Sentencia CP-461-17 — Registro 12589
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, se declara sin lugar el recurso de casacuón interpuesto por sus defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente enuncia dos motivos recursivos e independientes uno del otro, como ser la carencia de motivaciones fácticas o jurídicas y violación de las reglas de la sana crítica, sin embargo el desarrollo del recurso se ha centrado en la segunda; ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana crítica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, en que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o cómo debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el recurrente no solo señala violación a las reglas de la sana crítica, sino que su alegato se desborda a otras vertientes de quebrantamientos de forma; alegato de impugnación que lo vuelve confuso, además, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana crítica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que identifica las contradicciones, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el a-quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad-quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Decisión. No Ha Lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo...."
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva ninguna dificultad. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones establecidas en la norma anterior, por lo que el juez deberá determinar cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, debe tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial tomada, en la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación debe realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación debe realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se debe realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso, las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real, son: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Ermil Ávilez, la pena principal de 10 años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de actos de lujuria agravados, en perjuicio de G. Y. C. P., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Violación (artículo 249), a razón que los hechos probados, describen una conducta del acusado José Ermil Ávilez, de haberle introducido los dedos en la vagina de G. J. C. P.; conducta comprendido dentro de los elementos del tipo penal en cuestión, como la introducción de órganos corporales (los dedos); cuya pena abstracta es de 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; además de la imposición de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria comercio o industria de los que se hubieren valido el responsable para la realización de los hechos por el doble del tiempo de la duración de la condena, pudiendo llegarse, en el caso de la patria potestad, tutela, curatela o guarda, a su privación definitiva; al ser el autor o partícipe en el delito un funcionario o empleado público, debe imponerse, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de duración de la condena; la medida de libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración de hasta 10 años y el ser incluido en el registro de agresores sexuales (Art. 267).
Ante lo anterior, la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia, se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de 09 a 13 años de prisión prevista en el Código Penal 130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 461-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor José Ermil Ávilez como autor responsable penalmente del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor G. Y. C. P. a la pena de diez años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor José Ermil Ávilez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del señor José Ermil Ávilez. CUARTO: No procedió condenar al señor José Ermil Ávilez en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió declarar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado José Manuel Andrade, actuando en su condición de defensor privado del señor José Ermil Ávilez. Son partes en única instancia: El Abogado José Manuel Andrade Ávila, defensor privado, en su condición de recurrente; la Abogada Marina Audely Varela, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos Probados de la instancia “PRIMERO: El día 15 de mayo del año 2015, siendo aproximadamente las doce del mediodía, la menor G. J. C. P., salía de su centro educativo, cuando se encontró al señor José Ermil Aviléz, quien ofreció darle jalón para llevarla hasta su casa de habitación, ubicada en la Aldea Santa Elena Montaña de Azacualpa, del departamento de Francisco Morazán, manifestándole el señor Aviléz a la menor que le iba a conseguir una beca para que continuara sus estudios. SEGUNDO: Con el ofrecimiento de la beca, el señor José Ermil Aviléz, la llevo a su lugar de trabajo el cual es el Centro de Salud de la comunidad Aldea Santa Elena, donde procedió a solicitarle a la menor se subiera su blusa y su brazier y comenzó a tocar sus miembros genitales, como ser: sus pechos, vulva e introduciéndole los dedos en su vagina.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado José Manuel Andrade Ávila, actuando en su condición de defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: La sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes, por lo que no se observan las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La sentencia promulgada por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica en su principio de derivación en su característica de razón suficiente. La sana crítica nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional, puesto en juicio. Implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. En nuestra opinión, el Tribunal de Sentencia que decidió su fallo por la condena de nuestro representado, omitió gravemente las reglas de la sana crítica, específicamente las relacionadas con las de la psicología y las reglas de la experiencia, estructurando toda la fundamentación de su fallo en la credibilidad total que le asignaron al testimonio de un menor, cuyo contenido resulta seriamente cuestionable al momento de contrastarlo con el resto del universo probatorio. PRIMERO: Con base a lo anterior, el tribunal emite una sentencia condenatoria en contra de mi representado, la cual es contraria a la sana crítica debido a que se fundamenta en argumentaciones débiles e insuficientes para llegar a la conclusión que arriba en el fallo. El Tribunal utiliza básicamente la declaración de la menor G. Y. C. P., para declarar a mi representado culpable del delito de actos de lujuria. No podemos olvidar el carácter libidinoso que estas acciones llevan implícitas, no obstante en la declaración de la supuesta ofendida no logra vislumbrarse ese aspecto libidinoso o morboso en las supuestas acciones de mi representado y en sus propias palabras considero que estaba siendo examinada, creemos que con la edad que cuenta la ofendida (14 años al momento de los hechos — 17 años al momento del juicio oral) esta en la capacidad de distinguir esa diferencia de tocamientos. Si bien el juzgador al hacer la valoración conjunta de la prueba invoca los elementos de la sana critica relacionando lo que viene a ser la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud de la narración de los hechos y la persistencia en la incriminación; no obviemos que solo cuenta con esta declaración, ya que la deposición del padre de la supuesta víctima el señor EMILIO ADOLFO CARDENAS no es testigo de hechos y este es claro en NO incriminar a ninguna persona por ningún hecho, y así lo dejo ver a los Juzgadores. SEGUNDO: El dictamen médico contradice lo manifestado por la ofendida, ya que esta en su declaración manifiesta la introducción de dedos en su vagina sin embargo el reconocimiento devela en G. Y. C. P., un perfecto estado físico ya que se ha encontrado un himen integro y pliegos radiados conservados, esta contradicción debió generar falta de credibilidad en la víctima para los Juzgadores, considera esta Defensa que no se reúnen los requisitos para considerar que la sana critica es parte de la injusta sentencia mediante la cual se condena a mi representado, puesto que dicha declaración es puesta en duda con el reconocimiento médico. Del examen psiquiátrico forense, concluye un examen mental normal, no hay traumas en la psiquis de la supuesta ofendida, lo cual no es usual en las víctimas de delitos sexuales. TERCERO: Sumando a lo anterior los medios de prueba presentados por el Ministerio Público son insuficientes para poder incriminar participación directa de mí representado JOSE ERMIL AVILEZ, de la supuesta escena del crimen, es importante destacar que el Ministerio Público nunca presentó al testigo (Eris) que supuestamente sería el testigo que vio salir a la menor del lugar donde la había conducido mi representado, por ende, la declaración de la supuesta ofendida no es suficiente y carece de credibilidad subjetiva para aseverar que el señor JOSE ERMIL AVILEZ, haya conducido al Centro de Salud donde asegura que cometió acciones tendientes a poner en riesgo su libertad sexual. CUARTO: Con la escasa y contradictoria prueba aportada no puede incriminarse acciones ilícitas a mi representado, y no logra concordar con los hechos probados de la sentencia donde se le concede total validez a una declaración la cual carece de credibilidad subjetiva y no reviste acciones libidinosas en la conducta de mi representado, o que el mismo haya puesto en peligro el bien jurídicamente protegido. Valorando todo lo anterior, no se puede deducir responsabilidad contra mí representado pues, no hay ningún elemento indubitado que pueda relacionar directamente al inculpado en la comisión del delito. La declaración de la ofendida G. Y. C. P., no puede ser valorada en perjuicio si no cuenta con prueba periférica que le conceda credibilidad, además que la misma no incrimina a mi representado en la comisión de un delito de carácter lujurioso. Por lo anterior, la declaración en la que fundamentalmente se basa el Tribunal para culpar a mi representado, no es suficiente ni lleva a deducir con base a la sana critica, que el imputado sea culpable del delito de actos de lujuria. Por lo que, esta Representación Legal considera que la sentencia en cuestión no cumple con los requisitos de la Sana Crítica, pues de haber valorado conforme a ellas hubiese llegado a la conclusión que la prueba resultaba insuficiente para crear un cuadro factico que inculpara a mi poderdante. En ese sentido y siendo que dicho yerro constituye una Violación grave que no garantiza una sentencia libre de prejuicios apegada a derecho le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, anule la Sentencia dictada como en Derecho corresponde.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin describir por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: La sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes, por lo que no se observan las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia. El recurrente enuncia en el desarrollo de su recurso, la carencia de motivaciones fácticas y la no observancia de las reglas de la sana crítica, señalando como regla transgredida la lógica en su principio de derivación, característica de razón suficiente, por considerar el censor, que el tribunal emite una sentencia condenatoria fundamentándose en argumentaciones débiles e insuficientes. Luego realiza sus propias valoraciones sobre la prueba evacuada en audiencia de debate, concluyendo que entre los mismos existen contradicciones, resultando ser insuficientes para incriminar a su representado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente enuncia dos motivos recursivos e independientes uno del otro, como ser la carencia de motivaciones fácticas o jurídicas y violación de las reglas de la sana crítica, sin embargo el desarrollo del recurso se ha centrado en la segunda; ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana crítica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, en que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o cómo debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el recurrente no solo señala violación a las reglas de la sana crítica, sino que su alegato se desborda a otras vertientes de quebrantamientos de forma; alegato de impugnación que lo vuelve confuso, además, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana crítica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que identifica las contradicciones, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el a-quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad-quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Decisión. No Ha Lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva ninguna dificultad. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones establecidas en la norma anterior, por lo que el juez deberá determinar cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla generalaplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, debe tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial tomada, en la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación debe realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación debe realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se debe realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso, las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real, son: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Ermil Ávilez, la pena principal de 10 años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de actos de lujuria agravados, en perjuicio de G. Y. C. P., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Violación (artículo 249), a razón que los hechos probados, describen una conducta del acusado José Ermil Ávilez, de haberle introducido los dedos en la vagina de G. J. C. P.; conducta comprendido dentro de los elementos del tipo penal en cuestión, como la introducción de órganos corporales (los dedos); cuya pena abstracta es de 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; además de la imposición de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria comercio o industria de los que se hubieren valido el responsable para la realización de los hechos por el doble del tiempo de la duración de la condena, pudiendo llegarse, en el caso de la patria potestad, tutela, curatela o guarda, a su privación definitiva; al ser el autor o partícipe en el delito un funcionario o empleado público, debe imponerse, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de duración de la condena; la medida de libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración de hasta 10 años y el ser incluido en el registro de agresores sexuales (Art. 267).
Ante lo anterior, la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia, se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de 09 a 13 años de prisión prevista en el Código Penal 130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Manuel Andrade, actuando en su condición de defensor privado del señor José Ermil Ávilez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado José Ermil Ávilez. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor José Ermil Ávilez por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor G. Y. C. P.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-461-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL