiva, la omisión denunciada no ocasiona una lesión al derecho de defensa del recurrente tal como lo alega, ya que al revisar la motivación fáctica jurídica de la sentencia recurrida, sí se desprende que el sentenciador ha explicado suficientemente las razones por las cuales no consideró acreditadas la participación, a título de autor, del señor Turcios Hernández, y en definitiva, el delito por el que fue acusado. Por estas razones, los motivos no son objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 4) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: en la parte resolutiva de la sentencia se omitió el elemento esencial consistente en la resolución de todas las cuestiones debatidas. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en la sentencia. Pretensión: declarar procedente el motivo. En el presente motivo, el impugnante arguye que el juzgador omitió realizar pronunciamiento en la parte dispositiva de la sentencia, en relación a la participación o no, de la señora Dilma Lizeth Brizuela, como cómplice del delito de violación especial. Esto constituye una cuestión imprejuzgada que fue oportunamente traída a juicio, por lo que el sentenciador devenía obligado a pronunciarse sobre dicha pretensión. Principio de congruencia de la sentencia con la acusación. El proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009, contenida en el expediente SP 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el tribunal de sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento objetivo: prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento subjetivo: Prohíbe al juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen, el sentido del principio de congruencia de la sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el tribunal, de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 20 de junio de 2012 en expediente SP 308-2009 y de fecha 18 de octubre de 2012, en el expediente SP 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el principio de congruencia, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3. El delito apreciado por el tribunal de sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Ahora bien, como regla general el principio de congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (artículo 301.3 del Código Procesal Penal). Como excepción, el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el auto de apertura a juicio: La fase intermedia del proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: formalización de la acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio. El juez de letras, siempre a la sombra del principio in dubio pro accusatione, evaluará si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el juez de la etapa intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (artículo 302 del Código Procesal Penal). En caso de que la acusación no supere el examen del juez de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la acusación: determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: la corrección de errores materiales; la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y, la introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código Procesal Penal que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las conclusiones del debate: en una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además, es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate o con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la procedencia del tercer motivo. El tercer motivo no es de recibo. Se alega como motivo del recurso la existencia de incongruencia omisiva por la vía del artículo 362.4 del Código Procesal Penal, alegando que la sentencia no ha resuelto todos los puntos que han sido objeto de acusación. En concreto, lo relativo al pronunciamiento de la señora Dilma Lizeth Brizuela, como cómplice del delito de violación especial, en perjuicio de L. F. M.. La llamada incongruencia omisiva o fallo corto constituye un vicio que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. Son condiciones necesarias para la casación de una sentencia por la apreciación de este vicio, las siguientes: 1) Que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no extremos fácticos; 2) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado oportunamente; 3) Que se trate de efectivas pretensiones y no de meros argumentos en que apoyen una pretensión; y, 4) Que no consten en la sentencia, ya de modo directo o expreso, ya de modo indirecto o implícito, la resolución de la pretensión que se denuncia omitida. Además de los anteriores requisitos, es necesario recordar el contenido del 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal, el cual refiere del recurso de casación por quebrantamiento de la forma, e indica que deberá el recurrente, de una manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. En este sentido, establece el artículo 142 del Código Procesal Penal, la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de poder aclarar las expresiones obscuras, corregir errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución y sea antes de la notificación. No obstante, si el órgano jurisdiccional no lo hace oficiosamente, dicho precepto concede la oportunidad a las partes procesales para que soliciten las aclaraciones o adiciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De los preceptos procesales relacionados se determina que no existe el vicio denunciado, puesto que el sentenciador mediante auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (f. 280), rectificó la omisión referida e hizo pronunciamiento absolutorio de la señora Dilma Brizuela Vásquez, como cómplice responsable penalmente del delito de violación especial en perjuicio de L. F. M. R.. En consecuencia, el vicio procesal que hoy se denuncia en casación, fue enmendado por el sentenciador por el remedio procesal del artículo 142, lo que imposibilita la configuración del vicio alegado. Con esta previsión se busca evitar es que el ad quem haya de reponer actuaciones al momento de dictar sentencia, con las consiguientes dilaciones, para obtener el pronunciamiento omitido. Este remedio está al servicio de la agilidad procesal, evita la interposición de un recurso, se consigue la omisión producida con evidente economía procesal que potencializa el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El tercer motivo decae y debe ser desestimado. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Ministerio Público; 2) Declara firme la sentencia de fecha nueve (09) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha once de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 461-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1]El connotado Jurista Fernando de Rúa; establece que" la motivación debe corresponder al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las conclusiones a las que arribe el Tribunal, sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprendido en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas, que de su aplicación se derivan.