Sentencia CP-454-17 — Registro 17741
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Robo agravado y por el delito de Violación especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El censor delata infringido por aplicación indebida el artículo 140 párrafo tercero del Código Penal que contiene el delito de violación especial, es posible vislumbrar del contenido del recurso, que el reclamo del censor se centra, en que las verdades intangibles plasmados por los sentenciadores, acreditan una conducta típica de un delito de violación propia y no de violación especial, por ello la denuncia, por falta de aplicación del artículo 140 párrafo primero del cuerpo de leyes en mención. Al estudiar el tipo penal de violación, lo encontramos en el capítulo I del título II del Libro Segundo del Código Penal que contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual. Debe de entenderse por libertad sexual aquella que posee toda persona a partir de los catorce (14) años de edad y que este en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (razón) y volitivas (voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar así como lo relativo a lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entretanto la Indemnidad Sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: Los(as) menores de catorce (14) años de edad aun cuando tacita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad; en consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre; en consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da a lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la libertad sexual encontramos el tipificado en el artículo 140 del Código Penal que contiene el delito de violación sexual, el cual en su supuesto simple (violación sexual simple), señala como tal “el acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al conyugue de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, un perjuicio grave e inminente”; así pues constituyen elementos objetivos del tipo penal: Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer, igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer, más lo que si siempre deberá de presentarse es la participación de un hombre como sujeto activo y/o pasivo, al requerirse la conducta de acceso carnal, por cuanto no constituye violación sexual (sin perjuicio que se encuadre en otra figura penal) cuando los sujetos activos y pasivos son ambos mujeres; Conducta criminosa centrada en el verbo rector, el cual consiste en el acceso carnal, entendido como el coito o penetración que haga el miembro viril del hombre, en la vagina de una mujer o en el ano o la boca de otra persona (mujer u hombre), con indiferencia si se da o no la eyaculación o el orgasmo; Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, prevista de dos maneras en el tipo penal en estudio: Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acceso carnal, sino que bastara con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de éste tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero(a) de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que conozca y quiera el resultado acceso carnal conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. En el caso Sub Judice, los juzgadores determinaron la imposición del tipo penal de violación especial, quienes en el acápite fundamentos jurídicos, apartado primero, párrafo quinto pronunciaron los siguiente: “En el caso del delito de VIOLACION ESPECIAL, establecido y sancionado en el artículo 140 del Código Penal que señala: "CONSTITUYE DELITO DE VIOLACION: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al conyugue de este o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para los efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1), 2) Cuando la víctima se halle privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia. 3)…, 4)… 5)…. Con la misma pena se sancionaran los casos de violación que se cometan por más de una persona..... En este sentido, la victima MARIA JOSE AGUILAR RODRIGUEZ, sostuvo en la audiencia de debate, que el acusado EDWIN JOEL ZAVALA GALINDO, tuvo acceso carnal por vía vaginal en contra de su libertad sexual, ya que el acusado estaba armado y además mientras esto sucedía, los acusados NOEL ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE AMADOR, EVER RICARDO HERRERA, mantenían intimidados utilizando tanto armas de fuego como cuchillos con la plena intencionalidad que los jóvenes FREDY RONALDO GAMERO RIVERA, EVER ENMANUEL FUNEZ MEJIA, ANITA PAZ LOPEZ, ELIAS ALFREDO ZAVALA VINDEL, MONICA OSORIO CARRASCO, no pudieron defender a su compañera que era abusada sexualmente.” A razón de lo anterior, los juzgadores erróneamente consideraron la concurrencia del artículo 140 del Código Penal que tipifica el delito de violación especial, como el acceso carnal, con persona de uno u otro sexo, cuando no medie violencia o amenaza (intimidación), en contra de persona alguna, dada la circunstancia siguiente: Cuando el sujeto pasivo por cualquier causa no pueda oponer resistencia. Por qué erróneamente; porque esta circunstancia asiste por causas distintas a la violencia, dado que la violencia esta intrínsecamente en los elementos objetivos del tipo penal de violación simple; este supuesto prevé los casos de disminución o ausencia en las capacidades motoras del individuo víctima, por su inmovilización por medios mecánicos o en los casos de agotamiento extremo, es decir, ausencia o alteración del movimiento, disminuyendo el desenvolvimiento normal diario, ejemplo, una persona en coma, que es un estado de inconsciencia profundo, volviendo incapaz a una persona de moverse o responder a su entorno; una persona en estado vegetativo que hace referencia a un estado de vigilia (despierto), en ausencia de respuesta hacia sí mismo o el entorno; una persona en profundo estado de embriaguez, que imposibilite sus capacidades motoras; siempre y cuando, ese estado de embriaguez no haya sido provocado intencionalmente por el sujeto activo para cometer el delito de violación. Además de la circunstancia enumerada anteriormente en el listado de los casos de violación especial, consideró la juzgadora circunstancia agravante del delito de violación simple que motiva el aumento de la pena, como ser: Cuando la violación sea realizada por varios sujetos activos en una misma dinámica de hecho. A criterio de la Sala de lo Penal, luego del estudio del tipo penal de violación simple y de violación especial, se muestra la dificultad, que los hechos probados describan una conducta típica de violación especial, dado que ha sido obviado por los juzgadores describir la circunstancia especial y agravante del tipo penal anteriormente analizados. De la simple lectura del cuadro fáctico de la sentencia, no es posible ajustar una conducta que pudiera encajar en el delito de violación especial, menos el de agravarla, al no referirse la causa por la cual no pudo oponer resistencia, ni que la víctima haya sido accesada carnalmente, además de Edwin Joel Zavala Galindo por los otros imputados. Así las cosas, sin duda la conducta desplegada por el acusado Edwin Joel Zavala Galindo, constituye un acto reprochable, de violación simple invocado por el recurrente, y como coautores del mismo delito los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador y Ever Ricardo Herrera, dado que su participación en el hecho ha sido de mantener sometidos a los demás ofendidos utilizando armas, a fin de imposibilitarlos para que defendieran a la víctima, mientras era accesada carnalmente en contra de su voluntad, en tal virtud, esta Sala de lo Penal concluye, que el cuadro fáctico descrito por el sentenciador, encaja de manera perfecta en la norma penal del artículo 140 del Código Penal, que contiene el tipo penal de violación simple; por tales razones, al no observase en el hecho probado que los acusados tengan antecedentes personales o que existan circunstancias agravantes en su contra, lo correcto es imponerles a cada imputado la pena mínima; es decir 10 años de reclusión por el delito de Violación Simple..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017. Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.- Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; y b.- La ponderación deberá de realizarse en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite, el que se deberá de comparar con el CP 144-83. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 07 años de reclusión por un delito de Robo Agravado, en perjuicio de Fredy Ronaldo Gamero Rivera, Ever Enmanuel Fúnez Mejía, Anita Paz López, Elías Alfredo Zavala Vindel y Mónica Osorio Carrasco; ii.- 10 años de reclusión impuesto por esta Sala de lo Penal, por el delito de Violación Simple, en perjuicio de María José Aguilar Rodríguez. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 17 años de privación de la libertad, más las penas accesorias, conforme los artículos 217 párrafo primero en relación con el 219 numeral 1 y 2; 140 del Código Penal 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada al acusado de robo agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Violencia o Intimidación (Art. 361), sancionado con pena de 04 a 08 años de prisión, aumentada en un tercio, pues el imputado cometió el delito empleando armas (Art. 363, numeral 9), quedando la pena en 08 años a 10 años 08 meses de prisión; En cuanto a la conducta de violación (Art.249), debe ser sancionado con una pena de prisión de 09 a 13 años y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; aun y cuando se empleó violencia o intimidación, no es posible por si sola aumentarse en 1/3 ante la falta de concurrencia que la víctima sea menor de 14 años, quedando la pena abstracta 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 17 años a 23 años 08 meses de prisión como penas principales. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, conforme el CP-144-83 al ser de 17 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 17 a 23 años 08 meses de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 454-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danli, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, por los delitos de Robo Agravado a la pena de siete años de reclusión y por el delito de Violación Especial a la pena de quince años de reclusión, en perjuicio de los jóvenes Fredy Ronaldo Gamero Rivera, Ever Enmanuel Fúnez Mejía, Anita Paz López, Elías Alfredo Zavala Vindel y Mónica Osorio Carrasco; cometidos mediante concurso real de delitos, debiéndose sumar una pena principal de veintidós años de reclusión SEGUNDO: Condenó a los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo como consecuencia de las penas de reclusión a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil de los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, provenientes de los delitos de Robo Agravado y Violación Especial. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley el Abogado Fabio Jose Ventura Coello, actuando en su condición de defensor público de los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo. Son partes en única instancia: El Abogado Fabio Jose Ventura Coello, defensor público, en su condición de recurrente; la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha once de abril del año dos mil quince, aproximadamente a las once de la mañana, los jóvenes FREDY RONALDO GAMERO RIVERA, EVER ENMANUEL FUNEZ MEJIA, ANITA PAZ LOPEZ, ELIAS ALFREDO ZAVALA VINDEL, MONICA OSORIO CARRASCO Y MARIA JOSE AGUILAR, dispusieron realizar un paseo en el monumento de la cruz, ubicado en la Colonia Las Colinas, perteneciente a Danlí. SEGUNDO: En el momento que iban llegando al monumento de la cruz, observaron que los seguía un individuo que vestía de camisa negra, de nombre CARLOS ENRIQUE AMADOR, con camisa negra, acompañado con tres individuos, de nombre NOEL ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, EVER RICARDO HERRERA Y EDWIN JOEL ZAVALA GALINDO, los cuales andaban armados, obligándolos a tirarse al suelo, y después proceden a despojarlos de sus pertenencias personales consistente en teléfonos celulares, tenis, fajas, billeteras, mochilas, monederos, reloj. TERCERO: Que momentos después, en que los facinerosos sustraen las pertenencias de todas las víctimas, el señor EDWIN JOEL ZAVALA GALINDO, procedió a bajar los pantalones y la ropa interior de la joven MARIA JOSE AGUILAR RODRIGUEZ, la cual tomo por la cadera y con su pene procedió a penetrarla vía vaginal, mientras que los señores NOEL ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE AMADOR Y EVER RICARDO HERRERA, tenían sometidos a los jóvenes FREDY RONALDO GAMERO RIVERA, EVER ENMANUEL FUNEZ MEJIA, ANITA PAZ LOPEZ, ELIAS ALFREDO ZAVALA VINDEL, Y MONICA OSORIO CARRASCO.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Fabio Jose Ventura Coello, actuando en su condición de defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 140 párrafo tercero. SEGUNDO MOTIVO Haber incurrido los juzgadores en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 140 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE Los motivos enunciados se encuentran establecidos en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE LOS MOTOIVO DE CASACION Siendo que los motivos que fundan el presente recurso se complementan entre si, por economía procesal, para una mejor comprensión de los motivos de casación los desarrollare en forma conjunta, siendo que los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. "es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la 'quaestio facti' debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o 'quaestio iuris'”[1]. EXPLICACION LOS VICIO APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 140 PARRAFO TERCERO DEL CODIGO PENAL.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: "PRIMERO: En fecha once de abril del año dos mil quince, aproximadamente a las once de la mañana, los jóvenes Fredy Ronaldo Gamero Rivera, Ever Enmanuel Fúnez Mejía, Anita Paz López, Elías Alfredo Zavala Vindel, Mónica Osorio Carrasco y María José Aguilar, dispusieron realizar un paseo en el monumento de la cruz, ubicado en la colonia Las Colinas, perteneciente a Danli. SEGUNDO: En el momento que iban llegando al monumento de la cruz, observaron que los seguía un individuo que vestía de camiseta negra, de nombre Carlos Enrique Amador, con camisa negra, acompañado con tres individuos, de nombre Noel Enrique Martínez Rodríguez, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, los cuales andaban armados, obligándolos a tirarse al suelo, y después proceden a despojarlos de sus pertenencias personales consistente en teléfonos celulares, tenis, fajas, billeteras, mochilas, monederos, reloj. TERCERO: Que momentos después, en que los facinerosos sustraen las pertenencias de todas las victimas, el señor Edwin Joel Zavala Galindo procedió a bajar los pantalones y la ropa interior de la joven María Jose Aguilar Rodriguez, la cual tomo por la cadera y con su pene procedió a penetrarla vía vaginal, mientras que los señores Noel Enrique Martínez Rodriguez, Carlos Enrique Amador y Ever Ricardo Herrera, tenían sometidos a los jóvenes Fredy Ronaldo Gamero Rivera, Ever Enmanuel Fúnez Mejía, Anita Paz Lope; Elías Alfredo Zavala Vindel y Mónica Osorio Carrasco. Se colige de los hechos probados de la sentencia, que mis representados, han sido e injustamente condenados por el delito de VIOLACION ESPECIAL, es necesario precisar las circunstancias especializantés de este tipo penal, El Juzgador estando devenido a consignar de forma tacita el fundamento jurídico del fallo al que han arribado, en el caso de autos omite ese elemento, y en el desarrollo de los argumentos jurídicos señalan circunstancias agravantes de especialización del tipo: que con la misma pena se sancionaran los casos de violación que se cometan por mas de una persona. Del factum se desprende la participación de los señores Noel Enrique Martínez Rodriguez, Carlos Enrique Amador y Ever Ricardo Herrera en evitar que la joven ofendida fuera auxiliada por sus acompañantes, es básico dejar constar que los imputados en mención no son autores materiales objetivos del hecho, que no reúnen la especialidad que exige el tipo al consignar que se cometa por mas de una persona, pues de la prueba queda acreditado que el acceso carnal solamente lo tuvo Edwin Joel Zavala Galindo. Consideramos que la agravante va dirigida a castigar fuertemente la superioridad de varios autores materiales, no castigar doblemente la violencia e intimidación que son parte del tipo de penal, por lo cual el Sentenciador incurrió en yerro al dictar un fallo por violación especial. Por ello estimamos que en el caso de marras el Sentenciador debió fundamentar su resolución en el artículo 140 y dictar una sentencia condenatoria por el delito de violación simple. Con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mis representados por el delito de violación especial, pues en los hechos probados no existen las circunstancias especializantés que agrave la situación jurídica de los enjuiciados. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del articulo 140 párrafo tercero del Código Penal. Mandando declarar la falta de aplicación del articulo 140 del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Primer y Segundo motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 140 párrafo tercero en relación con el párrafo primero del Código Penal. Concepto de la infracción del primer motivo: Aplicación indebida del artículo que contiene el tipo penal de violación especial; Concepto de la infracción del segundo motivo: Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de violación; Pretensión: Declarar ha Lugar y condenar por el delito de violación simple. Señala el recurrente, que es posible colegir de los hechos probados, que sus representados han sido injustamente condenados por el de delito de violación especial, los juzgadores fundamentan su argumentos que la circunstancia agravante de especialización del tipo al ser cometida por más de una persona; sin embargo, del fáctum se desprende que la participación de los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador y Ever Ricardo Herrera, ha sido de evitar que la joven ofendida fuera auxiliada por su compañeros; concluye el recurrente, que los imputados antes mencionados, no son autores materiales objetivos del hecho, por lo cual, no se reúne la especialidad que exige el tipo al consignar que se cometa por más de una persona, siendo que el acceso carnal solamente lo tuvo Edwin Joel Zavala Galindo; que por ello estima el censor, que los sentenciadores debieron fundamentar su resolución en el Artículo 140 del Código Penal y dictar sentencia condenatoria por el delito de violación simple. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. El censor delata infringido por aplicación indebida el artículo 140 párrafo tercero del Código Penal que contiene el delito de violación especial, es posible vislumbrar del contenido del recurso, que el reclamo del censor se centra, en que las verdades intangibles plasmados por los sentenciadores, acreditan una conducta típica de un delito de violación propia y no de violación especial, por ello la denuncia, por falta de aplicación del artículo 140 párrafo primero del cuerpo de leyes en mención. Al estudiar el tipo penal de violación, lo encontramos en el capítulo I del título II del Libro Segundo del Código Penal que contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual. Debe de entenderse por libertad sexual aquella que posee toda persona a partir de los catorce (14) años de edad y que este en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (razón) y volitivas (voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar así como lo relativo a lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entretanto la Indemnidad Sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: Los(as) menores de catorce (14) años de edad aun cuando tacita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad; en consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre; en consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da a lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la libertad sexual encontramos el tipificado en el artículo 140 del Código Penal que contiene el delito de violación sexual, el cual en su supuesto simple (violación sexual simple), señala como tal “el acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al conyugue de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, un perjuicio grave e inminente”; así pues constituyen elementos objetivos del tipo penal: Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer, igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer, más lo que si siempre deberá de presentarse es la participación de un hombre como sujeto activo y/o pasivo, al requerirse la conducta de acceso carnal, por cuanto no constituye violación sexual (sin perjuicio que se encuadre en otra figura penal) cuando los sujetos activos y pasivos son ambos mujeres; Conducta criminosa centrada en el verbo rector, el cual consiste en el acceso carnal, entendido como el coito o penetración que haga el miembro viril del hombre, en la vagina de una mujer o en el ano o la boca de otra persona (mujer u hombre), con indiferencia si se da o no la eyaculación o el orgasmo; Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, prevista de dos maneras en el tipo penal en estudio: Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acceso carnal, sino que bastara con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de éste tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero(a) de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que conozca y quiera el resultado acceso carnal conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. En el caso Sub Judice, los juzgadores determinaron la imposición del tipo penal de violación especial, quienes en el acápite fundamentos jurídicos, apartado primero, párrafo quinto pronunciaron los siguiente: “En el caso del delito de VIOLACION ESPECIAL, establecido y sancionado en el artículo 140 del Código Penal que señala: "CONSTITUYE DELITO DE VIOLACION: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al conyugue de este o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para los efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1), 2) Cuando la víctima se halle privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia. 3)…, 4)… 5)…. Con la misma pena se sancionaran los casos de violación que se cometan por más de una persona..... En este sentido, la victima MARIA JOSE AGUILAR RODRIGUEZ, sostuvo en la audiencia de debate, que el acusado EDWIN JOEL ZAVALA GALINDO, tuvo acceso carnal por vía vaginal en contra de su libertad sexual, ya que el acusado estaba armado y además mientras esto sucedía, los acusados NOEL ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE AMADOR, EVER RICARDO HERRERA, mantenían intimidados utilizando tanto armas de fuego como cuchillos con la plena intencionalidad que los jóvenes FREDY RONALDO GAMERO RIVERA, EVER ENMANUEL FUNEZ MEJIA, ANITA PAZ LOPEZ, ELIAS ALFREDO ZAVALA VINDEL, MONICA OSORIO CARRASCO, no pudieron defender a su compañera que era abusada sexualmente.” A razón de lo anterior, los juzgadores erróneamente consideraron la concurrencia del artículo 140 del Código Penal que tipifica el delito de violación especial, como el acceso carnal, con persona de uno u otro sexo, cuando no medie violencia o amenaza (intimidación), en contra de persona alguna, dada la circunstancia siguiente: Cuando el sujeto pasivo por cualquier causa no pueda oponer resistencia. Por qué erróneamente; porque esta circunstancia asiste por causas distintas a la violencia, dado que la violencia esta intrínsecamente en los elementos objetivos del tipo penal de violación simple; este supuesto prevé los casos de disminución o ausencia en las capacidades motoras del individuo víctima, por su inmovilización por medios mecánicos o en los casos de agotamiento extremo, es decir, ausencia o alteración del movimiento, disminuyendo el desenvolvimiento normal diario, ejemplo, una persona en coma, que es un estado de inconsciencia profundo, volviendo incapaz a una persona de moverse o responder a su entorno; una persona en estado vegetativo que hace referencia a un estado de vigilia (despierto), en ausencia de respuesta hacia sí mismo o el entorno; una persona en profundo estado de embriaguez, que imposibilite sus capacidades motoras; siempre y cuando, ese estado de embriaguez no haya sido provocado intencionalmente por el sujeto activo para cometer el delito de violación. Además de la circunstancia enumerada anteriormente en el listado de los casos de violación especial, consideró la juzgadora circunstancia agravante del delito de violación simple que motiva el aumento de la pena, como ser: Cuando la violación sea realizada por varios sujetos activos en una misma dinámica de hecho. A criterio de la Sala de lo Penal, luego del estudio del tipo penal de violación simple y de violación especial, se muestra la dificultad, que los hechos probados describan una conducta típica de violación especial, dado que ha sido obviado por los juzgadores describir la circunstancia especial y agravante del tipo penal anteriormente analizados. De la simple lectura del cuadro fáctico de la sentencia, no es posible ajustar una conducta que pudiera encajar en el delito de violación especial, menos el de agravarla, al no referirse la causa por la cual no pudo oponer resistencia, ni que la víctima haya sido accesada carnalmente, además de Edwin Joel Zavala Galindo por los otros imputados. Así las cosas, sin duda la conducta desplegada por el acusado Edwin Joel Zavala Galindo, constituye un acto reprochable, de violación simple invocado por el recurrente, y como coautores del mismo delito los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador y Ever Ricardo Herrera, dado que su participación en el hecho ha sido de mantener sometidos a los demás ofendidos utilizando armas, a fin de imposibilitarlos para que defendieran a la víctima, mientras era accesada carnalmente en contra de su voluntad, en tal virtud, esta Sala de lo Penal concluye, que el cuadro fáctico descrito por el sentenciador, encaja de manera perfecta en la norma penal del artículo 140 del Código Penal, que contiene el tipo penal de violación simple; por tales razones, al no observase en el hecho probado que los acusados tengan antecedentes personales o que existan circunstancias agravantes en su contra, lo correcto es imponerles a cada imputado la pena mínima; es decir 10 años de reclusión por el delito de Violación Simple. DECISIÓN. Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017. Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.- Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; y b.- La ponderación deberá de realizarse en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite, el que se deberá de comparar con el CP 144-83. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 07 años de reclusión por un delito de Robo Agravado, en perjuicio de Fredy Ronaldo Gamero Rivera, Ever Enmanuel Fúnez Mejía, Anita Paz López, Elías Alfredo Zavala Vindel y Mónica Osorio Carrasco; ii.- 10 años de reclusión impuesto por esta Sala de lo Penal, por el delito de Violación Simple, en perjuicio de María José Aguilar Rodríguez. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 17 años de privación de la libertad, más las penas accesorias, conforme los artículos 217 párrafo primero en relación con el 219 numeral 1 y 2; 140 del Código Penal 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada al acusado de robo agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Violencia o Intimidación (Art. 361), sancionado con pena de 04 a 08 años de prisión, aumentada en un tercio, pues el imputado cometió el delito empleando armas (Art. 363, numeral 9), quedando la pena en 08 años a 10 años 08 meses de prisión; En cuanto a la conducta de violación (Art.249), debe ser sancionado con una pena de prisión de 09 a 13 años y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; aun y cuando se empleó violencia o intimidación, no es posible por si sola aumentarse en 1/3 ante la falta de concurrencia que la víctima sea menor de 14 años, quedando la pena abstracta 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 17 años a 23 años 08 meses de prisión como penas principales. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo, conforme el CP-144-83 al ser de 17 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 17 a 23 años 08 meses de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Fabio Jose Ventura Coello, actuando en su condición de defensor público de los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador, Ever Ricardo Herrera y Edwin Joel Zavala Galindo. Segundo: Casa parcialmente la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danli, departamento de El Paraíso, En CONSECUENCIA, se emite el siguiente pronunciamiento: I) Se debe condenar y se condena a los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador Ruiz, Ever Ricardo Herrera Martínez y Edwin Joel Zavala Galindo, como autores responsable del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Fredy Donaldo Gamero Rivera, Heber Enmanuel Funes Mejía, Anita Paz López, Elías Alfredo Zavala Vindel, Mónica María Osorio Carrasco y María José Aguilar Rodríguez, imponiéndosele una pena principal de Siete años de Reclusión, a quienes se le restará el tiempo en que los ahora condenados hayan estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda; II) Se debe condenar y se condena a los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador Ruiz, Ever Ricardo Herrera Martínez y Edwin Joel Zavala Galindo, responsables del delito de Violación, en perjuicio de María José Aguilar Rodríguez, imponiéndoseles una pena principal de Diez años de Reclusión, a quienes se les restará el tiempo en que los ahora condenados hayan estado privados de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda, las penas de reclusión deberán de cumplirse sucesivamente, iniciando por la más grave; III) Se debe condenar y se condena a los señores Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador Ruiz, Ever Ricardo Herrera Martínez y Edwin Joel Zavala Galindo, como consecuencia de las penas de reclusión impuestas, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; IV) Se declara a los condenados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador Ruiz, Ever Ricardo Herrera Martínez y Edwin Joel Zavala Galindo responsables civilmente, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución; V) Ante lo anterior, se deja incólume el pronunciamiento de instancia respecto a los párrafos segundo y tercero. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Noel Enrique Martínez Rodríguez, Carlos Enrique Amador Ruiz, Ever Ricardo Herrera Martínez y Edwin Joel Zavala Galindo. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-454 -2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once en el proceso No. 218-2010, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia.