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Sentencia CP-460-18 — Registro 14237

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) Son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y,b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, la pena principal de 10 años de reclusión, por ser autora responsable penalmente de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido “FIRUS”, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, la cual debe ser rebajada en un cuarto (1/4) por tratarse de una tentativa acabada (artículos 21 literal b) y 62), lo que nos da un nuevo margen abstracto de once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, la pena privativa de la libertad supera el marco abstracto impuesto en la sentencia de instancia, lo que no la hace aplicable retroactivamente conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Giovinezza Dubois, defensora pública de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández; 2) Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada a la ahora condenada Gissela Alejandra Flores Hernández;..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Al analizar la suficiencia de la prueba de cargo evacuada en juicio para declarar el fallo de culpabilidad en contra de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido “FIRUS”; la Sala de lo Penal concluye que la misma sí cumple con el requisito de suficiencia para colegir razonable y objetivamente que la acusada realizó el delito por el que se le ha condenado. Al remitirnos al acumulado probatorio, se constata que el sentenciador fundó su pronunciamiento condenatorio en la prueba de cargo siguiente: 1. Declaración testifical del testigo protegido “FIRUS”. 2. Lectura y ratificación del acta de inspección ocular No. 991-2016 (f. 52). 3. Dictamen pericial realizado por el Doctor Atilio Aurelio Uclés. En la intelectiva el sentenciador colige (f. 144) que al hacer un balance entre la prueba de cargo y descargo concluye en que tiene mayor fuerza probatoria la que ha presentado el Ministerio Público, puesto que en primer lugar ha escuchado la deposición del testigo protegido (realización del principio de inmediación) quien a su vez es la víctima en este caso y él de manera sencilla, pero muy clara, ha establecido como sucedieron los hechos, ha mencionado las personas que lo atacaron, describió el sitio hacia donde lo llevaron, mencionando cada una de las palabras amenazantes que le decían en todo momento, asimismo refirió la forma en que le fueron inferidos los disparos, la acción que realizó cada uno de los atacantes y describió el arma blanca que portaba la imputada con la cual le amenazaba a cada momento con “cortarle la cabeza” si se movía, mientras simultáneamente lo golpeaban en diferentes partes de su cuerpo hasta antes de recibir los disparos, relató que la imputada “cuidaba que nadie se acercara a la escena del hecho mientras era atacado”, por todo ello el tribunal considera que los dichos de la víctima son veraces y merecen pena credibilidad. Al analizar por esta superioridad el anterior iter lógico, se concluye que en el mismo se han respetado las reglas de la sana crítica, pues los razonamientos son derivados y concordantes de los elementos probatorios, testifical, documental y pericial, no falsean su contenido y conducen razonablemente a concluir que la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, sí realizó el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Debe recordar la recurrente que según la normativa penal sustantiva, cuando sean varios los ejecutores, tendrá la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos. En el caso particular, dos personas, entre ellas la acusada, con base en un acuerdo común, llevaron a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso. Al dar por acreditado el sentenciador que la señora Flores Hernández atacó a la víctima y posteriormente cuidaba que nadie se acercara a la escena del hecho mientras era atacado por su otro acompañante, existió un co-dominio material y funcional del delito (en este sentido, véase la sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el expediente SP 069-2009 de fecha 10 de junio de 2010). Existió un acuerdo común, ya que el sujeto desconocido y la acusada Flores Hernández colaboraron con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo. Asimismo existió un aporte objetivo pues ambos tuvieron una contribución objetiva a la empresa delictiva para la consecución del fin que perseguían, en este caso, la muerte del testigo protegido “FIRUS”. El tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, se constata que existió porque los medios de prueba se obtuvieron lícitamente y se practicaron en el juicio oral bajo la vigencia de los principios que rigen la actividad probatoria, que el razonamiento de convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración de prueba de cargo. La prueba permite, así concluido por el sentenciador, la existencia sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal reprochado al acusado. Ha existido prueba de cargo válida cuya virtualidad provoca el decaimiento del estado de inocencia de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, así como que también se explicitó suficientemente los razonamientos para justificar el decaimiento del estado de inocencia. Como se ha expuesto anteriormente, no puede pretender la recurrente que esta superioridad al abordar su recurso, se forme otro resultado probatorio u otra convicción valorativa de la prueba evacuada en juicio. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede por tanto que la recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode a su personal interés, sino que habrá que habrá que argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por la instancia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el veredicto de culpabilidad proferido por la instancia, respeta el estado constitucional de inocencia y el debido proceso, pues la prueba aportada resultó razonablemente suficiente y categórica para desvanecer el estado de inocencia de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 460-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el expediente SP 460-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenó a la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, como autora de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido FIRUS, a la pena de diez años de reclusión, la que deberá cumplir en el centro penitenciario según lo ordene el juez de ejecución respectivo, debiendo abonarse a su favor el tiempo que haya estado en efectiva prisión. Segundo: Condenó a la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, la que será determinada por el juez de ejecución competente. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la señora Gissela Alejandra Flores Hernández. Quinto: No declaró comiso ya que no se presentó ningún objeto o instrumento del delito. Sexto: Dictó sentencia absolutoria por el delito de robo del cual fue acusada la señora Gissela Alejandra Flores Hernández. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Giovinezza Dubois, defensora pública de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández. Son partes en única instancia: los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García Alvarado, defensores públicos de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, como recurrentes; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes, por conformidad expresa de las partes. ÚNICO: En fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis aproximadamente a las siete de la noche en la colonia Los Pinos de esta ciudad de Tegucigalpa el testigo protegido Firus fue interceptado por la señora Gissela Alejandra Flores, junto a una persona desconocida quienes portando un machete y un arma de fuego respectivamente le pedían que les entregara su teléfono celular y ante su negativa lo condujeron hacia unas gradas que dan a una quebrada en la misma zona, donde lo retuvieron aproximadamente unas dos horas tiempo en el cual ambas personas lo golpeaban con el arma de fuego en la cabeza y con los pies, seguidamente el acompañante de la señora Gissela le disparó en reiteradas ocasiones al testigo protegido mientras tanto la imputada vigilaba que nadie llegara e intimidaba a la víctima con el machete, diciéndole que le iba a “cortar la cabeza”, posteriormente ambos se retiraron del lugar, abandonando al ofendido creyendo que este había fallecido.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Giovinezza Dubois, defensora pública de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASA POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVOPRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89.“Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece……”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código………”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra la señora GISSELA ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ, a quien se le sigue proceso por el Delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de GISSELA ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ, produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, como ser la declaración del testigo protegido firus, que manifiesta: “luego apareció Gissela Flores Hernández y lo llevaron a un lugar más oscuro donde le pegaban y le decían que lo iban a matar y le llevaron para unas gradas de allí mismo del sector, donde le decían que les diera el celular que si no lo iban a matar, Gissela Hernández le decía que no se moviera porque si no le iba a arrancar la cabeza con un machete que ella andaba, en eso le empezó a disparar Marvin Gallegos y después se fueron y salieron corriendo,……”. Esta declaración es la única fuente informativa que aporto el Ministerio Publico, esta prueba de cargo traída ajuicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representada de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, pues no existe en el presente juicio pruebas periciales, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga e incriminar a mi defendida. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y, c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. Si se observa el testigo protegido firus no vio disparar a mi representada, lo que él vio fue que este andaba con un machete, en consecuencia estamos en desacuerdo de que mi representada haya participado en dicha acción, ya que la misma no ha sido clara ni contundente, por expresarlo el testigo protegido firus que quien lo intercepta es Marvin Leonel Gallegos Morales, y el medio de prueba de dictamen pericial realizado por el doctor Atilio Aurelio Acles expresa que el diagnóstico es un trauma torácico penetrante secundario a herida por arma de fuego, neumotórax derecho secundario con una incapacidad de 60 días, con estos medios de prueba lo que se acredita es que efectivamente resulto una persona agredida, pero en ningún momento que haya sido mi representada. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1]En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa pública de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción al estado de inocencia y al debido proceso. Pretensión: dictar lo procedente conforme a derecho. La censora del fallo inicia citando el contenido de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, y 1 y 2 del Código Procesal Penal. Luego de ello, arguye que en el caso presente, la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo consistente en la declaración del testigo protegido “FIRUS”, la cual es la única fuente informativa que aportó el Ministerio Público y resulta insuficiente e incompleta para inculpar a la acusada. No existen pruebas periciales, las cuales serían fundamentales para esclarecer el hecho que se enjuicia. Además de la falencia probatoria, arguye que el testigo protegido no vio disparar a la acusada, lo que vio fue que ésta andaba con un machete. En definitiva, concluye que el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes para lograr enervar el estado de inocencia de la acusada. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Al analizar la suficiencia de la prueba de cargo evacuada en juicio para declarar el fallo de culpabilidad en contra de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido “FIRUS”; la Sala de lo Penal concluye que la misma sí cumple con el requisito de suficiencia para colegir razonable y objetivamente que la acusada realizó el delito por el que se le ha condenado. Al remitirnos al acumulado probatorio, se constata que el sentenciador fundó su pronunciamiento condenatorio en la prueba de cargo siguiente: 1. Declaración testifical del testigo protegido “FIRUS”. 2. Lectura y ratificación del acta de inspección ocular No. 991-2016 (f. 52). 3. Dictamen pericial realizado por el Doctor Atilio Aurelio Uclés. En la intelectiva el sentenciador colige (f. 144) que al hacer un balance entre la prueba de cargo y descargo concluye en que tiene mayor fuerza probatoria la que ha presentado el Ministerio Público, puesto que en primer lugar ha escuchado la deposición del testigo protegido (realización del principio de inmediación) quien a su vez es la víctima en este caso y él de manera sencilla, pero muy clara, ha establecido como sucedieron los hechos, ha mencionado las personas que lo atacaron, describió el sitio hacia donde lo llevaron, mencionando cada una de las palabras amenazantes que le decían en todo momento, asimismo refirió la forma en que le fueron inferidos los disparos, la acción que realizó cada uno de los atacantes y describió el arma blanca que portaba la imputada con la cual le amenazaba a cada momento con “cortarle la cabeza” si se movía, mientras simultáneamente lo golpeaban en diferentes partes de su cuerpo hasta antes de recibir los disparos, relató que la imputada “cuidaba que nadie se acercara a la escena del hecho mientras era atacado”, por todo ello el tribunal considera que los dichos de la víctima son veraces y merecen pena credibilidad. Al analizar por esta superioridad el anterior iter lógico, se concluye que en el mismo se han respetado las reglas de la sana crítica, pues los razonamientos son derivados y concordantes de los elementos probatorios, testifical, documental y pericial, no falsean su contenido y conducen razonablemente a concluir que la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, sí realizó el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Debe recordar la recurrente que según la normativa penal sustantiva, cuando sean varios los ejecutores, tendrá la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos. En el caso particular, dos personas, entre ellas la acusada, con base en un acuerdo común, llevaron a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso. Al dar por acreditado el sentenciador que la señora Flores Hernández atacó a la víctima y posteriormente cuidaba que nadie se acercara a la escena del hecho mientras era atacado por su otro acompañante, existió un co-dominio material y funcional del delito (en este sentido, véase la sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el expediente SP 069-2009 de fecha 10 de junio de 2010). Existió un acuerdo común, ya que el sujeto desconocido y la acusada Flores Hernández colaboraron con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo. Asimismo existió un aporte objetivo pues ambos tuvieron una contribución objetiva a la empresa delictiva para la consecución del fin que perseguían, en este caso, la muerte del testigo protegido “FIRUS”. El tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, se constata que existió porque los medios de prueba se obtuvieron lícitamente y se practicaron en el juicio oral bajo la vigencia de los principios que rigen la actividad probatoria, que el razonamiento de convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración de prueba de cargo. La prueba permite, así concluido por el sentenciador, la existencia sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal reprochado al acusado. Ha existido prueba de cargo válida cuya virtualidad provoca el decaimiento del estado de inocencia de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, así como que también se explicitó suficientemente los razonamientos para justificar el decaimiento del estado de inocencia. Como se ha expuesto anteriormente, no puede pretender la recurrente que esta superioridad al abordar su recurso, se forme otro resultado probatorio u otra convicción valorativa de la prueba evacuada en juicio. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede por tanto que la recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode a su personal interés, sino que habrá que habrá que argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por la instancia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el veredicto de culpabilidad proferido por la instancia, respeta el estado constitucional de inocencia y el debido proceso, pues la prueba aportada resultó razonablemente suficiente y categórica para desvanecer el estado de inocencia de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) Son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y,b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Gissela Alejandra Flores Hernández, la pena principal de 10 años de reclusión, por ser autora responsable penalmente de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido “FIRUS”, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, la cual debe ser rebajada en un cuarto (1/4) por tratarse de una tentativa acabada (artículos 21 literal b) y 62), lo que nos da un nuevo margen abstracto de once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, la pena privativa de la libertad supera el marco abstracto impuesto en la sentencia de instancia, lo que no la hace aplicable retroactivamente conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Giovinezza Dubois, defensora pública de la señora Gissela Alejandra Flores Hernández; 2) Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada a la ahora condenada Gissela Alejandra Flores Hernández; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), proferida por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resulto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 460-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.