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Sentencia CP-456-18 — Registro 14234

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo uso de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces, un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que: “El día jueves tres de diciembre del 2014 los agentes Hidalberto Saicion Beneth y Luis Alonzo Enrique; se encontraban en un retén de rutina ubicado en la posta policial de López Bonito a las tres de la tarde, cuando detienen el vehículo en el cual se transportaba el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos y le solicitan los documentos personales y del vehículo, posteriormente y sin motivo aparente, sin estar autorizados y sin seguir el procedimiento legal, procedieron a practicarle un registro al vehículo en el que se conducía el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos.” Para los señores jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, no estaba realizando ninguna maniobra peligrosa o inusual, mucho menos acción atentatoria en contra de las personas o la propiedad, que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad; los juzgadores inclusive van más allá, señalando que en todo caso el acusado tenía el derecho de contar con un Abogado defensor en la práctica del registro dado que el acusado era considerado sospechoso. Para esta Sala de lo Penal los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Walter Josué Rodríguez Chirinos., sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al cursar por una zona en la que existe un operativo policial de rutina ubicado en la posta policial de López Bonito a las tres de la tarde, y ver a una persona transitando estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro pues el fundamento razonable parte precisamente del lugar en donde se encontraba, al que se sumó la actitud nerviosa del acusado, la que se explicó después al encontrársele un costal color rojo y en las que se le encontró 15 paquetes en vueltos con tape transparente los que contenía cada uno de ellos hierba seca supuesta marihuana. Los Agentes de policía no podían solicitar al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos que entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano dispuesto al azar y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía realizaban su operativo policial; es entonces incorrecto el criterio del juzgador que era necesario que el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, contara con la asesoría de un Abogado previo al registro, pues éste no tenía la calidad de imputado (Art. 101 CPP), ni tampoco se le seguía investigación por delito o falta, por lo que el registro no constituía acto de investigación preliminar. La Recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado primero porque el lugar en donde transitaba el acusado estaba un operativo policial de rutina en el que se estaba realizando detención de vehículos en la que se solicitaba su documentación y revisión del mismo, así como su registro personal y, posteriormente, por la postura nerviosa adoptada por éste; ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal y revisión del vehículo; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del señor Walter Rodríguez.; 5. El registro del vehículo fue realizado por agentes de policía y al habérsele encontrado al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos., encontrándosele dentro de un saco de maíz 15 paquetes conteniendo hierba seca supuesta marihuana, los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro del vehículo de fecha 03 de diciembre de 2014; ii.- Dictamen Toxicológico número 2014-0101-0506-0434; y iii.- Acta de inspección ocular donde se hace descripción del vehículo. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste. Decisión Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 456-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 456-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, del delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público.- Tercero: Destrúyase la evidencia presentada, consistente en 10,708 gramos de hierba seca marihuana, la que se encuentra en custodia del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. “Valorando las pruebas practicadas en el Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El día jueves tres de diciembre del 2014 los agentes Hidalberto Saicion Beneth y Luis Alonzo Enrique; se encontraban en un retén de rutina ubicado en la posta policial de López Bonito a las tres de la tarde, cuando detienen el vehículo en el cual se transportaba el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos y le solicitan los documentos personales y del vehículo, posteriormente y sin motivo aparente, sin estar autorizados y sin seguir el procedimiento legal, procedieron a practicarle un registro al vehículo en el que se conducía el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos.” RECURSO DE CASACION. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente Abogada Lourdes Rivas, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P. No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el registro del vehículo conducido por el acusado WALTER JOSUÉ RODRÍGUEZ CHIRINOS, y realizado por el policía LUIS ALONSO HENRIQUEZ MELGAR, pues considera en el análisis intelectivo de los medios de prueba específicamente en los párrafos segundo y tercero que quedó plenamente acreditado en juicio que “los agentes de Policía Luis Alonso Enrique y Heriberto Saicion Beneth al momento que abordan al imputado no existía denuncia alguna en su contra, no se encontraba en una situación que pudiese deducirse que en ese momento estuviese realizando actos contrarios a la ley, ya que el imputado en el momento que es observado por los policías dentro de un vehículo y a simple vista no se encontraban indicios racionales que llevaran a los policías a sospechar de la comisión de un ilícito, por lo tanto, no estaba en la facultad de abordar al imputado y proceder a registrarlo, pues únicamente estaban facultados para verificar que la documentación que portaba se encontraba conforme a derecho, es decir, que solo les es permitido solicitar la documentación, llámese licencia de conducir y revisión del vehículo y corroborar la información plasmada en dicho documento con las características físicas del vehículo que a simple vista se puede observar, no así a realizar registro dentro de las pertenencias del conductor, sin su previa autorización y debida explicación por parte de los agentes de la policía, lo cual no sucedió en el caso de autos”……..”no se extrajo de la prueba practicada en el debate, que al momento que se le practicó el registro este fuese hecho en presencia de testigos o con la asistencia de un abogado defensor o al menos que haya sido puesto el vehículo a la orden del Ministerio Publico para su revisión, esto para garantizar los actos y la obtención de indicios, respetando así el Debido proceso, porque si bien no había motivo para detenerlo o registrarlo, no mencionaron que existía motivos que los hiciera presumir que dentro de sus ropas o dentro del saco de maíz que llevaba en el baúl del vehículo, pudiese ocultar objetos o vestigios relacionados con el delito, así mismo faltaron a su deber al no advertirle al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, sobre la supuesta sospecha que tenían antes, de proceder al registro, faltando a su deber aún más cuando el policía Luis Alonso Enríquez procedió a practicarle el registro al vehículo del acusado sin que este se haya negado a la solicitud de aquel a entregar lo que tuviere en el mismo, pues no había motivo racional previo para abrir el baúl del vehículo. Al haber realizado de manera ilegal el registro del vehículo del imputado, los policías Luis Alonzo Enríquez e Hidalgo Saicion Beneth, violentando el precepto Constitucional establecido en el artículo 81 y 90 en relación al artículo 208 del Código Procesal Penal, siendo que el imputado tenía todo el derecho de permanecer o circular en cualquier parte del territorio nacional, lo que conlleva a que toda la prueba obtenida de manera ilegal carezca de eficacia probatoria ya que vulnera derechos fundamentales, pues entra dentro de la esfera de la intimidad que regula el artículo 76 de la Constitución de la República…..que toda la prueba obtenida después del registro personal no puede ser objeto de valoración por parte de este Tribunal en vista de que resulta ser una prueba prohibida o ilícita. “; y es precisamente que bajo el argumento transcrito anteriormente es que excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan de dicho registro personal como ser: 1).- El acta de registro de vehículo, que describe un saco de nylon de color rojo y en su interior al soltarlo se observa que había un maíz y unos paquetes cubiertos con nylon trasparente de hierba seca supuesta, marihuana, 2).- El Dictamen Toxicológico número 2014-0101-0506-0434 elaborado por la Dra. Xenia Medina en cual establece que son 15 paquetes de hierba seca, con un peso de 10,708 gramos, concluyendo que es marihuana, 3).- Acta de Inspección ocular que describe que en el vehículo tipo turismo, color gris, marca Toyota, placas PAK 1666 el cual tiene la compuerta de su baúl abierta en el interior se aprecia un saco de mezcal de color rojo el cual contiene en su interior producto alimenticio (maíz) y entremedio de este se encontró la cantidad de quince paquetes envueltos en cinta tape transparente con hierba seca supuesta marihuana, en virtud que el juzgador es del criterio, que la probanza supraindicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, garantías que constituyen también el Debido Proceso. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1) Que se desprende de las deposiciones de los dos policías que participaron en la detención del acusado, que si bien efectuaron un registro vehicular en el cual se encontró un saco de nylon color rojo y dentro del mismo 15 paquetes de hierba seca marihuana, este se practicó con el consentimiento del imputado, sobre este particular es preciso determinar que la acción realizada por los agentes de la policía está enmarcada en el ámbito de sus obligaciones para prevenir la comisión de delitos, el registro como acto que busca descubrir objetos ilícitos sin traspasar la esfera de la integridad, y la libertad personal, la identificación y el registrar, como toda intervención policial, debe guiarse por la oportunidad, la congruencia y la proporcionalidad, en ese sentido la sentencia TS “°, S 20-12-1993 del Tribunal Supremo, establece que lo” Único exigible para que sea lícita la suspensión de la libertad de circulación por el breve plazo de la práctica de una diligencia de control o registro callejero es, de un lado, que exista una norma que ampare la actuación de la autoridad o sus agentes y, de otro, que se respeten los principios de proporcionalidad y exclusión de la arbitrariedad, de modo que la actuación que la ley autoriza de manera general aparezca racionalmente indicada en el caso concreto y se practique sin excederse de lo necesario para su buen fin, esto es, que no rompa el equilibrio entre el derecho y su limitación", en la misma consonancia las sentencia TS 2° , S 02-02-1996, TS 2|04-02-1994 y el Auto TC 28/1/91, reconoce el derecho de la policía a registrar a las personas, aun cuando no existan previos indicios de infracción, siempre y cuando dicha acción policial se enmarque en el curso de la actividad preventiva e indagatoria de hechos delictivos. 2) El policía HIDALBERTO SAICION BENETH, refirió en su declaración que el día Jueves 03 de Diciembre del 2014 a las tres de la tarde, estaban asignados junto a otros cuatro compañeros a Posta Policial de Bonito Oriental realizaban operativo de rutina, su compañero Luis Alonzo hizo señal de parada a un vehículo tipo turismo color gris, donde se transportaba el encausado Walter Josué Rodríguez Chirinos, dos personas del sexo femenino y un niño, manifestando estas que se conducía de Colon a Tegucigalpa, al pedirle al señor Walter la Licencia y Revisión y un registro personal, este se baja del vehículo y autoriza tanto la revisión personal como la del vehículo, abrió el baúl estando presente los policías Hidalberto, Alvarenga y Ávila, Luís abrió el baúl observado un saco de color rojo que contenía maíz y al preguntarle al encausado que llevaba, este le dijo que nada; Luis observa un paquete de hierba seca, dentro del saco de maíz, llaman a los técnicos de la Dirección Policial de Investigación, quienes realizan la inspección y ordenan que se traslade el imputado a la oficina de la Dirección Policial de Investigación y el fiscal ordena se hiciera la remisión a la fiscalía, el registro se realizó porque era un operativo de rutina, se le pidió autorización al imputado para inspección normal y revisar e' vehículo. 3) El policía LUIS ALONZO ENRIQUEZ refirió en su declaración que el día Jueves 03 de Diciembre del 2014 a las tres de la tarde, se encontraba realizando operativo en la Posta López Bonito con los policías Hidalberto Benth, Alvarenga y Ávila, en ese momento observa un vehículo tipo turismo color gris con dirección de La Ceiba a Tela, le hace señal de parada y le practica registro y revisión de documentos, Licencia y Revisión, le solicita al conductor que se baje del vehículo que iba a realizar un registro al vehículo, se le explico el procedimiento previo al registro quien manifestó que estaba bien que no había problema, al preguntarle para donde viajaba contesto que para Tegucigalpa, se hacía acompañar de dos personas del sexo femenino y un menor, estas manifestaron que iban de jalón, a encausado lo notó nervioso, le pide que abriera la parte de atrás del baúl estando el imputado a su lado, observa un costal color rojo al abrirlo contenía maíz y unos paquetes de hierba seca supuesta marihuana, envueltos en tape transparente, a' descubrir los paquetes se detuvo al imputado, y le dice que lo va a detener porque lleva algo sospechoso, se llama a inspecciones oculares, al llegar el técnico contabilizo 15 paquetes, que fueron sacados por inspecciones oculares. De lo anterior se desprende que si bien es cierto el acusado no daba sospechas que transportaba algo ilícito pero es precisamente lo que los policías buscan cuando realizan los registros tanto personales como a los vehículos cuando realizan operativos de rutina; El Juzgador en el párrafo séptimo del análisis intelectivo de los medios de prueba indica “El Tribunal denota que el imputado no fue informado que pendía sobre él una sospecha de la comisión de un delito, mucho menos fue exhortado a presentar de manera voluntaria los objetos que portaba en el baúl de su carro y no se encontraba realizando actos que justificaran un registro personal o de vehículo, por parte de la policía, no siendo posible comprobar este extremo con otros medios de prueba, constituyendo esto una violación al Debido Proceso” sobre esta apreciación del juzgador no la compartimos puesto que las fuerzas del orden al realizar este tipo de requisas previenen el traslado de cualquier objeto ilícito, y en el caso sub judice, lo mismo ocurriría si et registro hubiera sido efectuado en el aeropuerto a través de un Scanner, donde todos los pasajeros deben de pasar por él sin excepción alguna, diríamos entonces que se nos violenta el derecho a la libertad de tránsito y a la intimidad por permitir que un aparato nos tome imágenes de nuestro cuerpo para conocer si llevamos consigo algo, ilícito; cuando lo que se pretende con este tipo de herramientas es encontrar y por ende evitar el traslado ilegal de objetos, en el caso que nos ocupa el hallazgo de la droga representa un peligro en contra de La Salud de la Población del Estado de Honduras, puesto que el delito de Tráfico de Drogas es un delito de peligro abstracto, y de ejecución inmediata mientras dure la comisión del mismo, por otra parte, la actuación de la policía en este tipo de diligencias debe ser rápida, ya que se corre el riesgo de que la persona pueda salir huyendo a sabiendas de que esta cometiendo un ilícito penal, . En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento policial que iban a ser requisado tuvo la oportunidad de mostrar o exhibir lo que lleva consigo y proceder a la entrega voluntaria de la droga, cuando fue informado de que se le iba a practicar un registro, quien no se opuso al mismo puesto que era evidente que portaba algo ilícito; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas vinculadas con la detención, que merecen absoluta valía probatoria al tratarse de prueba lícita. (Acta de Registro de vehículo y el Dictamen Toxicológico realizado a la droga decomisada). 4 ) Es importante señalar, que la Policía Preventiva posee entre otras, la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso in examine la policía está facultada a realizar registros a las personas cuando considera que pueden llevar consigo cosas ilícitas y de acuerdo a las máximas de la experiencia podemos concluir que muchas de las personas que se trasladan en los buses de ruta, vehículos particulares, furgones, llevan ocultas muchas evidencias o instrumentos para delinquir, por ejemplo, armas de fuego en sus diversas modalidades, dinero no declarado, drogas, como en el presente caso, por ende los agentes de policía actuaron amparados en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 57 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, sin lesionar garantías constitucionales, pues reiteramos, que los agentes de la policía dispusieron realizar el registro personal al encausado como el registro al vehículo con la finalidad de evitar la comisión de delitos, registro que de ninguna manera vulnera el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen y al derecho a circular libremente, salir y entrar y permanecer en el territorio nacional, tal como lo arguye el Tribunal, lo cual pudiera vulnerarse el Derecho a la intimidad y la libertad personal. 5) La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten at efecto, así lo ha dejado establecido la Sala de lo Penal, al haberse pronunciado de la manera siguiente:"[1] Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, las Actas de: Inspección ocular de la Policía Nacional (folio No. 24), Acta de Decomiso de los monitores plasma, -folio No. 26-, y el Acta de Decomiso de la Pistola de Impacto -folio No. 27- constituyen lo que la legislación procesal penal nacional denomina “Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito”, es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso... Esta Sala estima que con la práctica de las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausada B. L. P., en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y de del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto...” En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la diligencia de práctica de Registro de Vehículo al acusado se encuentra apegada a la ley, puesto que los policías amparados en su labor preventiva, llevaron a cabo la misma y por lo tanto los demás medios de probatorios obtenidos como consecuencia, también o son como ser el Dictamen Toxicológico, que determina que la droga decomisada efectivamente es marihuana y que la cantidad correspondía 10,708 gramos por lo que no es compatible para el consumo personal inmediato, así como la evidencia física consistente en quince paquetes envueltos con tape transparente conteniendo 10,708 gramos de marihuana, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, como de manera arbitraria lo hizo, en de vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, y que de aceptar lo estipulado por el Tribunal de Sentencia sobre los registros practicados, se estaría abriendo una brecha enorme que contribuiría a la Impunidad e iría en detrimento absoluto de lo que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de FALICITAR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: El mismo se produce en el mismo acto de sentenciar. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo, consistente en el acta de registro de vehículo en el que se describe un saco nylon color rojo y en su interior al soltarlo se observa que había un maíz y un paquete cubierto con nylon transparente conteniendo hierba seca, supuesta marihuana; Dictamen toxicológico número 2014-0101-0506-0434 elaborado por la Doctora Xenia Medina en la que se establece que son 15 paquetes de hierba seca con un peso de 10,708 gramos, concluyendo que es marihuana; Acta de inspección ocular del vehículo turismo, color gris, marca Toyota, placa PAK1616,Conducido por Walter Josué Rodríguez Chirinos, estableciendo el Tribunal sentenciador que dicho registro hechos por los policías se había realizado de manera ilegal, violentando los preceptos constitucionales del artículo 81 y 90 en relación al artículo 208 del Código Procesal Penal. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personal/Corporales. El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) El registro personal o cacheo; y, 2) Registro Corporal. 1) El Registro Personal procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a.) Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b.) El Registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Ch. (Ch., O. A., en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “…como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal in situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; **.- El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmarán las personas que hayan intervenido. 2) El Registro Corporal se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales intimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; H. M. (H. M., I., El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo uso de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces, un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que: “El día jueves tres de diciembre del 2014 los agentes Hidalberto Saicion Beneth y Luis Alonzo Enrique; se encontraban en un retén de rutina ubicado en la posta policial de López Bonito a las tres de la tarde, cuando detienen el vehículo en el cual se transportaba el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos y le solicitan los documentos personales y del vehículo, posteriormente y sin motivo aparente, sin estar autorizados y sin seguir el procedimiento legal, procedieron a practicarle un registro al vehículo en el que se conducía el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos.” Para los señores jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, no estaba realizando ninguna maniobra peligrosa o inusual, mucho menos acción atentatoria en contra de las personas o la propiedad, que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad; los juzgadores inclusive van más allá, señalando que en todo caso el acusado tenía el derecho de contar con un Abogado defensor en la práctica del registro dado que el acusado era considerado sospechoso. Para esta Sala de lo Penal los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Walter Josué Rodríguez Chirinos., sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al cursar por una zona en la que existe un operativo policial de rutina ubicado en la posta policial de López Bonito a las tres de la tarde, y ver a una persona transitando estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro pues el fundamento razonable parte precisamente del lugar en donde se encontraba, al que se sumó la actitud nerviosa del acusado, la que se explicó después al encontrársele un costal color rojo y en las que se le encontró 15 paquetes en vueltos con tape transparente los que contenía cada uno de ellos hierba seca supuesta marihuana. Los Agentes de policía no podían solicitar al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos que entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano dispuesto al azar y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía realizaban su operativo policial; es entonces incorrecto el criterio del juzgador que era necesario que el señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, contara con la asesoría de un Abogado previo al registro, pues éste no tenía la calidad de imputado (Art. 101 CPP), ni tampoco se le seguía investigación por delito o falta, por lo que el registro no constituía acto de investigación preliminar. La Recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado primero porque el lugar en donde transitaba el acusado estaba un operativo policial de rutina en el que se estaba realizando detención de vehículos en la que se solicitaba su documentación y revisión del mismo, así como su registro personal y, posteriormente, por la postura nerviosa adoptada por éste; ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El señor Walter Josué Rodríguez Chirinos, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal y revisión del vehículo; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del señor Walter Rodríguez.; 5. El registro del vehículo fue realizado por agentes de policía y al habérsele encontrado al señor Walter Josué Rodríguez Chirinos., encontrándosele dentro de un saco de maíz 15 paquetes conteniendo hierba seca supuesta marihuana, los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro del vehículo de fecha 03 de diciembre de 2014; ii.- Dictamen Toxicológico número 2014-0101-0506-0434; y iii.- Acta de inspección ocular donde se hace descripción del vehículo. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste. Decisión Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único. DECISIÓN. Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Lourdes Rivas, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado Walter Josué Rodríguez, a quien se le absolvió del delito de Facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 456-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] Sentencia Penal SP354-2010 de fecha 15-04-13